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Las crisis, como el ladrón, vienen cuando menos se la espera.Esta semana se han producido una serie de crisis bancarias, en EEUU y Suiza, y una fuerte caída en los mercados bursátiles que, por lo visto, han generado cierto desconcierto. ¿Cómo podemos interpretar lo sucedido?
Podríamos pensar que son crisis particulares de entidades específicas y apelar a su forma de funcionamiento o su gestión.
Sillicon Valley Bank, un banco mediano, el 16º de EEUU, se nutría de depósitos destart ups, empresas tecnológicas, que contaban con la financiación de capital riesgo. Dejaban su capital para sus operaciones corrientes en SVB. SVB compró con esos fondos bonos en los mercados. Todo funcionó bien cuando hubo recuperación y reglas financieras laxas, y el negocio de SVB fluía como la seda.
Se dice que, de repente, ha habido una crisis de liquidez. Pero eso no explica lo sucedido. Pronto un ascenso de los tipos de interés y una menor proyección de negocio puso en dificultades a las empresas. Al mismo tiempo, SVB necesitaba fortalecer su capital, porque sus clientes empezaban a requerir parte de sus ahorros depositados en sus cuentas. SVB para fortalecer su capital vendió los bonos (21.000 millones$), para poder responder y tener liquidez, y amplió su capital en 2000 millones de $. Pero la venta de los bonos le causó 1.800 millones de pérdidas, y la ampliación de capital deterioró el valor bursátil de las acciones un 75%. Hizo perder la confianza de sus clientes. La fuga de depósitos, 42.000 millones de $ en un día, hundió la viabilidad del banco. Estas son las consecuencias de operar con tan bajos niveles de capitalización. Ese capital se fue a grandes bancos, compra de deuda pública, oro y bitcoins. En suma, no nos encontramos ante una crisis de liquidez, sino una crisis de solvencia y credibilidad.
No, este comportamiento está mucho más extendido de lo que parece, y no está preparado para el giro brusco, desde julio de 2002, en la política monetaria, y menos aún para para el fin de ciclo, que ya todos los analistas anticipaban, aunque en España esté siendo sistemáticamente desoído. Puede que España el impacto no sea tan duro como una recesión que se dará en otros países, pero, atención, aquí cualquier economista atento sabe que entramos, al menos, en estancamiento.
A esa crisis de SVB, le sucedió el hundimiento de otros bancos, como Signature Bank, un banco pequeño (el 29º de EEUU), vinculado al mercado de las criptomonedas. No se trata de un caso aislado.
Dicen que las bandadas de pájaros se mueven sorprendentemente de manera sincrónica con movimientos armoniosos. Pura apariencia de un fenómeno emergente que esconde cómo les afectan al mismo tiempo las mismas corrientes de aire, a las que se responde a una vez. No es contagio la palabra apropiada para esta crisis, sino que las mismas corrientes de presión afectan estructuralmente de una forma parecida, más a los más débiles. Quizá primero a las entidades más pequeñas o regionales, pero ejerciendo fuerza igual sobre otras.
La relajación de las reglas bancarias, la política monetaria restrictiva, y la crisis de sobreproducción, que han acumulado un exceso de capital ficticio, esto es, sin respaldo en actividades rentables, y la presencia de muchas empresas zombies, representan las bases para una crisis financiera y de rentabilidad e inversión, periódicas pero singulares por las contradicciones sumadas unas a otras.
Es difícil de determinar, pero esto no ha hecho más que empezar. Para seguir, el caso de un banco “demasiado grande para ignorar” como Credit Swisse, también apunta a una crisis financiera fruto de un estancamiento y crecientes tipos de interés.
Algunas autoridades oficiales dicen que la banca de la eurozona está más controlada y mejor capitalizada. Como para no estarlo, aunque no para tirar cohetes, todo sea dicho. El proceso de rescate bancario y la enorme concentración bancaria inducidas por las políticas públicas europeas, el BCE y de los Estados miembros hacen que el sistema oligopolístico bancario europeo haya recuperado algo de solvencia desde la crisis 2008. Ya lo sabemos, a costa de las políticas sociales y el mundo del trabajo. Pero esa recuperación está muy lejos de exorcizar el persistente riesgo financiero de un sistema soportado por grandes proporciones de capital ficticio no respaldado en una actividad económica sólida.
Podría pensarse que se aliviaría la intensidad de elevación de tipos, pero Christina Lagarde ha seguido el guion rígido previsto de antemano, siguiendo la estela de Jerome Powell con la Fed (un 4%). Tenemos 3,5% de tipos de interés en el BCE, y parece que lo compensa con apoyos financieros a la banca. No a las inversiones públicas o al empleo, ¡a la banca! Posiblemente, los gurús del neoliberalismo pragmático lleguen a un punto para no proseguir aumentando los tipos, pero a día de hoy, siguen en su fanatismo contra la inflación, matando al perro para curarle de la rabia.
En Suiza, el Banco Nacional de Suiza rescatará al Credit Swisse. En la UE, Lagarde promete más apoyo financiero del BCE, que seguirá alimentando al sistema financiero privado, al tiempo que precipita una recesión. Una vez más, socialización de pérdidas, beneficios privados.
En EEUU, Biden dice que los contribuyentes no pagarán el pato. Y que se protegerá a los depositantes todo lo necesario, de SVB y Signature. No sabemos si harán lo mismo si First Republic Bank, Wester Allianz o Pact West Bancorp quiebran también, que son bancos pequeños o regionales con grandes pérdidas en bolsa.
Biden afirma que hará caer a los accionistas del SVB o Signature, que así funciona el capitalismo. Que el Fondo de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation), la Reserva Federal y el Tesoro cubrirán los depósitos por encima de 250.000 $. Eso supone cubrir más de un 95% del montante de depósitos. Va a cubrir a empresas tecnológicas, maltrechas o en buena situación, por igual, va a cubrir a fondos de capital riesgo que las financian. ¡Menudo capital riesgo que opera sin riesgo! Afirma que no lo pagará el contribuyente, y esto provoca no pocas dudas. ¿Tiene ese fondo capacidad y fondos únicamente privados para cubrir todo ese capital? No lo creemos.
Al igual que el Banco Nacional de Suiza con el caso del Credit Swisse Bank con un nuevo rescate de 50.000 millones, o el BCE recupera la política de inyección de liquidez, o persiste en una política que hace que la banca no tenga que prestar sino simplemente llevar sus depósitos al BCE para recibir los altos tipos aplicados, se están socializando pérdidas. Los poderes públicos son el primo de Zumosol de la banca.
Estamos en un momento de cambio de ciclo industrial, que arrastra del pasado problemas acumulados sin resolver, que hace frágil al sistema ante crisis financieras. Esto conduce a un proceso de mayor concentración de capital y de probable recesión.
También puede destruir capital, algo que, paradójicamente, junto a la caída de los salarios reales, y una posible destrucción de empleo, podría contribuir a recuperar parcialmente la tasa de beneficio. Aunque dudamos que, con esta política financiera, haga que la tasa de beneficio que importa, la efectiva, que resta las tasas de rentabilidad los costes financieros, se pueda evitar una nueva recesión.
En definitiva, no se trata de una crisis de gestión ni de liquidez aisladas, sino de un síntoma de una crisis más profunda. Una crisis de rentabilidad e inversión que, ante un entorno inundado de capital ficticio, y endeudamiento, muestra los primeros síntomas de una nueva crisis financiera, posiblemente con un alcance desigual. El periodo de recuperación débil inaugurado en 2014, y brevemente interrumpido por la pandemia, llega a su fin.
En juego está qué pasará con el mundo del trabajo y qué tipo de política económica se aplica, y a favor de qué intereses: de la vida, la ecología y la clase trabajadora, o, una vez más, del capital.
Marco d’Eramo estudió Física y Sociología, aunque ha desarrollado su trabajo en el periodismo como corresponsal de Paese Sera o La Repubblica, siendo además fundador de Il manifesto y colaborador de publicaciones como la New Left Review
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C
uando estudiaba historia moderna y las guerras del siglo XVIII en la escuela, me parecía absurdo que cientos de miles de personas hubieran muerto por una fortaleza remota o un puñado de pequeñas aldeas. La Guerra de Sucesión española (1701-14) concluyó con los tratados de Utrecht y Rastatt, en los que cambiaron de manos las ciudades de Breisach y Kehl, en el Rin, y Pinerolo, en el Piamonte. En aquella guerra murieron entre 700.000 y 1,2 millones de personas, de una población europea de unos 120 millones, incluida Rusia. A escala de la población actual, la cifra equivalente de muertos sería de entre 4,2 y 7,2 millones.
Hace diez años, nadie podía imaginar que Europa se arriesgaría a semejante catástrofe por el Donbass, una región que pocos de nosotros habríamos sido capaces de localizar en un mapa. Pero ahora es un resultado plausible de la constante escalada del conflicto en Ucrania. A continuación figura una lista, recopilada por el Departamento de Estado, de sistemas de armas, municiones, aviones no tripulados, misiles, etc. entregados por Estados Unidos a Ucrania en el transcurso de la guerra. La proporciono, no por fastidio, sino para destacar el efecto acumulativo de un envío de armas tras otro:
Más de 1.600 sistemas antiaéreos Stinger;
Más de 8.500 sistemas antiblindaje Javelin;
Más de 50.000 otros sistemas antiblindaje y municiones;
Más de 700 sistemas aéreos tácticos no tripulados Switchblade;
160 obuses de 155 mm y hasta 1.094.000 proyectiles de artillería de 155 mm;
Más de 5.800 cartuchos de artillería de 155 mm guiados de precisión;
10.200 cartuchos de 155 mm de Sistemas Remotos de Minas Antiblindaje (RAAM);
100.000 cartuchos de munición de tanque de 125 mm;
45.000 cartuchos de artillería de 152 mm;
20.000 cartuchos de artillería de 122 mm;
50.000 cohetes GRAD de 122 mm;
72 Obuses de 105 mm y 370.000 cartuchos de artillería de 105 mm;
298 Vehículos Tácticos para remolcar armamento;
34 vehículos tácticos para recuperar material
30 vehículos de apoyo de munición;
38 Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad y munición;
30 sistemas de mortero de 120 mm y aproximadamente 166.000 proyectiles de mortero de 120 mm;
10 sistemas de mortero de 82 mm;
10 sistemas de mortero de 60 mm;
2.590 misiles lanzados por tubo, con seguimiento óptico y guiados por cable (TOW);
545.000 cartuchos de munición de 25 mm;
Munición de 120 mm;
Diez vehículos para puestos de mando;
Una batería de defensa antiaérea Patriot y municiones;
Ocho sistemas nacionales avanzados de misiles tierra-aire (NASAMS) y municiones;
Misiles para sistemas de defensa aérea HAWK;
Misiles RIM-7 para defensa aérea;
12 sistemas de defensa aérea Avenger;
Misiles antirradiación de alta velocidad (HARM);
Municiones aéreas de precisión;
4.000 cohetes de aviación Zuni;
20 helicópteros Mi-17;
31 tanques Abrams;
45 tanques T-72B
109 vehículos de combate de infantería Bradley;
Más de 1.700 vehículos de ruedas multiuso de alta movilidad (HMMWV);
Más de 100 vehículos tácticos ligeros;
44 camiones y 88 remolques para transportar equipo pesado;
90 vehículos blindados de transporte de tropas Stryker;
300 vehículos blindados de transporte de tropas M113;
250 vehículos blindados de seguridad M1117;
580 vehículos protegidos contra emboscadas y resistentes a las minas (MRAP);
Seis camiones utilitarios blindados;
Equipos y sistemas de retirada de minas;
Más de 13.000 lanzagranadas y armas ligeras;
Más de 111.000.000 de cartuchos de munición para armas pequeñas;
Más de 75.000 conjuntos de chalecos antibalas y cascos;
Aproximadamente 1.800 sistemas aéreos tácticos no tripulados Phoenix Ghost;
Sistemas de cohetes guiados por láser;
Sistemas aéreos no tripulados Puma;
15 sistemas aéreos no tripulados Scan Eagle;
Dos radares para sistemas aéreos no tripulados;
Buques de defensa costera no tripulados;
Más de 50 radares contraartillería;
Cuatro radares contra mortero;
20 radares multimisión;
Equipos y sistemas aéreos no tripulados;
Capacidad de defensa antiaérea;
Diez radares de vigilancia aérea;
Dos sistemas de defensa costera por arpón;
58 patrulleras costeras y fluviales;
Municiones antipersona Claymore M18A1;
Explosivos C-4, municiones de demolición y equipos de demolición para la eliminación de obstáculos;
Equipos de emplazamiento de obstáculos;
Sistemas tácticos de comunicaciones seguras;
Cuatro antenas de comunicaciones por satélite;
Terminales y servicios SATCOM;
Miles de dispositivos de visión nocturna, sistemas de vigilancia, sistemas de imágenes térmicas, óptica y telémetros láser;
Servicios comerciales de imágenes por satélite;
Equipos de desactivación de explosivos y equipos de protección;
Equipos de protección química, biológica, radiológica y nuclear;
100 vehículos blindados de tratamiento médico;
Más de 350 generadores;
Suministros médicos que incluyen botiquines de primeros auxilios, vendas, monitores y otros equipos;
Equipo de interferencia electrónica;
Equipo de campaña, equipo para climas fríos y piezas de repuesto;
Financiación para formación, mantenimiento y sostenimiento.
El Departamento de Estado continúa diciendo que
Hasta el 9 de septiembre de 2022, casi 50 países aliados y socios han proporcionado ayuda de seguridad a Ucrania. Entre sus numerosas contribuciones, los aliados y socios han entregado 10 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes de largo alcance (MLRS), 178 sistemas de artillería de largo alcance, casi 100.000 cartuchos de munición de artillería de largo alcance, casi 250.000 municiones antitanque, 359 tanques, 629 vehículos blindados de transporte de tropas y vehículos de combate de infantería (IFV), 8.214 misiles de defensa aérea de corto alcance y 88 vehículos aéreos no tripulados letales. Desde el 24 de febrero, los Aliados y socios de todo el mundo han proporcionado o comprometido más de 13.000 millones de dólares en ayuda a la seguridad.
Algunos pueden notar que la lista no especifica exactamente cuántos «sistemas aéreos no tripulados Puma» se han proporcionado, ni proporciona ninguna información precisa sobre la cantidad de varias otras piezas de equipo militar (esto sigue siendo una gran mejora en la transparencia en comparación con los Estados europeos, sin embargo, que invocan rutinariamente «preocupaciones de seguridad» para rechazar preguntas sobre las armas que están enviando a Kiev). Podemos ver que los 31 tanques Abrams, objeto de mucha discusión, no son de hecho los primeros tanques enviados a Ucrania; 41 ex soviéticos T-72B reciclados ya habían sido enviados, junto con 1.700 Humvees y 109 Vehículos de Combate Bradley (por no hablar de los drones navales).
Ante esta avalancha de armamento, cabe preguntarse por qué nadie habla de los beneficios de la industria de defensa. En el pasado, al menos se habría denunciado a los traficantes de armas por cosechar el botín de guerra. Hoy, el Financial Times se limita a quejarse de que los proveedores estadounidenses están llegando al límite de sus capacidades productivas y tendrían dificultades para satisfacer la demanda si se abriera otro frente. Un increíble letargo se ha apoderado de la opinión pública occidental. El «lavado de cara de la paz» es el nuevo pasatiempo de los halcones de la política exterior: acelerar la guerra mediante el suministro cada vez mayor de armas se considera la mejor manera de acelerar la paz, porque, en ausencia de esas armas, Rusia invadiría supuestamente los Estados bálticos, seguidos de Polonia y Finlandia. Las bombas y los tanques se consideran esenciales para frenar un temido imperialismo moscovita, a pesar de que el repetido fracaso de las ofensivas rusas ha socavado cualquier noción de su poderío, y de que el PIB de Rusia -junto con sus capacidades industriales- sigue siendo inferior al de países semiperiféricos como Italia.
Lo que parece haberse vuelto a poner de moda, al menos en Estados Unidos, es el militar-keynesianismo del que tanto nos ha enseñado Michael Klare: la reactivación de la economía a través de la guerra. Pero comparado con el militar-keynesianismo de los años 60 -la «Gran Sociedad» de Lyndon Johnson, financiada al menos en parte por el auge productivo generado por la guerra de Vietnam- lo que está en marcha hoy tiene un sabor más arcaico. Evoca los dos primeros años de la Primera Guerra Mundial, esos meses en los que Estados Unidos se mantuvo oficialmente al margen, suministrando los arsenales de las potencias europeas enzarzadas en la batalla contra las potencias centrales (Alemania, el Imperio de los Habsburgo y, más tarde, el Imperio Otomano), y fue testigo de la evisceración de la supremacía planetaria de la Armada británica, antes de intervenir una vez que el enemigo estaba prácticamente agotado (aunque una participación más temprana podría haberles evitado la Revolución Rusa).
Al igual que hoy, Estados Unidos sacó provecho de una guerra librada en un continente lejano (una situación que se repetiría con los teatros europeo y asiático de la Segunda Guerra Mundial). Entonces, como ahora, hay algo particularmente vil -si me permiten el término- en que Estados Unidos diga a sus guerreros por procuración: debemos estar unidos en la defensa de la democracia y la libertad contra el autoritarismo; nosotros os armaremos, pero vosotros moriréis. Ah, y vuestro país será pulverizado en el proceso. («Armiamoci e partite» era una réplica popular de principios del siglo XX a ese militarismo).
Las similitudes no acaban ahí. El mayor parecido entre el pasado y el presente reside en el sonambulismo de las élites que nos ha llevado al borde de la guerra mundial y el holocausto nuclear. Me refiero aquí a una obra -a menudo citada pero raramente leída- del historiador australiano Christopher Clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 (2013). La forma más caritativa de explicar la afirmación de Joe Biden de que enviar tanques a Ucrania «no es una amenaza ofensiva para Rusia», es que se ha convertido en un sonámbulo Clarkiano. O eso, o simplemente es descarada y criminalmente imprudente. Por supuesto, la función de los medios de comunicación debería ser subrayar las posibles consecuencias de tales acciones; pero incluso las publicaciones más respetables se dedican actualmente a competir para ver cuál es más halcón ante el conflicto. El 30 de enero, Foreign Affairs publicó lo que parecía un prometedor artículo de Michael McFaul, ex embajador de Estados Unidos en Rusia, titulado «‘How To Get A Breakthrough In Ukraine’». El subtítulo, «The Case Against Incrementalism», era aún más alentador. ¿Se trataba, por fin, de un argumento en contra de la escalada por parte de un interlocutor con la cabeza fría? Olvídalo. El argumento de McFaul era que Estados Unidos debería detener el suministro gradual de armas y, en su lugar, descargar una cantidad masiva de armamento de última generación sobre Ucrania con la esperanza de asegurar una victoria aplastante. Aunque admitía que «proporcionar más y mejores armas entraña riesgos», señalaba que éstos eran superados por los «riesgos de no hacerlo».
¿Cuáles son los riesgos de la escalada? El pasado mes de mayo escribí para Sidecar que:
“contrariamente a lo que dictaría el sentido común, el estancamiento del avance militar de Putin ha socavado en realidad las esperanzas de paz. El Kremlin nunca podría exponerse ante la opinión pública rusa y sentarse a dialogar sin haber conseguido ninguno de sus objetivos bélicos, pues eso pondría de manifiesto el fracaso de su ofensiva. Y la OTAN, por su parte, no tiene ningún interés en desescalar el conflicto. No librará a Rusia del castigo, ni por sus atrocidades en Bucha ni por su insubordinación ante el hegemón estadounidense. . . A medida que Rusia se deshace en Ucrania, sus enemigos ya no se ven obligados a negociar; por lo tanto, se vuelven más intransigentes y cambian los términos de la negociación, lo que lleva a Rusia a intensificar sus esfuerzos, y así sucesivamente. La primera víctima de este ciclo es el pueblo ucraniano. El resultado del estancamiento de las negociaciones es el bombardeo de más ciudades y la muerte de más civiles. Occidente seguirá pregonando sus valores sobre sus cadáveres (a menos que decida intervenir directamente y desencadenar una guerra nuclear). Parafraseando un viejo dicho: es fácil hacerse el héroe cuando el cuello de otro está en juego.”
Comparada con la primavera del año pasado, la situación actual es infinitamente peor. Las posiciones están aún más atrincheradas. Para Putin, la guerra se ha convertido en una cuestión de vida o muerte, en la que está en juego la propia existencia de Rusia. Prueba de ello es la posición adoptada por el Grupo ECR, el bloque conservador del Parlamento Europeo, que afirmó en una declaración el 31 de enero que el único resultado posible de la guerra era la división de Rusia en diferentes Estados:
“Es ingenuo pensar que la Federación Rusa pueda permanecer dentro del mismo marco constitucional y territorial. Teniendo en cuenta el mapa nacional y étnico de los territorios de la Federación Rusa, deberíamos debatir las perspectivas de creación de Estados libres e independientes en el espacio post-ruso, así como las perspectivas de su estabilidad y prosperidad.”
Cuanto más probable sea este resultado, más peligroso se volverá el «oso ruso» (¡qué expresivos son estos antiguos estereotipos!). Estados Unidos, por su parte, se muestra cada vez más beligerante, no sólo con Moscú, sino también con Pekín. No olvidemos que Washington ha iniciado una guerra tecnológica mundial de facto contra China, y el jefe del Mando de Movilidad Aérea estadounidense, Miki Minihan, predice una guerra total en 2025.
Adormecida por una propaganda incesante, la opinión pública se encuentra en un estado de catalepsia política. Desde el Dr. Johnson, todo el mundo ha repetido el axioma de que la verdad es la primera víctima de la guerra, pero pocos se han parado a preguntar qué verdades se están matando en esta guerra. Seguramente se ha pedido a los rusos que se traguen muchas mentiras. Pero, ¿qué fábulas nos han contado? Durante meses oímos que los rusos habían bombardeado una central nuclear ocupada por el ejército ruso: es decir, que se habían atacado a sí mismos. También se sugirió que habían volado su propio gasoducto el pasado septiembre. Sólo los rusos bombardean infraestructuras y civiles, obligan a los jóvenes a entrar en combate y censuran las realidades de la guerra; nunca nuestro bando. Antes era habitual discutir el papel de los corresponsales «empotrados» en el frente. Ahora aceptamos sin rechistar su reclutamiento, repleto de cascos y chalecos antibalas.
Como nunca me cansaré de decir: en la guerra no se aplica la ley del tercio excluso. Sencillamente, si un bando está equivocado, el otro no necesariamente debe tener razón; la negación de una falsedad no es por definición verdadera. Todos pueden estar equivocados, todos pueden estar mintiendo. La agresión y el expansionismo de la OTAN no convierten a Putin en un inocente corderito. Y la injustificable invasión rusa de Ucrania no exime a la OTAN de su responsabilidad en la producción del conflicto. En el mundo actual, confiamos en las élites -los tecnócratas, la «aristocracia cognitiva«- para que nos guíen por aguas peligrosas con su sabiduría superior. Pero, ¿qué sabe realmente este estrato de responsables políticos? A juzgar por el naufragio hacia el que se dirigen a toda velocidad, la respuesta es: no mucho.
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xiste una versión aceptada entre las principales corrientes políticas de la izquierda estatal que sostiene que en los últimos años se ha producido una progresiva traslación de la centralidad de los movimientos sociales a la de la política institucional. Las explicaciones que se dan para esto son múltiples: desdeel 15M a Podemoscomo línea conductora, hasta quienes defienden que elasalto institucionalnecesitó desarticular su afuera para ser viable. La hipótesis deun pie en las instituciones y mil pies en las callestambién encajaría aquí como una propuesta alternativa de articulación de ambos mundos que no pasara por la autodisolución ni por la aniquilación. Sin embargo, los resultados fueron, con suerte, modestos.
Durante los últimos meses, los balances de ciclo y los debates sobre el nuevo escenario político se han sucedido adoptando una doble actitud con respecto a los movimientos sociales: o bien dándolos por hecho como un fenómeno externo, o bien analizándolos de manera aislada, examinando sus formas organizativas y sus debilidades programáticas con la pretensión de encontrar las causas endógenas de sus limitaciones. Podemos decir que los movimientos no han sido incorporados de manera sistemática al balance global del ciclo ni a los debates estratégicos más generales: aunque se discuta sobre ellos, se hace generalmente sin ponerlos en relación con el conjunto de la hipótesis social y política en la que se mueven.
En las siguientes páginas trataremos de aportar algunos elementos a la discusión, con dos precisiones previas. La primera, la necesidad de entender los movimientos sociales como formas históricamente concretas. No se trata aquí tanto de hacer una sociología de los movimientos ni de recurrir a la clásica categorización en viejos, nuevos y novísimos, sino de combatir la idea, tan común en ciertos entornos activistas, de que el terreno de lo social está ungido de algo parecido a una cierta inmutabilidad histórica. El mantra devolver a los movimientos, como si el tejido social organizado existente en 2023 tuviera algo que ver con lo que conocíamos hace doce años, encajaría aquí. Entender esto es fundamental para no encontrarnos queriendo implementar fórmulas de movilización y de actuación política propias de una época anterior y de un ecosistema social que ya no existe.
Segunda precisión: las luchas sociales tienen, por definición, una lógica local y fragmentaria. Son articulaciones temporales en torno a demandas concretas o a sectores concretos de población, que buscan alcanzar sus objetivos mediante la movilización colectiva, la agitación en el espacio público y, en diverso grado, la presión o negociación con las instituciones. Sin embargo, en momentos puntuales pueden desencadenarse estallidos que constituyen procesos masivos de subjetivación de clase, como fue el caso de la oleada internacional de las Huelgas Feministas entre 2017 y 2019. Es decir (y aunque resulte una obviedad), las dinámicas sociales no son estables ni pueden explicarse con fórmulas rígidas. No existe una correspondencia fija entre movimiento y sujeto, sino que éste último aparece y desaparece y puede llegar a auto-constituirse sólo en momentos excepcionales. En este sentido, la pretensión de algunas plataformas o grupos de presentarse como la voz unívoca de un sujeto colectivo mucho más amplio (el feminismo soy yo, el movimiento obrero soy yo, etc.) es equivalente a la tan manida maniobra institucional de declarar haber pactado conlas feministastras haber convocado a una reunión con prensa al grupo más cercano a su área de influencia.
Incorporar los movimientos sociales a los debates estratégicos generales, en lugar de relegarlos a fenómeno natural dado (ajeno, por tanto, a las formas sociales concretas de cada momento) o de analizarlos de manera aislada, debería servirnos para extraer experiencias que enriquezcan nuestra comprensión y afinen nuestras propuestas. Sin caer en el seguidismo acrítico, como si de actores incuestionables se trataran, pero tampoco en un repudio propio de quien no sabe lidiar con la propia biografía. Se trata, por tanto, de avanzar en el sentido de un balance superador, que no reniegue de la experiencia, sino que aspire a superarla. Porque sólo una crítica sistemática y no apologética está en condiciones de acumular enseñanzas y de aumentar el potencial político de las luchas sociales.
En términos generales, ninguna apuesta política contiene una propuesta que pueda reducirse al terreno electoral. Toda lucha por el poder implica necesariamente un pensamiento más amplio, un intento de articulación del conjunto de fuerzas sociales, lo que llamamos habitualmentehipótesis estratégica.La hipótesis desplegada en el Estado español desde 2013 no se limitaba a la construcción de una herramienta electoral de nuevo tipo, capaz de irrumpir con fuerza en un sistema de partidos inmerso en una profunda crisis, y de proponerse como alternativa de gobierno con el refuerzo de otras experiencias similares existentes a escala regional (recordemos que en 2013 aún seguía muy vivo el fenómeno Syriza). También situaba a los movimientos sociales en un determinado lugar (elafueraabstracto de la institución) y les asignaba un rol específico: el de presionar desde la calle para hacer más fácil para elgobierno amigoaplicar su programa. La cooptación en masa de cuadros del movimiento y su reaparición como concejales, diputadas y cargos de libre designación de diverso tipo es la demostración más evidente de hasta qué punto la apuesta política y los movimientos sociales, si bien discursivamente se presentan como campos aislados, constituyen en realidad dos partes de una misma hipótesis. La crisis actual del movimiento es, por tanto, no sólo una crisis de sus formas organizativas o de su composición generacional y de clase, sino, también y muy especialmente, consecuencia del fracaso (o, si se quiere, de una paradójica victoria) de la hipótesis estratégica de la que formaban parte. Vamos a tratar de argumentarlo.
Es sintomático que el paso de lo que Daniel Bensaïd llamóilusión social(creencia en la autosuficiencia de lo social) a lailusión políticase diera en tan poco tiempo y estuviera en parte protagonizado por los mismos sectores. Más todavía cuando años más tarde nos encontramos de nuevo con activistas dando su apoyo y poniendo su cara para la versión senil de todo esto, una en la que ya no se espera de los movimientos ni siquiera que presionen, sino simplemente que hablen para ser escuchados, en un giro a la audiencia real que quedaría hasta cómico en un contexto literario. Quizá una de las principales tragedias del último tiempo sea esta: ver desfilar a algunas de las caras más representativas de los movimientos sociales (o al menos, y ojo con esto, de las principales figuras intelectuales puestas a su servicio) hacia proyectos políticos que en la práctica bloquean, contradicen o estrechan el programa de las luchas.
Esta combinación, aparentemente contradictoria, de radicalismo movimientista y oportunismo electoral puede explicarse por varios motivos. En primer lugar, y aunque parezca contraintuitivo, el desapego con respecto a la política institucional y la centralidad absoluta concedida al movimiento social puede acabar legitimando una política extremadamente táctica que entre a gestionar con ambición progresista (y digo ambición porque a veces la práctica dista incluso de esto) aquello que sea posible en cada momento. No se abandona el horizonte de transformación y ruptura porque éste nunca ha existido: en ausencia de una reflexión propia sobre el poder y el Estado, el movimiento queda desarmado ante las maniobras de integración y resulta impotente para proponer alternativas.
La centralidad absoluta que se concede a los problemas locales y a las peleas concretas, rechazando ser apelados por las controversias teóricas y por los grandes debates políticos, recuerda a las posturas deltradeunionismode comienzos del siglo XX, quienes acusaban a los sectores revolucionarios dentro de la socialdemocracia de caer en unasobreestimación de la ideología.“Lo que a nosotros nos incumbe es el movimiento obrero, las cosas que tenemos aquí en nuestra localidad”, recoge Lenin en su¿Qué hacer?Este desentendimiento de todo lo demás facilita, evidentemente, una actitud terriblemente permisiva respecto a lo que en ese todo lo demás se haga. Y si atendemos a la tendencia fundamental deltradeunionismo(que los obreros –o grupos oprimidos– se encarguen de las luchas concretas en torno a aquellas cuestionesespecíficamente obreras, mientras que la intelectualidad marxista se fusiona con los liberales para la lucha política), entonces es posible reconocer en los movimientos sociales una cierta forma detradeunionismoadaptado a las lógicas propias de la política posmoderna.
¿Del movimiento social radical que no quiere saber nada del Estado a una gestión moderada (en el mejor de los casos) y culturalmente progresista del Estado? Lo cierto es que ese traspaso de intelectuales y de cuadros del movimiento a una más que limitada gestión de lo posible no puede restringirse al momento delasalto electoral, sino que sigue produciéndose en el presente. La dinámica se da por ambas partes: de un lado, grupos y coaliciones de izquierda que buscan ganar legitimidad y bolsas de votantes a través de la incorporación de alguna estrella activista a sus listas electorales y grupos parlamentarios (en su versión senil, la estrella esinfluencer); de otro, cuadros del movimiento feminista o ecologista, líderes antirracistas, etc., que asumen acríticamente tanto los programas de dichos grupos como su actividad política real a cambio de una cuota de visibilidad y de una cierta libertad de discurso. En el peor de los casos, esto se explica por simple ansia de promoción personal. En el mejor (y probablemente más triste), lo que hay detrás es una profunda ingenuidad respecto al funcionamiento estatal y una ausencia flagrante de discusiones y de aprendizajes sobre poder y estrategia en el movimiento de origen.
Asistimos, como resultado de todo esto, a una paradoja de importantes dimensiones: son aquellos sectores autoproclamados independientes los que con tanto celo preservaban antes laautonomíadel movimiento, los que con más facilidad han acabado incorporándose a la gestión del Estado, bien de manera directa, bien a través de fundaciones de diverso tipo. La desconfianza contra todo lo impregnado depolítica(desde los grandes debates estratégicos hasta cualquier militante de un grupo revolucionario, siempre sospechoso de introducir ideas ajenas al movimiento) ha tenido aquí un doble efecto pernicioso.
En primer lugar, ha impedido abordar con la necesaria seriedad asuntos que habrían fortalecido al movimiento y le habrían proporcionado una autonomía real en forma de capacidad de tomar decisiones autónomamente y de manera consciente. Al darse la reflexión estratégica principalmente fuera del movimiento, en espacios de organización política cuyos cuadros intervenían en las luchas ejerciendo de dirección informal y dotándolo de rumbo, éste ha quedado debilitado y, tras la retirada de muchas de estas figuras, inmerso en una profunda crisis. En segundo lugar, ha allanado el camino para la aceptación de trabajos técnicos, pretendidamente ajenos a la política o a la ideología, que tanto han florecido en la era de la tecnocracia deizquierdas(sic) y de la gestión progresista del Estado. La obsesión por la autonomía con respecto a lo político ha llevado, paradójicamente, a una pérdida de autonomía con respecto al Estado.
No estoy sugiriendo que los movimientos sociales no tengan buenos motivos para ser precavidos con respecto a las posibles intenciones de militantes de grupos políticos organizados. La historia nos ofrece suficientes casos de malas prácticas como para tomar este riesgo a la ligera. Sin necesidad de irnos a los debates de hace décadas para encontrar ejemplos (aunque recordar lo ocurrido durante la Transición nunca sea estéril), es de conocimiento público el modo en que diversos partidos han medrado en el movimiento feminista reciente hasta lograr convertir cuestiones como el apoyo a los derechos trans y la lucha por derechos laborales para las trabajadoras sexuales en un partidero de aguas y uno de los factores determinantes para entender los problemas del movimiento a partir de 2019. Pero la solución a esto no pasa por expulsar todo lo político de los espacios sociales (como si esto fuera acaso posible), sino por fortalecerlos ante posibles injerencias dotándolos de solidez política y de una estrategia propia.
El modo en que muchas personas siguen participando con total tranquilidad en movimientos que plantean, al menos discursivamente, una ruptura de las actuales relaciones sociales, mientras que paralelamente viven a sueldo de ministerios, grupos parlamentarios o institutos de investigación enfocados a reproducir lo existente (y lo hacen, ay, convencidas de la utilidad social de su trabajo), podría causarnos a muchas de nosotras trastornos de personalidad serios. La realidad, sin embargo, es que el Estado se ha demostrado altamente capaz de organizar y centralizar ciertos elementos de la sociedad civil, incorporándolos a lo que en un sentido gramsciano podríamos llamardinámicas de Estado ampliado. Su presentación como técnicos (en la práctica, funcionarios del movimiento) contribuye a despolitizar las luchas y a reducirlas a una doble forma: de un lado, intervenciones culturales y apropiaciones del espacio público con un cierto grado de radicalidad en el discurso; de otro, canalización de sus demandas a través de decretos, informes técnicos y reuniones con comisiones que acaban convirtiéndose en una mezcla de desactivación política y laberinto burocrático.
Se crea así todo un entramado de lealtades recíprocas y de relaciones clientelares que bloquea la potencia política de las luchas y las condena a una existencia performativa. No en vano, la hipótesis de la presión desde las calles ha sido, entre otras cosas, una hipótesis generacional. Los vínculos personales entre activistas (feministas y ecologistas, pero no sólo) y miembros del gobierno, las trayectorias compartidas y la mayor sensación de representación-reconocimiento (lo de la composición de clase es otro tema) contribuyen a generar un fenómeno que ya Rosa Luxemburg identificó en los burócratas sindicales. A saber: una progresiva integración en el Estado burgués y una identificación de intereses, al menos parcial, con ciertas instituciones democráticas burguesas. La lógica de un gobierno que representa al movimiento y de éste como catalizador de las demandas de la sociedad acaba irremisiblemente convirtiendo a las luchas en correa de transmisión de las necesidades y posibilidades gobernistas.
Detrás de todo esto se esconde, además, un razonamiento que funciona como coartada para los partidos aliados con el socialiberalismo y que resulta profundamente funcional al gobierno: si la posibilidad de emprender reformas sustanciales, o incluso de aplicar el propio programa, depende del grado de presión existente en la calle, y si éste no parece ser suficiente para lograrlo (la famosacorrelación de fuerzas), entonces es evidente que el gobierno, aun queriendo, no puede hacer nada. Y si objetivamente no hay nada que el gobierno pueda hacer, ¿qué sentido tendría exigírselo? No hay alternativa. La hipótesis de la presión desde las calles al gobierno amigo se demuestra, al fin, como hipótesis impotente.
Hacia dónde queremos ir: o por qué ni la autocomplacencia ni el rechazo nos sirven
La experiencia de los últimos años, junto a la ausencia de balances colectivos calmados que permitan extraer aprendizajes y darla por superada, ha dejado un poso traumático entre los y las activistas y ha desencadenado diferentes reacciones. Acostumbrados alvamos despacio porque vamos lejos, ciertos sectores vinculados a las luchas locales recibieron con alivio el abandono del ritmo frenético propio del trabajo institucional (consecuencia de haber sido apartados de los proyectos políticos o, simplemente, de la caída electoral de estos). La vuelta al trabajodesde abajo, a la pancarta en la plaza del barrio y a la concentración de denuncia una vez al mes, supone un refugio seguro frente a las inclemencias de una realidad política que, resquebrajada la ilusión original, no ha resultado ser lo que se esperaba. Lo importante es resistir, actuar sobre lo pequeño y no dejarse engatusar por debates que ni nos van ni nos vienen. Vamos despacio porque vamos lejos… aunque nunca nos hayamos querido plantear a dónde se supone que estamos yendo.
No se trata de un rechazo al compromiso. Más bien al contrario, estos discursos suelen incorporar una ética del sacrificio que sitúa la entrega personal del activista como demostración incuestionable de su acierto político. Pero el trabajo se hace apenas sin reflexión sobre el sentido del mismo, en base a la repetición de las fórmulas aprendidas y demostrando una cierta afición a las formas más estrechas de la actividad práctica. Tras la celebración de lo existente, del movimiento como fin en sí mismo que no necesita ser superado, asoma la triste constatación de haber renunciado a intentar cambiar el mundo. O peor: de haber abrazado la idea de que la superación del capitalismo no es siquiera posible. Tras la ilusión social vino la ilusión electoral y, tras romperse ésta, sólo queda ya un fatalismo descarnado, mucho cansancio y una sensación desoladora de inevitabilidad histórica.
Contra la derrota moral que convive de una forma u otra con el oportunismo político (pues, total,no hay alternativa) y como rebote ideológico ante la experiencia de la propia incapacidad colectiva, en el último tiempo encontramos también sectores que niegan, de manera más o menos explícita, la necesidad de las luchas sociales autoorganizadas. En un afán por separarse de los sectores gobernistas y por superar la confusión estratégica, antiguos activistas se vuelven contra los movimientos reprochándoles su imprecisión ideológica, su recurso al demandismo y su lucha por concesiones que no suponen una puesta en jaque a las dinámicas de acumulación y de reproducción del capital. Las y los revolucionarios deberíamos, según esta propuesta, separarnos de aquellos espacios que mantengan prácticas de negociación con el Estado para enfocarnos en construir una acumulación de fuerzas que nos prepare para enfrentarnos a él en algún momento.
Son muchos los debates que están abiertos, pero hay algunas cosas que deberíamos tener claras. Primera: la vuelta a 2012 no es posible ni deseable. La añoranza de un tiempo tranquilo donde el activismo social se dedicabaa sus asuntossólo demuestra incomprensión del funcionamiento de la historia y renuncia a transformar lo existente. Segunda: el culto al movimiento realmente existente conduce necesariamente a la parálisis política y, en el peor de los casos, a posiciones reaccionarias y a una fuerte infantilización de la clase obrera y sus aspiraciones. Tercera: por su propia naturaleza, no existe potencia de autodesarrollo en los movimientos para poner en jaque al Estado, pero sus victorias fortalecen a la clase y le hacen ganar confianza en su fuerza. Entender y ser partícipe del estado de ánimo de la clase, “trabajar sin falta allí donde estén las masas” (Lenin), es prerrequisito indispensable para no generar un mutuo extrañamiento y acabar deviniendo “doctrinarios de la revolución” (de nuevo Lenin) incapaces de intervenir sobre la realidad concreta.
Reconstruir la clase en un sentido político, sin caer en idealizaciones (pues toda idealización de la clase obrera no puede ser sino idealización del capitalismo que la hace posible) y tratando de superar el momento corporativo, nos exige comprender los movimientos como mediaciones para la lucha de clases. Procesos que no van a resolver problemas estructurales cuya solución no puede darse dentro de las relaciones sociales capitalistas, es cierto, pero cuya importancia radica en que refuerzan a la clase trabajadora e impulsan debates capaces de impulsar saltos reales en los niveles de organización y de conciencia. Las discusiones que se están teniendo en el seno del movimiento por el derecho a la vivienda, capaz de jugar a un mismo tiempo la carta judicial, la presión institucional y la acción directa, y rompiendo la barrera entre personas afectadas que demandan y expertos activistas que resuelven, son un buen ejemplo de esto. Y en otro sentido, los recientes procesos de movilización en defensa de la sanidad pública (que no se agotan en la oposición a una medida legislativa concreta pero tampoco pretenden, como las antiguasmareas ciudadanas, una acumulación abstracta de fuerzas que nunca terminan de ser convocadas) nos dan pistas de cómo articular reivindicaciones inmediatas con horizontes programáticos más amplios.
No se trata de dejarse limitar políticamente por los movimientos, de pretender la imposibilidad de ir más allá de lo que estos plantean en un determinado momento o de reducir el papel de las organizaciones políticas al de meras servidoras de las luchas locales y sus necesidades concretas. Pero sí de entender que las articulaciones sociales y los grandes procesos de movilización determinan las tareas de las y los revolucionarios, en el sentido de que nos plantean nuevas tareas teóricas, políticas y orgánicas, mucho más complejas que las tareas con que podríamos contentarnos antes de que el movimiento apareciera. Aislarse de estos fenómenos es aislarse del proceso real de la lucha de clases, que nunca se da en formas ideales, sino a través de formas híbridas e históricamente concretas.
La autocomplacencia ciega y el rechazo desde el estrado constituyen dos caras de una misma moneda. De un lado, la negativa a asumir el conflicto político y el recurso a la construcción de una cultura propia que se desentiende del mundo; del otro, la renuncia a intervenir en las formas realmente existentes de la lucha de clases. Ante esto y elno hay alternativaque allana el terreno al oportunismo, nuestra tarea pasa por impulsar y trabajar de manera honesta en aquellas luchas que aspiren a conseguir victorias al mismo tiempo que a superar lo que Mandel (1969) llamaba la “dialéctica de las conquistas parciales”. Teniendo en cuenta que la reconstrucción política de la clase requiere de mediaciones entre lo inmediato y el horizonte del socialismo, pero también que salvar el programa de los movimientos pasa necesariamente por no dejarse estrechar por los mismos, y que romper la fragmentación implica trabajar por la unificación política de las luchas.
Julia Cámaraforma parte de la redacción deviento sur,es activista feminista y militante de Anticapitalistas
Gramsci, Antonio (2009)La política y el Estado moderno.Barcelona: Público.
Lenin, Vladimir Ilich (1975) “¿Qué hacer?”. En V. I. Lenin,Obras escogidas en doce tomos. Tomo II.Moscú: Progreso.
Lenin, Vladimir Ilich (2012) “La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo”. En V. I. Lenin,Breve manual para romper con el capitalismo.Madrid: Izquierda Anticapitalista.
Actualidad Internacional: Latitudes. América Latina
27/02/2023
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Más allá de los intentos oficiales para destacar los datos económicos positivos y ocultar los negativos, está claro que nuestra economía se encuentra en una larga fase de estancamiento desde 2012 y en crisis abierta desde 2018, lo que hoy implica un escenario muy difícil para la clase trabajadora ocupada y desocupada. La subordinación inicial del gobierno del Frente de Todos al Fondo Monetario Internacional (FMI), legitimando una deuda ilegítima e impagable asumida por la administración de Juntos por el Cambio (JxC), se aceleró con la asunción de Sergio Massa al frente de un Superministerio de Economía en agosto pasado. Desde entonces, el ajuste para cumplir con los acuerdos con el Fondo pasó a ser la clave de la gestión.
En 2018, el FMI le otorgó al gobierno de Mauricio Macri el mayor préstamo en su historia, por 57.000 millones de dólares. Aunque al asumir Alberto Fernández frenó las últimas etapas del crédito, ya se habían tomado USD 44.000 millones, una cifra que hace imposible cualquier plan económico de crecimiento para un país con una constante escasez de dólares. Ante el problema de la sostenida incertidumbre con respecto a la acumulación de las reservas en el Banco Central (BCRA), el ministro Martín Guzmán procuró ir controlando la entrega de dólares a las empresas para la importación de insumos, pero la estrategia estalló a inicios de 2022 con los aumentos del precios internacionales de granos y combustibles por la guerra en Ucrania, lo que volvió a comprometer seriamente las finanzas públicas y a centrar otra vez la atención en las reservas de divisas. El escenario se volvió crítico, a pesar de que el gobierno del FdT fue el que más dólares recibió de las exportaciones del campo en los últimos 20 años (desde diciembre de 2019, el sector de oleaginosas y cereales liquidó exportaciones por USD 88.446 millones).
Con un Guzmán completamente desacreditado y en medio de una fuerte interna en el oficialismo en cuanto a si avanzar o no con el programa de quita de subsidios a los servicios públicos planificado por el ministro saliente, asumió Silvina Batakis en Economía para una brevísima gestión de diez días, uno de cuyos pocos “logros” fue el establecimiento de una “segmentación tarifaria” para el agua, el gas y la energía eléctrica, que se tradujo inmediatamente en aumentos escalonados de tarifas para la mayor parte de la población. Más allá de las diferencias tácticas y los gestos para la tribuna, ningún integrante del Gobierno cuestiona la estrategia de avanzar con el ajuste para pagarle al FMI.
Con la enésima corrida cambiaria en curso y una fuerte crisis de divisas, en agosto del año pasado las distintas facciones del oficialismo se pusieron de acuerdo para designar a Sergio Massa como titular de un “Superministerio” de Economía, que absorbía a las carteras de Producción y Agricultura. Desde entonces, todas las medidas del nuevo hombre fuerte del Gobierno apuntaron a favorecer a los sectores empresariales y financieros, mientras que la situación de trabajadores y trabajadoras empeoraba aceleradamente.
El llamado “dólar soja”, cuya primera etapa se aplicó entre agosto y septiembre, fue un tipo de cambio diferencial (pagando el dólar a $230 en vez de los oficiales $140) para incentivar a los productores que especulaban guardando los granos en sus silobolsas a liquidarlos, garantizando así un importante ingreso de divisas para las reservas del BCRA. La medida logró que el Estado compre más de 6.600 millones de dólares, pero pagándolos muy por encima de los precios oficiales para luego vendérselos al precio oficial a las empresas que los necesitaban insumos importados. Así, esta estrategia de comprar caro y vender barato, beneficiando a sojeros e industriales en cada uno de los movimientos, logró que el país “sobrecumpliera” los objetivos fijados por el Fondo.
Aunque algunos datos macroeconómicos de los años 2021 y 2022 dan cuenta de una recuperación económica (en inversiones, productividad, uso de capacidad instalada en la industria, exportaciones e incluso empleo, que ya están por encima de los meses previos a la pandemia), ello no se tradujo en mejoras concretas para quienes vivimos de nuestro trabajo. Con una inflación que llega al 100% en doce meses, el poder adquisitivo de los salarios se pulveriza y vuelve incumplibles las promesas oficialistas de paritarias que superen el incremento de los precios. A esta clave fundamental del ajuste indirecto vía inflación, se suman elementos muchos más directos, como la quita de subsidios al transporte o a los servicios públicos. En cuanto al trabajo, si bien los fríos números muestran una baja del desempleo, lo cierto es que la creación de nuevos puestos en el sector industrial sigue estancada, con aumentos sólo en el empleo público, el monotributismo o la lisa y llana informalidad laboral, lo que habla de una creciente precarización del trabajo en el país.
En ese marco de riguroso cumplimiento de las medidas de ajuste ordenadas por el organismo de crédito internacional, mientras no se dejaba a ninguno de los grandes actores del campo, la industria o el comercio sin beneficios extraordinarios, Massa envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2023 que establecía una serie de fortísimos recortes en áreas clave de la economía. En comparación con el presupuesto 2022, las únicas partidas que crecieron fueron las destinadas al Ministerio del Interior (en un 33,3%, por ser el encargado de organizar los comicios en este año electoral), los Servicios de la deuda pública (18%) y las Obligaciones a cargo del Tesoro (13,9%). Todo el resto sufrió recortes de diversa magnitud, destacándose, no casualmente, los de Cultura (-11%), Desarrollo Social (-14%, en sintonía con la fuerte ofensiva política contra las organizaciones sociales), Mujeres, género y diversidad (-14,8%), Educación (-15,5%), Ambiente y desarrollo sostenible (-15,8%), Transporte (-17,3%), Salud 19,2%) y Turismo y Deportes (-26%). Está clarísimo el orden de prioridades. Con algunas pequeñas modificaciones, esta propuesta de ajuste brutal sobre los sectores populares fue aprobada en el Congreso por amplia mayoría.
Pero el carácter fuertemente disciplinador de una inflación que no para de carcomer los ingresos y nos exige cada vez más horas de trabajo para garantizar la subsistencia, sumado a los habituales sesgos comunicacionales de medios oficialistas y opositores, logró que estos recortes no generaran grandes reacciones sociales. Con los gremios embarcados en una constante lucha por la actualización paritaria para alcanzar a la inflación y los principales referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) bancando explícitamente a Massa, los únicos actores que tomaron la calle en los últimos meses fueron las organizaciones sociales, embarcadas en una lucha heroica y sin tregua contra los ataques de la ministra Victoria Tolosa Paz sobre los beneficiarios de planes sociales. Oficialismo y oposición no sólo comparten acuerdos en cuanto al pago de la deuda con el FMI o la necesidad del ajuste sino que también los hermana el odio estigmatizador contra “lxs piqueterxs”.
Una de las características más notables del momento es que este escenario de profunda crisis económica, con niveles de pobreza e indigencia propios del 2001 y un reparto cada vez más desigual de los beneficios económicos, no se traduce todavía en una crisis política abierta, con grandes expresiones de lucha sectoriales y callejeras. Más bien, la larga crisis nacional viene generando un fuerte desánimo y una apatía cuya característica más evidente es la decepción de la base social del gobierno del FdT (que se expresó en un importante ausentismo en las elecciones de 2021, entre otras manifestaciones), pero que también se refleja en la continuidad de un importante sector de derecha alineado con Juntos por el Cambio. Esto se complementa con en el surgimiento de una extrema derecha radical que supo canalizar las mayores decepciones sociales (ante las incumplidas promesas de mejoría del Gobierno pero también ante lo que otros sectores evaluaron como centrismo y tibieza de la oposición cambiemita que no logró “borrar” al peronismo del mapa electoral) e instalarse hasta en los barrios más populares.
El clima de desmovilización que el actual gobierno contribuyó a generar desde inicios de 2018 con la consigna electoralera de “hay 2019” sigue plenamente vigente, con la consecuente ausencia de la CGT y apenas tibias convocatorias a marchar contra la Corte Suprema o en defensa de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el atentado que sufrió. Por supuesto que en ese contexto tampoco la izquierda ha logrado torcer la dinámica y marcar una nueva agenda social. Apenas las organizaciones sociales, particularmente las organizadas en la Unidad Piquetera y la Coordinadora por el Cambio Social, vienen sosteniendo una práctica de organización y movilización constantes.
Pero siendo 2023 un año electoral pueden abrirse distintos escenarios. Aunque la realidad política es dinámica y no se puede considerar ya derrotado al oficialismo, lo cierto es que resulta muy difícil imaginar un escenario en el que el peronismo pueda revalidarse en las urnas, especialmente si continúan fracasando las estrategias antiinflacionarias y el poder adquisitivo de los salarios continúa deteriorándose a esta velocidad. Así la pregunta central para definir escenarios sería por la magnitud de la derrota oficial.
Una alternativa, entonces, podría ser la de una alternancia entre las dos coaliciones principales, como es habitual en otros países. Es decir, un contexto de derrota pero sin debacle del peronismo que le permita replegarse sobre sus espacios tradicionales (provincia de Buenos Aires, intendencias, etc.) mientras prepara su regreso para 2027. Esta alternancia de partidos o alianzas que no difieren demasiado en sus programas es el sueño histórico de grandes sectores de la clase dominante, que no ven tanta diferencia entre un Massa y un Horacio Rodríguez Larreta (expresión de los sectores más “moderados” de JxC). Pero no está descartado un escenario en el que el peronismo pierda con mayor contundencia, generando un cambio más profundo del sistema político y algunos hechos históricos como que el peronismo no logre esa mayoría en Senadores que sostiene desde 1983.
Pero la oposición tampoco está libre de profundas internas. Hoy el debate principal se sitúa en torno al “plan bomba”, una apuesta sobre todo del macrismo que busca generar una corrida o crisis económica que haga fracasar los planes oficiales de ajuste controlado y abra las puertas a un estallido que obligue al actual gobiernos a realizar un ajuste mayor y devaluar. Asumir en ese contexto les facilitaría a Juntos por el Cambio las cosas para una política de “shock”, con las reformas estructurales, los tarifazos y el disciplinamiento social que añoran desde siempre.
A esa apuesta desestabilizadora podrían adscribir también las derechas libertarianas locales, pero con la contradicción constitutiva de que cualquier acercamiento a sectores de la “casta” política les genera un desplome en su intención de votos, por lo que las alianzas con Macri o Patricia Bullrich no les resultan tan sencillas. A pesar de que en los últimos meses el fenómeno Milei parece haberse desinflado, por una cierta reubicación mediática, por escándalos internos y por una gravísima falta de desarrollo territorial a nivel país, sin dudas va a ser un actor relevante en términos electorales, sobre todo en el caso de un “empate” parcial entre oficialismo y oposición en las PASO.
Pero el plan de tierra arrasada no cuenta con apoyo unánime, no sólo por lo potencialmente incontrolable de un escenario así sino porque hay grandes sectores de la producción y las finanzas que ven importantes negocios en el horizonte cercano, que podrían volatilizarse con el estallido. La dinámica internacional de aumento de precios de las commodities y de la energía podría jugar a favor del gobierno que primero capitalice las inversiones en el litio o en el megayacimiento de Vaca Muerta, que podrían transformar a nuestro país en exportador neto de energía, aliviando el histórico problema de divisas. Estos sectores apuestan a una transición ordenada, en el que el FdT les entregue el poder amablemente. En relación con esto, también vale la pena preguntarse qué rol jugaría el peronismo ante un nuevo gobierno de JxC. ¿Va a nuevamente “respetar la gobernabilidad” y a garantizar el orden, como hizo durante toda la administración de Macri o algunos de sus sectores se sumará a la resistencia y a la lucha callejera?
En cualquier caso, el ganador de las elecciones deberá afrontar un escenario muy difícil, ya que en 2024 y 2025 se concentran impagables vencimientos de la deuda. Y la inflación no va a desaparecer de un día para otro, por lo que cualquier plan de estabilización requeriría de un durísimo plan de ajuste ante el cual Argentina podría reaccionar, retomando sus mejores tradiciones de lucha social, y sumarse a los ciclos de la rebelión latinoamericana (como en Chile, Perú o Colombia).
Las izquierdas en el año electoral
Aunque desde Poder Popular no tengamos representación política propia, el año electoral exige definiciones, ya que la cuestión va a dominar el debate público durante buena parte de este año. En ese sentido, vemos difícil que en los próximos meses se abra alguna opción mejor para la militancia de izquierda que el apoyo electoral a las listas del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U). Por supuesto, consideramos que este frente debería salir de sus inconducentes disputas internas, construir un canal político amplio para oponerse al ajuste y buscar tanto una ampliación real del espacio (incluso hacia sectores que puedan romper con el Gobierno) como una intervención política que le permita constituirse como ejemplo de resistencia en este contexto de apatía generalizada.
Más allá de la convocatoria concreta al voto a la izquierda, creemos que va a ser fundamental una intervención que introduzca debates que las fuerzas políticas mayoritarias quieren evitar, sobre todo aquellos vinculados con la necesidad real de construir un muy amplio frente por la auditoria, la revisión y el no pago de la deuda externa o en torno a las nefastas consecuencias del modelo extractivista para los seres humanos y el medio ambiente de conjunto. Esto es especialmente crucial ya que la explotación de litio, de la megaminiería, de los hidrocarburos (en los yacimientos tradicionales, los no tradicionales como Vaca Muerta o incluso las plataformas off shore)constituye un acuerdo de fondo entre gobierno y oposición. Otro eje en el que las voces disidentes pueden ser clave es el vinculado con la seguridad y los peligrosísimos hitos que nos deja el punitivismo desaforado que hemos vivido en los últimos meses.
También será fundamental a lo largo de todo este año, la alianza con las organizaciones sociales que sostienen heroicamente la resistencia contra las intenciones oficiales de descargar el ajuste sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y la relación solidaria con las luchas de aquellos gremios que, superando el quietismo institucionalizado, salgan a luchar activamente por la recomposición salarial. En simultáneo, seguiremos participando activamente de las discusiones y eventos vinculados con la agenda feminista y de derechos humanos, así como apostando por las actividades culturales y de formación socialista, que consideramos indispensables. Y, sobre todo, por la organización, ya que la acción común para comprender mejor lo que pasa y construir colectivamente herramientas de lucha y resistencia es el único camino para empezar a poner en pie una alternativa radical a este presente de miseria, opresión y falta de alternativas políticas que entusiasmen.
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rear las condiciones mas favorables para que los ucranianos, todo ellos, decidan soberanamente y se pongan de acuerdo sin interferencias extranjeras, debería ser la prioridad del movimiento por la paz, más necesario y urgente que nunca en la historia humana.
Uno de los problemas de la guerra de Ucrania es que no estamos ante una guerra, sino ante varias. Hay una guerra reaccionaria de Rusia contra Ucrania, abierta desde la invasión de febrero de 2022 que buscaba la consolidación del régimen autocrático, en el interior y en el exterior, con una «corta guerra victoriosa». Hay elementos de guerra civil entre ucranianos desde la primavera de 2014, ocasionada por el no reconocimiento de la diversidad identitaria interna de los ucranianos en sus diferentes regiones, sin los cuales la invasión rusa habría sido muy difícil, sino imposible. Hay una guerra del hegemonismo entre la OTAN y Rusia, sin la cual las dos anteriores seguramente no habrían llegado a la violencia, auspiciada por Estados Unidos con su presión expansionista hacia el Este desde el cierre en falso de la guerra fría, hace treinta años. Y hay un precalentamiento de gran guerra global con China para neutralizar su ascenso como líder de un polo no occidental en el mundo y del que la guerra de Ucrania es prolegómeno.
Esta múltiple dimensión de la guerra explica muchos de sus líos y complejidades a la hora de valorarla, entre ellos el hecho de que los papeles de David y Goliat, así como el título de “agresor imperial”, sean intercambiables, dependiendo de qué guerra hablemos.
De momento la invasión rusa, con su catastrófica y criminal factura humana, es lo más grave, pero cada vez es más evidente que los riesgos de la guerra, de momento por procuración, entre la OTAN y Rusia, así como el pulso con China que hay detrás, nos arrastran a escenarios de un conflicto global en el que el número de víctimas podría contarse no en decenas de miles como ahora sino en centenares de millones.
ElBulletinde los científicos nucleares, respetable institución fundada por Einstein en 1947, ha colocado su célebre “reloj del día del juicio final” en su cómputo más corto hacia el desastre desde que se creó, noventa segundos, y una de sus encuestas entre especialistas, entre ellos primeras figuras del ejército de Estados Unidos y expertos internacionales, arrojó ya hace unos meses el inequívoco resultado de que toda esa gente se toma muy en serio la posibilidad de que el actual conflicto degenere en una guerra nuclear.
Aún más inquietante es el fenómeno de banalización de ese peligro que se observa en los medios de comunicación y entre los políticos, particularmente los europeos cuyo ámbito geográfico es el primer escenario a sufrir el desastre. La idea de que “Putin va de farol” es demente y temeraria en su misma esencia: ignora toda la historia de las relaciones entre potencias nucleares de la guerra fría, así como el hecho central de que incluso si un intercambio nuclear fuera poco probable, su mera posibilidad es demasiado catastrófica y terrible para ser admitida como tal.
El 5 de diciembre dos bases de la aviación estratégica rusa, en Riazán y Saratov, a 300 millas de la frontera ucraniana, fueron atacadas con misiles ucranianos modificados y modernizados por la OTAN. El ataque ucraniano era “legítimo” en el sentido de que desde esas bases han despegado aviones que han lanzado misiles contra Ucrania, pero hay que comprender que no se trata de legitimidad, sino de supervivencia. Imaginar que una base militar estratégica de Estados Unidos fuera atacada por México con la ayuda de Rusia o China, produce escalofríos, pero en este caso la noticia pasó casi desapercibida en Occidente, no así en Rusia.
El envío de armas pesadas occidentales, incluida aviación, a Ucrania, que en marzo era descartado por el Presidente Biden – “porque eso se llamaría tercera guerra mundial”, dijo – está ahora en todos los cálculos. El Parlamento Europeo ha llamado a arrollar a Rusia militarmente con esos recursos facilitados por la OTAN. Se ignora olímpicamente lo que era el propio plan de batalla en Europa de la Alianza militar occidental durante la guerra fría.
A causa de la superioridad convencional de la URSS, el plan de Moscú para el caso de una guerra era llegar en 48 horas al Paso de Calais con sus divisiones acorazadas, que entonces estaban destacadas en Alemania del Este, Checoslovaquía y Hungría. Para contener aquel previsto rodillo, el plan de guerra de la OTAN era detenerlo con armas nucleares tácticas para ganar las dos o tres semanas necesarias para que el grueso del ejército de Estados Unidos pudiera desembarcar en Europa y equilibrar la situación. Ahora, en la tele rusa se habla abiertamente de tal escenario, pero a la inversa, para el caso de que el ejército ruso sea arrollado por la OTAN, cuya superioridad militar es aplastante y su presupuesto militar, sumado, más de diecisiete veces el de Rusia.
Actualmente la iniciativa militar en el terreno de batalla la tienen los rusos, con un lento avance destinado a consolidar su ocupación de alrededor del 20% del territorio nacional de Ucrania. El gobierno de Kiev propugna la reconquista de todo eso y anuncia una ofensiva en primavera para reconquistar Crimea, algo del todo imposible a menos que la OTAN se implique directamente como piden los socios mas insensatos como Polonia y como propiciaría una provocación por ejemplo en Moldavia. En ese escenario, si caen misiles noratlánticoss sobre Crimea o Moscú, hay que ser conscientes de que también podrían caer sobre Bruselas, Varsovia o Bucarest. Y a partir de ahí, cualquier cosa sería posible.
Todo esto dicta el sentido común de detener inmediatamente la actual espiral bélica y negociar, independientemente del juicio y diagnóstico que se haga sobre las responsabilidades de esta guerra.
¿Entonces, qué? ¿Resignarse a que Ucrania sea vencida en aras de impedir un desastre mayor? La respuesta es negociar un alto el fuego, como dicen los chinos, y a partir de ahí buscar un compromiso que garantizara la ulterior seguridad de Ucrania, es decir garantías de que Rusia no vuelva a invadir en el futuro. Para eso, la seguridad de Ucrania debería formar parte de un esquema de seguridad europeo integrado que incluyera a Rusia. Es decir: no hay más remedio que regresar, de una u otra forma, a la idea que se pactó al fin de la guerra fría y que se plasmó en la Carta de París para la nueva Europa firmada en el Elíseo en noviembre de 1990 y quedó reflejada en una infinidad de promesas verbales hechas entonces a Mijaíl Gorbachov. Es difícil que Washington acceda a eso porque con tal fórmula de seguridad, Estados Unidos quedaría fuera del continente. Ese fue, precisamente, el motivo que determinó la provocadora expansión hacia el este de la OTAN de los últimos treinta años, porque creando nuevas tensiones con Rusia se justificaba la razón de ser de la OTAN y el dominio político-militar de Washington que ésta lleva consigo.
Para que tal desarrollo fuera posible, Francia y Alemania deberían desmarcarse de la senda guerrera de Estados Unidos. Los americanos deberían retirarse de Europa y la Unión Europea no debería dejarse arrastrar hacia la “guerra de civilización”, con demonización de Putin y de la cultura rusa -algo sin precedentes en la guerra fría, ni siquiera contra Stalin – ni participar en el cerco militar a potencias nucleares adversarias como Rusia y China.
Ucrania debería ser neutral, su gobierno tendría que reconocer la diversidad del país y dejar de imponer como “única y auténtica” la identidad ucraniana dominante en Galizia al conjunto del país, en especial al Sur y Este de Ucrania donde la población no la acepta. Incluso condenando rotundamente el desastre de la invasión rusa, esa población ucraniana no niega la cultura rusa, la lengua rusa y la religión ortodoxa como parte de su identidad ucraniana. Esa “otra Ucrania” debe ser reconocida por el gobierno de Kíev en pie de igualdad, cosiendo la fractura que el cambio de régimen de 2014 consumó animado por Washington y la Unión Europea. La invasión rusa ha cambiado muchas cosas en las conciencias de todos los ucranianos, y ciertamente también en los sectores rusófilos del país, pero ese hecho es fundamental y si no se reconoce y resuelve, quedará como lastre para el futuro, sea cual sea el resultado de la guerra.
En esas condiciones, Rusia no tendría dificultad en aceptar una Ucrania integrada en la Unión Europea y no diseñada contra ella por sus adversarios, como no la tuvo en 1991 cuando su élite disolvió la URSS, después de su voluntaria retirada de Europa del Este.
Hay que hacerse a la idea de que en cualquier escenario de futuro que no implique una gran guerra, Crimea seguirá siendo rusa, aunque allí se podría celebrar un referéndum con garantías internacionales para legitimar ese cambio. También en el Donbas se podría dejar votar a la población, con garantías internacionales creíbles…
Hay que comprender que los diferentes y contradictorios anhelos populares que ha contenido la tragedia de Ucrania todo estos años, vienen unidos por el denominador común de su manifiesto desprecio, tanto por las oligarquías locales como por las grandes potencias que determinaron el desarrollo de los acontecimientos.
Es necesario atender a los intereses de la población concernida cuando ésta se declaraba en las encuestas mayoritariamente contra el ingreso del país en la OTAN (2008, coincidiendo con la “invitación” de la Conferencia de Bucarest de la Alianza), contra la realización de maniobras militares de la OTAN junto a las fronteras de Rusia (enero de 2022), contra la privatización y venta de la tierra a extranjeros (repetidamente), a favor de la caída del corrupto gobierno del Presidente Yanukovich (el Maidán de Kiev, en 2014), a favor de la anexión a Rusia (los habitantes de Crimea, 2014) o cuando tomó las armas, bien para defender sus hogares y escuelas bombardeadas en el verano de 2014 por la “operación antiterrorista” del nuevo gobierno proocidental en Kíev que envió contra el Donbas a sus batallones de extrema derecha, bien para combatir la invasión militar rusa a partir de febrero de 2022 de resultados tan desastrosos. Todos esos genuinos anhelos populares han sido despreciados por la OTAN, por Rusia, por la oligarquía, por las multinacionales, y deberían poder volver a expresarse, una vez se establezca un alto el fuego y se recupere el mínimo de normalidad para ello. Crear las condiciones mas favorables para que los ucranianos, todo ellos, decidan soberanamente y se pongan de acuerdo sin interferencias extranjeras, debería ser la prioridad de un movimiento por la paz, más necesario y urgente que nunca en la historia humana, particularmente en Europa.
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as mujeres, mestizas, indígenas, negras, blancas, obreras, empleadas, amas de casa, estudiantes, científicas, solteras, casadas, viudas, niñas, jóvenes, maduras, mayores, sólo por ser mujeres, sufrimos un doble yugo, el del sistema económico capitalista y el de la opresión patriarcal.
Por eso, las compañeras y los compañeros del MOVIMIENTO SOCIALISTA DEL PODER POPULAR (MSP), no sólo luchamos para ponerle fin al capitalismo, sino también a todas las formas de opresión, su inequidad y a las violencias machistas que éste engendra.
En nuestro país, la brecha salarial entre hombres y mujeres continúa, por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer sólo recibe 88 pesos. Los ingresos de las mujeres mexicanas representan sólo el 60% de los ingresos de los hombres, porque a las mujeres se nos emplea más en trabajos de mala calidad, sin seguridad social y sin oportunidad de ascender. Y no es un problema de menor escolaridad de las mujeres, sino de discriminación por nuestro género. En el 2022, el porcentaje de mujeres solteras con un trabajo remunerado fue de 74%, mientras el de mujeres con pareja fue de 54.5%. Las mujeres solemos ser quienes realizan las labores domésticas y el trabajo de cuidados de familiares y personas cercanas. Esto quedó claramente evidenciado con la pandemia del Covid; los trabajos de cuidados, que en su mayoría no son remunerados, son realizados en un 74% por mujeres.
Mientras esta inequidad laboral y económica no se erradique, seguirá generando dependencia y violencia económica hacia las mujeres, que casi siempre lleva a más formas de violencia, incluida la física. Por ello exigimos, ALTO A LA INEQUIDAD Y VIOLENCIA LABORAL Y ECONÓMICA. Las diferencias biológicas no pueden ni deben ser excusa para fomentar la desigualdad social y económica en razón de género.
Ser mujer en México es bastante peligroso. Entre 2015 y 2022, los feminicidios se incrementaron en 137%. Hoy, a diario son asesinadas 12 mujeres; y aunque ésta es la máxima expresión de la violencia machista, desgraciadamente no es la única. México ocupa el tercer lugar mundial en trata de mujeres; hay 25 mil mujeres y niñas desaparecidas; en el 2022 casi 22 mil mujeres fueron violadas, aunque se calcula que el 99% de los casos de violencia sexual no se denuncian; 70% de los casos de violencia familiar son contra mujeres. Por ello, clamamos ALTO A LOS FEMINICIDIOS y A LA VIOLENCIA SEXUAL, ALTO A LA IMPUNIDAD FEMINICIDA.
La violencia machista no sólo se ejerce sobre las mujeres, también sobre quienes tienen identidades sexuales distintas a la norma heterosexual. Por ello, nos solidarizamos con todas las disidencias sexuales, con su lucha por el derecho a ser y existir. ALTO A LOS TRANSFEMINICIDIOS y ASESINATOS DE PERSONAS LGTB+.
Históricamente se nos ha controlado a través de nuestros cuerpos, suprimiendo nuestro derecho a decidir sobre la maternidad y la gestación, como si fuéramos incubadoras. Nuestros cuerpos nos pertenecen y reivindicamos que es nuestro derecho decidir sobre ellos. Ninguna maternidad más obligada. Educación sexual integral y sin estigmas en las escuelas. ABORTO LEGAL y GRATUITO en todo el territorio nacional, con el establecimiento de clínicas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Reprobamos la desvergonzada actitud de la derecha en México, que ha intentado montarse sobre el movimiento feminista en su afán de golpear al gobierno de la 4T. La derecha, con sus ideas conservadoras, contradice las principales posturas del feminismo (igualdad de género, raza y clase). Pero también llamamos al gobierno de la 4T a respetar y no descalificar al movimiento feminista, y, sobre todo, a implementar políticas de gobierno que busquen cerrar la brecha de género y acabar con las violencias machistas.
La lucha de las mujeres se manifiesta en un sinfín de formas, ya que es un intento de sobrevivir a las tan deterioradas condiciones de vida y existencia que vivimos. Por lo mismo, consideramos que hay que apoyar todas estas luchas separadas, al mismo tiempo que buscamos unificarlas. La unificación de estas luchas generará mayor fuerza, auto-confianza y capacidad de auto-transformación.
También cuestionamos la muy común idea de que, al reformar o crear nuevas leyes, se va a eliminar la opresión de las mujeres. Reconocemos la importancia de ello, pero lo sustancial es que existan las condiciones reales para poder ejercer nuestros derechos. No es suficiente tener refugios para mujeres e hijos que corren peligro de violencia machista, mientras éstos sean escasos y no tengan el presupuesto necesario para funcionar correctamente. No basta con que existan alertas de género en contra de la violencia en algunos estados, si las medidas para combatirla no se implementen por falta de financiamiento y/o voluntad política. No podemos afirmar que las mujeres tenemos el derecho a decidir sobre nuestra maternidad, como señala la Constitución desde hace décadas, si no existen anticonceptivos seguros suficientes, accesibles y gratuitos para todas; si la educación sexual no enseña que el goce es un derecho humano de todas, todos y todes; si las y los trabajadores no tienen acceso a estancias infantiles para sus hijos; si las mujeres no pueden poner fin a un embarazo no deseado sin trabas ni peligro para su salud. El Estado tiene que construir todas estas condiciones en la realidad, no solo en el papel.
Pero también en los movimientos sociales y políticos tenemos que reconocer que existe la discriminación, el menosprecio e incluso la violencia hacia las mujeres en los espacios que se han creado desde la izquierda. Debemos reconocer que no estamos exentos y exentas y sí somos responsables de ir erradicándolos de nuestras comunidades y organizaciones.
Como militantes de izquierda y feministas, hacemos un llamado a la congruencia de las organizaciones de izquierda, así como a apoyar la lucha por la liberación y la igualdad de las mujeres. Porque un mundo mejor sólo será posible cuando terminemos con las cadenas del capital, pero también con las cadenas que nos han impuesto a la mitad de la humanidad, sólo por el hecho de ser mujeres.
Luchamos por crear una nueva sociedad en la que las personas puedan realizarse plenamente. Por lo mismo, necesitamos extirpar estas relaciones desiguales y dañinas de la sociedad y de nuestras filas. Solo así podremos construir el germen de esta nueva sociedad.
¡Por la liberación de las mujeres!¡Abajo el machismo y el capitalismo!
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entenares de activistas climáticos se han atrincherado en un campamento de protesta en Lützerath, un pueblo abandonado al oeste de Alemania, ante la orden de un tribunal local de desalojar la zona para empezar los trabajos de ampliación de la mina Garweiler II, propiedad del gigante energético RWE.
La propuesta de expansión de la mina ha estado ampliamente criticada y, desde hace dos años y medio, se ha materializado en la ocupación del pueblo y sus alrededores por activistas climáticas -habitando en casas vacías, creando barricadas y casas en los árboles, y recuperando sus tierras de cultivo-. El 11 de enero la lucha contra la expansión de la mina escaló, llevando el conflicto en el epicentró de la lucha contra el capital fósil, tras la creciente presencia policial en la zona y el inicio de madrugada del desalojo. Las activistas presentes en Lützerath han declarado que están dispuestas a arriesgar sus vidas para impedir la nueva explotación de reservas carbón.
Desde 2013, Lützerath y los pueblos que se encuentran alrededor de la mina Garweiler II han estado en el radas de activitas climática tras que el Tribunal Constitucional alemán dictaminara que la ampliación de la mina de lignitio a cielo abierto que amenazaba el territorio es un proyecto energético importante de interés público. Esta sentencia abrió la puesta a la reubicación de sus habitantes –ya que la explotación se situa a escasos metros de las casa del pueblo– y, en respuesta, a la ocupación por parte de activistas climáticas.
LaZADde Lützerath, pues, es una resupuesta organizada frente a una política extractivista privada fomentada por el Estado alemán que comprende la zona como un territorio de sacrificio para el garantizar la extracción de beneficios del capital fósil. La ocupación actua como doble propuesta estatégica: paralizar la expansión de la megaingraestructura fósil y mediatizar el conflicto para acrecentar la movilización.
Distintos informes geológicos apuntan que, bajo las tierras de Lützerath, se encuentran cerca de 280 millones de toneladas de lignito. Está reserva se situa a una distancia escasa de la mina a cielo abierto de Garzweiler de RWE, de ahí el interes de poder sumar la reserva a su explotación.
Los activistas climáticos esperaban que la entrada en el Gobierno alemán de Los Verdes, hace un año, paralaizara el proyecto y pusiera fin a la decisión del tribunal. En lugar de ello, llegaron a un acuerdo con RWE para adelantar ocho años, hasta 2030, la eliminación progressiva del carbón en la región dónde se encuentra Lützerath, frenando la demolición prevista de cinco pueblos desalojados y sacrificando sólo Lützerath, como parte de sus planes de expansión. Tras este acuerdo, vendido como una victoria política para la descarbonización de Alemania, estudios independientes han desvelado que el acerdo no reduce el total de emisiones que produciria el plan inicial –solo lo reduce a un perído de tiempo más corto– y sigue implicando una ruptura con los presupuesto de CO2 acordados por el estado en los Acuerdos de Paris.
Así, la disputa por el subsuelo se ha materializado en un acuerdo que muestra el precio ambiental que Los Verdes están dispuestos a pagar por la concertación y estabilidad con el capital fósil. RWE espera sacar un beneficio de varios billones de euros adicionales por la intensificación de la explotación minera y recibir una compensación de 2.800 millones de euros por una salida anticipada del carbón, más subvenciones adicionales.
El movimietno Lützi Bleibt –que se traduciría comoLützi se queda– que habitan en el pueblo tienen clara la amenaza que supone la ampliación de la explotación minera de lignito. No solo para Lützerath, sino para el conjunto del planeta. Sostienen que los planes de RWE y los acuerdos con el gobierno ponen situan en Alemania en dirección contraria a las políticas necesarias para hacer frente a la crisis climática; además, de profundizar en el model fósil de quema de carbón, que es una de las fuentes de energía más contaminantes.
El enfrentamiento esta última semana ha pasado por diferentes fases, desde la resistencia al aumento de presencial policial a la acción directa de evitar el desalojo de las activistas. Entre las acciones, ha destacado táctica de algunas activistas que han hecho un túnel subterráneo para retrasar el desalojo y la excavación de la mina a cielo abierto. Una acción de alto riesgo extramadamente eficaz de largo recorrido en el Reino Unido.
El salto de la notícia a escala internacional ha hecho que, durante la semana, activistas climáticas de distintos estados europeos se hayan desplazado a dar apoyo a Lützi Bleibt, y haya crecido las muestras de solidaridad global hacía ellas.
El resultado del enfrentamiento es incierto, pero, tal como recogeClimáximoen sus redes: “quién considere victoriosa la movilización de miles de políticas a un pueblo perdido en medio de la nada para abrir otra mina de carbón, es que no entiende cómo esta aberración marca otro fin de la normalidad. No es posible retroceder, por muchos políticas, dinero y políticos corrompidos hasta la médula que se arrojen sobre el problema”.
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L
a nueva derecha canaliza el descontento con la globalización neoliberal encubriendo su complicidad con los atropellos patronales. Disfraza su conservadurismo con mensajes de rebeldía y culpa a las minorías desprotegidas por las desgracias que genera el capitalismo.
El ascenso de las nuevas derechas ya no genera sorpresas en el mundo. Confirma una tendencia de las últimas décadas, que incluye su captura de varios gobiernos y su presencia como actor corriente del sistema político.
La oleada de proyectos reaccionarios canaliza parte del descontento generado por la globalización neoliberal. Recepta con mensajes contestatarios, el hastío suscitado por un modelo que multiplicó la desigualdad, el desempleo y la precarización laboral.
La ultraderecha acusa a “los políticos” de los males que afectan a la sociedad, pero se excluye a sí misma de esa responsabilidad. Despotrica contra presidentes, legisladores o simples empleados públicos, encubriendo al poder económico, judicial y militar que genera los sufrimientos populares.
Sus líderes despliegan un discurso demagógico que disimula su complicidad con esa regresión. Jamás resistieron el deterioro del nivel de vida popular que impuso el capitalismo neoliberal, ni batallaron contra la desestructuración social que generó ese esquema (Palheta, 2018).
Se han montado en la erosión del sistema político, para lucrar con el generalizado descreimiento en los partidos tradicionales. Propician la irritación contra las víctimas de la crisis, para facilitar la perpetuación de los privilegios de las clases dominantes.
La nueva derecha surgió inicialmente en Europa resucitando los discursos xenófobos del nacionalismo. Adoptó las banderas del soberanismo regresivo de las regiones prósperas, que no quieren compartir los recursos fiscales con las zonas retrasadas.
También empalmó con el renacimiento de las religiones, el repliegue identitario y la añoranza por las conquistas perdidas. Esa nostalgia de un pasado mejor fue transformada en un persistente odio, contra los sectores acusados de causar las desgracias actuales. La ultraderecha no sitúa en ese banquillo a los capitalistas, sino a los segmentos populares más desprotegidos. Concentra toda su artillería sobre esas minorías y supone que la sociedad armoniosa del pasado ha sido corroída por la indeseada presencia de estos grupos (Forti, 2021).
Con esa distorsión de la realidad exculpa a los potentados y ataca a los inmigrantes que escapan de las guerras o del despojo agrario. Exige la persecución de las víctimas de esas tragedias, criminalizando su desesperada huida con más deportaciones, campos de concentración y militarizaciones fronterizas.
La ultraderecha omite la hipócrita utilización capitalista de esas desventuras para abaratar la fuerza de trabajo. También silencia la inoperancia de sus promocionadas penalidades para contener la explosión de refugiados que generan las guerras del imperialismo. El número de esos desamparados ya supera los 70 millones de individuos (Larsen, 2018).
Los derechistas europeos han reemplazado el viejo antisemitismo por la nueva islamofobia. Descargan contra el mundo musulmán la misma furia que sus antecesores dirigían contra los judíos. En esta asociación de lo extranjero con la corrosión de la identidad nacional, el hebraico bolchevique del pasado ha sido sustituido por el terrorista árabe (Traverso, 2016).
En las metrópolis, la derecha reactiva los viejos prejuicios del colonialismo. Anuncia un dramático reemplazo de la población blanca por otras variedades étnicas, para impedir el acceso de las nuevas minorías a los cargos más apreciados del empleo estatal. En todas partes difunde la misma campaña de crispación, para justificar políticas autoritarias contra los sectores sumergidos.
Comandan, además, una reacción neo patriarcal contra los derechos conquistados por las mujeres. Esa contraofensiva es proporcional a la exitosa gravitación del feminismo y a la traumática reestructuración contemporánea del entorno familiar. La nueva derecha añora la vieja y sacudida estabilidad del patriarcado (Therborn, 2018).
Las vertientes libertarias de ese conglomerado tuvieron gran protagonismo durante la pandemia, en su batalla contra las vacunas y los pases sanitario. Lanzaron advertencias delirantes contra una satánica elite gobernante, que buscaría aterrorizar a la población mundial mediante enfermedades imaginarias.
Ese tipo de creencias insólitas permea a toda la ultraderecha del siglo XXI. Su evaluación de la pandemia como un simple invento se nutre del negacionismo climático y de la reacción conservadora contra el movimiento ambientalista.
Pero lo novedoso es la presentación de su cruzada como un acto de rebeldía, junto a una intensa defensa de los principios conservadores (Lucita, 2023). En los hechos retoman los viejos imaginarios tradicionalistas con un tono de indignación y poses contestatarias. Coquetean con lo excéntrico para enmascarar su adhesión al status quo.
Los derechistas radicalizan los postulados del neoliberalismo en la inconsistente modalidad del anarcocapitalismo. Ese concepto es un contrasentido, puesto que reivindica un ideal de plena libertad, bajo un sistema que funciona con estrictas normas de regulación estatal.
Pero en ese combo de conceptos la ultraderecha nunca pierde el hilo conductor de su estrategia: culpar a los más desposeídos por las desgracias que sufren los asalariados y la clase media. Esa política de enemistad con los humildes y justificación de los poderosos es el plan B del capitalismo, frente a la aguda crisis de las formas convencionales de dominación.
Al igual que sus antecesores, los derechistas contemporáneos están atravesados por una irresuelta tensión entre vertientes extremas y tradicionales. Las corrientes ofensivas disputan con las defensivas y los promotores de la acción virulenta rivalizan con sus pares meramente transgresores (Mosquera, 2018). En esas disidencias, el amoldamiento al status quo coexiste con incursiones audaces y aventureras.
La toma de edificios públicos por bandas movilizadas es la operación más impactante de las vertientes agresivas. El asalto al Capitolio en Washington (2021) y la ocupación de los Tres Poderes en Brasilia (2023) han sido los actos más resonantes de una escalada, que también incluyó simulaciones del mismo tipo en Paris (2018), Berlín (2020), Roma (2021) y Ottawa (2022) (Ramonet, 2023).
Esa secuencia indica un modus operandi compartido por un sector que combina el mensaje reaccionario con la exhibición de fuerza. Su captura por un brevísimo tiempo de los lugares más emblemáticos del poder político es la antítesis de las revoluciones populares, que derrocaron monarquías, tiranías o dictaduras en los últimos dos siglos. En lugar de coronar una dinámica de emancipación apuntalan proyectos contrapuestos de opresión totalitaria.
La nueva derecha despuntó con fuertes avances electorales en Europa, pero no logró hasta ahora un status dominante (Löwy, 2019). El descontento que genera el ajuste impuesto por la unificación regional ha generalizado una frustración, que los derechistas capturan impugnando a Bruselas. Usufructúan de las reacciones nacionalistas que genera la gestación de una nueva estructura continental, sin la correspondiente identidad europea.
Pero esa canalización de malestares ya no es una novedad. Las corrientes pardas acumulan doce años de gobierno en Hungría bajo el comando de Orban, que encarna la mayor conversión de un dirigente liberal a la moda derechista. Con la bandera del cristianismo y el fomento del pánico identitario erosionó los derechos civiles, multiplicó el autoritarismo y convirtió a Budapest en un centro de peregrinaje del conservadurismo mundial (Sánchez Rodríguez, 2020). Los coqueteos de Urban con Pekín y Moscú no remueven sin embargo sus compromisos con la OTAN y las diatribas contra la Unión Europea no alteran su dependencia financiera de ese organismo.
Estas dualidades de la ultraderecha húngara se extienden a Polonia, dónde se ha consolidado un gobierno que recorta los derechos civiles, avasalla el poder judicial, bloquea el ingreso de inmigrantes y resiste la preservación del medio ambiente. Pero la retórica inflamada de sus gobernantes no se traduce en medidas acordes, cuando peligra el sostén económico de Bruselas. Los mandatarios de la oleada reaccionaria son muy pragmáticos y amoldan su gestión a las exigencias del establishment.
Esta misma adaptación se perfila en Italia con la llegada de una figura que reivindica a Mussolini. En los hechos, la ultraderecha italiana ha quedado totalmente incorporada al manejo de cuotas variables del poder estatal. Desde los años 90, Berlusconi y Salvini precedieron a Meloni en ese tipo de administración (Trucchi, 2022). Italia es la tercera economía de la Unión Europea, integra el G7 y actúa directamente en la OTAN. Por esa razón, seguramente la ultraderecha encontrará una adaptación al guion combinado de Bruselas y Washington.
Estas experiencias de gobierno son muy ilustrativas del rumbo transitado por los partidos reaccionarios. Su ejercicio del gobierno en algunos países, brinda la pauta de lo que podría suceder en las naciones dónde logran avances (Suecia) o sufren altibajos (Alemania, Austria, España).
Francia es el principal candidato a un ensayo de mayor porte. Cuenta con más variantes que el resto del continente y alberga un exótico conjunto de celebridades e influencers en las redes sociales (Febbro, 2022).
En todos los países del Viejo Continente la ultraderecha afronta dos contradicciones que no puede resolver. Por un lado, convoca a recuperar la soberanía monetaria sin moverse del euro y por otra parte, propone restaurar la soberanía militar sin abandonar la OTAN. Ambos contrasentidos retratan los enormes límites de esas formaciones.
El trumpismo se ha transformado en el principal referente de la nueva derecha. Sus pares de Europa (Le Pen, Orban, Abascal Conde, Meloni) lo adoptaron como inspiración de los próximos pasos. Esa centralidad es coherente con la continuada supremacía norteamericana en el sistema imperial y con la pretensión estadounidense de recuperar la hegemonía internacional.
Los socios de Trump tantearon incluso la formación de una Internacional Parda para ratificar ese liderazgo. Ese ensayo de Banon fracasó, pero no ha sido archivado y podría renacer si persiste la primacía de Washington y la subordinación de Bruselas (Conroy: Dervis, 2018). La ultraderecha reproduce esa asimetría de la relación euro-americana, que choca con el legado chauvinista y el ostentado nacionalismo de esa corriente en el Viejo Mundo.
Esa primacía norteamericana también obedece a su mayor manejo de los nuevos instrumentos para manipular el electorado. Han demostrado gran capacidad para forjar el nuevo ecosistema comunicacional de la derecha 2.0. Se especializaron en difundir mentiras para convencer a sus seguidores y neutralizar a sus opositores.
A través de las redes sociales ejercen una influencia mental y psicológica sobre sus adherentes muy superior a la prensa, la radio y los medios de comunicación del siglo XX. En ese nuevo universo es más difícil distinguir lo cierto de lo falso, la realidad de la ficción o lo auténtico de lo manipulado. En ese ámbito la nueva derecha encontró un entorno favorable para difundir mensajes delirantes del más variado tipo.
También apuntalaron los experimentos de Cambridge Analítica para dividir al electorado en nichos estratificados y desarrollar estrategias de digitación, con mensajes micro focalizados en cada segmento (Serrano, 2020).
Pero ninguno de estos instrumentos alcanzó para evitar el fracaso de la presidencia de Trump. Los desenfrenos del magnate socavaron sus pretensiones autoritarias y esas falencias lo empujaron a su fallida toma del Capitolio. El millonario tampoco logró contener el declive internacional de Estados Unidos con agresividad discursiva, mercantilismo arancelario y desplantes geopolíticos. En los hechos, evitó poner a prueba el recortado poder de la primera potencia y disfrazó esas vacilaciones con pomposas bravuconadas.
Trump capturó igualmente a una masa plebeya descontenta con las elites globalistas de las costas y forjó una base electoral perdurable en torno al Partido Republicano. Aglutina numerosas variantes de una derecha, que combinan la manipulación institucional con la presión de las milicias racistas. Ha logrado reciclar todos los mitos del individualismo, revitalizando absurdas creencias en la genialidad (o excepcionalidad) de los estadounidenses.
Frente a la decepción con un presidente tan senil e inaudible como Biden, Trump apuesta a un segundo mandato. Pero no logró suscitar la esperada marea republicana en las elecciones de medio término. Los Demócratas mantuvieron más escaños en el Congreso que los imaginados y se quebró la pauta histórica de retroceso del oficialismo en este tipo de comicios. No hubo voto castigo, a pesar de la defraudación que generó Biden en el grueso de su electorado (Morgenfeld, 2022).
Los candidatos más alocados de la ultraderecha fueron derrotados en sus distritos, en un marco de gran reacción democrática contra la anulación judicial del derecho al aborto. Hubo un alto registro de votantes en muchas circunscripciones para sostener esa conquista (Selfa, 2022).
Este fracaso de Trump ha sido aprovechado por sus propios rivales para disputarle la próxima candidatura presidencial. Son personajes del mismo espectro reaccionario, con exponentes como el gobernador De Santis, que sustituyó la educación sexual en los colegios por un día de oración por las “víctimas del comunismo”. En este escenario, el retorno de la ultraderecha a la Casa Blanca es por muy incierto.
La influencia del trumpismo es muy visible en la ultraderecha latinoamericana. El resurgimiento de este último sector fue posterior a Europa o Estados Unidos y cobró fuerza durante la restauración conservadora (2014-2019) que sucedió al ciclo progresista.
Como en otras partes del mundo, afianzó su prédica durante la pandemia con inconsistentes discursos negacionistas y objeciones medievales a las vacunas. Comparte con sus pares del Primer Mundo las conductas autoritarias, la intolerancia hacia las minorías estigmatizadas y la recreación de una ideología conservadora.
Ha importado, además, las técnicas de manipulación de las redes sociales, con una agenda reaccionaria de intrigas y fake news implementada por pelotones de trolls. Transformaron la conversación y el contrapunto de opiniones en engaños, para fidelizar a un público cautivo. Multiplican de esa forma su captura de audiencias, viralizando discursos de pura intolerancia.
Con ese instrumental han logrado salir del encierro de clase que afectaba a sus antecesores elitistas y lograron territorializar parte de su actividad en el campo popular. Disputan actualmente presencia en sectores sociales que estaban fuera de su alcance, con posturas demagógicas basadas en la denigración del sistema político (López, 2022). Con esos pilares despliegan una presencia callejera mayor que sus colegas del mundo desarrollado.
La ultraderecha latinoamericana tiene determinantes muy específicos. Expresa, ante todo, la reacción de los grupos dominantes contra las mejoras obtenidas durante el ciclo progresista de la década precedente. No se limita a canalizar un genérico descontento con los efectos del neoliberalismo, sino que busca doblegar la intensa movilización social que prevalece en la región.
Por esa razón confronta también en las calles con todos los movimientos, partidos o figuras emparentados con algún ideario progresista. Este perfil reactivo y revanchista es la nota dominante de la oleada reaccionaria en América Latina (De Gori, 2017).
La tónica vengativa contra las experiencias revolucionarias (Fidel) radicales (Chávez, Evo) o progresistas (Kirchner, Lula, Correa) explica su odio a la izquierda y su apego a las modalidades clásicas del macartismo. Las diatribas contra la “amenaza comunista” han renacido con gran fuerza en el Nuevo Mundo y el discurso de la guerra fría es repetido con la misma puntillosidad del pasado.
La derecha regional desenvuelve, además, una agenda temática propia. La hostilidad a los inmigrantes o las persecuciones de minorías étnicas no ocupan tanto espacio, como las campañas contra la delincuencia. La demagogia punitiva, la exigencia de dureza policial y la convocatoria al uso generalizado de las armas son sus principales caballitos de batalla, en una región afectada por elevados niveles de violencia social (Traverso, 2019).
América Latina ha quedado al margen de los grandes conflictos bélicos, pero acumula un récord de violencia cotidiana, De las 50 urbes más peligrosos del planeta 43 se localizan en la región. El neoliberalismo ha generado un entramado mayúsculo de criminalidad. Añade a los viejos patrones de la marginalidad urbana, una novedosa interacción de mafias y redes del narcotráfico controladas desde Estados Unidos. El mensaje de orden represivo busca resucitar de añoranza por un pasado más tolerable.
La ultraderecha regional repite el viejo recitado conservador contra “los políticos ladrones”, ocultando sus propias fuentes de financiamiento. Cuenta con el apoyo de los grupos capitalistas beneficiados por el ajuste neoliberal y por esoaprueba en forma explícita el programa económico de esos sectores. No comparte el distanciamiento formal de sus colegas europeos del ideario neoliberal, ni su disfraz con ingredientes de xenofobia. En América Latina propugnan formas extremas de apertura comercial, liberalización financiera y desregulación laboral.
Sus principales voceros abjuran del viejo nacionalismo de la derecha, que resaltaba las virtudes del desarrollismo y del intervencionismo estatal (Petras, 2018). Ese abandono corrobora su total sintonía con la restauración conservadora que exigen las clases dominantes.
Los grupos reaccionarios cuentan, además, con el enorme sostén de muchas corrientes evangelistas. El vertiginoso crecimiento de esa comunidad ha puesto a la Iglesia Católica a la defensiva y ya tiene contundentes correlatos políticos. Desenvuelven intensas campañas contra la igualdad de género (Gatti, 2018) y han logrado que Brasil sea el país con mayor población pentecostal del planeta. Ungieron un presidente en Guatemala y formaron bancadas de legisladores en Chile, México, Colombia, Paraguay, Perú y Ecuador.
La subordinación al trumpismo es un rasgo generalizado en todas las vertientes de la región. El primer ensayo de articulación derechista en América Latina fue directamente diseñado por los asesores del magnate (Abrams, Rubio, Pompeo), que montaron el efímero Grupo de Lima. La estrecha y subordinada relación de Bolsonaro a Trump quedó corroborada en el refugio provisto por la Florida a los golpistas brasileños.
También el evento organizado por dos agrupaciones del conservadurismo estadounidense (CPAC, ACU) en México, retrató la primacía del Norte sobre sus pares de la región (Majfud, 2022). Llegaron al ridículo de exponer en la capital azteca, el mismo discurso antiinmigrante que propagan al otro lado de la frontera. El trumpismo no disimula sus exigencias de total sometimiento del Patio Trasero.
Los reaccionarios de Latinoamérica han buscado también una articulación con el falangismo español de Vox, para recrear el eje ideológico hispano-americano. Al discurso habitual contra el “peligro comunista”, añaden la reivindicación de la conquista colonial y la consiguiente convalidación de la masacre de los pueblos originarios. En el debut de esa cruzada, el alzamiento franquista fue ensalzado y edulcorado con una alegre presentación musical (“Vamos a volver al 36”).
Este alineamiento compite con los enlaces más tradicionales de la Ibero-esfera (un término que sustituye la alicaída noción de Iberoamérica). Ese nexo es motorizado por el Partido Popular español y los intelectuales ultraconservadores del Nuevo Mundo (como Mario Vargas Llosa). En este tipo de entrelazamientos, los derechistas latinoamericanos vuelven a sus raíces hispano-eclesiásticas, confirmando su ausencia de novedades sustanciales.
La oleada conservadora confirma que la derecha no se apaciguó, ni modernizó en América Latina. Las ilusiones en un comportamiento “civilizado” de este sector se están diluyendo, junto a la creciente influencia de las vertientes extremas de ese espectro (Campione, 2022).
La derecha sostuvo tradicionalmente todas las formas de violencia que utilizaron las clases dominantes para garantizar sus privilegios. Esa función era asegurada por el ejército a través de feroces dictaduras.
Los fracasos acumulados por esas tiranías y la fuerte oposición democrática a su reinstalación han reducido la viabilidad de esa receta. Para sortear esa limitación, la nueva oleada reaccionaria apuntala formas sustitutas del viejo golpismo.
El imperialismo norteamericano es el principal sostén de los regímenes autoritarios, que la ultraderecha refuerza con su ideología, sus aparatos y sus liderazgos. Ha estado particularmente involucrada en los complots del lobby de Miami contra Cuba y Venezuela, pero confronta con cualquier revuelta popular genuina. Recobró gravitación como instrumento de las elites para lidiar con esas protestas.
Esta funcionalidad para contrarrestar resistencias, acallar militantes y aterrorizar descontentos es su principal rasgo. Los derechistas han tomado nota de los levantamientos sociales, que en los últimos años desembocaron en triunfos electorales del progresismo en Bolivia, Chile, Perú, Honduras y Colombia. También registraron las victorias de movilizaciones populares más recientes en Ecuador y Panamá y los giros políticos en Argentina, México y Brasil.
La ultraderecha vuelve a escena para tantear respuestas reaccionarias a esos desafíos. La restauración conservadora no pudo sepultar el ciclo precedente y por eso ensayan otros rumbos, para desactivar la persistente lucha popular. Pero frente a tantas variedades de esa contraofensiva se impone también una clarificación teórica del sentido de ese espacio. Abordaremos ese problema en el próximo texto.
Lucita, Eduardo (2023) América latina: la ultraderecha está entre nosotros (libro en preparación)
Mosquera, Martín (2018) Al borde del abismo: Bolsonaro y el retorno del fascismo, 26/10/18 https://vientosur.info/bolsonaro-y-el-retorno-del-fascismo/
Ramonet, Ignacio (2023), Geopolítica y conflicto socialLa nueva ultraderecha y la rebelión de las masas conspiranoicas en Brasil https://www.eldiplo.org/notas-web/la-nueva-ultraderecha-y-la-rebelion-de-las-masas-conspiranoicas/
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Majfud Jorge (2022) Es el fascismo el futuro de la Humanidad? Por Jorge Majfud https://www.pagina12.com.ar/498421-es-el-fascismo-el-futuro-de-la-humanidad
Campione, Daniel (2022). Entre derechas nuevas y viejas nos jugamos nuestra existencia. https://fisyp.org.ar/2022/09/27/entre-derechas-nuevas-y-viejas-nos-jugamos-nuestra-existencia-por-daniel-campione/
Actualidad Internacional: Latitudes. América Latina
23/02/2023
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L
a heroica rebelión popular de los quechuas y aymaras del Perú ha desafiado al poder oligárquico asentado en Lima, que se resiste a ser derrotado. Pero solo la unidad del movimiento popular podrá lograr victorias que abran un nuevo periodo político.
Tras poco más de dos meses, las movilizaciones populares contra el golpe a Pedro Castillo y contra la implantación de un régimen autoritario cívico-militar continúan. En ese tiempo, las personas asesinadas ya suman más de sesenta, principalmente manifestantes caídos por obra de las fuerzas armadas y policiales. La heroica rebelión popular de los quechuas y aymaras del Perú ha desafiado al poder oligárquico asentado en Lima, que se resiste a ser derrotado. Pero solo la tenacidad del movimiento popular podrá lograr victorias que abran un nuevo periodo político.
El gobierno de Pedro Castillo despertó expectativas en las clases populares del interior del país, aquellos sectores sociales discriminados históricamente por la oligarquía limeña. Como todo liderazgo populista, en su dinámica policlasista optó por representar con organicidad los intereses de la burguesía emergente y la pequeña burguesía de rasgos indígenas, vinculadas ambas a las economías informales de las regiones y las universidades de provincia (lo que el sociólogo Héctor Béjar suele llamar «burguesía popular», para diferenciar en términos de raza, estatus y clase de la burguesía blanca/mestiza asentada en las ciudades de la costa peruana).
Las reforma laboral progresiva que regula la tercerización en las contrataciones de trabajo y la apertura de las oficinas del gobierno de Castillo para dialogar con las organizaciones populares expresaron en cierta forma el precario dique de contención que el gobierno representaba contra la ultraderecha. Pero Castillo no logró asentarse en el Poder Ejecutivo contando solamente con una estrategia defensiva que acudía al movimiento popular exclusivamente para resistir los embates del congreso golpista.
Después de los dos primeros gabinetes ministeriales de corte progresista que duraron hasta fines de enero de 2022, ningún referente del movimiento indígena o campesino ingresó al Ejecutivo, sino que fueron los profesionales provincianos y la burguesía emergente regional quienes consolidaron su protagonismo en el gobierno. Con el aval sostenido del presidente Castillo, esto generó un desplazamiento parcial de la tecnocracia neoliberal pero a la vez resguardó su rol en las carteras de Economía y Finanzas, El Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. En medio año de gobierno, la izquierda liberal fue expulsada del gabinete ministerial mientras que la izquierda provinciana permanecía en algunas carteras, fluctuando del oficialismo a la oposición y viceversa reiteradas veces, sin plantearse en serio una política de frente único.
Castillo no fortaleció a los movimientos populares ni construyó partido político, las cuales eran las herramientas necesarias para dotar de un proyecto político nacional al liderazgo populista que arribó al gobierno en alianza con el partido Perú Libre y el movimiento magisterial. Si Ollanta Humala durante su gobierno (2011-2016) capituló ante la CONFIEP, el gobierno de Castillo capituló ante la tecnocracia neoliberal que, en medio año y sin destituirlo, recuperó los resortes económicos del Estado peruano. No impulsó proyectos extractivos a sangre y fuego contra el campesinado ni llevó a cabo políticas de ajuste neoliberal, limitándose a mantener en piloto automático las columnas del capitalismo neoliberal peruano. Ante el paro agrario y transportista de abril de 2022 liderado por Huancayo, capital de la región de Junín, inicialmente recurrió a una respuesta represiva en la zona de conflictividad social pero finalmente canalizó sus demandas en los consejos de ministros descentralizados, sin plantearse salidas de fondo.
El golpe parlamentario contra Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022 gatilló la solidaridad de clase de las regiones del Perú, principalmente del sur andino, desatando importantes movilizaciones populares en Apurímac y Ayacucho. En Lima el movimiento magisterial y los colectivos populistas del centro de la capital fueron los primeros que se movilizaron ante un hecho político inédito: horas antes, el presidente proclamó en televisión nacional la disolución del Congreso y la convocatoria a un congreso constituyente.
Hasta el momento, es un misterio qué factores ponderó Castillo para decidirse a dar tan importante paso político sin contar con el apoyo de sus ministros ni de las fuerzas del orden. Lo cierto es que el ascenso de Dina Boluarte a la primera magistratura se dio a través de un golpe institucional con el apoyo de la ultraderecha parlamentaria, que asedió sistemáticamente al gobierno de Castillo y atrofió el equilibrio de poderes.
Boluarte implantó un régimen autoritario cívico-militar en cogobierno con el congreso golpista, que incluso pretendía quedarse hasta el año 2026 (pero debió retroceder ante la movilización popular; su contrapropuesta de las elecciones a 2024 quedó en manos del congreso golpista). Para ese entonces, los paros regionales se extendieron a todo el sur andino conforme escalaba la represión gubernamental. El 15 de diciembre, cuando es convocado el primer paro nacional por la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), se produce una masacre perpetrada por las Fuerzas Armadas y Policiales en Huanta (Ayacucho) con un saldo trágico de 10 manifestantes asesinados en un solo día.
Tras la tensa pausa de las movilizaciones durante las últimas semanas de 2022, el 4 de enero del 2023 se retoman los paros regionales y las movilizaciones en Lima. Hasta hoy, casi no cesaron. Tras el intento de los manifestantes de tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac, el 9 de enero se produce otra masacre en Juliaca (Puno) a manos de las fuerzas represivas con el saldo trágico de 19 personas asesinadas, en su mayoría manifestantes, pero también un médico que auxiliaba a los heridos.
La indignación ante las continuas masacres del régimen autoritario cívico-militar de Boluarte conta el pueblo pobre y el campesinado llevó a que las organizaciones regionales del sur andino destacaran delegaciones a Lima, centro del poder oligárquico en el Perú. Campesinos, pequeños comerciantes y estudiantes arribaron a la capital en masa, alojándose muchos de ellos en los campus universitarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). El movimiento estudiantil de la UNMSM tomó la universidad para albergar a las delegaciones mientras que en la UNI se contó con el respaldo de las autoridades universitarias.
El paro nacional de la ANP, convocado para el 19 de enero, adquirió masividad en Lima, aunque su articulación con las organizaciones regionales, que se movilizaban durante toda la mañana y sostenían los paros indefinidos bloqueando las carreteras, fue insuficiente. La joven clase trabajadora de las ciudades costeñas de La Libertad, Ica y Cañete se plegaba a la lucha popular en solidaridad con nuestros hermanos de sur andino, a pesar de los lúmpenes que actuaban como fuerza parapolicial al servicio del régimen en los operativos contra los bloqueos de carreteras en Ica, pero también en la región de Madre de Dios del oriente peruano.
En costa, sierra y selva la rebelión popular continúa extendiéndose, levantando las consignas de Fuera Boluarte, Asamblea Constituyente, Cierre del congreso y Liberación de Pedro Castillo.
En la capital se afronta una correlación de fuerzas adversa pero que lentamente comienza a virar, en gran medida debido a errores políticos del régimen de Boluarte. El 21 de enero, las fuerzas policiales desalojaron violentamente a los delegados regionales y los estudiantes del campus de la UNMSM, destruyendo una de las puertas con un tanque y deteniendo arbitrariamente de forma humillante a 193 personas sin presencia de la Fiscalía y sin orden judicial (finalmente se logró la liberación de los detenidos en 24 horas gracias al apoyo de los manifestantes, las organizaciones de derechos humanos y la desaprobación de la opinión pública ante la vejación perpetrada, que nos recuerda los tiempos de la dictadura fujimorista).
La jornada de lucha del 24 de enero cobró una masividad innegable, mientras las periferias de Lima cumplen su rol organizativo. Desde el distrito popular de Puente Piedra (Lima Norte), el 26 de enero se desplegó una movilización social de magnitudes importantes que, integrada por delegaciones regionales y activistas de la periferia limeña, se dirigió hacia el centro de la capital. Desde los distritos populares correspondientes a Lima Sur y Lima Este se preparan movilizaciones con mayor frecuencia, en el esfuerzo por convocar a más sectores sociales y rebasar a las fuerzas del orden que resguardan al régimen autoritario de Boluarte. Pero la represión en Lima escala al punto que ya superó la brutalidad policial que se vio en lucha contra Merino en 2020: los cuerpos represivos utilizan bombas lacrimógenas y perdigones de forma indiscriminada, método que ya se cobró su primera víctima mortal el 28 de enero, con el disparo de una bomba lacrimógena a la cabeza de un manifestante.
La rebelión popular carece de un espacio articulador consolidado a nivel nacional que pueda acelerar la caída del gobierno asesino de Boluarte y reforzar la bandera de asamblea constituyente como estrategia de ruptura con el neoliberalismo. Las organizaciones populares tradicionales de la ANP, que tienen un peso político importante, no han logrado articular con las organizaciones populares regionales al ritmo que se necesita. Esta dificultad debe resolverse lo más pronto posible; de lo contrario, la dispersión puede profundizarse, postergando los saltos organizativos del movimiento popular que ha avanzado de reivindicaciones socioeconómicas a reivindicaciones políticas en un proceso de politización importante. La creación del Comité Nacional Unificado de Lucha (CONUL) que integra a las organizaciones regionales, el bloque universitario y Las Limas (Sur, Norte, Este) es un avance importante en este sentido.
El proceso de radicalización política que subyace a la rebelión popular en curso no se debe a la política que tuvo el gobierno de Castillo, sino a la acumulación de experiencias del movimiento popular y campesino de las regiones que protagonizó el Aymarazo, el Moqueguazo, el Baguazo y el Arequipazo, entre otros levantamientos populares antineoliberales durante la postransición democrática, que afronta ahora una crisis política iniciada el 2016 con la derrota de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales. Es el mismo movimiento popular que en 2020 desató una rebelión democrática en Lima que derribó al gobierno ilegitimo de Merino; el mismo movimiento que se profundiza ante el asedio de la ultraderecha golpista a la victoria electoral de Castillo del 2021 y que, tras su derrocamiento en diciembre de 2022 y las continuas masacres del régimen de Boluarte, emerge en la forma de una rebelión nacional-popular bajo el protagonismo de los quechuas y aymaras del Perú.
Las reivindicaciones democráticas y antineoliberales sintetizadas en la lucha del movimiento popular nos plantea a la izquierda peruana el reto de aportar en la construcción de un proyecto político de ruptura con el neoliberalismo y el capitalismo. La tarea del momento es impulsar la alianza obrera-campesina para que se erija en dirección nacional de la heroica lucha desplegada por nuestros pueblos del Perú profundo. Cualquier salida institucional que provenga del congreso golpista y del gobierno asesino de Boluarte sería, en el mejor de los casos, insuficiente; el objetivo debe pasar por poner fin a la nefasta constitución del 93 y su diseño institucional legado de la dictadura fujimorista.
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¡El horizonte insuperable de nuestra época!
Hace 175 años, más precisamente en febrero de 1848, cuando fuertes tendencias de libertad y liberación nacional recorrían Europa, fue editado este “panfleto” que ha influido en los vaivenes políticos de dos siglos.
La revolución de 1848, iniciada en Suiza y expandida rápidamente a todo el continente -con la excepción del Rusia e Inglaterra- resultó así ser la más europea de todas las revoluciones europeas. Es que por primera vez se trataba de un fenómeno socio-político trasnacional que superaba los estrechos marcos nacionales. Este proceso era impulsado por la revolución industrial en ascenso, el nacimiento de un proletariado fabril cada día más numeroso y concentrado, una burguesía emergente y una aristocracia ilustrada, que no soportaba más el despotismo e incultura de la monarquía absoluta.
La revolución del 48 -“il quarantotto” como todavía hay quiénes así la nombran en Italia- combinó las demandas políticas republicanas con las de unidad nacional, siendo al mismo tiempo el vehículo a través del cual se desplegó la lucha social contra la explotación, la marginación y la miseria. Así fue que, por primera vez en la historia, la clase obrera como tal apareció como clase diferenciada. “En junio de 1848 Paris es el teatro del primer gran combate de la historia entre burguesía y proletariado por el poder político” (Fernando Claudín, “Marx, Engels y la revolución de 1848”). La revolución enfrenta decididamente a los resabios del poder feudal y a la monarquía absoluta, al mismo tiempo que expresa un fuerte contenido antiburgués. La complejidad y riqueza de este proceso dejaría una impronta más que importante en la formación política de Marx y Engels, y es en los momentos previos en que construyen el marco general que da origen alManifiesto del Partido Comunista. Sus jóvenes autores ya habían llegado a conclusiones centrales para su corpus teórico -la concepción materialista de la historia- pero la irrupción de la revolución, largamente anunciada y ansiosamente esperada por ellos, los obligó tempranamente a intentar transformarlo en fuerza social revolucionaria. El resultado fue el Manifiesto.
Escrito en 1847, por expreso pedido de la Liga de los Comunistas ante la agitación social que se extendía rápidamente, fue pensado como un folleto de intervención política en la coyuntura europea, sin embargo no tuyo influencia alguna en ella, llegó tarde. Se publicó en Londres el 20 de febrero, pero sus traducciones se demoraron y cuando finalmente fue impreso la revolución ya había pasado. Paradojalmente con los años se convirtió en uno de los documentos teóricos y metodológicos centrales para la formación del pensamiento marxista revolucionario de todos los tiempos.
A pesar de la economía de su texto, tan solo veintitrés páginas en su versión original, su contenido constituye casi un corte epistemológico con todo lo anterior -rompe con anteriores concepciones socialistas- propone una alternativa al capitalismo, incorpora un conjunto de conceptos y categorías al análisis político, introduce la consideración de la historia en el programa de acción político/ práctico.
Siguiendo a Umberto Eco “Qué spot compañero Marx” podemos decir que es necesario releerlo desde el punto de vista de su calidad literaria, o por lo menos de su extraordinaria estructura retórico-argumental y descubrir su capacidad poética de inventar metáforas memorables. El Manifiesto perdura así como una obra maestra de la retórica política.
Ha inspirado a generaciones y generaciones de intelectuales, estudiantes y trabajadores en todo el mundo. Luchadores todos de la causa de la emancipación social y del fin de la explotación del hombre por el hombre, marcando profundamente el mundo contemporáneo, no solamente por su enorme difusión, sino por ser una pieza de la literatura política de un hondo dramatismo y por sus conceptualizaciones histórico-teóricas rigurosas, muchas de las cuales perduran hasta hoy. También porque en estos 175 años su prosa bella e incisiva como pocas ha dejado una huella de profundas implicaciones teóricas, políticas y culturales.
Sin embargo no se trata hoy de hacer una simple exégesis, sino de releerlo críticamente, colocándolo en la contemporaneidad del mundo capitalista. De reflexionar, como nos propone Michael Löwy en “La profecía internacionalista del Manifiesto”, sobre su insuficiente crítica hacia la civilización industrial/burguesa moderna, sobre su cierta insensibilidad a las consecuencias ecológicas del desarrollo de las fuerzas productivas, sobre su optimismo fatalista de la ideología del progreso. O sobre la ausencia de registro en el texto de la radicalidad de las críticas y las polémicas que venían sucediéndose en tomo a los derechos de ciudadanía civil, social y política de las mujeres, como nos señalan Mabel Bellucci y Viviana Norman en “Un fantasma recorre el Manifiesto: el fantasma del feminismo”
“A pesar del tiempo transcurrido no ha perdido nada de su fuerza y de su vitalidad, devenida de su calidad literaria a la vez crítica y emancipatoria. De la unidad indisoluble entre el análisis del capitalismo y el llamado a suprimirlo, entre el estudio de la lucha de clases y el compromiso con los explotados, entre el examen lúcido de las contradicciones de la sociedad burguesa y la utopía revolucionaria de una sociedad libre e igualitaria”.
Aventurarse hoy en su lectura crítica es un llamado a la reflexión colectiva y al debate de ideas. A la politización de los conflictos sociales y a la solidaridad internacional, cada vez más necesaria en esta época convulsionada y bárbara, cuando estamos entrando en la tercera década del siglo XXI.
