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l 1 de febrero habrá en Gran Bretaña más sindicalistas en huelga que en cualquier otro día de las últimas décadas.
El sindicato de la función pública, PCS, fue el primero en convocar a más de 100.000 miembros en 124 departamentos gubernamentales: todos los miembros de los departamentos que habían alcanzado el ridículamente alto umbral de participación en la votación para la huelga en virtud de las reaccionarias leyes antisindicales vigentes. Otros tres sindicatos que, como el PCS, ya habían ganado las votaciones para la huelga, se unieron a ellos para anunciar que irían a la huelga el mismo día.
University and College Union (UCU – profesores de enseñanza superior) ha convocado a 70.000 miembros en este día como parte de 18 días de acción que tendrán lugar en los próximos dos meses tras el fracaso de las últimas discusiones con los empresarios para llegar a una oferta que restablezca de alguna manera la diezmación salarial que ha tenido lugar en los últimos 12 años de gobierno conservador.
El sindicato de maquinistas ASLEF convocará a la mayoría de sus 21.000 afiliados ese día y otro en febrero, tras no haber llegado a un acuerdo con la patronal sobre salarios y condiciones salariales después de seis días previos de huelga en este conflicto. El sindicato del transporte RMT también convocará a sus miembros conductores el 1 de febrero y el otro día hará huelga ASLEF. Parece una oportunidad perdida por parte de este sindicato, que en muchos sentidos ha sido la columna vertebral del movimiento huelguístico, ya que la mayoría de sus miembros no son conductores, sino que trabajan en otras categorías.
El último sindicato que hará huelga el 1 de febrero es el NEU, el principal sindicato de profesores de Inglaterra y Gales. (En Escocia existe un sindicato distinto que tiene su propio programa de acción, que no incluye el 1 de febrero). El NEU anunció el resultado de su votación el 16 de enero. En Gales, los resultados fueron lo suficientemente buenos como para movilizar a todos sus afiliados, pero en Inglaterra sólo se declararán en huelga los profesores, ya que no votó una proporción suficiente de personal de apoyo a la enseñanza. En el último recuento, 32.000 nuevos afiliados se han afiliado al sindicato desde que anunciaron los resultados y el programa de acción que comienza el miércoles.
Todo esto significa que el 1 de febrero será un día ajetreado no sólo para los huelguistas, sino para todos los activistas. Habrá piquetes en los centros de trabajo donde se celebren huelgas. A pesar de las leyes terriblemente reaccionarias, existe cierta protección contra las personas que se niegan a cruzar los piquetes, incluso cuando no han sido convocados por un sindicato, y los activistas de izquierdas están trabajando para asegurarse de que los trabajadores conocen sus derechos. Más tarde habrá manifestaciones y concentraciones en docenas de ciudades de Inglaterra y Gales, la mayoría organizadas por las secciones locales del TUC, la federación sindical única de Gran Bretaña.
Muchos de nosotros insistiremos en que el siguiente paso de la campaña debe ser una manifestación nacional para detener la nueva Ley de Servicios Mínimos, también conocida como la «Ley del despido de enfermeras», que los conservadores están tramitando a toda prisa en el Parlamento. El 1 de febrero es un buen comienzo, pero necesitamos mucho más para detener este ataque masivo a los derechos de los trabajadores.
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ste 9 de diciembre se cumplen 35 años de la heroica primera Intifada, también conocida como Intifada de las piedras. Este proceso, que duró más de cinco años, signó una nueva etapa de la resistencia del pueblo palestino contra la brutal ocupación sionista y las políticas racistas y policiales del Estado de Israel. Desde el momento del alzamiento hasta los Acuerdos de Oslo de 1993, lo que se considera formalmente como el fin del proceso, fueron asesinados más de 1500 palestinos y palestinas, además de otras decenas de miles de personas heridas y cerca de 120 mil detenidos para tratar de contener por la vía represiva la legítima resistencia popular.
Los protagonistas principales de la revuelta fueron mujeres y jóvenes, sobre todo los de menos de 20 años a quienes les tocó vivir en unos territorios con una presencia militar cada vez más violenta después de la victoria israelí en las guerras de 1967 y 1973, en las que el sionismo se apropió de los territorios de la península del Sinaí (devuelta a Egipto después de la conferencia de Camp David de 1978), de los Altos del Golán (arrebatados a Siria y Líbano) y de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este (incluyendo la Ciudad Vieja). La nueva generación de jóvenes, cuyos abuelos fueron víctimas de la Nakba de 1948 (“la catástrofe”, como se conoce al proceso de limpieza étnica contra la población palestina originaria que acompañó a la fundación del Estado de Israel) y cuyos padres vieron la ineficiencia de los vecinos estados árabes para enfrentar a Israel, supieron que estaban solos y que el destino de Palestina estaba en sus manos.
La mecha que encendió los fuegos de la rebelión fue el asesinato de cuatro trabajadores palestinos del campo de refugiados de Yabalia, arrollados por un camión militar israelí el 9 de diciembre de 1987. La reacción contra este enésimo crimen de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se cristalizó en enormes movilizaciones en la mayoría de las ciudades palestinas, que se extendieron a toda Gaza y Cisjordania. Israel no perdió oportunidad para reprimir violentamente las protestas y causar nuevas muertes que avivaron la resistencia.
Esta Intifada se desató sin una dirección política definida, ya que la cumbre de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de Yaser Arafat se encontraba en Túnez y no tuvo una participación activa en el proceso, ni siquiera después de la creación del Mando Nacional Unificado (MNU). Este organismo surgió para intentar coordinar la acción de las nuevas organizaciones populares y sociales que surgían y los partidos tradicionales como Fatah (el partido de Arafat, hegemónico en el MNU), el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina y el Partido Comunista Palestino. Pero buena parte de la acción del MNU apuntaba a buscar la paz social y a avanzar con algunos acuerdos con Israel que permitieran el fin de una revuelta que no parecía dispuesta a ningún tipo de transacción con el enemigo.
En ese contexto aparecieron como alternativa radical los Hermanos Musulmanes, quienes a poco del inicio de la revuelta fundaron oficialmente el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, que definía a la Intifada como una forma de Yihad contra el ocupante sionista, política por la que no se integró al MNU y comenzó a disputar exitosamente la dirección laica y conciliadora de Fatah.
Más allá de las imágenes icónicas de mujeres, adolescentes y niños enfrentando a los tanques a pedradas, que hicieron conocer la heroica resistencia palestina a nivel mundial, la rebelión adoptó múltiples formas. Se registraron huelgas generales, ausentismo y boicot laboral de los trabajadores árabes en empresas israelíes así como distintas formas de desobediencia civil. Es ejemplar el proceso de desobediencia civil en Beit Sahour, donde se dejó de pagar impuestos, se quemaron los documentos de la ocupación militar, se boicoteó el consumo de bienes israelíes y se intentó poner en pie un sistema autónomo de producción y consumo en granjas que luego fueron arrasadas por las FDI.
La reacción inicial de Israel, que todavía no tenía experiencia para controlar estas protestas de masas, fue brutal, intentando aplastar la revuelta sólo por la vía represiva, disparando a mansalva contra los manifestantes, llevando adelante allanamientos y detenciones masivas (sin contemplar género, edad ni condiciones de salud) e incluso robando los bienes de los detenidos. El entonces primer ministro de Israel Yitzhak Rabin, llegó a ordenar a sus soldados que le rompieran los huesos de los brazos a quienes tiraban piedras (cientos de niños fueron víctimas de esta política). El futuro Premio Nobel de la Paz, luego asesinado por un ultraderechista judío, siempre negó esas directivas, aunque reconoció haber ordenado la aplicación extrajudicial de la “fuerza y las palizas” contra la población civil.
La filial sueca de Save the Children estimó que “entre 23.600 y 29.900 niñas y niños requirieron tratamiento médico debido a las heridas causadas por golpes en los dos primeros años de la Intifada”, una tercera parte de los cuales era menor de 10 años. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó reiteradamente las violaciones de derechos humanos que llevó adelante Israel durante todo este período, pero los proyectos fueron sistemáticamente vetados por Estados Unidos, el principal aliado internacional de la entidad sionista.
Pese a todo, la Intifada logró instalar a nivel mundial el reclamo palestino por un estado independiente, sentando las bases para la aceptación de la solución de “dos Estados”, en sintonía con la propuesta de partición derivada de la Resolución de la ONU de 1947 (Fatah ya había reconocido el “derecho a la existencia” de Israel en 1988). La inédita rebelión popular, que casi completamente sin armamento se enfrentó con un increíble heroísmo a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, se extendió por más de cinco años, cuestionando de hecho las propuestas negociadoras de Arafat y la OLP (reconocida en 1991 por la Conferencia de Madrid, convocada por EEUU, como “único representante legítimo” del pueblo palestino).
El proceso de traición al heroico alzamiento palestino culminó en septiembre de 1993 con los llamados Acuerdos de Oslo, firmados por Arafat y Rabin, bajo la bendición del presidente estadounidense Bill Clinton en los jardines de la Casa Blanca. El acuerdo estipulaba una transición de cinco años durante la cual se iba a establecer una Autoridad Palestina unificada e Israel debía retirarse de los territorios ocupados ilegalmente. Cómo es de público conocimiento, Palestina cumplió con su parte del trato pero Israel aprovechó el tiempo concedido para avanzar cada vez más aceleradamente con la ocupación y la construcción de asentamientos ilegales en los territorios, generando una situación que de hecho vuelve imposible la solución de dos estados y multiplicando las acciones de represión y violencia contra el pueblo palestino.
A 35 años de la insurrección, con una experiencia decepcionante con tanto con la conducción de la OLP como con la estrategia de lucha de Hamas, todas las demandas de la Primera Intifada siguen vigentes, exigiendo un compromiso internacional de solidaridad y compromiso con la lucha para obtener por fin un estado palestino independiente, con plena autonomía, soberanía territorial y sin los brutales condicionamientos políticos y económicos que le impone hoy Israel. La lucha por estos objetivos se desarrolla al mismo tiempo en múltiples frentes. Uno de los que podemos fortalecer, más allá de la denuncia cotidiana contra cada violación a los derechos humanos del pueblo palestino que concrete el brutal aparato sionista, es el propuesto por la campaña internacional Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), que golpea precisamente en una de los flancos más sensibles para la alianza colonial entre Israel y Estados Unidos, el económico. La iniciativa, que se inspira en las campañas contar el apartheid sudafricano, viene creciendo a nivel mundial para denunciar el régimen de apartheid impuesto por Israel y multiplicando la solidaridad activa con el pueblo palestino.
35 años después del inicio de la Intifada de las piedras, el grito sigue resonando: ¡Palestina vencerá!
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E
stados Unidos explicitó su interés en el litio, los hidrocarburos y el agua de América Latina. La generala Laura Richardson reconoció la intervención de su país para incidir en el manejo de los «recursos naturales». Equinor y Shell en el Mar Argentino, la israelí Mekorot para el manejo del agua, Barrick en San Juan y Syngenta en la Casa Rosada. Más extractivismo y un modelo que consolida la dependencia.
La titular del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, reconoció públicamente el interés de su país en el litio y el agua de América Latina. «Tiene mucho que ver con la seguridad nacional (de Estados Unidos) y tenemos que empezar nuestro juego», advirtió. Una ratificación de la incidencia y decisión que tiene la potencia del norte sobre los «recursos naturales» y las políticas de la región. La declaración, que décadas atrás hubiera escandalizado a países que se declaran independientes y soberanos, circuló de forma crítica entre asambleas socioambientales y activistas, pero pasó desapercibida por la clase dirigente de Argentina.
No es casual esa inacción. No hay grieta entre el peronismo y la UCR-PRO referido al extractivismo, donde sobresalen actividades impulsadas por potencias (Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Rusia y Francia, entre otras) y sus corporaciones mineras, petroleras y transgénicas.
En las últimas décadas, todos los gobiernos de Argentina actuaron en total alineamiento con los deseos y necesidades de esas potencias y empresas. Y no hay muestras de que vaya a cambiar con el próximo presidente/a. Al contrario, esos gobernantes (tanto nacionales como provinciales) replican esas lógicas coloniales en los territorios donde hay agua, minerales, hidrocarburos, bosques, naturaleza.
El Comando Sur de Estados Unidos es uno de diez espacios militares del Departamento de Defensa de ese país distribuidos alrededor del mundo. El Comando Sur tiene «jurisdicción» e influencia directa sobre todos los países del América Latina (a excepción de México, que figura bajo el Comando Norte).
La autoridad militar Laura Richardson fue explícita:
-«¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 por ciento del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile».
-Señaló la existencia de «las reservas de petróleo más grandes» y la importancia del Amazonas como «pulmones del mundo».
-Precisó también que los países bajo el monitoreo del Comando Sur tienen «el 31 por ciento del agua dulce del mundo».
-«Estados Unidos tiene mucho por hacer (…) Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego».
El alineamiento del gobierno de Mauricio Macri con Estados Unidos fue total. Basta recordar el primer encuentro con Donald Trump y las reuniones con empresas extractivas: desde las petroleras Halliburton, Exxon Mobil y Chevron hasta las del agronegocio Monsanto y Cargill.
El kirchnerismo también cuenta con variados antecedentes de sólidas alianzas con corporaciones extractivas. Los encuentros de Cristina Fernández de Kirchner con Monsanto, Barrick Gold y Chevron son solo botones de muestra.
Respecto al Comando Sur y Richardson, la Vicepresidenta recibió a la militar estadounidense en su despacho del Congreso Nacional el 26 de abril de 2022. Lo difundió la propia Cristina Fernández desde su cuenta de Twitter. «Hoy recibimos a la generala de cuatro estrellas Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, primera mujer en ocupar ese cargo en la historia. Nos acompañó el embajador de ese país en Argentina, Marc Stanley», resumió la Vicepresidenta. E incluso difundió una foto, de ambas sonrientes, durante el encuentro.
La Embajada de Estados Unidos hizo lo propio, en la misma red social: «La general Laura Richardson, primera mujer jefa del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió con la vicepresidenta @CFKArgentina, y conversaron sobre el importante rol de las mujeres en el mantenimiento de la paz y la seguridad en la región».
En la misma semana de los dichos de Richardson, el peronismo gobernante dio claras señales de alineamiento con Estados Unidos. El presidente Alberto Fernández recibió al Asesor Especial del Presidente Joe Biden «para las Américas». La Embajada de Estados Unidos difundió el encuentro: «Christopher Dodd se reunió con el presidente Alberto Fernández para conversar sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral y regional». En otro tuit amplió la misión del enviado estadounidense en Argentina: «El Asesor Especial Dodd habló en la Celac con nuestros socios latinoamericanos y caribeños sobre la promoción de la democracia, los Derechos Humanos y el estado de derecho en la región, y sobre cómo podemos ayudar a alimentar y dar energía al mundo».
En la cumbre de Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) realizada en Buenos Aires el presidente Fernández volvió mostró coincidencia con los planteos de Estados Unidos: «El mundo está necesitando hoy energía y alimentos y América Latina y el Caribe puede ser proveedora de ambas cosas». Mencionó el gas y el litio y redobló la apuesta: «Debemos unir esfuerzos para lograr esa integración energética».
Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, también se reunió con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y con Christopher Dodd. Massa afirmó: «Estados Unidos es un gran socio comercial de la Argentina y es clave que sigamos incentivando sus inversiones en sectores estratégicos como la minería de litio, hidrocarburos, economía del conocimiento, agroindustria y energías renovables».
En todos los discursos sobresale el nuevo «espejo de color»: el litio, presente en los salares de Catamarca, Jujuy y Salta y publicitado engañosamente como parte de una «transición energética» mediante los autos eléctricos. Desde hace más de una década que los pueblos indígenas y las asambleas socioambientales denuncian la contaminación y el saqueo que implica la minería de litio.
Que otro país explicite sus intereses (y sus intervenciones) en Argentina y la región no ameritó réplicas de la clase política local. Es un espejo de cómo actúan funcionarios, científicos, economistas y periodistas (entre otros): decidir y opinar sobre territorios donde no habitan ni (muchas veces) conocen, ignorando las decisiones y modos de vida de quienes sí viven en las tierras pretendidos por el extractivismo.
«Es insólito que hablen sobre los ‘recursos’ de lugares que no habitan, es la lógica que subyace a gobernantes, ministros y empresarios. Para las comunidades el extractivismo, el despojo y el desarraigo tiene múltiples caras. Imperialismo y colonialismo interno se alternan. Muchos de los territorios que anhelan los imperios ya fueron certificados como zonas de sacrificio por los gobiernos nacionales y provinciales», resumió el periodista e investigador del grupo de Ecología Política del Sur, Leonardo Rossi.
En tiempos de sequía y crisis climática, se naturaliza que el ministro del Interior, Wado de Pedro, reciba en Casa Rosada a una empresa israelí (Mekorot) que intenta administrar el agua de cinco provincias (Río Negro, Catamarca, Mendoza, San Juan y La Rioja), se aplaude que el gerente general de Syngenta sea Jefe de Asesores del Presidente, se silencia el accionar contaminante de Barrick Gold en San Juan y se celebra que el Poder Judicial habilite la exploración petrolera en el Mar de Argentina, en beneficio de las empresas YPF, Equinor (de Noruega) y Shell (de Países Bajos).
En un año de elección presidencial, el abuelo diaguita Marcos Pastrana lo resume con precisión quirúrgica: “La democracia está desnaturalizada en su esencia. Hay una crisis muy grande de representatividad. Los representantes supuestamente del pueblo son solo representantes corporativos de partidos políticos y de multinacionales. No son gobernantes ni son funcionarios: son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes”.
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l paro nacional indefinido al interior del país continua y las movilizaciones populares en Lima del 19 y 24 de enero han cobrado mayor masividad con las delegaciones de regiones principalmente del sur andino que arribaron a la capital. Algunas delegaciones se alojaron en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que fue tomada por los estudiantes para ese fin, mientras que otras delegaciones en el campus de la Universidad Nacional de Ingeniería contando en este caso con el apoyo de las autoridades universitarias.
El 21 de enero las fuerzas policiales irrumpieron con violencia utilizando una tanqueta que derribó una de las puertas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y arrestaron arbitrariamente a 193 personas entre estudiantes sanmarquinos, delegados regionales y residentes. El trato humillante de las fuerzas represivas hacia los campesinos y los estudiantes se evidenció con vídeos que se viralizaron rápidamente en las redes sociales y conmocionó a otros sectores sociales y a las clases medias que permanecían algo neutrales ante la heroica lucha del pueblo pobre y el campesinado contra el gobierno asesino de Boluarte y el congreso golpista.
En Puno la lucha del movimiento campesino y popular de Juliaca e Ilave centralmente persiste ante las continuas masacres y la contundencia del paro indefinido en la región sureña ante el cuál la respuesta represiva gubernamental escala aún más con el arribo de 300 militares y la prórroga de la inmovilización social obligatoria. En la región de Arequipa, se ha desbordado la rebelión popular con incendios de comisarias e instituciones públicas de La Joya y es que el asesinato de manifestantes no cesa por parte de las fuerzas del orden. El sur andino es indudablemente el bastión de la rebelión popular contra el golpe parlamentario a Castillo.
En las ciudades costeñas de Ica y Cañete se expande las movilizaciones populares con bloqueos de carreteras que en ciertos momentos rebasan a las fuerzas policiales apoyados por civiles progubernamentales que se desenvuelven como fuerzas de choque. Similar escenario se presenta en la región de Madre de Dios donde las reivindicaciones de la Asamblea Constituyente y la renuncia de Boluarte son centrales.
En las movilizaciones populares de Lima se han plegado con mayor participación el movimiento estudiantil ante el atropello que días antes sucedió en la UNMSM, mientras algunos sectores liberales burgueses denuncian las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno asesino de Boluarte. Se expande la solidaridad y la lucha en la costa, sierra y selva del Perú, pero hace falta un espacio nacional que logre articular la heroica lucha de nuestros pueblos quechuas y aymaras con la joven clase trabajadora de la costa. Se lo debemos a nuestros caídos en la lucha.
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mérica Latina persiste como un ámbito convulsionado por rebeliones populares y procesos políticos transformadores. En distintos rincones de la región se verifica la misma tendencia al reinicio de los levantamientos que signaron el debut del nuevo milenio. Esas sublevaciones se aquietaron durante la década pasada y recuperaron intensidad en los últimos años.
La pandemia interrumpió limitadamente esa escalada de movilizaciones, que neutralizaron la corta restauración conservadora del 2014-2019. Ese período de renovado golpismo, no logró desactivar el protagonismo de los movimientos populares.
La rebelión del 2019 en Ecuador inauguró la fase actual de protestas, que ha repetido la tradicional tónica de irradiaciones. Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Haití han sido los principales centros de confrontación reciente.
Los efectos políticos de esta nueva oleada son muy variados. Han trastocado el mapa general de los gobiernos, recreando la gravitación del progresismo. Esa vertiente se ha impuesto en el grueso de la geografía zonal. Al inicio de 2023 los mandatarios de ese signo prevalecen en los países que reúnen al 80% de la población latinoamericana (Santos; Cernadas, 2022).
Este escenario ha facilitado también la continuidad de los gobiernos acosados por el imperialismo estadounidense. Luego de soportar incontables embestidas, los diabolizados presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen en sus cargos.
También ha sido parcialmente contrarrestado el ciclo de golpes militares e institucionales, que apadrinó Washington en Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019). La reciente asonada en Perú (2023) afronta una heroica oposición en las calles.
Esta rebeldía obstruyó, hasta el momento, la intervención disfrazada de los marines en países devastados como Haití. La misma lucha popular propinó duras derrotas a los atropellos intentados por los gobiernos neoliberales reciclados de Ecuador y Panamá.
Pero esta gran intervención desde abajo suscita una reacción más virulenta y programada de las clases dominantes. Los sectores enriquecidos han procesado la experiencia anterior y exhiben menos tolerancia a cualquier cuestionamiento de sus privilegios. Han articulado una contraofensiva ultraderechista para doblegar al movimiento popular. Aspiran a retomar con mayor violencia, la fracasada restauración conservadora de la década pasada. Este complejo escenario exige evaluar a las fuerzas en disputa.
Varios levantamientos de los últimos tres años tuvieron traducciones electorales inmediatas. Los nuevos mandatorios de Bolivia, Perú, Chile, Honduras y Colombia emergieron de grandes sublevaciones que impusieron cambios de gobierno. Las protestas callejeras forzaron comicios que derivaron en victorias de los candidatos progresistas, contra sus adversarios de ultraderecha.
Esta secuencia se verificó primero en Bolivia. La sublevación confrontó exitosamente con los gendarmes y tumbó a la dictadura. Añez tiró la toalla cuando perdió a sus últimos aliados y a los sectores medios que al principio acompañaron su aventura.
La corrupta gestión de la pandemia potenció ese aislamiento y diluyó el continuismo civil intentado por los candidatos de la centroderecha. La rebeldía desde abajo impuso el retorno del MAS al gobierno y varios responsables del golpe fueron juzgados y encarcelados. La conspiración continuó en el bastión santacruceño y actualmente se dirime si persistirá o será aplastada por una contundente reacción oficial.
Una dinámica semejante se verificó en Chile, como resultado del gran levantamiento popular y sepultó al gobierno de Piñera. La chispa de esa batalla fue el costo del transporte, pero el rechazo a los 30 pesos de esa erogación derivó en una imponente gesta contra 30 años de legado pinochetista.
Ese torrente condujo a dos victorias electorales que precedieron al triunfo de Boric sobre Kast. El gran aumento de la participación electoral con consignas antifascistas en los barrios populares permitió ese logro, en el país-emblema del neoliberalismo regional.
Por esa gravitación de Chile como símbolo del thatcherismo, la asunción de un presidente progresista, en el marco de la Asamblea Constituyente con gran presencia popular en las calles, despertó enormes expectativas.
Una secuencia más vertiginosa e inesperada se registró en Perú. El hastío popular con los presidentes derechistas salió a flote en protestas espontáneas y protagonizadas por jóvenes despojados de sus derechos. Ese levantamiento sucedió a la tragedia sanitaria de la pandemia, que potenció la ineptitud de la burocracia gobernante.
Castillo se transformó en el receptor del malestar popular y el fujimorismo no pudo frustrar su llegada a la Casa de Gobierno. El discurso redistributivo del sindicalista docente creó la expectativa de cortar con la agobiante sucesión de gobiernos conservadores.
En Colombia la rebelión masiva forzó al establishment a resignar por primera vez su manejo directo de la presidencia. Varios millones de personas participaron en imponentes manifestaciones. Las huelgas masivas confrontaron con una represión feroz y lograron tumbar una reforma regresiva de la salud. Al igual que en Chile se extendieron posteriormente para expresar el enorme malestar acumulado durante décadas de neoliberalismo.
Ese fastidio se tradujo en la derrota electoral del uribismo y del improvisado ultraderechista que intentó impedir la victoria de Petro. Con ese triunfo un líder de centroizquierda llegó a la presidencia, sorteando el terrible destino del asesinato que sufrieron sus antecesores. Lo acompaña una afrodescendiente representativa de los sectores más oprimidos de la población.
En la misma tónica se inscribió el triunfo de Xiomara Castro en Honduras. Su victoria premió la sostenida lucha contra el golpe que en el 2009 prohijó el embajador estadounidense. Esa asonada inició el largo ciclo latinoamericano de lawfare y golpismo judicial parlamentario.
Los 15 puntos de ventaja que Xiomara obtuvo sobre su contrincante neutralizaron los intentos de fraude y proscripción. En un dramático contexto de pobreza, narcotráfico y criminalidad, la heroica lucha popular desembocó en la primera presidencia de una mujer. Xiomara comenzó su gestión derogando las leyes de manejo secreto del Estado y de entrega de zonas especiales a los inversores externos.
Pero debe lidiar con la sofocante presencia de una gran base militar estadounidense (Palmerola) y una embajadora de Washington que interviene con toda naturalidad, en los debates internos sobre los asentamientos campesinos y las leyes de reforma del sistema eléctrico (Giménez, 2022).
En otros países el ascenso de mandatarios progresistas no fue un resultado directo de las protestas populares. Pero esa resistencia operó como un trasfondo del descontento social y la incapacidad de los grupos dominantes para renovar la primacía de sus candidatos.
México fue el primer caso de esta modalidad. López Obrador llegó a la presidencia en el 2018, en una dura confrontación con las castas del PRI y del PAN sostenidas por los principales grupos económicos. AMLO aprovechó el desgaste de las gestiones previas, la división de las elites y la obsolescencia del continuismo a través del fraude. Pero actuó en un contexto de menor impacto de las precedentes movilizaciones del magisterio y los electricistas.
Los sindicatos han quedado muy afectados en México por la reorganización de la industria y no fueron determinantes del giro político en curso. AMLO mantiene una relación ambigua con su referente histórico cardenista, pero inauguró una administración muy distanciada de sus antecesores neoliberales.
Tampoco en Argentina la llegada de Fernández (2019) fue un resultado inmediato de la acción popular. No reprodujo el arribo de Néstor Kirchner (2003) a la Casa Rosada, en medio de una generalizada rebelión. Previamente el derechista Macri sufrió un contundente revés en las calles, cuando intentó introducir una reforma previsional (2017). Pero no afrontó el periódico levantamiento general que sacude a la Argentina.
En ese país se localiza el principal movimiento de trabajadores del continente. Su disposición de lucha ha sido muy visible en las 40 huelgas generales consumadas desde el fin de la dictadura (1983). La sindicalización se ubica en el tope de los promedios internacionales y empalma con la llamativa organización de los piqueteros (desocupados e informales).
La lucha de esos movimientos ha permitido sostener los auxilios sociales del Estado, que las clases dominantes concedieron bajo el gran susto de una revuelta. Las nuevas formas de resistencia -enlazadas con la belicosidad precedente de la clase obrera- facilitaron el retorno del progresismo al gobierno.
En los últimos tres años, la decepción generada por el incumplimiento de las promesas de Fernández suscitó grandes rechazos, pero con protestas acotadas. Hubo importantes triunfos de muchos gremios, frecuentes concesiones del gobierno y protagonismo callejero, pero la acción del movimiento popular fue contenida
En Brasil la victoria de Lula ha sido un extraordinario logro, en un marco de relaciones sociales de fuerzas desfavorable para los sectores populares. Desde el golpe institucional contra Dilma el dominio de las calles fue capturado por los sectores conservadores que ungieron a Bolsonaro. Los sindicatos obreros perdieron protagonismo, los movimientos sociales han sido hostilizados y los militantes de izquierda adoptaron actitudes defensivas.
La liberación de Lula incentivó el reinicio de la acción popular. Pero ese impulso no alcanzó para revertir la adversidad del contexto, que permitió a Bolsonaro conservar una significativa masa de votantes. El PT retomó la movilización durante la campaña electoral (especialmente en el Nordeste) y revitalizó sus fuerzas en los festejos del triunfo.
En un marco de gran división de los grupos dominantes, hartazgo con los exabruptos del ex capitán y liderazgo cohesionador de Lula, la derrota de Bolsonaro ha creado un escenario de potencial recuperación de la lucha popular (Dutra, 2022). El temor a ese despunte, indujo al alto mando militar a vetar el desconocimiento del veredicto de las urnas que propiciaba el bolsonarismo.
Pero la batalla contra la ultraderecha recién comienza y para doblegar a ese gran enemigo resulta imperioso reconquistar la confianza de los trabajadores (Arcary, 2022). Esa credibilidad quedó erosionada por la desilusión con el modelo de pactos con el gran capital que desenvolvió el PT en sus gestiones anteriores. Ahora emerge una nueva oportunidad.
Otras situaciones de enorme resistencia popular en la región no derivaron en victorias electorales progresistas, pero sí en derrotas mayúsculas de los gobiernos neoliberales.
En Ecuador se registró el primer triunfo de este tipo contra el presidente Lasso, que intentó retomar las privatizaciones y la desregulación laboral, junto a un plan de aumentos de las tarifas y alimentos dictado por el FMI. Ese atropello precipitó la confrontación con el movimiento indigenista y su nuevo liderazgo radical, que propicia un contundente programa de defensa de los ingresos populares.
A mediados del 2022, ese choque recreó la batalla librada en octubre del 2019, contra la agresión lanzada por Lenin Moreno para encarecer el precio de los combustibles. El conflicto se zanjó con los mismos resultados que la pugna anterior y con una nueva victoria del movimiento popular. La gigantesca movilización de la CONAIE ingresó en Quito en un clima de gran solidaridad, que neutralizó la lluvia de gases lacrimógenos gatillada por los gendarmes.
En 18 días de paro el experimentado movimiento indigenista derrotó la provocación del gobierno imponiendo la liberación del líder Leónidas Iza (Acosta, 2022). La CONAIE conquistó también la derogación del estado de excepción y la aceptación de sus principales demandas (congelamiento de los combustibles, bonos de emergencia, subsidios a los pequeños productores) (López, 2022).
El gobierno se quedó sin cartuchos cuando perdió credibilidad su insultante discurso contra los indios. Debió ceder ante un movimiento, que volvió a demostrar gran capacidad para paralizar el país y neutralizar los ataques contra las conquistas sociales.
Otra victoria de la misma relevancia se logró en Panamá a mitad del año, cuando los gremios docentes convergieron con los transportistas y los productores agropecuarios, en el rechazo al incremento oficial de la gasolina, los alimentos y los medicamentos. La unidad forjada para desenvolver esa resistencia sumó a la comunidad indígena a un movimiento de protesta, que durante tres semanas paralizó al país. Las marchas de protesta fueron las más importantes de las últimas décadas.
Esa reacción social doblegó a un gobierno neoliberal que debió retroceder en sus planes de ajuste. El presidente Carrizo no pudo satisfacer a las cámaras empresariales que exigían mayor dureza contra los manifestantes.
Esa victoria fue particularmente significativa en un istmo que tuvo un gran crecimiento en los ultima dos décadas, aprovechando los lucros que genera la administración del Canal para los grupos dominantes. La desigualdad es apabullante, en un país dónde el 10% de las familias más ricas cuenta con ingresos 37,3 veces más altos que el 10% de los más empobrecidos (D’Leon, 2022).
La invasión estadounidense instaló en 1989 un esquema neoliberal, que complementa esa asimetría con escandalosos niveles de corrupción. Tan sólo la evasión fiscal equivale a la totalidad de la deuda pública (Beluche, 2022). La victoria en las calles propinó una severa derrota al modelo que las elites de Centroamérica presentan como el rumbo a seguir por todos los pequeños países.
El tercer caso de una extraordinaria resistencia popular sin derivaciones electorales se verifica en Haití. Las gigantescas movilizaciones volvieron a ocupar el centro de la escena durante el 2022. Confrontaron con las políticas de saqueo económico que implementa un régimen manejado desde las oficinas del FMI. Ese organismo propició el encarecimiento del combustible que desató las protestas, en un país todavía desgarrado por el terremoto, el éxodo rural y el hacinamiento urbano (Rivara, 2022).
Las marchas callejeras se desenvuelven en un vacío político absoluto. Hace seis años que no hay elecciones, en una administración que prescinde del poder judicial y legislativo. El presidente de turno sobrevive por el simple sostén que aportan las embajadas de Estados Unidos, Canadá y Francia.
El desgobierno actual se prolonga por la indecisión que impera en Washington a la hora de consumar una nueva ocupación. Estas intervenciones con el disfraz de la ONU, la OEA y la MINUSTAH se han recreado una y otra vez en los últimos 18 años con resultados funestos. Los servidores locales de esas invasiones reclaman el reingreso de las tropas foráneas, pero salta a la vista inutilidad de esas misiones.
Esa modalidad de control imperial ha sido en los hechos sustituida por la generalizada difusión de bandas paramilitares que aterrorizan a la población. Actúan en estrecha complicidad con las mafias empresariales (o gubernamentales) que rivalizan por los botines en disputa, utilizando las 500.000 armas ilegales provistas por sus cómplices de la Florida (Isa Conde, 2022). El magnicidio del presidente Moïse fue apenas una muestra del descalabro que generan las pandillas manejadas por distintos grupos de poder.
Estas organizaciones han tratado de infiltrar también a los movimientos de protesta para desarticular la resistencia popular. Siembran el terror, pero no han logrado confinar a la población a sus casas. Tampoco pudieron recrear expectativas en otra intervención militar extranjera (Boisrolin, 2022). La rebelión continúa, mientras la oposición busca caminos para forjar una alternativa superadora de la tragedia actual.
La secuencia de resistencias en el último trienio, confirma la persistencia en América Latina de un prolongado contexto de luchas, sujeto al patrón habitual de ascensos y reflujos. Los éxitos y los retrocesos son limitados. No hay triunfos de envergadura histórica, pero tampoco derrotas como las padecidas durante las dictaduras de los años 70.
Esta etapa puede ser caracterizada con distintas denominaciones. Algunos analistas observan un largo ciclo de impugnación del neoliberalismo (Ouviña, 2021) y otros destacan la preeminencia de acciones de resistencia popular determinantes de los ciclos progresistas (García Linera, 2021).
Esos abordajes jerarquizan acertadamente el papel de la lucha y la consiguiente gravitación de los sujetos populares. Aportan miradas que superan la frecuente desconsideración de los procesos que se desenvuelven por abajo. En este segundo tipo de miradas predomina un gran desconocimiento de la lucha social y una sesgada indagación de los cursos geopolíticos por arriba. Estudian especialmente cómo se dirimen los conflictos en el campo exclusivo de las potencias, los gobiernos o las clases dominantes.
Esta última óptica suele prevalecer en las caracterizaciones de los ciclos progresistas, como procesos meramente contrapuestos al neoliberalismo. Se resalta su incidencia política democratizadora, sus rumbos económicos heterodoxos o su autonomía de la dominación estadounidense.
Pero con ese enfoque se evalúan los distintos posicionamientos de los grupos dominantes, sin registrar las conexiones de esas estrategias con políticas de control o sometimiento de las mayorías populares. Omiten este dato clave, porque no valoran la centralidad de la lucha popular en la determinación del actual contexto latinoamericano.
Esta distorsión es muy visible en el sesgado uso de las categorías inspiradas en el pensamiento de Gramsci. Se toman esas nociones para evaluar cómo gestionan las clases capitalistas articulando consenso, dominación y hegemonía. Pero se olvida que esa cartografía del poder, constituía para el comunista italiano un elemento complementario de su evaluación de la resistencia popular. Esa rebeldía era el pilar de su estrategia de conquista del poder por parte de los oprimidos para construir el socialismo.
Una aplicación actualizada para Latinoamérica de este último enfoque exige priorizar el análisis de las luchas populares. Las modalidades que utilizan los poderosos para ampliar, preservar o legitimar su dominación enriquecen, pero no sustituyen esa evaluación.
Al indagar la resistencia de los oprimidos se perciben las singularidades latinoamericanas de esas luchas. En los últimos años, la acción popular presentó semejanzas y diferencias con otras regiones.
En el 2019 se observaba en varios puntos del planeta una fuerte tendencia al despunte de una nueva oleada de protestas, liderada por los jóvenes indignados de Francia, Argelia, Egipto, Ecuador, Chile o el Líbano.
La pandemia interrumpió abruptamente esa irrupción, generando un bienio de miedo y enclaustramiento. Ese reflujo fue a su vez acentuado por la gravitación del negacionismo derechista que impugnó la protección sanitaria. En este marco salió a flote la dificultad para articular un movimiento global en defensa de la salud pública, centrado en la eliminación de las patentes a las vacunas.
Concluido ese dramático período de encierro, las protestas tienden a reaparecer suscitando las prevenciones del establishment, que advierte la proximidad de rebeliones pos pandemia (Rosso, 2021). Temen especialmente la indignación que genera la carestía del combustible y los alimentos (The Economist, 2022). Esa dinámica de resistencia ya incluye un significativo resurgimiento de las huelgas en Europa y de la sindicalización en Estados Unidos, Pero el protagonismo de América Latina continúa como un dato descollante.
En todas partes los sujetos de esa batalla reúnen a una gran diversidad de actores, con significativa relevancia del joven trabajador precarizado. Este segmento sufre un grado de explotación superior a los asalariados formales. Padece la inseguridad de su trabajo, la falta de prestaciones sociales y las consecuencias de la flexibilización laboral (Standing, 2017).
Por esas razones es particularmente activo en la lucha callejera. Ha sido privado de los ámbitos tradicionales de negociación y afronta una contraparte patronal muy difusa. En distintos países es empujado a imponer sus demandas a través del Estado.
Los migrantes, las minorías étnicas, los estudiantes endeudados son frecuentes actores de esas batallas en las economías centrales y la masa de trabajadores informales ocupa una centralidad semejante en los países periféricos. Este último segmento no integra el tradicional proletariado fabril, pero forma parte (en términos ampliados) de la clase trabajadora y de la población que vive de su propia labor.
Los piqueteros de Argentina conforman una variedad de ese segmento, que forjó su identidad cortando las calles, ante la pérdida del trabajo en los lugares que centralizaban sus exigencias. De esa batalla brotaron los movimientos sociales y distintas variedades de la economía popular. Un papel igualmente relevante, desenvuelven los sectores campesinos que forjaron el MAS de Bolivia y las comunidades indígenas que gestaron la CONAIE de Ecuador
Los vínculos de estos movimientos de lucha de América Latina con sus pares de otras partes del mundo han perdido visibilidad por el deterioro de las instancias internacionales de coordinación. El último gran intento de esa conexión fueron los Foros Sociales Mundiales, auspiciados en la década pasada por el movimiento alterglobalista. Las Cumbres de los Pueblos alternativas a los encuentros de gobiernos, banqueros y diplomáticos han perdido incidencia. La batalla contra la globalización neoliberal ya no tiene esa centralidad y ha quedado sustituida por agendas populares más nacionales (Kent Carrasco, 2019).
Ciertamente persisten dos movimientos globales de gran dinamismo: el feminismo y el ambientalismo. El primero ha logrado éxitos muy significativos y el segundo reaparece periódicamente con inesperados picos de movilización. Pero el ámbito común de campañas globales que aportaban los Foros Sociales no ha encontrado un reemplazo equivalente.
La gran vitalidad de los movimientos de lucha en América Latina obedece a múltiples razones. Pero ha sido muy gravitante su perfil político progresista, alejado del chauvinismo y del fundamentalismo religioso. En la región se ha logrado contener las tendencias reaccionarias que auspicia el imperialismo, para generar enfrentamientos entre pueblos o guerras entre naciones oprimidas.
El Pentágono no ha encontrado la forma de inducir en América Latina los sangrientos conflictos que logró desencadenar en África y en Oriente. Tampoco pudo instalar un apéndice como Israel para eternizar esas matanzas o convalidar el terror perdurable de los yihadistas.
Washington ha sido el invariable promotor de esas monstruosidades para intentar sostener su jefatura imperial. Pero ninguna de esas aberraciones prosperó hasta ahora en el Patio Trasero por la centralidad que mantienen las organizaciones de lucha popular.
Por esta razón América Latina persiste como una referencia para otras experiencias internacionales. Muchas organizaciones de la izquierda europea buscan, por ejemplo, replicar la estrategia de unidad o los proyectos redistributivos elaborados en la región (Febbro, 2022). Pero todos los pueblos del continente afrontan actualmente un peligroso enemigo ultraderechista, que analizaremos en el próximo texto.
Los levantamientos populares contuvieron la restauración conservadora, recrearon escenarios progresistas y afrontan la redoblada contraofensiva de la derecha. Tuvieron efectos electorales inmediatos y provocaron la precipitada salida de los presidentes derechistas en Bolivia, Chile, Perú, Honduras y Colombia.
En México, Argentina y Brasil el descontento social no suscitó protestas equivalentes, pero dio lugar a victorias del mismo tipo en las urnas. En Ecuador y Panamá se consiguieron importantes triunfos en la calle contra los atropellos neoliberales y en Haití persiste una sostenida resistencia al caos impuesto por las elites y sus socios imperiales.
El análisis de esta lucha es frecuentemente desatendido por los estudios exclusivamente focalizados en la forma de dominio de los opresores. La evaluación de esa resistencia esclarece semejanzas y diferencias con otras regiones.
Santos, Manolo; Cernadas, Gisela (2022) ¿Es posible una segunda ola progresista en América Latina? https://www.nodal.am/2022/06/es-posible-una-segunda-ola-progresista-en-america-latina-por-manolo-de-los-santos-y-gisela-cernadas/
Giménez Paula (2022). Un proyecto popular se abre paso en el corazón de Centroamérica https://www.nodal.am/2022/11/honduras-honduras-un-proyecto-popular-se-abre-paso-en-el-corazon-de-centroamerica-por-paula-gimenez/
Dutra, Israel (2022). La victoria de Lula es un gran triunfo democrático contra el autoritarismo =
Boisrolin, Henry (2022). El prócer Dessalines alienta la insurrección https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/10/19/haiti-henry-boisrolin-el-procer-dessalines-alienta-la-insurreccion-del-pueblo-haitiano/
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l compañero Domingo Méndez Rodríguez (1947-2022) falleció hace ahora un año, el 28 de enero de 2022. Hoy recordamos al compañero, al amigo, al camarada, luchador consecuente, militante, implicado en la lucha social y política toda su vida.
La trayectoria de lucha comienza bajo la Dictadura franquista, primero como estudiante y posteriormente como trabajador. Su entrega y compromiso han sido ejemplares por más de 50 años. Hemos tenido la suerte de contar con su experiencia y voluntad para la construcción de lo que fuera la tarea en cada momento. Su participación ha sido clave en muchos momentos de la lucha social y política. Lo confirman quienes lo conocieron a lo largo de estos años.
Domingo sintetizaba un largo combate, recogido de la acción colectiva a través de su implicación en las mismas a lo largo de varias décadas. Luchaba por cambiar este mundo injusto y quería ir al fondo de los problemas, sin prestarse a componendas con el poder, ni utilizar artimañas ajenas a los objetivos de la lucha. Pero también, tenía la firme convicción y confianza en que podíamos hacerlo desde la amplia participación y determinación colectivas.
Su combate ha ido parejo a las luchas que se fueron dando en esta tierra por más de medio siglo y a las que él no fue ajeno, ya fuera contra la dictadura franquista luchando por las libertades y los derechos sociales o posteriormente durante la transición, donde no se plegó a las políticas de conciliación de clases o ya bajo el régimen del 78 hasta final de sus días. No solo no acompañó la renuncia y claudicación de las direcciones políticas y sindicales de la izquierda en aquellos años ni posteriormente, sino que nunca abandono la perspectiva de transformación social.
Domingo Méndez Rodríguez que formó parte de toda una generación que luchó contra el franquismo, cuyos estertores continuaban actuando después de la muerte del dictador, siendo procesado en 1976 y amnistiado en 1977 cuando militaba en la Liga Comunista Revolucionaria, siempre se mantuvo firme en la lucha por la libertades y la justicia social.
Fue parte de aquella izquierda revolucionaria, que ni antes ni ahora aceptó renunciar a una ruptura radical con el anterior régimen autoritario y sus instituciones, ni claudicó a la izquierda reformista que coadyuvo al advenimiento del régimen del 78, centralista, neoliberal y monárquico ni a la constitución que lo consagra. Siguió defendiendo los derechos y libertades de las personas oprimidas y explotadas en el Estado español, presto a crear resistencia social y las condiciones para romper el candado de aquel régimen nacido de las entrañas del franquismo que seguimos sufriendo hoy, defendiendo el derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado, incluido el pueblo canario, en la aspiración a repúblicas libres y confederadas.
Ya fuese bajo los gobiernos de la derecha o del social liberalismo del PSOE, fue parte de las luchas obreras y populares, por los derechos sociales, los derechos sindicales y los derechos civiles, amenazados por unos y por otros.
Sabía de la fuerza de la democracia de los de abajo, de la democracia directa, de ahí su compromiso contra la especulación y el ejercicio democrático que fueron Asamblea por Tenerife y Coordinadora de Pueblos y Barrios; posteriormente, supo ver desde un primer momento la enorme potencialidad del 15M en tanto que ruptura con un régimen del 78, (“¡lo llaman democracia y no lo es!”) y que seguimos sufriendo a día de hoy.
Del No a los pactos de Moncloa al No a la OTAN y al No a la guerra, al seguimiento y participación activa en todas las huelgas generales… a las luchas en defensa del territorio, defensa de la salud o en la defensa de la enseñanza pública. ..En Izquierda Unida o después en Podemos hasta nuestra salida colectiva hace tres años, peleando por un programa de transformación social, o en los últimos años con su participación en primera línea en el movimiento de defensa del Sistema Público de Pensiones amenazado por todos los gobiernos hasta ahora, con su compromiso con la COESPE y por unas pensiones públicas dignas para todas las personas. En todo momento ha mantenido una constancia, continuidad y compromiso.
Una vida militante
Esa larga trayectoria de lucha, ya fuese un comité de huelga, la construcción de un sindicato para luchar por derechos laborales, la pelea por las reivindicaciones vecinales dentro y fuera del ayuntamiento en su pueblo de Tegueste o la autoorganización del movimiento pensionista. En todas las tareas ponía pasión, dedicación y análisis de la realidad, con constancia, firmeza, voluntad y rigor.
Como señalaban Raúl Camargo y Manuel Garí hace un año atrás en el escrito enviado en nombre de la Coordinadora Confederal:
Hoy lo recordamos, vaya nuestro reconocimiento y homenaje a quien tanto dio por los demás, pero sobre todo, el mejor homenaje es continuar su lucha, la nuestra, la de todas las personas que día a día en este mundo luchan contra toda opresión y explotación.
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C
uando falta poco para cumplir el año la guerra muestra signos de estancamiento, las líneas de avanzada tanto rusas como ucranianas no se mueven demasiado. Al mismo tiempo parece se entra en tiempo de definiciones.
Desde hace ya varias semanas, y cuando se contabilizan unas 200.000 víctimas entre muertos y heridos, el saldo provisorio de la guerra no se inclina a favor de ninguno de los dos contendientes directos.
El comando ruso retrocedió sus tropas rearmando sus líneas defensivas lo que fue aprovechado por las fuerzas ucranianas para lanzar una contraofensiva, recuperar territorios y empujar una desordenada retirada rusa de ciudades del este. Sin embargo los analistas coinciden que esa estrategia defensiva le permitiría a Rusia extender la guerra hasta el 2024 o más. Los combates se centran ahora en el este y sudeste del país. Los rusos bombardean desde, especialmente buscando deteriorar al máximo el sistema eléctrico (estaría destruido en un 50%), cuando se está en la antesala del invierno europeo. Mientras que los ucranianos responden con golpes, a veces certeros, como el ataque al puente de Kerch o como en la noche de fin de año contra un complejo militar en Donetsk con 89 soldados rusos caídos[1]Según se informó fueron las llamadas con teléfonos móviles a sus familiares lo que permitió detectarlos y abatirlos por medio de drones. Conviene recordar que en la 1ra Guerra (de trincheras) … Seguir leyendo.
Según informaciones de prensa “sangrientos combates” se están librando por el control de las ciudades de Bajkmut y Soledar. Hoy el comando ruso informa haber conquistado por completo la ciudad de Soledar, El ejército ucraniano lo desmintió y afirmó que siguen los combates. Para Rusia el avance sobre ese territorio sería decisivo, “permitiría cortar las líneas de abastecimiento de las tropas ucranianas y luego rodearlas” para recuperar el control de la anexionada República Popular de Donetsk, sería además su primera victoria comprobable. Por su parte el Instituto de Estudios para la Guerra, con sede en Washington afirma que “la conquista completa de Soledar por parte de Moscú no sería un avance operacionalmente significativo”. Para Ucrania esa zona es central para su estrategia defensiva y sostener sus dichos de “Estar trabajando para la victoria”.
En síntesis en el frente de combate hay combates, pero las líneas no se mueven de los lugares conquistados, a lo sumo se recupera algún territorio, pero no mucho más. No hay avances de importancia en ninguno de los dos campos enfrentados.
Distintos analistas internacionales, entre ellos el argentino Jorge Castro (ver suplemento económico de Clarín del pasado 24 de diciembre) coinciden en que poner fin a la guerra de Ucrania sería un objetivo prioritario para el año que acaba de comenzar. No es ajena a esta coincidencia considerar que la continuidad del conflicto profundizaría el impacto en el tablero político global (reformulación de alianzas, fortalecimiento y expansión de la OTAN, remilitarización, regreso de los proteccionismos y un paréntesis a la globalización) y en la marcha de la economía mundial (pronósticos de desaceleración del PBI, incluso de recesión, inflación generalizada, ruptura de las cadenas de valor, crisis de deuda en países de bajos ingresos).
Hay más indicios, entre ellos:
*Uno: en el reciente viaje del presidente Volodimir Zelenski a EEUU. Allí el presidente Joe Biden, recompuesto luego de las elecciones, ratificó su apoyo a Ucrania, “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance” pero al mismo tiempo dio muestras de su interés –junto con el de Alemania, Francia y China- de poner fin a la guerra durante el corriente año. Es que desde febrero pasado EEUU lleva invertidos entre 50 y 60.000 millones de dólares y Zelenski le ha pedido un refuerzo de otros 45.000 millones. El Congreso de EEUU acaba de aprobar un nuevo desembolso por 44.900 millones, junto con la promesa de Biden de enviar una batería Patriot para reforzar la defensa ucraniana, con la advertencia de que esta ayuda no cambiaria el curso de la guerra. Se trata de un esfuerzo financiero importante para una economía en crisis y en riesgo de recesión, con el agregado que los republicanos, a partir de ahora mayoría en la Cámara de Representantes, se resisten aprobar nuevos apoyos que impliquen mayores gastos en el presupuesto.
*Otro: Al mismo tiempo EEUU, y sus aliados, se niegan a suministrar armamento moderno de tipo ofensivo. Es que han tomado nota que Kiev se ha movido en diversas oportunidades con independencia de la política de Washington y busca comprometer a la OTAN y a EEUU en forma directa en la guerra, lo que significaría un salto cualitativo del conflicto que elevaría drásticamente los riesgos nucleares. Sus críticos alegan que la ayuda con “cuentagotas” solo es una política para que Ucrania no pierda y alarga el conflicto sin solucionarlo. Para resolverlo afirman “hay que proveer lo que haga falta” y rápido
*Un tercer indicio a considerar: EEUU, que hasta hace poco tiempo atrás buscaba extender la guerra, ahora ha revisado su posición en el entendimiento que Rusia no podrá ganarla pero tampoco es viable una derrota tan contundente y humillante que termine en una revuelta interna que modifique sustancialmente la situación de “impasse” actual a favor de Ucrania.
En busca de una salida
Como poner fin al conflicto sería entonces una preocupación de primer nivel a escala mundial. Para Alemania, la locomotora europea, mantener activa su economía es central, y aquí juegan tanto los altos niveles de productividad que dependen del gas ruso como sus exportaciones a China. Para Francia un esquema de seguridad para Europa que incluya a Rusia y evite el ingreso de Ucrania a la OTAN es prioritario. También la República Popular está interesada en la paz, los europeos son sus principales socios comerciales. EEUU habría llegado a la conclusión que su objetivo de provocar un colapso ruso no es viable, además se corre el riesgo de anarquizar toda la región y que Rusia termine subordinándose totalmente a la política de China, por lo que se ha lanzado a la búsqueda de alternativas para la paz.
Tanto Zelenski como el presidente Vladimir Putin han declarado interés en encontrar una salida negociada. Sin embargo para el ucraniano todo depende de que Rusia se retire de todos los territorios ocupados, incluso de Crimea que fue anexada en el 2014. Por el contrario para Putin es condición ineludible mantener el control sobre todos los territorios ocupados y posteriormente anexados.
Así las cosas no hay salida negociada posible. Una mirada realista indicaría que una paz negociada implica perdidas para los dos contendientes. Kiev podría recuperar algunas de las zonas anexadas pero como mínimo debiera ceder definitivamente Crimea. Moscú debiera considerar que sus objetivos iniciales no se cumplieron, que tuvieron resultados muy pobres para las fuerzas puestas en juego, pero mantener la península de Crimea y el puerto de Sebastopol, salida al mediterráneo y base de su armada, no es negociable. Washington no lograría su objetivo de implosionar a Rusia pero ha conseguido reflotar y rearmar a la OTAN y subordinar en aspectos político militares a los europeos. Finalmente se mostrará como el artífice y garante de la paz. Si esta se logra…
En un mundo donde crece el rearme de los principales países, donde han estallado cortocircuitos entre Corea del Norte y Japón, donde EEUU ha reanudado ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, donde crecen las tensiones entre China, Japón y Taiwán por la Islas Senkakun, luchar para parar la guerra de Ucrania debe ser un objetivo político prioritario para las izquierdas.
Según se informó fueron las llamadas con teléfonos móviles a sus familiares lo que permitió detectarlos y abatirlos por medio de drones. Conviene recordar que en la 1ra Guerra (de trincheras) solo se podían prender dos cigarrillos con un solo fósforo por que el tercero era fatal (con la luz del primero detectaban, con el segundo apuntaban y con el tercero disparaban). La misma lógica, distinta tecnología.
Doctor en Ciencias Pedagógicas. Representante de Venezuela ante el Comité Directivo de CLACSO. Coordinador del Grupo de Trabajo (GT) CLACSO sobre capitalismo digital, política educativa y pedagogías críticas 2023-2025. Director de investigación del Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación.
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Introducción:
En este breve artículo procuraremos hacer un inventario de los grandes momentos en las definiciones de políticas del Banco Mundial hacia la educación superior, durante cuatro décadas, como parte del estudio respecto a la influencia del capitalismo en las reformas educativas. En esta etapa, estamos identificando los nodos, para luego avanzar en su análisis, estudio comparado y relacional.
Década de los sesenta del siglo XX
El Banco Mundial (BM) fue creado en 1944 con el nombre de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) ha sido conocido como Banco Mundial y, evolucionó hasta conformar el Grupo Banco Mundial conformado por la Asociación Internacional de Fomento[1]Creada en 1960 para el fomento del desarrollo de los países más pobres, hace prestamos concesionarios, con plazos de reembolso a 30-40 años y trabaja temas de deuda multilateral. (AIF)[2]https://aif.bancomundial.org/es/ida, la Corporación Financiera Internacional[3]Se encarga del financiamiento a los países en desarrollo y su cartera está destinada exclusivamente al sector privado. (IFC)[4]https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_ES, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones[5]creado en 1088 en el marco de la globalización, orientado a promover la inversión extranjera en los países y ofrece seguros para inversores contra riesgos políticos.(MIGA)[6]http://www.miga.org/, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones[7]Dedicado a la conciliación y el arbitraje para resolver controversias entre inversores o entre estos y los países. (CIADI)[8]https://icsid.worldbank.org/y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento[9]Ofrece financiamiento a gobiernos de países de bajo y medio ingreso (BIRF)[10]https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/ibrd.
El Banco Mundial, ha asumido un creciente protagonismo en la agenda de la educación superior, en lo que muchos interpretan como la aspiración de sustraer de ese rol a la UNESCO.
La política de préstamos del Banco Mundial para la educación se inició en 1962 cuando se aprobó el primer proyecto educativo. A partir de ese momento el BM ha desarrollado propuestas de reformas y políticas educativas puntuales, cuya implementación condiciona el acceso a la cartera crediticia. Entre 1963 y 1970 los préstamos se concentraron en los programas educativos que atendían la demanda de mano de obra.
Década de los setenta del siglo XX
En septiembre de 1971 se publicó “Education: sector Working Paper[11]https://documents1.worldbank.org/curated/en/149071468338353096/pdf/729770WP00PUBL0ector0working0papers.pdf”, trabajo del Banco Mundial que recomendaba el estudio detallado y sistemático de los sistemas educativos nacionales, antes de otorgar financiamiento, partiendo de las tendencias del cambio educativo para establecer recomendaciones para las políticas del BM en medio de la situación de los años 70, con el inicio de los ciclos de la tercera revolución industrial. El Informe está evidentemente influenciado por las ideas de Philip Coombs[12]Fue director del programa de educación de la Fundación Ford, subsecretario de educación y cultura en EEUU en 1961. Co-fundador del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo (IIPE) fue su … Seguir leyendo, quien acababa de escribir The World educational crisis: a systems analysis[13]https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000075799(1968) y que años después actualizaría sus reflexiones en el libro “The World Crisis in Education: The View from the Eighties[14]https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNAAR713.pdf” (1985).
Como lo hemos trabajado en otros artículos, el Banco Mundial (1971) expresa en este documento su preocupación como el crecimiento de la matrícula en el marco de la aceleración de la innovación. Algo que no ha sido acompañado por la debida actualización de capacidad de gestión (organización, planificación, evaluación y supervisión), ni del currículo y los métodos de enseñanza. Plantean que, aunque, en ese momento, solo el 1% de la población mundial en edad accedía a la titulación universitaria, el problema del desempleo en ciernes obligaba a la reorientación de la formación profesional y, que la expansión de la matrícula obliga a identificar nuevas fuentes de financiamiento distintas al público, especialmente en el sector universitario. Recomienda hacer reformas más integrales y menos sectoriales, en razón del periodo de cambios que recién en ese momento se iniciaba. El documento de Education: sector Working Paper (1971) introduce el concepto de learning[15]El aprendizaje programado lo definen como “un método para organizar el contenido de un curso en pasos progresivos para permitir que un estudiante proceda a su propia velocidad con un mínimo de … Seguir leyendo) como un rasgo deseado de los sistemas educativos y el sector universitario. El learning emerge como una solución para reducir los costos de contratación de personal en los sistemas educativos y las universidades y es el predecesor del modelo e-learning que se intenta generalizar en el marco de la llamada transformación digital.
A este trabajo le seguiría la publicación en 1974 de uno nuevo “Education: Sector Working Paper[16]https://documents1.worldbank.org/curated/en/868961468741007167/pdf/multi-page.pdf”, en el cual el Banco Mundial se ofrece abiertamente como un factor clave para ayudar a diagnosticar los problemas educativos que tienen los países que son sus potenciales prestatarios, convirtiendo esta definición en una orientación política para las décadas siguientes.
El apartado titulado “Estrategias de desarrollo de la educación para la década de 1970 y más allá”, resulta clave para entender la evolución del organismo en un factor decisivo en las políticas educativas del capitalismo en la tercera revolución industrial. Allí se abordan, lo que ellos consideran temas principales de los sistemas educativos, la formación de habilidades correspondientes a las necesidades de los países en desarrollo, aumento de la eficiencia en la educación, la mejora de la capacidad de gestión y planificación de los sistemas educativos y los objetivos del Banco Mundial en los préstamos para la educación; veamos algunos de ellos.
En la formación de habilidades el BM plantea que cada vez es mayor la presión para obtener la certificación universitaria, aunque ello no garantiza empleo, en consecuencia, la educación debe tener un alto componente de pertinencia[17]Esto debe aclararles a quienes desde la teoría crítica intentan oponer pertinencia a calidad, como si la pertenencia no hubiese tenido una operación para resemantizar su esencia y colocarla al … Seguir leyendo. En cuanto a la eficiencia de los sistemas educativos el Banco Mundial se concentra en una valoración del uso inadecuado de los recursos que imposibilita alcanzar los objetivos cualitativos y cuantitativos que se propone el sistema; precisamente la falta de objetivos claros lo valoran como una fuente de despilfarro.
En este documento, el BM (1974) continua la línea trabajada por el Informe Colleman[18]https://drive.google.com/file/d/0Byhtrdi1KzqBRmdDQlhfM3NLeDA/view?resourcekey=0-S8ipvya7I3gSmpTY5-oYMQ (1966) y Faure “Aprender a ser: la educación del futuro[19]https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/inklusibitatea/pubs/unesco_aprender%20a%20ser.pdf” (1973) que relacionan optimización de la inversión con problemas en la eficacia de la labor docente y que han ido construyendo a través del tiempo las condiciones de posibilidad para un ataque sostenido al trabajo de los y las docentes; además plantean la necesidad de la cultura evaluativa de los sistemas educativos para disminuir el impacto económico del abandono escolar, elaborando estándares de desempeño que se impondrían luego a través de las pruebas estandarizadas nacionales y mundiales, de aprendizaje y desempeño, que se aplicarían a estudiantes y docentes.
En materia de mejorar la eficiencia de la educación (BM, 1974, pag.36), vuelve en su ofensiva sobre la profesión docente, indicando que no son significativos los cambios en el aprendizaje cuando se trata de valorar resultados entre docentes titulados o no, proponiendo la contratación de docentes no – universitarios porque ello puede ser una fuente de ahorro de presupuesto público.
Plantea además este informe, la conveniencia de incrementar el número de estudiantes por docentes para disminuir costes, pues “el tamaño de la clase puede no estar tan estrechamente asociado con la calidad de la educación, como se ha asumido tradicionalmente” (BM, 1974, p. 5).
En cuanto a la mejora en la gestión y la planificación el Banco Mundial señala la importancia de trabajar la comunicación y la articulación entre las instancias de los ministerios de educación que definen los objetivos y quienes implementan los programas, planteando que en el mediano plazo se requerirá “cambios sustanciales en la organización y estructura de los sistemas educativos” (BM, 1974, pp. 6-7). Esto terminaría expresándose en sus documentos más recientes que hablan de la liberalización de la gestión universitaria.
Respecto a los objetivos de los programas, el Banco Mundial plantea la necesidad promover sistemas educativos integrales que contengan la educación formal, no formal e informal, y que busquen fuentes de financiamiento más allá de las convencionales, es decir, es el inicio de la flexibilización y/o abandono de la responsabilidad de los Estados nacionales con el financiamiento de la educación pública, algo que como veremos más adelante va tomando cada vez más énfasis para la educación superior.
Se reconoce que “el fracaso de los sistemas para responder a las necesidades de los países se acentúa por el hecho que las instituciones educativas han copiado muchas de sus dinámicas de los países altamente desarrollados y no han adquirido aún una identidad propia” (BM, 1974, p.20).
En este trabajo, el Banco Mundial asume la crítica al credencialismo (BM,1974,p.21) en la administración pública, pues señalan que no siempre los títulos académicos reflejan una adecuada formación para los requerimientos del desarrollo del capitalismo dependiente y neocolonial de nuestra región.
Es necesario destacar, que la crítica a la meritocracia que muchas veces se asume como algo de la izquierda política, en realidad tiene en el siglo XX en América Latina y el Caribe una vinculación directa con la narrativa instaurada por el Banco Mundial, para tratar de hacer más eficiente el gasto en educación y el gasto público en general.
De hecho, el acceso a la titulación universitaria, de maestría y doctorados para los hijos e hijas de la clase trabajadora, como elemento sustantivo de la democracia social y del conocimiento, siempre ha sido una aspiración de la clase trabajadora organizada. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto abrirse paso, un discurso “postmoderno” y “poscolonial[21]En ninguna medida es una crítica al paradigma postcolonial, del cual formo parte, sino un cuestionamiento a quienes, escudándose en este campo, terminan desestimulando a la clase trabajadora para … Seguir leyendo” no solo paralizante, sino incluso elitesco, de algunos académicos titulados que laboran en las instituciones de educación superior, pero propagan narrativas contra el acceso a los sistemas educativos por parte de los sectores populares, oponiendo la educación comunitaria a la formación académica. como si estás no fueran complementarias y dialécticamente mejorable en sus dinámicas de diálogo, contradicción y síntesis; lamentablemente muchos(as) de quienes defienden ese discurso no dejan de hacer doctorados, postdoctorados y escribir Paper´s sobre estos temas, haciendo extractivismo cultural para escalar en sus propias carreras.
El informe del BM (1974) enfatiza en la necesidad de planificar la oferta de formación profesional y calificada enfatizando en las demandas del mercado laboral y, en la educación en habilidades que permitan la adaptación rápida de los y las egresados(as) profesionales, en un entorno de trabajo cada vez más cambiante y dinámico.
En el aspecto tecnológico, el Banco Mundial plantea no solo sustituir el pizarrón por la radio[22]La radio era el medio de comunicación más extendido en ese momento, mientras la televisión comenzaba a penetrar en los sectores populares. La internet no había aparecido socialmente hablando. en los procesos de enseñanza-aprendizaje “sino como un vehículo para introducir planes de estudio mejorados y nuevos contenidos en el aula” (BM, 1974, pag.40).
Sostiene el Banco Mundial (1974) que es urgente orientar la formulación de políticas educativas en torno a su utilidad económica, mejorando la forma de canalizar la creciente demanda privada para acceder a la educación superior, mientras el cambio de patrón de demanda exige reformas estructurales e institucionales, cambios en el contenido y los aspectos tecnológicos, así como en los perfiles de egreso para apoyar el mercado de trabajo. Para aquellos que se colocan al lado de lógica del capital, argumentando razones económicas desvinculadas de su expresión política, el propio Banco Mundial señala “los planificadores educativos deben tener en cuenta y fundamentar su trabajo tomando en cuenta el contexto político” (Pag. 42), puntualizando la necesidad de trabajar dos enfoques económicos en la educación: a) tasa de retorno y, b) necesidades de formación para mano de obra calificada. Vincula además la noción de educación permanente con las necesidades del mercado y de empleo, separándose de la concepción humanista de la educación permanente para el desarrollo integral de la personalidad y la construcción de ciudadanía crítica, que prevalecía en el discurso pedagógico alternativo y de las resistencias anti sistema.
Plantean que muchas veces la formación vocacional en la secundaria no encuentra un adecuado complemento y posibilidades de desarrollo en la formación universitaria, haciendo una crítica mordaz a la actualización de las ofertas académicas, pero también a los diseños centrados en propuestas humanistas y no en los requerimientos del mercado, lo cual según el Banco Mundial (1974) afecta las posibilidades de conseguir empleo.
En materia de Financiamiento Educativo, el Banco Mundial (1974) propone que la educación en general y la educación superior en particular transite la búsqueda de fuentes alternativas al financiamiento estatal ordinario, tales como a) quienes reciban educación asuman los costos de una parte importante de la misma, b) gravámenes fiscales sobre la masa salarial, más allá de las cargas impositivas existentes en algunos países para la formación industrial o alfabetización de adultos, c) esquemas variados de préstamos estudiantiles y familiares para cubrir los costos de la formación universitaria, d) subvenciones públicas para la diversificación de la oferta universitaria privada, e) trabajo estudiantil que permita disminuir costos de nómina de empleados y gastos de servicios.
El trabajo de la métrica del psicologismo norteamericano (1940-1956) y su intento de intervenir la pedagogía y circunscribirla a objetivos educativos (metas conductuales) con base a tres aspectos (cognitivo, afectivo y psicomotor)[23]http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3788/1/Taxonom%C3%ADa_Bloom.pdf, la Taxonomía de Bloom[24]Bloom, B y colaboradores (1956) Taxonomía de los objetivos de la educación: la clasificación de las metas educacionales. Primera edición en español. Editorial El Ateneo. Argentinay la búsqueda de fórmulas economicistas de tasa de retorno en educación, le permiten al Banco Mundial (1974) definir como prioridad y dar un impulso decisivo a la cultura evaluativa, que a partir de este documento tomaría un vigor especial.
Las argumentaciones de Colleman (EEUU, 1966), Coombs (IIPE-UNESCO, 1968), Faure y otros (UNESCO, 1973), contribuyeron a crear un sentido común pedagógico sobre el uso generalizado de la Taxonomía de Bloom, la estandarización y la aplicación de mecanismos de seguimiento (pruebas, indicadores, exámenes globales) que constituirían bases tecnológicas de la cultura evaluativa, que hoy se expresa en rankings, sistemas de clasificación de publicaciones, entre otros.
La hibridación de discursos de UNESCO y Banco Mundial, comenzó a operar como un fenómeno continuo y en los años y décadas siguientes. Por ello, afirman que “la creación de mecanismos de evaluación periódica es fundamental para la gestión eficaz de la educación, ya que constituye un mecanismo privilegiado a través del cual la investigación orientada al desarrollo puede introducir elementos sustantivos para la toma de decisiones. (…) Por ello, la determinación clara de los objetivos educativos desempeña un papel decisivo en la evaluación centrada en resultados” (BM, 1974, p.47).
El Banco Mundial (1974, p.50-51) expresa su interés no solo de financiar con créditos retornables la infraestructura educativa, a cambio de orientación en las políticas del sector, sino en avanzar además, en establecer pautas para los elementos sustantivos de la formación profesional y los diseños de programas (televisión educativa, desarrollo curricular, planificación y gestión, modelo flexibles de formación). De hecho, en el periodo 1963-1971 el Banco Mundial se concentró en estas, que consideraba tareas centrales para la educación en los países de bajos ingresos; en el caso de la educación superior destino el 23% inicialmente, monto que se elevó a 41% entre los años 1972-1974
En relación a los procesos de investigación para la toma de decisiones en políticas educativas en general y del sector universitario en particular, el Banco Mundial (1974) plantea, en un contexto cambiante, de incertidumbre y aceleración de la innovación, que se hace necesario asumir un enfoque contingente, que no se fundamente en la experiencia pasada y actual. No obstante, concluyen señalando que “la experiencia sugiere que la cautela y el conservadurismo innato de los establecimientos educativos continuará” (BM, 1974, p.57), a pesar de ello, “el Banco puede ayudar a iluminar las opciones que tiene un país y ayudarlo a tomar las mejores decisiones posibles” (BM,1974, p. 61)
Década de los ochenta del siglo XX
Seis años después, en abril de 1980, el Banco Mundial actualizaría su perspectiva respecto a la educación, en el documento de trabajo titulado “Education: Sector Policy Paper[25]https://documents1.worldbank.org/curated/en/366981468182955979/pdf/PUB268000REPLA000PUBLIC00Box114061B.pdf”. En el capítulo nueve de este informe se hace un balance preciso de la política del Banco Mundial en materia de préstamos para la educación, que nos parece importante revisar y analizar su evolución:
La cartera de financiamiento del Banco Mundial a proyectos de educación superior muestra esta reorientación de la inversión educativa; mientras en el periodo 1970-1974 el 40% de los proyectos financiados por el BM pertenecían a las universidades, entre 1975-1978 está cifra cayó a 26% (BM; 1980, p.80) y proyectaban una mayor disminución, alrededor del 18%. Sin embargo, cuando revisamos el volumen real de inversión vemos que solo ha alcanzado a unas 100 facultades y universidades en el mundo, una cifra insignificante.
El Banco Mundial usa más su imagen para determinar políticas en los sistemas educativos y las universidades, arriesgando solo una pequeña porción de su capital en lo educativo, obteniendo a cambio una enorme y desproporcionada influencia en las definiciones de políticas educativas en los distintos niveles educacionales.
El documento del Banco Mundial (1980) refuerza la orientación a la cultura evaluativa, la medición estandarizada, al establecer tres niveles de evaluación para el acceso a financiamiento:
Es decir, el Banco Mundial asume que la cultura evaluativa no es en abstracto, ni un fin en sí misma como la asumen muchos técnicos neoliberales, sino que tiene una finalidad, resolver la distancia existente entre los que se enseña en las instituciones educativas y las universidades y la aceleración de la innovación científica-tecnológica, especialmente en tecnología, ciencia, cálculo matemático e ingenierías propias del tercer ciclo de revoluciones industriales, para la instrumentación de estos avances en el modo de producción capitalista.
Esto explicaría, como una década después, en el marco de la institucionalización de la cultura evaluativa proceso ocurrido en la década de los noventa del siglo XX, el por qué las pruebas estandarizadas tipo PISA[26] Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos ó LLECE[27]Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa–UNESCO (PERCE[28]Primer Estudio Regional Comparativo en Educación, SERCE[29]Segundo Estudio Regional Comparativo en Educación, TERCE[30]Tercer Estudio Comparativo en Educación, ERCE[31]Estudio Regional Comparativo en Educación, o cuarto estudio regional) enfatizan en aprendizajes matemáticos (capacidad de cálculo), lenguaje (lectura de manuales para auto actualización laboral), ciencias (conocimiento científico vinculado a la tercera revolución industrial) y tecnologías (pensamiento y cultura computacional).
Así mismo, permite entender la razón de conformación del paradigma STEM[32]Science/Ciencia, Technology/Tecnología, Engineerin/Ingieneria y Mathematics/Matemáticas, presentado inicialmente en la National Science Foundation (NSF)[33]https://www.nsf.gov/, de Virginia, EEUU que, a partir de 2010, en los albores del anuncio de la cuarta revolución industrial, se convertiría en eje central de las políticas educativas norteamericanas.
En 2006 Georgette P. Yakman[34]https://www.bigideasfest.org/content/georgette-yakman plantearía ampliar el paradigma STEM agregando las artes, como STEAM ó STEM+A, algo que sería asumido por Corea del Sur como la posibilidad de incorporar las habilidades de diseño y comunicación visual en la enseñanza asociada a la aceleración de la innovación. En las universidades esto tendría su expresión en los rankings que procuran valorar, estimular y clasificar las universidades que mejor acompañen en la aceleración de la innovación a través de publicaciones científicas, evidenciado actualidad (conocimiento de la tercera revolución industrial) de las citas, número de publicaciones elaboradas mediante colaboraciones internacionales, publicaciones con alto número de revisiones (Top) y acumulación de premios científicos obtenidos por académicos y equipos de investigación; es la adecuación del paradigma STEM al sector universitario. Uno de los Ranking[35]los interesados en conocer más de este tema pueden leer “La crisis sanitaria del COVID-19, educación y Universidad” (Bonilla, L, 2020) disponible … Seguir leyendo más emblemáticos fue el llamado Shangai Ranking[36]https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021. Este giro ocurre por el diagnóstico que hace el Banco Mundial respecto a que “Los proyectos de educación asistidos por el Banco a fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970 generalmente no fueron diseñados para permitir una evaluación de los logros de los estudiantes más allá de lo que se revela mediante exámenes regulares universitarios” (BM, 1980, p.84)
Volviendo al documento del Banco Mundial (1980, p.82) se confirma que ya para ese momento la carga sustantiva de generación de los proyectos a ser financiados, lo impulsaría el Banco en alianza con la UNESCO, mientras el papel del prestatario seguía siendo restringido, mediante proyectos fundamentalmente orientados al mercado laboral y la empleabilidad, que a juicio del BM (1980, p.85) en el sector universitario comenzaban a mostrar evidencia de una intervención exitosa.
El Banco Mundial señala que la cuestión de la pertinencia “implica un proceso de repensar lo sustantivo del carácter nacional de la educación, orientado a la autenticidad y modernidad, como combinación eficaz para rechazar patrones y formulas educativas importadas” (BM,1980,p.20). Esta definición, tiene varias complicaciones:
El Banco Mundial usa la noción resemantizada de pertinencia para hablar de “nacionalización de los sistemas educativos” (BM, 1980, p. 21), no como impulso a la autonomía, sino como convocatoria para que los sistemas escolares asuman las tareas educativas nacionales que plantea la relación educación y economía en los países de la periferia capitalista, dependientes y neocoloniales como los nuestros. Por ello, plantean la necesidad que los sistemas educativos fundamenten sus tomas de decisión en investigación local y comparada, para evitar que sus dinámicas se conviertan en obsoletas, derrochadoras, irrelevantes e incapaces de atender las cambiantes necesidades y demandas del mundo productivo y el empleo sobre la educación, advirtiendo que “mientras la educación … tiene raíces complejas en varios aspectos científicos y técnicos … la capacidad de análisis y experimentación en educación son inadecuados en comparación con la mayoría de los otros campos” (BM,1980,p.22).
Cuando se adentra en la cuestión curricular, el Banco Mundial (1980, p.33), trabaja en la línea de generar una actualización de contenidos, dinámicas pedagógicas y estilos de aprendizaje, que dieran cuenta de los avances y procesos inherentes a la tercera revolución industrial, planteando para ello un conjunto de principios generales a ser aplicados:
En cuanto a los medios de comunicación y educación (BM,1980,p.35) postula que la educación a distancia, permite reemplazar ocasionalmente, tanto a docentes como la construcción de instalaciones educativas.
En educación y trabajo, el Banco Mundial (1980.pag.42), distingue un sistema de relaciones expresadas en cuatro categorías. La primera, para promover el crecimiento económico se requiere una mano de obra calificada en manejos técnicos y gerenciales; se debe hacer rápido hoy, lo que dejó de hacerse gradualmente en el pasado, al desengancharse la educación de la aceleración de la innovación. Para ello, sugiere el Banco, se debe determinar el número de habilidades que requiere una economía basada en tecnologías y técnicas, para traducir estos requerimientos en ofertas formativas, en permanente cambio.
Segundo, construir propuestas formativas que permitan disminuir el desempleo.
Tercero, el síndrome de cualificación consistente en la extensión del tiempo de los y las estudiantes para mejorar la formación y las posibilidades de conseguir empleo, en un mundo del trabajo donde crece el desempleo a la par de incrementarse las exigencias de contratación.
Cuarto, recomienda resolver el problema que crea un clima social educativo acogedor en oposición a ambientes laborales que exigen patrones de subordinación, relaciones jerárquicas, cumplimiento estricto de horario de trabajo y la sensación de que prevale el desgaste físico, partiendo que las instituciones educativas deben contribuir a la transición de la esfera formativa al empleo. Esto está muy vinculado a las exigencias de trabajo flexible y transdisciplinariedad, como requerimientos laborales del capitalismo en la tercera revolución industrial.
En el caso de las universidades plantean (BM,1980. Pag.46) la urgencia de potenciar la formación para tecnólogos, investigadores líderes que tengan el conocimiento adecuado y generen procesos para conseguir modernizar el sector. Igualmente proponen que en virtud de la alta tasa de desempleo, la universidad debe fomentar la formación profesional para el trabajo propio, el emprendimiento, la iniciativa individual y la cooperación empresarial (BM,1980,pag.46).
Los ochenta, es precisamente la década en la cual se impusieron reformas escolares que incluyeron la educación para el trabajo y se comenzó a promover la educación universitaria para el emprendimiento, flexibilizando normativas universitarias para facilitar la prestación de servicios a terceros, especialmente sector empresarial, como fuente alternativa de financiamiento.
Ante la tendencia al sostenimiento o crecimiento de la desocupación laboral industrial, empresarial y gubernamental, el Banco Mundial (1980,pag.48) señala la necesidad de repensar la relación de la formación profesional y laboral con los sectores informales de la economía. Para ello, plantean que una estrategia al respecto debe fundamentarse en caracterizar y clasificar al sector según el acceso a tecnologías, productos y sistemas de formación previos. Sugieren la siguiente clasificación:
Década de los noventa del siglo XX
En 1990, el Banco Mundial publico el trabajo de Winkler, Donald R. titulado “Higher Education in Latin America. Issues of Efficiency and Equity. World Bank Discusion Papers[37]https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED320484.pdf”, uno de los primeros documentos de este organismo centrados en la educación superior. Ya este autor había publicado con el Banco, otro estudio en 1989 titulado “Descentralización en la educación: una perspectiva económica”. promocionado y difundido ampliamente por el IIPE-UNESCO Paris, en una alianza que cada vez se hace más evidente, entre el Banco Mundial y la UNESCO.
En este documento se organiza las ideas y propuestas en siete agendas:
Sin que el Banco Mundial (1990) defina calidad educativa, usa el término como un comodín y sinónimo de la mejor educación posible, enfatizando en su relación con la eficiencia del presupuesto público en el sector. Evidentemente, lo que subyace es la decisión de impulsar la cultura evaluativa que va perdiendo su razón estratégica de ser un mecanismo para resolver los cuellos de botella que impiden a las universidades acompañar la aceleración de la innovación y cumplir con su tarea de democratizar el conocimiento como centralidad del pacto social educativo, para convertir a la evaluación en factor clave de la reestructuración capitalista del momento.
Desde nuestro punto de vista, uno de los propósitos fundantes de la cultura evaluativa institucional en la educación superior, era atender al desfase entre las dinámicas educativas y los giros económicos, sociales, culturales que imponía la tercera revolución industrial, preocupación nítidamente expresadas en los trabajos de Colleman, Coombs y Faure. Este otro giro en la cultura evaluativa, como lo explica Aboites (2012), tiene mucho más que ver con la crisis de las deudas externas de la década de los ochenta y la reestructuración neoliberal de las economías, que bajo el pretexto de la crisis de eficacia institucional, como discurso instaurado en la década de los ochenta, promueve la disminución de costos en el cumplimiento de derechos fundamentales como la educación por parte del Estado.
Es decir, la cultura evaluativa fue impulsada para una cosa y el neoliberalismo la re-direccionó para aplicar el ajuste estructural en la educación superior. Por ello, este documento del Banco Mundial es clave para entender esta inflexión y orientación estratégica que influiría de manera importante en las décadas siguientes.
Para introducir la noción de eficiencia en la inversión en educación superior, el Banco Mundial (1990) utiliza la premisa que mientras el crecimiento de la matrícula y la expansión universitaria se ha multiplicado por diez entre 1960 y 1985 el gasto público en educación superior no ha seguido el mismo ritmo. Esto lo plantean como un límite para el derecho a la educación, cuando en realidad expresa la disputa por el presupuesto público entre criterios de agenda social y de reproducción de poder (burocracia central, gasto militar, subsidios al sector privado, rescates bancarios, entre otros).
A partir de este estancamiento de la inversión en educación superior, no plantean metas de incremento, sino un uso “más eficiente del gasto”, que en realidad es una legitimación de la desinversión pública en el sector universitario, que se expresaría en precarización laboral docente, disminución del volumen y ritmo de dotación de laboratorios, equipos e insumos, deterioro de la infraestructura, desactualización científico-tecnológica, entre otros aspectos.
Para desorientar, confundir y frenar las resistencias, complementan el discurso señalando que esta desinversión, fundamentalmente en equipos, contenidos e infraestructura demanda “racionalizar” el presupuesto buscando formas de disminuir el costo de la nómina docente. Es decir, se plantea cubrir progresivamente los costos de los demás elementos de los procesos de enseñanza-aprendizaje universitario disminuyendo la inversión en docencia (salarios, seguridad social, montos de las jubilaciones, programas de actualización e investigación).
Por supuesto, que esta dinámica empalma con el hecho que para ese momento, ya un tercio de las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe eran privadas, lo cual se elevó exponencialmente en las últimas tres décadas. La desinversión sostenida de conjunto, se expresa en una caída sostenida de la inversión pública por estudiante, algo sobre lo cual profundizaremos cuando entremos a analizar, en otro papel de trabajo, la máquina destruye educación superior de la alianza entre UNESCO y el Banco Mundial.
El Banco Mundial plantea que “la política pública debería preocuparse más por mejorar la calidad que por la cantidad de quienes acceden a la educación superior (BM,1990, pag.15), colocando como ejemplo la pluralidad de modelos privatizados de financiamiento que existen en la nación imperialista norteamericana.
El informe del Banco Mundial insiste en lo que había planteado en su documento de 1974, respecto a que una de las vías para hacer más eficiente el costo es incrementar el número de estudiantes por docente (BM,1990, pag. 15). Esto por supuesto reduce las posibilidades de desarrollo de las pedagogías activas, de las propuestas de trabajo didáctico participativo que fomente el pensamiento crítico, creatividad y autonomía cognitiva. La evidencia empírica de quienes hemos trabajado más de cuatro décadas en aulas, es que la asignación de grupos numerosos en el aula promueve el desarrollo de modelos conductistas y reproductores de aprendizaje. En consecuencia, el Banco Mundial hace ver la exigencia de ampliar la cobertura con incremento del financiamiento como un dejavu fordista[39]Ver Bonilla, Luis (2022) Modelos de administración educativa en Latinoamérica: de la emancipación a las nuevas formas de pérdida de soberanía. Disponible … Seguir leyendo, como un paradigma “superado· en medio del auge del toyotismo y la gestión de la calidad total en educación (GCT), mostrando con ello que la apelación a una dinámica calidad-eficiencia es solo una narrativa para introducir la lógica del mercado en la educación superior.
Se plantea que la gobernanza universitaria “sustituya los criterios políticos por los de desempeño” (BM,1990, pag.16), usando la noción de autonomía universitaria para fomentar la confrontación de las casas de educación superior con los gobiernos, al colocar como opuestos los criterios políticos académicos con los de desempeño (Idem). Muy por el contrario, es fácil distinguir un gobierno neoliberal de uno progresista por el esfuerzo de este último por vincular agenda social (dimensión política) con las metas (desempeño) del sub sistema de educación superior.
Consciente el Banco Mundial (1990) que las exigencias de criterios de “rendimiento eficiente” de los fondos puede ser visto como un ataque, desde afuera a la autonomía universitaria, porque asumirlo implica establecer parámetros desde la externalidad del mercado (estándares y criterios uniformes), plantean que se debe estimular la adopción de estas iniciativas “desde adentro”, por parte de los consejos universitarios y los consejos de rectores. Es decir, el discurso de la eficiencia usado como caballo de Troya para romper con la autonomía universitaria.
El Banco Mundial (1990, pp.17-18) postula la tesis de que el apoyo presupuestario a la investigación universitaria debe estar vinculado a indicadores de desempeño y resultados, siendo estos criterios re-ordenadores de la asignación financiera, tanto a instituciones como investigadores, defendiendo la “igualdad” de trato gubernamental en esta materia, tanto para las universidades públicas y privadas.
Esto es complementario con la tendencia impuesta en la región desde la década de los cincuenta del siglo XX, de crear organismos de ciencia que administran enormes recursos para la investigación, subordinando su asignación a las universidades a que se alineen con las prioridades coyunturales que demanda el modelo de capitalismo dependiente y neocolonial. Hemos señalado en conferencias y charlas, que esto ha constituido un ataque silencioso a la autonomía universitaria, aceptado con pocas protestas por parte de la academia[40]Esperemos poder desarrollar en los próximos meses un papel de trabajo sobre los organismos nacionales de ciencia y tecnología como instrumentos que operan contra la autonomía universitaria..
Además, esta narrativa del Banco Mundial va construyendo la epistemología institucional para el desembarco pleno de la estandarización, la política de los rankings y, de los puntajes por publicaciones en sistemas indexados de clasificación, que va conformando la hegemonía del funcionalismo investigativo que termina arrinconando las humanidades y el pensamiento crítico; es la lógica del STEM y el STEM+A en la educación superior. Por ejemplo, la mayoría de los rankings valoran con un alto rango el número de premios nobel, pero no hay premios Nobel en educación, en consecuencia, de partida el trabajo investigativo que hacen los y las académicos en pedagogía de manera alguna puede tributar a estos rankings, por lo tanto no entran en el rango de “eficiencia” que se va construyendo, ni en las prioridades investigativas de muchos de los organismos nacionales de ciencia, afectando de manera dramática la certificación de producción de conocimiento científico en el sector.
La caracterización que hace el Banco Mundial (1990) es absolutamente funcional a intentar resolver el desfase entre lo que se enseña y la innovación tecnológica, en el marco de economías dependientes y neocoloniales como las de América latina y el Caribe. Por ello, señalan que “la educación superior juega un papel positivo importante en el desarrollo de la economía. Proporciona las habilidades laborales requeridas para economías en vías de industrialización, genera los nuevos conocimientos necesarios para realizar una adaptación exitosa a la innovación tecnológica” (p.19).
La crítica, entre líneas, que hace el Banco Mundial (1990,pag.20) a la Reforma de Córdoba, como punto de partida, de unos procesos de disputa política por el poder dentro y fuera de la universidad, el cual consideran ha afectado la instrumentación de políticas públicas adecuadas, pero ello es en realidad un ataque directo al pensamiento crítico en la universidad Latinoamérica, uno de sus elementos fundantes de identidad. En consecuencia, para el Banco Mundial, la universidad debe concentrarse en ser una institución funcional a la reestructuración capitalista de cada etapa y abandonar el humanismo crítico.
Para el Banco Mundial (1990, p.21) resulta preocupante que en 1980 el 23,5% del presupuesto educativo en América Latina y el Caribe había sido dirigido a la educación superior, lo cual había sido precedido de un incremento sostenido de 14,3% en 1965, a 15,9% 3n 1970 y 23,4% en 1974 (BM,1990, p.23). Sin embargo, la crisis de las deudas externas y el desembarco de la globalización neoliberal, significó un estancamiento de esta tendencia y en algunos casos un significativo retroceso. El informe del Banco Mundial muestra una caída drástica de presupuesto público por estudiante, en algunos países como Brasil equivalente casi al 50%. La disminución del presupuesto universitario implicó una importante precarización de los salarios y condiciones de trabajo de los y las docentes en términos de la relación del salario con la inflación y los precios reales de los productos de consumo.
La crisis económica de los ochenta implicó un decrecimiento coyuntural de la matrícula en educación superior, mostrando con ello, que una parte importante de quienes van a las instituciones privadas de educación superior son los hijos e hijas de la clase trabajador, los mayores impactados por las crisis económicas.
El estudio del Banco Mundial (1990) muestra con preocupación cómo el cambio de la razón social de la universidad, de institución para formar la élite a la universidad de masas en los ochenta, ha significado un impacto severo en
Sin embargo, reconocen que las universidades privadas enfatizan en carreras que no implican el uso de grandes laboratorios o equipos de prácticas profesionales, lo cuales solo pueden ser adquiridos mediante financiamiento público o transferencia a este sector.
Muestra el Banco Mundial (1990, p.28) el crecimiento sostenido de la matrícula privada que paso en Latinoamérica y el Caribe de 15,4% en 1960 a 29,6% en 1970, mientras en 1985 alcanzaba el 35.2%. Esto implica que casi 4 de cada diez estudiantes de la región se matriculaban en ese momento en una institución de educación superior privada, mostrando a este sector como un factor a tomar en cuenta a la hora de construir políticas públicas en educación superior. Lo que esconde el Banco Mundial es la campaña sostenida desde la década de los setenta contra la universidad pública en la región, a la par de presentar a las IES privadas como alternativas ya no para la burguesía sino incluso para los hijos e hijas de la clase media profesional y el proletariado asalariado.
En consecuencia, el Banco Mundial sugiere desarrollar políticas públicas de acompañamiento, evaluación de la calidad y financiamiento en los tres tipos de instituciones del sub sistema de educación superior en Latinoamérica y el Caribe que identifican como: “i) dominio público, ii) dominio privado, iii) dominio compartido” (BM,1990, p.28), lo cual implica incentivar la transferencia de recursos públicos, directa e indirectamente, al sector privado, algo que se corresponde al paradigma neoliberal y la globalización económica.
Destaca que mientras en países como Cuba o Uruguay en ese momento la educación pública era hegemónica, en otros como Argentina, Bolivia o Ecuador constituían un sector secundario, mientras en otros como México o Perú la matrícula pública si bien es dominante el crecimiento de la privada se debe a cuestionamientos a la calidad educativa del sector público. Subraya los casos de Colombia y Brasil, donde el sector privado es mayoritario en términos de matrícula, aunque no siempre son identificadas como instituciones de calidad.
Presentan el crecimiento de la tendencia a la matrícula en educación superior como algo inevitable lo cual debe llevar a los Estados a preocuparse por su calidad y el apoyo financiero a las mismas, como un factor significativo del gasto público educativo.
De hecho, al mencionar el caso de Chile le colocan como un ejemplo de sinergias entre sector público y privado, donde ya para ese momento las políticas pinochetistas habían logrado que lo predominante fueran las IES de dominio compartido (público-privado), de tres formas “(i)apoyo institucional directo, (ii) apoyo indirecto en la forma de ayudas económicas a estudiantes, y (iii) apoyo en forma de incentivos para la matrículas a los y las estudiantes con mayores rendimientos en las calificaciones (BM,1990, p. 29), presentando la experiencia como propia de eficiencia y equidad del gasto público, superando las valoraciones separadas entre IES públicas y privadas.
El Banco Mundial (1990) distingue dos tipos de eficiencia: interna y externa. La eficiencia interna la ubican en el uso oportuno de los recursos destinados a las IES maximizados en bienestar social. La eficiencia externa está asociada al impacto de los procesos formativos en las posibilidades de empleabilidad de los egresados (mano de obra calificada). Identifican como el mayor problema para trabajar la eficiencia, los costos de un egresado de calidad, pero también de los otros productos que genera la universidad (investigación, extensión, posgrado), es decir, considera el Banco Mundial que es urgente trabajar en criterios para determinar la calidad de los productos finales.
En consecuencia, abren camino a la cultura evaluativa como soporte para valorar la eficiencia del gasto público en educación superior. Asume el Banco Mundial (1990, p.31) las dinámicas detectadas por Carpizo (1985), quien identifica una serie de problemas para alcanzar eficiencia del gasto en las universidades públicas de Latinoamérica y el Caribe:
En materia de la relación eficiencia-gobernanza el Banco Mundial (1990, p.32) ve como un problema el surgimiento en algunos países de organismos colegiados de rectores(as) que establecen las orientaciones de políticas públicas en el sector, no siempre en diálogo con los gobiernos. Señalan el caso de ANUIES de México o el CIN de Argentina, este último incluye universidades privadas, como ejemplos de obstrucción de la relación de mando con las universidades. Esto se expresaría luego de manera nítida en la exclusión de esta última instancia de la III Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES) algo que abordaremos de manera concreta en otro papel de trabajo de esta serie dedicado a ello y del libro que sobre el particular preparamos. Igualmente, el Banco Mundial (1990) ve con preocupación el establecimiento de consejos universitarios cuyos rectores son electos y una parte importante de los mismos son estudiantes.
Otro aspecto que consideran afecta la relación gobernanza-eficiencia es la descentralización en la toma de decisiones por parte de las facultades, pareciendo proponer mecanismos centralizados de gobierno universitario; les preocupa la autonomía de facultades y departamentos para la toma de decisiones como parte del desarrollo de la autonomía universitaria. En consecuencia, proponen establecer estándares e incentivos unificados para el desarrollo académico, contratación y remuneración del personal, mantenimiento de instalaciones físicas, dotación de laboratorios y bibliotecas, entre otros aspectos. Los incentivos proponen se concentren en prácticas que promuevan la evaluación conforme a estos estándares y sistemas de información, colocando a CAPES[41]CAPES: creado en Brasil en 1951 por Antonio Teixeira, desde 1976 ha concentrado una parte importante de su esfuerzo a la evaluación de los programas de postgrado. Sitio web … Seguir leyendo de Brasil como ejemplo de buenas prácticas de evaluación externa.
La visión empresarial del Banco Mundial, los hace proponer como requisito para optar al cargo de rectores(as) la formación en administración universitaria, un perfil profesional que consideran emergente, cuestionando que se privilegie las habilidades políticas sobre las administrativas. Precisamente la época en la cual se presenta el informe coincide con el paradigma del gerencialismo en la administración pública, de la cual la Quinta Disciplina de Peter Senge[42]http://gerenciaestrategica.pbworks.com/w/file/fetch/55691078/la%20quinta%20disciplina%20%20peter%20senge.pdf, fue una de sus expresiones.
En este documento, el Banco Mundial (1990) postula la productividad como criterio de evaluación del sector universitario. “La productividad en educación superior se mide por la relación entre entradas y salidas … productos … cada uno de los cuales se puede medir en términos de cantidad y calidad” (p.35). Según el BM estos productos pasan a ser matrículas (pregrado y posgrado), títulos otorgados, trabajos de investigación y publicaciones, así como proyectos de “servicio público”, que pueden fomentar ingresos adicionales para la IES. Estos productos cuantitativos por si mismos no expresan la calidad que atribuye el Banco Mundial, como valor agregado en términos de conocimiento a los y las estudiantes, por lo cual proponen establecerlo mediante pruebas estandarizadas. Nuevamente la cultura evaluativa constituye un conductor de la lógica del mercado en la educación universitaria.
Más adelante, (BM,1990, p. 43) planteó la necesidad de optimizar la inversión educativa correlacionando número de profesores y personal administrativo por estudiantes universitarios por carreras, pretendiendo estratificar con ello la inversión en la educación universitaria, en la ruta a alcanzar mayor eficiencia administrativa. Sin embargo, lo que ocurrió en realidad fue que, durante la década de los ochenta del siglo XX, disminuyó de manera sensible la inversión pública por estudiante de educación superior.
El Banco Mundial (1990,p.37) establece que la masificación afecta la calidad de los procesos formativos universitarios, planteando la necesidad de hacer mucho más selectivos y limitados los procesos de admisión. Insisten en considerar un despilfarro los sistemas abiertos de admisión, colocando ejemplos a la UNAM de México, institución en la cual entre 1959 y 1983 solo el 27,72% de os estudiantes culminaron sus estudios con la obtención del respectivo título universitario, o el caso de la UBA en la cual indican solo se gradúa 1 de cada diez ingresos, colocando en contraste las cifras de EEUU donde el 60% se gradúa en las universidades públicas y el 80% en las llamadas universidades élites, en ambos casos sometidas a estrictos sistemas de admisión.
No obstante, al citar al ICETEX[43]Con setenta años de experiencia es actualmente una de las experiencias más significativas de crédito educativo universitario Sitio web https://web.icetex.gov.co/portal de Colombia, el propio estudio reconoce el impacto del ingreso familiar en el número de quienes abandonan los estudios universitarios. Plantea que “se deben utilizar criterios objetivos en la asignación de recursos. Criterios de costo, desempeño, demanda estudiantil y oportunidades de empleo para los y las egresadas(os), lo cual demandará cambios en los sistemas contables internos de cada IES. El énfasis en la empleabilidad como indicador de éxito académico, abriría las puertas para lo que ocurriría en el año 2022 con la III CMES-UNESCO.
En el documento del Banco Mundial (1990), se insiste en reducir el costo unitario por graduado, para lo cual proponen priorizar la disminución de los factores que posibilitan las tasas de repetición, especialmente los precarios sistemas de admisión. En este sentido, propone:
“(i) procedimientos de admisión más selectivos. (ii) mejorar los servicios de asesoramiento vocacional para estudiantes, (iii) elevar los costos de la matrícula en las universidades públicas, (iv) becas y apoyos para que los estudiantes de bajos ingresos se concentren en estudiar y no compartan el tiempo con jornadas laborales, (v) retirar a aquellos estudiantes cuya progresión prevea larga duración para graduarse o que no culminarán estudios (BM,1990,p.49).
El Banco Mundial (1990) promueve pruebas estandarizadas para poder establecer comparabilidad y sistemas de seguimiento que disminuyan costes.
En cuanto a la eficiencia externa, utilizando las técnicas de análisis de costos-beneficios, el Banco Mundial (1990) se plantea dos interrogantes de partida. La primera, si se deben incrementar o disminuir la inversión pública en educación en medio de un contexto de limitados recursos. Segundo, si existen formas de reasignar la inversión pública en educación superior para mejorar su impacto en el bienestar de la sociedad.
Definen que de las tres funciones centrales de la actividad universitaria (docencia, investigación y extensión), la generación de conocimiento derivado de las tres debe incidir en nuevas tecnologías que contribuyan al crecimiento económico. Esto evidencia la preocupación por empalmar la actividad universitaria con la aceleración de la innovación propia de la tercera revolución industrial, algo que preocupa al sistema capitalista desde la década de los sesenta del siglo XX.
Mientras esto ocurre en la lógica del mercado, desde una parte importante de las resistencias educativas se ha instalado un discurso “alternativo”, anti apropiación del conocimiento científico reciente, contribuyendo con ello a la destrucción de las instituciones educativas públicas construidas sobre el contrato social que demandaba por consenso la democratización del conocimiento.
El Banco Mundial (1990) se adentra en la comparación de los costos de formación para el empleo por parte de la universidad, así como la utilidad del conocimiento generado para el mejoramiento de indicadores económicos. Esta lógica conduciría en las décadas siguientes, a que sectores importantes del capital comenzaran a pensar en inversión más precisa en formación profesional a menores costos, algo que golpea el concepto de universidad pública vinculada a la ciudadanía crítica, pensamiento contestatario, financiamiento público y reivindicación de la cultura propia, elementos defendidos en la región de Latinoamérica y el Caribe. Igual ocurre cuando asocia la formación profesional a temas de oferta y demanda del campo laboral, asumiendo que sea el mercado y no la sociedad en su conjunto la que determine las prioridades y énfasis formativo.
Le preocupa al Banco Mundial (1990,p.46) el largo periodo de gestación de un profesional, que incide no solo en los costos de conjunto, sino en las posibilidades de cubrir demandas de periodos cortos por parte del sector empresarial. A esto le llaman efecto “telaraña” que no solo extiende los periodos de formación, sino que ello implica un conjunto de aprendizajes que no consideran vinculados a la demanda laboral directa. Evidentemente se están refiriendo a los contenidos humanistas, de pensamiento crítico y creatividad e intentando que los procesos formativos se circunscriban a los requerimientos del puesto del trabajo.
Este “homus economicus” pretende vaciar de formación crítica y humanista a los futuros empleados. Esta definición la veremos luego defendida en el año 2022, abiertamente por la directora de educación del Banco interamericano de Desarrollo (BID) y en la agenda de la III CMES-UNESCO realizada en Barcelona, en la cual la micro acreditación se asoció a la externalización de la formación para la empleabilidad, reduciendo el papel de la universidad al papel de agencia micro acreditadora y para la certificación de titulación.
En ese mismo sentido, resulta evidente que cuando se aborda los indicadores de eficiencia (BM,1990,p.56) se adentran en terreno fangoso, al interrogarse porque los empleadores no desarrollan propuestas de formación profesional más cortas y menos costosas, ideas que resonaron con fuerza en la III Conferencia Mundial de Educación Superior 2022. Igualmente, cuando plantean la limitada utilidad de los estudios de mercado para explicar la expansión o la contracción de la oferta en educación superior, pretenden mostrar con ello la falta de sincronizad entre el sector empresarial y productivo y, las IES.
Para quienes se especializan en administración educativa desde la perspectiva crítica, resulta interesante los análisis que hace el Banco Mundial(1990,pp.56-57) sobre las “tasas de rendimiento”, “tasas de retorno”, tasas de retorno social” y “tasas de desempleo con título universitario”, para mostrar los límites del enfoque economicista de la educación superior. Estas tasas están sustentadas sobre criterios de empleabilidad, conocimiento científico asociado al modo de producción, retorno de capital a las universidades por venta de servicios, pero desconocen los aportes sustantivos de las IES en la construcción de ciudadanía, la resolución democrática de conflictos, el desarrollo del pensamiento crítico como esfuerzo para sustentar la democracia, el acompañamiento y trabajo con comunidades excluidas, respeto a las diversidades, entre otros aspectos.
Sin embargo, el corazón del análisis del Banco Mundial está en sus propuestas de invertir más en la educación básica y menos en la superior, que abre la puertas no solo a variados modelos de privatización, sino a la sustitución de la universidad como institución que forma a los y las profesionales; de hecho, tres décadas después de este informe, lo que se discutió en la CMES-UNESCO2022 y lo que plantea el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, es fortalecer la formación profesional corta en las empresas y que las IES se concentren en el desarrollo de micro acreditación de esta formación, evaluación de la calidad, certificación de aprendizajes y titulación.
De hecho, dedican una parte importante del informe a este tema bajo el título “Educación primaria versus educación superior” (BM,1990,p.63). En este caso, mucho más asociado a la casi siempre más baja demanda de puestos de trabajo especializado en contraste con una sobre oferta de profesionales egresados de las universidades, mientras el modo de producción capitalista requiere en ese momento importantes volúmenes de empleo no calificado y expansión del consumo a partir de mayores niveles de educación primaria.
Al Banco Mundial (1990) le preocupa la formación crítica que recibieron muchos egresados, en aspectos, hecho que para el capital no solo, no son necesarios para el funcionamiento y la gestión empresarial, sino que pueden resultar incluso contraproducente, porque propician una perspectiva de clase trabajadora en el mundo del empleo.
En ese sentido, la universidad es valorada por el capitalismo como un lugar que debe limitarse a los aspectos técnicos-administrativos que contiene la demanda laboral o ceder al propio sector empresarial su papel de calificación de la mano a obra. Este tema adquiere especial relevancia en la perspectiva neoliberal de la economía educativa a partir de la crisis de la deuda externa y de las economías de Latinoamérica en las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX.
El Banco Mundial (1990) plantea como un problema, marcos constitucionales que en ese momento contemplaban un aporte determinado para la educación superior, lo cual implicaba un compromiso de inversión en educación superior, algo que a juicio del Banco Mundial (1990) había que modificar.
El Banco Mundial (1990,p.64) utiliza la noción de tasas de retorno para plantear que la universidad debe redistribuir sus recursos favoreciendo de manera sostenida aquellos perfiles profesionales que demanda el mundo del empleo, es decir el modo de producción capitalista. Aunque no lo mencionan de manera explícita, esto supone un ataque directo a la formación humanística y crítica en general, pero muy particularmente a los perfiles profesionales que no encajan en la perspectiva burocrática funcional del Estado o de la producción de mercancías. Desde el campo de la planificación de tipo socialista este es un tema que no le es ajeno, sin embargo, en Cuba, que tiene un sistema de planificación centralizada no centra su inversión en educación superior con base a empleabilidad, sino a desarrollo social integral.
La posición del Banco Mundial (1990,p.66) contra la autonomía es clara. Al considerar como un problema las decisiones internas de las universidades en materia presupuestaria, que no siempre se corresponden a las necesidades del entorno industrial y del modo de producción capitalista en su conjunto, proponen la creación de IES, especialmente tecnológicos, cuyos procesos de toma de decisión están influenciados o supeditados a las instrucciones de los ministerios de educación, resultando estos ser por lo general más sensibles a las presiones del empresariado y el mercado por encima de los intereses ciudadanos.
Sugiere además el Banco Mundial (1990), que al ser los temas de formación tecnológica de punta muy costosos por los equipos y sistemas que requieren, favorece la subordinación institucional de estas IES (tecnológicos) al gobierno central, pues eso posibilita que el presupuesto se utilice en ello y en escalar la formación que demanda el mercado laboral. Es decir, el sector que demanda mayor inversión (tecnológico) sugiere permanezca con financiamiento y tutela pública, mientras aquellos que no requieren grandes inversiones, pero si generan ganancias importantes se privatice.
Al mismo tiempo, plantean la urgencia de establecer diferenciación de escalas salariales entre profesores que forman para el complejo industrial y la renovación tecnológica, respecto a aquellos que se concentran en la formación humanística, creatividad, desarrollo integral de la personalidad y pensamiento crítico.
Sugieren una nueva arquitectura institucional universitaria mucho más ágil y adaptativa a la aceleración de la innovación y el impulso vertiginoso de la tercera revolución industrial. Por ello, insistimos en que lo visto en Barcelona, en el marco de la III CMES.UNESCO, no es nada novedoso, sino la culminación de un proceso de convergencia de las líneas maestras del Banco Mundial con las de la UNESCO, pero sobre este último organismo multilateral y lo ocurrido en Cataluña volveremos en el papel de trabajo dedicado exclusivamente a este tema.
El Banco Mundial (1990) apuesta por un marco de estudios generales, de “tronco común” entre las distintas carreras, para facilitar el cambio de carreras con el menor costo posible. En realidad, esta propuesta procura obligar a definir tiempo y materias específicas de cada formación profesional, que posibiliten la transición hacia propuestas de carreras cortas que puedan desechar paradójicamente una parte importante de ese tronco común. Esta separación entre estudios generales y formación profesional ha permitido en la actualidad (tercera década del siglo XXI) fundamentar las iniciativas de formación profesional corta, ejecutada por el propio empleador, paradigma en el cual comienzan a converger públicamente el Banco Mundial, el BID, Santander Universidades y la UNESCO; entre otros sectores del capital.
Este elemento, señala el Banco Mundial, incide en la valoración potencial de las IES como sujetas a contrato particular para programas de formación requeridas por el sector empresarial, industrial e incluso burocrático del Estado. Se trata de un discurso funcionalista de la educación superior que ya tenía expresiones concretas en las décadas precedentes, pero que a partir de ese momento comienza a tomar cuerpo como modelo de externalización del trabajo académico. Muchas de estas labores no se realizan por los circuitos acostumbrados de la institucionalidad, sino que se hacen a través de fundaciones y corporaciones privadas, que, aunque aparecen adscritas a las IES tienen características autónomas de diferente tipo.
El Banco Mundial (1990,p.69) considera que es un problema la percepción ciudadana del sistema educativo, como un sector orientado a beneficiar a los grupos de menores ingresos, hecho que termina convirtiéndose en promoción del acceso universal, ya que esto promueve un acceso igualitario a estudiantes incluidos en un rango muy amplio, lo cual puede generar problemas de inclusión no fundamentadas en productividad, nivel de ingresos socio económicos, entre otras variables de descarte. El BM lo que trata en realidad es de construir argumentos de “sentido común” para promover el cobro diferenciado de matrículas, aranceles, accesos a laboratorios, etc, que no es otra cosa que un esfuerzo de privatización progresiva de lo público.
Plantea el Banco (1990,p.70) que el origen social y los trabajos de los padres (manual, administrativo, profesional, burocracia) incide de manera muy importante en el perfil de los estudiantes que se matriculan y en su orientación a la formación profesional. Lo presenta como un tema de “imitación” o de “peso del entorno”, cuando en realidad, como lo demostró Bourdieu, en las estrategias de reproducción social (2012)[44]Edición de 2012, de Siglo XXI, de la obra de Bourdieu sobre estrategias de reproducción social., se trata de un tema de capital cultural, pero también de la necesidad que tienen los hijos e hijas de las clases explotadas de entrar más rápido al campo laboral para contribuir al sustento familiar o la propia sobrevivencia.
Para mejorar el acceso equitativo y la calidad de la educación, el Banco Mundial (1990,p.83) propone “introducir precios para la educación superior partiendo de los ingresos” del núcleo familiar de los y las estudiantes. Postulan que “tarifas supeditadas a los ingresos para la educación superior pública reduciría el volumen de subvenciones recibidas por los grupos de altos ingresos y mejoraría la equidad en la distribución de estas subvenciones” (BM,1990,p.83). El financiamiento público pretenden orientarlo a subsidios para pagos de matrícula, no solo en el sector público sino también en el privado, los cuales pueden ser entregados al trabajador o a la institución donde se matricule, derivando en un drenaje de recursos públicos al sector privado, pero también en una forma de apropiación del presupuesto educativo por parte del sector privado.
A lo interno de las universidades el Banco plantea discriminar y precisar los beneficios pecuniarios y no pecuniarios que genera la universidad. Evidentemente esto no lo hace para resaltar el impacto en la transformación de comunidades, ni la construcción de ciudadanía crítica, sino para que se vaya ampliando el rango de los beneficios económicos, directos e indirectos, que potencialmente la universidad puede capitalizar. Es decir, convertir a la universidad en una empresa. Ello coincide con la proliferación de empresas, fundaciones, sociedades mercantiles y otras formas empresariales que hacen vida en la academia, especialmente desde la década de los noventa. A ello se le suma que el Banco considera necesario el cobro de matrículas y aranceles en las universidades públicas, como un tema de cofinanciamiento ante la creciente desinversión pública en el sector en relación al número de estudiantes que atiende. Plantean construir una política de precios respecto a los servicios y productos que puede presentar la universidad, no solo como resultado de investigación, formación y extensión contratada, sino redimensionando con criterios de marketing librerías, cafeterías, residencias estudiantiles, entre otros.
El Informe del Banco Mundial (1990,p.112) fundamenta sus sugerencias en torno a la reorientación de la investigación universitaria, a partir de una apropiación sesgada de los debates ocurridos en la reunión de las Academias Latinoamericanas de Ciencias (ACAL) de Chile en 1984 y Segal (1987). En consecuencia, enumeran los factores que según su criterio, afectan negativamente el desarrollo sostenido de la ciencia (+D) en las universidades:
(i) énfasis en las titulaciones universitarias,
(ii) limitada experiencia investigativa de los docentes que laboran en el posgrado,
(iii) carencia de comunidades latinoamericanas de intercambio de procesos y resultados de investigación,
(iv) fuga de cerebros hacia los países altamente industrializados,
(v) falta de mecanismos de diálogo permanente entre el sector productivo y las comunidades científicas de las universidades,
(vi) incomprensión gubernamental sobre el potencial de la investigación universitaria.
Ya en los noventa, el Banco Mundial (1990.pp.112-113) muestra como la mayor inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) se realiza en tres países (Argentina, Brasil y México), tendencia que aún hoy en día se mantiene.
Paralelo a la presentación de este informe se realizaba la Conferencia Mundial de Educación para Todos realizada en Jomtien, Tailandia, algo sobre lo cual hemos escrito en otros textos, para mostrar los distintos procesos de convergencia de la agenda UNESCO con la del Banco Mundial.
En el documento del Banco Mundial (1995) se analizan seis grandes temas:
Este documento construye una propuesta de ruta para la toma de decisiones de los gobiernos en el sector universitario, que constituye un marco de referencia para el acceso a financiamientos multilaterales en el sector, por lo cual veremos su énfasis.
Desde el comienzo, en la propia introducción, el Banco Mundial plantea que el papel de las universidades es “educar a los futuros dirigentes y preparar las capacidades técnicas de alto nivel que constituyen la base del crecimiento económico” (BM,1995,p.vii). Es decir, coloca a las universidades al servicio del complejo industrial, la economía y la aceleración de la innovación, desconociendo sus aportes a la construcción de democracia, inclusión, ciudadanía critica, desarrollo humano integral, entre otros aspectos.
Para el Banco el papel de las universidades debe ser estructuralmente funcional al mercado, consumo y producción de conocimiento para la mejora incesante del modo de producción capitalista.
En cuanto a los retos y limitaciones, el Banco Mundial (1999,p.2) identifica:
Si bien este informe no es dedicado a la universidad, sino a la educación en su conjunto, su análisis nos permite leer entre líneas, las vinculaciones de las orientaciones del organismo para las IES.
Para el Banco Mundial priorizar a educación temprana, es una forma de promover la desinversión en educación superior, ya que para este organismo “el financiamiento público de la educación resulta cada vez más difícil a medida que aumenta la matrícula” (BM, 1996, p.4) y por ello proponen subsidios a la gestión privada de la educación superior (Idem). Pero en realidad, lo que quiere es sacr de la esfera de lo público a las universidades y subordinar su trabajo a los requerimientos empresariales y del modo de producción capitalista.
Puntualiza el BM (1996) que “la existencia de … universidades privadas promueve la diversidad y proporciona una competencia útil para las instituciones públicas” (BM, 1996, p.77).
Al señalar la inversión en educación superior es ineficiente, proponen para solucionarla, ir progresivamente estableciendo mecanismos que permitan “cobrar derechos al alumno[48]Matrícula, mensualidades, servicios, aranceles, derecho de grado, ya sea con cargo al ingreso familiar actual o con cargo a los ingresos futuros mediante un plan de préstamos o a través del sistema tributario” (BM, 1996, p.79)
En “El desarrollo en la práctica: Prioridades y Estrategias para la educación[49]https://documents1.worldbank.org/curated/pt/715681468329483128/pdf/14948010spanish.pdf(1996), donde se actualiza el Documento de Política sobre Educación de 1980, el Banco Mundial plantea que “el rápido aumento de los conocimientos y el ritmo de cambio de la tecnología … han determinado dos prioridades fundamentales para la educación; ésta debe atender a la creciente demanda por parte de las economías de trabajadores adaptables, capaces de adquirir sin dificultad nuevos conocimientos y debe contribuir a la constante expansión del saber” (BM, 1996, p.1).
Para justificarlo señalan que quienes llegan actualmente a la educación superior son los hijos de quienes tienen mejores ingresos económicos y los fondos públicos deben dirigirse a los primeros niveles, mientras se debe cobrar matrícula, aranceles y mensualidades a quienes llegan a las universidades, pero también a quienes pueden pagar la educación primaria y secundaria.
La promoción de la privatización se hace con argumentos de defensa de la equidad de acceso y mantenimiento de los hijas e hijas de los más pobres en los primeros niveles del sistema escolar. De hecho, el mismo informe reconoce que en la década de los ochenta ya se había reducido la inversión real en la enseñanza superior (BM, 1996, p.7) En consecuencia proponen: a) normas, b) insumos, c) flexibilidad, d) priorizar las reformas y e) prestar atención a los resultados.
Las normas, proponen que enfaticen en las asignaturas principales (STEM), con propósitos de rendimiento claro (supra curriculares). Los insumos los definen en:
Plantea el BM 1996), “el cobro de derechos se justifica en las instituciones públicas de educación superior. También es aceptable la eliminación de los subsidios para cubrir costos no educacionales, como el alojamiento y la comida de los estudiantes, excepto en los casos en que los sistemas de impuestos sobre la renta son muy progresivos o incluyen impuesto a los graduados; cualquiera de estos sistemas puede permitir recuperar los costos de la enseñanza superior a partir de los ingresos a lo largo de la vida”. (BM, 1996, p.121).
Promueve además, el fomentar la autonomía funcional y administrativa a las universidades permitiéndole captar fondos (locales, del sector privado, por ventas de servicios o cobros de derechos a estudiantes), conservar y administrar estos ingresos según las prioridades de cada institución (BM, 1996, p. 148), por lo tanto –agregan- “en la enseñanza superior los beneficios de esta autonomía son evidentes” (BM, 1996, p.150)
En el citado estudio, el Banco Mundial (1996) insiste en la tesis que venía manejando de establecer una Tasa de Rentabilidad de la educación (BM, 1996, p.22), además de plantear que las universidades deben tomar en cuenta para sus diseños profesionales los conocimientos y demandan los y las estudiantes.
Destaca en el Informe que durante la década de los ochenta del siglo XX, los préstamos para la educación superior otorgados por el multilateralismo y las bancas de desarrollo alcanzó el 36% de lo destinado a educación, con énfasis en la formación de profesionales y técnicos para la economía, especialmente de universidades agrícolas, luego decayeron en un 26% porque fueron reorientados a las instituciones de investigación científica avanzada, intentando acoplar las universidades a la aceleración de la innovación y las demandas que ello generaba en el modo de producción capitalista.
En ese sentido prioriza los perfiles de egreso en STEM, la implementación de currículo flexible, la estandarización y cultura evaluativa (fomento a los rankigs).
Creada en 1960 para el fomento del desarrollo de los países más pobres, hace prestamos concesionarios, con plazos de reembolso a 30-40 años y trabaja temas de deuda multilateral.
creado en 1088 en el marco de la globalización, orientado a promover la inversión extranjera en los países y ofrece seguros para inversores contra riesgos políticos.
Fue director del programa de educación de la Fundación Ford, subsecretario de educación y cultura en EEUU en 1961. Co-fundador del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo (IIPE) fue su director entre 1963-1968
El aprendizaje programado lo definen como “un método para organizar el contenido de un curso en pasos progresivos para permitir que un estudiante proceda a su propia velocidad con un mínimo de orientación por parte del profesor” (Banco Mundial, 1971, p.21
Esto debe aclararles a quienes desde la teoría crítica intentan oponer pertinencia a calidad, como si la pertenencia no hubiese tenido una operación para resemantizar su esencia y colocarla al servicio de la lógica del mercado. Como hemos insistido en nuestros trabajos calidad y pertinencia son las dos categorías esenciales de la cultura evaluativa en educación que ha desarrollado el capitalismo desde la tercera revolución industrial. Si el argumento de quienes oponen pertinencia a calidad es que defienden una pertinencia distinta a la del Banco Mundial, entonces tendríamos que construir una definición propia de calidad para hacer trabajo contrahegemónico pues el termino calidad ya ha construido hegemonía social y educativa.
En ninguna medida es una crítica al paradigma postcolonial, del cual formo parte, sino un cuestionamiento a quienes, escudándose en este campo, terminan desestimulando a la clase trabajadora para que sus hijos accedan a la formación profesional, ubicándose en la misma línea excluyente del Banco Mundial.
La radio era el medio de comunicación más extendido en ese momento, mientras la televisión comenzaba a penetrar en los sectores populares. La internet no había aparecido socialmente hablando.
Bloom, B y colaboradores (1956) Taxonomía de los objetivos de la educación: la clasificación de las metas educacionales. Primera edición en español. Editorial El Ateneo. Argentina
Esperemos poder desarrollar en los próximos meses un papel de trabajo sobre los organismos nacionales de ciencia y tecnología como instrumentos que operan contra la autonomía universitaria.
CAPES: creado en Brasil en 1951 por Antonio Teixeira, desde 1976 ha concentrado una parte importante de su esfuerzo a la evaluación de los programas de postgrado. Sitio web actual https://www.gov.br/capes/pt-br
Con setenta años de experiencia es actualmente una de las experiencias más significativas de crédito educativo universitario Sitio web https://web.icetex.gov.co/portal
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“Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo.”
Fidel Castro, Cumbre de Río, 1992.
El 11 de diciembre se conmemoraron silenciosamente 25 años del acuerdo de Kioto, un hito en la lucha mundial contra el cambio climático. Pero aún más silencioso pasó el 50 aniversario de la Primera Cumbre de la Tierra, celebrada en Estocolmo en 1972 y el 30 aniversario de la Segunda Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, realizada en 1992. Estos tres acontecimientos están íntimamente relacionados y nos permiten comprender el camino recorrido por las políticas contra el calentamiento global.
Es conveniente expresar que estos acontecimientos impulsados por la Organización de las Naciones Unidas tienen defensores y detractores y, por lo tanto, diversas lecturas. La institucionalización de las políticas ambientales puede ser entendida como un mecanismo de cooptación y disciplinamiento por parte del poder hegemónico, o como una conquista de la lucha social. Lo cierto es que ambos posicionamientos están relacionados y convendría entenderlos como el resultado de una permanente lucha de relaciones de fuerza, con sus respectivos avances y retrocesos.
Ahora bien, la Primera Cumbre de la Tierra de Estocolmo de 1972 fue el corolario de décadas esfuerzos de sectores minoritarios de la sociedad civil, que alertaban sobre las consecuencias ecológicas del modelo civilizatorio fósil-industrial. Esto se retroalimentó con investigaciones y publicaciones que tuvieron gran impacto en la comunidad internacional, tales como “La primavera silenciosa” (Rachel Carson, 1962), “La bomba de tiempo” (Paul Erlich, 1968) o “Los Limites del Crecimiento” (Dennis Meadows, 1972).
Cierto es que la pobreza, la desigualdad y su vinculación con el modo de producción no fueron discusiones centrales en la Cumbre de Estocolmo, sino que imperó un enfoque ecologista, en pos de fomentar un crecimiento sostenible que armonizara el “desarrollo” con el cuidado del “medio humano” y los “recursos naturales no renovables”. Todos estos conceptos comenzaron a formar parte del vocabulario hegemónico, inaugurando un ciclo de discursos verdes por parte de empresas y gobiernos que se fue perfeccionando hasta nuestros días. Aun así, la creación del Derecho Ambiental Internacional y la aparición de la “cuestión ambiental” como política de estado en los países participantes (recordemos que Argentina crea su primer Secretaria de Ambiente en 1973), deben ser leídos como una conquista de la lucha social.
Recién en 1992 se concretó la Segunda Cumbre de la Tierra, la cual tuvo sede en Río de Janeiro. Los 20 años que pasaron entre ambos eventos vieron acrecentar la crisis planetaria y, a su vez, el crecimiento mundial de las organizaciones en lucha contra la energía nuclear, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de la capa de ozono y el cambio climático. Pero a pesar de la innegable vinculación entre modelo de desarrollo económico y la crisis socio-ambiental, el naciente oxímoron “desarrollo sostenible” permeó el enfoque de esta cumbre post caída de la URSS.
El discurso de Fidel Castro fue, quizá, el momento de mayor claridad política de Río-92, aunque los resultados posteriores no han permitido vislumbrar, hasta la fecha, un horizonte esperanzador. Aun así algunos puntos destacables de la cumbre fueron los avances en materia de Derecho Ambiental Internacional, propiciando el “Principio de Precaución”, hoy presente en la Ley General de Ambiente de Argentina y el “Derecho a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales”, que en América Latina va a dar lugar al Acuerdo de Escazú.
Pero quizá lo más sobresaliente haya sido la creación de la Convención para el Cambio Climático, que dio inicio a las Conferencias de Partes (COP – Conference of the Parties), que desde 1995 se reúne anualmente para establecer políticas en pos de mitigar el cambio climático, fundamentalmente a partir de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera.
Luego de las COP 1 y 2 reunidas en Berlín (1995) y Ginebra (1996) respectivamente, la COP 3 reunida en Kioto en 1997 marcó un hito al generar el primer acuerdo internacional con obligaciones jurídicamente vinculantes entre los países firmantes. Se acordó que la temperatura promedio del planeta no debía superar los 2ºC respecto del período preindustrial. Para ello, el “Protocolo de Kioto” estableció que los 37 países con mayor desarrollo industrial del planeta debían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 5% respecto a los índices de 1990, en el lapso 2008-2012, luego ampliado a 2020.
Claro que la no ratificación de los dos principales emisores, Estados Unidos y China, fue vista como un gran golpe para la consecución de las metas. Pero la realidad es que las metas nacieron como una farsa, aún con la hipotética inclusión de estas dos potencias. Y es que el hecho más significativo fue la creación del mercado de carbono en el seno mismo de la COP, obra del poder de lobbie de las multinacionales, que lograron hegemonizar sus intereses.
Así, hasta el día de hoy, las empresas tienen la posibilidad realizar compensaciones de carbono en caso de sobrepasar las emisiones acordadas, por ejemplo invirtiendo en proyectos de forestación en los países del Sur Global. Esta compensación se divide en dos mercados diferentes, uno regulado, donde los gobiernos ponen las reglas de compensación, y otro voluntario, que permite a las empresas buscar voluntariamente los proyectos en los cuales invertir (por ejemplo, un proyecto puede ser generado por un empresario terrateniente en Patagonia que propicia el monocultivo de pinos). Entes privados (como Verra, Green-e, Gold Standard) certifican la cantidad de toneladas de dióxido de carbono que cada proyecto de forestación toma de la atmósfera. Cada una de estas toneladas permite emitir un certificado (Unidad de Carbono Verificada) que comúnmente se denominan “créditos de carbono”. Una vez que estos proyectos son certificados, sus propietarios pueden vender “créditos de carbono” a las empresas emisoras de CO2. Las empresas contaminantes a su vez compran créditos de carbono en el equivalente a las toneladas que emiten a la atmósfera. Negocio redondo en lo que también se conoce como “soluciones basadas en la naturaleza”.
De esta manera Kioto significo una escandalosa victoria del mercado financiero y un catastrófico golpe que hace peligrar la supervivencia de la vida humana y no humana. Demás está decir que la verificación y la evaluación de los resultados también han pasado a ser una farsa, una maraña de mecanismos que permiten la evasión y los fraudes de todo tipo.
Las COP que sucedieron a Kioto no hicieron más que perfeccionar estos perversos mecanismos. Por ejemplo a partir de la COP 11 de Montreal (2005) el mecanismo pasó a denominarse REDD+ (Reducción de Emisiones por Reducción y Degradación de los bosques), que entraron en vigencia a partir de 2020 con el Acuerdo de París (COP 26). Noviembre de 2022 vio pasar la COP 27 de Egipto en silencio y con pronósticos sombríos por parte de la comunidad científica. La influencia de la industria de los combustibles fósiles es cada vez mayor, a tal punto que las diplomacias oficiales de Rusia y Arabia Saudita, por citar un ejemplo, amenazaron con frenar las conversaciones si en el texto final de la COP 27 se mencionaban los combustibles fósiles.
A 25 años del acuerdo de Kioto las relaciones de fuerza financieras parecen haber dado un golpe que parece irreversible. Las organizaciones ecologistas, esas mismas que (en parte) promovieron estos espacios multilaterales de negociación, y todas aquellas formas de organización social que planteen una alternativa al actual modelo civilizatorio, deben reorganizar sus estrategias y establecer nuevas formas de enfrentar el duro desafío que significa pelear contra la extinción.
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ablamos con Uraz Aydin, miembro destacado del Partido de los Trabajadores de Turquía (TIP) en Estambul. Aydin ha sido durante mucho tiempo miembro del Sosyalist Demokrasi icin Yeniyol, la organización vinculada a la Cuarta Internacional. Las fuerzas de la Cuarta Internacional en Turquía se unieron al TIP, y Aydin fue elegido secretario de la sección de Kadikoy del partido y miembro de su Comité Central.
R: Efectivamente, Imamoglu fue condenado a más de dos años de cárcel por supuestas «injurias a funcionarios públicos». Esta sentencia no tiene nada que ver con la justicia, es muy claramente política y pretende eliminar a una figura importante de la oposición burguesa. Podemos recordar lo que ocurrió cuando el partido de Erdogan perdió las elecciones a la alcaldía de Estambul en 2019. Este municipio es una enorme fuente financiera. Y Erdogan mandó anular las elecciones para evitar que pasara a manos de la oposición tras 25 años de administración islamista. Pero Imamoglu ganó las segundas elecciones con una diferencia aún mayor con el candidato de Erdogan. Hay que señalar, sin embargo, que el voto kurdo en Estambul fue decisivo para la victoria de Imamoglu.
Así que Erdogan quiere eliminar a Imamoglu como posible candidato a las elecciones presidenciales de 2023, ya que tendría muchas posibilidades de ganar. Además, como su mandato político puede ser anulado, dejará de ser alcalde de Estambul y Erdogan podrá nombrar a otra persona en su lugar, lo que significará que la alcaldía volverá a manos del gobierno. Esto es lo que ha ocurrido en decenas de ciudades de la región kurda, donde los ayuntamientos estaban dirigidos por el HDP. Obviamente, la oposición burguesa (y nacionalista) estuvo lejos de condenar enérgicamente estos ataques a las opciones de los votantes en estas ciudades. Además, hay una segunda investigación contra Imamoglu en relación con el hecho de que supuestamente contrató a 1.600 personas «vinculadas a organizaciones terroristas». Si esta investigación llega a buen puerto, probablemente habrá también una vía para suspender a Imamoglu de su cargo.
R: Por supuesto, hubo grandes manifestaciones en el Ayuntamiento de Estambul. Todas las fuerzas democráticas y de la oposición condenaron este ataque contra Imamoglu, pero también contra la voluntad de millones de votantes. Sin embargo, desde el primer día estas protestas se convirtieron en la tribuna de la oposición burguesa, de la «Alianza de la Nación», que reúne a partidos de orientación muy diversa: republicanos de centro-izquierda (CHP), escisiones de extrema derecha (IYIP), islamistas (Saadet), partidos conservadores, etc., que se han desmarcado del AKP. Así que nada muy emocionante… Por otra parte, este acontecimiento ha alimentado la crisis de la Alianza en relación con el candidato que se presentará contra Erdogan a las elecciones presidenciales.
R: Ya hemos visto tras las elecciones de 2015, cuyo resultado fue que el AKP salió debilitado, cómo Erdogan fue capaz de abrir las puertas de la oscuridad. Bombardeos, pogromos, el reinicio de la guerra contra los kurdos, etc… Erdogan nunca duda en provocar o instrumentalizar cuestiones o crisis internacionales para que sirvan a sus objetivos políticos internos, como el problema kurdo o el sirio, la relación con Libia, etc. Es un elemento de agitación, de consolidación nacionalista y militar, que además está vinculado esta vez a un contencioso histórico (la delimitación de las fronteras marítimas entre los dos países,) pero que se entrelaza con la cuestión de los recursos energéticos, que provocará tensiones durante mucho tiempo. Evidentemente, es difícil de predecir, pero creo que, mientras le sirva, Erdogan no dudará en aumentar la tensión. De lo contrario, no estoy seguro de que funcione en términos de sus efectos sobre la consolidación nacionalista, tanto como antes. Pero este tipo de «diplomacia» de confrontación y militarizada también tiene su propia dinámica, y atrapado en una cierta espiral de efecto, reacción y contragolpe, es posible que no pueda aliviar la discordia cuando quiera.
R: En primer lugar, no sabemos si un miembro del CHP (Kilicdaroglu o Imamoglu) será el candidato de la oposición. Los demás partidos de la alianza son todos de derechas. Por otra parte, lo que todos estos partidos comparten es un cierto nacionalismo, más o menos acentuado según las situaciones. Siempre acaban detrás de la «razón de Estado». Así que no hay motivos para ser optimistas a largo plazo. Por otra parte, dudo que la oposición, si consigue ganar las elecciones, quiera heredar los conflictos internacionales lanzados por Erdogan. Probablemente habrá un deseo (al menos durante un tiempo) de «normalización» con los países vecinos y las potencias occidentales, sobre todo teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesa el país.
R: La decisión del régimen turco de bombardear las zonas kurdas del norte de Siria e Irak no fue ni mucho menos una sorpresa. En los últimos meses ya se habían llevado a cabo incursiones aéreas en el norte de Irak, donde se encuentran las bases militares del PKK. Y la posibilidad de una ofensiva aérea sobre el norte de Siria también había sido anunciada por Erdogan varias semanas antes. Pero esta última ofensiva fue presentada como una represalia por el sangriento atentado que tuvo lugar el 13 de noviembre en el centro de Estambul. Además, la información sobre este atentado está llena de contradicciones e incoherencias y no se excluye que algunas partes del Estado turco sean responsables, lo que, por supuesto, no sorprendería a nadie.
Pero el objetivo es, por supuesto, hacer creer que la región autónoma kurda administrada por el PKK en el noreste de Siria es una fuente permanente de inseguridad para Turquía. Por otra parte, un elemento de propaganda utilizado por el régimen es que, si esta región se libra de los «terroristas» (PYD-PKK), será posible «reasentar» allí a una parte de los migrantes sirios cuya presencia en Turquía es considerada como un verdadero problema por la mayoría de la población (turca y kurda). Uno de los objetivos del reciente acercamiento a Damasco, apoyado por Moscú, es precisamente la eliminación de esta zona autónoma gestionada por el movimiento kurdo (y que se beneficia del apoyo de Washington). Pero como decía, este tipo de operaciones siempre tienen un objetivo interno, promover una ola de patriotismo que permita una consolidación en torno al líder. Pero Erdogan ha utilizado demasiado este método y el atentado atribuido al PKK y la ofensiva sobre Rojava están lejos de haber provocado una movilización nacionalista.
R: Hay muchas posibilidades de que se prohíba al HDP. Ya se han bloqueado sus cuentas bancarias, ¡a pocos meses de las elecciones! El movimiento kurdo está familiarizado con la prohibición de sus partidos políticos. Así que obviamente están preparados para esto con un partido «alternativo». El HDP y gran parte de la izquierda radical, incluido el Partido de los Trabajadores de Turquía (TIP) en el que milito, se han unido en una tercera alianza llamada Trabajo y Libertad. Lo más probable es que esta alianza pueda superar con creces el umbral del 7% para entrar en el Parlamento en las elecciones legislativas. Para las elecciones presidenciales, nuestro objetivo es, por supuesto, hacer perder a Erdogan. Sin embargo, la oposición debe tener en cuenta nuestra alianza y, sobre todo, el movimiento kurdo, que tiene fuerza para influir en el resultado de las elecciones presidenciales. Así que pensamos que deberían proponer un candidato que no proceda de la extrema derecha, un candidato que sea aceptable para los kurdos y la izquierda.
R: Sí, el TIP ha logrado captar una dinámica de politización y radicalización contra el poder dictatorial de Erdogan, el empobrecimiento y las políticas liberticidas del régimen. Son sobre todo las intervenciones de nuestros cuatro diputados en el Parlamento (cuyos vídeos se comparten masivamente en las redes sociales) las que han permitido dar a conocer el partido y generar esta oleada de reclutamiento. El partido contaba con menos de 2.000 afiliados a principios de 2021, mientras que dos años después, en enero de 2023, tiene más de 11.000.
Y tras una larga emisión en Youtube de uno de nuestros diputados, Barış Atay, a principios de enero, en la que explicaba pacientemente a un público joven, bastante hostil a nuestras ideas, qué es realmente la izquierda y qué quiere el TIP, nos vemos desbordados por una afluencia de nuevos afiliados. Más de 7.500 personas han solicitado ser miembros del partido en 6 días, y la cifra sigue contando. Representan un perfil más proletario y menos urbano, y su contacto con la izquierda ha sido mucho más limitado que la base actual del partido. Se trata de un fenómeno sin precedentes, que supone un auténtico reto para el partido.
Pero más allá del número de afiliados, es importante, como usted dice, la influencia de nuestros portavoces y el aumento de un interés excepcional por el TIP. Hay principalmente dos sectores de la población entre los que recogemos verdaderas simpatías: los que se distancian del CHP, que lo encuentran demasiado moderado y pasivo y se sienten atraídos por el discurso radical de nuestros representantes electos. Una segunda categoría está formada por los trabajadores, independientemente de su orientación política. Por supuesto, esta simpatía es importante en comparación con la influencia muy limitada de la izquierda radical en general. Como dice el principal portavoz del partido (el «Presidente») y líder parlamentario, Erkan Baş, «somos los primeros entre iguales». Pero también hay que subrayar que, desde el Partido Libertad y Solidaridad (el ÖDP en el que militaba entonces la sección de la Cuarta Internacional) a finales de los años 90, es la primera vez que existe la posibilidad de construir un partido de masas de izquierda radical con una perspectiva de ruptura revolucionaria con el capitalismo, que sea una herramienta política «útil» para la lucha de clases.
Entre los retos a los que nos enfrentamos están, por supuesto, las elecciones, en las que tenemos que contribuir al derrocamiento de Erdogan. También es importante seguir estando representados en el parlamento, para poder expresar las demandas de los trabajadores y oprimidos durante la transición burguesa a un régimen post-Erdogan, o peor aún, en las condiciones de su reelección.
Otra cuestión está relacionada con la base del partido, una gran parte de la cual nunca ha tenido afiliación política antes (a nivel organizativo), por lo que es crucial educarlos políticamente, con el fin de forjar no sólo la base militante, sino también los cuadros que deben asumir responsabilidades en el aparato.
Y finalmente una última cuestión, a más largo plazo, es la necesidad de desarrollar nuestras unidades, nuestras secciones en los lugares de trabajo, en las fábricas, las escuelas, los astilleros, los ayuntamientos, los almacenes, los hospitales, los supermercados… Hay un gran potencial para el TIP y debemos aprovechar esta oportunidad. Hemos tenido un comienzo alentador, pero debemos conseguir echar raíces más profundas allí donde respira la clase obrera, allí donde se libra a diario la lucha de clases.
