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Actualidad Internacional: Opinion

20/02/2021

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En medio de la convergencia de la crisis sanitaria y de la crisis económica que en todo el mundo se desarrolla con motivo de la pandemia, entramos en México a las elecciones intermedias del 2021. Son múltiples las contradicciones y tensiones en esta experiencia que se pretende realizar como si todo estuviera igual, normal, o como se dice, con una “nueva normalidad”.

 

Pero como parte de la crisis multidimensional que vivimos en el caso mexicano seguimos arrastrando la crisis del propio sistema político y de partidos. La elección presidencial de 2018 pudo dar la impresión de solución a la crisis del sistema político electoral que se arrastraba con mayor fuerza durante el sexenio de Peña por la falta de credibilidad de las instituciones político-electorales y por tanto de los partidos. Pero el resultado electoral -el reconocimiento de AMLO como Presidente- no fue la solución a la crisis del sistema político y de partidos. Más bien el reconocimiento del triunfo de AMLO fue consecuencia de esa crisis.

 

Realizar un tercer fraude a AMLO en la elección presidencial hubiera significado con el contexto de luchas y resistencias del pasado sexenio la posibilidad de una explosión popular que barriera con el decadente sistema político electoral. Ante el riesgo de esa explosión popular (como las que se verían en octubre del año siguiente en América del Sur) la clase dominante aceptó la propuesta de AMLO de una transición pactada que no tocara a Peña Nieto y a cambio de reconocerlo como Presidente. El aparato para imponer el fraude estaba listo, pero la amenaza de la explosión popular les obligó a mejor aceptar el pacto de transición implícito. Pero se mantuvo al conjunto del sistema electoral, empezando por el INE (Instituto Nacional Electoral) y la crisis de legitimidad de partidos e instituciones políticas.

 

El INE y los partidos quisieron mostrar el resultado del 2018 como prueba de la vitalidad y compromiso democrático del sistema político electoral. Pero no es cierto. La crisis y falta de legitimidad de partidos e instituciones se mantuvo y fue la crisis lo que les obligó al reconocimiento del resultado presidencial. No es casualidad que, desde el inicio del nuevo gobierno, AMLO ha estado en conflicto constante con el INE, sin poder transformarlo y señalándolo como la estructura que siempre justificó los fraudes y trampas electorales.

 

Las expectativas fallidas en los procesos legislativos

 

Paradójicamente, el reconocimiento de AMLO como Presidente (y la mayoría de Morena en el Congreso) le otorgó a los ojos de algunos sectores una imagen de cierta relegitimación de los procesos electorales, parlamentarios y de vida de partidos. Diversos movimientos, incluso movimientos sociales en lucha, se crearon ilusiones con la acción parlamentaria y legislativa de los diputados y senadores, especialmente con motivo de la conformación de una nueva mayoría que supuestamente revertiría todos los agravios al pueblo y la sociedad realizados por los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. Esa relegitimación relativa también se vio alimentada, en otro terreno, por el hecho de que se trataba de la primera legislatura paritaria. El importante avance en términos de la representación de mujeres en el Congreso en las elecciones del 2018 ha sido resultado de muchos años de luchas del movimiento amplio de mujeres y del feminismo que poco a poco se fue traduciendo en reformas legales que obligaban a los partidos (aunque no estuvieran de acuerdo) a postular mujeres en sus candidaturas.

 

La expectativa y relativa legitimación del trabajo legislativo estimuló el cabildeo con las y los congresistas, así como la búsqueda de acuerdos y reformas legales favorables a los movimientos sociales y sus muchas veces añejas demandas. Varias veces la nueva mayoría recurrió al expediente de “parlamento abierto” para escuchar las demandas y supuestamente influir desde el movimiento en las reformas legales a aprobar. El resultado fue frustrante porque la orientación del nuevo gobierno que derrotó al PRIAN y en consecuencia su mayoría legislativa no es resultado de esas luchas, ni es consecuentemente antineoliberal como frecuentemente declara el Presidente.

 

Como hemos señalado en otras ocasiones, el nuevo gobierno pese a su discurso de supuestamente acabar con el neoliberalismo, mantiene las principales líneas del neoliberalismo como son los megaproyectos, tipo el llamado Tren Maya, el PIM (Plan Integral Morelos), el transítsmico, los proyectos extractivistas, al mismo tiempo que en seguridad pública continúa los procesos de militarización previos, como lo muestra la creación de la Guardia Nacional y el papel central de las fuerzas armadas, especialmente el ejército, en la política gubernamental (recuérdese la defensa total del General Cienfuegos). La crisis humanitaria, reflejada en miles de desaparecidos, ejecutados y el feminicidio rampante, se mantiene también. Y no se trata simplemente de una inercia de violencia previa de los anteriores gobiernos, sino también de la actitud y el enfoque al respecto del gobierno. Ejemplo de ello es la negativa del propio Presidente a reconocer la gravedad de la violencia contra las mujeres, según “sus propios datos”. El movimiento feminista ha mantenido su lucha contra los datos reales de violencia y muerte contra las mujeres que niega el Presidente. Esta combinación de discurso antineoliberal y megaproyectos neoliberales, similar al de gobiernos latinoamericanos llamados progresistas en el ciclo anterior, es lo que nos ha llevado a calificar a este gobierno como de progresismo tardío cuando ya no tiene la ventaja de los precios del petróleo para financiar programas sociales, sino solamente la austeridad con la cobertura de la lucha contra la corrupción (ver las resoluciones del CC del PRT en la revista La Internacional 1 y 2). Y a todo ese desastre, en el 2020 hubo que agregar la crisis combinada sanitaria y económica con los terribles saldos no solo de desempleo y parálisis económica, sino de vidas y contagios, básicamente entre la clase trabajadora y las mujeres sometidas, en el confinamiento, a la crisis de reproducción social y cuidados.

 

Los primeros en sufrir la frustración sobre las ilusiones y expectativas no sólo en el nuevo gobierno sino en la nueva mayoría legislativa fueron organizaciones sociales, relevantemente campesinas, que habían hecho compromiso de voto por Morena y que no solo no obtuvieron candidaturas en el proceso de 2018, sino que ya instalado el nuevo gobierno encontraron el rechazo a sus demandas. Con el argumento neoliberal de que las organizaciones sociales, colectivas, eran instrumentos de la corrupción y que los beneficios sociales debían individualizarse han sufrido la negativa a negociar con ellas y más bien esta ofensiva destructora de las organizaciones colectivas. La aplicación del neoliberal plan de austeridad, denominado austeridad republicana, también justificada en la lucha contra la corrupción, ha significado recortes presupuestales en programas sociales no solo en salud y educación, sino en cultura, programas contra la violencia a las mujeres, búsqueda de desaparecidos y otros más descalificados como corruptos. La cancelación, en esa lógica, de todo tipo de fideicomisos ha llevado incluso al incumplimiento de reclamos históricos como el pago de la deuda con los braceros. Caso relevante ha sido el que la política de austeridad ha afectado principalmente a los programas sociales y políticas públicas enfocados a defender la vida, los derechos y las libertades de las mujeres, pero no sólo por estricta aplicación de la política económica neoliberal de austeridad, sino porque la Presidencia abandera una visión conservadora que se resiste a reconocer la gravedad de la violencia y desigualdad de las mujeres y niñas, como ha explicado Alicia Mendoza (ponencia en la Escuela de Cuadros del PRT “Austeridad y conservadurismo de la 4T contra las mujeres y las niñas”) que demuestra que “en total se redujo el presupuesto de 26 programas de apoyo a las mujeres, lo cual representó un recorte de 69% de los recursos respecto al año anterior”.

 

El recurso del llamado parlamento abierto ha sido señalado en la III conferencia nacional de la Nueva Central de Trabajadores (el 23 de enero de 2021) como maniobra en que supuestamente se escucha a diversos movimientos sociales, pero donde los legisladores no toman en cuenta las propuestas. Igual con recursos como la de las iniciativas populares que no son tomadas en cuenta como la del derecho humano a la energía. Importantes demandas sindicales, como la eliminación del outsourcing, se encuentran detenida por la oposición de las cámaras patronales y empresariales. Mientras las demandas de la clase trabajadora se frenan, aquellas de la burguesía encuentran siempre apoyo o incluso a sus propios representantes en las cámaras y el gobierno. Han sido notorios incluso los conflictos entre sectores del gabinete por temas ambientales, como el uso del glifosfato, el fracking, los intereses de Monsanto y aquellos que tienen que ver con la privatización del agua como los de Constellation Brands en Mexicali o el agua en Chihuahua y la decisión del Presidente de correr a todo el equipo de Conagua, manteniendo solamente a su actual Titular. Abiertamente, Víctor Toledo, anterior titular de SEMARNAT señaló a los representantes de esos intereses empresariales desde la cabeza que era el jefe del Gabinete, Alfono Romo y las oscilaciones e indefiniciones del Presidente.

 

Debido a la relativa legitimación de la actividad legislativa y partidaria que significó contradictoriamente el triunfo de AMLO en 2018, no deja de sorprender que, pese al resultado frustrante para los movimientos sociales en estos casi tres años, ahora haya nuevamente muchos que estén buscando, con infundadas ilusiones, candidaturas en Morena y los otros partidos del gobierno.

 

Morena. ¿un nuevo partido de Estado?

 

Ciertamente el gobierno de AMLO necesita mantener y si le fuera posible acrecentar, la mayoría legislativa en 2021, en preparación también a la sucesión presidencial del 2024. Operaciones claves si ha de consolidarse un nuevo régimen político en México que, como dijo Muñoz Ledo en su campaña, lleve a Morena a gobernar durante 100 años, es decir como el régimen que impuso el PRI en México por décadas. Lo que publicitariamente llaman la “Cuarta Transformación” pero que es una pretensión muy lejana si se compara con las 3 previas y revolucionarias transformaciones históricas en México. No sólo porque la 4T mantiene lo central de las políticas neoliberales, sino porque una Cuarta Transformación histórica requeriría no sólo de un Presidente progresista, sino la más amplia participación y autoorganización de las masas populares. No es el caso de un gobierno caudillista que no permite la autoorganización porque considera a las organizaciones sociales, colectivas, corruptas y a los partidos agencias de colocación. El partido del gobierno, Morena, desde el triunfo presidencial no ha realizado movilización alguna en las calles (excepto un intento fallido convocado no por la dirección partidaria, sino por comités de base para realizar pretendidamente una concentración de un millón de personas en apoyo a AMLO y contra FRENA). El recurso al “pueblo sabio” se reduce al método plebiscitario y consultas, preferentemente encuestas.

 

La consolidación de una mayoría parlamentaria debería pasar por la consolidación del partido del gobierno Morena en un verdadero partido político. Esto es contradictorio con la dinámica caudillista, defecto típicamente latinoamericano, que impone el Presidente con su progresismo tardío, sus giros bonapartistas y su visión maniquea y binaria de estar en una lucha entre liberales y conservadores, como la del siglo XIX. La sana distancia del Presidente con respecto a su partido a partir de su llegada al Poder Ejecutivo es más consecuencia de la visión caudillista de utilizar a Morena para ganar la Presidencia que al compromiso institucional de gobernar para “todos los mexicanos” y no sólo para su partido. Abandonado a la dinámica de los intereses y conflictos entre grupos e intereses disímbolos de lo que antes de la elección del 2018, Luis Hernández Navarro llamó “el arca de Noé”, Morena entró, una vez ganados los comicios, a una temprana y rápida crisis que le llevó a la parálisis completa durante dos años sin poder decidir quién ocupaba la presidencia del partido. La confluencia en esa “arca de Noé”, constituida en el hundimiento del viejo régimen, de grupos disímbolos e intereses encontrados, se convirtió en la arena de reunión de carreristas, oportunistas y fuerzas representativas del antiguo régimen, tanto del PRI como del PAN, como diversas fuerzas patronales y de derecha con mayor o menor representación en el propio gobierno. Para continuar en la defensa de sus intereses y carreras, así como de posiciones de gobierno, estos sectores estuvieron en la disputa por la presidencia del partido (que decide quién gana la “consulta” para postular candidaturas) que finalmente recayó en Mario Delgado (que tiene su origen en el viejo grupo salinista de Marcelo Ebrard y Camacho Solís) y ahora en la definición de las candidaturas. En la mescolanza y choques de intereses diversos las fuerzas dominantes del partido excluyen completamente cualquier influencia y peso de antiguos militantes o activistas identificados con la izquierda socialista y cuyos grupos u organizaciones ilusionados con las dos ediciones sucesiva de progresismo (PRD y Morena) se disolvieron en ese marco. Todos sus esfuerzos por reorientar o reformar un partido que no tiene que ver con el programa de la izquierda socialista ni con los intereses de la clase trabajadora y los movimientos sociales antineoliberales, antipatriarcales o en general anticapitalistas están condenados al fracaso (como ya les sucedió antes con el PRD). Ese esfuerzo y drama están a punto de repetirlo con la ilusión de obtener candidaturas.

 

En la interesante trilogía de artículos publicados por Pedro Salmerón titulados “¿El fin de Morena?” se refleja este drama y desilusión de un convencido lopezobradorista sobre la evolución de ese partido. Con la descripción e información de terribles decisiones y casos de futuras candidaturas de Morena para este 2021, Salmerón, muy alarmado, se pregunta “¿Ya somos el PRD versión recargada?” Para explicar la rápida evolución de Morena (lo que al PRD le llevó algunos años), Salmerón pone el énfasis en el predominio del criterio de eficiencia electoral en su partido. La anécdota, muchas veces repetida, que ante la pregunta de por qué determinado candidato “impresentable” o tránsfuga de la “mafia del poder” que antes denunciaba AMLO, la respuesta que Morena se da es “porque con él ganamos”.

 

Salmerón cita una conversación que tuvo con el fundador del PRD sobre el tema: “Hace unas semanas, Cuauhtémoc Cárdenas me contó que ahora que puede verlo en retrospectiva, la clave del desastre del PRD fue enfocarse en lo meramente electoral, en la victoria, en la eficacia de los candidatos. Añadió algo así como: en Morena deben cuidarse de repetir esa ruta”. (https://www.jornada.com.mx/2020/12/29/opinion/013a1pol)

 

También citó un artículo de Martí Batres (“Morena a la carta”) que crudamente describe la situación así:” Eficacia, popularidad, competitividad, encuestas de reconocimiento como elemento definitorio… y si falla, lo que sea, como el menú a la carta que el INE-Trife le sirvieron a Mario Delgado para asaltar la presidencia de Morena: si el congreso del partido no te sirve, lo echamos abajo. Si la encuesta no te gusta, la modificamos. Si no confías en el Comité de Encuestas de Morena, le encargamos la encuesta al INE. Si no estás en el padrón del partido, te metemos. Si no eres consejero nacional, quitamos el requisito. Si no eres conocido te dejamos gastar una fortuna en publicidad. Si no te gusta el resultado de la encuesta, hacemos otra” ( https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ marti-batres/morena-la-carta).

 

Aunque al final de sus artículos, Salmerón asienta su confianza en que no todo está perdido, la descripción de lo ocurrido no permite dudas, especialmente con lo que son ya las candidaturas que se prefiguran para las gubernaturas de los Estados.

 

Pero lo que llama la atención del diagnóstico que hace Salmerón y su explicación sobre la conversión de Morena en un PRD “recargado” es que olvide de dónde viene este criterio que señala Salmerón de poner por delante el criterio de candidaturas “ganadoras” que aporten votos. Es curioso que hoy Salmerón se queje de este pragmático criterio cuando en 2018 para responder a las críticas de quienes veían cómo se subían al “arca de Noé” todo tipo de alimañas, pretendió justificar el recurrir a cuadros y personajes del antiguo régimen con la experiencia de Trotsky al formar el Ejército Rojo. Ya dijimos entonces que no había punto de comparación pues Trotsky recurría a algunos oficiales del pasado, pero para ponerlos al servicio del poder soviético, es decir después del triunfo de la Revolución. Y organizar la confluencia de fuerzas, sectores e intereses del antiguo régimen para ganar una elección porque supuestamente garantizan votos, oculta en realidad el pacto que permite mantener la Presidencia y cohabitar con intereses disímbolos de las clases dominantes. No es un defecto de la táctica electoral, sino reflejo del carácter de un partido hecho para ganar la Presidencia de la República como prioridad absoluta y que ahora se cobra su perspectiva estrictamente electoralista satisfaciendo los intereses de los diversos sectores de la clase dominante y el carrerismo de sus voceros. Por supuesto, por lo que ya hemos señalado del gobierno de progresismo tardío el programa de la izquierda y cuadros representativos de la misma están totalmente ausentes de los círculos de poder de Morena y del gobierno. Tienen derecho a votar (en las elecciones constitucionales, no a ser tomados en cuenta en las “consultas”), a ser representantes de Morena para cuidar el voto en las casillas y reproducir arengas contra la derecha en las redes sociales o si tienen acceso a otros medios hasta de quejarse o criticar como certeramente hace ahora Salmerón. Pero no deciden.

 

La elección del 2021 se acompaña con otro retroceso democrático, producto de una reforma legal previa, pero que hoy se aplica: la reelección consecutiva. Adiós sufragio efectivo, no reelección. El lema de la revolución maderista de 1910, que durante muchos años incluso acompañó la firma de documentos oficiales. Para esta elección diputados federales, pero también alcaldes y diputados locales pueden presentarse para ser reelegidos. Incluso, con una adición legal que les permite continuar como diputados durante la campaña electoral en que buscan ser reelectos. La vieja aspiración de la derecha de copiar el modelo estadunidense se hará realidad. Esta medida consolidará una casta política y parlamentaria que permanecerá durante años. Hasta Edward Kennedy, con su fama de progresista y demócrata, fue Senador de su estado durante décadas. Cada elección él, como otros Senadores se presentan para la reelección y la red de intereses que han generado a su alrededor hace imposible removerlos del escaño. Frecuentemente hay un nuevo Senador hasta que el que ha estado años se muere. Este proceso se iniciará en México ahora en 2021 por el cual estos diputados podrán serlo hasta por 12 años consecutivos. Peor para activistas que se asumen como de izquierda o representativos de movimientos sociales en lucha pues si su pretensión es disputar un lugar de un legislador que quiere repetir, lo más probable será que la “consulta” diga que el candidato ganador, el que trae más votos, casualmente es el que pretende reelegirse.

 

Habrá excepciones por intereses en pugna que modifiquen el resultado, como en Cuauhtémoc, CDMX, donde parece que la candidata de Morena será Dolores Padierna en vez de Néstor Núñez (hijo del ex gobernador de Tabasco por el PRD Arturo Núñez). Pero la tendencia será clara a la consolidación de una casta política burocrática que se mantenga como “profesionales” de la política, y que consideran incapaces a representantes realmente populares.

 

Hemos tenido que referirnos particularmente a Morena por tratarse del partido del gobierno y porque la crisis del sistema político electoral, como dijimos desde el inicio, se mantiene y se profundiza en detrimento de una vida real de partidos y lucha política. La situación en este terreno potencia las pretensiones caudillistas del Presidente que hace que subordine y demerite la vida de los partidos. En vez de una vida de partidos que reflejen la pluralidad, se fomenta la idea de dos grandes y únicos bloques en disputa: liberales y conservadores, chairos y fifís, la 4T y la derecha. Incluso al decir liberales y conservadores no es exactamente el símil del Partido Liberal y el Partido Conservador del siglo XIX y sus respectivos proyectos de nación. AMLO lo ve como dos bloques donde incluso diferentes partidos coexisten, suprimiendo así la verdadera pluralidad. Por eso seguramente no le ha preocupado la parálisis y crisis de Morena y se ha facilitado el registro de otros partidos lopezobradordistas. No son simplemente partidos “paleros” como los que tuvo mucho tiempo el PRI. Son partidos que representan intereses diferentes unidos alrededor del apoyo a AMLO y su 4T, whatever that means, pues pueden representar posiciones diferentes y encontradas. Por ejemplo, Redes Sociales Progresistas representa la corriente de Elba Esther Gordillo en el charrismo sindical, radicalmente opuesto a movimientos sociales como el de la CNTE e incluso diferente al de la dirección formal del SNTE, al que se le negó tener su propio partido. El gobierno sostiene la reforma laboral que pretende democratizar los sindicatos y al mismo tiempo establece alianzas y corporativiza, no hacia el partido sino directamente al gobierno, a sectores del charrismo sindical. Es el caso no solamente de Redes Sociales de la Gordillo, sino el otro partido Fuerza por México, sostenido por Pedro Haces y la CATEM. (el apoyo otorgado a estos partidos que vienen del charrismo sindical contrasta con la animadversión del gobierno a sindicatos en lucha como el SME y el intento de conformar un partido obrero independiente como sería la OPT). Para completar la heterogeneidad del bloque de partidos alrededor del Presidente, está el partido de la extrema derecha en México, el PES, de base evangélica y rotundo opositor a derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. La caricatura de Bolsonaro en México.

 

A esa heterogeneidad de nuevos partidos con registro, agréguese los ya existentes aliados del Presidente como son el PT y el Verde La alianza con el llamado Partido Verde no es solamente de pena ajena por sus posiciones derechistas, sino por los acuerdos electorales que entre otros, se reflejarán en Chiapas, donde Delgado ha acordado otorgarle una candidatura a Jesús Oropeza Nájera, ex presidente municipal de Ocosingo y señalado por su complicidad con la contrainsurgencia zapatista.

 

En consecuencia, el objetivo del gobierno de mantener la mayoría en el Poder Legislativo puede lograrse aun si con la crisis y desprestigio por algunas candidaturas no la lograra exclusivamente por la vía de Morena, sino por medio de los otros 5 partidos que pueden servir como recipientes de precandidatos perdedores en Morena. Canalizar allá a los descontentos con los resultados de las “encuestas”, aunque mientras tanto estén buscando actores, actrices y hasta boxeadores y luchadores que les aseguren votos para mantener el registro de esos partidos. Nuevamente el criterio de eficiencia en tener votos para ganar, no importa qué sea ganar o con quién ganar.

 

Pero así colocado el escenario, se conformaría el bloque binario que sueña AMLO, por un lado los partidos del Presidente encabezados por Morena y por el otro lado el bloque los partidos de la derecha representados por la alianza del PAN, PRI y PRD. (atrincherado en Jalisco, MC parece que irá solo).

 

La dinámica por el lado del bloque del Presidente es de un pronóstico reservado. En el desprecio a la vida de partido como entidad colectiva, el Presidente fortalece su posición caudillista, como máximo árbitro del conjunto de intereses particulares que le rodean. El riesgo en esa heterogeneidad de fuerzas e intereses hoy alrededor suyo es que el sucesor presidencial en 2024 no sea precisamente continuador de su proyecto (cualquier que éste sea) aunque llegue a la Presidencia por Morena o por esta coalición de partidos hoy en bloque. Parecería que el propio AMLO intuye ese riesgo cuando en días pasados dijo en Oaxaca “no somos eternos, sólo el Creador” para más adelante advertir que llegan nuevas administraciones y cambian lo hecho por la inmediata anterior: “aunque el nuevo gobierno pertenezca al mismo movimiento, ya es una visión distinta y más si -toco madera pero aquí es plástico- si hay un retroceso, si regresa la corrupción, si regresa el régimen de privilegios.”

 

Cuando se fundó el antecesor del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, Plutarco Elías Calles logró unir en un solo partido una fusión de diversas fuerzas sociales y caudillos militares, así como partidos locales, regionales (incluso algunos partidos socialistas regionales). Logró así detener los constantes golpes y asonadas militares para entrar a la institucionalidad y al mismo tiempo, por cierto, convirtiéndose en Jefe Máximo aun después de concluido su mandato presidencial. Ya con el PRM (Partido de la Revolución Mexicana) se formalizó la existencia de sectores en el partido, el sector obrero, el campesino, el popular y en cierto momento hasta el ejército. Ya con este funcionamiento el PRI funcionó durante décadas, sobre la base de una visión maniquea donde decía representar la continuidad de la Revolución Mexicana y al mismo tiempo a todas las fuerzas en conflicto durante la Revolución, es decir a intereses de clase encontrados.

 

La hegemonía de décadas del PRI, la época que Salinas llamaba “de partido casi único” generó una concepción de que ese partido era la arena exclusiva para la política, donde se dirimían y conciliaban todos los intereses (es decir la conciliación de clases) y donde el árbitro final era el Presidente en turno, “el primer priísta de la nación”. Esta hegemonía del priísmo lo que en algún momento se le llamó un partido de Estado, generó esta ideología que José Revueltas llamaba la “ideología de la revolución mexicana” que impregnaba incluso a la izquierda y le impedía lograr y expresarse con independencia política. Hasta antes del 68 (y para algunos todavía después) era común que líderes locales, activistas de izquierda e incluso militantes, buscaran en algún momento conseguir candidaturas y cargos de elección popular por medio del PRI. La ilusión siempre era que esa vía era la única manera “realista” de hacer política y defender causas populares en el marco de ese partido burgués pero que exaltaba la conciliación de clases. O si se era muy crítico, se alimentaba la ilusión de que solo “desde dentro” se podría cambiar o reformar al PRI.

 

El bloque de partidos, no sólo Morena, alrededor de López Obrador puede convertirse en esa arena donde se pretenda dirimir y conciliar intereses diversos sobre todo de los sectores burgueses actualmente en pugna y subordine o suprima la pluralidad política, pero especialmente la expresión política de las clases trabajadoras y los partidos de izquierda. El reto es, nuevamente, la necesaria independencia política y de clase de la izquierda. La dinámica actual del sistema político tiende a debilitar la pluralidad de partidos, en el esquema de dos bloques y apuntar al otro esquema soñado por la derecha, además de la reelección consecutiva, que es el bipartidismo tipo Estados Unidos. Ese bipartidismo que convierte a cada bloque en representativo de diferentes intereses de las corporaciones y que al funcionar se somete completamente a los intereses y capacidades del dinero, lleva a la anulación de la expresión política partidaria de la izquierda y la clase trabajadora.

 

Para muestra, un botón: las candidaturas para las Gubernaturas.

 

Los resultados de las candidaturas para Gobernadores de 15 estados de la República confirman el carácter -muy lejano de la izquierda- de Morena en lo que es el proyecto de encargados del poder ejecutivo prácticamente de la mitad de los estados que es donde ahora se renovarán gobiernos locales. La absoluta mayoría de las candidaturas proviene del antiguo régimen, una consecuencia de cómo el “arca del Noe´” se llenó de tránsfugas huyendo del barco que se hundía. Quizá solamente Víctor Castro, candidato para BCS, viene de la izquierda socialista, aunque ya habiendo transitado por el PRD. Los conflictos para la determinación de las candidaturas no han dejado de expresarse pero en general las “encuestas” les dan el respaldo a los más desprestigiados provenientes del PRI o del PAN. Las maniobras realizadas reflejan acuerdos en la lógica del “PRIMOR”, cono el caso de Clara Luz Flores en Nuevo León o en un momento dado con Mónica Rangel en San Luis Potosí o priístas como Indira Vizcaíno en Colima. En estas horas deberán determinarse finalmente las candidaturas, quizá la que lleve más tiempo es la de San Luis Potosí, donde el tema se le ha complicado a Delgado, incluso con la presencia del Presidente en visita al gobernador priísta de donde regresó a la CDMX descubriendo que ya se había contagiado de Covid-19. Es lo que Julio Hernández llama el “batidillo potosino”

 

En general, como era el obvio plan los “super delegados” nombrados por AMLO al inicio de su gobierno son los que están quedando como precandidatos a Gobernadores. Por esa vía, en realidad, las candidaturas para Gobernadores están resueltas en Morena. Vienen ahora las candidaturas para diputados federales, locales y ayuntamientos. El procedimiento para determinar quién tiene la candidatura será el mismo: la supuesta consulta. El “pueblo” opinará por medio de supuestas encuestas y la dirección del partido anunciará el resultado.

 

Activistas de algunos movimientos sociales y miembros de Morena que se asumen de izquierda, en forma entusiasta se han estado registrando. Lo anuncian, sobre todo en las redes sociales como si fueran a ser candidaturas de Morena. En realidad, se registraron como precandidatos. Después de ese registro, vendrá la famosa encuesta de popularidad, quién asegura más votos, y la dirección partidaria anuncia quién es la persona que tendrá la candidatura oficial de Morena. Por lo que se ha visto ya en las candidaturas para gobernadores y lo que han sido las orientaciones centrales de estos dos años de gobierno, en las siguientes candidaturas que anuncie la dirección de Morena, ahora con Mario Delgado en la Presidencia del partido, seguramente prevalecerán representativos del antiguo régimen, del PRI y del PAN, de diversos grupos empresariales en pugna y del charrismo sindical. Pero, además, los aspirantes a una candidatura tendrán el obstáculo de aquellos legisladores que pretenden reelegirse, frecuentemente para el mismo cago y el mismo distrito. Desde fines del año pasado se calculaba que de los 500 diputados federales actuales alrededor de 443 pretendían relegirse. De ese número corresponden 230 a Morena que pretenden reelegirse teniendo un grupo parlamentario de 252. Es muy probable que las encuestas decidan que el “mejor posicionado” será el o la legisladora que ya tiene ese distrito.

 

Es decir, la ilusión de algunos activistas de movimientos sociales o de militantes de izquierda de que por la justeza de su lucha e incluso del apoyo popular por parte del movimiento en que participan, podrán disputar alguna precandidatura de Morena es poco realista. En realidad, no porque no tengan razón en sus luchas o incluso respaldo popular, sino por el carácter del partido. El error es pretender empujar determinadas demandas o causas populares con precandidaturas de un partido como Morena. Eventualmente pueden alcanzar alguna candidatura que no sea segura. Por ejemplo, si el distrito importante que te interesa ya está ocupado por el legislador de Morena que pretende reelegirse, podrían ofrecerte la candidatura en un distrito que hoy es del PAN o del PRI. Con la dificultad de que seguramente el diputado del PRI o del PAN correspondiente puede pretender reelegirse. De todos modos, se trata de la elección más grande en la historia del país. Son miles de cargos de elección popular. No solamente de gobernadores y diputados federales o locales, también en algunos estados para presidentes municipales y regidores y síndicos de los ayuntamientos (1063 diputaciones locales en 30 congresos locales y 1926 ayuntamientos en 30 estados, además de los 500 diputados federales). Finalmente al sistema le conviene pues ante la grave confluencia de la crisis sanitaria y económica (cientos d miles de muertos y un desempleo creciente) tratarán de subordinar las luchas sociales contra las consecuencias de esas crisis a las luchas por candidaturas de un partido que no representa los intereses populares o en general a la disputa electoral que puede mantener absorbida a una parte de la población durante el primer semestre en que las consecuencias de la crisis sean mayores socialmente. El peor escenario de subordinación o invisibilización de las luchas contra los efectos de la pandemia podría darse con esta campaña electoral. Una campaña electoral que con motivo de la pandemia y el confinamiento social no se hace y subordina a las luchas a no hacerlas en las calles, en la movilización popular. Condena a la población a esperar simplemente al día de las votaciones para ir a las casillas y previamente escuchar por las redes sociales las promesas de campaña. Hay que recordar la propuesta de AMLO antes de julio de 2018 en que proponía esperar a las votaciones antes que seguir con bloqueos, marchas y paros contra las reformas neoliberales. El sueño de pasividad popular y de un espectáculo mediático, sin intervención popular en las luchas, se les puede hacer realidad ahora. Las luchas y la movilización, pese a la pandemia, tienen que mantenerse, y tomando las necesarias medidas de protección. Porque nadie nos dará lo que necesitamos si no lo peleamos.

 

Es cierto que una posibilidad, en otras condiciones, sería el canalizar las demandas populares por medio de la representación partidaria y parlamentaria resultado de una elección. El problema es que en la actual circunstancia política de México y el actual sistema político electoral no hay opciones político partidarias confiables para hacerlo.

 

Félix Salgado, el caso extremo

 

Además del conflicto en SLP, en otros estados está habiendo también problemas por la imposición de candidaturas “impresentables” Por lo menos en dos estados de la República en actos para definir candidaturas locales con la presencia de Mario Delgado ha habido golpes, empujones y huevazos contra los dirigentes partidarios. También en la Ciudad de México donde habrá elección de alcaldes y diputados locales, se anuncia el mismo curso, con el acuerdo que la dirección de Morena trabaja con la corriente de Mauricio Toledo.

 

El caso más relevante y que más ha repercutido nacional y mediáticamente es sin duda el de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a Gobernador de Guerrero. Acusado por varias mujeres, incluso militantes de Morena, de violación y hostigamiento sexual, su postulación ha generado una importante polarización y división, incluso en las filas de Morena. De nuevo como parte de las luchas históricas del movimiento amplio de mujeres y del feminismo, se ha conseguido legalmente que se vete el que los partidos postulen como candidatos a quien haya ejercido violencia contra las mujeres, no sólo violencia política. Morena está confrontado ahora con esta exigencia.

 

Muchas feministas y colectivas han emprendido una fuerte lucha para impedir que Félix Salgado sea postulado. Postularlo es una fuerte señal a favor de la impunidad y una burla a la denuncia de las víctimas.

 

Un grupo de intelectuales ligados a Morena han hecho pública una carta a la Comisión de Honor de Morena pidiendo su intervención para que se escuche la denuncia de las mujeres víctimas de violencia de parte de Salgado y exigiendo se cuide el prestigio de Morena.

 

En realidad, por lo que hemos dicho antes, el problema no es el prestigio y coherencia de Morena pues en realidad el criterio de ese partido para postular a Salgado tiene que ver con la idea de candidaturas que “ganen votos” no importa para quién o para qué. Ese criterio es el que está estallando en todas partes de Morena cuando algunos pretenden candidaturas para potenciar demandas de movimientos sociales en lucha o de causas justas y la dirección del partido, con la justificación de una supuesta consulta, decide que la candidatura mejor para ganar votos supuestamente es la candidatura de alguien “impresentable” como Salgado. El extremo de Félix Salgado es la consecuencia del carácter y orientación de Morena. Tienen razón las feministas, simpatizantes de Morena, que anuncian que si su partido mantiene a Félix Salgado como candidato renunciarán. Pero el problema no es sólo esta candidatura sino el carácter y orientación del partido. Porque seguramente otras inconformes, ligadas más a un feminismo institucional, si Salgado se mantiene como candidato ellas se mantendrán en Morena pues dirán que Salgado no es el partido, ni la 4T, ni AMLO.

 

El problema para esta visión es que el Presidente ya se pronunció. Y primero dijo que el “pueblo” voto por Félix Salgado para candidato y eso es lo democrático. Después le subió y dijo que las acusaciones contra Salgado son politiquería y es un ataque de la derecha (en anteriores ocasiones ya ha acusado a feministas de estar aliadas con la derecha o manipuladas por la derecha) Y tercero, cuando en la conferencia de prensa le vuelven a preguntar sobre el caso y le dicen que rompa el pacto de silencio, se enoja y dice “ya chole” con eso. O sea, quienes esperaban alguna corrección de Morena o de su dirigente máximo y fundador con la ilusión de que serían diferentes, lo tienen en toda su expresión. López Obrador dice “ya chole”; no insistan, Félix Salgado se queda como candidato.

 

Con toda razón, movimientos feministas en todas partes y especialmente en las redes sociales están llamando a romper el “pacto de silencio” patriarcal que justifica y sostiene a alguien como Salgado. Y el reclamo para que roma el pacto se ha dirigido ya al propio Presidente López Obrador. Y el Presidente consecuente con su concepción conservadora, moralista y que subestima el nivel de violencia existente contra las mujeres en este país, ha respondido: no rompe el pacto patriarcal.

 

El reto, en todo caso, ahora es para aquellas personas, feministas y no, integrantes de Morena confrontadas, sin lugar a duda, con el carácter y definición de su partido. Incluso quienes están aspirando a una candidatura de Morena ¿aceptarán ser candidatas de Morena, al igual que Félix Salgado? ¿Esperarán a tener la foto de AMLO donde apoye su candidatura y les levante la mano, como igual hará con Salgado?

 

El problema y el reclamo contra Félix Salgado no es por el “prestigio” de Morena. Tampoco es porque haya que amenazar que como “voto de castigo” se votará por un partido y candidato opuesto a Salgado y Morena. Porque no hay alternativa en ese terreno. No se chantajea con votar por la derecha, PRI, PAN o PRD, con tal de no hacerlo por Salgado y Morena. Esa no es la disyuntiva. La disyuntiva y alternativa no está en el actual sistema político electoral y de partidos, sino el continuar la lucha desde el movimiento social y autónomo en que te diriges al gobierno de la supuesta 4T, o a la Cámara de Diputados y Senadores, como te diriges frente a cualquier autoridad: defendiendo los reclamos y causas populares ante el poder y no porque confíes en ellos o hayas votado por ellos o porque creas que te representan.

 

El reclamo del movimiento, especialmente de mujeres y feministas, contra la candidatura de Félix Salgado no por defender el prestigio y coherencia de Morena. Es porque en la actual relación de fuerzas políticas del país y la descomposición del sistema político y electoral, es muy probable que si Salgado es postulado por Morena será Gobernador de Guerrero. Si Salgado es Gobernador (el “toro sin cercas”) se asegura la impunidad y el desprecio al reclamo contra la violencia a las mujeres, se potencia la violencia contra las mujeres teniéndolo como símbolo del triunfo del “pacto patriarcal” ratificado por el propio Presidente.

 

No hay opción en el actual sistema electoral y de partidos

 

Volvemos a la idea inicial. Junto a la convergencia de crisis sanitaria y económica, que por sus consecuencias está siendo una crisis multidimensional en todo el mundo, en México confluye con la vieja crisis del sistema político electoral y de partidos, su crisis de legitimidad. Se pensó que el resultado presidencial en 2018 la habría superado, pero en realidad se pospuso y ahora nuevamente se expresa. En una situación más complicada por la dinámica del nuevo gobierno que conserva un alto nivel de aceptación, sobre todo en torno a la figura presidencial, pero al mismo tiempo en una circunstancia en que esta figura se potencia en forma caudillista y el resto de las instituciones políticas se eclipsan y debilitan. Incluso con motivo de la pandemia y la cuarentena, hubo un momento a mediados del 2020 en que todas las instituciones del estado se eclipsaron y solamente el Presidente y sus “mañaneras” funcionaban. Los tiempos y plazos legales para resolver se pospusieron y el Congreso dejó de sesionar. La tendencia autoritaria y de estado de excepción que se ha vivido en varios países con motivo de la pandemia, en México se expresó en esta potenciación del presidencialismo, aunque no se aprobaran estados de sitio o toques de queda. Otra forma de estado de excepción.

 

Entrados en la campaña electoral del 2021 (incluso en 2020 algunas elecciones locales se pospusieron por la pandemia) las debilidades del sistema electoral y de partidos se harán manifiestas. Hay nuevos partidos registrados, pero en la competencia electoral solo dos bloques. Unos y otros se presentan a sí mismos como las únicas alternativas. El resultado es que no hay expresión político partidaria reconocida legalmente que represente ni a la izquierda ni a los movimientos sociales, sindicales, populares, feministas o indígenas -que sí existen- en este terreno.

 

El sistema, consciente de la exclusión que ha venido realizando al dificultar el registro de nuevos partidos, especialmente de la clase trabajadora, y subordinando toda experiencia y ejercicio político al dinero, aceptó en los últimos años el crear la figura de candidaturas independientes. Aunque las candidaturas independientes (¿independientes de qué? ¿de los partidos?), no son la mejor solución. Precisamente al pretender canalizar el desprestigio de los partidos, las candidaturas independientes van en el camino de otro de los valores del neoliberalismo en la política. Para el neoliberalismo lo que debe contar es el individuo y por tanto las candidaturas en lo individual y no el programa o el partido. Esta individualización de la política permite, justifica y estimula el espectáculo que hoy se ve escandalosamente en toda su plenitud: los chapulines, los brincos de candidatos de un partido a otro. Como hemos dicho antes, a esos partidos no les interesa el compromiso o los intereses de determinado candidato sino simplemente saber si le asegura votos o no. Y la imagen que se construye de la candidatura es sobre la base de sus supuestas virtudes y características personales y no por el programa que defiende, lo que representa su partido y el compromiso político que defiende.

 

Las candidaturas independientes tienen esa perspectiva donde debes potenciar a la persona, cuando lo que se necesita hoy es mostrar que la clase trabajadora y el pueblo en lucha contra el capitalismo patriarcal, ecocida y neoliberal puede tener otra opción, otro proyecto, incluso otro partido. De todos modos, en las actuales circunstancias desde 2015 que se creó esta figura hemos apoyado varios intentos de candidaturas independientes que fueran representativas de movimientos en lucha o de la izquierda anticapitalista. En 2015, desde el PRT, lo intentamos junto con los camaradas de la OPT para la elección de la Constituyente de la Ciudad de México. Y para la elección presidencial del 2018 apoyamos la lucha por el registro de la candidatura de la compañera Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno. Sin embargo, estos casos mostraron también la otra vertiente de este proyecto: diseñado para impedir el registro de candidaturas realmente independientes de los partidos y haciéndolo depender de requisitos incluso mayores que para un partido, pero igual de caros que implica contar con muchísimo dinero para hacerlo. De nuevo, un instrumento que deja fuera a candidaturas de la clase trabajadora, del pueblo y de los movimientos de resistencia contra el neoliberalismo y el capitalismo patriarcal. Ejemplo del carácter de esas candidaturas son las del Bronco el Gobernador de Nuevo León y la candidatura de Margarita Zavala en 2018.

 

En 2015 se registraron 37 candidaturas independientes. En 2018 se registraron 39. De todos estos solamente Manuel Clouthier, hijo del candidato panista en 1988, y el Bronco en su momento como gobernador de Nuevo León, pudieron ganar una elección bajo esta figura. Para este año todo indica que solamente dos personas alcanzarán el registro de candidaturas independientes, una en Tlaxcala y otra en Michoacán. Compañeras y compañeros de izquierda, incluso de la OPT en BC, intentaron registrar candidaturas independientes. A las dificultades para registrar candidaturas debió agregarse ahora los riesgos de la pandemia. Las candidatas del MTS/MAS en la CDMX reclamaron al INE que se eliminara el requisito de conseguir las firmas de apoyo en las calles por el riesgo de contagios y obviamente se les negó.

 

Esto ha llevado a la conclusión clara desde el movimiento de que no hay opción propia de la izquierda en el actual escenario político. Ya desde el año pasado, en el informe presentado por Humberto Montes de Oca a la Conferencia Nacional de la Nueva Central de Trabajadores (NCT) donde se dijo claramente que el nuevo gobierno “no nos representa, no es un gobierno de los trabajadores”. En la III conferencia nacional de la NCT, el 23 de enero, teniendo enfrente el proceso electoral de este año el diagnóstico es contundente y coincidimos totalmente:

“El régimen de partidos está diseñado de tal forma que descarta la posibilidad de una auténtica expresión política de las y los trabajadores. Estos, en su carácter de ciudadanos tienen que hacerse representar por los partidos insignia del sistema. Les está negada la posesión de una expresión política propia. De tal modo que sólo podrán elegir entre las formaciones políticas, en esencia, leales a la reproducción del sistema. Esta condición que niega al proletariado la posibilidad de constituirse en sujeto social autónomo, niega su potencialidad histórica y lo remite a su disolución en la masa electoral.

 

“Para la burguesía, las y los trabajadores tienen derecho a ser representados por otros, más no a representarse a sí mismos. Esta exclusión política y el extravío que provoca redundan en una remontable pérdida de identidad y pertenencia como clase social. Las luchas de resistencia al capital van en un sentido construyendo identidad y pertenencia en la medida en que avanza la conciencia y la organización clasista de los trabajadores. La Nueva Central de Trabajadores debe contribuir al desarrollo de este proceso” (documento base para la discusión de la III Conferencia de la NCT, presentado por Humberto Montes de Oca en enero del 2021).

 

El mismo texto presenta un probable pronóstico al respecto “Tal pareciera que vivimos un proceso de involución de la democracia en México. La burocratización de la clase política emergente, la exclusión de la sociedad civil y el movimiento social de los espacios legislativos y de gobierno sin duda perfilarán una nueva crisis de representatividad legitimidad y consenso del sistema de partidos. Como complemento del cierre de espacios de participación democrática podemos también mencionar el engorroso trámite para registrar nuevas organizaciones políticas y candidaturas independientes, la simulación de los “parlamentos abiertos” y la descalificación a priori de las posiciones críticas al gobierno”.

 

La conclusión de que no hay en el escenario político legal actual opción para la clase trabajadora, la izquierda anticapitalista, los movimientos de resistencia contra el neoliberalismo y el patriarcado, no nos lleva a ser intimidados por la campaña gubernamental de que apoyamos o le hacemos el juego a la derecha. No aceptamos la dicotomía gobierno o derecha. No aceptamos que tomar posición política signifique definirse por una de esas dos opciones. Construimos la opción de un polo alternativo de la izquierda anticapitalista. Una opción que no está representada por el gobierno y sus partidos.

 

Por supuesto tampoco apoyamos a la derecha ni votamos por sus partidos. Venimos, por lo menos desde 1968, como izquierda luchando contra el PRI, el régimen de partido de Estado constituido alrededor del PRI. El PRI responsable de Tlatelolco, del 10 de junio de 1971, de los desaparecidos políticos que vienen desde la época de Echeverría. Nuestra lucha contra el PRI es desde antes de Salinas y sus Chicago Boys (como Zedillo, Colosio, Camacho Solís). Varios de la generación y del equipo de Echeverría son parte del nuevo gobierno. No olvidamos. Así que a nosotros no nos pueden preguntar “¿dónde estabas cuando el PRI…?” porque nosotros no éramos de los que estaban con el PRI.

 

Los lopezobradoristas se preocupan de que la abstención no permita a Morena mantener la mayoría en el Poder Legislativo. En realidad, es un problema falso que sólo se usa para chantajear con la calumnia de que si no votas por ellos es que estás votando por la derecha. El universo de curules a distribuir de todos modos es de 500. Con abstención o sin abstención esas 500 curules deben repartirse proporcionalmente entre los partidos contendientes. El desfonde del PRIAN (y más del PRD) es real. Su desprestigio y derrota es histórica. No pueden recuperar la mayoría legislativa. La ofensiva de la derecha es sobre todo mediática. Tampoco es en la calle y la movilización (sus marchas son motorizadas y sus “plantones” son de carpas vacías). Como sea AMLO mantiene un gran nivel de aprobación. Por supuesto no es lo mismo que Morena. Pero entre Morena y los partidos aliados desde los charros sindicales de Gordillo hasta la extrema derecha evangélica del PES, tendrán la mayoría de los asientos de la Cámara. Aunque haya gran abstención y desilusión de votantes de Morena. Con poca o mucha votación tienen que repartirse los 500 lugares.

 

Para nosotros el problema hoy no es el de definir una fórmula de votación, sino el de avanzar en un polo alternativo e independiente de la izquierda anticapitalista aunque todavía no sea en torno a una alternativa político partidaria. Pero el polo alternativo, independiente del gobierno y la derecha, independiente de todos los partidos del sistema, puede avanzar por la vía de la coordinación de reales movimientos sociales de oposición radical al capitalismo y que son independientes del gobierno y sus partidos. En la actualidad esto se expresa en por lo menos tres grandes referencias al nivel de los movimientos sociales y que deberían ser la base de conformación de un polo social alternativo. Por un lado la referencia que al nivel de la clase trabajadora representa el eje del SME y la NCT, en segundo lugar por la referencia que representa la lucha de los pueblos indígenas y originarios, alrededor del CNI (Congreso Nacional Indígena) y el zapatismo y en tercer lugar por el potente movimiento de mujeres feministas que luchan contra la violencia a las mujeres, el feminicidio y por otros derechos incluido el del aborto, pero que en general asumen una perspectiva contra el patriarcado capitalista.

 

La confluencia y fundamento de estos tres movimientos en lucha, el de la clase trabajadora representada por la NCT, el de los pueblos indígenas representados por el CNI y el del movimiento feminista anticapitalista no se reduce simplemente a un acuerdo de mitin o marcha, a un nuevo membrete, sino a una confluencia de fondo programática alternativa ante la crisis que se vive nacional e internacionalmente. La NCT ha avanzado a un proyecto de programa muy completo, recogido en el texto que se llama precisamente “Salud, pan y trabajo” porque requerimos un programa no solamente sectorial sino global, ante la crisis social y política que se vive, pero que incluye también la salud y la defensa de la vida. La conjunción de las perspectivas programáticas de trabajadores, indígenas y mujeres nos representaría como ese polo alternativo ante la profundización de la crisis multidimensional que se ha acelerado con la pandemia y ante la previsible crisis de legitimidad del sistema político electoral. En definitiva, es una alternativa política y programática frente al poder.

 

Ciudad de México a 20 de febrero de 2021.

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