Johnatan Fuentes 23/02/2023 La heroica rebelión popular de los quechuas y aymaras del Perú ha desafiado al poder oligárquico asentado en Lima, que se resiste a ser derrotado. Pero solo la unidad del movimiento popular podrá lograr victorias que abran un nuevo periodo político.
Johnatan Fuentes
Johnatan Fuentes es sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú) y militante de la Corriente Amaru.
Fuente: Jacobin América Latina
Actualidad Internacional: Latitudes. América Latina
23/02/2023
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a heroica rebelión popular de los quechuas y aymaras del Perú ha desafiado al poder oligárquico asentado en Lima, que se resiste a ser derrotado. Pero solo la unidad del movimiento popular podrá lograr victorias que abran un nuevo periodo político.
Tras poco más de dos meses, las movilizaciones populares contra el golpe a Pedro Castillo y contra la implantación de un régimen autoritario cívico-militar continúan. En ese tiempo, las personas asesinadas ya suman más de sesenta, principalmente manifestantes caídos por obra de las fuerzas armadas y policiales. La heroica rebelión popular de los quechuas y aymaras del Perú ha desafiado al poder oligárquico asentado en Lima, que se resiste a ser derrotado. Pero solo la tenacidad del movimiento popular podrá lograr victorias que abran un nuevo periodo político.
El gobierno de Pedro Castillo despertó expectativas en las clases populares del interior del país, aquellos sectores sociales discriminados históricamente por la oligarquía limeña. Como todo liderazgo populista, en su dinámica policlasista optó por representar con organicidad los intereses de la burguesía emergente y la pequeña burguesía de rasgos indígenas, vinculadas ambas a las economías informales de las regiones y las universidades de provincia (lo que el sociólogo Héctor Béjar suele llamar «burguesía popular», para diferenciar en términos de raza, estatus y clase de la burguesía blanca/mestiza asentada en las ciudades de la costa peruana).
Las reforma laboral progresiva que regula la tercerización en las contrataciones de trabajo y la apertura de las oficinas del gobierno de Castillo para dialogar con las organizaciones populares expresaron en cierta forma el precario dique de contención que el gobierno representaba contra la ultraderecha. Pero Castillo no logró asentarse en el Poder Ejecutivo contando solamente con una estrategia defensiva que acudía al movimiento popular exclusivamente para resistir los embates del congreso golpista.
Después de los dos primeros gabinetes ministeriales de corte progresista que duraron hasta fines de enero de 2022, ningún referente del movimiento indígena o campesino ingresó al Ejecutivo, sino que fueron los profesionales provincianos y la burguesía emergente regional quienes consolidaron su protagonismo en el gobierno. Con el aval sostenido del presidente Castillo, esto generó un desplazamiento parcial de la tecnocracia neoliberal pero a la vez resguardó su rol en las carteras de Economía y Finanzas, El Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. En medio año de gobierno, la izquierda liberal fue expulsada del gabinete ministerial mientras que la izquierda provinciana permanecía en algunas carteras, fluctuando del oficialismo a la oposición y viceversa reiteradas veces, sin plantearse en serio una política de frente único.
Castillo no fortaleció a los movimientos populares ni construyó partido político, las cuales eran las herramientas necesarias para dotar de un proyecto político nacional al liderazgo populista que arribó al gobierno en alianza con el partido Perú Libre y el movimiento magisterial. Si Ollanta Humala durante su gobierno (2011-2016) capituló ante la CONFIEP, el gobierno de Castillo capituló ante la tecnocracia neoliberal que, en medio año y sin destituirlo, recuperó los resortes económicos del Estado peruano. No impulsó proyectos extractivos a sangre y fuego contra el campesinado ni llevó a cabo políticas de ajuste neoliberal, limitándose a mantener en piloto automático las columnas del capitalismo neoliberal peruano. Ante el paro agrario y transportista de abril de 2022 liderado por Huancayo, capital de la región de Junín, inicialmente recurrió a una respuesta represiva en la zona de conflictividad social pero finalmente canalizó sus demandas en los consejos de ministros descentralizados, sin plantearse salidas de fondo.
El golpe parlamentario contra Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022 gatilló la solidaridad de clase de las regiones del Perú, principalmente del sur andino, desatando importantes movilizaciones populares en Apurímac y Ayacucho. En Lima el movimiento magisterial y los colectivos populistas del centro de la capital fueron los primeros que se movilizaron ante un hecho político inédito: horas antes, el presidente proclamó en televisión nacional la disolución del Congreso y la convocatoria a un congreso constituyente.
Hasta el momento, es un misterio qué factores ponderó Castillo para decidirse a dar tan importante paso político sin contar con el apoyo de sus ministros ni de las fuerzas del orden. Lo cierto es que el ascenso de Dina Boluarte a la primera magistratura se dio a través de un golpe institucional con el apoyo de la ultraderecha parlamentaria, que asedió sistemáticamente al gobierno de Castillo y atrofió el equilibrio de poderes.
Boluarte implantó un régimen autoritario cívico-militar en cogobierno con el congreso golpista, que incluso pretendía quedarse hasta el año 2026 (pero debió retroceder ante la movilización popular; su contrapropuesta de las elecciones a 2024 quedó en manos del congreso golpista). Para ese entonces, los paros regionales se extendieron a todo el sur andino conforme escalaba la represión gubernamental. El 15 de diciembre, cuando es convocado el primer paro nacional por la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), se produce una masacre perpetrada por las Fuerzas Armadas y Policiales en Huanta (Ayacucho) con un saldo trágico de 10 manifestantes asesinados en un solo día.
Tras la tensa pausa de las movilizaciones durante las últimas semanas de 2022, el 4 de enero del 2023 se retoman los paros regionales y las movilizaciones en Lima. Hasta hoy, casi no cesaron. Tras el intento de los manifestantes de tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac, el 9 de enero se produce otra masacre en Juliaca (Puno) a manos de las fuerzas represivas con el saldo trágico de 19 personas asesinadas, en su mayoría manifestantes, pero también un médico que auxiliaba a los heridos.
La indignación ante las continuas masacres del régimen autoritario cívico-militar de Boluarte conta el pueblo pobre y el campesinado llevó a que las organizaciones regionales del sur andino destacaran delegaciones a Lima, centro del poder oligárquico en el Perú. Campesinos, pequeños comerciantes y estudiantes arribaron a la capital en masa, alojándose muchos de ellos en los campus universitarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). El movimiento estudiantil de la UNMSM tomó la universidad para albergar a las delegaciones mientras que en la UNI se contó con el respaldo de las autoridades universitarias.
El paro nacional de la ANP, convocado para el 19 de enero, adquirió masividad en Lima, aunque su articulación con las organizaciones regionales, que se movilizaban durante toda la mañana y sostenían los paros indefinidos bloqueando las carreteras, fue insuficiente. La joven clase trabajadora de las ciudades costeñas de La Libertad, Ica y Cañete se plegaba a la lucha popular en solidaridad con nuestros hermanos de sur andino, a pesar de los lúmpenes que actuaban como fuerza parapolicial al servicio del régimen en los operativos contra los bloqueos de carreteras en Ica, pero también en la región de Madre de Dios del oriente peruano.
En costa, sierra y selva la rebelión popular continúa extendiéndose, levantando las consignas de Fuera Boluarte, Asamblea Constituyente, Cierre del congreso y Liberación de Pedro Castillo.
En la capital se afronta una correlación de fuerzas adversa pero que lentamente comienza a virar, en gran medida debido a errores políticos del régimen de Boluarte. El 21 de enero, las fuerzas policiales desalojaron violentamente a los delegados regionales y los estudiantes del campus de la UNMSM, destruyendo una de las puertas con un tanque y deteniendo arbitrariamente de forma humillante a 193 personas sin presencia de la Fiscalía y sin orden judicial (finalmente se logró la liberación de los detenidos en 24 horas gracias al apoyo de los manifestantes, las organizaciones de derechos humanos y la desaprobación de la opinión pública ante la vejación perpetrada, que nos recuerda los tiempos de la dictadura fujimorista).
La jornada de lucha del 24 de enero cobró una masividad innegable, mientras las periferias de Lima cumplen su rol organizativo. Desde el distrito popular de Puente Piedra (Lima Norte), el 26 de enero se desplegó una movilización social de magnitudes importantes que, integrada por delegaciones regionales y activistas de la periferia limeña, se dirigió hacia el centro de la capital. Desde los distritos populares correspondientes a Lima Sur y Lima Este se preparan movilizaciones con mayor frecuencia, en el esfuerzo por convocar a más sectores sociales y rebasar a las fuerzas del orden que resguardan al régimen autoritario de Boluarte. Pero la represión en Lima escala al punto que ya superó la brutalidad policial que se vio en lucha contra Merino en 2020: los cuerpos represivos utilizan bombas lacrimógenas y perdigones de forma indiscriminada, método que ya se cobró su primera víctima mortal el 28 de enero, con el disparo de una bomba lacrimógena a la cabeza de un manifestante.
La rebelión popular carece de un espacio articulador consolidado a nivel nacional que pueda acelerar la caída del gobierno asesino de Boluarte y reforzar la bandera de asamblea constituyente como estrategia de ruptura con el neoliberalismo. Las organizaciones populares tradicionales de la ANP, que tienen un peso político importante, no han logrado articular con las organizaciones populares regionales al ritmo que se necesita. Esta dificultad debe resolverse lo más pronto posible; de lo contrario, la dispersión puede profundizarse, postergando los saltos organizativos del movimiento popular que ha avanzado de reivindicaciones socioeconómicas a reivindicaciones políticas en un proceso de politización importante. La creación del Comité Nacional Unificado de Lucha (CONUL) que integra a las organizaciones regionales, el bloque universitario y Las Limas (Sur, Norte, Este) es un avance importante en este sentido.
El proceso de radicalización política que subyace a la rebelión popular en curso no se debe a la política que tuvo el gobierno de Castillo, sino a la acumulación de experiencias del movimiento popular y campesino de las regiones que protagonizó el Aymarazo, el Moqueguazo, el Baguazo y el Arequipazo, entre otros levantamientos populares antineoliberales durante la postransición democrática, que afronta ahora una crisis política iniciada el 2016 con la derrota de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales. Es el mismo movimiento popular que en 2020 desató una rebelión democrática en Lima que derribó al gobierno ilegitimo de Merino; el mismo movimiento que se profundiza ante el asedio de la ultraderecha golpista a la victoria electoral de Castillo del 2021 y que, tras su derrocamiento en diciembre de 2022 y las continuas masacres del régimen de Boluarte, emerge en la forma de una rebelión nacional-popular bajo el protagonismo de los quechuas y aymaras del Perú.
Las reivindicaciones democráticas y antineoliberales sintetizadas en la lucha del movimiento popular nos plantea a la izquierda peruana el reto de aportar en la construcción de un proyecto político de ruptura con el neoliberalismo y el capitalismo. La tarea del momento es impulsar la alianza obrera-campesina para que se erija en dirección nacional de la heroica lucha desplegada por nuestros pueblos del Perú profundo. Cualquier salida institucional que provenga del congreso golpista y del gobierno asesino de Boluarte sería, en el mejor de los casos, insuficiente; el objetivo debe pasar por poner fin a la nefasta constitución del 93 y su diseño institucional legado de la dictadura fujimorista.