Actualidad Internacional: Latitudes. Oriente Medio y Magreb
08/01/2024
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Un juez de Bejaïa acaba de decidir que el profesor Kamel Aïssat queda absuelto de todos los cargos en el caso de la mina de zinc y plomo de Tala Hamza, en la Wilaya de Bejaïa.
En un régimen de libertades democráticas, la ciudadanía -es decir, la participación de los ciudadanos en la construcción de la esfera pública, pero también su determinación para defender sus derechos- es el criterio esencial para que el sistema funcione. En un régimen de dictadura o autoritarismo, la ciudadanía encarna la subversión, un alborotador para los que detentan el poder.
¿Es éste el caso de nuestro país, dado el acoso sufrido por Kamel Aïssat, cuyo veredicto acaba de absolverle de cargos alucinantes e insensatos de «atentar contra el interés nacional» y «socavar la unidad nacional»? Era un patriota de todas las naciones y pueblos oprimidos.
¿Qué ha hecho? Ningún delito, ninguna falta, ningún crimen. Mejor aún, ha intentado cumplir con su deber de ciudadano, proclamado por la Constitución y las leyes del país.
Se acusa a Kamel Aïssat de haber expresado su opinión de experto sobre la calidad del «estudio de impacto» elaborado por la consultora ENVICONSULT (en 2020) para WMZ (la empresa explotadora). El profesor Aïssat expresó serias reservas en dos ámbitos clave (el medio ambiente y el derecho).
En cuanto al medio ambiente, criticó el estudio de impacto por ignorar los riesgos científica e históricamente probados de intoxicación inminente de la población por metales pesados. Criticó el estudio por ignorar los riesgos para la capa freática del Soummam, que sustenta la industria agroalimentaria de la región y abastece a todo el mercado nacional y más allá.
En el plano jurídico, criticó el estudio de impacto por ignorar las leyes de la República, a saber, la Ley de Medio Ambiente, uno de cuyos objetivos es prevenir cualquier forma de contaminación o daño al medio ambiente garantizando la protección de sus componentes; el decreto wali nº. 13/1000 de 06/05/2013, que confiere al valle del Soummam el estatus de humedal de importancia internacional protegido por el convenio RAMSAR, ratificado por Argelia (decreto 82/439 de 11 de septiembre de 1982); pero también, y sobre todo, la ley minera, cuyo artículo 3 «prohíbe toda actividad minera en los lugares protegidos por convenios internacionales y/o textos legales».
Dado que el presidente ha hecho del sector minero uno de los ejes clave del desarrollo económico, las autoridades responsables de la mina de Tala-Hamza/Amizour actúan como si estuvieran exentas de todo principio de prevención y de respeto de las leyes de la República. En el Consejo de Ministros del 24 de abril de 2022, el propio Jefe del Estado «insistió en la necesidad imperiosa de tener en cuenta las normas medioambientales exigidas»…
A modo de recordatorio, en 2012, el Ministro de Energía y Minas, Youcef Yousfi, en una visita a Béjaïa, indicó que «el estudio presentado por Terramin no era satisfactorio». Dos meses más tarde, en una entrevista a Le Quotidien d’Oran, dijo de Terramin que «pequeñas empresas han venido a intentar hacer un buen negocio, pero no tienen los recursos técnicos para desarrollar estas minas de forma racional y de manera que se garantice la seguridad de la población y se proteja el medio ambiente». En consecuencia, se rescindió el contrato. Dos años más tarde, se promulgó una nueva ley de minería «que prohíbe, en su artículo 3, toda actividad minera en lugares protegidos por convenios internacionales y/o por la legislación».
En el contexto actual, dada la mayor conciencia ecológica de la sociedad, es evidente que la lucha de Kamel Aïssat está recibiendo la atención que merece, gracias a la sentencia judicial que acaba de dictarse a su favor y a la lucha librada por los cientos de ciudadanos que han expresado su rechazo a este proyecto y han presentado peticiones contra el desarrollo de la mina.
Ha sido la movilización popular la que ha llevado a la absolución de Kamel Aïssat: ésta, con la participación de los vecinos, las organizaciones de movimientos sociales, las asociaciones, los sindicatos independientes y la UGTA, ha demostrado dónde está la legitimidad, a pesar de que el fiscal había pedido tres años de cárcel. Esto es un estímulo para la movilización contra la mina y para las luchas ecologistas y antiimperialistas. Para todas las víctimas de la represión, en particular desde el Hirak, es una prueba formidable de que la lucha, combinando acción legal y militante, puede alcanzar el éxito.
Actualidad Internacional: Latitudes. Oriente Medio y Magreb
31/12/2023
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Después de casi 12 semanas de ataques permanentes por parte de Israel sobre la franja de Gaza la situación es cada día más dramática. Estamos asistiendo en directo a un genocidio, un verdadero exterminio en curso del pueblo palestino, sometido a indiscriminados bombardeos sin tregua. Según diversos analistas el volumen de bombas lanzadas por el ejercito israelí sobre la franja de Gaza no tiene precedentes desde la guerra de Vietnam. Mientras tanto el Estado de Israel impide la entrada de suministros vitales (combustible, alimentos, agua y medicamentos), dejando a la población sin comida, sin hospitales, sin escuelas, sin casas y sin protección. Todas las organizaciones que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, así como diferentes organismos vinculados a las Naciones Unidas, han denunciado de manera reiterada una situación insoportable para la vida humana sin obtener ninguna respuesta por parte de la llamada “comunidad internacional”.
Limpieza étnica, la Nakba, empezó en 1948 con el desplazamiento de unos 750.000 palestinos, pero sigue hoy como proceso inherente en el proyecto de colonialismo de asentamiento que es el sionismo. Por lo tanto, es indispensable no dejarse atrapar por la retórica israelí que intenta esconder la realidad de la limpieza étnica constante en que se produce cada acción de resistencia.
La impotencia no debe paralizarnos, aunque no existen palabras para describir las insoportables imágenes que estamos viendo estos días a través de las redes sociales. La prensa occidental, acostumbrada a la complicidad con la entidad colonial, informa de una manera parcial, normalmente según los intereses de sus respectivos gobiernos, también cómplices con Israel. Así, el relato que se quiere instalar es la de un conflicto entre dos partes de difícil entendimiento, lleno de aristas. Esa es la razón por la cual los periodistas que operan desde el territorio se han convertido en un objetivo específico del Estado de Israel. 101 periodistas, según The Euro-Mediterranean Human Rights han sido asesinados deliberadamente para evitar el derecho a la información. No obstante, la equidistancia calculada se va desmontando a medida que pasan los días y el relato sionista va perdiendo argumentos ante la magnitud de la barbarie.
Israel por su parte alega un falso derecho de defensa y se beneficia de una injustificable impunidad a la vista de los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo de manera permanente. La Unión Europea vuelve a mostrarse incapaz de acordar ni tan siquiera una propuesta de mínimos, como sería un alto el fuego humanitario, en todo caso totalmente insuficiente. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha hecho caso omiso al clamor de las calles para parar este genocidio, con el veto sistemático de los Estados Unidos, principal valedor armamentístico y económico del estado colonial.
En contraposición, las calles del sur global y gran parte de occidente exigen respuestas contundentes ante esta masacre que no cesa. La presión va en aumento, socavando la imagen de un estado colonial que usa su poderío militar para causar decenas de miles de muertes palestinas, la inmensa mayoría población civil, y situándolo como un estado paria, similar a la Sudáfrica del apartheid. El apoyo popular a la causa palestina ha sido enorme, pero tenemos que seguir movilizándonos, primero y más urgente para que cese la masacre sobre la Gaza, exigiendo a nuestros gobiernos que cumplan, y hagan cumplir, al menos el Derecho Internacional.
Ante esta situación queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino y nuestro compromiso para ejercer la máxima presión sobre el Estado de Israel. Una manera de hacerlo es a través de la Campaña BDS (Boicot, Sanciones y Desinversiones) lanzada en el año 2005 por más de 170 entidades palestinas de Gaza, Cisjordania, el Estado de Israel y la diáspora. Además de manera urgente exigimos:
Profesor invitado de la Universidad Federal de Sergipe, Brasil. Miembro electo del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y Coordinador del GT CLACSO “Capitalismo digital, políticas educativas y pedagogías críticas” (2023-2025). Miembro del Secretariado del Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo (Río de Janeiro, Brasil, octubre 2024). Integrante de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Fundación Kairos y la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Investigador del Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación (CII-OVE). Investigador asociado al eje “trabajo docente” de la CRES+5 a realizarse en Brasilia, Brasil, abril 2024.
Actualidad Internacional: Latitudes. América Latina
15/12/2023
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En estos días se ha roto el acostumbrado silencio mediático internacional sobre lo que ocurre en Paraguay. Pareciera como si el fantasma de Stroessner siguiera imponiendo un velo comunicacional a la lucha de clases en ese país. Esta opacidad ha sido resistida a través del tiempo por distintas organizaciones de la sociedad civil e individualidades, desde las ligas cristianas campesinas, el movimiento sindical y el profesorado organizado, hasta personalidades icónicas como Margarita Durán Estragó y profesionales de distintas áreas entre los que se cuentan Alfredo Boccia, Andrés Colmán o Milda Rivarola. Hoy es el Frente Sindical y Social quien resiste a este embate neoliberal de querer modificar el régimen de pensiones y jubilaciones.
La propuesta de Ley procura generar un “borrón y cuenta nueva” a las deudas que tiene el Ejecutivo de ese país con la Caja del Seguro Social, quebrar definitivamente los menguaos rastros del régimen solidario de pensiones y abrir camino al aumento de la edad de jubilaciones de 60-62 años a 75 años de edad, aunque lo que hay de fondo es una exigencia del Fondo Monetario Internacional para otorgar créditos soportados en los ahorros de jubilación. Pero este despropósito ha conseguido resistencia en las calles.
Un país con menos de ocho millones de habitantes ha visto despertar a su clase trabajadora clasista y dejado caer la careta del sindicalismo burocrático, pues las cinco centrales sindicales han suscrito el pacto con el gobierno contra la clase trabajadora. Tanto la histórica CUT, como su deriva la CUT-A, como la CNT, CGT, CPT firmaron un acuerdo para vender la seguridad social de la clase trabajadora paraguaya
El pasado martes 12 de diciembre las fuerzas sociales y sindicales clasistas se plantaron frente al parlamento para exigir que no se aprobara el proyecto de Ley. Al final del día, las fuerzas policiales arremetieron contra los manifestantes deteniendo a 31 militantes del combativo sindicato SITRANDE. Durante horas. Los manifestantes resistieron y se replegaron a una distancia prudencial para exigir la liberación de los detenidos. En horas de la noche, la insistencia de los gremios, entre los cuales destaca la Organización de los Trabajadores de la Educación Pública – Sindicato Nacional (OTEP-SN) y SITRAFACSO de la Universidad del Paraguay, lograron que se liberaran los detenidos. A la salida de prisión Adolfo Villalba, máximo dirigente de SITRANDE, gritaba a los cuatro vientos que nunca se había sentido tan orgulloso como en esta oportunidad, por haber ido a la cárcel por una causa popular justa.
Al día siguiente, el 13 de diciembre a primera hora entrevistamos a la presidenta de la OTEP-SN la profesora Blanca Ávalos, mientras los manifestantes se autoconvocaban a partir de las 8 de la mañana frente al parlamento. A media mañana un grupo de diputados, rompiendo el quorum necesario se acercaron a los manifestantes a escucharlos. Sin embargo, horas mas tarde, el Ejecutivo aliado con los parlamentarios del expresidente neoliberal Cartes, hicieron un despliegue sin precedentes, que incluyó traer en aviones rentados a diputados que se encontraban al interior del país, para lograr quorum y en sesiones breves y continuas aprobar la deplorable Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Esta situación abre una nueva etapa en la lucha social en el Paraguay, mientras las fuerzas sindicales clasistas trazan una estrategia para impedir la aplicación y efectos de la aprobación de la Ley, convocando a una reunión unitaria y clasista para el lunes 18 de diciembre. Lo novedoso es la rearticulación del Frente Sindical y Social, del cual han decidido ahora formar parte el Frente de Funcionarios Públicos en su mayoría base social de la actual administración del gobierno paraguayo, veremos si logran superar las presiones que vendrán.
El fin de año y los primeros meses del año 2024 parecieran presagiar una creciente conflictividad en las calles para frenar las políticas neoliberales e la alianza del viejo Partido Colorado con los seguidores del expresidente Cartes y la burocracia sindical.
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En 1935 se celebró en Nueva York el Congreso de Escritores Estadounidenses y un segundo dos años después. Convocaron a “cientos de poetas, novelistas, dramaturgos, críticos, escritores de relatos cortos y periodistas” para debatir el “rápido desmoronamiento del capitalismo” y la amenaza de otra guerra. Fueron actos electrizantes a los que, según un testimonio, asistieron 3.500 personas, y más de mil fueron rechazadas.
Arthur Miller, Myra Page, Lillian Hellman y Dashiell Hammett advirtieron de que el fascismo estaba creciendo, a menudo de forma encubierta, y de que la responsabilidad de denunciarlo recaía en escritores y periodistas. Se leyeron telegramas de apoyo de Thomas Mann, John Steinbeck, Ernest Hemingway, C Day Lewis, Upton Sinclair y Albert Einstein.
La periodista y novelista Martha Gellhorn habló en nombre de los indigentes y los parados, y de “todos los que estamos bajo la sombra de un gran poder violento”.
Martha, que se convirtió en una buena amiga, me dijo más tarde ante su habitual copa de Famous Grouse con soda: “La responsabilidad que sentía como periodista era inmensa. Había sido testigo de las injusticias y el sufrimiento que trajo la Gran Depresión, y sabía, todos lo sabíamos, lo que se avecinaba si no se rompían los silencios”.
Sus palabras resuenan en los silencios de hoy: son silencios cargados de un consenso de propaganda que contamina casi todo lo que leemos, vemos y oímos. Permítanme darles un ejemplo: El 7 de marzo, los dos periódicos más antiguos de Australia, elSydney Morning HeraldyThe Age, publicaron varias páginas sobre “la amenaza inminente” de China. Colorearon de rojo el Océano Pacífico. La mirada china era marcial, amenazadora y estaba en marcha. El Peligro Amarillo estaba a punto de caer como por efecto de la gravedad.
No se dio ninguna razón lógica para que China atacara a Australia. Un “panel de expertos” no presentó ninguna prueba creíble: uno de ellos es un antiguo director del Instituto Australiano de Política Estratégica, una tapadera del Departamento de Defensa de Canberra, el Pentágono de Washington, los gobiernos de Gran Bretaña, Japón y Taiwán y la industria militar de Occidente.
“Pekín podría atacar dentro de tres años”, advirtieron. “No estamos preparados”. Se van a gastar miles de millones de dólares en submarinos nucleares estadounidenses, pero eso, al parecer, no es suficiente. “Se acabaron las vacaciones históricas de Australia”: cualquiera que sea el significado de esta frase.
Las críticas a China, basadas en el largo historial de racismo hacia Asia por parte de Australia, se han convertido en una especie de deporte para los expertos
No existe amenaza alguna para Australia, ninguna. El lejano y “afortunado” país no tiene enemigos, y menos aún China, su principal socio comercial. Sin embargo, las críticas a China, basadas en el largo historial de racismo hacia Asia por parte de Australia, se han convertido en una especie de deporte para los autodenominados “expertos”. ¿Qué piensan los australianos de origen chino? Muchos se sienten confusos y temerosos.
Los autores de estos grotescos mensajes encubiertos y este servilismo al poder estadounidense son Peter Hartcher y Matthew Knott, “reporteros de seguridad nacional” creo que los llaman. Recuerdo a Hartcher de sus excursiones pagadas por el Gobierno israelí. El otro, Knott, es un emisario de los jerarcas de Canberra. Ninguno de los dos ha visto nunca una zona de guerra y sus extremos de degradación y sufrimiento humanos.
“¿Cómo hemos llegado a esto?”, diría Martha Gellhorn si estuviera aquí. “¿Dónde demonios están las voces que los rebatan? ¿Dónde está la camaradería?”.
Las voces se oyen en elsamizdatde este sitio web y de otros. En literatura, gente de la talla de John Steinbeck, Carson McCullers o George Orwell han quedado obsoletos. Ahora manda el posmodernismo. El liberalismo ha ascendido en su escala política. Australia, una socialdemocracia antaño somnolienta, ha promulgado una red de nuevas leyes que protegen el poder secreto y autoritario e impiden el derecho a saber. Las personas que denuncian son proscritas y juzgadas en secreto. Una ley especialmente siniestra prohíbe la “injerencia extranjera” de quienes trabajan para empresas extranjeras. ¿Qué significa esto?
En Occidente, nuestro imaginario político ha sido desatendido por las intrigas de políticos corruptos de baja estofa: Boris Johnson, Donald Trump , Sleepy Joe, Volodímir Zelenski
La democracia ahora es conceptual; existe la élite todopoderosa de la corporación fusionada con el Estado y las exigencias de la “identidad”. Los almirantes estadounidenses cobran miles de dólares al día del contribuyente australiano por “asesoramiento”. En todo Occidente, nuestro imaginario político ha sido apaciguado por las relaciones públicas y desatendido por las intrigas de políticos corruptos de muy baja estofa: un Boris Johnson o un Donald Trump o un Sleepy Joe o un Volodímir Zelenski.
En 2023 no se celebra ningún congreso de escritores que se preocupe por “el desmoronamiento del capitalismo” y las provocaciones letales de “nuestros” líderes. El más infame de ellos, Tony Blair, un criminalprima faciesegún el Código de Nuremberg, es libre y rico. Julian Assange, que desafió a los periodistas a demostrar que sus lectores tenían derecho a saber, va hacia su segunda década de encarcelamiento.
El auge del fascismo en Europa es incontrovertible. O “neonazismo” o “nacionalismo extremista”, como prefieran. Ucrania, como colmena fascista de la Europa moderna, ha visto resurgir el culto a Stepan Bandera, el apasionado antisemita y genocida que alabó la “política judía” de Hitler que masacró a 1,5 millones de judíos ucranianos. “Pondremos vuestras cabezas a los pies de Hitler”, proclamaba un panfleto banderista a los judíos ucranianos.
Hoy, en el oeste de Ucrania, Bandera es venerado como un héroe y hay decenas de estatuas de él y de sus compañeros fascistas, pagadas por la UE y Estados Unidos, que sustituyen a las de gigantes rusos de la cultura y otros que liberaron a Ucrania de los nazis originales.
En 2014, los neonazis desempeñaron un papel clave en un golpe de Estado financiado por Estados Unidos contra el presidente electo, Víktor Yanukóvich, acusado de ser “prorruso”
En 2014, los neonazis desempeñaron un papel clave en un golpe de Estado financiado por Estados Unidos contra el presidente electo, Víktor Yanukóvich, acusado de ser “prorruso”. El régimen golpista incluía a destacados “nacionalistas extremistas”, nazis en todo menos en el nombre.
Al principio, la BBC y los medios de comunicación europeos y estadounidenses informaron ampliamente sobre ello. En 2019, la revistaTimepresentó a las “milicias supremacistas blancas” activas en Ucrania. NBC News informó: “El problema nazi de Ucrania es real”. La inmolación de sindicalistas en Odessa fue filmada y documentada.
Encabezados por el regimiento Azov, cuya insignia, el “Wolfsangel”, se hizo tristemente célebre gracias a las SS alemanas, los militares ucranianos invadieron la región oriental de Donbás, de habla rusa. Según las Naciones Unidas, murieron 14.000 personas en el este. Siete años después, con las conferencias de paz de Minsk saboteadas por Occidente, como confesó Angela Merkel, el Ejército Rojo invadió.
Esta versión de los hechos no fue difundida en Occidente. Solo mencionarla es caer en el abuso de ser un “apologista de Putin”, independientemente de que el escritor (como yo) haya condenado la invasión rusa. Comprender la extrema provocación que supuso para Moscú una frontera armada por la OTAN, Ucrania, la misma frontera por la que invadió Hitler, es un anatema.
Los periodistas que viajaron a Donbás fueron silenciados o incluso acosados en su propio país. El periodista alemán Patrik Baab perdió su trabajo y a una joven reportera independiente alemana, Alina Lipp, le embargaron su cuenta bancaria.
En Gran Bretaña, el silencio de la intelectualidad liberal es el silencio de la intimidación. Hay que evitar los asuntos de Estado como Ucrania e Israel, si se quiere conservar un trabajo en el campus o una plaza de profesor. Lo que le sucedió al exlíder laborista Jeremy Corbyn en 2019 se repite en los campus, donde los opositores al apartheid de Israel son tachados falsamente de antisemitas para desprestigiarlos.
La Universidad de Bristol despidió al profesor David Miller, irónicamente la máxima autoridad del país en propaganda moderna, por sugerir públicamente que los “activos” de Israel en Gran Bretaña y sulobbypolítico ejercían una influencia desproporcionada en todo el mundo, un hecho sobre el que hay muchas pruebas.
La Universidad de Bristol despidió al profesor David Miller por sugerir públicamente que los “activos” de Israel en Gran Bretaña ejercían una influencia desproporcionada
La universidad contrató a un destacado consejero de la reina para que investigara el caso de forma independiente. Su informe exoneró a Miller en la “importante cuestión de la libertad de expresión académica” y concluyó que “los comentarios del profesor Miller no constituían un discurso ilegal”. Sin embargo, Bristol lo despidió. El mensaje es claro: no importa la barbaridad que cometa, Israel tiene inmunidad y sus críticos deben ser castigados.
Hace unos años, Terry Eagleton, entonces profesor de literatura inglesa en la Universidad de Manchester, consideraba que “por primera vez en dos siglos, no hay ningún poeta, dramaturgo o novelista británico eminente dispuesto a cuestionar los fundamentos del modo de vida occidental”.
Ningún Shelley habló por los pobres, ningún Blake por los sueños utópicos, ningún Byron condenó la corrupción de la clase dominante, ningún Thomas Carlyle y John Ruskin reveló el desastre moral del capitalismo. William Morris, Oscar Wilde, HG Wells, George Bernard Shaw no tenían equivalentes hoy en día. Entonces vivía Harold Pinter, “el último en alzar la voz”, escribió Eagleton.
¿De dónde procede el posmodernismo, el rechazo a la política real y a la auténtica disidencia? La publicación en 1970 delbestsellerde Charles Reich,The Greening of America, ofrece una pista. Estados Unidos se encontraba entonces en plena transformación; Richard Nixon estaba en la Casa Blanca, una resistencia civil, conocida como “el movimiento”, había irrumpido desde los márgenes de la sociedad en medio de una guerra que afectaba a casi todo el mundo. En alianza con el movimiento en defensa de los derechos civiles, presentaba el desafío más serio al poder de Washington desde hacía un siglo.
En la portada del libro de Reich aparecían estas palabras: “Se avecina una revolución. No será como las revoluciones del pasado. Se originará en el individuo”.
Por aquel entonces yo era corresponsal en Estados Unidos y recuerdo el ascenso, de la noche a la mañana y a la categoría de gurú, de Reich, un joven académico de Yale. ElNew Yorkerhabía publicado su libro por entregas, cuyo mensaje era que “la acción política y la verdad” de la década de 1960 habían fracasado y sólo “la cultura y la introspección” cambiarían el mundo. Daba la impresión de que elhippismose apoderaba de la clase consumidora. Y en cierto sentido así era.
En pocos años, el culto al “yoísmo” prácticamente había anulado el sentido de la solidaridad, la justicia social y el internacionalismo de muchas personas. Clase, género y raza estaban separados. Lo personal era lo político y lo mediático era el mensaje. Ganar dinero, se decía.
En cuanto al “movimiento”, su esperanza y sus canciones, los años de Ronald Reagan y Bill Clinton acabaron con todo ello. La policía estaba ahora en guerra abierta con los negros; las tristemente célebres leyes de asistencia social de Clinton batieron récords mundiales en el número de personas, en su mayoría negros, que enviaron a la cárcel.
Cuando ocurrió el 11-S, la fabricación de nuevas “amenazas” en la “frontera de Estados Unidos” (como el Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense llamaba al mundo) remató la desorientación política de aquellos que, veinte años antes, habrían formado una vehemente oposición.
El número de muertos en la “guerra contra el terror” de Estados Unidos en Afganistán, Irak y Pakistán fue de “al menos” 1,3 millones
En los años transcurridos desde entonces, Estados Unidos ha entrado en guerra con el mundo. Según un informe en gran medida ignorado y elaborado por Médicos por la Responsabilidad Social, Médicos por la Supervivencia Global y Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear –estos últimos galardonados con el Premio Nobel–, el número de muertos en la “guerra contra el terror” de Estados Unidos en Afganistán, Irak y Pakistán fue de “al menos” 1,3 millones.
Esta cifra no incluye los muertos de las guerras dirigidas y alimentadas por Estados Unidos en Yemen, Libia, Siria, Somalia y otros países. La verdadera cifra, según el informe, “bien podría ser superior a 2 millones [o] aproximadamente diez veces mayor que la que el público, los expertos y los responsables de la toma de decisiones conocen y [es] propagada por los medios de comunicación y las principales ONG”.
“Al menos” un millón murieron en Irak, dicen los médicos, o el 5% de la población.
La enormidad de esta violencia y sufrimiento parece no tener cabida en la conciencia occidental. “Nadie sabe cuántos” es el estribillo de los medios de comunicación. Blair y George W. Bush –y Straw y Cheney y Powell y Rumsfeldet al– nunca corrieron peligro de ser procesados. El maestro de propaganda de Blair, Alistair Campbell, es aclamado como una “personalidad mediática”.
En 2003, grabé en Washington una entrevista con Charles Lewis, el reconocido periodista de investigación. Hablamos de la invasión de Irak de unos meses antes. Le pregunté: “¿Y si los medios de comunicación constitucionalmente más libres del mundo hubieran cuestionado seriamente a George W. Bush y Donald Rumsfeld e investigado sus declaraciones, en lugar de difundir lo que resultó ser una burda propaganda?”.
Él respondió: “Si los periodistas hubiéramos hecho nuestro trabajo, hay muchas, muchas posibilidades de que no hubiéramos ido a la guerra de Irak”.
Le hice la misma pregunta a Dan Rather, el famoso presentador de la CBS, que me dio la misma respuesta. David Rose, delObserver, que había promovido la “amenaza” de Sadam Husein, y Rageh Omaar, entonces corresponsal de la BBC en Irak, me dieron la misma respuesta. El admirable arrepentimiento de Rose por haber sido “engañado” hablaba en nombre de muchos reporteros carentes de su valor para reconocerlo.
Si los periodistas hubieran hecho su trabajo, un millón de hombres, mujeres y niños iraquíes podrían estar vivos hoy
Merece la pena repetir sus opiniones. Si los periodistas hubieran hecho su trabajo, si hubieran cuestionado e investigado la propaganda en lugar de amplificarla, un millón de hombres, mujeres y niños iraquíes podrían estar vivos hoy; millones podrían no haber huido de sus hogares; la guerra sectaria entre suníes y chiíes podría no haber estallado, y el Estado Islámico podría no haber existido.
Si aplicamos esta verdad sobre las guerras depredadoras que desde 1945 han desencadenado Estados Unidos y sus “aliados”, la conclusión es sobrecogedora. ¿Se plantea esto alguna vez en las facultades de periodismo?
Hoy en día, la guerra mediática es una tarea clave del llamado periodismo dominante que recuerda a la descrita por un fiscal de Nuremberg en 1945:
“Antes de cada gran agresión, con algunas pocas excepciones por motivos de conveniencia, iniciaban una campaña de prensa calculada para debilitar a sus víctimas y preparar psicológicamente al pueblo alemán… En el sistema de propaganda… las armas más importantes eran la prensa diaria y la radio”.
Uno de los hilos conductores en la vida política estadounidense es un extremismo sectario que se acerca al fascismo. Aunque se atribuyó a Trump, fue durante los dos mandatos de Barack Obama cuando la política exterior estadounidense coqueteó seriamente con el fascismo. De esto casi nunca se informó.
“Creo en el excepcionalismo estadounidense con cada parte de mi ser”, dijo Obama, que expandió el pasatiempo presidencial favorito, los bombardeos, y los escuadrones de la muerte conocidos como “operaciones especiales” como ningún otro presidente lo había hecho desde la primera Guerra Fría.
Según una encuesta del Consejo de Relaciones Exteriores, en 2016 Obama lanzó 26.171 bombas. Es decir, 72 bombas cada día
Según una encuesta del Consejo de Relaciones Exteriores, en 2016 Obama lanzó 26.171 bombas. Es decir, 72 bombas cada día. Bombardeó a los más pobres y a la gente de color: en Afganistán, Libia, Yemen, Somalia, Siria, Irak, Pakistán.
Cada martes –informóThe New York Times–seleccionaba personalmente quienes morirían por el fuego infernal de los misiles disparados desde drones. Bodas, funerales, pastores eran atacados, junto con los que intentaban recoger las partes de los cuerpos que engalanaban el “objetivo terrorista”.
Un destacado senador republicano, Lindsey Graham, calculó que los drones de Obama habían matado a 4.700 personas. “A veces se alcanza a gente inocente y lo odio”, dijo, “pero hemos acabado con algunos miembros muy importantes de Al Qaeda”.
En 2011, Obama declaró a los medios que el presidente libio Muamar Gadafi planeaba un “genocidio” contra su propio pueblo. “Sabíamos…”, dijo, “que si esperábamos un día más, Bengasi, una ciudad del tamaño de Charlotte [Carolina del Norte], podría sufrir una masacre que habría reverberado en toda la región y habría manchado la conciencia del mundo”.
Era mentira. La única “amenaza” era la inminente derrota de los islamistas fanáticos a manos de las fuerzas gubernamentales libias. Con sus planes para un renacimiento del panafricanismo independiente, un banco africano y una moneda africana, todo ello financiado por el petróleo libio, Gadafi fue presentado como un enemigo del colonialismo occidental en el continente en el que Libia era el segundo Estado más moderno.
El objetivo era destruir la “amenaza” de Gadafi y su Estado moderno. Respaldada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, la OTAN lanzó 9.700 misiones de combate contra Libia. Un tercio se dirigió contra infraestructuras y objetivos civiles, informó la ONU. Se utilizaron ojivas de uranio; se bombardearon las ciudades de Misurata y Sirte. La Cruz Roja identificó fosas comunes, y Unicef informó de que “la mayoría [de los niños asesinados] eran menores de diez años”.
Cuando a Hillary Clinton, secretaria de Estado de Obama, le dijeron que Gadafi había sido capturado por los insurrectos y sodomizado con un cuchillo, se rió y dijo a la cámara: “¡Vinimos, vimos, murió!”.
El 14 de septiembre de 2016, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes de Londres informó de la conclusión de un estudio de un año sobre el ataque de la OTAN a Libia que describió como un “conjunto de mentiras” –incluida la historia de la masacre de Bengasi–.
El bombardeo de la OTAN transformó a Libia, que era el país africano con el más alto nivel de vida, en un Estado fallido devastado por la guerra
El bombardeo de la OTAN sumió a Libia en un desastre humanitario que mató a miles de personas y desplazó a cientos de miles más, y transformó a Libia, que era el país africano con el más alto nivel de vida, en un Estado fallido devastado por la guerra.
Con Obama, Estados Unidos amplió las operaciones secretas de las “fuerzas especiales” a 138 países, es decir, al 70% de la población mundial. El primer presidente afroamericano inició lo que equivalía a una invasión de África a gran escala.
Con reminiscencias de la Lucha por África del siglo XIX, el Mando Africano de Estados Unidos (Africom) ha creado desde entonces una red de suplicantes, entre los regímenes africanos colaboradores, deseosos de sobornos y armamento estadounidenses. La doctrina “de soldado a soldado” del Africom integra a oficiales estadounidenses en todos los niveles de mando, desde el general hasta el suboficial. Solo faltan los salacots.
Es como si la orgullosa historia de liberación de África, desde Patrice Lumumba hasta Nelson Mandela, hubiera sido relegada al olvido por la élite colonial negra sometida a un nuevo amo blanco. La “misión histórica” de esta élite, advirtió el sabio Frantz Fanon, es la promoción de “un capitalismo rampante aunque camuflado”.
El año en que la OTAN invadió Libia, 2011, Obama anunció lo que se conoció como el “pivote hacia Asia”. Casi dos tercios de las fuerzas navales estadounidenses se trasladarían a Asia-Pacífico para “hacer frente a la amenaza de China”, en palabras de su secretario de Defensa.
No había ninguna amenaza de China; había una amenaza para China por parte de Estados Unidos; unas 400 bases militares estadounidenses formaban un arco a lo largo del borde del corazón industrial de China, que un funcionario del Pentágono describió como una “soga».
Al mismo tiempo, Obama colocó misiles en Europa del Este apuntando a Rusia. Fue el beatificado receptor del Premio Nobel de la Paz quien incrementó el gasto en cabezas nucleares a un nivel superior al de cualquier administración estadounidense desde la Guerra Fría –cuando había prometido, en un emotivo discurso que ofreció en el centro de Praga en 2009, “ayudar a librar al mundo de las armas nucleares” –.
Obama y su administración sabían que el golpe contra el Gobierno de Ucrania provocaría una respuesta rusa y probablemente ocasionaría una guerra. Y así ha sido
Obama y su administración sabían perfectamente que el golpe contra el Gobierno de Ucrania que su secretaria de Estado adjunta, Victoria Nuland, fue enviada a supervisar en 2014 provocaría una respuesta rusa y probablemente ocasionaría una guerra. Y así ha sido.
Escribo este texto el 30 de abril, aniversario del último día de la guerra más larga del siglo XX, la guerra de Vietnam, de la que fui reportero. Cuando llegué a Saigón era muy joven y aprendí mucho. Aprendí a reconocer el zumbido inconfundible de los motores de los gigantescos B-52, que dejaban caer su masacre desde lo alto de las nubes sin perdonar nada ni a nadie; aprendí a no apartar la vista ante un árbol carbonizado adornado con restos humanos; aprendí a valorar la bondad como nunca antes; aprendí que Joseph Heller tenía razón en su magistralTrampa 22: que la guerra no era apta para personas cuerdas; y aprendí sobre «nuestra» propaganda.
Durante toda aquella guerra, la propaganda decía que un Vietnam victorioso extendería su enfermedad comunista al resto de Asia y permitiría que el Gran Peligro Amarillo del norte se extendiera. Los países caerían como “fichas de dominó”.
El Vietnam de Ho Chi Minh salió victorioso y nada de lo anterior ocurrió. Sin embargo, la civilización vietnamita floreció, notablemente, a pesar del precio que pagaron: 3 millones de muertos. Los mutilados, los deformes, los adictos, los envenenados, los perdidos.
Si los propagandistas de hoy consiguen librar su guerra con China, esto será una parte mínima de lo que está por venir. Alza la voz.
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Motivado por el interesante artículo de Martín Mosquera “¿Es Milei una amenaza fascista?”, que comparto en general y con el que me siento reivindicado en mi angustia por recuperar la seriedad en el uso del concepto de “fascismo”, me atreví a escribir estas notas con el ánimo de contribuir al debate y encontrar los puntos de diálogo cada vez más finos a los que nos obliga la complicada situación mundial. Argentina, por otro lado, no deja de dar lecciones de urgente aprendizaje para otros país, el mio de entrada: México. Me atrevo a decir que también México tiene amargas lecciones para el resto del mundo, referentes a lo que la izquierda no debe hacer. No está de más que de vez en cuando Argentina mirara lo sucedido y lo que sucede con los “sub bárbaros” del norte.
Para responder a Mosquera con mayor claridad, me vi obligado a recuperar un diálogo whastappero con un colega mexicano, observador de la situación política argentina. Es así que la primera parte de esta pequeña e introductoria reflexión aborda la respuesta al artículo “En el cuarto oscuro para votar: ¿democracia y diálogo o autoritarismo y silencios”, de mi colega y amigo Alejandro Espinosa Yáñez. El artículo del 18 de noviembre, publicado en el diario El Universal es previo a las votaciones argentinas en su segunda vuelta. Mi respuesta es del mismo día de su publicación pero también un poco posterior.
En el Segunda Parte abordo el artículo de Mosquera, “¿Es Milei una amenaza fascista?” quien lo escribió y difundió también de manera previa, unos pocos días antes del ballotage (segunda vuelta). Mis comentarios, muy enriquecidos por las grandiosas aportaciones de Mosquera sobre el fascismo, son posteriores a la votación definitiva pero muy cercanos a ese fatídico domingo 19 de noviembre.
PRIMERA PARTE. Previa a la votación de la Segunda Vuelta. Respuesta a “En el cuarto oscuro para votar: ¿democracia y diálogo o autoritarismo y silencios”, de Alejandro Espinosa Yáñez
Buen día. Al respecto de lo que sucede en Argentina con el proceso electoral, y sus posibles lecciones para México:
Respuesta del colega Alejandro:
Gálvez no es fascista, Milei y sus aliados cercanos, en particular Villarruel, respiran el fascismo. Frente a ese riesgo, que hay gente que no coincide, como puede ser tu caso, creo que llamar a votar sin bajar los brazos, como está en el artículo, es una postura pragmática frente al purismo de mantener una lucha frente al capital aunque haya parte del pueblo que se jode. Es allí donde me parece débil la postura de ciertas izquierdas. En fin, ojalá gane Massa y podamos escribir la crítica y la pertinencia de profundizar políticas sociales amplias. Con Milei esta posibilidad, sí el garrote, es imposible
Mi respuesta:
Ale, estamos obligados a recuperar con rigor el concepto de fascismo, no solo por afanes científicos sino por exigencias prácticas, que no pragmáticas.
Para el caso de México, señalas que «GALVEZ NO ES FASCISTA» (mis énfasis). Concuerdo contigo por lo pronto, aunque en la medida en que reconozco que tengo que recuperar la noción de fascismo de manera más rigurosa, lo pongo en reserva. En ese supuesto de que la vendedora de gelatina no sea fascista ni la opción política que representa (PRIANRD), lo que señalas con mucha contundencia («Galvez no es fascista») ya no te permitirá esgrimir el argumento de que hay que votar por otra opción para evitar que triunfe el fascismo. Los argumentos tendrán que ser otros.
Por otra parte, creo que no sólo basta que exista una opción fascista para presionar para votar por una opción de derecha y evitar que gane la opción fascista. Conviene un análisis concreto de la situación concreta (Lenin dixit). Si se trata de una segunda vuelta con esas dos opciones, la fascista y la de derecha, es muy probable de que el peligro de que gane la opción fascista sea un peligro real. Si no lo es porque la opción fascista pasó a la segunda vuelta como primera minoría muy reducida y las alianzas que pudiera construir con las otras minorías no le alcanzan para ganar, existe mayor libertad para las opciones de izquierda minoritarias de definir un posicionamiento sin fortalecer la posibilidad de que gane el fascismo.
Si hablamos de una primera vuelta o de un país como México donde no existe segunda vuelta, el razonamiento es el mismo pero concentrado en una sola vuelta.
Las estimaciones de la fortaleza o debilidades de las opciones políticas son eso: meras estimaciones de los votos esperados. Son necesarios para esos razonamientos. De ahí la necesidad de tener investigaciones electorales serias. Aunque las minorías incluso muy marginales eventualmente son decisivas en una situación muy disputada, al grado que pueden definir el triunfo o derrota de una de las dos opciones, la izquierda radical y seria debe tener clara su fuerza para no propiciar el triunfo del fascismo. En contrapartida no debe ocurrir que se acuse a la izquierda marginal, como lo hizo en su momento el progrezombie de Emir Sader, de acusar al trotskismo argentino de marginal y sectario (en lo que tenía razón cuando menos para una parte de las corrientes trotskistas argentinas) para enseguida, en el mismo artículo de La Jornada, acusarlos de ser los causantes del triunfo de Macri. !Hazme favor! Se requiere cero gramos de autocrítica del kirschnerismo para tener tal cara dura.
SEGUNDA PARTE. Previa a la votación de la Segunda Vuelta. Respuesta a “¿Es Milei fascista?”, de Martín Mosquera
“¿Cómo explicar que un desclasado, un individuo desprestigiado y sin respaldo partidario ni parlamentario, acaparara el poder absoluto en cuestión de meses?” (Contraportada de El diciocho Brumario de Luis Bonaparte, Siglo XXI, México, 2023)
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La presidencia de la COP28 por parte del jefe de la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) no es un accidente, atribuible únicamente a la rotación de los países que acogen las conferencias sobre el clima. Refleja un reposicionamiento táctico de los principales productores de combustibles fósiles, en particular, de petróleo y gas.
Ya sean privados o públicos, estos grandes grupos de combustibles fósiles han adoptado durante décadas una postura defensiva, impregnada más o menos explícitamente de negacionismo climático. A lo largo de los años, han cuestionado sucesivamente el calentamiento global, su origen antropogénico, el papel del CO2 y, después, la parte de las emisiones de CO2 atribuible al carbón, el petróleo y el gas.
Gracias a su enorme peso político, los capitalistas de la energía se han venido anotando tantos importantes: la gran responsabilidad de los combustibles fósiles no se menciona en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, Río 1992); tampoco se menciona en el Acuerdo de París adoptado en la COP21 (2015). Estos documentos abogan por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, no por extraer y quemar menos combustibles fósiles.
No fue hasta la COP26 (Glasgow, 2021) cuando el término combustibles fósiles apareció en los textos. De cara esta COP, se rechazó en el último minuto un intento por decidir la eliminación progresiva del carbón, y la resolución adoptada sólo pide una «reducción progresiva» de los combustibles fósiles, no una «eliminación progresiva». Mientras tanto, el inventario de las Naciones Unidas sobre las políticas aplicadas en aplicación del acuerdo de París ha emitido su veredicto: el mundo se dirige directamente hacia el muro, hacia un aumento de la temperatura de 2,9°C. ¿Se impondrá finalmente la «eliminación progresiva»? ¿Para todos los combustibles fósiles o sólo para el carbón? En cualquier caso, los explotadores de este recurso están sometidos a una presión cada vez mayor.
Los científicos han desenmascarado las mentiras de los «mercaderes de la duda» y han desactivado los intentos de desacreditar sus conclusiones[1]Cabe destacar el intento de desacreditar la seriedad de sus investigaciones, justo antes de Copenhague.. La presión de la sociedad no ha dejado de crecer a medida que las catástrofes se han hecho más frecuentes y violentas. También ha aumentado en el seno de la clase dirigente, en particular entre las aseguradoras. Todo ello se ha traducido, por parte de los principales gobiernos, en un deseo de embarcarse en algo parecido a una transición energética. En este contexto, la táctica fosilizada de la obstrucción hacia atrás resulta cada vez más difícil de mantener.
A los grupos energéticos les gusta presentarse como los benefactores que ofrecen a la humanidad calor, luz, movilidad y desarrollo. Persistir en ignorar las cuestiones climáticas podría dañar gravemente su imagen de marca. Las personas convencidas de que estos capitalistas han sacrificado deliberadamente sus condiciones de vida en el altar del beneficio podrían exigir compensaciones por los daños causados, clamar venganza o incluso exigir la socialización del sector energético y la expropiación de los capitalistas.
Según la Agencia Internacional de la Energía, las multinacionales (entre ellas Shell, ExxonMobil, Chevron, BP y TotalEnergies) obtendrán unos beneficios de 4 billones de dólares en 2022, más del doble del beneficio medio de los últimos años. Las empresas estatales no se quedan atrás, en particular la saudí Aramco (161.000 millones de dólares, un 46% más que en 2021), su hermana pequeña emiratí ADNOC (24.700 millones de dólares, un 27% más), la noruega Equinor (151.000 millones de dólares, un 67% más) y sus homólogas de otros países (Qatar, Kuwait, etc.).
Estos beneficios astronómicos se vuelven francamente obscenos si se tiene en cuenta que el número de personas en el mundo que viven sin acceso a la electricidad aumentó en 2022 por primera vez en veinte años. Y eso no va a cambiar: según la AIE, 660 millones de personas seguirán sin electricidad en 2030, incluidos 550 millones en el África subsahariana. Todo ello mientras sigue sin cumplirse el compromiso adquirido en 2009 por los países ricos de ingresar cien mil millones de dólares anuales en el Fondo Verde para el Clima a partir de 2020. La injusticia climática es el mayor escándalo de nuestro tiempo. Podría alimentar revueltas e incluso revoluciones.
Para las empresas, es mejor anticiparse, adaptarse a la creciente presión y utilizarla para configurar los objetivos, los medios y el ritmo de la política climática en función de sus intereses. El objetivo estratégico sigue siendo el mismo: gastar lo menos posible e impedir cualquier calendario vinculante para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles; si es posible, a corto, medio o incluso largo plazo. Pero las tácticas se están adaptando: el objetivo ahora es situarse en el centro del juego presentando al sector como la parte principal de la solución y no como la fuente principal del problema. Lanzar una OPA sobre las COP es la misión que pretende encarnar el presidente de ADNOC.
Veremos a continuación qué conejos saca de la chistera Al-Jaber en la COP para intentar preservar el imperio fósil. En primer lugar, cabe señalar que el intento de una OPA no viene de las grandes corporaciones estadounidenses y de sus representantes políticos (al contrario, éstos son reclutados principalmente entre las filas de los abiertos negacionistas del clima): procede de los Emiratos Árabes Unidos y, detrás de ellos, de Arabia Saudí, a través de sus compañías estatales de petróleo y gas.
Esto está sin duda vinculado a las nuevas ambiciones geoestratégicas de estos dos Estados, que aprovechan las crecientes rivalidades entre las grandes potencias imperialistas para promover sus propios intereses. Los últimos acontecimientos han demostrado que los saudíes y los emiratíes pretenden liberarse de la tutela de Washington. En la cuestión climática, esto se expresa en el cuidado que estos dos países –el reino de los Saud en particular– ponen en posicionarse como portavoces del derecho al desarrollo del «Sur global»… del que oficialmente forman parte.
Imagínese a Joe Biden afirmando que EE UU está perforando hoy más pozos petrolíferos nuevos que bajo Trump para ayudar al desarrollo sostenible del Sur; nadie en América Latina le creería. El mismo escepticismo prevalecería en África si Emmanuel Macron afirmara que los proyectos de TotalEnergies en Gabón y Uganda tienen como objetivo el bienestar de la población respetando el medio ambiente… En general, el imperialismo occidental está profundamente desacreditado en los países dominados. Putin y Xi Jinping lo han comprendido.
También lo han hecho los jeques del petróleo. Aunque naden en una riqueza insolente, opriman a sus pueblos y expriman sin piedad a las y los trabajadores inmigrantes[2]Recordemos los miles de muertos en las obras del Mundial de Qatar. En los Emiratos, trabajadores inmigrantes trabajaron a temperaturas de más de 42°C en las obras de la COP28, desafiando la … Seguir leyendo, su situación particular los convierte, a ojos de los gobiernos del Sur, en actores más creíbles de una política climática «realista», «seria» y «pragmática», como dice al-Jaber. En otras palabras, una política que desate las riendas y deje en un segundo plano el fin de la extracción y la quema de combustibles fósiles, en nombre del derecho al desarrollo de los países más pobres del mundo.
No es casualidad que al-Jaber se esforzara en abrir la COP con buenas noticias para el Sur: en contra de todas las expectativas, las negociaciones sobre la puesta en marcha efectiva del fondo para «pérdidas y daños» acordado en principio en la COP26 de Egipto han concluido con éxito. Ovaciones en pie de los delegados en la cumbre. En realidad, este entusiasmo está fuera de lugar: el Banco Mundial supervisará el fondo (como exigía Estados Unidos) y las contribuciones serán voluntarias, en su mayoría en forma de préstamos. Inmediatamente se recaudaron unos cientos de millones de dólares. Pero son miles de millones, no millones, lo que necesitan los pueblos del Sur, como ha dicho Rachel Cleetus, de la Unión de Científicos Preocupados (UCS)[3]https://www.rtbf.be/article/cop28-un-premier-accord-pour-creer-un-fonds-pertes-et-dommages-pour-aider-les-pays-vulnerables.
La maniobra de las petromonarquías está muy clara: utilizar las legítimas demandas de los pueblos del Sur para proteger su imperio. Para ello, al-Jaber no duda en desplegar una demagogia falsamente antiimperialista. Esto quedó patente en su tenso intercambio con la ex presidenta de la República de Irlanda y ex enviada especial de la ONU para el cambio climático. El presidente de la COP28 acusó a Mary Robinson de creer las «mentiras» de los medios de comunicación occidentales («sus medios»), que lanzaban «falsas acusaciones» contra los planes de inversión de ADNOC. Acusó a su interlocutora de querer «una vuelta a las cavernas» y la retó a proponer un «plan de salida de los fósiles» que fuera compatible con el desarrollo. Al final, en un arrebato, al-Jaber tiró la careta: «ninguna ciencia hace de la salida de los fósiles una condición necesaria para mantenerse por debajo de 1,5°C de calentamiento», declaró[4]Vea el vídeo en la página web de The Guardian https://www.theguardian.com/environment/2023/dec/03/back-into-caves-cop28-president-dismisses-phase-out-of-fossil-fuels)).
En realidad, los planes … Seguir leyendo. El presidente de la COP28 está contribuyendo mucho a ello: según Climate Reporting, su agenda contiene no menos de quince contratos de venta de combustibles fósiles (a China, Alemania, Brasil y Egipto, entre otros)[5]https://climate-reporting.org/cop28-president-oil-climate/. Esto es sólo la punta del iceberg: todas las empresas de combustibles fósiles están haciendo lo mismo. Para 2025, los proyectos de expansión de los diez mayores contaminadores del sector de los combustibles fósiles añadirán 20 Gt de CO2, más de cinco veces las emisiones anuales de los países de la Unión Europea[6]citado por Corporate Europe Observatory en «COP28 push for Hydrogen»..
Este frenesí inversor es totalmente contrario al consenso científico. Incluso la Agencia Internacional de la Energía lo está diciendo: el tiempo se acaba, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles debe comenzar ya. Según el último informe del Grupo de Trabajo III del IPCC, «la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el sector energético requiere (…) una reducción sustancial del consumo global de combustibles fósiles». El informe establece la magnitud de esta reducción: para 2050, el consumo de carbón, petróleo y gas debe disminuir en un 95%, 60% y 45% respectivamente (en comparación con 2019) para tener la mitad de posibilidades de mantenerse por debajo de 1,5°C[7]IPCC, AR6, WGIII, SPM, C.3.2.
Para evitar el hachazo, el director general de ADNOC está haciendo pleno uso de la idea de que lo que importa es la reducción de las emisiones, no la reducción del uso de combustibles fósiles: podemos contaminar, sólo tenemos que esconder el CO2 debajo de la alfombra. Por ejemplo, inyectando CO2 capturado en los yacimientos petrolíferos… para aumentar la extracción. El gran jefe de ExxonMobil, Darren Woods, que acudió a Dubái para apoyar a su colega emiratí, dejó claro que se hablaba demasiado de «la solución electrónica». «La captura de carbono desempeñará un papel. El hidrógeno desempeñará un papel. Los biocombustibles desempeñarán un papel. Somos buenos en esto. Sabemos cómo hacerlo”[8]Financial Times, 2/12/2023.
Obviamente, esto es absurdo. Tomemos el ejemplo de la captura-secuestro [de CO2]. Aparte de en el sector del cemento, es especialmente absurdo. Incluso si todas las intenciones en este ámbito fructificaran y todos los proyectos entraran en funcionamiento, en 2030 sólo se capturaría 0,25 Gt de CO2, menos del 1% de las emisiones mundiales actuales[9]Informe sobre la brecha de producción, https://productiongap.org, citado en https://www.desmogblog.com)). El problema es que este absurdo no está del todo ausente en los trabajos del IPCC.
En el … Seguir leyendo.
En este texto, 1°) los objetivos cuantificados de reducción de los combustibles fósiles citados por el GTII han desaparecido; 2°) ¡la reducción absoluta del uso de estos combustibles se sustituye por una fórmula que agrupa las energías renovables, los combustibles fósiles con captura y secuestro de carbono (CAC) y las tecnologías para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera (CDR)! El texto llega a afirmar que los combustibles fósiles con captura y secuestro de carbono (CAC) constituyen una «fuente de energía libre de carbono o baja en carbono», lo que es una falsedad científica.
Muchas de las propuestas del presidente de la COP28 se basan en esta falsedad. Al-Jaber bajó la guardia ante Mary Robinson («ninguna ciencia defiende los combustibles fósiles, etc.»). Pero fue un desliz. Normalmente se cuida de repetir que el consumo de combustibles fósiles debe reducirse «sin cesar»[10]A veces incluso dice que hay que «abandonar los combustibles fósiles», pero siempre «sin disminuir».. Jim Skea, el nuevo presidente del IPCC, incluso le ha dado el visto bueno: «Puedo decir que el Dr. Sultan ha prestado atención a la ciencia»[11]BBC, 4/2/2023.
De hecho, «combustibles fósiles sin disminución» es la fórmula utilizada por el IPCC para referirse a los fósiles que se explotan sin tecnologías para eliminar el carbono de la atmósfera. Una nota a pie de página del informe del GTIII ofrece la siguiente definición:
Los combustibles fósiles sin disminución se refieren a los combustibles fósiles producidos y utilizados sin intervenciones (…) que reduzcan sustancialmente (…) la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida; por ejemplo, (sic) capturar el 90% o más (de CO2) de las centrales eléctricas, o el 50-80% de las emisiones de metano del suministro energético[12]IPCC, AR6, WGIII, SPM, Nota 55.
Esto es muy impreciso: no se especifican las «intervenciones». Es más, el «ejemplo» de «captura del 90% o más» es incoherente: si la reducción no es del 100%, no estamos en «cero neto». Incluso Fatih Birol, el muy capitalista director de la AIE, subraya que «como prioridad, debemos hacer todo lo posible para dejar de emitir carbono a la atmósfera»[13]https://www.iea.org/news/the-path-to-limiting-global-warming-to-1-5-c-has-narrowed-but-clean-energy-growth-is-keeping-it-open. El sultán al-Jaber está haciendo exactamente lo contrario.
Juntos, Arabia Saudí y los Emiratos han aprovechado la COP28 para hacer público el pacto suscrito por 50 empresas de combustibles fósiles para eliminar sus emisiones («con diminución», por supuesto) de aquí a 2050. Esto una pura operación de marketing con la ayuda de McKinsey. No sólo el compromiso hasta 2050 es un insulto a la urgencia de la situación, sino que el pacto sólo cubre las emisiones operativas (directamente relacionadas con la actividad extractiva). ¡Éstas apenas representan el 15% de las emisiones procedentes de la combustión de combustibles fósiles! La mentira es tan grande que incluso la prensa financiera se muestra crítica[14]Financial Times, 2/12/2023.
Para desviar la atención de la eliminación gradual de los combustibles fósiles, al-Jaber está utilizando su posición como presidente de la COP para presionar a los gobiernos para que asuman compromisos parciales en una serie de cuestiones. Se trata de declaraciones de intenciones no vinculantes… pero, transmitidas cuidadosamente a los medios de comunicación, dan la impresión de que la cumbre está acumulando éxitos.
Todo cuadra: compromisos para producir hidrógeno verde, azul o gris en los trópicos, que se exportará masivamente a los países desarrollados[15]Véase el excelente análisis de estos proyectos engañosos de Corporate Europe Observatory, op. cit.; compromisos de 22 países para triplicar la capacidad de energía nuclear de aquí a 2050; compromisos de otros 15 para abandonar el carbón; compromisos de otros 134 para incluir la agricultura y la alimentación en sus planes climáticos (¡una promesa tan vaga que ni siquiera menciona la cuestión de la carne!); sin olvidar, por supuesto, lo que menos cuesta a los capitalistas: proteger los bosques existentes y plantar árboles para absorber CO2.
A este respecto, los jeques lo están haciendo muy bien, ya que la empresa emiratí Blue Carbon LLC ha adquirido durante treinta años el 10% de la superficie total de Liberia, Tanzania y Zambia, y el 20% de la de Zimbabue, es decir, 25 millones de hectáreas. Blue Carbon se creó hace poco más de un año suponiendo que el artículo 6 del Acuerdo de París se aplicaría en la COP28, lo que le permitiría vender créditos de carbono y embolsarse el 70% de los beneficios, al parecer con una cláusula de compra preferente para los Emiratos. Los gobiernos de los países africanos no han consultado a sus poblaciones[16]Le Monde, 29/11/2023. Se trata de neocolonialismo a costa de los pueblos, para una eficacia climática cercana a cero: según un estudio reciente, el 94% de los créditos de carbono generados en los bosques ecuatoriales no corresponden a nada[17]The Guardian, 18/1/2023. ¿Introducirán los ideólogos neoliberales el concepto de «créditos de carbono teóricos»? Ya nada debería sorprendernos en este mundo loco donde el capital, como decía Marx, lo presenta todo al revés…
Para la familia gobernante emiratí, la COP28 es una gigantesca operación diplomática-geoestratégica-comercial. El diplomático del clima Alex Scott afirma: «Esta COP es incluso más una feria comercial que las de Glasgow y Sharm-el-Sheik. No creo que todos esos financieros estén aquí para ver horas de negociaciones sobre el clima»[20]Financial Times, 1/12/2023. De hecho, la cumbre está completamente gangrenada por la industria de los combustibles fósiles, las finanzas y sus grupos de presión, que están presentes por miles, incluso en las delegaciones nacionales[21]Lease el buen artículo de RTBF, que da amplia voz a Pascoe Sabido, del Corporate Europe Observatory..
¿Tendrá éxito la OPA fósil? El secretario general de Naciones Unidas ha puesto tierra de por medio. Veinticuatro horas después de la publicación de las propuestas de al-Jaber, Antonio Guterres declaró ante la COP que estas propuestas «se quedan claramente cortas» porque «no dicen nada sobre la eliminación de las emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles»[22]Financial Times, 3/12/2023. Pero las decisiones de la COP se toman sobre la base del consenso entre gobiernos capitalistas, todos adherentes a las políticas neoliberales, todos dedicados en cuerpo y alma a la competitividad de una economía que, treinta años después de la cumbre de Río, sigue dependiendo en un 80% de los combustibles fósiles. Sólo una cosa es segura: sólo la lucha de los pueblos por una alternativa anticapitalista puede detener la catástrofe.
Recordemos los miles de muertos en las obras del Mundial de Qatar. En los Emiratos, trabajadores inmigrantes trabajaron a temperaturas de más de 42°C en las obras de la COP28, desafiando la legislación local.
En realidad, los planes de inversión en combustibles fósiles de ADNOC son muy reales: según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, los Emiratos tienen previsto aumentar su producción de petróleo en un 25% de aquí a 2027((Le Monde, 30/11/2023
Informe sobre la brecha de producción, https://productiongap.org, citado en https://www.desmogblog.com)). El problema es que este absurdo no está del todo ausente en los trabajos del IPCC.
En el V Informe, que sirvió de base para el Acuerdo de París, el 95% de las proyecciones climáticas incluían el despliegue masivo de la bioenergía con captura y secuestro de carbono (BECCS)((Según el climatólogo Kevin Anderson. Cf. su blog http://kevinanderson.info/blog)). Esta tecnología de aprendiz de brujo consumiría tanta tierra que la humanidad tendría que elegir entre comer o asestar el golpe final a la biodiversidad. El VI Informe se muestra menos entusiasta con la BECCS, pero sigue centrándose en la captura y secuestro y en tecnologías similares. En el informe de síntesis -un documento políticamente más contundente que las miles de páginas ennegrecidas por los Grupos de Trabajo I, II y III- leemos lo siguiente:
Cero emisiones netas (para 2050) significa pasar de los combustibles fósiles sin captura y almacenamiento de carbono (CAC) a fuentes de energía sin carbono o con muy bajas emisiones de carbono, como las energías renovables o los combustibles fósiles con CAC (…) y eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera (CDR)((IPCC, IE6, Informe de síntesis, Resumen para responsables de políticas, B.6.3
Traducción: César Ayala Fuente: gilbertachcar.net. El original árabe fue publicado en Al-Quds al-Arabi el 28 de noviembre de 2023. Siéntase libre de republicar o publicar en otros idiomas, con mención de la fuente.
Especiales temáticos: Genocidio sionista en gaza
29/11/2023
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Aveces oímos decir a quienes desean mitigar el impacto de lo que el Estado de Israel ha estado haciendo desde la Operación Inundación Al-Aqsa que, de todos modos, estaba cometiendo crímenes a diario y librando guerras periódicas, de modo que su nueva embestida contra Gaza no es más que una continuación de este viejo y permanente patrón. Es cierto, por supuesto, que el crimen y la agresión son dos pilares fundamentales del Estado sionista como Estado colonial de colonos basado en la guerra y la «limpieza étnica». Sin embargo, restar importancia a la actual agresión contra Gaza y negar que sea cualitativamente distinta de todas las tragedias anteriores que ha sufrido el pueblo de Palestina desde la Nakba hasta nuestros días, converge con las falacias que los sionistas y sus partidarios intentan difundir al pretender que las cifras de muertos procedentes de Gaza son exageradas con fines propagandísticos. La verdad es que la actual agresión contra Gaza constituye, de la forma más clara posible, una guerra genocida que incluye asesinatos en masa y «limpieza étnica», dos crímenes contra la humanidad en la clasificación del derecho internacional. Estos crímenes superan cualitativamente todo lo cometido por las fuerzas armadas sionistas desde 1949 hasta hoy y son comparables a lo ocurrido durante la Nakba. Incluso superan a este última en términos de intensidad de matanza, destrucción y desplazamiento. La Nakba de 1947-1949 fue una guerra cuyo objetivo era apoderarse de la tierra de Palestina y practicar una «limpieza étnica» sobre ella, en la cual la abrumadora mayoría de la población del territorio ocupado se convirtió en refugiados, mientras que un número de ellos estimado en más de 11.000 fueron asesinados, de los aproximadamente 1,3 millones de habitantes árabes de Palestina en aquel momento. En cuanto a la actual agresión contra Gaza, hasta ahora, en menos de siete semanas, ha causado aproximadamente 15.000 muertos, como mínimo, de los aproximadamente 2,4 millones de habitantes de la Franja de Gaza, con más de la mitad de ellos desplazados desde el norte de la franja hacia su sur en preparación para su desplazamiento fuera de Palestina, como desean los círculos sionistas de extrema derecha, o al menos su reunión en la frontera egipcia en campos de refugiados que servirían como campos de concentración bajo la supervisión del ejército israelí. Y estos son sólo los resultados de la primera fase de la agresión sionista, dirigida contra la parte norte de la Franja de Gaza, a la que debería seguir una segunda fase centrada en su parte sur, lo que agravaría enormemente el número de víctimas. Esto está ocurriendo mediante una locura de matanza y destrucción que supera todo lo presenciado en las guerras mundiales desde el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón en 1945. El asunto ha llegado a tal punto que el New York Times ha revelado el horror de lo que está ocurriendo, a pesar de que el gobierno estadounidense es cómplice directo de la agresión. Fue en un artículo de Lauren Leatherby, publicado el día 25 de este mes, bajo el título «La población civil de Gaza, bajo un torrente de fuego israelí, está siendo asesinada a un ritmo histórico». La autora del reportaje explicaba que la cuestión no sólo está relacionada con el ritmo de los bombardeos, que ascendían a 15.000 impactos hasta la actual tregua, sino también con su calidad, ya que Israel ha estado utilizando de forma extensiva bombas de 2.000 libras (900 kilogramos), poco utilizadas desde la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Corea y Vietnam. El informe cita a militares estadounidenses que afirman que casi nunca han utilizado un calibre semejante en el presente siglo, y que han evitado usar incluso bombas de 500 libras porque son demasiado grandes para lanzarlas en zonas urbanas pobladas, como Mosul en Irak o Raqqa en Siria durante la guerra contra el ISIS. Durante la batalla de Mosul, que comenzó en octubre de 2016 y duró nueve meses, murieron unas 10.000 personas entre víctimas del ISIS y víctimas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, es decir, dos tercios de los muertos por la campaña israelí en Gaza en menos de siete semanas.
Lo que hace que estas cifras sean aún más peligrosas y horribles es que alrededor del 70% de los muertos por la maquinaria genocida sionista en Gaza son mujeres y niños, un porcentaje enorme sin paralelo en ninguna guerra contemporánea. El informe del New York Times afirma que el número de niños que murieron bajo el bombardeo israelí en Gaza durante las últimas siete semanas supera el número total de niños muertos el año pasado en todas las guerras que tuvieron lugar en diversos escenarios mundiales, incluida la guerra de Ucrania que comenzó en febrero de 2022. Otro informe publicado por el Washington Post el 13 de este mes afirmaba que el número de niños muertos por Israel en Gaza durante el primer mes de sus demenciales bombardeos superaba el número de niños muertos en las guerras de Yemen e Irak, y ascendía a un tercio del número de niños muertos durante diez años de guerra en Siria. El periódico comparaba los 4.125 niños muertos en Gaza en un mes con las siguientes cifras medias de niños muertos en un mes de combates en Irak (19), Yemen (41), Afganistán (56) y Siria (100). No es ningún secreto que el asesinato de niños, en particular, es una característica flagrante del genocidio, ya que expresa la voluntad de aniquilar al pueblo designado. Todos estos datos demuestran la gran gravedad de la guerra genocida emprendida por el Estado sionista contra el pueblo de Gaza desde la Operación Inundación Al-Aqsa. Esto no es sorprendente, ya que la extrema sed de venganza generada entre los judíos israelíes, combinada con la presencia de la extrema derecha sionista en el poder, hacía muy previsible una violencia tan demencial. El asunto era fácil de prever, y de ahí la gravedad, realmente inmensa, del apoyo prestado por los gobiernos occidentales a la embestida sionista con el pretexto del supuesto derecho de Israel a la «autodefensa» (el número de personas que ha matado hasta ahora supera diez veces el de las que perdió como consecuencia del diluvio de Al-Aqsa) —un apoyo que llegó incluso a rechazar el llamamiento al alto el fuego, además de que Estados Unidos, Alemania y otros países enviaron refuerzos militares a Israel y al Mediterráneo oriental en apoyo de la embestida israelí. Es la primera vez desde mediados del siglo pasado que estos gobiernos apoyan abiertamente una guerra genocida. Lo que es aún más grave es la complicidad de los gobiernos de los países árabes, que hasta ahora se han abstenido de militarizar el petróleo a pesar de ser conscientes de que constituye el medio de presión más fuerte en su poder que puede ayudar al pueblo de Palestina. Ello se debe a que los países occidentales temen hoy que los precios del petróleo vuelvan a subir, no sólo por razones económicas sino también y sobre todo porque ello serviría a los intereses de Rusia para financiar su guerra contra Ucrania, en un momento en que se enfrenta a dificultades en este sentido.
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Ha trascurrido un año desde el golpe parlamentario del 7 de diciembre del 2022 contra el presidente Pedro Castillo y la instauración de un régimen autoritario con Dina Boluarte a la cabeza, quién desplegó una represión brutal contra el pueblo movilizado. Masacres perpetradas por el estado peruano en las regiones del sur andino desde diciembre del 2022 a febrero del 2023; regiones que son el epicentro de la rebelión popular contra el golpe parlamentario y el régimen de Boluarte.
El desborde que expresó la rebelión popular del 7 de diciembre del 2022 gatillado por el golpe parlamentario de la oligarquía tiene como sujeto central a los pueblos aymaras y quechuas, que durante la primera y segunda toma de Lima la persecución estatal hacia los dirigentes no ha cesado. Lima, centro del poder oligárquico, se vio rebasada por las clases populares del interior de país, pero con el déficit de no poder convocar a mayores franjas de los sectores más empobrecidos de Lima más allá de los núcleos activistas. Por otro lado, el desfase movilizador de la costa norte y el oriente peruano con el sur andino fue notorio conforme trascurrieron más meses.
Recién en febrero del 2023 se conforma una coordinadora, CONULP, que apunta a centralizar y articular a las organizaciones populares que protagonizan el proceso de lucha. La CONULP integró a las emergentes representaciones de las regiones del sur andino y en menor medida la macro oriente, la macro norte y Lima. Como suele pasar, el fenómeno de los autoconvocados impregnó estas jornadas de lucha en la capital ante la debilidad y vacilación de las organizaciones sociales tradicionales y las centrales sindicales.
A partir de marzo del 2023 las delegaciones retornaron a sus regiones dándose inicio el reflujo del proceso de lucha mientras en Puno las movilizaciones pudieron continuar con tenacidad hasta abril. Por otro lado, la economía familiar de los sectores sociales movilizados se vio afectado por el uso de los recursos para poder sostener la lucha en Lima y las regiones por lo cual hacia inviable prolongar aún más las movilizaciones en Lima cuando el peso organizativo recaía en las delegaciones regionales.
A nivel organizativo la CONULP sufrió una escisión entre los sectores que plantean la unidad con las organizaciones sociales tradicionales y las centrales sindicales, y los sectores que creen suficiente la composición fundacional de la CONULP. Este primer sector ha impulsado la CNUL por acuerdo del encuentro nacional del 1 y 2 de julio del 2023, integrando a las direcciones sindicales y organizaciones sociales tradicionales, pero bajo el liderazgo del vocero regional, Lucio Ccallo, de Puno entre otros voceros de las regiones. El segundo sector ha quedado bajo el liderazgo del vocero alterno de la región Apurímac, espacio que ha priorizado las críticas a las centrales sindicales y la izquierda reformista limeña.
El proceso de politización alcanzado por las clases populares del Perú es un activo fundamental de la rebelión popular que ha logrado reflejar en las encuestas de opinión pública la opción de una nueva constitución mediante una asamblea nacional constituyente. El retorno a la movilización de la joven clase obrera del sector Barrio Chino de la ciudad costeña de Ica, da cuenta que el proceso de lucha a pesar del reflujo y la represión estatal, no se ha agotado.
La nueva articulación lograda a través de la CNUL no está exenta de tensiones, hegemonismos y vacilaciones, pero podría ser el mejor canal para presionar a las centrales sindicales a volcarse a la lucha en vez de alejar a las mayorías populares de los sectores combativos de la lucha contra Boluarte.
La coalición golpista que sostuvo el golpe parlamentario contra el presidente Pedro Castillo está conformada por los grandes medios de comunicación, grupos empresariales, las fuerzas armadas, la fiscalía del Perú, la derecha y la ultraderecha parlamentaria. En las últimas semanas al interior de la fiscalía del Perú han surgido cuestionamientos serios a la Fiscal de la Nación que derivó en su suspensión por parte de la Junta Nacional de Justicia.
Estas pugnas entre los organismos del estado peruano reflejan el endeble entendimiento político de la coalición golpista en el marco de una disputa interburguesa por la hegemonía que consolide su posicionamiento político en las elecciones presidenciales del 2026. Es por esto que los ataques de la ultraderecha parlamentaria a la Junta Nacional de Justicia no han cesado y que recién en los últimos meses la derecha liberal comiencen a movilizarse contra el régimen de Boluarte.
La liberación del dictador Alberto Fujimori mediante un indulto ilegal que habilitó el Tribunal Constitucional, copado por la ultraderecha, da cuenta de la actual correlación de fuerzas y del peligro que un liderazgo ultraderechista acaudille la situación política peruana marcada por una crisis permanente de más de ocho años y una fragmentación extrema de la representación política.
Es evidente que las bases sociales de Castillo son un componente fundamental de las movilizaciones, aunque no necesariamente mayoritario reflejándose este dato en las actas de las asambleas macrorregionales donde la consigna de Restitución de Castillo no es consenso hasta el momento. Al margen de las afiliaciones identitarias de nuestro pueblo movilizado es central determinar el alcance táctico de las consignas que se levantan considerando la correlación de fuerzas. El único gobierno progresista que pudo reponer a su presidente tras un golpe oligárquico triunfante fue el gobierno bolivariano de Chávez en Venezuela contando con apoyo de sectores de las fuerzas armadas y las organizaciones populares que promovió donde el tejido social históricamente era débil.
Castillo no se propuso fortalecer las organizaciones populares ni tampoco pudo ganar algún sector de las fuerzas armadas hacia un proyecto de cambios. Resulta improbable plantear como consigna central la restitución cuando incluso el derrocamiento de Boluarte se ha tornado más complicado de los previsto. Por otro lado, los sectores de izquierda que priorizan el adelanto de elecciones como consigna no toman cautela ante el riesgo de un pacto por arriba en un contexto de reflujo de la movilización popular con una concesión institucional.
Un sector de la izquierda ha optado por adaptarse al liderazgo de Castillo asumiendo la consigna de Restitución sin prever la actual correlación de fuerzas, el carácter errático del proyecto político de Castillo y la necesaria tarea de acumulación de fuerzas para ganar a otras fracciones de las clases populares. Por supuesto que es justo y sumamente legítimo la consigna de restitución, pero no siempre las consignas a priorizar son las más justas, ya que no se puede librar varias luchas al mismo tiempo y hay que determinar el principal enemigo a derrotar que es el gobierno asesino y usurpador de Dina Boluarte.
La izquierda reformista limeña ha optado por desplazar a Castillo del proceso de lucha incluso negándose a la consigna de su liberación. Este oportunismo se da por su subordinación a la derecha liberal y su priorización por llegar a implantarse en las clases medias de valores progresistas. Todo ello los lleva a desconocer que la última mediación política de las clases populares del Perú más allá de sus limitaciones es el liderazgo de Castillo, sindicalista magisterial de origen campesino.
La consigna de Libertad para Castillo esta más al alcance de la actual correlación y además permitirá dialogar con sus bases populares desde una posición de independencia política frente a la experiencia gubernamental de Castillo. Es fundamental defender que la asamblea popular constituyente sea la consigna central ya que en el peor de los escenarios por lo menos se podrá ganar algo autoorganización popular que retome la lucha en un periodo político siguiente. Las nuevas elecciones o adelanto de elecciones no resolverán el problema y solo será positiva si es fruto de una poderosa movilización popular que derribe a Boluarte y quiera ir más allá, pero sobre todo si logra traducirse políticamente en un proyecto transformador más sólido que el populismo de baja intensidad y la izquierda reformista limeña.
Se lo debemos a los mejores hijos de nuestro pueblo que dieron su vida en esta heroica rebelión popular contra el golpe oligárquico. Es hora de que la izquierda peruana este a la altura de los acontecimientos.
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La Asamblea de cineastas ha sido clara en sus propósitos y actuado con transparencia desde el inicio. Todos nuestros documentos y declaraciones tienen comopunto central el rechazo a cualquier política que implique actos de censura y exclusión contra obras y autores, un perverso modelo que anula ese elemental derecho de cualquier ciudadano de disfrutar e interpretar esas obras por sí mismo.
Nuevamente el Festival de Cine de La Habana es el escenario propicio para que ese sostenido ejercicio de violencia institucional haga acto de presencia. El argumento de turno es que el país enfrenta una agresión en el campo de la cultura y el pensamiento. Se habla de políticas y obras artísticas colonizadoras, de la urgencia de establecer acciones contra las narrativas que intentan imponernos desde los grandes medios y centros de poder.
¿Pero de cuál guerra cultural estamos hablando? ¿Acaso se puede enfrentar un proceso de colonización sin una real emancipación cultural, social y política de los individuos y de la sociedad en que vivimos? ¿Acaso es posible descolonizar sin respeto a nuestros derechos y libertades básicas, imponiendo un solo punto de vista, pretendiendo que los artistas y ciudadanos acepten sin chistar las disposiciones emitidas de forma autoritaria desde el poder?
No aceptamos que nuestra sociedad se siga desmembrando por la incapacidad para aceptar el disenso, la diferencia, el miedo a discutir ideas y por la falta de voluntad para trabajar por encontrar puntos de consenso, de convivencia y de respeto a los otros. Si se está contra el pensamiento único y los monopolios de la información, se tiene que estar también en contra de cualquier política que refrende internamente una sola manera de entender la cultura, la identidad, la política, el pasado o el futuro de la nación.
No se puede luchar contra el dogma de los medios imponiendo otro. No se puede ser anticolonial prohibiendo películas y obras artísticas realizadas por nuestros creadores. No se puede hablar en nombre del pueblo si no se es capaz de escuchar y responder el clamor de ese pueblo. No se puede alertar del peligro de una sola lectura de la Historia proponiendo como única narrativa la que es escrita desde el poder.
Por eso nuestra Asamblea entiende que cualquier simulacro de guerra cultural enunciado en este momento no tiene otro fin que el de dividirnos como gremio, radicalizando a una parte del mismo para luego criminalizarlo políticamente. Se pretende eludir así el verdadero problema de fondo: nuestra exigencia a una discusión horizontal sobre la censura y la exclusión en el cine cubano. Hoy se hace más obvio que nunca lo obsoleto de ese modelo de acción que tan gran grave daño ha causado a nuestra cultura y vida cívica en general.
Hemos denunciado cómo desde el Ministerio de Cultura varios altos funcionarios llevan largo tiempo controlando, censurando y, en muchos casos, amenazando a los artistas que deciden expresarse de forma crítica sobre los problemas que nos asedian. Ahí está la principal causa del brutal éxodo de nuestro gremio, sumado a esa estampida en la que se desangra la nación. No son los artistas, ni los cineastas, los responsables de la dura realidad en que vivimos. No son sus obras las que imponen un pensamiento único. El cine no impone, el que impone es el poder.
Por eso no aceptaremos la criminalización de la Asamblea ni de los cineastas, mucho menos el intento de separarnos de la nación a la que pertenecemos. El cine cubano que se hace dentro y fuera de Cuba no le pertenece a una institución ni a un grupo de funcionarios.
De forma irrespetuosa e irresponsable estos burócratas de la cultura han emitido calificativos denigrantes hacia los artistas y cineastas que conforman nuestra comunidad. Hay historias de vida, entrega y sacrificio por la cultura de la nación que son despreciados. Gestos reiterados que demuestran la impunidad con la que estos funcionarios son aceptados y legitimados en su servicio mientras continúan ejerciendo una política cultural excluyente, vejatoria, irresponsable.
Quienes sostienen esa política reductora son las mismas fuerzas que finalmente han logrado controlar de manera directa el ICAIC, empeñadas en montar un simulacro de participación que ignora la voluntad de todo un gremio. Esas mismas fuerzas son las que interfieren, de una manera cada vez más explícita, en la independencia que debe caracterizar al Festival de Cine de La Habana, ratificándolo como una plataforma usada para cercenar, silenciar, amedrentar y excluir.
Dos películas cubanas (“Llamadas desde Moscú”, dirigida por Luis Alejandro Yero y “La Habana de Fito”, de Juan Pin Vilar) han sido nuevamente apartadas del concurso y de otras secciones sin explicación. Hemos sabido que el Comité de Selección del Festival, conformado por prestigiosos especialistas que han dedicado toda una vida a consolidar el prestigio de este Festival, ha sido nuevamente presionado para excluir a estas obras de su curaduría del evento.
La Asamblea reitera su frontal denuncia a este dañino “modus operandi”. Hace un llamado de atención a la responsabilidad que en esto tiene nuestro Gobierno, empeñado en sostener a este grupo de funcionarios que destruye nuestro cine, nuestra cultura y vulnera los derechos de cada cubano.
Los cineastas cubanos tenemos muy claros los principios que refrendamos: No a la censura, no a la exclusión, no a la criminalización del disenso. Como Asamblea, seguiremos trabajando por nuestro cine. Un cine transnacional, libre, diverso, complejo y profundamente comprometido con la dura realidad de nuestro pueblo.
Firma Grupo de Representantes de La Asamblea de Cineastas Cubanos
Fernando Pérez (director y guionista)
Deymi D‘Atri (directora y fotógrafa)
Juan Antonio García Borrero (investigador y crítico de cine)
Militante de Anticapitalistas y colaborador de Viento Sur
Actualidad Internacional: Latitudes. Europa
28/11/2023
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El pasado 28 de mayo, el Partido Popular (PP) obtuvo un gran avance en términos de poder institucional territorial en las elecciones municipales y en algunos de los de los parlamentos regionales de las denominadas Comunidades Autónomas, en detrimento del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ello desembocó en la formación de gobiernos locales y autonómicos de alianza del partido derechista con la extrema derecha de Vox. El miedo a una repetición de esa situación a nivel de todo el Estado español movilizó parcialmente el desorientado voto de izquierdas en apoyo al PSOE en las elecciones del 23 de julio para el parlamento español. Dicho de otro modo, fue el miedo y no la ilusión en torno a un proyecto político el que posibilitó poner freno al avance derechista.
Tras estos comicios de ámbito estatal se pudo constatar la existencia de un precario y catastrófico empate institucional entre el bloque reaccionario de la derecha ultranacionalista española y el bloque autodenominado “progresista” compuesto por la alianza del PSOE con Sumar, nombre bajo el que se agrupa un conglomerado de personajes y grupos políticos diversos situados levemente a la izquierda del partido socialista. Conviene señalar que, sin embargo, la balanza del peso institucional se ha inclinado a favor del reaccionario Partido Popular (PP) que obtuvo mayoría absoluta en el Senado y fue la lista más votada en el Congreso, pero sin votos suficientes en esta cámara de diputados para poder formar gobierno por lo que su líder Alberto Núñez Feijóo fracasó en su intento de ser nombrado presidente del gobierno por el parlamento pese al apoyo del partido ultraderechista Vox.
Ambas elecciones muestran que, de alguna manera, se está volviendo a la fórmula bipartidista (eso sí incompleta) que ha presidido el sistema político español desde el comienzo de la transición posfranquista y los años del régimen de la reforma surgido tras los pactos sociales y constitucionales en 1978. Los comicios se han dado en el marco de una profunda desmovilización y pasividad del movimiento de masas, particularmente del sindical, y de una “satelización” de muchas organizaciones de los movimientos sociales en torno al gobierno de Sánchez sin independencia real frente a la política de neoliberalismo compasivo y opción por el “crecimiento verde” del PSOE. La izquierda política, en su mayoría, únicamente está pendiente de su posicionamiento institucional y ha renunciado a impulsar la organización y movilización popular.
En un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora y de beneficios récord en las empresas del sector textil (por el incremento de sus negocios transnacionales) y de los bancos (gracias a la subida de los tipos de interés) y de enormes ganancias de las empresas energéticas (pese a la crisis asociada a la guerra de Ucrania) la izquierda reformista cuyo peso es determinante no está organizando la resistencia social frente a la carestía de la vida y por el aumento salarial y la anticapitalista es muy débil para hacerlo. Situación social que se ve acompañada del endémico problema del acceso a la vivienda (en propiedad o en régimen de alquiler) y por el progresivo deterioro de la salud y en enseñanza públicas en beneficio de la expansión del sector privado en ambos casos. Por otro lado, no olvidemos que todavía se arrastran los efectos del fracaso y represión del movimiento democrático nacionalista catalán. Fracaso que se muestra en la casi total ausencia de movilizaciones a favor de la amnistía en Catalunya.
Todo ello ha generado un aumento del malestar social pero la izquierda a la izquierda del PSOE ha dejado el vacío de la calle y de la impugnación. Malestar y ocupación de la calle que de forma creciente lo están encauzando opciones derechistas y ultraderechistas populistas, neoliberales y reaccionarias que han lanzado un órdago desde el nacionalismo español cercano al discurso antidemocrático neofranquista. No es casual que las juventudes de Vox se denominen Revuelta.
El bloque reaccionario ya había practicado en la legislatura anterior un discurso crecientemente trumpista contra el gobierno de coalición de Sánchez, al que calificaba de ilegal e ilegítimo. De forma absolutamente hiperbólica, lo tildaban de anticonstitucional, cuando es un hecho que la Constitución de 1978 -producto del pacto entre franquistas y partidos de izquierda mayoritarios- ha tenido como principal valedor precisamente al partido socialista, garante del régimen y de la estabilidad de la monarquía.
Actualmente el gran tema de confrontación de la derecha española es -al igual que en el pasado reciente fue la “cuestión vasca”- la “cuestión catalana”. Especialmente tras las jornadas del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Los componentes del tándem Vox-PP representan tonos diferentes del neoliberalismo autoritario y en ambos casos su gran seña de identidad es la defensa de un nacionalismo español excluyente, homogeneizador y punitivista.
El discurso no es nuevo, pues lo heredó de sus orígenes franquistas, lo nuevo es que la derecha extrema y la extrema derecha compiten entre sí por hegemonizar ese campo electoral y ambas han alimentado una polarización social que cala en amplios sectores de la sociedad de forma transversal llegando a afectar a partes importantes del pueblo trabajador. En ese camino han encontrado eco y apoyos en una parte importante de la vieja guardia y del electorado tradicional socialista. La identidad del PP y Vox se construye -a la vez que ocultan la agenda de sus propuestas económicas y sociales- en torno a la identidad e imaginario de “lo español” en contraposición a Catalunya y Euskalherria.
Esa es la razón que explica que cuando Pedro Sánchez (secretario general del PSOE), tras el fracaso del dirigente del PP, presentó su candidatura a formar y presidir un gobierno de coalición y para ello además de un edulcorado catálogo de propuestas sociales anteriormente incumplidas, acordó con los partidos nacionalistas catalanes Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts la amnistía para presos y encausados en los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 y luego en 2019.
La amnistía es inadmisible para la derecha españolista que ha lanzado una movilización general y continuada contra la medida. Ofensiva que cuenta con la colaboración activa del sistema judicial heredado del franquismo (escuela de lawfare) y otros cuerpos de funcionarios absolutamente ajenos a la cuestión, así como pronunciamientos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Y lo que también es peligroso cuentan con la simpatía de amplios sectores en el ejército, las fuerzas policiales y los medios de comunicación.
La argumentación de estos sectores es tan exagerada como falaz al enjuiciar las “cesiones” hechas por el PSOE a los partidos nacionalistas que califican como un “golpe de Estado” similar al 23F, “dictadura”, “abolición del Estado de derecho” o “conjura destituyente”. En su revestimiento ideológico de sus críticas asimilan la amnistía u otras medidas de relación entre el Estado y las Comunidades como un atentado a la “igualdad de todos los españoles” obviando que sus políticas liberticidas y austericidas allí dónde se aplican son las que están reforzando la desigualdad real preexistente en la sociedad de clases capitalista. Sus argumentos vienen a abonar dos ideas previas: “España se rompe” y “gobierno ilegítimo”.
No responden a la verdad son mera fake news. ni se corresponden con el contenido real de los acuerdos del partido socialista con los partidos nacionalistas, pero han generado una verdad paralela que impulsa un clima político “guerra civilista”. Pero atención los argumentos de la derecha esconden propósitos menos “patrióticos”: preparan un nuevo ciclo reaccionario contra los derechos de la clase trabajadora, los derechos políticos y civiles de las clases populares y nuevos ataques contra el feminismo, las personas migrantes y LGTBI, como ya hemos podido comprobar en una de las regiones que gobiernan: Madrid.
El PP ha impulsado importantes movilizaciones de masas y parte de su gente, pero sobre todo los dirigentes de Vox han apoyado formas de lucha callejera radical con la presencia activa de organizaciones nazis y fascistas frente a las sedes del partido socialista. Acciones perfectamente preparadas y organizadas que han contado con llamadas del líder de Vox, Santiago Abascal, a la desobediencia de la policía para que no actúen contra los manifestantes. Y la izquierda institucional ausente en las calles, llamando al orden y paz ciudadanos: el peor de los escenarios.
¿Cómo caracterizar esta situación generada por el PP y Vox? Tal como plantea la declaración de Anticapitalistas “Ante la investidura viejos y nuevos problemas” del pasado 14 de noviembre:” Pese a la retórica inflamada de la derecha, no está encima de la mesa un cambio de régimen ni un golpe fascista, como parecen insinuar ciertos sectores. Más bien, la derecha asume una estrategia de erosión basada en marcar la agenda en torno a un españolismo exacerbado, que oculte los problemas reales que sufre la clase trabajadora, mientras el partido judicial-policial radicaliza el giro autoritario de los aparatos estatales”.
Fin de ciclo y el nuevo gobierno
Del lado del bloque “progresista” se puede constatar el retroceso electoral tanto en las elecciones generales como en las locales y regionales de las organizaciones políticas surgidas tras el movimiento de los insumisos del 15 M, como es el caso de Podemos. Y cada vez es más claro que Sánchez ha logrado un renovado fortalecimiento del polo social liberal en el contexto de la izquierda española.
Podemos e Izquierda Unida (IU) están experimentando un proceso de crisis interna y de pérdida de afiliación muy importantes. Es palpable su irrelevancia política tras el cambio de ciclo, como también es un hecho el fracaso de su opción de gobernar a toda costa pese a la hegemonía manifiesta del PSOE en el anterior gobierno de coalición. Este partido impuso su agenda tanto en los temas políticos internos como es el caso del fin de la legislación represiva del movimiento social y la libertad de expresión (Ley “Mordaza”) o la política inhumana contra la migración, como en la mayor parte de las cuestiones sociales (no se ha derogado la anti obrera reforma laboral de los gobiernos anteriores) y en política exterior (abandono del pueblo saharaui, excolonia española cuyo territorio se anexionó Marruecos).
La nueva fórmula de reagrupamiento a la izquierda del PSOE, Sumar, encabezada por Yolanda Díaz no va a detener sino a agravar la crisis por su carácter de acompañante oportunista del partido socialista y de momento no está suponiendo una “resurrección” del espacio de izquierdas, sino bien al contrario es expresión de su debilidad y de su incapacidad para organizar partidos democráticos con programas transformadores. Sumar es un conglomerado de partidos e individualidades en el que finalmente -y dado que no hay una dirección elegida por quienes le apoyan- las decisiones se adoptan de forma caudillista por su lideresa y un pequeño equipo nombrado por ella, tanto se trate de cuestiones programáticas como de la confección de listas electorales o el nombramiento de su “cuota” de ministros.
Estamos ante un gobierno de continuidad. De los 22 ministros, 5 corresponden a Sumar y el resto al partido socialista. Del mismo han desalojado a las representantes de Podemos. O sea, estamos ante una reedición de un gobierno basado en el neoliberalismo compasivo y nada apunta a que rompa con la política económica de la Unión Europea cuando se restablezcan las reglas de austeridad.
Las cuestiones sociales que afectan directamente a las condiciones de vida de la clase trabajadora han estado totalmente ausentes en este debate de investidura. Sumar ha regalado su apoyo al PSOE, poniendo encima de la mesa una serie de cuestiones genéricas vinculadas al diálogo social con la patronal. Lo importante para Sumar es seguir manteniendo su presencia en los ministerios, aún a costa de mentir con el alcance de la “reforma laboral” realizada desde el Ministerio de Trabajo en manos de Yolanda Díaz o la no derogación de la Ley Mordaza, cuestiones de las que fueron cómplices todos y cada uno de los que formaron parte del primer gobierno de coalición. Por parte del gran ausente en el segundo gobierno de coalición, Podemos, no ha hecho un balance autocrítico de su paso por el anterior gabinete ejecutivo y hemos podido comprobar que su enfrentamiento con Sumar no radica en las diferencias de proyecto o programa tanto como con su pérdida de liderazgo en el campo de la izquierda post 15 M.
Este gobierno ha contado con el apoyo para la investidura de Sánchez como presidente de otras fuerzas de izquierda, concretamente las nacionalistas Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Bildu, organización independista vasca. Ambas formaciones inmersas en una política de moderantismo programático y homologación como posibles partidos de gobierno en las siguientes elecciones autonómicas en Galicia y Comunidad Vasca, muy posiblemente se mantengan como aliadas fieles al gobierno en las principales decisiones, particularmente las presupuestarias.
Además, Sánchez ha contado con el apoyo de los dos partidos independentistas catalanes ERC y Junts fuerzas ambas que compiten por un mismo electorado en Catalunya. El primero una formación ligada a los intereses de la pequeña burguesía catalana, la segunda directamente un partido tras el cual se esconden los intereses de una parte de la burguesía catalana tradicional. Esta última formación, Junts, está conociendo una importante crisis interna y con parte de su base social por el documento firmado el 9 de noviembre como partido con el partido socialista en el que expresan acuerdos y diferencias, pero escasa traslación práctica en la política real inmediata que superen los acuerdos ya alcanzados unos días antes por ERC que sustancian cuestiones concretas: amnistía, traspaso de competencias, medidas fiscales, etc.
Asimismo, ha contado con el apoyo para la investidura del Partido Nacionalista Vasco (PNV) fuerza ligada a los intereses del empresariado industrial de Euskadi. Asimismo, la única diputada de un partido regionalista muy oportunista, Coalición Canaria, ha votado a favor de la investidura. En estos casos Sánchez ha hecho diversas promesas de actuaciones gubernamentales en favor de los territorios en los que actúan esos partidos o de traspaso de competencias del Estado central a las Comunidades Autónomas en la gestión de infraestructuras o de naturaleza fiscal.
Pero la diferencia de votos en el parlamento entre el bloque que apoya la investidura de Sánchez y los del bloque reaccionario es muy estrecha. Por otra parte, los apoyos a la investidura no implican apoyos asegurados para el conjunto de decisiones gubernamentales, leyes o proyectos de Presupuestos del Estado. Por lo que se inaugura una etapa institucional de alta inestabilidad tanto en el Senado (de mayoría reaccionaria) como en el Parlamento, así como en las relaciones entre el gobierno central y varios de los gobiernos autonómicos y de muchos de los ayuntamientos del país. Lo que unido a la actuación seguramente hostil a Sánchez de gran parte de la magistratura judicial y otros poderes del estado y la segura movilización y actividad callejera de la derecha, diseñan un horizonte complicado para la gobernabilidad.
En el centro del pacto de investidura está la amnistía para todos los represaliados en torno a las movilizaciones y proclamaciones del 1 de octubre de 2017 las de 2019 en Catalunya que alcanza a 50 procesos judiciales, 3.500 represaliados, 44 encarcelados y 6 exiliados. De momento no sabemos si se aplicará la amnistía a otros represaliados por motivos políticos diferentes a los del proceso catalán, me temo que no. Por otra parte, y pese a la propaganda derechista no se asegura la realización de una nueva consulta de autodeterminación nacional en Catalunya. Bien al contrario, se vincula cualquier movimiento en ese sentido al estricto cumplimiento de la Constitución de 1978 que es lo mismo que renunciar a realizar un referéndum.
Una vez más en el laberinto español se entrecruzan las contradicciones de clase y las posiciones e identidades en torno a la cuestión nacional.
La mejor forma de hacer frente a la derecha reaccionaria y al progresismo proempresarial es generar una dinámica de movilización autónoma, que siente las bases para una reconstrucción de un campo político independiente desde la clase trabajadora y las oprimidas. La experiencia en curso de la solidaridad con Palestina muestra la utilidad de “hacer sin esperar” que ha conectado con una parte importante de la mayoría del pueblo de izquierdas y ha obligado a Sánchez a ir más allá de lo que pensaba hacer.
