Especiales temáticos: Ciclo electoral en América Latina
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La candidatura izquierdista de Pedro Castillo lidera los resultados de las elecciones presidenciales del 11 de abril y enfrentará en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, representante de la ultraderecha peruana. Con el 100% de actas procesadas según la ONPE, Castillo obtiene una votación del 19,0 % de los votos. En segundo lugar, se ubica Keiko Fujimori, con el 13,3%, seguido de cerca por Rafael López, con 12,9 % y Hernando de Soto, con el 11,7%. El centroderechista Yonhy Lescano aparece quinto, con un 9,0% y Verónika Mendoza sexta, con un 7,8%.
La descomposición del régimen neoliberal que vive el Perú en el último tiempo explica el grado de dispersión con que las derechas llegaron a este proceso electoral. A ello se suma un proceso de desafección política generalizada, que la crisis sanitaria del COVID-19 agudizó considerablemente. Así, la centroderecha y sus distintas variantes fueron desplazadas por la ultraderecha tradicional y pragmática del Fujimorismo y por la extrema derecha (o «ultraderecha desbocada») de Rafael López.
Yonhy Lescano expresó la última oportunidad de que la centroderecha jugara un rol importante en estas elecciones presidenciales, pero perdió el sur andino vertiginosamente a manos de Pedro Castillo. Otras fuerzas burguesas liberales, como el Partido Morado y Victoria Nacional, juntos suman solo siete escaños en el nuevo Congreso, según el conteo rápido al 100% de la encuestadora IPSOS.
Esta tríada ultraderechista compuesta por Fujimori, de Soto y López configura una hegemonía relativa en el Congreso que, al reeditarse su composición balcanizada, augura nuevos escenarios destituyentes en clave reaccionaria. En buena medida, la descomposición de la representación política de la burguesía y sus distintas fracciones constituye el núcleo de la crisis interburguesa a la que asistimos estos últimos años.
Lima y otras ciudades de la costa peruana, continúan siendo bastión electoral del neoliberalismo donde las fuerzas ultraderechistas han logrado importante votación que no se restringe a la burguesía y los sectores medios, pues incluso tienen anclaje electoral en las clases populares, principalmente de Lima. Rafael López ya anunció su apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral y su postulación a la alcaldía de Lima en las elecciones regionales de los próximos años. Las confluencias de las fuerzas ultraderechistas ya comenzaron en lo inmediato, y la izquierda revolucionaria tendrá que prepararse estratégicamente para encarar la crisis de régimen que está aún lejos de cerrarse.
Juntos por el Perú (Verónika Mendoza) y Perú Libre (Pedro Castillo) impulsan un programa neodesarrollista similar que no plantea una ruptura con el capitalismo. A la vez presentan diferencias importantes entre ambos, sobre todo en cuestiones de antiimperialismo, género y medio ambiente, así como en la dinámica con que orientaron la campaña electoral.
Verónika Mendoza no pudo conectar con el sur andino, históricamente contestario, por el énfasis puesto en ganar votos de los sectores medios atenuando las propuestas más avanzadas (como la nacionalización del gas o la convocatoria a una asamblea popular constituyente). Las propuestas posextractivistas o plurinacionales no fueron prioridad, y su entrevista con Evo Morales tuvo lugar algo tardíamente como para que sirva para recuperar el voto del sur andino.
Mendoza contó con cierto apoyo internacional, ya que su agrupación política Nuevo Perú, es integrante del Grupo de Puebla, donde están afiliadas las diversas formaciones políticas del progresismo latinoamericano. Además, la cobertura mediática nacional que obtuvo fue mayor a diferencia de las otras izquierdas que competían, en cierta medida por el liderazgo construido desde la campaña electoral del 2016. Es cierto, que la campaña macartista de los grandes medios de comunicación centro su fuego contra Mendoza durante gran parte del tramo de cara a la primera vuelta, pero este problema no era para nada sorpresivo y debió contar con una respuesta más estructurada y militante de Juntos por el Perú.
En la campaña electoral de Juntos por el Perú (JP), predominó un enfoque tecnócrata y centrista. Las últimas semanas antes del 11 de abril, el equipo técnico y programático de JP se dedicó a citar al Fondo Monetario Internacional (FMI), para fundamentar sus propuestas de política social, indicando además que no generarían empresas públicas ni realizarán expropiaciones. Es decir, moderaron sus propuestas a fin de llegar a más sectores sociales, pero en detrimento del voto contestario de las clases populares, como se expresa claramente en los resultados electorales de Lima, donde la votación por Mendoza sólo es considerable en los sectores medios y altos.
Pedro Castillo es un ex rondero y profesor rural en la región de Cajamarca que, durante el gobierno neoliberal de Pedro Pablo Kuczynski y en alianza con corrientes antiburocráticas, lideró la huelga magisterial de 2017. Militó desde el año 2005 hasta 2017 en el partido centroderechista Perú Posible, y luego pasó a las filas del partido izquierdista Perú Libre, espacio que lo eligió candidato para estas elecciones generales.
La candidatura de Castillo, entonces, expresa una confluencia práctica entre sectores del movimiento magisterial de corte antiburocrático y el partido Perú Libre. Es muy probable que, de cara a la segunda vuelta, la campaña macartista hacia su persona se agudice y sea aún más atroz que en las últimas semanas. Es un mérito importante de Castillo, haber logrado canalizar el descontento social del pueblo de izquierdas con un lenguaje sencillo y directo, que en las elecciones presidenciales del 2011 votó por Ollanta Humala, que traicionó su programa antineoliberal de cara a la segunda vuelta, y que en las elecciones presidenciales del 2016 votó por Verónika Mendoza, que estuvo cerca de ingresar al balotaje logrando el tercer lugar en la primera vuelta.
Perú Libre (PL) es una organización de matriz estalinista, integrante del Foro de São Paulo. Fue fundada por el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. En sus documentos identitarios y programáticos se autodefine como una organización marxista, leninista y mariateguista, aunque en la práctica reivindica un programa económico marcadamente neodesarrollista (o, en sus palabras, una economía popular con mercados, en donde se nacionalizarían los sectores estratégicos de la economía, pero indemnizando a las empresas privadas).
Los ejes de campaña de esta formación política han girado en torno a propuestas de nacionalizaciones en clave mercadointernista, la reducción del sueldo de los altos cargos públicos, la convocatoria a una asamblea popular constituyente, elección por votación popular del Tribunal Constitucional y la inversión pública en los sectores de la salud y la educación. Al menos durante varios meses fue ese el tenor de campaña, lo cual le permitió ganarse el voto contestario de la sierra (sur y centro) y la selva, parcialmente.
Pero Pedro Castillo también carga con importantes aristas conservadoras que son reflejo –en cierta medida– de los conservadurismos presentes en nuestro pueblo. Su oposición al matrimonio igualitario, a las políticas de género y a la despenalización del aborto son cuestiones que bajo ningún concepto podemos pasar por alto. Se diga lo que se diga, estos temas no son ajenos a las clases populares.
De lo que se trata, sin embargo, es de generar debates e intercambios con las bases sociales que respaldan ese proyecto. La «cancelación política» no es una solución viable para un problema de tal magnitud y extensión. Es necesario emprender un trabajo militante que apunte a avanzar de conjunto hacia una asamblea nacional constituyente que rompa con el patriarcado, el imperialismo y el neoliberalismo.
La cuestión migratoria y la situación de las personas presas en Perú constituyen otros dos aspectos sumamente regresivos de su programa. Al primero de los casos le subyace la lógica xenófoba de culpabilizar a la migración venezolana por el desplazamiento laboral de los trabajadores peruanos, cuando los cañones deberían apuntar contra las patronales y la actitud hacia la clase trabajadora migrante, que vive hacinada y sin papeles, debería ser de solidaridad. El segundo caso refleja cierto conservadurismo punitivista. Cuestionar el acceso de las personas privadas de su libertad al alimento y a los bienes de primera necesidad es un discurso peligroso que, aunque vestido con ropajes populares, debe ser rotundamente cuestionado.
Evitar un balotaje interderechista representa, a todas luces, un triunfo parcial de las clases populares del Perú ante al continuismo neoliberal. La tarea del momento político pasa por sostener un apoyo crítico a Pedro Castillo en el balotaje del próximo 6 de junio, que infrinja una derrota histórica al fujimorismo, mientras militamos para construir y organizar una izquierda ecosocialista, anticapitalista y feminista a la altura de los desafíos en curso y con capacidad para interpretar e intervenir en los procesos reales de nuestro pueblo.
Para ello, dar la batalla por una asamblea popular constituyente –plurinacional y paritaria– debe ser nuestro objetivo central. Para pavimentar una superación por izquierda de las experiencias gubernamentales progresistas en las que se referencia la izquierda de Pedro Castillo, tendremos que encarar las luchas que se avecinan en esa perspectiva.
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Las tres últimas décadas han estado marcadas por una creciente confusión política en torno al significado del antiimperialismo, una noción que, como tal, no había sido objeto de mucha controversia anteriormente. Hay dos razones principales para esta confusión: el final victorioso de la mayoría de las luchas anticoloniales posteriores a la Segunda Guerra Mundial y el derrumbe de la URSS. Durante la guerra fría, Estados Unidos y las potencias coloniales occidentales aliadas libraron varias guerras directamente contra movimientos o regímenes de liberación nacional, así como intervenciones militares más limitadas y guerras indirectas. En la mayoría de estos casos, las potencias occidentales se enfrentaban a un adversario local apoyado por una amplia base popular. Así pues, oponerse a la intervención imperialista y apoyar a aquellos contra los que estaba dirigida resultaba obvio para los progresistas; la única cuestión era si este apoyo debía ser crítico o sin reservas.
Durante la guerra fría, la principal divisoria entre los antiimperialistas era la actitud hacia la URSS, que los partidos comunistas y sus aliados cercanos consideraban la patria del socialismo y adoptaban en gran medida sus propias posiciones políticas alineándose con Moscú y el campo socialista, una actitud que entonces se llamaba campismo. Esto vino facilitado por el apoyo de Moscú a la mayoría de las luchas contra el imperialismo occidental en el marco de su rivalidad global con Washington. En cuanto a la intervención de Moscú contra las revueltas obreras y populares en su propia esfera de dominación europea, los campistas salieron en defensa del Kremlin, denigrando estas revueltas so pretexto de que eran fomentadas por Washington.
Aquellos que pensaban que la defensa de los derechos democráticos es el principio fundamental de la izquierda apoyaron tanto las luchas contra el imperialismo occidental como las revueltas populares en los países bajo dominación soviética contra los regímenes dictatoriales locales y la hegemonía de Moscú. Una tercera categoría la formaron durante un tiempo los maoístas, quienes, a partir de los años sesenta, calificaron a la URSS de socialfascista, afirmando que era peor que el imperialismo estadounidense e incluso poniéndose del lado de Washington en ciertos casos, como la posición de Pekín en el sur de África.
De todos modos, el patrón caracterizado exclusivamente por guerras imperialistas occidentales contra los movimientos populares en el Sur global empezó a cambiar con la primera guerra de este tipo librada por la URSS desde 1945: la guerra de Afganistán (1979-1989). Y aunque no las emprendieran Estados que entonces eran calificados de imperialistas, tanto la invasión de Camboya por Vietnam en 1978 como la agresión de China a Vietnam en 1979 causaron una gran desorientación en las filas de la izquierda antiimperialista mundial.
La siguiente complicación importante se produjo con la guerra encabezada por Estados Unidos contra el Irak de Sadam Husein en 1991. No se trataba de un régimen popular, aunque sí dictatorial, sino de uno de los regímenes más brutales y asesinos de Oriente Medio, que incluso había masacrado con armas químicas a miles de miembros de la población kurda de su país, con la complicidad de Occidente, ya que esto había ocurrido durante la guerra de Irak contra Irán. Algunas personas que hasta entonces habían pertenecido a la izquierda antiimperialista, cambiaron de bando en esta ocasión apoyando la guerra conducida por Estados Unidos. Pero la gran mayoría de las gentes antiimperialistas se opusieron a la misma, aunque se librara al amparo de un mandato de Naciones Unidas aprobado por Moscú. No estaban por defender la posesión por el emir de Kuwait del territorio que le había regalado Gran Bretaña y que estaba poblado por una mayoría de migrantes sin derechos. En general tampoco simpatizaban con Sadam Husein: lo denunciaban como un dictador brutal, al tiempo que se oponían a la guerra imperialista encabezada por Estados Unidos contra su país.
Pronto surgió una nueva complicación: tras el cese de las operaciones bélicas conducidas por Estados Unidos en febrero de 1991, la administración de George H.W. Bush –que había escatimado deliberadamente las tropas de élite de Sadam Husein por temor a un colapso del régimen, que habría beneficiado a Irán– permitió al dictador desplegar esas mismas tropas para aplastar un levantamiento popular en el sur de Irak y también a la insurgencia kurda en el norte montañoso, dejándole utilizar helicópteros en este último caso. Eso provocó una oleada masiva de refugiados kurdos que cruzaron la frontera con Turquía. Para impedirlo y para facilitar que los refugiados volvieran a sus hogares, Washington impuso una zona de exclusión aérea sobre el norte de Irak (no-flyzone, NFZ). Apenas hubo alguna campaña antiimperialista contra esta NFZ, ya que la única alternativa habría sido la continuación de la implacable represión contra la población kurda.
En la década de 1990, las guerras de la OTAN en los Balcanes crearon un dilema similar. Las fuerzas serbias leales al régimen de Slobodan Milosevic llevaron a cabo acciones criminales contra musulmanes bosnios y kosovares. No obstante, Washington desestimó deliberadamente otros medios para impedir las masacres e imponer una solución negociada en la antigua Yugoslavia, deseoso de que la OTAN dejara de ser una alianza defensiva y se convirtiera en una organización de seguridad involucrada en guerras intervencionistas. El siguiente paso en esta transformación consistió en involucrar a la OTAN en Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, eliminando así la limitación original de la alianza a la zona del Atlántico. Luego vino la invasión de Irak en 2003, la última intervención dirigida por Estados Unidos que unió a todos los antiimperialistas en la oposición a la misma.
Mientras tanto, el campismo de la Guerra Fría volvía a surgir bajo una nueva forma: dejó de caracterizarse por su alineación con la URSS y pasó a apoyar directa o indirectamente a cualquier régimen o fuerza que fuera objeto de la hostilidad de Washington. En otras palabras, se pasó de una lógica de el enemigo de mi amigo (la URSS) es mi enemigo a la lógica de el enemigo de mi enemigo (Estados Unidos) es mi amigo (o alguien a quien no había que criticar de ningún modo). Si la primera lógica dio lugar a algunas alianzas extrañas, la segunda es una receta para el cinismo vacuo: al centrarse exclusivamente en el odio al gobierno de Estados Unidos, conduce a la oposición sistemática a todo lo que Washington emprende en el escenario mundial y al apoyo acrítico a regímenes ultrarreaccionarios y antidemocráticos, como el siniestro gobierno capitalista e imperialista de Rusia (imperialista en todos los sentidos del término) o el régimen teocrático de Irán, o los émulos de Milosevic y Sadam Husein.
Para ilustrar la complejidad de los problemas a que se enfrenta hoy el antiimperialismo progresista –una complejidad que la lógica simplista del neocampismono permite captar –, veamos el ejemplo de dos guerras derivadas de la primavera árabe de 2011. Cuando las revueltas populares lograron deshacerse de los presidentes de Túnez y Egipto a principios de 2011, todo el espectro de autoproclamados antiimperialistas aplaudió al unísono, ya que ambos países tenían regímenes favorables a Occidente. No obstante, cuando la onda expansiva revolucionaria llegó a Libia, como era inevitable en un país limítrofe con Egipto y Túnez, los neocampistas se mostraron mucho menos entusiastas. Recordaron de pronto que el régimen sumamente autocrático de Muamarel Gadafi había sido proscrito por los Estados occidentales durante décadas, ignorando aparentemente que desde 2003 venía colaborando con Estados Unidos y con varios Estados europeos.
Fiel a su estilo, Gadafi reprimió las protestas en un baño de sangre. Cuando los insurgentes tomaron el control de la segunda ciudad de Libia, Bengasi, Gadafi –después de tacharlos de ratas y drogadictos y de prometer a los cuatro vientos que iba a “depurar Libia palmo a palmo, casa a casa, hogar a hogar, calle a calle, persona a persona, hasta que el país quede libre de mugre e impurezas”– preparó un ataque contra la ciudad, desplegando todo el espectro de sus fuerzas armadas. La probabilidad de una masacre a gran escala era muy elevada. Diez días después del inicio de la revuelta, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución que denunciaba a Libia ante la Corte Penal Internacional.
Los habitantes de Bengasi pidieron protección al mundo entero, pero insistieron en que no querían tropas extranjeras sobre el terreno. La Liga de Estados Árabes apoyó esta petición. Así, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución que autorizaba la imposición de una zona de exclusión en el espacio aéreo libio, así como “todas las medidas necesarias […] para proteger a la población civil […] descartando al mismo tiempo el despliegue de cualquier fuerza de ocupación extranjera, bajo cualquier forma y en cualquier parte del territorio libio”. Ni Moscú ni Pekín vetaron esta resolución: ambos se abstuvieron, ya que no querían asumir la responsabilidad de una masacre anunciada.
La mayoría de los antiimperialistas occidentales condenaron la resolución del Consejo de Seguridad, que les recordaba a las que habían autorizado el ataque a Irak en 1991. Al hacerlo, pasaron por alto el hecho de que el caso libio tenía más puntos en común con la NFZ impuesta en el norte de Irak que con la guerra contra Irak so pretexto de liberar Kuwait. La resolución del Consejo de Seguridad estaba claramente viciada: podía interpretarse como una injerencia prolongada de las potencias de la OTAN en la guerra civil libia. Sin embargo, a falta de medios alternativos para evitar la masacre inminente, quedaba poco margen para oponerse a la NFZ en su fase inicial, por las mismas razones que llevaron a Moscú y Pekín a abstenerse.
En pocos días, la OTAN privó a Gadafi de gran parte de su fuerza aérea y de sus tanques. Los insurgentes podrían haber continuado su lucha sin una intervención extranjera directa, siempre y cuando tuvieran las armas necesarias para contrarrestar el arsenal restante de Gadafi. Pero la OTAN decidió asegurarse de que siguieran dependiendo de su participación directa con la esperanza de poder controlarlos. Al final, los insurgentes lograron frustrar los planes de la OTAN desmantelando por completo el Estado de Gadafi, dando lugar a la situación caótica que reina ahora en Libia.
El segundo caso, aún más complejo, es el de Siria. En este país, la administración Obama nunca tuvo la intención de imponer una NFZ. Debido a los inevitables vetos de Rusia y China en el Consejo de Seguridad, esto habría exigido una violación de la legalidad internacional similar a la cometida por el gobierno de George W. Bush con la invasión de Irak (una invasión a la que Obama se había opuesto). Washington mantuvo un perfil bajo en la guerra siria, intensificando su intervención solo después de que el llamado Estado Islámico (EI) pasara a la ofensiva y cruzara la frontera iraquí, y en todo caso limitando su intervención directa al combate contra el EI.
Pero la influencia más decisiva de Washington en la guerra siria no fue su intervención directa –que solo resulta primordial a los ojos de los neocampistas, que solo miran al imperialismo occidental–, sino la prohibición a sus aliados regionales de entregar armas antiaéreas a los insurgentes sirios, principalmente debido a la oposición de Israel. El resultado fue que el régimen de Bashar al Asad tuvo el monopolio aéreo durante el conflicto e incluso pudo recurrir al uso extensivo de las devastadoras bombas de barril lanzadas desde helicópteros. Esta situación también alentó a Moscú a involucrar directamente a su fuerza aérea en el conflicto sirio a partir de 2015.
Los antiimperialistas estuvieron profundamente divididos a propósito de Siria. Los neocampistas –como la Coalición Nacional Unida Antiguerra y el Consejo por la Paz en Estados Unidos– se centraron exclusivamente en las potencias occidentales en nombre de un peculiar antiimperialismo unilateral, mientras apoyaban o pasaban por alto la intervención incomparablemente más importante del imperialismo ruso (o la mencionaban tímidamente, mientras se negaban a movilizarse contra la misma, como en el caso de la Coalición contra la Guerra en el Reino Unido), sin hablar ya de la intervención de las fuerzas fundamentalistas islámicas patrocinadas por Irán. Los antiimperialistas progresistas y demócratas –incluido el autor de este artículo– condenaron el régimen asesino de Asad y a sus partidarios imperialistas y reaccionarios extranjeros y reprobaron la indiferencia de las potencias imperialistas occidentales ante la difícil situación del pueblo sirio, se opusieron a su intervención directa en el conflicto y denunciaron el papel nefasto de las monarquías del Golfo y de Turquía, que promovían a fuerzas reaccionarias en el seno de la oposición siria.
La situación se complicó aún más cuando el EI, en plena expansión, amenazó al movimiento nacionalista de izquierda kurdo de Siria, la única fuerza armada progresista que operaba entonces en territorio sirio. Washington combatió al Estado Islámico con una combinación de bombardeos y apoyo incondicional a las fuerzas locales, incluidas las milicias alineadas con Irán en el territorio de Irak y las fuerzas kurdas de izquierda en Siria. Cuando el EI amenazó con tomar la ciudad kurda de Kobane, las fuerzas kurdas se salvaron gracias a los bombardeos y a los suministros de armas por parte de Estados Unidos. Ningún sector antiimperialista alzó la voz para condenar esta descarada intervención de Washington, por la razón evidente de que la alternativa habría sido el aplastamiento de una fuerza vinculada a un movimiento nacionalista de izquierdas en Turquía apoyado tradicionalmente por el conjunto de la izquierda.
Posteriormente, Washington desplegó tropas terrestres en el noreste de Siria para apoyar, armar e instruir a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dirigidas por milicias kurdas. La única oposición vehemente a este papel de Estados Unidos vino de Turquía, miembro de la OTAN y opresor nacional de la mayoría del pueblo kurdo. Gran parte de los antiimperialistas guardaron silencio (un silencio equivalente a la abstención), en contraste con su posición de 2011 sobre Libia, como si el apoyo de Washington a las insurgencias populares solo pudiera tolerarse cuando están dirigidas por fuerzas de izquierda. Y cuando Donald Trump, presionado por el presidente turco, anunció su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria, varias figuras destacadas de la izquierda estadounidense –entre ellas Judith Butler, Noam Chomsky, el ahora difunto David Graeber y David Harvey– emitieron una declaración en la que exigían que Estados Unidos “siga prestando apoyo militar a las FDS” (aunque sin especificar que eso debería excluir la intervención directa por tierra). Incluso entre los neocampistas, muy pocos fueron los que denunciaron públicamente esa declaración.
De este breve repaso de las complicaciones recientes del antiimperialismo se desprenden tres principios rectores. En primer lugar, y sobre todo: las posiciones verdaderamente progresistas –a diferencia de las apologías de dictadores pintadas de rojo– deben determinarse en función de los intereses del derecho de los pueblos a la autodeterminación democrática y no por la oposición sistemática a todo lo que hace una potencia imperialista, sean cuales sean las circunstancias; los antiimperialistas deben aprender a pensar. En segundo lugar: el antiimperialismo progresista implica oponerse a todos los Estados imperialistas, no ponerse del lado de unos contra otros. Por último: incluso en aquellos casos excepcionales en los que la intervención de una potencia imperialista beneficia a un movimiento popular emancipador –e incluso cuando es la única opción disponible para salvar a dicho movimiento de una represión sangrienta–, los antiimperialistas progresistas deben abogar por una desconfianza total hacia la potencia imperialista y exigir que su intervención se restrinja a formas que limiten su capacidad de imponer su dominación sobre aquellos a los que pretende salvar.
Las discusiones entre los antiimperialistas progresistas que están de acuerdo con los principios analizados anteriormente giran sobre todo en torno a cuestiones tácticas. Con los neocampistas, en cambio, hay muy poco espacio para la discusión: la invectiva y la calumnia son su modus operandi habitual, siguiendo la tradición de sus predecesores del siglo pasado.
Militante del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA, Francia) y de la Cuarta Internacional. Esta ponencia se presentó en la Universidad de Verano de la NPA en 2020, para hacerse eco del movimiento Black LivesMatter. Terminado después de la elección de Biden, está dirigido a nuestro público francófono, para facilitar el acceso a la enorme producción existente sobre este tema.
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La esclavitud se abolió legalmente en Estados Unidos en 1865, tras cinco años de guerra civil. Hoy en día, la situación real de los afroamericanos demuestra que esta abolición fue, como mínimo, incompleta. Esta historia nos interesa especialmente porque Marx y Engels, con la Primera Internacional, la siguieron activamente y apoyaron públicamente al presidente Abraham Lincoln. Sin embargo, existían a priori enormes diferencias entre la política de independencia obrera de los fundadores del socialismo moderno y el prudente reformismo asumido por una burguesía consciente, elegida en dos ocasiones a la presidencia de EEUU (1860 y 1864).
Las distintas partes de América fueron conquistadas por las potencias europeas a partir del año 1500. La colonización llevó a diversas formas de esclavización o exterminio de las poblaciones indígenas; de ahí la necesidad de importar mano de obra, en formas diversas según el caso. En el caso de lo que sería Estados Unidos, el exterminio de los pueblos indígenas se combinó con varios intentos de importar mano de obra, primero europea y luego africana. Lo que acabó por generalizarse en las grandes explotaciones del Sur y del Centro fue un sistema experimentado en el Caribe: el trabajo de los esclavos africanos traídos a la fuerza a través del comercio de esclavos (comercio triangular). En la época de la primera revolución americana (1776-1790), los 13 primeros estados de la Unión sólo contaban con cuatro millones de habitantes, de los cuales 700.000 eran esclavos y no más de 60.000 negros «libres», mal tolerados.
Las jóvenes burguesías de los 13 estados negociaron largamente entre ellas para dotarse de instituciones comunes, muchas de las cuales se mantienen hoy en día. Estas instituciones se basan en la igualdad de derechos de los ciudadanos y en su total libertad de empresa, pero también en la igualdad de derechos entre los Estados, que conservan el control de sus leyes particulares: para muchos de estos Estados, se trata ante todo de mantener la esclavitud, quedando esta forma de propiedad privada perfectamente legal. La primera de las repúblicas modernas conoció así, a partir de 1790 y durante 75 años, tanto una vida política democrática muy original, pero puramente blanca, como una esclavitud negra masiva. Se supone que esta última se basa en la Voluntad divina, al haber designado el Creador físicamente a los Negros, por su color, como objetos de propiedad privada, sujetos a la obligación de trabajo no remunerado.
Desde los orígenes de la trata de Negros, y por lo tanto repetidamente durante diez o doce generaciones, los esclavos traídos por los traficantes de esclavos, y luego los niños nacidos de lo que se convirtió en el siglo XVIII en un verdadera cría de seres humanos, han sufrido una violencia social/racial/sexual a una escala inimaginable. Arrancados de sus culturas y lenguas de origen, son separados y remezclados en cada etapa de la venta y la reventa, para crear lotes de ganado humano que satisfagan las necesidades de los plantadores. Esta situación de extrema deshumanización se renueva constantemente en las plantaciones, que a su vez están en constante expansión. Esta repetida destrucción de todos los lazos interpersonales hace muy difícil que los esclavos se resistan. Como en la mayor parte del continente, para aliviar los aspectos más crueles de su existencia, no tienen más remedio que adoptar la religión de sus amos, con la vana esperanza de ser tratados más o menos como «cristianos» y no como bestias.
Así, en Estados Unidos dominan varios tipos de relaciones sociales, según la región. En el noreste se desarrolló primero una contraeconomía basada en las pieles, la madera y el oro. Pero el siglo XIX fue testigo de la llegada masiva de los europeos más pobres (británicos, escandinavos, alemanes, irlandeses, etc.) que huían de la pobreza y de los regímenes opresivos. Ola tras ola, todos buscan un trabajo diario, pero la mayoría sueña con encontrar tierras para convertirse en agricultores independientes, en un territorio que el exterminio de los indígenas permite ampliar continuamente. Estas circunstancias dan lugar a una mano de obra asalariada todavía dispersa, que enriquece rápidamente a los primeros empresarios, y a un campesinado de colonos y luego de agricultores que, buscando liberarse de los terratenientes que especulan con la tierra, colonizan en masa. Son sus necesidades las que crean un mercado interior, llevando a su paso a las relaciones sociales capitalistas, primero dispersas y luego concentradas.
Estas relaciones específicas del noreste están condicionadas por el incesante retroceso de la frontera de los 13 estados de origen. Pero el mundo de las plantaciones de esclavos en el Sur y el Centro-Este también está creciendo. Gracias al tráfico y luego a la cría de personas, y a pesar de la terrible mortalidad, la población negra esclavizada pasó de 700.000 personas en 1790 a cuatro millones en 1860. Los cultivos comerciales (tabaco, azúcar de caña, café, aguarrás, algodón…) dominaban las exportaciones americanas a Europa, cuya rentabilidad había aumentado considerablemente desde la invención de la máquina descascarilladora de algodón. La economía esclavista del Sur es, pues, plenamente colonial. Hizo la fortuna de unas 3.000 familias de algodoneros extremadamente ricos y sus dependientes. Hay medio millón de blancos pobres que no se benefician todos de las derivaciones del sistema y suelen estar lejos de poseer los pocos esclavos «domésticos» que marcarían su superioridad racial/social.
Este mundo esclavista seguía en plena expansión durante la primera mitad del siglo XIX. Su comercio fue financiado por banqueros del Norte (Nueva York) que apoyaron discretamente el comercio clandestino (prohibido gradualmente bajo la presión de las campañas humanitarias) y se embolsaron beneficios mucho más altos del comercio de productos coloniales que del resto del comercio entre el Norte y Europa. Los líderes de los estados del sur miraban al futuro con la idea de expandir los Estados Unidos aumentando el número de estados esclavistas y anexionando Cuba y el Caribe y/o México y Centroamérica para sistematizar la esclavitud de las plantaciones. Estos proyectos estructuraron los debates políticos que conducirían a la guerra civil.
Los sucesivos compromisos sobre la esclavitud, siempre cuestionados
Entre 1790 y 1860, Estados Unidos pasó de 13 a 31 estados, y la población total aumentó de 4 a más de 31 millones, incluyendo 4 millones de esclavos y a más de 400.000 negros libres. La primera revolución terminó con el tan debatido compromiso sobre la esclavitud, que se plasmó en una importante norma constitucional, la regla de los tres quintos. En los censos que determinan el número de representantes a elegir en la Cámara de Representantes, se cuentan los esclavos: «valen» tres quintos de los blancos. El número de esclavos, sin ningún derecho, contribuye así a una mejor «representación» de los estados esclavistas en el Congreso. Al mismo tiempo, cada estado elegía dos senadores, por lo que existía una fuerte competencia por la creación de nuevos estados, ya fueran esclavistas o no. Este debate se repite muchas veces con nuevos «compromisos». Los aristócratas esclavistas del Sur, bien organizados a través del Partido Demócrata, lograron así extender ampliamente el campo de la esclavitud. Este Partido Demócrata actúa en toda la Unión defendiendo, en primer lugar, los derechos de los Estados a conservar sus instituciones particulares, incluida, por supuesto, la esclavitud. Consiguió que los estados «libres» tuvieran la obligación de devolver a los esclavos fugitivos (1850), y después el derecho de los esclavistas a llevarse sus esclavos a los estados a los que se trasladaban (1857).
Algunos de los padres fundadores esperaban, basándose en el aumento de la población total, «ahogar» gradualmente al Sur esclavizado en la Unión, evitando cualquier prueba de fuerza que no fuera la expulsión de las naciones indígenas. Pero las constantes ofensivas del Partido Demócrata extienden claramente la esclavitud. Tanto los agricultores independientes como los pequeños empresarios e industriales del Este y el Noroeste temen la competencia de la mano de obra libre, y sus trabajadores aún más. Se vuelven lógicamente abolicionistas, pero igual de racistas.
Desde los orígenes de la independencia americana, existe una verdadera militancia abolicionista, muy minoritaria, que a menudo se combina con los primeros movimientos feministas. La cruel disciplina del trabajo en las plantaciones y las estrictas limitaciones impuestas a la educación limitaron la influencia de la propaganda abolicionista, que tuvo que transmitirse oralmente con todo tipo de trucos. Las plantaciones «racionalizadas», es decir, las más exterminadoras, dejan como única salida para los esclavos la huida. Por lo tanto, las redes de ayuda clandestina aparecen muy pronto. El más conocido fue el ferrocarril subterráneo, que permitía a unos cuantos miles de fugitivos cada año, a pie, en barcaza o en carro, llegar por etapas a los estados «más libres», o incluso al Canadá británico no esclavista. Hoy en día, durante los trabajos de construcción, todavía se descubren a veces las «estaciones» de estas redes, alijos de esclavos fugitivos que en su día fueron instalados clandestinamente por militantes. Estas fugas son objeto de una feroz represión: los agentes públicos (US Marshall) y las bandas de cazadores de cabezas se lucran fácilmente con ellas, aunque sea secuestrando a negros libres en el norte para venderlos en el sur.
Con el crecimiento demográfico, la esclavitud y el trabajo libre se enfrentan cada vez más, sobre todo en los Estados centrales, donde ambos sistemas se mezclan en función de las condiciones agrícolas (clima, productividad del suelo, etc.). También es allí donde los esclavos cualificados son alquilados por sus dueños a otros blancos, sin ser pagados personalmente. Lo que está en juego en esta confrontación aparece durante la creación de nuevos territorios, antes de la formación de nuevos estados. En 1854-1855, una auténtica guerra civil asoló Kansas, enfrentando a los colonos «libres» con los esbirros reclutados por los traficantes de esclavos.
Los fracasos de la década de 1850 condujeron a una radicalización de los abolicionistas, marcada por el intento desesperado de John Brown y sus compañeros, que tomaron un arsenal federal en 1859 en Harpers Ferry, con la creencia de que los esclavos se unirían en masa a la revuelta y forzarían el destino de un solo golpe. El ejército aplasta la rebelión; los supervivientes son ahorcados a pesar de las protestas internacionales (Víctor Hugo). Sin embargo, consiguieron polarizar la atención de los progresistas, y aquí es donde encontramos de nuevo a Marx. «En mi opinión, los mayores acontecimientos en el mundo actual son, por un un lado, el movimiento esclavista estadounidense que comenzó con la muerte de [John] Brown y, por otro, el movimiento [siervos] en Rusia. Acabo de leer en el Tribune que se ha producido un nuevo levantamiento de esclavos en Missouri, y que, por supuesto, ha sido reprimido. Pero la señal se ha dado. Si la situación se agrava, «con el tiempo», ¿qué pasará con [la oferta de] las industrias de Manchester?«. (Carta a Engels, 11 de enero de 1860).
Los revolucionarios, derrotados en Europa en los años 1848-1852, son relativamente numerosos entre los inmigrantes recientes, pero suelen limitarse a las poblaciones de habla alemana del norte y el medio oeste. Su solidaridad con los esclavos es a menudo totalmente teórica. Incluso los pocos miembros de la Primera Internacional tienen dificultades para encontrar el camino entre la defensa de una fuerza de trabajo asalariada todavía poco organizada y sus tendencias racistas: el miedo a la competencia del trabajo esclavo no remunerado dificulta la convergencia en la práctica de un proletariado en rápido crecimiento, pero profundamente dividido. Esta gran dificultad lleva a los internacionalistas a interesarse por el flamante Partido Republicano, fundado en 1854.
Este partido, que sigue siendo muy frágil, se basa en la necesidad de poner fin a la incesante expansión de la esclavitud, no en su abolición. Se apoya en los agricultores, que exigen el acceso a la tierra «libre/gratuita», así como en los empresarios industriales que pretenden la generalización del trabajo «libre» (pero no gratuito) y así satisfacer las demandas básicas de sus trabajadores, que defienden sus salarios. Esta alianza es temporal, pero se está fortaleciendo porque corresponde al rápido crecimiento del país y de su mercado interior. La eliminación de las naciones indígenas necesario por etapas proporciona el espacio. Los inmigrantes están disponibles, sedientos de independencia personal, dispuestos a todo para defenderla y asegurar su supervivencia en un entorno difícil. El horizonte del herrero evoluciona hacia el del siderúrgico, el del carpintero hacia las empresas mineras, el del comerciante de pieles hacia el banco… El proyecto de expansión continental de los plantadores de esclavos amenaza así todas las demás relaciones sociales. Como prueba de la generalidad de este conflicto, vemos incluso que el Partido Demócrata, fundamentalmente esclavista, está dividido en este tema. Esta división entre los demócratas del Norte y del Sur contribuirá, durante las elecciones presidenciales de noviembre de 1860, a la elección por sorpresa de un recién llegado, el republicano Abraham Lincoln.
La guerra civil se anuncia, se retrasa y finalmente se asume.
Nacido en 1809, hijo de un campesino trabajador, acostumbrado a los trabajos físicos más duros, pero también abogado autodidacta, Lincoln se convirtió en abogado y político a principios de la década de 1840. En 1858, se dio a conocer por su negativa de principio a someter la existencia de la esclavitud a una votación popular en cada estado: para él, si se tomara esa decisión, sería incompatible con los derechos humanos y, como tal, nula. Sin embargo, no es un «amigo de los negros». No defiende públicamente la abolición general ni su imposición a los Estados. Le interesa la lógica (racista) de la colonización, es decir el hecho de… enviar a los Negros de vuelta a África para crear estados como la actual Liberia. Por lo tanto, está muy lejos de prever que las personas de color puedan acceder a los derechos políticos, aunque sean «libres». Pero está claro que quiere detener la expansión de la esclavitud. Esta elección, por muy moderada que nos parezca, es como un trapo rojo para los más decididos defensores de la expansión indefinida de la servidumbre.
Como el Partido Demócrata estaba dividido en esta cuestión, se celebró una elección presidencial cuadrangular en noviembre de 1860. Lincoln ganó por poco, con menos del 40% del voto popular, pero con el 59% del electorado. Defensor de la Unión y reformista moderado, este presidente parecía entonces muy débil, atrapado en los limitados medios de un Estado federal que seguía dependiendo estrechamente de los Estados federados. Entre su elección en noviembre de 1860 y su toma de posesión en marzo de 1861, y en los meses siguientes, Lincoln trató primero de reforzar su autoridad como árbitro: multiplicó los llamamientos a la unión y propuso procesos para poner fin a la crisis basados en una nueva mayoría en el Congreso o en la convocatoria de una nueva Convención, más democrática que las votaciones del Congreso. Mientras tanto, los líderes del Sur construyeron metódicamente una Confederación de siete, luego ocho y después once estados esclavistas, y se prepararon activamente para la confrontación militar.
En realidad, Lincoln actuó como un jugador que dejó que las apuestas subieran: dejó que los gobernantes esclavistas más radicales forzaran la mano de los más moderados y tomaran la iniciativa de romper con la Unión, hasta que lo atacaron militarmente. Esto se hizo en abril de 1861, cuando los confederados tomaron una fortificación federal aislada, Fort Sumter. Comienza la guerra. Lincoln asumió el riesgo de dejar que el aparato militar y administrativo de la Unión decayera para salvaguardar su preciosa legitimidad democrática. Luego siguió contemporizando para profundizar las divisiones entre el Partido Demócrata en el Norte y en el Sur y para tranquilizar a los estados esclavistas del centro que aún no habían elegido bando.
Los miembros europeos de la Internacional, en primer lugar, Marx y Engels, han seguido atentamente la cuestión americana desde la señal dada en 1859 por John Brown. Para ellos, la abolición de la esclavitud es esencial para que la clase obrera estadounidense se organice finalmente. La veían, en uno de los únicos países democráticos que existían entonces, como una vanguardia de importancia mundial. Marx y Engels se sintieron inicialmente avergonzados por la cautela de Lincoln, pero discutieron duramente desde el principio con los «observadores críticos» del proceso, que solo apoyarían una política directamente abolicionista. Para Marx y Engels, el apoyo táctico a la Unión parece indispensable desde una perspectiva estratégica. Para ellos, toda la actividad, incluida la perspectiva abolicionista, debe estar subordinada a la orientación táctica inmediata: poner fin a la expansión internacional de la esclavitud para crear, a largo plazo, las condiciones de la unificación del trabajo asalariado.
En efecto, Marx y Engels siguieron de cerca la actividad de los industriales ingleses del algodón, así como la de las grandes potencias, y se unieron al presidente electo en su análisis de esta nueva guerra, que formaba parte de las relaciones políticas internacionales. Las potencias europeas se mostraron efectivamente activas desde el comienzo de la guerra civil. Gran Bretaña nunca renunció realmente a vengarse de la Guerra de Independencia estadounidense de 1776-1790. En 1812-1815 se produjo una verdadera guerra, con la toma e incendio de Washington, y a partir de entonces las tensiones fueron constantes en todo el continente. Sobre todo, la industria inglesa, especialmente el algodón, sigue siendo la salida «natural» de los productos de los estados del sur que, de hecho, dependían de ella. Por lo tanto, la posición oficialmente «antiesclavista» de Inglaterra no le impide en absoluto dar su pleno apoyo a una secesión colonial que le conviene mucho. Marx y Engels denunciaron incansablemente esta hipocresía de los industriales, que alimenta con demasiada facilidad las críticas de «izquierda» de Lincoln. Por su parte, Napoleón III, que gobernaba entonces en Francia, optó por un proyecto colonial aún más caricaturesco: cambió su apoyo a los esclavistas por su discreción en una expedición imperialista que luego emprendió en México, donde acabaría intentando instalar un títere propio, con la clara intención de construirse una esfera de influencia colonial.
Frente a estos proyectos, Marx se propuso apoyar con firmeza, no tanto el programa público muy moderado que Lincoln llevaba en ese momento, sino el sentido objetivo que tomaba su resistencia a cualquier extensión del trabajo servil. Escribió: «Ciertamente, la cuestión no es directamente si los esclavos de los estados esclavistas deben emanciparse o no, sino más bien si los veinte millones de norteamericanos libres deben ser sometidos a una oligarquía de trescientos mil propietarios de esclavos; se trata de saber si los inmensos territorios de la República servirán de caldo de cultivo para el desarrollo de estados libres o esclavistas; y finalmente, si la política exterior de la Unión se basará en la propaganda armada a favor de la esclavitud en México, América Central y América del Sur» (Die Presse, Viena, 25 de octubre de 1861).
De una «guerra limitada» a una segunda revolución burguesa en Estados Unidos, 1861-1865.
La guerra civil provocó una fractura inmediata del aparato estatal, una descomposición de los cuadros del ejército a favor de los confederados. Lincoln, como jefe del ejecutivo, movilizó primero solo a voluntarios, y durante unos pocos meses, lo que se suponía una guerra corta. En el plano militar, desde el principio y durante casi tres años, la victoria de los confederados parecía probable. Sus ventajas eran numerosas; muchos más oficiales, y a menudo los mejores; mejor utilización de las fuerzas; elección decidida de ofensivas repetidas directamente hacia los grandes centros urbanos del Norte para asegurar el proyecto estratégico continental; capacidad de innovación técnica (acorazados, submarinos); disponibilidad y dinamismo de una juventud blanca inactiva y aventurera y apoyo mayoritario entre los blancos pobres, convocados para defender su estatus social/racial…
Una vez superado su triunfalismo inicial y a pesar de su superioridad demográfica, el bando federal parece técnicamente mucho más débil: cuadros militares tímidos y/o incompetentes; conceptos defensivos basados en un bloqueo difícil de aplicar; intentos de ganar tiempo, pero siempre con la perspectiva de encontrar un compromiso. Lincoln tardó en imponer medidas radicales de movilización popular. Un hito decisivo se alcanzó en 1862 con la aprobación de leyes que facilitaban la distribución de tierras federales a los pioneros. Esta era una condición previa necesaria para el verdadero reclutamiento masivo. Más de dos millones de hombres servirían en el ejército de la Unión, más del doble que los sureños, pero la formación militar no podía improvisarse. Hubo que reemplazar a los generales incapaces y al mismo tiempo incorporar la experiencia militar de los europeos inmigrantes, que habían sido derrotados en las revoluciones de 1848-1850, y reclutados.
Para ganar, los dirigentes de la Unión suben los impuestos, recurren a una nueva protección aduanera y emiten moneda para financiar la movilización industrial. Este último, inédito e inevitablemente lento, permitió el desarrollo de nuevas armas individuales, cañones pesados e incluso las primeras ametralladoras. El uso intensivo de los ferrocarriles, los barcos de vapor blindados y el telégrafo condujo a una nueva forma de guerra, pero las cuestiones políticas fundamentales cristalizaron en torno a la integración de los Negros en el ejército.
Los voluntarios negros fueron numerosos desde 1861, pero Lincoln se negó a aceptarlos al principio. Lincoln comenzó devolviendo a sus propietarios a los procedentes de los estados esclavistas de la Unión, aunque algunos generales comenzaron a utilizar a todos los fugitivos como trabajadores auxiliares, como «material de contrabando incautado al enemigo». Esta hipocresía racista y sus repetidas negaciones fueron seguidas de cerca por Marx y Engels. Las vacilaciones del gobierno de la Unión provenían, de hecho, de su temor a que la guerra acabara provocando revueltas de esclavos, lo que a su vez conduciría a una verdadera guerra racial que haría desaparecer las esperanzas de encontrar un compromiso con los Confederados.
La agresividad de los esclavistas hace imposible tal compromiso. Estuvieron muy cerca de tomar Washington durante las campañas del verano de 1862 y de nuevo en 1863. Si la unificación del mando y la movilización de todos los recursos era el único camino hacia la victoria, la organización de unidades de combate negras era necesaria, tanto como refuerzo militar como para la clarificación política. Los voluntarios llegaron a finales de 1862 y, sobre todo, a partir de 1863, y los cerca de 200.000 hombres de los aproximadamente 154 regimientos formados solo por Negros (con oficiales mayoritariamente blancos), sin contar los guías e irregulares, fueron ampliamente utilizados en combate. Los numerosos conflictos sobre las modalidades de esta integración de los negros en el ejército sirvieron entonces de puente entre el abolicionismo y el ejercicio de los derechos de ciudadanía.
Globalmente, durante la guerra civil, la pérdida de vidas fue muy grande: un total de entre 600.000 y 700.000 muertos, la mayoría en los hospitales, y quizás 400.000 discapacitados y heridos graves, pero la situación iba en dirección contraria en ambos bandos. En el Norte, donde la conscripción empezó a funcionar mejor y los inmigrantes siguieron llegando, el nacionalismo y el abolicionismo empezaron a combinarse. El ejército de masas creado desde cero por el Norte, y que Marx y Engels comparan con los primeros ejércitos de la Revolución Francesa, es cada vez más fuerte. En el Sur, una parte de la población blanca, la que inicialmente se oponía a la secesión, tenía que vigilarse de cerca, mientras que los rumores de la próxima abolición se extendían entre los esclavos, provocando un sentimiento de pánico entre los amos. El ejército del Sur, más profesional al principio, se descompone en un conjunto de milicias de los Estados Confederados, con fuertes tareas de policía interna contra los esclavos.
En Gran Bretaña, el movimiento obrero comprendió poco a poco el significado de los acontecimientos y organizó explicaciones para los trabajadores del algodón que se quedaron sin trabajo a causa del bloqueo. De este modo, dificulta la intervención de su propio gobierno en la Guerra Civil estadounidense. La correspondencia y los artículos de Marx y Engels dan testimonio de estos debates; siguen de cerca el ascenso de los abolicionistas en las instituciones de la Unión, pero se muestran debidamente «asombrados» por la actitud de espera de Lincoln: «El presidente Lincoln nunca se atreve a dar un paso adelante hasta que el curso de los acontecimientos y el estado general de la opinión pública no le permiten seguir esperando. Pero una vez que el «Viejo Abe» se ha convencido de que ese punto de inflexión se ha producido, sorprende a amigos y enemigos con la brusquedad de una operación realizada con el menor ruido posible…» (Die Presse, Viena, 3 de marzo de 1862). La admiración de Marx por Lincoln no le impidió repetir in extenso algunos de los discursos de los abolicionistas radicales (Wendell Phillips), aunque ello supusiera subestimar la determinación de Lincoln, su íntimo conocimiento de los mecanismos políticos de Estados Unidos y los obstáculos que surgieron.
De hecho, la resistencia masiva al reclutamiento, unida a un racismo muy fuerte, se manifiesta en los pogromos anti-negros llevados a cabo hasta entre la población irlandesa de Nueva York. Del mismo modo, la resistencia a las futuras consecuencias de la emancipación surge en algunos estados «libres» del norte, con leyes que excluyen de antemano a las personas de color de cualquier acceso a los derechos políticos. Estas leyes racistas tendrán una larga posteridad. Lincoln se enfrentó a este grave peligro de frente: en septiembre de 1862, emitió la Proclamación de Gettysburg, que ordenaba por adelantado la abolición de la esclavitud a partir del 1 de enero de 1863 en aquellos estados que no se reincorporaran a la Unión. Lincoln, elegido por escaso margen en 1860, había hecho muchos gestos de cautela para neutralizar a los estados indecisos dejando la esclavitud intacta. La radicalización de la guerra simplifica ahora la ecuación: la Proclamación de Gettysburg ayuda a movilizar políticamente a la opinión y a los soldados. Marx y Engels debatieron largamente la situación resultante, pero en noviembre de 1864 «el viejo» demostró su fuerza al ganar su segunda elección presidencial. Al final, su único rival fue George McClellan, el general incompetente de mayor rango que tuvo que despedir. Han votado cuatro millones de ciudadanos. Esta vez, Lincoln ganó el 55 por ciento del voto popular, pero el 78 por ciento de los casi 2 millones de soldados y un total del 91 por ciento del electorado, es decir, casi todos los estados de la Unión. Ha ganado una nueva legitimidad: está en condiciones de ganar, pero también de negarse a transigir.
De ahí la adopción por parte de la Internacional de un discurso público de felicitación al Presidente electo. El editor fue Marx, quien informó a Engels el 2 de diciembre de 1864 que tenía que «atenerse de nuevo (lo que es mucho más difícil que un trabajo de base), para que la fraseología a la que se reducen este tipo de garabatos se distinga al menos de la vulgar fraseología democrática«. Así, su discurso trata de combinar las necesidades de la época con el vocabulario bíblico y democrático estadounidense. Y concluye:
«Mientras los obreros, el verdadero poder político del Norte, permitieron que la esclavitud manchara su propia República, mientras -frente al Negro comprado y vendido contra su voluntad- se enorgullecieron del gran privilegio del obrero blanco de ser libre de venderse y de elegir a su propio amo, fueron incapaces de trabajar por la auténtica emancipación del trabajo y de apoyar a sus camaradas europeos en su lucha por ella. Pero este obstáculo al progreso fue barrido por el Mar rojo de la guerra civil.
«Los trabajadores de Europa están convencidos de que, si la Guerra de la Independencia estadounidense inauguró una nueva era de ascenso de la clase burguesa, la Guerra de la Esclavitud estadounidense hará lo mismo con las clases trabajadoras. Consideran un signo de los tiempos venideros el hecho de que fuera Abraham Lincoln, el decidido hijo de la clase obrera, el elegido para dirigir a su país en una lucha sin parangón por la liberación de una raza encadenada y por la reconstrucción de un mundo social» (29 de noviembre de 1864).
Se trata, en efecto, de una reconstrucción radical a la que se refiere el amenazante segundo discurso inaugural de Lincoln: «Si la voluntad de Dios es que la guerra continúe hasta que se destruya toda la riqueza acumulada por los esclavos a lo largo de dos siglos y medio de trabajo duro y no remunerado, y si la sangre derramada bajo el látigo debe pagarse con la sangre derramada por la espada -como afirma esta frase de hace tres milenios-, entonces solo queda decir que ‘el juicio del Señor es justo y verdadero’ » (4 de marzo de 1865). Fue también en este momento cuando Lincoln arrancó la votación en la Cámara de Representantes sobre la 13ª Enmienda, proponiendo para la ratificación de los estados una verdadera abolición de la esclavitud a nivel federal. Fue un paso decisivo, aunque se negara explícitamente la igualdad de derechos políticos (véase el Lincoln, de Spielberg).
Las ofensivas a fondo llevadas a cabo durante los veranos de 1863 y, sobre todo, de 1864 (Sherman, Grant), dividieron los territorios de la Confederación, que se enfrentó al inicio de una huida masiva de esclavos, muy cerca de una huelga general. Miles y luego cientos de miles de hombres y mujeres escaparon de las plantaciones, se escondieron y se unieron a las columnas de marcha, o directamente se unieron a las unidades negras. Con esta lucha cada vez más encarnizada, las fuerzas confederadas empezaron a verse afectadas por las deserciones. La amenaza de una guerra racial opera entonces con toda su fuerza: la Unión obtiene la rendición incondicional de los generales sureños sin tener que reconocer su Confederación, sino solo la existencia de un ejército rebelde. Los estados que habían abandonado la Unión podían volver a ocupar su lugar en ella, pero solo a condición de que dieran pruebas de respeto a sus leyes. La victoria militar es, por tanto, completa, pero la liquidación práctica de las consecuencias de la esclavitud está aún por resolverse.
Menos de dos meses después de su discurso inaugural, el 4 de marzo de 1865, Lincoln fue asesinado el 14 de abril. La emoción era inmensa y, además, el vicepresidente que le sustituyó, Andrew Johnson, era un moderado. Pero, basándose en la experiencia de los años de guerra, es ahora la mayoría del Congreso la que quiere aplicar al Sur un programa radical para erradicar el poder de los plantadores. Ahora, además de los millones de nuevos liberados, la desmovilización libera a unos tres millones de soldados experimentados. La paz proclamada abrió así una melé general, una nueva crisis revolucionaria. Tanto en el Sur rural como en el Norte industrial, las últimas décadas del siglo XIX iban a ser testigos de conflictos sociales y políticos de una escala que iba a ser decisiva, pero que se diferenciaría profundamente en su resultado.
Crisis revolucionaria en el Sur esclavista; la abolición y la reforma agraria, el intento de revolución democrática, su fracaso y los orígenes de la aparcería.
La liberación oficial de los esclavos crea una importante brecha en la dictadura social de los plantadores y trae consigo la necesidad de una amplia reforma agraria, que a su vez requiere una reforma democrática fundamental para ser aplicable. Esta Reconstrucción es objeto de un nuevo conjunto de conflictos. El Congreso ha creado una Oficina para los Refugiados, los Liberados y los Bienes Vacantes. ¿Se confiscarán las enormes propiedades de los dirigentes de la Confederación tras la emancipación de sus esclavos? Pero la cuestión se refiere, en realidad, a toda la agricultura colonial de renta. Millones de Negros están preocupados por el futuro de las plantaciones, tanto en el Sur como en el Norte.
¿Estamos avanzando hacia una transición directa de la esclavitud al trabajo asalariado con el mantenimiento de los latifundios? ¿Podrán así los amos mantener el control de sus liberados? Los conflictos por los salarios, así como por la imposición de la disciplina laboral, son inmediatos. La emancipación hizo aflorar la aspiración de los Afroamericanos a vivir en familia, mientras que a menudo se les separaba a la fuerza, y a compartir las grandes propiedades en pequeñas explotaciones familiares, con policultivo y autoconsumo. Este programa, «40 ares (16 hectáreas) y una mula», es muy popular entre los nuevos liberados, que a menudo lo complementan con fórmulas cooperativas, para asegurar al menos las necesidades de capital, herramientas, semillas y crédito. Los «clubes de tiro» facilitan la formación de estructuras terroristas apenas clandestinas; el primer Ku Klux Klan organiza a algunos de los antiguos militares.
Así, a la emancipación oficial le siguen inmediatamente complejas luchas económicas y sociales. Con el derecho al voto, surgen nuevas mayorías en los estados liberados, más democráticos, que reúnen a todos los que han sufrido la opresión a manos de los plantadores, desde los liberados hasta algunos blancos pobres. Con esto en mente, la mayoría radical del Congreso adoptó las enmiendas 14 y 15, que ampliaron el derecho al voto de los Afroamericanos y luego reprimieron las medidas locales para limitar ese derecho. Así, en la década de 1870, unos 600 negros fueron elegidos, en el Sur, desde los niveles locales hasta Washington, y nacieron nuevas instituciones: educación gratuita (primaria, secundaria y superior), sistemas de salud, instituciones para niños abandonados, cooperativas de crédito abiertas a los negros… El gran historiador W.E.B. Du Bois hablaría más tarde de ensayo de dictadura democrática por parte de las nuevas mayorías en los estados del Sur.
Pero la protección del Estado y del Ejército Federal sigue siendo la condición necesaria para estas innovaciones. Sin embargo, el ejército se está retirando gradualmente, mientras que las decisiones presupuestarias privan a la Reconstrucción de los fondos necesarios. La transición de la esclavitud a un sistema salarial agrícola feroz no es una solución viable en las principales zonas, donde los experimentos de propiedad colectiva van mal. Básicamente, todo el sistema agrícola colonial del Sur está entrando en una profunda crisis. Como había anunciado Marx, los industriales europeos han trasladado sus compras a otras colonias, en Asia o en África… Para subsistir, los esclavos emancipados tienen que aceptar contratos de aparcería en los que pagan una gran parte de la cosecha a los propietarios: la baja productividad de sus medios de trabajo los esclaviza de una manera nueva. Este sistema de aparcería se extiende también a los blancos más pobres, y todos ellos se encuentran compitiendo por la tierra y el crédito, convirtiéndose en dependientes separados solo por el color de la piel. Se reconstituye el poder de los amos, implantando leyes locales racistas de exclusión del voto y de violencia, todavía presentes hasta hoy. La reconstrucción ha fracasado; los negros del Sur entran en un nuevo siglo de opresión; comenzarán a emigrar a las zonas de empleo del Norte, donde ya no serán bienvenidos.
* * *
La liberación de los esclavos y la liberación de todos los asalariados estaban íntimamente ligadas, pero los efectos del fin de la guerra civil no fueron los mismos en ambos lados. En el Norte, la concentración industrial facilitada por la guerra dio un tremendo impulso al capitalismo: la clase obrera creció a un ritmo rápido y trató de construir sus propias organizaciones frente a la sobreexplotación. Se enfrenta a la patronal en conflictos a menudo sangrientos y, en un principio, victoriosos, sobre todo por los horarios de trabajo (acción coordinada por la jornada de 8 horas). Al mismo tiempo, el derecho de voto obtenido teóricamente por los hombres negros no se extiende a las mujeres, ni blancas ni negras, lo que divide profundamente a los círculos militantes, y la forma de organización de los trabajadores negros, por separado o no, es objeto de interminables debates. Evidentemente, no es posible resumir aquí esta historia, pero todo el movimiento obrero internacional se ve entonces influenciado por los avances del proletariado estadounidense, con, por ejemplo, la adopción del día de huelga internacional del 1º. de Mayo.
La Guerra Civil de 1861-1865 había creado ciertas condiciones para una combinación continental de luchas sociales y políticas por la emancipación. A pesar de los esfuerzos de los activistas, tanto de los miembros como de los no miembros de la Internacional, los intentos de coordinar el movimiento obrero entre el norte y el sur no tuvieron éxito en las décadas de 1870 y 1890. Los conocimientos adquiridos por la patronal en este ámbito servirían de espina dorsal duradera para su política interior: tras los choques de poder sin precedentes, no habría ningún partido obrero independiente, ni siquiera reformista, en Estados Unidos. Liberados de la polarización social ligada a la Guerra Civil, son los dos partidos burgueses, el republicano y el demócrata, los que se alternarán en el poder, incluso en las fases de crisis aguda.
Engels escribió en 1864: «Tan pronto como se rompa la esclavitud, este principal obstáculo para el desarrollo político y social de los Estados Unidos, el país despegará, y en poco tiempo ocupará un nuevo lugar en la historia del mundo, y el ejército y la flota nacidos de la guerra pronto encontrarán empleo.»
Para acabar con la barbarie absoluta de la esclavitud, la convergencia entre Marx y Lincoln dio sus frutos, pero no fue suficiente para que la segunda revolución americana, la que duró desde 1860 hasta la década de 1890, fuera la culminación de un proyecto democrático emancipador. Al igual que en Haití sesenta años antes, pero en condiciones muy diferentes, se erradicó la esclavitud colonial, pero sin la necesaria reforma agraria. Los Afroamericanos se adentran en una larga pesadilla, mientras que, en Europa, las experiencias entrelazadas de la socialdemocracia alemana y de la Comuna de París de 1871 empujan a los socialistas hacia temas completamente diferentes: la necesidad de combinar las tareas democráticas, la emancipación de la fuerza de trabajo asalariada, la reforma agraria y la liberación colonial solo reaparecerán mucho más tarde.
Para saber más: en francés, y con diferencia el más accesible:
– Une révolution inachevée, chez Syllepse, 2012; colección de textos de Lincoln, Marx y Engels, con una presentación detallada de Robin Blackburn y una sólida bibliografía, principalmente en inglés.
– Sobre la Guerra Civil en los Estados Unidos, en 10/18, 1970 (tan difícil de encontrar) es una colección de textos de Marx y Engels, con valiosas notas de Roger Dangeville, en línea en marxists.org https://www.marxists.org/francais/marx/works/00/gcus/gcus.htm.
– Historical Atlas of the United States, de Frédéric Salmon, A. Colin, 2008, es mucho más que un atlas, en el sentido de que mapea casi todo lo que está disponible como números desde 1783, ¡y aunque su visión de la Guerra Civil es básicamente la de los confederados!
En inglés: una gran cantidad de libros y artículos de la bibliografía de Robin Blackburn, en particular la autorizada obra de Eric Foner, publicada entre 1970 y 2010. Vamos a añadir a ella : Civil War and Reconstruction in the US – Primitive Accumulation and the Bourgeois Revolution, de Charles Post, cuadernos de la escuela de la Cuarta Internacional de Ámsterdam, 1989 (ejemplares disponibles en la librería La Brèche), y Black reconstruction in the USA, obra capital de W.E.B. Du Bois (1935), uno de los primeros eruditos afroamericanos reconocidos, y que nunca ha sido traducida al francés.
Para tener una idea… o para dirigir una sesión de formación:
Lincoln, de Steven Spielberg (2012), sobre las limitaciones políticas.
12 Years a Slave, de Steve Mac Queen (2013), sobre la conquista de la esclavitud.
The Good Lord Bird, una serie de Richard y Hawkee (2020) sobre el intento de John Brown.
Harriet, de Kasi Lemmons (2019), sobre el itinerario de una activista negra.
Glory, de Ed Zwick (1989), sobre las tropas negras.
Raíces… (serie, en dos versiones: 1977 y 2016), sobre los orígenes…
La segunda guerra civil, de Joe Dante (1997): Una farsa desagradable del autor de Los Gremlins, es sobre todo una presentación de la actualidad de los mecanismos políticos de la secesión. Interesante.
Algunos nombres de militantes∙es para buscar en la red: Dred Scott (1795-1857); Frederik Douglass (1818-1898); John Brown (1800-1859); William Birney (1819-1907; Lucy Parsons (1853-1942) y Albert (1848-1887); Mathida Annecke (1817-1884) y Friedrich (1818-1872); Harriet Tubman (182?-1913); Mary Harris Jones (1837-1930) .
Traducción: Gil Gallardo Montejano Fuente: wyborcza.pl
Actualidad Internacional: Feminismo
11/02/2021
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espués de las manifestaciones por el derecho de la mujer a decidir, en las que se reunieron a cientos de miles de personas en todo el país, el gobierno polaco publicó el 27 de enero de 2021 en el Diario Oficial la decisión del Tribunal Constitucional dictada el 22 de octubre de 2020, de prohibir el aborto en caso de malformaciones genitales o trastornos en el desarrollo del embrión (que era una de las últimas causas legales para el aborto, razón por la que ahora es casi completamente ilegal).
La noche del 27 de enero nuevas manifestaciones se dieron, reuniendo a miles de personas, en esta ocasión la represión hacia los asistentes fue más brutal, muchos manifestantes fueron detenidos hasta por 48 horas mientras se les preparaban juicios. Por otro lado, el gobierno polaco normaliza el estado de derecho al sancionar a fiscales y jueces considerados en exceso independientes.
Mientras las protestas continúan y se crean formas alternas para ayudar a las mujeres que deciden abortar, los movimientos de mujeres en Polonia siguen desarrollando alternativas contra el estado represivo y clerical. Esta tarea en particular a quedado en manos de una Asamblea consultiva que reúne a varios cientos de personas, desde especialistas en diversos temas hasta militantes y activistas de distintas organizaciones. Creada por iniciativa de la Huelga Nacional de Mujeres (OSK por sus siglas en polaco) después de las primeras manifestaciones contra la prohibición del aborto, esta Asamblea consultiva se formó con el objetivo de desarrollar soluciones legislativas en la áreas que se hicieron visibles a través de las protestas de los cientos de miles de manifestantes. Dentro de las que destacan: derechos de la mujer, trabajo, educación, laicismo, salud y cambio climático.
Desde su creación, una de las principales tareas en las que se centra la Asamblea consultiva ha sido el tema de la legislación acerca del aborto. El 12 de febrero del año en curso, una semana después de que parlamentarios de izquierda y organizaciones de mujeres presentaran un proyecto de ley que permitiría el aborto hasta la duodécima semana de embarazo; en una conferencia de prensa la Asamblea consultiva presentó el documento donde propone la despenalización del aborto. El diario Gazeta Wyborcza entrevistó a tres activistas de la Asamblea consultiva quienes presentaron el proyecto. A continuación, reproducimos la entrevista.
Por su parte, la líder de la OSK, Marta Lempart, dijo a Gazeta Wyborcza dijo: Actualmente nos enfrentamos a una situación en la que un servicio médico, como el aborto, se rige por las disposiciones del código penal. Se trata como algo que por definición engloba un delito. Nos hemos acostumbrado tanto que ni siquiera nos damos cuenta de que es absurdo.
Y después enumera:
Eliminar el aborto del código penal, es decir, despenalizarlo, es estrictamente lo mínimo.
Es hora de decir adiós a la idea de leyes especiales sobre el aborto que regulan un determinado servicio médico. Ya que, de este modo, las mujeres son vistas como seres malvados; a las que, por definición, se les debe imponer prohibiciones y sanciones.
Debemos avanzar hacia el modelo canadiense, donde el aborto es simplemente un servicio médico regulado por estándares de atención médica, sin leyes adicionales ni disposiciones penales.
Los coreanos lo acaban de hacer, Chile se mueve en la misma dirección. Estoy segura de que también en Polonia es posible admitir que las mujeres saben realmente lo que hacen
De tal forma que, como Huelga de mujeres, debemos y habremos de utilizar todos los caminos accesibles y apoyar todas las iniciativas sensatas. Cada esfuerzo nos acerca a nuestro objetivo de un aborto legal, seguro y gratuito.
Monika Frenkiel: Nuestras demandas exigen la abolición total de las leyes que limitan el acceso al aborto y que lo castigan, en especial las del derecho penal. Deseamos que se elimine cualquier límite de tiempo, condición o requisito para obtener la aprobación del aborto.
Karo Akabal: Sí. Nuestra propuesta es muy avanzada. Se sustenta en la certeza de que las mujeres embarazadas que optan por abortar, y las mujeres en general, saben lo que están haciendo.
Nadia Oleszczuk: Reconocemos que una mujer embarazada tiene pleno derecho a identificar que debe interrumpir el embarazo según su conciencia, su fuerza, su sensibilidad psíquica o su capacidad económica.
Monika Frenkiel: Esto significa que nadie más tiene el derecho o la capacidad para decidir por una mujer si necesita o no abortar.
Karo Akabal: Nuestro trabajo, como Asamblea consultiva de la organización Huelga Nacional de Mujeres (OSK), era estar a tono con la energía de las protestas. Estuvimos en las calles, participamos en las manifestaciones, leímos las pancartas, escuchamos las consignas que allí se gritaron, leímos los blogs, los periódicos, Facebook, los correos electrónicos que llegaban, hablamos con la gente.
Nadia Oleszczuk: Las propuestas de la Asamblea consultiva reflejan todas esas voces.
Karo Akabal: Nosotros invitamos y apoyamos toda iniciativa que tenga como objetivo avanzar hacia adelante contra la actual ley del aborto. Pero con nuestro postulado, queremos comenzar un nuevo enfoque sobre el aborto y los derechos de las mujeres en Polonia.
Monika Frenkiel: Nuestra propuesta es usar un lenguaje diferente y hablar sobre los derechos de las mujeres de una manera diferente a lo que se ha hecho hasta ahora.
Karo Akabal: Al eliminar el tema del aborto de la ley, se restituye lo que consideramos un derecho natural: el derecho de una persona que queda embarazada a interrumpir un embarazo.
Monika Frenkiel: La mujer (o la persona encinta, se considere a si misma mujer o no) tendrá derecho a elegir la forma, las condiciones y el método de interrumpir el embarazo. Queremos que el aborto con medicamentos se mantenga lo más lejos posible del sistema de salud; ya que, sabemos lo mal que funciona hoy en día. En nuestras demandas está el registro y la autorización para la circulación de mifepristona (RU 486), un medicamento recomendado por la OMS como seguro y que mejora la velocidad y eficiencia del procedimiento en combinación con misoprostol. Es muy importante que los medicamentos para el aborto estén disponibles sin receta y que una persona embarazada que decida abortar en cualquier etapa de su embarazo pueda tener acceso a la atención médica de su conveniencia; y que, además: el costo sea cubierto por el Estado.
Karo Akabal: El sistema médico entero debe estar destinado a ser un apoyo para las mujeres, no una limitación. Por este motivo, rechazamos la idea de que el apoyo psicológico sea necesario antes de un aborto porque interfiere con la libertad y la dignidad y, como lo demuestra lo que sucede en otros países, hace que el aborto sea más complicado.
Monika Frenkiel: Tenemos un objetivo general: el aborto debe ser pagado con fondos públicos, ser seguro, legal y accesible para todas las que lo necesiten. ¿Cómo organizar esto? Hay que discutirlo, sobre todo con expertos en procedimientos médicos.
Monika Frenkiel: debe ser abolida, eliminada.
Monika Frenkiel: Si su conciencia no permite a un médico realizar un procedimiento debe cambiar su profesión o especialización. Además, en cualquier caso, cuando un médico invoca la objeción de conciencia por el motivo que sea, no se puede estar seguro de que está haciendo un tratamiento de acuerdo con los mejores conocimientos médicos.
Monika Frenkiel: Esta pregunta asume que las mujeres son irreflexivas y carecen de empatía.
La despenalización del aborto que tuvo lugar en Canadá nos sirvió de modelo. Recientemente el mismo modelo también puso en marcha en Corea del Sur, las mujeres coreanas protestaron a nuestro lado en 2016, al igual que las argentinas, que desde hace más de un mes tienen una nueva ley a favor del aborto. En el mismo sentido, Chile también avanza hacia la despenalización.
Queremos acercarnos a estos países. La verdadera despenalización significa que el aborto no debe ser más un párrafo del código penal, sino que simplemente se convierta en lo que es: un procedimiento médico. Debemos comenzar a tratar a las mujeres como personas inteligentes, cariñosas y responsables.
Karo Akabal: Debemos confiar en las personas embarazadas. No tengo ninguna duda de que cualquiera de ellas tomará la decisión de abortar en las primeras semanas de embarazo. Y, por supuesto, esperamos una discusión en torno a esta propuesta. Nos alienta imaginar un mundo en el que no haya más restricciones para interrumpir el embarazo. ¿Aceptaremos el desafío de hacer lo correcto?
Nadia Oleszczuk: No debemos olvidar que son las mujeres de los pueblos y las comunidades pequeñas y económicamente poco favorecidas las que sufrirán más la prohibición para realizar un aborto. Cuando se dispone de recursos económicos, sortear los obstáculos para acceder al aborto es sencillo; con un presupuesto adecuado, se puede ejercer el derecho a la interrupción del embarazo fuera de Polonia.
La garantía de los derechos sociales, la igualdad salarial y la posición en el mercado laboral sin duda influyen en las decisión de continuar un embarazo. La independencia económica de las mujeres es un tema clave. Las mujeres han estado luchando por esto durante mucho tiempo. La historia indica que el sistema se ha inclinado más a ceder en cuestiones políticas que en sus fundamentos económicos. En el mundo moderno, no se puede hacer política seria sin las mujeres. No se puede hacernos a un lado e ignorar la opinión de la mitad de la sociedad.
Monika Frenkiel: Y, más allá de la demanda a favor del aborto, está el acceso real a métodos anticonceptivos y una educación sexual de calidad, lo que se traduciría en una disminución en la cantidad de abortos realizados; entonces, tendríamos un sistema coherente.
Karo Akabal: La tarea de la Asamblea consultiva no es negociar posiciones, representamos las demandas de las protestas de la Huelga de Mujeres. No se trata de saber hasta qué semana del embarazo se debe permitir que las mujeres tomen decisiones sobre su salud y su vida con elegancia. Es decir, nos oponemos a cualquier restricción sobre el tema. Por lo tanto, la exigencia extremista de prohibir el aborto ya no es válida. Estamos en otra parte.
Monika Frenkiel: Somos conscientes de que esto no sucederá de inmediato. Nos encontramos en un proceso. Cuando salimos a las calles en 2016, protestamos contra la prohibición del aborto en su totalidad. En ese momento, el término «aborto» era impronunciable para muchas personas, incluidos los políticos.
Ahora es diferente. El 70% de la sociedad polaca quiere que una mujer embarazada tenga derecho a abortar si ella considera que no está preparada para dar a luz.
Karo Akabal: Estamos empujando los límites del discurso social. Estamos hablando del derecho de una persona a decidir sobre su cuerpo y su vida. Pedimos que toda la sociedad reconozca que tenemos este derecho.
Aspiramos a una revolución sistémica, a crear nuevos procedimientos médicos para el aborto, partiendo del supuesto de que cada mujer y cada persona toma una decisión consciente sobre su cuerpo.
Monika Frenkiel: Los médicos pueden proporcionar consejos; sin embargo, no pueden decidir si una mujer puede tener un aborto o no. El nuevo sistema debe ser pensado de tal manera que no aumente los obstáculos para realizar un aborto.
Karo Akabal: Las mujeres siempre tuvieron, han tenido y siempre tendrán el derecho a negarse a llevar un embarazo, independientemente de lo que digan los códigos al respecto.
Siempre ha habido abortos y estos no se detendrán. Cualquier prohibición legal al aborto es una farsa. Es hora de que el Estado y la ley reflejen la realidad.
Nadia Oleszczuk: A partir del jueves, la invitamos a Loomio, la plataforma participativa en línea que utiliza la Asamblea consultiva nacional de Huelgas de Mujeres, vamos a discutir y diseñar soluciones. Queremos discutir, consultar y dar nuestra posición con todas las personas que apoyan al OSK. Cualquiera puede unirse al debate.
Karo Akabal: El papel de la Asamblea es visionario, tenemos que mostrar una perspectiva amplia de lo que podemos lograr. Este puede ser un proceso de varios años, pero queremos llevarlo a cabo con todos los involucrados.
Monika Frenkiel: Los derechos humanos son inherentes y no están sujetos a referéndum. El lema de la huelga «Ve a la mierda a otro lado» refleja nuestra actitud ante el hecho de que durante siglos los hombres le han dicho a las mujeres lo que deben decir, hacer y pensar.
Nadia Oleszczuk: Hoy en día, más de 500 personas están activas en el Asamblea. Estas personas se postularon de forma libre, o fueron recomendadas por organizaciones sociales o por la propia OSK. La Asamblea tiene un carácter experto y militante. No son «viejos idiotas». Luchamos contra la opinión generalizada que estos «viejos idiotas» expresan en la arena pública. Al decir «viejos idiotas» me refiero a una categoría simbólica, detrás de la cual se esconden características como el sexismo y el paternalismo.
Karo Akabal: llegué al Consejo en respuesta a un llamado de los líderes de la huelga, quienes dijeron que había temas que discutir y reinventar. Sabía que estaba comprometida a trabajar duro, y así es.
Karo Akabal: Como corresponde a una organización revolucionaria, utilizamos muchas formas progresistas de acción en nuestro trabajo; estas, involucran a tantas personas como sea posible. Discutimos el tema del aborto en un equipo de muchas personas. Las cuatro personas más involucradas en el trabajo son las responsables del contenido final del postulado, pero todo lo que estamos hablando hoy ha sido discutido muchas veces en la Asamblea y por expertos externos. El siguiente paso es presentar la propuesta a toda la comunidad en huelga.
Monika Frenkiel: Hemos tenido infinidad de discusiones en línea, principalmente en Zoom. Leemos documentos y recomendaciones, verificamos las soluciones que se ha visto funcionan alrededor del mundo. Discutimos cada idea, agregamos nuevas ideas, hemos hecho resúmenes, etc. Trabajamos decenas de horas a la semana. Hubo etapas en las que dormí una o dos horas por noche para recopilar comentarios, dar recomendaciones sobre ideas y preparar propuestas para la siguiente etapa de discusión.
Karo Akabal: El proyecto nos lleva muchas horas al día. Dirijo una escuela en línea que he confiado a un equipo durante los últimos dos meses. Tengo tres hijos y un nieto que me apoyan en lo que estoy haciendo ahora y entienden que tengo que dedicarme a ello.
Karo Akabal: Estamos hablando con cientos de miles de personas. La democracia participativa se trata de escuchar opiniones. Nuestro objetivo es crear conciencia sobre el aborto. Por mi parte, estoy emocionada de ver estas reacciones.
Nadia Oleszczuk: El objetivo a largo plazo de la Asamblea es un concepto de formulación de políticas desde las bases hacia arriba, donde la sociedad cogobierna el estado. El producto del trabajo de la Asamblea será una lista de cosas que el gobierno y la oposición deben hacer, como lo dicen las demandas de los manifestantes y quienes apoyaron la huelga de mujeres. Recordemos que se supone que los gobiernos actúan al servicio del pueblo.
Monika Frenkiel: Nuestra propuesta es una respuesta al llamado de los políticos cuando dicen: «hablemos de ello». Hay que hablar.
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El voto nulo es parte del juego democrático, que incluso está normado en el Código de la Democracia: si el voto nulo supera el 30% las votaciones, las elecciones podrían anularse. (Art. 147), es tan “moderno y formal” este sistema que abre las opciones de patear el tablero, de rayar la pared. Es en este estrecho margen que se movió el llamado a anular el voto, opción válida cuando no hay partido político en el que la población se sienta representada, por tanto es un derecho.
En el Ecuador el llamado a votar nulo desde organizaciones sociales y movimientos de izquierda no es novedad, el primer momento de imposición del modelo neoliberal hasta 1996 la bandera del voto nulo en las elecciones era asumida por muchos sectores sociales y movimientos políticos de izquierda, muchos de los cuales, confluyeron luego en la conformación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik; el llamado a voto nulo fue parte del proceso de resistencia a la imposición del modelo neoliberal en el país durante la década de los 90.
La disidencia que se concreta en el voto nulo fortalece la capacidad de la sociedad de cuestionar el sistema democrático, en las últimas elecciones se evidenció el descontento con el modelo neoliberal y con el modelo neodesarrollista/progresista, los dos autoritarios y conservadores. La apuesta por el voto nulo rompe la dinámica de la “real politik” de ciertos sectores de izquierda que bajo el argumento de no quedar excluidos plantea participar en los gobiernos de turno, ¿acostumbrarse a negociar migajas de poder no es exclusión?
En el actual momento, marcado por la debilidad y fraccionamiento del tejido organizativo, -que resiente la imposición de un fraude electoral cometido en detrimento del candidato del movimiento indígena-, el llamado a unificar voces que rechacen estas elecciones carentes de legitimidad, es un medio para acelerar los procesos de reconstitución de una alternativa hacia la izquierda socialista, ecologista y feminista.
El voto nulo coloca un horizonte de autonomía colectiva, sitúa un correlato alterno al poder por fuera del “mal menor”, o “del no hay que quedarse por fuera”, discursos que al final del camino legitimarán la imposición de medidas de corte neoliberal, extractivistas, autoritarias y conservadoras. Anular el voto nos obliga a estar pendientes del quehacer político, de las medidas futuras, en suma nos politiza, no necesariamente adhiere a un partido político, pero si llama a estar pendientes de las medidas que toma un gobierno, porque esas medidas afectan nuestras vidas, por tanto se deja de delegar el poder en una papeleta.
Rosa Luxemburgo postulaba, que todo proceso de resistencia sirve de sustrato para las futuras luchas, recordamos su pensamiento en esta línea, el voto nulo lejos de ser pérdida o de ser causa de descalabro, es un sustrato más que suma en la tarea de disputar la conciencia de la gente, de volver a mirar horizontes utópicos, ir más allá de lo que dejan ver los muros neoliberales.
El momento actual evidencia una peligrosa derechización de la sociedad ecuatoriana, expresada en imaginarios anti-izquierda, anti-socialismo, anti-comunismo, que han tomado fuerza en un escenario de polarización política. Parte de la votación de Lasso tiene su explicación en esta confrontación, pero no se puede dejar fuera el análisis del rol que cumple la alianza entre iglesias, medios de comunicación y grupos de poder económicos que han emprendido una cruzada conservadora y extractivista en América Latina y a nivel global, este factor también pudo incidir en la votación a favor de Lasso en provincias amazónicas y de la sierra.
Es necesario hacer lecturas que vayan más allá de los porcentajes electorales, un dato para analizar es que la votación por Lasso en el 2021 es menor de la que obtuvo en el 2017, a pesar de que en las últimas elecciones se incrementaron 180.000 votantes, cabe la pregunta ¿el nulo le dio la ganancia a Lasso?. Urgen análisis de las dinámicas que la gente establece en los procesos electorales, muchas veces lo que se da es un castigo, un llamado de atención, un grito desesperado, ¿de qué otra forma se puede leer la votación de las provincias amazónicas acechadas por la minería metálica?, en Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Pastaza y Napo, la votación de Lasso se triplica, situación contraria se observa en Orellana y Sucumbíos, provincias donde la extracción de petróleo es una realidad ya dada, en estas provincias la votación para Arauz es alta, en esta zona varios dirigentes de las nacionalidades indígenas mostraron su adhesión al correísmo. La historia enseña que las aceptaciones o rechazos en el ámbito electoral, en este país son móviles, a diferencia de otros países, en el Ecuador los mecanismos de ejercicio democrático -léase también las constituyentes- por lo general se acercan más a espacios de desfogue que de institucionalización a largo plazo. Considerando estos rasgos en la cultura política, el voto a favor de Lasso no es una adhesión permanente, tampoco habría sido para Arauz de haber ganado.
Pretender instalar el discurso de que la izquierda perdió en estas elecciones no se corresponde con la realidad, si bien el correísmo en sus inicios asumió una agenda política construida por los sectores organizados del campo y la ciudad que resistieron a la imposición del modelo neoliberal, no puede dejar de reconocerse que este proyecto se quedó en el camino, que los discursos radicales no sustituyen las medidas económicas y políticas. Creer que el apoyo crítico a Arauz permitiría a las organizaciones sociales ejercer presión social es mentirse, se debe recordar, que la mayoría sino todos los sectores que llamaron a votar nulo, fueron parte o estuvieron cerca del primer momento de Rafael Correa. Apoyo crítico ya se hizo y de nada sirvió, la revolución ciudadana ha sido incapaz de abrir espacios de diálogo con espacios críticos a su proyecto político, por el contrario el camino ha sido el desprestigio, la exclusión, la división, la persecución. En todo caso, se abren posibilidades para que al interior del correísmo se revisen errores, no solo los de campaña, sino las estrategias utilizadas durante este tiempo, tarea que no es fácil, pues la tensión correísmo – anticorreísmo ha marcado de manera significativa a toda la sociedad, a los sectores organizados y también a sus miembros y aliados.
Es preciso reconocer la diversidad de sectores políticos de izquierda que durante esta década y media han impulsado la resistencia al extractivismo, reconocer aquellos espacios que luchan frente a la arremetida fundamentalista contra los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, a los y las jóvenes que exigen libre ingreso a las universidades y posibilidades reales de empleo; organizaciones campesinas que impulsan la soberanía alimentaria y reclaman su derecho a la tierra y recursos naturales; organizaciones indígenas que no cesan su demanda de efectivizar la plurinacionalidad e interculturalidad en el quehacer cotidiano de la sociedad, y muchos más. Hoy más que nunca es necesario el reconocimiento respetuoso de las divergencias, este es un paso previo para identificar los puntos de convergencia.
Diversas formas de resistencia se establecieron en esta coyuntura electoral, desde la negación al proceso electoral en el territorio amazónico Sarayaku -amparados en el mandato constitucional que reconoce los Derechos Colectivos-, hasta el voto castigo al extractivismo, pasando por el voto nulo, todas las resistencias son válidas, la tarea es hacer que confluyan en una agenda programática que reconozca las demandas que por décadas empujamos los movimientos sociales.
Con el 99,59% de votos escrutados, se mantiene un incremento del voto nulo, antes no registrado, el 16,25% a nivel nacional supera ampliamente el 6,31% que se dio en la segunda vuelta del 2017. Por supuesto, este % no es homogéneo, se requiere una lectura diferenciada, hay provincias donde el número de votos nulos supera o está a la par del segundo lugar ocupado por Arauz, este es el caso de Azuay, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Pastaza.
Uno de los argumentos en contra del voto nulo, es que a más de no ser útil, no era viable, pero la lógica de la resistencia muchas veces va más allá de la lógica de lo útil y viable, el caso de la Junta Electoral femenina en la parroquia Calpi del Cantón Riobamba en Chimborazo, muestra que si es posible plasmar el descontento cuando la democracia cierra los caminos: los 84 votos nulos superan con creces los 46 votos a favor de Guillermo Lasso. ¿A estas mujeres indígenas también les van a decir que su voto nulo no es viable?
Es hora de bajar un poco los discursos disonantes con el descontento generalizado que vivimos los sectores más empobrecidos, no se trata solo de tener empatía, necesitamos un proyecto político común, donde la redistribución de la riqueza, el trabajo digno, el acceso pleno a derechos, el cuidado de la naturaleza y de los seres humanos sea la prioridad; no bastan discursos sino acciones concretas, queremos un quehacer político pintado de verdes, violetas, rojos, multicolores que respeten la diversidad y lancen lazos en los puntos de acuerdo, solo así podremos enfrentar el gobierno protofascista de Lasso.
Con la llegada de Lasso al poder se profundizará el modelo neoliberal que comenzó con Moreno, después de una década del modelo progresista extractivista, por eso es vital organizar la resistencia, hoy las organizaciones que resistieron al paquete neoliberal en los 90´s están frágiles, necesitan ajustarse a la realidad para rebrotar. Es preciso salir del lugar de la verdad única, reconocer que el tejido organizativo es heterogéneo exige respeto a las posiciones, tensiones, encuentros y desencuentros que tiene cada uno de los movimientos sociales; no se puede tolerar más intromisiones en el movimiento indígena, así como demandamos respeto a las dinámicas internas para el movimiento obrero, el movimiento feminista, el movimiento estudiantil y otros. En el país, cada movimiento tiene sus tendencias internas, unas afines a la izquierda, otras más ligadas a la institucionalidad estatal, otras incluso más cercanas a la derecha, en esa complejidad nos hemos movido los sectores organizados para no rompernos y sostener las arremetidas del poder.
Al interior del movimiento feminista está claro que la articulación no pasa por reconocimientos coyunturales, es trascendental colocar las bases de una nueva agenda antipatriarcal y antineoliberal que reubique las demandas de las mujeres más empobrecidas como prioridad, es necesario re-construir la alianza entre las mujeres del campo y la ciudad; reconociendo las demandas del feminismo liberal hay que dar el salto al feminismo popular y comunitario, solo entonces podremos abarcar los derechos de todas, todas, todas.
La defensa de la naturaleza es un imperativo para la continuidad de la vida misma, hoy más que nunca, amenazada con la imposición de proyectos extractivistas que van desde la minería a gran escala, extracción petrolera, hidroeléctricas, explotación maderera, hasta el agronegocio, pasando por la ganadería a gran escala y los monocultivos. No es posible sostener un modelo que se basa en la destrucción y contaminación de sus ecosistemas, mucho más cuando ellos cumplen un rol vital para la vida del planeta como son la amazonia, páramos, manglares, humedales entre otros. La amenaza permanente de despojo que viven los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montubios y sectores campesinos debe ser repelida con la acción solidaria de las ciudades, el cuidado de la casa común en la que vivimos es tarea de todos y todas.
Esta votación histórica del nulo si bien no da cuenta de la alta votación que Pachakutik obtuvo en la primera vuelta, es expresión de un proceso importante que lleva adelante el movimiento indígena y sectores de izquierda. Pero más allá de lo electoral es importante retomar el legado de Octubre 2019, y el proyecto político del Parlamento de los Pueblos. La tarea hoy es buscar la unidad para enfrentar al gobierno neoliberal de Lasso que no va a dar respuesta favorables para la mayoría de la población que está atravesando una situación crítica con la pandemia, la crisis económica y ambiental; la falta de empleo, el incremento de la violencia hacia las mujeres y la inseguridad generalizada. Que además, junto a la desesperación y desilusión después de cuatro años de un nefasto gobierno marcan un escenario adverso. En ese campo tendremos que reconfigurarnos, reinventarnos las izquierdas, he ahí la tarea urgente.
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Luego de cogobernar en los últimos años con Lenin Moreno, la victoria de Guillermo Lasso en las elecciones del 11 de abril permite el retorno de la derecha neoliberal al gobierno. La última vez que la derecha había ganado unas elecciones presidenciales se remonta al triunfo de Jamil Mahuad en 1998, el principal responsable del feriado bancario de quien Guillermo Lasso fue Ministro de Economía. Desde entonces las fórmulas ganadoras habían sido de corte populista militar con Lucio Gutiérrez, o populista progresista con los gobiernos de Correa entre el 2007 y el 2017. Su sucesor Lenin Moreno se deslindó rápidamente hacia un gobierno abiertamente fondomonetarista.
Con el 98, 84% de votos escrutados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se establece que 10’501.517 votantes acudieron a las urnas. Del total del padrón electoral, 2’193.896 estuvieron ausentes, una cifra mucho más alta que la de la primera vuelta del 7 de febrero.
Votaron nulo 1’715.279, un 16,33%, esto es 701,884 más que en la primera vuelta cuando fueron 1’013.395, el 9, 5%.
Los votos blancos fueron 169.361, esto es el 1, 61%.
El banquero Guillermo Lasso, candidato de la derecha neoliberal, alcanza 4’533.255 que significan el 52.43% de los votos válidos, que se establece sin considerar los votos nulos y blancos. El candidato del progresismo, Andrés Arauz obtuvo 4’100.283 de votos, el 47.59 % de votos válidos. En relación con el número total de votantes estos porcentajes se reducen de manera significativa.
Guillermo Lasso obtuvo la victoria en todas las provincias de la Sierra y de la Amazonía y en una sola provincia de la Costa. Mientras que Andrés Arauz ganó en casi todas las provincias de la Costa, lo que expresa una fractura regional muy significativa del electorado ecuatoriano.
En las últimas semanas la candidatura de Lasso había comenzado a crecer y sus estrategas, el equipo que trabajó con Mauricio Macri, difundieron hace unos días una encuesta que revelaba que ya superaba a su rival con un 2%. Se vislumbraba un final reñido que expresaba la aguda polarización del electorado. En la segunda vuelta Lasso duplicó el apoyo que obtuvo Andrés Arauz, sumando 32,69% de los votos de los otros candidatos mientras que Arauz solo obtuvo el 14,88%.
Favorecieron a Guillermo Lasso: la crisis económica y sanitaria, la oferta de aumentar el salario mínimo a 500 dólares mensuales y de vacunar a 9 millones. En el último tramo de la campaña la credibilidad de Andrés Arauz se debilitó, y se utilizó también en su contra el fuerte anti correísmo que desde distintas posiciones ideológicas existe en el Ecuador. El banquero Lasso logró articular el voto de clase de las élites económicas y de la clase media alta, racistas, colonialistas y clasistas; el apoyo de los medios de comunicación tradicionales; de los partidos políticos más organizados de la derecha, el PSC y CREO, y los votos de la mayor parte de quienes en la primera vuelta habían votado nulo o apoyado a otros candidatos.
En el lado del progresismo en medio de la guerra de las encuestadoras, Rafael Correa comenzó en la última semana a hablar del peligro de un fraude mientras se hacían evidentes las fisuras dentro de su equipo de campaña. La candidatura de Arauz nunca pudo deshacerse de la sombra tutelar del caudillo, y aquello le impidió crecer todo lo que necesitaba para ganar.
Pesaron significativamente para la derrota de Arauz el autoritarismo de Rafael Correa y su profunda distancia con la mayoría de sectores sociales organizados, de los cuales solo un pequeño sector le dio su apoyo en la segunda vuelta mientras que la mayoría optaron por el voto nulo, o por votar contra Correa, aunque sea apoyando a Lasso. El caudillo aportó su voto duro en la primera vuelta, pero también un extendido y duro voto resistente en la segunda. Fue significativo además el rechazo a la corrupción que fue una característica de la década progresista.
Como un símbolo de lo ocurrido en las urnas, la caravana de celebración de la victoria de Guillermo Lasso salió de Samborondón, una población residencial exclusiva cercana a Guayaquil. En Quito sus partidarios se reunieron en la avenida de los Shyris, donde se habían juntado antes para oponerse a Correa. En las últimas horas de la tarde del domingo habían desfilado por las pantallas de los grandes medios de comunicación los analistas y representantes de la más rancia derecha política y empresarial para exponer un discurso centrado en la necesidad de gobernabilidad para salir de la crisis que vive el Ecuador.
Guillermo Lasso, el padre de familia cristiano que en la mañana se había persignado al momento de votar y declarado que gobernaría para todos, se presentó en la noche con su esposa y sus hijos en la tribuna de la victoria. A su derecha se encontraba Jaime Nebot, líder socialcristiano y exalcalde de Guayaquil, el mismo que con cajas destempladas había mandado a los indios a regresar a los páramos durante las protestas de octubre del 2019. Estuvieron también el Vicepresidente electo y los dirigentes de su partido.
Lasso comenzó agradeciendo a Dios, a sus padres “que hace 40 años se encontraban en el cielo”, y en tercer lugar a los ecuatorianos. Agradeció a Jaime Nebot, a sus estrategas de campaña Santiago Nieto y Jaime Durán Barba, a su equipo de trabajo, a los dirigentes de su partido y a sus militantes.
Ofreció respetar los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBI, de los trabajadores, de los obreros y los artesanos, de los maestros, los médicos y los jóvenes. Anunció el cierre la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, órgano rector del Sistema de Educación Superior creada en el gobierno de Correa, y que cada joven podrá estudiar en la universidad la carrera que elija, y reiteró su promesa de vacunar a la mayoría de la población. Se comprometió en un “proyecto nacional escuchando a todos”.
En el discurso de la victoria hay que destacar varias afirmaciones: “La familia es el valor fundamental de la sociedad”, “los ecuatorianos creemos en la democracia y en la libertad”, trabajaremos por un “Ecuador de oportunidades y de prosperidad”, “que nada ni nadie os vuelva a dividir”, para concluir señalando que esta noche “todos los ecuatorianos podrán dormir tranquilos”. Ofreció que junto a su esposa serían “los padres de las adolescentes embarazadas”. Para simbolizar el reencuentro de los ecuatorianos y la unidad nacional el acto se cerró con el Himno Nacional.
Los indios no existieron en el discurso de Lasso, fueron la ausencia más significativa. No dio detalle alguno de su propuesta económica.
La victoria de la derecha es una derrota muy fuerte del progresismo. Pero no es una derrota solo del progresismo sino del pueblo ecuatoriano, y la principal responsabilidad le corresponde a Rafael Correa y al progresismo. Son ellos quienes fracasaron en su gestión de gobierno, quienes persiguieron y dividieron a las organizaciones y a los dirigentes sociales. Ellos sirvieron desde el gobierno a los grandes empresarios, se beneficiaron de la corrupción y no realizaron las reformas por las que el pueblo les había dado varias victorias en las urnas. Es muy significativo que la gestión demagógica del correismo y sus rasgos de corrupción y de autoritarismo contribuyeron de manera sensible para la desvalorización de las ideas de la izquierda en sectores importantes de la población, y eso sin duda contribuyó a la victoria de Guillermo Lasso.
Es evidente que lo ocurrido expresa también la tendencia hacia el reforzamiento de las posiciones ideológicas conservadoras con una legitimación de la derecha en la conciencia social. En los barrios de la clase media alta de las grandes ciudades la victoria de Lasso fue abrumadora expresando con claridad un voto de clase. Pero también la votación de la derecha creció en los sectores populares. ¿Cuántos de estos votos expresan posiciones ideológicas de derecha, cuántos corresponden al rechazo al correísmo? Sin duda preocupa mucho que Guillermo Lasso haya conseguido un importante voto de los jóvenes.
Como secuela, el crecimiento del ausentismo y del voto nulo con relación a la primera vuelta, revelan a un sistema electoral debilitado y la existencia de una democracia de minoría. Los resultados electorales muestran un Ecuador polarizado y dividido políticamente en tres partes: los partidarios de la derecha, el populismo progresista, y los movimientos sociales y la izquierda.
La CONAIE, el FUT, las feministas de izquierda y las izquierdas apoyamos en la segunda vuelta la apuesta por el voto nulo. Significaba la negación de la derecha y del progresismo como alternativas y la afirmación de la existencia de una opción distinta, plurinacional, feminista, eco socialista. Más allá de sus resultados numéricos, importantes, esta postura marca un antes y un después en la larga trayectoria de las izquierdas y de los movimientos populares que por lo general han apoyado a una u otra opción burguesa, como el mal menor o como la vía hacia reformas y cambios.
El voto nulo, al que habían llamado la CONAIE, el FUT, las feministas y las organizaciones de la izquierda, expresa a importantes sectores de la sociedad. Para el progresismo el voto nulo significó un emplazamiento desde la izquierda y los movimientos populares, y pagó en las urnas la cuenta pendiente por su política caudillista, antidemocrática, de engaño, cooptación y división de las organizaciones sociales. En provincias como Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi y Azuay el total de votos nulos superó la votación de Arauz. En zonas indígenas donde ganó Arauz, como en Cayambe, el voto nulo superó a Lasso. Estos son justamente espacios donde la organización indígena ha enfrentado al correísmo. Algo similar ocurrió en las provincias amazónicas donde también hay fuerte confrontación con las empresas mineras. Gran parte del voto nulo puede atribuirse a la campaña realizada por Pachakutik que obtuvo el 19,39% de los votos en la primera vuelta de febrero. Esta vez uno de cada tres de sus votantes de la primera vuelta votó nulo en la segunda, pero dos de cada tres votantes se inclinaron por una de las dos candidaturas, la mayoría por Guillermo Lasso. ¿Es solo un alineamiento puntual, que se revelará como tal en el marco de las nuevas movilizaciones y luchas sociales del futuro inmediato?
En la noche de ayer Andrés Arauz esbozó algunas líneas de lo que debería ser la política del progresismo en el próximo período: acercarse al movimiento indígena, a las mujeres y a los movimientos sociales; defender los derechos del pueblo ecuatoriano; alianza con la socialdemocracia; continuar en la organización de su movimiento.
No se refirió a la izquierda ni formuló ninguna línea que en lo económico y en lo social vaya más allá de los límites de clase que representa el progresismo. Habló de un bloque histórico, lo que hay que entender como una alianza con el capital para acceder al gobierno, tal como lo han hecho desde el año 2006.
¿De qué estructuración orgánica del progresismo hablaba anoche Andrés Arauz? ¿De un partido político, con reglas y procedimientos democráticos más o menos democráticos? O de un movimiento con un dueño y caudillo, y con su propio caos ideológico, político y organizativo. Vale recordar que Correa siempre se opuso a construir un partido porque se limitaba su capacidad de maniobrar y de tomar decisiones.
Los resultados electorales revelan con claridad que el progresismo es fuerte allí donde la organización social es débil, que su voto es el que en un momento tuvieron la derecha y otros populismos. Que su fuerza política se sostiene principalmente en el clientelismo y el caudillismo. Y que allí está también una explicación de sus límites. Ha quedado desde ayer muy claro que el principal enemigo del progresismo es el propio progresismo por su carácter de movimiento caudillista y antidemocrático, donde las decisiones y los candidatos, los amigos y los enemigos, los aliados y compañeros de ruta dependen de la voluntad de Correa y de sus vínculos con los empresarios.
Pero el desafío más grande del progresismo tiene que ver con la opción de clase que asuma: o se alinea con los sectores populares y define una postura hacia la izquierda, o se mantiene como lo que ha sido, un instrumento más de la dominación.
Comienza un nuevo período de luchas. Las grandes demandas del pueblo ecuatoriano, expresadas en las resistencias contra el neoliberalismo y en las aspiraciones a empleo, salud, alimentación, vivienda y educación, chocarán con las políticas de un gobierno neoliberal, conservador y empresarial. La emancipación de las mujeres no es compatible con un tipo de gobierno como será el de Guillermo Lasso. Tampoco los derechos de los trabajadores. Los pueblos indígenas enfrentarán a las políticas extractivistas, como viene ocurriendo desde hace años. Los pequeños propietarios y los trabajadores autónomos no podrán seguir cargando en sus vidas con enormes deudas para enriquecer aún más a la banca y al capital financiero.
Lo primero será exigir a Lasso que cumpla con el ofrecimiento de subir a 500 dólares el salario mínimo y de vacunar a la mitad de la población inmediatamente. De parte de las organizaciones sociales y el pueblo habrá que movilizarse para exigir el inmediato cumplimiento de los ofrecimientos de campaña.
Doctor en Ciencias Políticas, portavoz de la red internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (www.cadtm.org). Fue miembro de la CAIC-Ecuador (Comisión presidencial de Auditoria Integral del Crédito publico) en 2007-2008.
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El 11 de abril de 2021, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Guillermo Lasso, el candidato de la derecha, derrotó a Andrés Arauz, el candidato apoyado por Rafael Correa y parte de la izquierda. Lasso fue elegido gracias a la división de la izquierda, ya que una gran parte de ésta, que había perdido toda la confianza en Rafael Correa, pidió el voto nulo. Los votos del campo popular, que tuvo una clara mayoría en la primera vuelta de las elecciones de febrero de 2021, se dividieron y esto permitió que un ex banquero fuera elegido presidente. La situación es grave porque se ha perdido una oportunidad de romper con la política de Lenin Moreno. Lasso, aunque crítico con las posiciones de Lenin Moreno, va a continuar con la política neoliberal, la sumisión a los intereses privados, especialmente a la poderosa banca ecuatoriana, y a la superpotencia norteamericana. ¿Cómo es posible que una parte importante de los votos del campo popular no haya ido a Andrés Arauz para evitar la elección de Guillermo Lasso? Esto se explica por el rechazo a las políticas de Rafael Correa, sobre todo a partir de 2011, por una parte de la izquierda, especialmente en la CONAIE, la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador. El 11 de abril de 2021, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Guillermo Lasso, el candidato de la derecha, derrotó a Andrés Arauz, el candidato apoyado por Rafael Correa y parte de la izquierda. Lasso fue elegido gracias a la división de la izquierda, ya que una gran parte de ésta, que había perdido toda la confianza en Rafael Correa, pidió el voto nulo. Los votos del campo popular, que tuvo una clara mayoría en la primera vuelta de las elecciones de febrero de 2021, se dividieron y esto permitió que un ex banquero fuera elegido presidente. La situación es grave porque se ha perdido una oportunidad de romper con la política de Lenin Moreno. Lasso, aunque crítico con las posiciones de Lenin Moreno, va a continuar con la política neoliberal, la sumisión a los intereses privados, especialmente a la poderosa banca ecuatoriana, y a la superpotencia norteamericana. ¿Cómo es posible que una parte importante de los votos del campo popular no haya ido a Andrés Arauz para evitar la elección de Guillermo Lasso? Esto se explica por el rechazo a las políticas de Rafael Correa, sobre todo a partir de 2011, por una parte de la izquierda, especialmente en la CONAIE, la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador. La victoria de Lasso no estaba en absoluto garantizada, ya que en la primera vuelta de las elecciones, las dos fuerzas políticas que salieron victoriosas fueron el movimiento político apoyado por Rafael Correa, con 42 diputados, y Pachakutik, el brazo político de la CONAIE, con 27 miembros elegidos, el mejor resultado parlamentario en la historia del movimiento indígena. En las elecciones presidenciales, el resultado de la primera vuelta fue claramente favorable al campo popular, ya que la suma de los resultados de Andrés Arauz (algo más del 32%) y los de Yaku Pérez (algo menos del 19%) daban una mayoría, a la que se podía añadir una parte del 4º candidato que se presentaba como socialdemócrata y que había obtenido cerca del 14%. Lasso, el ex banquero, quedó en segundo lugar con el 19%, pero con una ventaja muy limitada sobre Yaku Pérez, el candidato presentado por Pachakutik en las elecciones de febrero del 2021, y 13 puntos menos que Andrés Arauz. Yaku Pérez y la CONAIE denunciaron inicialmente lo que calificaron de fraude electoral masivo. Yaku Pérez llegó a un acuerdo con Guillermo Lasso unos días después de la segunda ronda, acuerdo que fue rápidamente roto por Lasso. Entonces la CONAIE, junto con varias fuerzas de izquierda, llamó al voto nulo ideológico en la segunda vuelta, negándose a transferir sus votos a Andrés Arauz para derrotar a Guillermo Lasso. En este tema la CONAIE y Pachakutik se dividieron porque un sector de la derecha en Pachakutik llamó a votar por Lasso mientras que el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, había llamado individualmente a votar por Andrés Arauz. A pesar de las voces discordantes que anunciaban que votarían por Lasso frente a las que pedían el voto para Arauz, la Conaie se reafirmó en el llamamiento al voto nulo. La elección de Lasso como presidente abre una nueva etapa en la aplicación de una política aún más favorable al gran capital ecuatoriano, a las multinacionales extranjeras, a la alianza entre los presidentes de derecha en América Latina y a la continuación e incluso el fortalecimiento del dominio estadounidense en el continente. El resultado electoral del 11 de abril de 2021 es un día oscuro para el campo popular. Para entender cómo una parte importante del campo popular se negó a pedir el voto a favor de Arauz para derrotar a Lasso, es necesario analizar las políticas seguidas por Rafael Correa tras ser reelegido presidente en 2010.
Empecemos por recordar la presidencia de Rafael Correa de 2007 a 2010. Ecuador ofreció un ejemplo de un gobierno que tomó la decisión soberana de investigar el proceso de la deuda para identificar las deudas ilegítimas y luego suspender el pago. La suspensión del pago de una gran parte de la deuda comercial, seguida de su recompra a menor coste, demuestra que el gobierno no se limitó a los discursos de denuncia. En 2009, el gobierno reestructuró unilateralmente parte de su deuda externa y obtuvo una victoria contra sus acreedores privados, principalmente los bancos de EEUU. En 2007, el gobierno de Ecuador al inicio de la presidencia de Rafael Correa entró en conflicto con el Banco Mundial. Entre 2007 y 2010, se pusieron en práctica o se iniciaron una serie de importantes políticas positivas: se aprobó una nueva constitución de forma democrática que anunciaba importantes cambios que luego no se concretaron de forma genuina y profunda; Ecuador puso fin a la base militar estadounidense de Manta en la costa del Pacífico; Ecuador intentó crear un Banco del Sur con Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay; Ecuador abandonó el tribunal del Banco Mundial.
El año 2011 marca, ciertamente, un cambio en la política del gobierno ecuatoriano en varios frentes, tanto en el social como en el ecológico, del comercio y de la deuda. Los conflictos entre el gobierno y una serie de movimientos sociales importantes como la CONAIE por una parte, los sindicatos de enseñantes y el movimiento estudiantil, por otra, se fueron enconando. Por otro lado, Correa avanzó en las negociaciones comerciales con la UE en las que el presidente multiplicó las concesiones. En cuanto a la deuda, a partir de 2014, Ecuador recomenzó a aumentar progresivamente el recurso a los mercados financieros internacionales, sin olvidar, las deudas ya contraídas con China. En el ámbito ecológico, el gobierno de Correa abandonó, en 2013, el proyecto de la no explotación del petróleo en una parte muy sensible de la Amazonia.
La iniciativa Yasuní-ITT fue presentada por Rafael Correa en junio de 2007. Consistía en dejar bajo tierra el 20 % de las reservas de petróleo del país (cerca de 850 millones de barriles de petróleo), situadas en una región de megadiversidad, el parque nacional Yasuní, en el noreste de la Amazonia. Como lo explica Mathieu Le Quang:
«Para compensar las pérdidas financieras por no explotar el yacimiento, el Estado ecuatoriano demandaba a los países del Norte una contribución financiera internacional equivalente a la mitad de lo que podría haber ganado con la explotación (3.600 millones de dólares a partir del precio del petróleo de 2007). Esa política ambiciosa, especialmente en sus objetivos de cambiar la matriz energética del país que, a pesar de que explota y exporta su petróleo, es también un importador de sus derivados y sigue siendo dependiente para la generación de electricidad.»
Mathieu Le Quang prosigue:
«Una decisión fuerte del gobierno ecuatoriano fue haber inscrito la Iniciativa Yasuní-ITT en la Convención marco de las Naciones Unidas sobre los cambios climáticos, es decir, haber hecho hincapié en la “no emisión de gases de efecto invernadero” que generaría la “no explotación del petróleo”.»
En agosto de 2013, Rafael Correa, quien había sido reelegido en febrero por tercera vez presidente de Ecuador, con más del 57 % de los votos en primera vuelta, anunció el fin del proyecto. Justificó su decisión por la falta de firmeza, completamente real, de los compromisos tomados por los diferentes países para financiar la no-explotación del petróleo del Yasuní-ITT. Fundamentalmente, durante la presidencia de Rafael Correas no hubo un inicio de abandono del modelo extractivista-exportador. Éste consiste en un conjunto de políticas que tiene por fin extraer del subsuelo, o de la superficie del suelo, el máximo posible de bienes primarios (combustibles fósiles, minerales, maderas…) o de producir el máximo de productos agrícolas con el objetivo de exportarlos hacia el mercado mundial (en el caso de Ecuador, se trata de bananas, azúcar, palma africana, flores, brócoli). A eso, hay que agregar la exportación de camarones de piscifactoría y de atún (pescado de forma industrial). Este modelo origina numerosos efectos nefastos: destrucción del medio ambiente (minas a cielo abierto, deforestación, contaminación de los cursos de agua, salinización/envenenamiento/ erosión de los suelos, reducción de la biodiversidad, emisión de gases de efecto invernadero…), destrucción de los medios naturales de vida de poblaciones completas (pueblos originarios y otros); agotamiento de los recursos naturales no renovables; dependencia con respecto a los mercados mundiales (bolsas de materias primas o de productos agrícolas) donde se determinan los precios de los productos de exportación; mantenimiento de salarios muy bajos para seguir siendo competitivo; dependencia con respecto de las tecnologías desarrolladas por los países más industrializados; dependencia de los insumos (pesticidas, herbicidas, semillas transgénicas o no, abonos químicos…) producidos por algunas grandes compañías transnacionales (la mayor parte proveniente de los países más desarrollados); dependencia con respecto a la coyuntura económica y financiera internacional. François Houtart (1925-2017) que siguió de cerca el proceso ecuatoriano y que apoyaba la política de Rafael Correa, no dejó de expresar sus críticas, que había comunicado al gobierno. Un poco antes de su fallecimiento, escribía a propósito de la política agrícola:
«Estas políticas son también a corto plazo. No tienen en cuenta los cambios naturales y sus efectos a largo plazo, la soberanía alimentaria, los derechos de los trabajadores, el origen de la pobreza rural. Se acentúa un modelo agro-exportador presentado como una meta, sin indicar las consecuencias.»
Y precisaba
«Como autores, nos hemos preguntado en nuestro informe, si era posible construir el socialismo del siglo XXI con el capitalismo del siglo XIX (…) Una vez más en la historia, es el campo y sus trabajadores los que pagan el precio de la modernización. Fue el caso del capitalismo europeo en el siglo XIX, de la Unión Soviética en los años 20 del siglo XX, de China, después de la Revolución comunista.»
Rafael Correa y los movimientos sociales: una relación conflictiva
El gobierno de Rafael Correa tuvo grandes dificultades a la hora de tener en cuenta los aportes de un cierto número de organizaciones sociales de primer plano. La línea política de Correa y de la dirección de Alianza País, su movimiento político, consistió en eludir, lo más frecuentemente posible, a la mayor organización indígena, la CONAIE, al mayor sindicato de enseñantes -la Unión Nacional de Educadores, UNE-; al sindicato de la empresa Petroecuador (empresa petrolera nacional), y a un número considerable de organizaciones sociales. Todas esas organizaciones se vieron regularmente atacadas por el poder ejecutivo, que las acusaba de movilizarse sobre bases corporativistas con el fin de defender sus privilegios. Además, Rafael Correa no tuvo en cuenta la reivindicación histórica, llevada principalmente por la CONAIE, de la integración de la componente indígena en el proceso de la toma de decisiones sobre todas las grandes cuestiones que afectan a las líneas del gobierno. Por su parte, la CONAIE, que luchaba para que los principios generales de la Constitución fueran transcriptos en forma de ley, no dudó en enfrentarse a Correa. Varias veces, el gobierno trató de hacer aprobar medidas, pero sin organizar previamente un diálogo con las organizaciones de los sectores sociales afectados. Esa línea nos recuerda la política del gobierno de Lula en Brasil, cuando emprendió una reforma del sistema de jubilaciones de orientación neoliberal, en 2003. (En Francia, en el mismo momento, el gobierno de derecha conducido por Jean-Pierre Raffarin ponía en marcha una reforma similar). Lula llevó a cabo una campaña para esa reforma atacando las conquistas de los trabajadores de la función pública, presentados como privilegiados.
Entre los contenciosos más graves, que opusieron el poder ejecutivo a las organizaciones sociales ecuatorianas, está en primer lugar el proyecto de ley sobre el agua, por una parte, y la política de abertura de Rafael Correa a las inversiones privadas extranjeras en la industria minera y del petróleo, por la otra. Durante una asamblea extraordinaria celebrada los día 8 y 9 de septiembre de 2009, en Quito, la CONAIE criticó fuertemente la política de Correa que estigmatizó de neoliberal y capitalista. La declaración de la CONAIE decía: «(se) exige al Estado y al gobierno que se nacionalicen los recursos naturales y que se ponga en marcha la auditoría de las concesiones petroleras, mineras, acuíferas, hidráulicas, telefónicas, radiofónicas, televisivas y de los servicios para el medio ambiente, la deuda exterior, la recaudación de impuestos y los recursos de la seguridad social», así como «la suspensión de todas las concesiones (extractivas, petroleras, forestales, acuíferas, hidroeléctricas y aquellas ligadas a la biodiversidad)».
Después del 30 de septiembre de 2009, la CONAIE pasó a la acción, organizando concentraciones y bloqueos de carreteras contra el proyecto de ley sobre el agua. El presidente Correa reaccionó oponiéndose a las movilizaciones contra el gobierno, y en principio, a cualquier negociación, para luego levantar la sospecha sobre el movimiento indígena, afirmando que en su interior se había activado la derecha, y en particular el expresidente Lucio Gutiérrez. Finalmente, la CONAIE obtuvo una negociación pública al más alto nivel: de ese modo, 130 delegados indígenas fueron recibidos en la sede del gobierno por el presidente Correa y varios ministros, y así obtuvieron que el gobierno retrocediera en varios puntos, especialmente con la instauración de un diálogo permanente entre la CONAIE y el ejecutivo, y con enmiendas en los proyectos de ley sobre el agua y sobre las industrias extractivas.
Otro conflicto social también estalló cuando se produjo la movilización de los enseñantes contra el gobierno, bajo la égida de la UNE, el principal sindicato de la profesión (en el que el partido MPD ejerce una influencia importante). En esa cuestión también, el conflicto finalmente terminó en un diálogo. En noviembre y diciembre de 2009 se desarrolló un tercer frente social con el movimiento de protesta en las universidades, contra un proyecto de reforma que tenía por fin, principalmente, reducir la autonomía universitaria, que es considerada en América Latina como un avance social irreversible y una garantía de independencia con respecto a los poderes políticos.
Globalmente el gobierno de Rafael Correa rápidamente mostró sus serios límites cuando se trataba de definir una política que tuviera en cuenta el punto de vista de los movimientos sociales, sin enfrentamientos.
En 2010 y 2014, hubo importantes movilizaciones sociales contra la política del gobierno de Correa. Las reivindicaciones levantadas por las organizaciones que, en torno a la CONAIE, llamaron a la lucha en junio de 2014, explican mucho sobre la orientación del gobierno: resistencia a la extracción minera y petrolera, a la criminalización de la protesta social, un nuevo código de trabajo, otra política de energía y de agua, rechazo a la reforma de la Constitución que permitiría una reelección indefinida, rechazo de la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, derechos de las comunidades indígenas y, en particular, el rechazo al cierre de las escuelas comunitarias. A propósito de la voluntad del gobierno de Correa de cerrar las escuelas comunitarias, François Houtard escribía en 2017:
«El plan de cerrar 18.000 escuelas comunitarias (nombradas “de la pobreza”) en favor de las «escuelas del milenio» (al principio de 2017: 71 construidas, 52 en construcción: y para el fin de 2017, 200 en funcionamiento) acentúa los problemas. Sin duda estos establecimientos del milenio están bien equipados, con maestros competentes, pero dentro de una filosofía en ruptura con la vida tradicional y con una apertura a una modernidad hoy en día puesta en duda por sus consecuencias sociales y ambientales. No responden tampoco fácilmente al principio constitucional de la educación bilingüe. Además, el sistema de transporte en varios casos no ha podido corresponder a las necesidades y obliga a alumnos a caminar horas por senderos en mal estado, provocando también una tasa elevada de absentismo»
En diciembre de 2014, Rafael Correa quiso expulsara la CONAIE de sus locales, lo que llevó al CADTM así como a numerosas organizaciones ecuatorianas y extranjeras exigir al gobierno la renuncia a esa decisión. También aquí, el gobierno se echo atrás. A fines de 2017, el gobierno de Correa quiso retirar la personería jurídica a una organización ecologista de izquierda llamada Acción Ecológica. Igualmente fue necesaria una ola de protestas nacionales e internacionales para que finalmente las autoridades renunciaran a ese atentado a la libertad.
Desde el comienzo de su primer mandato, Rafael Correa compuso su gobierno teniendo cuidado de que coexistieran ministros de izquierda y ministros más o menos directamente ligados a diferentes sectores de la clase capitalista tradicional ecuatoriana, y eso lo llevó a arbitrajes perpetuos. Con el tiempo, Correa hizo cada vez más concesiones al gran capital ya sea nacional o internacional. A pesar de una retórica favorable al cambio del modelo productivo y al socialismo del siglo XXI, Correa, en diez años de presidencia no inició ninguna modificación profunda de la estructura económica del país, de las relaciones de propiedad y de las relaciones entre las clases sociales. Alberto Acosta, exministro de Energía en 2007, expresidente de la Asamblea Constituyente en 2008 y oponente de Rafael Correa desde 2010, escribió con su colega John Cajas Guijarro que:
«la falta de una transformación estructural provoca que el Ecuador se mantenga como una economía capitalista atada a la exportación de materias primas y, por lo tanto, amarrada a un comportamiento cíclico de larga duración vinculado a las demandas de acumulación del capital transnacional. Tal comportamiento cíclico de larga historia es originado por las contradicciones propias del capitalismo pero, a su vez, es altamente influenciado por la dependencia en la exportación masiva de productos primarios casi sin procesar (extractivismo). Es decir, la explotación capitalista –tanto de la fuerza de trabajo como de la Naturaleza– en función de las demandas internacionales, mantiene al Ecuador “encadenado” a un vaivén de animaciones y crisis económicas que se originan tanto interna como externamente»
Lenín Moreno o el retorno de la política neoliberal y la sumisión a los intereses de WashingtonEn 2017, al final del mandato presidencial de Rafael Correa, y en el momento en que le sucedió como presidente Lenin Moreno (candidato apoyado por Correa), la deuda superaba el nivel alcanzado 10 años antes. Rápidamente Moreno llamó nuevamente al FMI. Eso provocó fuertes protestas populares en septiembre-octubre de 2919, que obligaron al gobierno a capitular frente a las organizaciones populares y abandonar el decreto que provocó la revuelta. También hay que recordar que el gobierno de Rafael Correa había ofrecido a Julian Assange asilo en la embajada ecuatoriana en Londres desde junio de 2012. Correa se resistió a las presiones de Gran Bretaña y Washington para que les entregara a Assange. Lenin Moreno, que sucedió a Rafael Correa en 2017, cayó en la ignominia al entregar a Assange a la justicia británica en abril de 2019 y despojarlo de la nacionalidad ecuatoriana que el gobierno de Correa le había concedido en 2017.En 2019, Lenin Moreno reconoció a Juan Guaido como presidente de Venezuela al tiempo que Guaido pedía una intervención armada de Estados Unidos para derrocar al gobierno del presidente electo Nicola Maduro. En 2020 Lenin Moreno hizo un nuevo acuerdo humillante para Ecuador con el FMI y en 2021 pretende aprobar una ley para que el Banco Central sea completamente independiente del gobierno y por lo tanto aún más servil a los intereses de la banca privada.Su popularidad se ha reducido a la nada: en las últimas encuestas, Lenin Moreno tenía una aprobación de apenas el 4,8%. Los resultados de los candidatos apoyados por Moreno en las elecciones parlamentarias y en la primera vuelta de las presidenciales de febrero de 2021 no superaron el 3%. El programa de Guillermo Lasso, ganador de las elecciones presidenciales en Ecuador el 11 de abril de 2021 y la nueva etapaLa llegada de Rafael Correa a la presidencia de Ecuador en 2007 fue gracias a unas movilizaciones sociales que se sucedieron desde 1990 hasta 2005. Sin esas movilizaciones, las propuestas de Correa no hubieran tenido el apoyo que recibieron y no habría sido electo presidente. Desgraciadamente después de un buen comienzo, Correa entró en conflicto con una parte importante de los movimientos sociales y optó por una modernización del capitalismo extractivista-exportador. Después, su sucesor Lenin Moreno rompió con Rafael Correa, y retornó a la política brutal del neoliberalismo. Esta política neoliberal de línea dura será desarrollada por Guillermo Lasso. Ha anunciado claramente que quiere bajar los impuestos a las empresas, que quiere atraer la inversión extranjera, que quiere dar aún más libertad a los banqueros, que quiere consolidar la política de apertura comercial entrando en la Alianza del Pacífico. Es probable que Guillermo Lasso intente integrar a dirigentes vinculados a Pachakutik y a la CONAIE de una u otra manera en su gobierno o administración. Si esto tiene éxito, la CONAIE y Pachakutik saldrán aún más divididos que en la víspera de la segunda vuelta electoral. Es fundamental para el futuro del campo popular oponerse radical y activamente al gobierno que formará Lasso.
Una vez más, serán las movilizaciones sociales las que podrán acabar con esas políticas y poner nuevamente en el orden del día las medidas de cambio estructural anticapitalista indispensables para la emancipación. La CONAIE y una serie de organizaciones sindicales, de asociaciones feministas y de colectivos ecologistas elaboraron en octubre de 2019 una excelente propuesta alternativa a las políticas capitalistas, patriarcales y neoliberales, y debería constituir la base de un amplio programa de gobierno. La cuestión del rechazo de las políticas del FMI, del Banco Mundial y de las deudas ilegítimas volverá al centro de las batallas sociales y políticas. En un documento hecho público en julio de 2020 por más de 180 organizaciones populares ecuatorianas, encontramos la siguiente reivindicación: «suspensión del pago de la deuda externa y realización de una auditoría de la deuda externa acumulada desde 2014 hasta este día, así como un control ciudadano sobre la utilización de las deudas contraídas.»
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El pasado 1 de febrero el ejército birmano dio un golpe de Estado. A pesar de que ya controlaba la mayor parte del poder, con esta acción dejaba claro que no pretende compartirlo con el gobierno civil ni permitir que su antiguo aliado, la Liga Nacional para la Democracia (LND), aumente gradualmente su influencia.
Y sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar el ejército para imponer su orden: el establecimiento de un régimen de terror generalizado; uso de armas de guerra contra la población; asesinatos indiscriminados coordinados en todo el país; detenciones masivas y torturas; cibervigilancia; drones con dispositivos para rociar gases nocivos; presos comunes liberados para sembrar el caos; escuadrones de la muerte y milicias paramilitares; ejecuciones extrajudiciales; violencia sexual; censura; ocupación de hospitales, escuelas y universidades; uso del chantaje y de la corrupción…
Tras el golpe, la Junta militar se enfrentó a un amplio movimiento de desobediencia civil que, durante unas semanas, bloqueó la administración pública y, con ella, la toma de posesión del nuevo poder militar. Incapaz de imponer su nuevo orden, el ejército emprendió una auténtica guerra de desgaste contra la resistencia popular.
Sobrevuela sobre Myanmar el espectro de 1988, cuando una movilización masiva contra la dictadura fue ahogada en sangre. Sin embargo, los tiempos han cambiado: la sociedad birmana ya no está aislada del mundo como entonces. Por su masividad, la oposición al golpe ha impedido la «normalización» de la situación y ha forzado la imposición de algunas sanciones internacionales.
El movimiento popular continúa su lucha en condiciones extremadamente peligrosas. La victoria del movimiento democrático es posible, pero la lucha será probablemente larga, difícil y agotadora.
La asociación Europe Solidaire Sans Frontières (ESSF) hace un llamamiento a la solidaridad financiera para apoyar esta lucha, ahora y a largo plazo.
Nuestra solidaridad se centra en el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), que incluye a las y los trabajadores de la salud y a la «generación Z» (jóvenes de la escuela secundaria) que fueron los primeros en rechazar el golpe, así como a las y los sindicalistas, incluidos los miembros de la federación sindical CTUM, convocante de la huelga general del pasado 8 de febrero.
Nuestra solidaridad financiera también apoyará a los grupos que defienden las aspiraciones progresistas de las minorías nacionales y a las asociaciones que han estado construyendo la solidaridad entre Bamar (el grupo étnico mayoritario) y los demás pueblos de la Unión de Myanmar. En los últimos años, esta solidaridad se ha cimentado en torno a luchas conjuntas como las que se han opuesto a los grandes proyectos mineros o la industria maderera que destruyen las comunidades locales. Tanto locales como sectoriales, muchos movimientos sociales en Myanmar confluyen hoy en la lucha contra la dictadura militar.
El apoyo financiero del ESSF no se dirige a la Liga Nacional para la Democracia ni a sus organizaciones afiliadas. La Liga Nacional para la Democracia está siendo ahora violentamente reprimida y sus cuadros detenidos o perseguidos. Sin embargo, cuando estaba en el Gobierno colaboró con el ejército o lo encubrió en sus criminales acciones, incluso durante la masacre del pueblo Rohyngya en 2017.
Queremos llevar a cabo esta campaña de solidaridad junto con sindicatos, movimientos sociales, redes, asociaciones o partidos políticos que compartan nuestros objetivos.
Estamos trabajando con iniciativas solidarias afines para identificar la mejor división de tareas y las modalidades de distribución de fondos. Como siempre, ESSF transferirá a las contrapartes locales el 100% de los fondos recaudados, sin comisión ni gasto alguno.
Por favor, únete a nosotros y contribuye con lo que puedas.
Actualidad Internacional: Latitudes. América Latina
07/04/2021
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I
ntroducción
En el año 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, se realizaron en Venezuela elecciones para renovar los curules de la Asamblea Nacional. Estas elecciones se efectuaron en medio de unas condiciones materiales especialmente difíciles. Por un lado, las criminales medidas coercitivas sobre el comercio internacional venezolano afectaron todos los ámbitos de la vida nacional, generando un deterioro sin precedentes en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por otro lado, la pérdida de calidad revolucionaria de las políticas públicas entraban abiertamente en contraste con las exigencias populares; salarios por debajo de los cinco dólares mensuales, suspensión de los procesos de contratación colectiva, hiperinflación de más de cuatro dígitos, mega devaluación de la moneda nacional, explosión del proceso migratorio por razones económicas, deterioro significativo de los servicios públicos, eran solo algunos de los elementos que determinaban la vida de obreros, empleados públicos y trabajadores informales.
Paradójicamente, las protestas populares declinaron en medio de una creciente deriva autoritaria del gobierno, soportada en una narrativa de unidad nacional para enfrentar la agresión imperialista. Se vivía un capítulo oscuro en el proceso bolivariano ante la detención y enjuiciamiento de dirigentes obreros, muchos de ellos con una larga tradición clasista. La criminalización de la disidencia le robaba el aroma libertario del proceso constituyente de 1999, algo que había tenido antecedentes durante estos veinte años, pero nunca de estas dimensiones.
Esto tenía un correlato en las relaciones entre los partidos del llamado Gran Polo Patriótico (GPP). El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), organización creada por Hugo Chávez, siempre había mantenido una relación tensa con los restantes partidos políticos del GPP, que se había resuelto casi siempre con acuerdos burocráticos para preservar la unidad. Sin embargo, desde el año 2018 las relaciones al interior del GPP se habían tornado especialmente tensas, debido a las crecientes exigencias de las bases de los partidos políticos de esta alianza (alternativa), para una vuelta a la ruta socialista, revolucionaria y popular del proceso bolivariano y, el abandono del giro de conciliación de clases, así como el freno a la creciente dependencia con las políticas imperiales rusa y china. La falta de diálogo constructivo aceleró el distanciamiento y creó las condiciones para el surgimiento de dos bloques dentro del proceso bolivariano.
Esto no niega la existencia de movimiento social que pugna por zafarse de la polarización ni la existencia efímera de opciones políticas que llaman a conformar un tercer polo. Ciertamente hay una nueva situación política dentro del campo chavista desde el año 2020.
La nueva situación política venezolana demanda una discusión profunda de la izquierda latinoamericana y mundial, que permita actuar como factores de unidad revolucionaria que impulsen el retomar el camino constituyente, la ruta anticapitalista y tomen distancia del neoliberalismo con discurso progresista. No es momento de discursos que justifiquen ni la claudicación de clases ni el aventurerismo ultra izquierdista.
Mapa de actores
Se suele hacer política desde los intereses subalternos, las vísceras o las ideas perfectas descontextualizadas de la realidad. Por ello nos parece importante hacer un inventario de las tensiones en proceso bolivariano para poder entender porque surge la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) y porque se considera que es el polo progresivo actual. Las correlaciones de fuerza y alineamientos han variado de manera sensible durante los últimos dos años. Por ello, urge una revisión y valoración actualizada de los actores políticos para ver las posibilidades reales de una resignficación del proceso Bolivariano o el terrible posicionamiento de nuevas variantes neoliberales.
Las derechas
En Venezuela las derechas han pasado de ser proyectos políticos vinculados a la agenda neoliberal, a convertirse bien en simples operadores de los dictados del imperio norteamericano y las naciones imperialistas europeas o, en sectores pragmáticos que sobreviven de las dádivas del gobierno venezolano a la espera de que surja una “nueva situación política”.
Los partidos políticos de derecha han perdido toda conexión con el movimiento de masas y tienen una limitada capacidad de movilización circunscrita a centenares de militantes altamente ideologizados, sectarios y confrontados entre sí.
Los cuatro bloques de la derecha están liderados por Juan Guaido, Capriles Radonski, Henry Ramos Allup y María Corina Machado, están estructuralmente divididos por el oscuro manejo del financiamiento obtenido del Grupo de Lima y el asalto a las finanzas petroleras venezolanas en el exterior.
La judicialización y colocación de directivas Ad Hoc por parte del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado a los partidos políticos Acción Democrática, Primero justicia y Voluntad Popular en una situación de ilegalidad que les genera mayor dispersión e incapacidad de actuación en el terreno de la acción política.
Surge una nueva derecha dependiente del ejecutivo nacional, con representación en el parlamento, que contribuye a la confusión y el desánimo de las bases de ese sector. El gobierno de Maduro ha logrado limitar a su mínima expresión a la derecha política, quien asfixiada solo le queda apelar a una resolución de la situación venezolana mediante invasión imperialista foránea o una operación militar relámpago. En ese sentido, los restos de la derecha venezolana se convierten en un sector que está en la mira de opciones proclives al aventurerismo militar.
Por supuesto que esto no descarta cualquier modelo de reagrupamiento político que reconecte a la derecha con alguna capacidad de movilización real, pero eso no se ve claramente en el futuro inmediato.
El PSUV y el GPP
El PSUV nunca ha sido un partido político en los términos clásicos. Ha sido más bien una maquinaria política del gobierno, tanto en el periodo de Chávez como en el de Maduro. A pesar que realiza sus congresos y elige sus autoridades por procedimientos sui generis, en realidad el PSUV es una maquinaria electoral, para la organización de la agenda social gubernamental y de control del movimiento social.
Sin embargo, el PSUV es el partido más grande de Venezuela con una base social popular muy importante, algo que le falta al esto de organizaciones. Ha logrado construir un tejido social alrededor de las premisas de la agenda social bolivariana inicial y de unidad contra la intervención norteamericana. No obstante, su militancia ha desarrollado una cultura de postergar la crítica a la burocratización y la deriva neoliberal en tanto se mantenga la amenaza norteamericana. Esto lo ha llevado a desarrollar los cimientos de un policlasismo que no tenía en sus orígenes.
El PSUV ha expresado los equilibrios internos del gobierno, tanto en el pasado como en el presente. La visión de Chávez sobre las características de la alianza cívico-militar determinaron su composición durante años y, en el nuevo periodo de la alianza militar-cívica de Maduro ha construido nuevos equilibrios que dejaron por fuera a actores que no tenían tras de sí influencia real o no compartían el giro de conciliación de clases. El PSUV pasó de una lógica de estructuración donde el centro era Chávez, a un modelo de correlaciones contingentes al estilo del sindicalismo burocrático latinoamericano.
Muchos de los partidos políticos del GPP tienen origen en el proceso Bolivariano, ya sea por rupturas previas o por organización durante el periodo chavista; sin embargo, otros como el Partido Comunista de Venezuela tienen una larga tradición, desde las primeras décadas del siglo XX, así como la experiencia del MRT o los Tupamaros se remonta a los ochenta de ese mismo siglo. El Partido Patria para Todos (PPT) viene de una ruptura con la Causa R precisamente en torno al apoyo a Chávez, mientras que partidos como el de Lina Ron o Nuevo Camino Revolucionario (NCR) se conformaron en medio del proceso Bolivariano. La lógica de funcionamiento de estos partidos, mucho más orgánica, aunque no siempre más democrática, distaba mucho del funcionamiento del PSUV. En consecuencia, nunca se lograron armonizar los mecanismos de funcionamiento y toma de decisiones del GPP; sin embargo, siempre se mantuvo la unidad por razones ideológicas y por el pragmatismo burocrático.
Mientras el PSUV está dirigido fundamentalmente por funcionarios públicos, ymilitantes vinculados a dinámicas gubernamentales, la presión popular de las bases por la rectificación del rumbo gubernamental de los últimos seis años ocurre allí en menor medida respecto a lo que ocurre en el PPT, PCV o Tupamaros; algunos opinan que es silenciada mediante el desarrollo de métodos poco democráticos de debate. La intensidad de las contradicciones por abajo respecto al giro político impuesto por la actual dirección política del proceso bolivariano, presiona de manera desigual a los distintos partidos del GPP.
La dramática situación del mundo del trabajo es resultante de la mayor de las hiperinflaciones conocida en el continente, que ha llevado a emitir billetes de medio millón y un millón de bolívares, así como a la incomparable devaluación de la moneda nacional respecto a otro momento histórico de la República, que se expresa en el hecho que hoy un dólar cueste más de dos millones de bolívares. Mientras esto ocurre, el salario mensual de un trabajador no logra alcanzar los diez dólares lanzando a la pobreza extrema a millones de personas en solo unos años. Todo ello genera una dinámica de cuestionamientos y distanciamientos sin precedentes de los sectores populares con la actual administración gubernamental. Esta presión por debajo logró ser contenida por las direcciones políticas del PPT, PCV, Tupamaros, entre otros en el periodo 2014-2018, pero se hizo insostenible entre el 2018-2020. El acuerdo firmado entre el PCV y el PSUV en 2018 en el cual el gobierno se comprometía a detener y retroceder en las medidas restauradoras que había implementado, resultó imposible de concretar por la agenda de restauración que adelanta el ejecutivo.
Por ello, los acuerdos de reparto de cargos para la asamblea Nacional del 2020 resultaban insuficientes para evitar un dislocamiento de estos partidos. El PCV, PPT, Tupamaros y otras organizaciones dentro y fuera del polo patriótico se van aproximando para la conformación de una alianza electoral social para las elecciones parlamentarias del 2020 que expresara las aspiraciones de sus bases. Esto generó la judicialización e intervención de las directivas y representación de partidos como el PPT, Tupamaros y otros, algo que no se pudo hacer con el PCV.
En la práctica el GPP está desaparecido como órgano de unidad y concertación; su existencia se limita a la formalidad de la conducción del PSUV y las representaciones ad hoc de franquicias vacías.
La APR
La decisión de conformar la Alternativa Popular Revolucionaria como un ensayo electoral unitario sin el PSUV, que fuera incluso más allá de la contienda parlamentaria, catapulta la crisis del GPP. A pesar de la judicialización de muchos partidos, la Alternativa Popular Revolucionaria continúa con candidatos de varias organizaciones, eso sí expresadas solo con la tarjeta del PCV, pero con el apoyo militante de las bases de los partidos intervenidos.
En unas elecciones tan particulares como las del 2020, realizadas en medio de la pandemia, el auge de las sanciones económicas internacionales, la política entre dos aguas del gobierno y la terrible crisis material de la clase trabajadora, la motivación para ir a votar era muy baja, aunque sorprendieron los números de votantes que concurrieron, según los anuncios finales hechos por el Consejo Nacional Electoral. Los resultados mostraron como se imponía, con más del 70%, la alianza del PSUV, mientras, queda en la calle la sensación era que la APR obtuvo más votos de los que aparecieron en el conteo final.
El Bloque oficial conformado por el PSUV, Tupamaro (intervenido), PPT (intervenido), Somos Venezuela, Podemos, MEP (dirección resultante de un litigio), Alianza para el Cambio y ORA obtuvo 68% de los votos, mientras los viejos partidos burgueses de AD-COPEI ahora con directivas cercanas al gobierno obtuvieron cerca del 20% de los votos. La APR con la única tarjeta válida del PCV obtuvo un solo escaño, alrededor del 3% de los votos, no obstante, logro motivar al llamado chavismo revolucionario disidente, una parte importante del mismo voto por la APR.
El precario resultado electoral de la APR desaceleró el proceso unitario y eclipsó parcialmente la potencia del agrupamiento por debajo que había generado en un primer momento. Desde diciembre de 2020 y hasta la fecha de escribir este artículo, la APR no recuperó la iniciativa y lo que si fue evidente fue un relanzamiento del PCV, no siempre con propaganda unitaria, sino fundamentalmente referenciada en su auto percepción de partido de la clase trabajadora.
Sin embargo, voceros del PCV y el PPT como Oscar Figueras y el Negro Rafael Uzcategui respectivamente, señalaron esta semana, que en abril se lanzará la convocatoria al Congreso Fundacional de la APR previsto para Julio de 2021, en una fecha en la cual justamente se calientan motores para una nueva contienda electoral local y regional.
La convocatoria al Congreso fundacional de la APR tiene el desafío de decidir si es una simple alianza de partidos con fines electorales, o se convierte en una plataforma amplia del movimiento social, individualidades, partidos políticos y agrupaciones políticas con actividad más allá de los límites de la democracia parlamentaria. Solo en este último caso se puede convertir en un factor dinamizador del espíritu revolucionario del proceso Bolivariano y los distintos factores del chavismo de base.
La APR es el factor más progresivo en la actual circunstancia del país, por lo cual resulta fundamental participar ampliamente en los debates de su congreso fundacional, las definiciones tácticas y su estrategia centrada en los intereses del mundo del trabajo contra el capital. Ello demanda romper con las definiciones panfletarias que lejos de sumar alejan a los sectores más progresista.
La APR tendría a mi juicio que abrir un debate sobre el ocaso del modelo petrolero mundial y su impacto en una economía alternativa nacional, la crisis ecológica y su expresión en la realidad nacional, la ofensiva neoliberal sobre la educación con expresiones muy concretas de neo privatización y estratificación social que vivimos a nivel mundial en el año 2020, la estrategia feminista y anti patriarcal, la problemática migratoria y el necesario regreso de millones de nacionales lo cual pasa por la recuperación de la economía nacional, entre otras agendas. La APR tiene que superar la propaganda ideológica y entrar en definiciones estructurales anticapitalistas contextualizadas en la realidad de la tercera década del siglo XXI.
La izquierda venezolana esta envejecida, con crisis de identidad rebelde y con grados de Alzheimer. La convocatoria a este Congreso Fundacional de la APR debe servir para relanzar la esperanza y la ilusión socialista y para retomar el camino anticapitalista por parte de amplios sectores del movimiento social. La revolución bolivariana no está muerta, la APR reúne lo mejor de los sueños insumisos del 27 de febrero de 1989.
El movimiento social
La tradición de una parte importante de la izquierda, considera al partido (su partido) como la síntesis de la verdad revolucionaria y ve al movimiento social como el frente de masas. Esto se ha materializado en prácticas de cooptación y pérdida de la autonomía del movimiento obrero y social en general.
En el caso de Venezuela esta tradición ha impedido, entre otros factores, construir una potente y revolucionaria coordinación de movimientos sociales, ni una confederación campesina o central de trabajadores clasista. La experiencia apunta a la construcción de un fuerte movimiento social autónomo en diálogo permanente con las representaciones políticas, pero no subordinada a su lógica de negociación y coaptación.
La Central Socialista Bolivariana de Trabajadores (CSBT) ha devenido en un enorme aparato burocrático de contención y control de luchas, en las antípodas de lo que sería un epicentro del combate y trabajo contra la lógica del capital en el mundo del trabajo.
Sin embargo, nada es solo blanco y negro. Así como al interior de la CSBT subsisten corrientes clasistas minoritarias y arrinconadas, en la calle están surgiendo importantes tejidos de insurgencia. El movimiento comunal, especialmente el larense, es muestra de ello, así como el incipiente movimiento magisterial de base. Las feministas de izquierda comienzan a mostrar un camino autónomo del movimiento anti patriarcal, así como el trabajo comunal en las grandes ciudades.
En la actualidad se gesta de manera subrepticia un movimiento que elude los aparatos de control del gobierno, desarrollando dinámicas de solidaridad y resistencia que hacen pensar en el emerger de un potente movimiento social en el mediano plazo.
Solo una parte de este movimiento social emergente está vinculado actualmente a la APR por lo cual resulta incierta su articulación real a esta nueva estructura. Seguramente ello dependerá de la amplitud y estilos de trabajo sobre los cuales se construyan los puentes entre uno y otro.
La inmensa mayoría del movimiento social actual es de izquierdas, ya que el movimiento estudiantil de derechas se ha visto muy golpeado por las dinámicas migratorias de los últimos años.
FANB
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana constituye hoy el sector organizado hegemónico del proceso bolivariano. No existe asunto gubernamental en el cual la presencia militar no sea determinante. Esto constituye una fortaleza indudable para contener e impedir los intentos de agresión militar imperialista, a pesar que la estrategia militar Bolivariana de resistencia no ha logrado romper con la lógica cuartelaría ni entrado en un proceso constituyente en la toma de decisión. El sostenimiento de la clásica estructura jerárquica alimenta la visión autoritaria sobre la disidencia y la crítica.
Por otra parte, el discurso militar que justifica la alianza con China y Rusia, como parte del proceso de contención del imperialismo se convierte en una pérdida de soberanía y frena la radicalización del proceso, al no desarrollar las Fuerzas Armadas una estrategia de resistencia basada en el armamento popular y la disolución de los cuarteles en los barrios y comunidades.
Mientras los mandos medios y bases militares sufren los estragos de la actual situación material, la estructura jerárquica y disciplinar más vinculada a los beneficios de la burocracia, se convierte a su vez en un elemento para garantizar la unidad de mando.
El protagonismo creciente de los militares y el giro hacia la alianza militar-civil, alimenta la visión corporativa de lo político y se convierte en un elemento que pareciera ser determinante en los próximos meses y años. La contradicción fundamental en este campo viene determinada por el origen popular de los mandos militares y las posibilidades rápidas de ascenso social que derivan del ejercicio del poder, en un Estado como el venezolano que sigue siendo burgués.
Sin embargo, la politización de las Fuerzas Armadas es un salto cualitativo históricamente hablando, que obliga a cualquier iniciativa política a contar con una línea de diálogo y trabajo con el sector militar.
Los ex funcionarios críticos
La prensa burguesa y sectores de la izquierda internacional han dado una exagerada visibilidad a la disidencia de antiguos altos funcionarios del gobierno bolivariano, habidas cuenta de su casi nula incidencia en lo social y lo súper estructural. Como es conocido con la llegada al poder de Nicolás Maduro, luego de la muerte de Hugo Chávez, se produce un desplazamiento de un sector de altos funcionarios que se habían convertido en caras conocidas por las rotaciones que habían tenido en múltiples cargos de alto nivel.
Algunos de ellos representaban el espíritu unitario inicial del proceso revolucionario, mientras otros formaban parte de la lista de empleados quienes jugaron un papel conservador en distintos momentos. Algunos de ellos se unieron a las voces de cuestionamiento y satanización al debate que en año 2009 se dio en el Centro Internacional Miranda sobre las luces y sombras del proceso Bolivariano y contra el híper liderazgo y ahora se presentan como paladines del pensamiento crítico. Otros en cambio que estuvieron en estas jornadas de crítica a la burocratización del proceso bolivariano forman parte de la disidencia de ex funcionarios gubernamentales claramente comprometidos con el proyecto bolivariano inicial. La inmensa mayoría son honestos y éticamente incuestionables, abiertamente diferenciados de quienes son ahora críticos porque perdieron la conexión con los negocios del estado, especialmente del sector petrolero.
Sin embargo, la verdad es que estos ex funcionarios tienen poca o nula capacidad de conexión con el movimiento social concreto. Por lo tanto, su accionar tiene una limitada incidencia en la construcción de correlaciones de fuerzas alternativas, salvo que se produzca una aproximación con el proceso de la APR; de hecho, algunos de ellos llamaron a votar por la APR en diciembre de 2020.
Los emigrantes
Quizá el sector que menos se suele valorar a la hora de hacer análisis y que puede ser determinante en el giro de los acontecimientos es el de los y las emigrantes, aquellos cientos de miles de nacionales que se han visto forzados a partir del país producto de la situación económica y el deterioro de las condiciones materiales de vida. Mientras la oposición habla de seis millones y el gobierno de dos millones lo cierto es que casi no existe un hogar del país que no cuente entre sus miembros a varios que hayan partido, sobre todo población joven.
Venezuela no tiene cultura de ver partir a los hijos en busca de sobrevivencia, cosa que muy pocas veces se logra, disparando las angustias y la rabia contra los factores que consideran desencadenantes de esta situación.
Algunos regresan derrotados, para planear una nueva partida, la inmensa mayoría sobrevive fuera en condiciones peores que las de la clase trabajadora de esos países. Aún la izquierda latinoamericana no ha desarrollado una amplia campaña de solidaridad y acompañamiento a la migración venezolana lo cual contribuye a su derechización. El discurso de traidores para aquellos que se marchan en busca de salarios que les permitan cubrir sus necesidades básicas ha impactado en distintos niveles a la izquierda regional que no termina de entender lo que está ocurriendo en Venezuela.
En un país de aproximadamente 32 millones de habitantes y de seis millones de hogares, hablar de una cifra promedio de cuatro millones de migrantes implica referirse a un impacto directo en el imaginario y la conciencia política de más de la mitad de las familias del país.
Desde el proceso bolivariano no se ha construido un discurso que dé cuenta de una perspectiva revolucionaria del fenómeno. La migración puede convertirse en el campo de cultivo para la construcción de un discurso de derechas y base social para proyectos autoritarios en el corto plazo. Por ello, urge no solo abrir un debate al respecto sino el desarrollo de una campaña permanente de la izquierda latinoamericana para acompañar el respeto de los derechos y la inserción laboral de los migrantes venezolanos en los distintos países; esto jóvenes requieren llegar a la conciencia de clase desde el vínculo con sus luchas y no solo por el discurso.
Los sectores despolarizados y los despolitizados
Lo que ha crecido desde la crisis que se abre en el año 2014 con la caída de los precios del petróleo, la parálisis de la perspectiva revolucionaria del proceso y el ciclo restaurador, es la despolitización. Millones de nacionales comienzan a ver, como a finales de los ochenta y los noventa, a la política como un problema y no como una solución. La vuelta soterrada a la anti política se traduce en despolarización silenciosa, algo que puede eclosionar en cualquier momento, orientando el cambio en cualquier dirección.
La anti política tiene varios rostros, desde el asumir formalmente alguna narrativa para sobrevivir, hasta el hastío y refugio en nuevas formas de competencia desde abajo. Despolitización que actúa como un “sálvese quien pueda” que amenaza con eclipsar lo que se había avanzado las dos últimas décadas en tejido social solidario.
En un país donde el movimiento social es muy débil y fragmentado, donde la izquierda es superestructural y no ha logrado fusionarse con el movimiento de masas, la despolitización se convierte en el preludio de la búsqueda colectiva de nuevos caudillismos, incluso ubicados en las antípodas de lo que ha sido el actual liderazgo.
Romper con esta nueva despolitización desde la izquierda pasa por reconstruirse como organizaciones no solo desde la lógica militante sino fundamentalmente desde el movimiento social. No se trata de una reedición del moviementismo, sino de desarrollar la propuesta según la cual cada militante forme parte de una práctica social en curso, no como enclave sino como parte activa. Ello implica la superación de viejos arquetipos partidarios y la lógica de frentes de masas, algo que es más difícil decirlo que hacerlo.
La ultra izquierda
La ultra izquierda es terriblemente minoritaria, súper estructural y con limitada capacidad de autogestión. La izquierda radical que venía de una fuerte diáspora en los ochenta y los noventa del siglo XX, fue incapaz de aprovechar la situación revolucionaria abierta en 1998 para construir organización, tejido social, prensa y medios de comunicación alternativa.
La influencia de la ultra izquierda en gremios y sindicatos es muy débil, prácticamente inexistente en el movimiento indígena y campesino y recién aprendiendo del movimiento ecológico y feminista.
Salvo las excepciones de aporrea.org (2002-2021), otrasvoceseneducacion.org (2016-2021) e insisto-resisto (2021) no existen páginas web con capacidad de generar contenidos propios y expresar un movimiento concreto. Aún estas experiencias son muy limitadas en su radio de influencia.
Marea Socialista, PSL y LUCHAS, entre otros factores de ultra izquierda son muy débiles y fraccionadas. Otras izquierdas de tradición guevarista o nacional popular están en las mismas condiciones.
La posición de la ultra izquierda sobre la APR será fundamental para salir de su aislamiento y fraccionamiento, pero aún no está claro cuál será la posición de la mayoría de ellas. Solo LUCHAS ha expresado públicamente su intención de ser parte de la APR
La clase trabajadora
La situación de la clase trabajadora es dramática ya que no ha logrado construir un polo autónomo de referencia. Actualmente la clase trabajadora está en la peor situación desde las luchas de los años treinta del siglo XX, carente de organizaciones clasistas y con un marco institucional cada vez más cerrado. Las prácticas autoritarias, de judicialización y represión al sindicalismo clasista que se instrumentan desde el Ministerio del Trabajo, dificultan los esfuerzos de organización autónoma. A pesar de la destrucción del salario real y en las peores condiciones de trabajo imaginables, el movimiento de los y las trabajadoras no ha irrumpido aún en el escenario político.
Sin embargo, escamoteos, intentos aislados (petroleros, salud, magisterio, zona del hierro), un movimiento subterráneo de organización en curso, pudieran revertir esta situación. La lucha por un salario mínimo de 300 dólares mensuales, derecho a la sindicalización autónoma, la negociación colectiva, el fuero y la libertad sindical pueden contribuir a la activación del movimiento obrero. Sin embargo, una combinación de miedo y resignación a la situación de sobrevivencia hacen difícil esta tarea.
El autismo político de una parte importante de la izquierda latinoamericana
Mientras esto ocurre se produce un deslave de los apoyos al gobierno bolivariano. Factores de izquierda anticapitalista que hasta hace poco daban un apoyo a la revolución bolivariana comienzan a distanciarse y conectarse con las nuevas formas de resistencia. Lo importante es que muchas de estas simpatías encuentran en la APR un vínculo de trabajo político, por lo cual se mantiene apoyo al proceso revolucionario bolivariano.
No obstante, persiste una izquierda acrítica que ha decidido acompañar todo lo que haga el gobierno, sin tomar en cuenta su impacto sobre el mundo del trabajo. Esta izquierda sin conexión con lo que ocurre en Venezuela, podría contribuir mucho más si mantuviera un apoyo a las luces y una crítica a las crecientes sombras de la acción gubernamental. Incluso así podría contribuir a la construcción de un frente revolucionario latinoamericano de cuestionamiento a las medidas coercitivas del imperialismo norteamericano, los imperialismos europeos y el grupo de Lima, que recorra el camino del acompañamiento a la profundización anticapitalista del proceso revolucionario venezolano.
El trabajo de la APR a nivel internacional se convierte clave en este sentido y ello demanda una política internacional de la APR que dé cuenta de la pluralidad de izquierdas que acompañan esta iniciativa. La mayor amplitud en la unidad de acción permitirá fortalecer nacional e internacionalmente a la APR como factor dinamizador del proceso revolucionario bolivariano. Allí el mayor desafío lo tiene el PCV, quien debe construir una lógica amplia de convergencia y derrotar los fantasmas del sectarismo.
La Alternativa Popular Revolucionaria (APR) en el escenario post electoral y la convocatoria a su Congreso Fundacional
La APR tiene una gran responsabilidad y posibilidad de convertirse en una opción revolucionaria plural, anticapitalista y revolucionaria de nuevo tipo. Pero dada la correlación de fuerzas que hemos expresado en el análisis de actores, esta no puede ser una organización contra el madurismo y sus claudicaciones, sino para empujar al chavismo de conjunto a la radicalización revolucionaria. En ese sentido debe tener la capacidad de superar la tentación de la política visceral y recuperar el horizonte estratégico. La APR puede generar una despolarización revolucionaria de la situación política venezolana.
Sin embargo, al PSUV no le conviene esta ruptura de la despolarización e intentará colocarle todos los obstáculos. Esta realidad “cantada de antemano” no puede conducir a la APR a centrarse en la mera confrontación al Madurismo olvidando la construcción unitaria en los territorios. La tarea central de la APR es trabajar por la unidad del campo Bolivariano. Unidad no romántica sino en pos de una agenda realmente anticapitalista
Por ello, la lucha contra las sanciones imperialistas y el bloqueo económico debe ser centrales en la recomposición de la unidad. No obstante, esto no implica ceder un ápice a la crítica contra la burocratización, la conciliación de clases y el autoritarismo contra los sectores populares y revolucionarios que actualmente adelante el gobierno. Eso sí construyendo organizaciones, mecanismos y lógicas de independencia de clase. Se trata de una tarea para nada fácil, en la actual coyuntura de la lucha de clases.
Retomar el camino de la organización autónoma del movimiento social y la izquierda anticapitalista
La tarea central de la APR es la de acumular fuerzas, en una correlación de fuerzas tan compleja como la que describimos. No se acumula fuerzas con la conciliación, pero tampoco con el enfrentamiento estéril. Cada lucha, cada escenario debe ser construido con una propuesta clara pero también con una construcción sostenida en cada territorio.
Para concluir es necesario insistir en la tarea de convertir a cada militante anticapitalista en un artífice de nuevas experiencias de organización popular, comunitaria, de trabajadores y trabajadoras, feminista, ecológica. Ello pasa por reconstruir la cultura política de la izquierda venezolana
La APR no puede ser una suma de letras, eslogan ni personalidades sino la convergencia de organización de las resistencias anticapitalistas en la actual coyuntura. Si lo logra se estará salvando el futuro de la revolución Bolivariana.
Un desafío solo posible entenderlo y emprenderlo en clave anticapitalista del siglo XXI
Historiadora
Traducción: Punto de Vista Internacional
L’Anticapitaliste n°122 : https://lanticapitaliste.org/opinions/histoire/elles-etaient-dautant-plus-monstrueuses-quelles-etaient-femmes-quelles
Actualidad Internacional: Feminismo
15/01/2021
Copyright: Autora/or de la foto. Si no queremos mostrarlo lo ocultamos.
Anticapitaliste: ¿Qué podemos decir del papel de las mujeres durante los acontecimientos del 18 de marzo que marcaron el inicio de la Comuna? ¿Podemos establecer un paralelismo con otras jornadas revolucionarias en las que se suele destacar el lugar de las mujeres, como la marcha sobre Versalles del 5 y 6 de octubre de 1789, y la manifestación por el Día Internacional de los Derechos de la Mujer del 8 de marzo de 1917, que inauguró la Revolución Rusa?
Mathilde Larrère : El 18 de marzo había un gran número de mujeres para impedir que los soldados se apoderaran de los cañones en la Butte Montmartre, lo que se explica simplemente por el hecho de que era temprano y las mujeres eran las primeras en levantarse para ir a buscar agua, combustible, etc. Pero también había hombres -aunque sólo fuera porque las mujeres daban la voz de alarma- y, sobre todo, los federados, que eran sólo hombres, ya que la Guardia Nacional estaba cerrada a las mujeres. Así que cuando los soldados y la población confraternizaron en el Campo Polaco, esta última estaba bastante mezclada.
Los días 5 y 6 de octubre de 1789, las mujeres fueron las impulsoras (fue un gremio femenino, las Dames de la Halle, el que lanzó el movimiento), antes de que se les uniera la Guardia Nacional; y el 8 de marzo de 1917, fue el Día Internacional de los Derechos de la Mujer (desde entonces, este día se ha fijado en el 8 de marzo). Pero en estos diferentes casos, es como si el papel de las mujeres en estos días sólo se recordara a cambio de su invisibilidad el resto del tiempo, aunque también estuvieran presentes el 10 de agosto de 1792, durante los demás acontecimientos de la Comuna, la Revolución Rusa, etc. Su presencia se hace así visible cuando se vincula a su papel social y doméstico, en particular al cuidado de la comida: el 5 de octubre de 1789 fue una revuelta contra la comida, y ellas fueron a Versalles a buscar pan, aunque al final fuera el rey el que trajeran de vuelta; y el 8 de marzo de 1917, para una gran parte de las mujeres de San Petersburgo, las de los barrios obreros, no fue tanto una manifestación por los derechos de las mujeres como una manifestación por el pan y por la paz. Por lo tanto, no debemos limitar su participación en los acontecimientos revolucionarios a estos días, aunque sean inaugurales.
Después, ¿no pudieron participar en las instituciones oficiales de la Comuna? ¿Lo han exigido?
El derecho al voto de las mujeres no fue considerado cuando se eligió la Comuna el 26 de marzo, y de hecho no lo exigieron mucho. El derecho de voto no era una reivindicación primordial de las mujeres de la época: tienen muchas otras, y esto es aún más cierto en el caso de las comuneras, que en su mayoría son socialistas o «montagnardes» (socialdemócratas), pero volveremos a sus reivindicaciones. Lo mismo ocurrió durante la Revolución Francesa: se habla mucho de Olympe de Gouges y de su Declaración de los Derechos de la Mujer y del Ciudadano, que es una forma de reivindicar el derecho al voto (sin decirlo nunca explícitamente), pero los trabajos de Dominique Godineau sobre las mujeres revolucionarias muestran que pedían mucho más para poder entrar en la Guardia Nacional que el derecho al voto.
¿La participación de las mujeres en la lucha es algo específico de la Comuna?
No, las mujeres siempre han participado en el combate, pero debemos tener claro en qué consiste. La lucha con las armas en la mano era más limitada para las mujeres en las revueltas anteriores a la Comuna, aunque sólo sea porque las mujeres no sabían necesariamente utilizar las armas, y porque había un peso de mentalidad que hacía imposible imaginar que las mujeres pudieran dar la muerte cuando daban la vida. Así que se mantuvieron alejados del arma. Por otro lado, participaron en batallas de barricadas (especialmente en 1830 y 1848). La barricada está ahí para bloquear una calle, y los soldados se precipitan a la calle y son bloqueados. La lucha se desarrolla entonces en dos dimensiones: por un lado, hay un enfrentamiento cara a cara entre los soldados y la barricada (en la que hay hombres armados) y, por otro, la población lanza diversos objetos desde las ventanas, y en este caso, muchas de ellas son mujeres. Esta segunda dimensión es igual de importante (habiendo trabajado en las fuerzas del orden durante los disturbios de la monarquía de julio, hubo más fracturas de cráneo que heridas de bala), pero a menudo se olvida. Además, las mujeres recargaban los fusiles, atendían a los heridos, abastecían las barricadas, etc. La especificidad de la Comuna es que las mujeres participaron más a menudo en los combates con las armas en la mano, especialmente en las barricadas abandonadas por los combatientes masculinos.
Una de las organizaciones femeninas más importantes durante la Comuna estuvo vinculada a los combates: la Unión para la Defensa de París y el Cuidado de los Heridos. ¿Puede decir unas palabras al respecto? ¿En qué otro tipo de marcos podrían organizarse las mujeres?
Sí, fue una organización creada por Elisabeth Dmitrieff, que era la enviada de la ILA [Asociación Internacional de Trabajadores, nombre oficial de la Primera Internacional], de Londres a París. Originalmente iban a ir dos hombres, pero uno de ellos no pudo ir porque estaba enfermo, y ella lo sustituyó con poca antelación. Esta organización es interesante por sus dos aspectos: la defensa de París, que corresponde a la reivindicación transgresora de las mujeres de poder llevar armas; y el cuidado de los heridos, que es lo contrario del papel clásico de las mujeres en el reparto de tareas por género. Era la organización más estructurada y estaba bastante centralizada, con tres niveles: comités locales para cada distrito, en los que se elegían los representantes que constituían un comité, y finalmente un comité ejecutivo dirigido por Elisabeth Dmitrieff.
Pero había otras organizaciones, especialmente clubes, como el Club Montmartre, en el que participaba André Léo. Hubo algunas tensiones entre estas organizaciones: por ejemplo, cuando André se unió también a la Unión para la Defensa de París y el Cuidado de los Heridos, esta doble afiliación irritó mucho a Elisabeth Dmitrieff. Estos diversos cuadros eran en «no mixtos» (aunque el término sea anacrónico), dirigidos y organizados por mujeres, al igual que, por ejemplo, los clubes de mujeres durante la Revolución Francesa o en 1848 (así como los periódicos en 1848), aunque los hombres pudieran en algunos casos ayudar. Las mujeres comprendieron que así debían organizarse para actuar y ser escuchadas.
¿Qué otras mujeres famosas que participaron en la Comuna se pueden mencionar?
Aparte de Louise Michel, todos han caído en el olvido… Y si recordamos a Michel y, en menor medida, a Brocher, es sobre todo por sus escritos. Sin embargo, hay muchas otras figuras que merecen ser conocidas. Por ejemplo, André Léo, autor de un gran texto, La guerre sociale, en el que denunciaba que durante un siglo había querido «hacer la revolución sin mujeres»; Dmitrieff, que desapareció y del que se sabe muy poco después de la Comuna; Paule Minck; o Nathalie Lemel, un poco más conocida, cercana a Eugène Varlin, y que antes de la Comuna había creado un importante comedor cooperativo obrero y popular, La Marmite. Pero de la mayoría de las mujeres de la Comuna tenemos pocos documentos, aparte de algunos nombres en carteles o rastros de sus juicios en Versalles. Dicho esto, aunque sean un poco más conocidos que las mujeres, los comuneros masculinos también son relativamente desconocidos, a excepción de Vallès, Courbet, Pottier, etc.
Aparte del ingreso en la Guardia Nacional y, en general, del derecho a portar armas, ¿qué reivindicaciones importantes hicieron las mujeres durante la Comuna?
Exigían lo que ya habían reclamado las mujeres de 1848, y a lo que estaban bastante cerca social y políticamente: el derecho a trabajar, y a recibir el mismo salario y, por tanto, el mismo reconocimiento de cualificaciones que los hombres. También exigieron el derecho a la educación, el derecho al divorcio, el reconocimiento de los hijos «ilegítimos» o «naturales», el reconocimiento de las concubinas (que tuvieran los mismos derechos que las mujeres casadas) y, para algunas de ellas, especialmente Louise Michel, exigieron la abolición de la prostitución.
¿Cuáles de estas demandas se cumplieron?
En el marco de la Unión de Mujeres para la Defensa de París y el Cuidado de los Heridos, se reflexiona mucho sobre el trabajo de las mujeres y Elisabeth Dmitrieff consigue arrancar promesas de igualdad salarial, e incluso hay un decreto, para una profesión concreta, que garantiza la igualdad salarial; incluso crea cooperativas de mujeres productoras (de mujeres, por tanto). Para la educación, se abrieron muchas escuelas para niños y niñas. Los concubinos son reconocidos, ya que la Comuna decreta que las esposas o concubinas de los Guardias Nacionales heridos o muertos en combate pueden recibir una pensión; y también hay un reconocimiento de los hijos naturales. Por otra parte, las mujeres no fueron aceptadas en la Guardia Nacional federada: tomaron las armas por su cuenta durante la Semana Sangrienta.
¿Cuál era el lugar de las mujeres en el movimiento obrero de la época?
Fue muy difícil. No sólo el movimiento obrero está dominado por los hombres, sino que un cierto número de corrientes son desfavorables al trabajo de las mujeres, que consideran injusto porque se les paga menos. Y empezaron a verlas -aunque luego fuera así- como rompehuelgas, lo que no está atestiguado en las fuentes, ya que la división del trabajo estaba tan marcada por el género que una mujer no haría el trabajo de un hombre.
También consideraban que el trabajo en las fábricas (o el trabajo en las «fábricas», sea cual sea el término) era contrario a la moral, y muchos en el movimiento obrero y en la Internacional querían que las mujeres, especialmente las casadas, volvieran a casa, aunque eso significara trabajar en el hogar, lo que era aún peor que en las fábricas. En el movimiento obrero francés se sumó el peso del proudhonismo y de la profunda misoginia de Proudhon.
Ciertamente, este no fue el caso de todos los militantes. Por ejemplo, Eugène Varlin era muy partidario de la igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la igualdad salarial, y cuando fundó La Marmite con Nathalie Lemel, ella tenía el mismo papel organizativo que él. Pero eran minorías: hubo varios congresos o conferencias de la Internacional antes de la Comuna -sobre todo durante las Exposiciones Universales- que concluyeron con textos profundamente misóginos y opuestos al trabajo de las mujeres. Contra eso luchaban Dmitrieff, André Léo y Paule Minck antes de la Comuna: daban conferencias, muy concurridas, en las que defendían el derecho al trabajo y la igualdad salarial. El lema «a igual trabajo, igual salario» es una consigna de la Comuna de París.
¿Podemos hablar de un movimiento feminista en Francia en aquella época?
Es difícil, porque el Segundo Imperio había aplastado en gran medida los movimientos feministas que se habían formado en 1848. Renace poco a poco, en torno a figuras como André Léo o Paule Minck, pero también Maria Deraismes, que dirige el periódico Le Droit des femmes fundado en 1869, y que desempeña un papel importante en la Asociación para los Derechos de la Mujer creada en 1870. Pero fue principalmente en el seno del movimiento obrero donde se organizó un feminismo socialista, o socialismo feminista. Fue después cuando se desarrolló un movimiento feminista al margen del movimiento obrero, en torno a las sufragistas, con Hubertine Auclert y Marguerite Durand.
Si llegamos al final de la Comuna, ¿las mujeres sufrieron alguna represión específica por parte de los versalleses?
Sí, pero es ambivalente. Por un lado, se han desestimado más casos de mujeres que de hombres, lo que durante mucho tiempo hizo decir que la justicia había sido más indulgente con las mujeres. Pero, por otro lado, si nos fijamos en las personas que fueron condenadas, observamos que las mujeres recibieron sentencias más duras: el 13% de las mujeres condenadas fueron condenadas a muerte, frente al 0,9% de los hombres condenados; y el 13% fueron condenadas a trabajos forzados y el 13% a la deportación, mientras que estas cifras son del 2,3% y el 11% para los hombres.
¡Porque lo han transgredido todo! Eran tanto más monstruosas a los ojos de las autoridades de Versalles cuanto que eran mujeres: transgredían el orden de los sexos al abandonar el lugar que les estaba reservado en aquella época (la cocina y la cuna) y entrar en la política -y, por supuesto, al entrar en ella por la vía revolucionaria. Así podemos entender la figura del petrolero a través de la cual se estigmatizó a las mujeres de la comuna. Desde los primeros incendios de la Comuna, este estereotipo estaba presente: lo encontramos en la prensa versallesca, en la iconografía y en los juicios, en los que siempre se intentaba demostrar que ellos habían provocado los incendios (¡los versalleses olvidan que fueron ellos los que enviaron las primeras bombas incendiarias!)
¿Tuvo la derrota de la Comuna consecuencias negativas sobre la situación de las mujeres y sus reivindicaciones en los años siguientes?
No especialmente. El restablecimiento del «orden moral» por parte de los versalleses, pero afectó a todos, no fue específico para las mujeres. Y cuando se instauró la Tercera República, ciertamente se descartó el derecho al voto de las mujeres, pero porque se las consideraba demasiado clericales, sin que esto tuviera una relación directa con la Comuna. Así pues, no hubo una «reacción» como tras la Revolución Francesa con la promulgación del Código Civil (1804). Por supuesto, los avances obtenidos fueron suprimidos uno tras otro, pero al igual que el resto de la obra de la Comuna, que fue borrada.
