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Actualidad Internacional: Luchas y Movimientos

17/01/2022

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Este 17 de enero se cumplen 61 años del fusilamiento del líder anticolonialista congoleño Patrice Émery Lumumba, quien fue una figura clave de la independencia congoleña del Reino de Bélgica y el primer ministro de la República Democrática del Congo, cargo que pudo ejercer algo más de un año antes de su asesinato, planificado por la CIA.

Nacido en 1925, desde su juventud fue impulsor de distintas iniciativas para mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas en el entonces llamado Congo Belga, territorio colonial en el que el reino europeo destacó respecto de sus pares por su ambición y brutalidad (en los 50 años posteriores a 1880 la población del país se redujo a la mitad, en lo que algunos historiadores definen como “el holocausto olvidado”, que causó entre 5 y 10 millones de muertos).

En 1958 Lumumba creó el Movimiento Nacional Congolés (MNC), con el que participó de la Conferencia Panafricana de Acra (Ghana) de ese año, donde conoció personalmente a otros referentes del antiimperialismo africano, como el argelino Frantz Fanon, el ghanés Kwame Nkrumah o el camerunés Felix-Roland Moumié. De vuelta en su país, presentó los resultados de la conferencia antes 10 mil personas explicitando que el objetivo del MNC era “la liquidación del dominio colonialista y de la explotación del hombre por el hombre”.

Después de años de lucha, en 1960 Bélgica concedió la independencia al Congo y el MNC ganó las elecciones, tras lo cual Lumumba fue designado como primer ministro del nuevo estado independiente. En su discurso de asunción, horrorizó al soberano belga Balduino I: “Durante los 80 años del gobierno colonial sufrimos tanto que todavía no podemos alejar las heridas de la memoria. Nos han obligado a trabajar como esclavos por salarios que ni siquiera nos permiten comer lo suficiente para ahuyentar el hambre, o vestirnos, o encontrar vivienda, o criar a nuestros hijos como los seres queridos que son. Hemos sufrido ironías, insultos y golpes día tras día nada más porque somos negros. Las leyes de un sistema judicial que solo reconoce la ley del más fuerte nos han arrebatado las tierras. No hay igualdad; las leyes son blandas con los blancos pero crueles con los negros. (…) Quién podrá olvidar las masacres de tantos de nuestros hermanos, o las celdas en que han metido a los que no se someten a la opresión y explotación?”.

Pero los poderes coloniales no iban a hacer fácil la transición para la naciente República Democrática del Congo, que no sólo debió lidiar con una millonaria e ilegítima deuda externa con Bélgica (uno de los requisitos para la independencia, pese a las décadas de saqueo y opresión) sino además con maniobras secesionistas como la de la independencia de la provincia de Katanga, de la que la monarquía belga quería seguir aprovechando los yacimientos mineros. Ante la traición de la ONU, que hizo todo para garantizar que la corona europea siga controlando Katanga, Lumumba llamó a la solidaridad africana y decidió pedir apoyo militar a la Unión Soviética para recuperar ese territorio clave para la economía nacional. La estrategia generó fuertes tensiones con el presidente Joseph Kasavubu, que decidió destituirlo, medida que Lumumba no reconoció. Después de semanas de tensión, el jefe de las fuerzas armadas elegido por Lumumba, Mobutu Sese Seko, se alineó con la CIA para defender al presidente, ante lo que se explicó como un avance del comunismo en la región (cinco años después, Mobutu dará un golpe militar para instaurar una dictadura que se extiendió durante 26 años en el país que renombró como Zaire).

Buscando resistir en las zonas con mayor apoyo del MNC, Lumumba huye de la capital pero es finalmente capturado por las tropas de Mobutu y enviado a Katanga junto con algunos de sus colaboradores, donde no sólo son torturados y fusilados sino que incluso sus cuerpos son disueltos con ácido para tratar de borrar su memoria de los revolucionarios del continente. El rol de la CIA en el proceso fue reconocido en recientes desclasificaciones de documentos, llegando a saberse que el entonces director de la agencia Allen Dulles planteó respecto de Lumumba: “Hemos decidido que su eliminación es nuestro objetivo más importante y que, en las circunstancias actuales, merece alta prioridad en nuestra acción secreta”.

A 61 años del criminal asesinato del líder panafricanista de apenas 35 años, recordamos su legado antiimperialista y su sueño de un continente africano libre, digno, independiente y soberano: “Llegará el día en que la historia hablará. Pero no será la historia que se enseña en Bruselas, París, Washington o las Naciones Unidas. Será la historia que se enseñará en los países que se han liberado del colonialismo y de sus títeres. África escribirá su propia historia, en el norte y el sur, y será una historia de gloria y dignidad”.

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Teoría: Historia

01/10/2021

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Cómo deberían responder los marxistas revolucionarios y los progresistas en general a los últimos acontecimientos en Afganistán, donde el tan deseado fin de la ocupación estadounidense ha sido provocado por las fuerzas claramente opresoras de los talibanes? ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cuál es la historia de Afganistán que lo ha convertido en el supuesto «cementerio de los imperios extranjeros»? ¿A qué se enfrenta ahora su población y hacia dónde se dirige el país? Estas y otras preguntas son las que tratará de responder este artículo.

En 1747, los jefes de diferentes tribus -que controlaban sus propias tierras, fuentes de agua y fortificaciones- se reunieron en un consejo histórico o jirga para nombrar a un señor de lo que sería el primer estado afgano, mayoritariamente pastún. Fue Ahmad Shah Saddozai, también conocido como Ahmad Shah Durrani y Ahmad Khan Abdali. Bajo su reinado, el Estado afgano se expandió gracias a las conquistas territoriales (fue el vencedor contra el ejército maratha en la tercera batalla de Panipat, 1761), pero tras su muerte en 1772 las luchas intestinas entre tribus, ramas y entre varios pretendientes al trono continuarían durante más de un siglo. Los imperios zarista y británico que crecían en estas regiones también trataban de ampliar su propio control territorial y su influencia política con los gobernantes de Kabul. En este juego geopolítico, Londres, más que Moscú, se llevó la palma.

En la guerra de 1839, los militares británicos lograron entronizar al Shah Shuja, uno de los reclamantes afganos, como su títere. Pero una cosa era tener influencia sobre el gobernante nominal en Kabul y otra controlar el país, los diversos jefes tribales y señores de la guerra con sus feudos o el público en general. Tres años más tarde, las fuerzas británicas, que no estaban dispuestas a sufrir los elevados costes en bajas de personal o gastos financieros, fueron expulsadas. Este sería un patrón que se repetiría a lo largo del siglo XIX. Los británicos buscaron la aquiescencia de la Corte de Kabul en materia de política exterior y la mantuvieron dependiente de los estipendios que desembolsaban, pero se mantuvieron al margen del díscolo y ferozmente independiente escenario político interno. Con el tiempo, los británicos también adquirieron importantes territorios, de modo que una gran parte de la región pastún pasó a formar parte de la India británica (más tarde, la Provincia de la Frontera del Noroeste o NWFP del Pakistán independiente) y esto se formalizó mediante el Tratado de 1893, que convirtió la Línea Durand en la frontera internacional. Sin embargo, ningún gobierno afgano aceptó la línea Durand como algo permanente. Este acuerdo general de reparto de poder entre Kabul y Londres convenía a este último, pero incluso esta situación llegaría a su fin en 1919 con otra derrota militar y la aceptación británica de la plena soberanía y la completa independencia de Afganistán bajo su nuevo gobernante Amanullah Khan.

Khan, un nacionalista modernizador, se vio influido, en primer lugar, por la Revolución Persa de 1906, que introdujo una forma limitada de democracia electoral y algunos derechos cívicos asociados, al tiempo que conservaba el poder y los privilegios reales; en segundo lugar, por los impulsos seculares y modernizadores del kemalismo en Turquía; y más tarde por la Revolución Rusa de 1917. Su reinado duró diez años hasta su abdicación forzosa en 1929 bajo la presión de los opositores internos, con la complicidad indirecta de los británicos, que temían el impacto que su gobierno y sus reformas tendrían sobre su dominio en la India, cuyas propias luchas por la independencia se aceleraron enormemente tras la masacre de Jalianwala Bagh en 1919. En estos diez años, Khan estableció la Constitución de 1923, que declaraba una serie de derechos cívicos individuales, la igualdad sexual, la educación universal gratuita, reducía el poder de los ulemas y de la ley islámica, pronunciaba nuevos derechos para las minorías étnicas, a la vez que centralizaba más poderes en manos reales para seguir con sus objetivos modernizadores. En una sociedad que aún no contaba con una burguesía de tamaño razonable, y menos aún con una progresista, estos cambios endurecieron todos los flancos de la oposición a este. Las enmiendas de 1925 y 1931 redujeron las reformas sociales y laicas, retiraron las referencias a las mujeres y reafirmaron el Islam como religión del país, al tiempo que oficializaron la escuela de jurisprudencia hanafí. También se crearon dos cámaras del «parlamento», sin capacidad de legislar, sino sólo de asesorar al rey.

El nuevo rey, Nadir Shah, fue asesinado en 1933 y su hijo Zahir Shah, un nacionalista moderado, reinó durante los siguientes cuarenta años. Intentó establecer un equilibrio entre Occidente y la Rusia soviética, buscó ayuda de todos los bandos y se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial. Se había producido cierta modernización y desarrollo capitalista; había surgido una clase educada y Kabul era la sede de una universidad en la que los estudiantes se radicalizaban de diferentes maneras. Crecía un movimiento republicano y, teniendo en cuenta que en Asia occidental y el norte de África los reinos tradicionales habían sido derrocados por movimientos desde abajo, Zahir Shah vio la conveniencia de avanzar hacia un sistema monárquico constitucional menos autocrático. En la Constitución de 1964, aunque el Islam seguía siendo la religión del país, la soberanía formal recaía ahora en el pueblo y el derecho estatutario y un poder judicial independiente sustituían a la sharia, que regía en ausencia del derecho estatutario. El sufragio total de los adultos se realizaría cada cuatro años para las elecciones a la Cámara Baja del Pueblo, mientras que los diputados de la Cámara Alta de los Ancianos serían nombrados por el Rey, un Consejo Provincial y por el Presidente de la Cámara. Se declaró la igualdad formal de hombres, mujeres y todas las tribus. Pero el poder ejecutivo real recaía únicamente en el Rey y en sus asesores elegidos, ya que todos los demás miembros de la familia real tenían prohibido constitucionalmente participar en la política. El Parlamento podía ratificar tratados, supervisar el presupuesto nacional y promulgar leyes, siempre que fueran aprobadas por la Cámara Alta, no elegida y controlada. Los partidos de la oposición estaban autorizados y podían hacerse oír ampliamente. El auge mundial de la juventud de los años sesenta y setenta también dejó su huella aquí, con los estudiantes de Kabul divididos entre los comunistas atraídos por la URSS y su versión del marxismo y los menos numerosos atraídos por las variantes de un código islámico que cubría la organización de la vida política, social y personal. Esta división proporcionaría los cuadros y líderes clave del futuro conflicto político-organizativo entre las dos fuerzas radicalizadoras (laicas frente a religiosas).

El PDPA, formado en 1965, siempre tuvo dos facciones principales, la mayor Khalq (Masas) y Parcham (Bandera). Mohammed Taraki, del primero, fue nombrado secretario general y Babrak Karmal, del segundo, primer secretario. Los cuadros del primero procedían en su mayoría de entornos rurales de campesinos medios y más pobres; los del segundo, de sectores urbanos de clase media y alta, y eran menos radicales en sus reivindicaciones modernizadoras, tenían menos prisa por alcanzar el objetivo socialista y, por tanto, estaban más dispuestos a trabajar con otros grupos conservadores y religiosos que buscaban un Afganistán más fuerte y materialmente desarrollado. Este pequeño partido, cerrado ideológica y organizativamente, consiguió que tres de sus ocho candidatos fueran elegidos para la cámara baja en las elecciones de 1965. Las posteriores manifestaciones de los estudiantes de izquierdas se encontraron con la violencia del Estado y el periódico editado con el nombre de «Khalq» fue cerrado. Acusando a la facción mayoritaria de «aventurerismo de izquierdas» injustificado, Parcham, dirigido por Karmal, se separó del partido en 1967.

La mala situación económica general después de 1967 se deterioró drásticamente en 1971-72 debido a la peor hambruna de la historia del país, que causó al menos medio millón de muertos. El momento era oportuno para Mohammed Daud, primo de Zahir Shah, que también había ocupado puestos ministeriales clave bajo su mandato y que estaba molesto por la prohibición política constitucional de la familia real. Con la ayuda, sobre todo, del Parcham y de oficiales del ejército entrenados e influenciados por los soviéticos, dio un golpe de Estado en julio de 1973, mientras el rey se encontraba en Italia. El primer acto de Daud fue establecer la República de Afganistán, anulando la Constitución de 1964. Personalmente ambicioso y con promesas de reformas, Daud comenzó a actuar contra sus antiguos partidarios y en 1975 había eliminado a los parchamitas de su gobierno, así como a los oficiales del ejército que permitieron su golpe. En política exterior se alejó de la URSS y se acercó al Sha de Irán y a su policía secreta (SAVAK), que prometía ayuda y constituía un contrapeso a Pakistán, con quien las relaciones se estaban deteriorando. Ello se debió a que Daud, también pashtún, comenzó a promover un nacionalismo pashtún transfronterizo que ahora parecía más concebible, ya que Bangladesh se había separado con éxito, mientras que las resistencias nacionalistas tanto en Baluchistán como en la Provincia Fronteriza Noroccidental habían aumentado en la misma época. Junto a estas ambiciones transfronterizas, Daud también llevó a cabo una renovada represión de los comunistas locales, que condujo a la reunificación de las dos alas del PDPA en 1977. Aunque Daud abandonó formalmente su apoyo a un mayor Pushtunistán, como querían Pakistán y Estados Unidos, esto no salvaría su gobierno.

La Revolución de Saur comenzó como respuesta a un ataque de Daud. El 17 de abril,1978, el asesinato del número dos del Parcham, Akbar Khyber Khan, seguido de las detenciones de los máximos dirigentes de ambas alas, desencadenó el golpe de autodefensa del PDPA, llevado a cabo con la ayuda de oficiales clave del 4º Cuerpo Blindado y de un escuadrón de la fuerza aérea. Los continuos fracasos del desarrollo económico habían alienado a la opinión pública y el resto de las fuerzas armadas no acudieron al rescate de Daud. La repentina subida al poder en Kabul el 27 de abril no curó las tensas diferencias entre el Khalq y el Parcham, pero estas se disiparon por el momento nombrando a Taraki Primer Ministro, Karmal como uno de los tres viceprimeros ministros, mientras que los otros dos recayeron en Hafizullah Amin (rival de Taraki dentro del Khalq) y en Mohammed Aslam Watanjar, que había comandado el Cuerpo. Los puestos del Comité Central y del Gabinete se repartieron a partes iguales entre las dos facciones. Aunque el PDPA era prosoviético, la Revolución de Saur tomó a Moscú por sorpresa.

El número total de miembros del PDPA era muy inferior a 10.000 y no tenía una implantación real entre la masa de soldados, entre el grueso del personal del gobierno, mientras que más allá de Kabul tenía una presencia insignificante en un país predominantemente rural. En adelante, como gobierno estalinista de partido único, trató de llevar a cabo un programa de reformas agrarias y sociales de forma puramente descendente mediante decretos aplicados a través del aparato administrativo. Esto, como es lógico, creó una hostilidad popular que, a su vez, exacerbó las diferencias existentes entre las dos facciones. La lucha interna por las posiciones dentro del gobierno se decantó por el Khalq, que en noviembre de 1978 había conseguido en gran medida expulsar a su rival. El «Tratado de Cooperación y Amistad» soviético-afgano de diciembre de 1978 supuso el reconocimiento del aislamiento sociopolítico del PDPA, pero no puso fin a esta rivalidad ni evitó las crecientes tensiones en el seno del Khalq, expresadas en el conflicto entre Taraki y Amin.

¿Qué pasa con las reformas propuestas? Un 4% de la población poseía alrededor del 41% del total de 19 millones de acres de tierra cultivable. Las reformas agrarias ayudaron inicialmente a una parte de los pobres del campo, al igual que la cancelación de la deuda. Pero la ausencia de facilidades de crédito rural y de apoyo infraestructural en forma de semillas, fertilizantes, comercialización y otras facilidades vitales supuso que los nuevos propietarios de tierras empoderados no pudieran mantenerse a sí mismos ni a sus familias. Así que la alienación de los supuestos beneficiarios de la reforma agraria se sumó al enfado de los grandes terratenientes y los jefes tribales. Se reconocieron los derechos culturales-lingüísticos de los grupos étnicos y se legalizaron los sindicatos, pero no hubo derecho a la huelga. En el ámbito social, se prohibieron los matrimonios infantiles, se legalizó la igualdad de género, se redujo el precio de la novia a una cantidad nominal y se exigió el consentimiento mutuo para contraer matrimonio. Se estableció la obligatoriedad de la coeducación en todos los niveles, se inauguró una campaña de alfabetización y se planificó la construcción de centros educativos y médicos que, con el tiempo, se cumplieron de forma limitada y geográficamente desigual. Sin una base de cuadros significativa, y mucho menos con una popularidad masiva, este ataque ideológico-político a las creencias y estructuras islámicas arraigadas y a los centros de poder que se entrecruzan, especialmente en el campo, solo despertó una oposición y una ira masivas. La resistencia de los jefes tribales, los comandantes locales, los señores de la guerra étnicos y una serie de líderes islamistas se alzó contra el PDPA ateo. Esto se vio favorecido por los flujos de fondos y equipos militares de Estados Unidos, los aliados de la OTAN, Pakistán e Irán, cada uno de los cuales tenía sus propios «intereses». Este apoyo externo se ampliaría drásticamente tras la invasión soviética de diciembre de 1979 e incluyó el apoyo material de Estados Unidos a Bin Laden y Al Qaeda.

La implosión de la Revolución Saur comenzó con el asesinato de Taraki, organizado por el ambicioso Amin (del que Moscú sospechaba que podía tener conexiones con Estados Unidos). La inestabilidad resultante desencadenó una intervención militar soviética, una cadena de acontecimientos respaldada por el tratado de 1978 con los soviéticos. Amin, atrincherado en el palacio presidencial y sorprendido por la intervención soviética en su contra, fue encontrado muerto a tiros una vez que se asentó el polvo. Un Moscú reticente, que siempre se mostró partidario del enfoque más prudente de Parcham, volvió a poner a Karmal al frente del PDPA. Mientras unos 100.000 soldados soviéticos trataban de controlar las ciudades, los grandes pueblos y las principales guarniciones, el partido no tenía ninguna base real fuera de la capital. Allí, un cúmulo de grupos rebeldes muyahidines descoordinados dominaba el campo. Para intentar cambiar esta situación, las fuerzas armadas soviéticas lanzaron una seria campaña de bombardeos que incluía el uso de minas terrestres para despoblar básicamente el interior rural. Esto no solo provocó un mayor descontento entre la población, sino que no consiguió desalojar a los muyahidines, cuya adquisición de misiles antiaéreos de hombro (suministrados por Estados Unidos y el Reino Unido) contrarrestó con éxito la potencia aérea soviética.

A este estancamiento militar se sumaron los crecientes costes financieros y de personal para los soviéticos, que perdieron 15.000 soldados y muchos más heridos, un recuento mayor que el de Estados Unidos más adelante. Sin embargo, la brutalidad de la cada vez más insensata ocupación soviética fue significativa. Las bajas afganas, civiles y de otro tipo, fueron del orden de una o dos lakhs, aunque probablemente sean bastantes más. Alrededor de 2,8 millones huyeron a Pakistán, que sería la principal fuente de reclutamiento y formación de jóvenes estudiantes talibanes que, a diferencia de sus padres y mayores, habían perdido toda conexión con los lazos y lealtades tradicionales y debían estar unidos ideológicamente por la inculcación de una variante extrema del Islam Deobandi. Dejando de lado el enorme número de desplazados internos, otro millón y medio huyó a Irán. Ante la oposición, Moscú ralentizó las reformas y pasó a buscar mayores compromisos y acomodos con las fuerzas que se rebelaban contra la ocupación. Esto provocó diferencias incluso dentro del PDPA, ahora predominantemente parcham. Karmal fue sustituido al frente por Najibullah Khan en 1986, el año en que Gorbachov decidió retirarse, decisión que se completó a mediados de febrero de 1989. En este interregno de 1986-89, se puso en marcha un programa de «Reconciliación Nacional» y una Asamblea Nacional para la que se celebraron elecciones en 1988. El Islam se convirtió en la «religión sagrada» del país. Hubo propuestas frustradas para formar un gobierno de coalición con los partidos de la oposición. En abril de 1988 se firmaron los Acuerdos de Ginebra entre Pakistán y Afganistán, en los que ambas partes se comprometían a no interferir y a permitir el regreso voluntario de los refugiados. Estos Acuerdos contaron con el apoyo de Estados Unidos y la URSS, y cada uno de ellos prometió la no injerencia en los dos países, al tiempo que se fijó un calendario para la retirada total de la Unión Soviética.

Parte de la razón por la que Gorbachov decidió retirarse fue su esfuerzo por poner fin al propio enfrentamiento de la Guerra Fría. Sin embargo, los sucesivos gobiernos estadounidenses, envalentonados por el posterior colapso soviético y del bloque oriental en 1991, no dudaron en traicionar los Acuerdos de Ginebra y seguir canalizando armas y dinero a los opositores muyahidines del PDPA. El PDPA, por su parte, adoptó el nuevo nombre de Partido de la Patria en 1990 y abandonó toda referencia al marxismo-leninismo. Al año siguiente, el gobierno se desmoronó, pero los diversos grupos muyahidines, a pesar de los esfuerzos saudíes respaldados por Estados Unidos, fueron incapaces de unirse y la guerra civil continuó entre las fuerzas islámicas rivales. Los refugiados siguieron acudiendo a Pakistán e Irán, así como los desplazamientos internos masivos. La principal línea de batalla en esta guerra civil era ahora entre los talibanes, mayoritariamente pastunes, formados oficialmente en 1994 y respaldados por Pakistán, y la Alianza del Norte, formada por diferentes señores de la guerra. En 1996 los talibanes habían capturado más del 80% del país y entrado en Kabul.

Estableció el «Emirato Islámico de Afganistán» y aplicó su propia y muy estricta interpretación de la sharia. Se prohibieron los trabajos para las mujeres fuera de la sanidad segregada. Se impusieron códigos de vestimenta cerrados para las mujeres en público, en los que debían estar acompañadas por un pariente masculino, mientras que a las niñas se les negaba el acceso a la educación escolar y universitaria. Diversas actividades culturales y recreativas fueron calificadas de antiislámicas y provocaron severos castigos. Los chiíes, las comunidades religiosas no musulmanas y las minorías étnicas se enfrentaron a graves discriminaciones y restricciones culturales. Los talibanes tampoco fueron capaces de resolver adecuadamente la terrible situación económica de la mayoría de la población, asolada por años de guerra. Solo Pakistán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos reconocieron el nuevo régimen, lo que limitó las perspectivas de conseguir la tan necesaria ayuda exterior al desarrollo y la ayuda humanitaria. La estabilidad del régimen talibán fue el resultado del agotamiento de la población más que del consentimiento activo. La resistencia armada se limitó a pequeños focos en el norte.

Las actitudes y políticas iniciales de Estados Unidos no eran hostiles al régimen talibán. Aunque no se produjo un reconocimiento diplomático formal, se creó una «oficina» afgana en Nueva York para mantener el contacto. Clinton aprobó la oposición de los talibanes a Irán, que había apoyado a los hazaras contra los que los talibanes habían luchado anteriormente. Washington también estaba intentando que el proyecto de oleoducto TAPI (Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India) se concediera a un consorcio de empresas dirigido por Estados Unidos frente a un rival argentino. El acuerdo no fructificó y en 1998 Al Qaeda fue sospechoso de la realización de atentados en las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Clinton respondió con atentados en Sudán y a las bases de Al Qaeda en Afganistán. A partir de ese momento, las relaciones se deterioraron constantemente, pero no impidieron un acuerdo en el 2000 por el que Estados Unidos pagó 43 millones de dólares a los talibanes por quemar los campos de adormidera bajo su control; lo que, por cierto, permitió a la Alianza del Norte tener el monopolio de los ingresos del opio.

Los atentados del 11-S en Nueva York y Washington constituyeron crímenes internacionales contra la humanidad. Pero no fue así como lo vio el gobierno estadounidense. Eso significaría designar a los culpables (de los 19 secuestradores, 15 eran saudíes y ninguno afgano) como criminales, así como a la red de Al Qaeda; e ir tras los responsables específicamente. En cambio, el gobierno estadounidense declaró que el 11-S era la primera salva contra él por parte de los terroristas en una guerra global. Además, se afirmó inmediatamente que no habría distinción entre los culpables (y los terroristas en general) y el país o países que los albergaban. Esto sirvió al objetivo mucho más amplio de la política exterior de EE.UU. porque transformó un conflicto contra una red no estatal en un conflicto entre él mismo y una serie de Estados que ahora podían, con justificación propia, ser atacados e invadidos. Se llenó una lista oficial de países de los que se decía arbitraria y selectivamente que albergaban grupos terroristas, así como una lista de organizaciones terroristas (los talibanes se añadieron por primera vez a esta lista).

Durante las dos décadas siguientes, en nombre de la Guerra Global contra el Terrorismo (GWOT), Estados Unidos, bajo diferentes presidentes (Clinton, Obama, Bush), atacaría nueve países de mayoría musulmana creando las condiciones para que hubiera varios millones de muertos. El jefe de los talibanes, el mulá Omar, condenó los atentados del 11-S y se ofreció a entregar a Bin Laden a la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) para que fuera juzgado. Sin embargo, los intereses de Estados Unidos no solo tenían que ver en parte con la captura de Bin Laden o la destrucción de Al Qaeda. Había ambiciones más amplias en juego. En consonancia con los objetivos estratégicos de la posguerra fría, el control de Afganistán supondría un espectacular avance geopolítico y militar, implantando a Estados Unidos en una región fronteriza con sus tres rivales potenciales o reales más importantes -Rusia, China e Irán-, además de proporcionarle un acceso mucho mayor a las mayores fuentes de riqueza de hidrocarburos, entonces sin explotar, en las repúblicas de Asia Central.

A partir del 7 de octubre, 2001, se produjeron seis semanas de intensos bombardeos que incluyeron el uso de letales «cortadores de margaritas» y bombas de racimo, seguidos de una gran afluencia de tropas. Al final, 2001Estados Unidos tenía el mando completo. ¿Cómo fue posible? La clave fue la presión y las amenazas de Estados Unidos a Pakistán. Este último persuadió a los talibanes para que conservaran a sus combatientes, abandonaran el control político, se fundieran en el campo y en las tierras pastunes a ambos lados de la Línea Durand; y así poder luchar otro día siempre y cuando fuera necesario. Incluso después de esta rápida victoria, Estados Unidos gobernó básicamente a través de un apoderado, estableciendo un gobierno representativo de las diversas facciones socialmente brutales de la Alianza del Norte y dirigido por Hamid Karzai. A los bombardeos a gran escala se añadieron las misiones de «búsqueda y destrucción» de Estados Unidos contra un enemigo físicamente desconocido, lo que se traduciría en brutalidades a nivel masivo contra las familias rurales, provocando una amargura cada vez mayor entre amplios sectores de la población. Hubo que tolerar el posterior auge de la producción e intercambio de adormidera/opio, ya que era una fuente importante y creciente de riqueza para los grupos de la Alianza del Norte. En resumen, Estados Unidos gobernó a través de regímenes títeres corruptos cuya «lealtad» se extendía solo hasta donde podía llegar su patrocinio, mientras que dejaba a las masas del campo sujetas al complejo entrecruzamiento de los centros de poder tradicionales en los que ahora se estaban insertando y expandiendo las fuerzas subterráneas de los talibanes.

Durante los siguientes veinte años, la mayor parte de los más de 2 billones de dólares aportados por Estados Unidos se gastaron en las fuerzas de ocupación, el personal relacionado y las redes de apoyo. Gran parte del resto fue drenado por los colaboradores afganos. Se produjo cierto desarrollo en las ciudades y las ONG financiadas con fondos extranjeros, nacionales e internacionales, se convirtieron (en salarios e instalaciones) en proveedores de servicios de «alto mantenimiento» para algunos sectores de la población. En términos generales, Afganistán siguió siendo pobre, pero con mayor desigualdad en cuanto a ingresos y riqueza. Su clasificación como país en 2019 fue de 148 de 183 (esperanza de vida), 166 de 191 (mortalidad infantil), 165 de 191 (mortalidad de menores de 5 años), 176 de 178 (jóvenes no escolarizados ni empleados). La Constitución de 2004 estableció un mandato presidencial de cuatro años elegido al estilo estadounidense y restableció las dos cámaras parlamentarias. Se concedieron algunos derechos civiles y políticos y el poder judicial debía estar separado del ejecutivo. Pero el inconveniente crucial era que todas las leyes y derechos quedaban subordinados a la ley islámica para esta «República Islámica de Afganistán». Esto significaba que los poderes que gobernaban a nivel central y provincial y cuáles eran sus opiniones y creencias religiosas, decidirían qué prácticas y derechos de comportamiento serían aceptables. La base aérea de Bagram se entregó en el 2005 a Washington por el tiempo que quisiera.

A partir de 2004/5 los talibanes empezaron a revivir. Su rigor puritano les permitía actuar localmente como árbitros relativamente incorruptibles de diversas disputas, así como los únicos o principales oponentes de la invasión extranjera, el gobierno corrupto y sus factótums. No fueron las «virtudes» de los talibanes ni su lealtad ideológica lo que les dio un creciente apoyo popular, sino mucho más las condiciones negativas -económicas, sociales y políticas-, de la situación realmente existente de la que se responsabiliza el régimen actual. Entre 2005 y 2009, los talibanes, ahora dispuestos a moderar sus programas y prácticas socioculturales, y buscando reclutas entre tayikos, uzbekos e incluso hazaras, se expandieron territorialmente desde sus principales bastiones en el sur. También fue capaz de infiltrarse en la policía y el ejército afganos, y sus acciones de guerrilla empezaron a cambiar las tornas. Por un lado, estaba esta reorganización de los talibanes y por otro la creciente venalidad del gobierno afgano y de los miembros de la Alianza del Norte. En esta situación, para un número cada vez mayor de personas, la cuestión se convirtió simplemente en elegir entre dos bandos: una resistencia por muy puritana que fuera y un régimen corrupto incapaz de abordar los problemas de desarrollo de la mayoría de la población y respaldado por los invasores extranjeros.

Sin embargo, los veinte años de guerra en Afganistán también han desestabilizado a Pakistán. Estados Unidos, al percibir el resurgimiento de los talibanes a partir de mediados de la década de 2000, decidió que tenía que atacar el «refugio seguro» de los talibanes en la Provincia de la Frontera Noroeste de Pakistán. Para ello, Washington negoció el regreso de Benazir Bhutto con Musharraf en 2008. Los. términos de ese acuerdo significaban que él seguiría siendo presidente para un tercer mandato, mientras que se retirarían los cargos de corrupción contra ella. Ella y su Partido Popular de Pakistán (PPP) participarían en las elecciones, lo que casi con toda seguridad la impulsaría a la presidencia, y ambos respaldarían que Estados Unidos convirtiera el conflicto en una guerra «Afpak» mediante la realización de ataques con aviones no tripulados y bombas en la Provincia de la Frontera Noroeste y, especialmente, en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA), más autónomas. En el transcurso de la campaña electoral, Bhutto fue asesinada. El marido de Bhutto, Asif Zardari, en medio de una ola de simpatía pública y de un levantamiento popular contra Musharraf liderado por abogados, llevó al PPP a la victoria en 2008. Musharraf se vio obligado a exiliarse y Zardari asumió la presidencia del país, comprometido con el acuerdo con Estados Unidos que implicaba el ataque a las FATA. El ejército pakistaní tenía serios reparos a los bombardeos estadounidenses, muy consciente de que esto alienaría a la población, avivaría el nacionalismo pastún y también contribuiría a poner a los Tehrik-e-Taliban (una fuerza auxiliar de los talibanes afganos), con base en Pakistán, en contra del gobierno y el ejército. A pesar de los pagos materiales y monetarios de Estados Unidos al ejército y al gobierno, y de los prolongados bombardeos y la guerra con aviones no tripulados en las FATA, ninguno de estos esfuerzos pudo impedir el constante avance de los talibanes afganos. Sin embargo, el coste humano para la población de la región aumentó constantemente y el asalto estadounidense ha creado, como característica más duradera, la hostilidad duradera de los talibanes pakistaníes tanto hacia Islamabad como hacia Washington.

A mediados de la segunda década del siglo XXI, Estados Unidos se enfrentaba a tres opciones. ¿Debía seguir apoyando al ejército afgano (que no mostraba ninguna capacidad real de combate) y al régimen títere cuyos principales líderes -Karzai, Abdullah, Ghani- estaban enfrentados entre sí? ¿Debería adoptar una actitud de espera a más largo plazo, con todo lo que ello conllevaría en términos de mayor inversión de personal y recursos? ¿O debería comenzar el proceso de reducción y salida? Primero Trump y luego Biden hicieron tratos con los talibanes que, salvo gestos de reconocimiento para salvar la cara del gobierno afgano saliente, significaron efectivamente su abandono. Pero la pregunta crucial sigue siendo: ¿por qué, en última instancia, Estados Unidos decidió marcharse?

La guerra de Vietnam es, en opinión de este escritor, el punto de inflexión fundamental. El número de muertos de EE.UU. allí, dejando de lado a los heridos, fue de más de 58.000. Desde entonces, ningún gobierno estadounidense ha sido capaz de vender a su propio público su disposición a sacrificar vidas familiares que supongan siquiera una quinta parte de ese total. El hecho de que EE.UU. conserve una inmensa potencia de fuego y una capacidad inigualable para infligir matanzas a larga distancia a escala masiva significa que es capaz de realizar avances iniciales en el campo de batalla con considerable facilidad contra los ejércitos contrarios en la mayor parte del mundo. Esto es lo que ocurrió en Afganistán en 2001 y en Irak en 2003. Pero es cuando se convierte en una fuerza de ocupación que tiene que trabajar sobre el terreno en medio de un público alienado, es cuando puede surgir el verdadero dilema. Después de Vietnam, EE.UU. no puede sufrir fácilmente el alto nivel de bajas de personal oficial que puede producirse durante una ocupación prolongada durante muchos años si hay una resistencia guerrillera armada igualmente decidida, llevada a cabo mediante el apoyo rural y urbano, que se enfrenta a ella y está dispuesta a luchar por mucho tiempo. Los ejércitos locales pagados o los mercenarios extranjeros que sustituyan al personal militar oficial de EEUU en las acciones no serán suficientes si el número de muertos entre estos últimos (y ellos) es demasiado alto y el gobierno respaldado localmente es incapaz de establecer su mandato de forma estable y que apoye los intereses económicos y políticos de EEUU. En el Irak de hoy y de ayer, el régimen chiíta que gobierna está más cerca de Irán que de Estados Unidos y las luchas internas continúan. En Afganistán, la sucesión de gobiernos proestadounidenses nunca ha tenido el respaldo público necesario para prometer la estabilidad futura, y mucho menos el fin de la resistencia actual. En resumen, los beneficios políticos y económicos (¿alguien, salvo los liberales autoengañados, cree que el motivo principal de las incursiones extranjeras de Estados Unidos es la exportación de la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género?) han resultado ser demasiado bajos en comparación con los costes monetarios y físicos de mantener una ocupación de alto nivel. Si Irak ha proporcionado esta lección a EE.UU., en Afganistán el retroceso es aún más descarnado y completo.

Ante esta retirada, los talibanes tenían asegurada la victoria sobre el terreno, aunque la rapidez con la que se produjo fue una sorpresa. A finales de agosto de 2021, los talibanes y sus gobernantes habían tomado la mayor parte del país, incluida Kabul, aunque quedaban focos de resistencia armada. En este periodo de ocupación los muertos estadounidenses (soldados y contratistas) han sido unos 6.500. En cambio, estimaciones extremadamente conservadoras de fuentes universitarias estadounidenses, afirman que el total de muertes afganas hasta finales de 2019 (soldados/policía del gobierno, combatientes de la oposición, civiles) fue de alrededor de 160.000. Otras fuentes más cercanas al presente, que intentan tener en cuenta las muertes no declaradas, tienen estimaciones de víctimas civiles que van desde unos cientos de miles hasta un millón o más. Alrededor de cuatro millones de afganos han sido desplazados internamente y unos 2,7 millones se han convertido en refugiados externos.

La evolución futura de Afganistán es obviamente incierta. El comportamiento de otros países, especialmente de las principales potencias vecinas como Pakistán, China, Irán y Rusia -dejando de lado a la India y a las repúblicas centroasiáticas limítrofes de Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán- dependerá de una u otra manera de lo que ocurra a corto y medio plazo en Afganistán. Es cierto que este talibán ha aprendió de su anterior aislamiento internacional y reconoce que, en las dos décadas transcurridas desde su último gobierno, se ha producido un aumento absoluto y proporcional de un sector más amplio de la población, sobre todo, aunque no solo, en las ciudades y los grandes pueblos, que busca los beneficios de una mayor modernización, es decir, más bienestar material, educación, igualdad de género y libertades personales. Hasta ahora, los indicios apuntan a que, desde el punto de vista económico, los talibanes saben que necesitan tanto ayuda como inversiones extranjeras para desarrollar su considerable riqueza mineral, además de tener que hacer algo para resolver sus graves problemas agrarios y de desempleo/subempleo. Aunque su actual interpretación de la sharia y de los «dictados» islámicos sea algo menos puritana y extrema en lo que respecta a los derechos de las mujeres y las niñas, sigue siendo una fuerza muy misógina que seguirá estableciendo prescripciones sobre la presencia y el comportamiento públicos, por ejemplo, la educación segregada, el control de las vías de trabajo y los puestos en ellas, las restricciones en la vestimenta y la socialización. Reveladoramente, parece que el Gabinete que se está estableciendo va a ser exclusivamente masculino. Sin duda, los talibanes impondrán la censura en los medios de comunicación impresos, electrónicos y sociales.

No habrá ningún movimiento para instaurar un sistema democrático (que antes no existía de forma adecuada o veraz) y probablemente será gravemente discriminatorio para los chiíes y otras minorías religiosas y étnicas. Desde el punto de vista político, la cuestión clave a corto plazo es si se producirá un giro hacia una guerra civil. Si esto no se evita, se puede estar seguro de que las potencias externas volverán a apoyar a sus apoderados particulares en las luchas por la ventaja y la supremacía. ¿Hasta dónde llegarán los talibanes para compartir el poder con los líderes de otros grupos étnicos, con los señores de la guerra y con los líderes provinciales? ¿Y hasta qué punto se repartirá el botín? ¿Puede garantizarse algún tipo de sistema de gobierno más duradero, aunque flexible y de coalición, en la mayor parte del país? Los últimos indicios apuntan a que, si bien algunos otros pueden ser acomodados en los niveles de gobierno y administrativos más bajos, el dominio de los pastunes se mantendrá.

Las perspectivas de las principales potencias extranjeras dependerán de la eficacia con la que los talibanes sean capaces de contener los numerosos conflictos que existen desde hace tiempo en la sociedad afgana y de impedir que actúen los grupos islamistas radicales comprometidos con el fomento de las luchas en otros países. En este sentido, hay otra cuestión de importancia clave. ¿Pueden los principales líderes talibanes, como Habitullah Akhundzada y el mulá Baradar, controlar a la facción Haqqani en el interior y a fuerzas como el Estado Islámico en el exterior? Tanto Haqqani como el EI son contrarios a los chiíes y hasta ahora están muy comprometidos con la exportación de sus variantes del Islam radical. Este será un punto de fricción incluso para las potencias no estadounidenses que siguen la evolución de Afganistán. Por ejemplo, China: ya tiene importantes inversiones mineras en Afganistán; promete ayuda y más inversiones importantes para la extracción de minerales, especialmente de litio.¹ La expansión de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI) hacia y a través de Afganistán, Pakistán e Irán es otro proyecto pendiente de realización.² Desde el punto de vista geopolítico, la consolidación de un «contracuarteto» de China, Irán, Rusia y Pakistán contra las alianzas lideradas por Estados Unidos que pretenden exprimir a cada uno de estos países solo se vería facilitada por unas relaciones sólidas con un Afganistán que tiene sus propios motivos para temer futuras represalias y presiones. Sin embargo, la responsabilidad de Kabul frente a Pekín es que no debe permitir que el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (ETIM) que existe en

Afganistán para llevar a cabo acciones de apoyo, armadas o no, a los uigures reprimidos en la provincia china de Xinjiang, al otro lado de la frontera.

Históricamente, Pakistán era el único país de mayoría musulmana que, comparativamente, contaba con el ejército más aguerrido, la mayor reserva de técnicos y expertos cualificados, el único que disponía de la bomba nuclear y era el aliado más o menos fiel de Estados Unidos desde hacía mucho tiempo. Servía a los intereses de este último en Asia Occidental con sus estrechos lazos militares y políticos con Arabia Saudí, además de ser un contrapeso a Irán. También fue, debido a su influencia en Afganistán, una plataforma de lanzamiento para las ambiciones estadounidenses en Asia Central. En la actualidad, Pakistán ha perdido la mayor parte de su relevancia geopolítica para Estados Unidos. Los recientes «Acuerdos de Abraham», respaldados por Estados Unidos, entre Israel, por un lado, y los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Bahréin, por otro (con el silencioso asentimiento de Arabia Saudí, cuya inauguración de relaciones diplomáticas formales con Israel esperará probablemente a la ascensión al trono del actual príncipe heredero Mohammed bin Salman) representan un cambio significativo en la región. En este nuevo reordenamiento de poderes, que simboliza sobre todo la unidad implícita de intereses entre Arabia Saudí e Israel contra Irán, Pakistán deja de ser un aliado importante para los intereses de Estados Unidos respecto a Asia Occidental. La pérdida de Afganistán también debilita la relevancia de Islamabad con respecto a Asia Central, mientras que India, el rival del sur de Asia, recibe una factura mucho mayor, tanto económica como geopolíticamente, para contener a China en la región de Asia-Pacífico. Pakistán se ve empujado por las circunstancias hacia una mayor consolidación del cuarteto contrario mencionado anteriormente. Su política militar de tener «profundidad estratégica» frente a India significa que quiere mantener relaciones estrechas con los talibanes afganos, pero no quiere una situación en la que vuelva a sufrir una gran afluencia de refugiados, la extensión del comercio de opio o un mayor estímulo al nacionalismo pushtuni.

Rusia, al igual que China, tiene en cuenta las oportunidades económicas y también ve virtudes en la consolidación del contra-cuarteto -quizás con la presencia de Afganistán, mejor llamado quinteto-. La principal preocupación de Moscú es mantener su «esfera de influencia» con respecto a Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, especialmente este último, que es el que está más bajo su influencia. Estos tres Estados laicos de línea dura son también muy autoritarios, por lo que la resistencia dentro de estos países ya sea fuerte o débil, está dirigida por fuerzas fundamentalistas islámicas. Estas fuerzas de resistencia buscarán el apoyo de sus homólogos étnicos en Afganistán. Si Kabul quiere mejorar sus relaciones con Rusia y los frutos económicos y políticos que ello conlleva, la tarea que tiene por delante es clara: controlar a esos grupos islamistas. El Irán chiíta también está dispuesto a colaborar con el régimen suní de los talibanes, pero, al igual que Pakistán, no quiere la entrada de refugiados ni el comercio de opio y, desde luego, no quiere atacar a los chiítas hazaras.

¿Qué papel juegan Estados Unidos e India? EE.UU. seguirá buscando el acceso a Asia Central no tanto por la riqueza en hidrocarburos (la fracturación hidráulica ha aumentado sustancialmente las reservas de combustibles fósiles en EE.UU.), sino por motivos geopolíticos. Había establecido bases militares en la región con el consentimiento de los gobiernos de Tayikistán y Uzbekistán. Estos gobiernos retiraron su consentimiento en 2005 y respectivamente en 2015. Sin embargo, si las insurgencias fundamentalistas vuelven a alcanzar niveles significativos, Washington tiene motivos para esperar que estos dos países (especialmente Uzbekistán, que es el que más recela de Rusia) estén dispuestos a solicitar apoyo militar como acto de equilibrio frente a Rusia y los insurgentes afganos. Estados Unidos no ha abandonado, ni abandonará, su esfuerzo por seguir siendo la potencia preponderante a nivel mundial. Para la derecha dura estadounidense esto es un imperativo constante. Para los defensores de la línea menos dura del «internacionalismo liberal», esta supremacía relativa sobre todas las demás potencias es la única manera de establecer un «orden mundial benigno» que supuestamente está destinado a presidir Estados Unidos. La búsqueda de esta hegemonía mundial ha creado el caos global y el sufrimiento masivo, y seguirá haciéndolo.

En cuanto a la India, la característica más distintiva de la política exterior del gobierno de Modi, en comparación con la de los gobiernos anteriores, es su uso de las posturas y la retórica externas para promover la hegemonía ideológica interna. Por ello, Pakistán debe ser visto como un enemigo duradero cuyas maquinaciones amenazan constantemente al país. Por ello, se dice que los acontecimientos en Afganistán han ampliado la «profundidad estratégica» de Pakistán y lo han envalentonado para ser más agresivo con India. El sentimiento antipaquistaní aglutina a todo tipo de liberales indios (e incluso a gran parte de la corriente principal de la izquierda) y, por tanto, es más amplio que los sentimientos antimusulmanes. Es posible que Nueva Delhi extienda el reconocimiento diplomático a Kabul antes que Estados Unidos, pero la búsqueda de mejores relaciones seguirá básicamente las indicaciones de la futura trayectoria de la relación entre Estados Unidos y los talibanes. La relación de India con Estados Unidos es mucho más importante que la de los talibanes. Sin embargo, a efectos internos, la amenaza «interna» que supone la talibanización de Afganistán se exagerará al máximo. Algunas organizaciones y voces musulmanas serán calificadas de quintacolumnistas reales o potenciales, lo que se sumará a la estigmatización del islam y de los musulmanes, tan central en la ideología hindutva. Se hablará más de grupos insurgentes afganos en Cachemira para justificar la brutal represión de este gobierno (y de los anteriores) en el Valle. La insurgencia respaldada por el extranjero siempre ha servido de excusa para encubrir el hecho del profundo distanciamiento de la mayoría musulmana de la región con respecto al gobierno indio; ahora reforzado por la eliminación por parte de Modi de cualquier autonomía limitada que tuviera la región mediante la anulación inconstitucional (aceptada silenciosamente por el Tribunal Supremo) del artículo 370 en agosto 2019.

Para los marxistas y los revolucionarios progresistas, nuestras posiciones, perspectivas y acciones no parten de los «intereses nacionales» de estados de clase estructuralmente sesgados. Por el contrario, debemos partir de la cuestión de cómo podemos ayudar y apoyar al pueblo afgano. Las invasiones de la URSS y de Estados Unidos nunca estuvieron justificadas y debían ser objeto de una oposición decidida e incondicional. Que la ocupación estadounidense haya terminado es bueno. Sin embargo, esto no significa que debamos respaldar en modo alguno a los talibanes, que son una fuerza reaccionaria que se opone a la igualdad de género, a las libertades personales y a la democracia política, y que es étnica y religiosamente sectaria y discriminatoria. Debemos luchar dentro de nuestros países, así como en asociaciones con grupos progresistas de la sociedad civil internacional y con individuos, para sensibilizar al máximo a la opinión pública y para que apoye una serie de medidas necesarias. Los gobiernos deben abrir sus fronteras para permitir el pleno acceso a las personas que buscan el estatus de refugiado o el asilo. Pueden discutir entre ellos la mejor manera de compartir esta responsabilidad colectiva. En este sentido, el historial del gobierno indio, especialmente éste, es malo. India fue y sigue siendo un país que no es parte de la Convención de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que entre otras cosas rechaza la devolución (retorno forzoso de los refugiados a sus lugares de desplazamiento/persecución). Este gobierno de Modi ya ha llevado a cabo esa repatriación de rohingyas simplemente porque son musulmanes. Hay estudiantes afganos en la India que deben obtener visados ampliados y permanecer aquí todo el tiempo que consideren necesario. Esta hostilidad hacia los musulmanes y el Islam también se refleja en la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (aplicable a Afganistán), que prevé la naturalización por vía rápida solo para los no musulmanes.

Las sanciones económicas han creado invariablemente sufrimiento para la gente de a pie, mientras que han dejado ilesos (o incluso reforzados) a los ricos y a las élites gobernantes, allí donde se han aplicado. No debemos apoyar esta forma de actuar. Estados Unidos no tiene por qué congelar los 9.500 millones de dólares que pertenecen al Banco Central Afgano, y debería liberar inmediatamente estos activos. De hecho, debería haber un llamamiento generalizado a nivel mundial para que Estados Unidos pague reparaciones masivas al país. Por supuesto, Washington no va a hacerlo. Pero, aunque solo sea por eso, este llamamiento se opone a los esfuerzos motivados de muchos gobiernos y medios de comunicación y comentaristas que tratan de desviar la culpa de las iniquidades de la ocupación estadounidense y de ocultar este pasado desviando el discurso general hacia futuros peligros terroristas y de otro tipo. El suministro de ayuda humanitaria a través de canales progresistas de todo tipo ya sea por parte de los gobiernos o de actores no estatales, es una necesidad. Esta ayuda económica debe ser incondicional en los ámbitos vitales de la alimentación, la salud, la vivienda y muchas otras necesidades básicas. Pero también hay lugar para formas de apoyo económico condicionado. No son lo mismo que las sanciones, que perjudican imponiendo sufrimiento, sino que son ofertas adicionales de ayuda que, al estar condicionadas, presionan al gobierno afgano para que tome medidas en el ámbito de los derechos humanos y la pacificación que, de otro modo, no haría o sería reacio a hacer. Así que sí, hay un papel para el ejercicio de la presión política, diplomática, cultural y algunas formas de presión económica, pero no para ninguna amenaza, acción o forma de presión militar.

¡Debemos decir no al imperialismo, no a los talibanes y debemos extender nuestra solidaridad al pueblo de Afganistán en su esfuerzo por construir un futuro mejor!

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