Han transcurrido cuatro meses desde la operación «Inundación de Al-Aqsa» y el comienzo de la guerra genocida sionista que le siguió. La situación ha superado ya a la Nakba de 1948 tanto en intensidad del desastre como en términos de horror. Consideremos los hechos presentados por el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada en un notable artículo publicado por el New York Times el 29 de enero: Israel lanzó sobre la Franja de Gaza tantos explosivos como el equivalente a dos bombas atómicas del tipo que utilizó Estados Unidos sobre Hiroshima en 1945.
Este bombardeo masivo ha provocado hasta ahora la destrucción de aproximadamente el 70% de los edificios de todo el enclave, y del 85% en su mitad norte. Como resultado, 70.000 viviendas quedaron completamente destruidas y 290.000 parcialmente destruidas. Si a esto añadimos la destrucción de la infraestructura de servicios como el agua y la electricidad, y el sistema sanitario, incluidos los hospitales, así como la red educativa (escuelas y universidades), los lugares culturales y religiosos, y los edificios históricos, el resultado es una erradicación casi completa de la Gaza palestina. Esto es similar a la erradicación de la mayoría de los rastros de la vida palestina mediante la destrucción de unas 400 ciudades y pueblos en el 78% de la tierra de Palestina de la que se apoderó el Estado sionista en 1948, entre el río y el mar.
El relator de la ONU propuso añadir un nuevo crimen a la lista de crímenes contra la humanidad, un crimen que denominó «domicidio». Mencionó casos en los que este concepto se aplica en el siglo actual: Grozni, en Chechenia, completamente destruida por el ejército ruso de Vladimir Putin a principios del presente siglo; Alepo, en Siria, destruida por el ejército ruso aliado con las fuerzas iraníes y del régimen de Assad en 2016; y Mariupol, en Ucrania, destruida por el ejército ruso en los primeros meses de la invasión rusa de Ucrania en 2022. A la lista del relator hay que añadir Faluya, en Irak, destruida en su mayor parte por el ejército estadounidense en 2004, en el segundo año de su ocupación de Irak, así como Mosul, en Irak, y Raqqa, en Siria, ambas destruidas por las fuerzas estadounidenses y sus aliados durante la guerra contra el ISIS en 2017.
El «domicidio» de Gaza difiere, sin embargo, de todos estos casos en que no afectó sólo a una ciudad, sino a todo el enclave, incluidas todas sus ciudades, un área mucho mayor que la de cualquiera de las ciudades mencionadas anteriormente. El «domicidio» de Gaza ha ido acompañado de un genocidio contra su población. No sólo matando a un alto porcentaje de ellos: unos 27.000 al momento de escribir estas líneas, o más del uno por ciento de la población total, según las cifras facilitadas por el Ministerio de Sanidad de Gaza, que no tienen en cuenta el número de los que mueren como consecuencia de las catastróficas condiciones sanitarias creadas por la agresión, agravadas por la restricción israelí del acceso de la ayuda humanitaria a la Franja. Estas condiciones hacen que una gran parte de los palestinos heridos, que son aproximadamente 70.000, sean vulnerables a la muerte o a consecuencias permanentes que podrían haberse evitado si se hubiera dispuesto del tratamiento necesario. Lo mismo puede decirse del número de personas que padecen enfermedades naturales y que ya no reciben los medicamentos que necesitan para sobrevivir.
Añádase a todo lo anterior que aproximadamente dos millones de personas, es decir, el 85% de la población de la Franja de Gaza, fueron desplazadas de sus hogares a la ciudad de Rafah y a otras zonas adyacentes a la frontera egipcia. Incluso si la agresión cesara de repente hoy y se permitiera a los desplazados ir a donde quisieran dentro de la Franja de Gaza, la gran mayoría de ellos se vería obligada a permanecer en su refugio actual debido a la destrucción de sus hogares. Además, el ejército sionista se dispone ahora a completar su ocupación de la Franja de Gaza invadiendo Rafah, con lo que empeorará inevitablemente la condición de los desplazados, aunque les obligue a trasladarse de nuevo a otra zona del sur de la Franja de Gaza, para ponerlos bajo su control y desvincularlos de lo que queda de las instituciones que Hamás dominaba desde que se hizo con el gobierno del enclave en 2007.
Todo esto es, en efecto, una enorme catástrofe que supera en intensidad y horror a la Nakba de 1948, una nueva Nakba cuyo impacto político en la historia de la región, e incluso del mundo, no será menor que el de la Nakba anterior, como sin duda demostrará el futuro. Frente a este horroroso escenario, la cháchara de la administración estadounidense y de otros gobiernos preocupados por las consecuencias de esta nueva Nakba, o más bien su balbuceo sobre una «solución» a la cuestión palestina, se refiere a una extensión a la Franja de Gaza del estatuto de la Zona A de Cisjordania, poniéndola de nuevo bajo la supervisión de la Autoridad Palestina que a su vez está bajo control directo israelí, junto con la continuación del despliegue de las fuerzas de ocupación en la mayor parte de Cisjordania (Zonas B y C) y su intervención militar a voluntad en la Zona A. Llamar «Estado» a una entidad que en realidad goza de menos soberanía que la que se concedió a los bantustanes de Sudáfrica durante la época del apartheid, no es más que un miserable intento de encubrir la responsabilidad de Washington, junto con la mayoría de los Estados europeos, en el fomento de la guerra genocida sionista, y en permitirla militarmente, ya que Israel ciertamente no habría sido capaz de llevar a cabo todo lo descrito anteriormente sin el apoyo militar de Estados Unidos.