Desde Anticapitalistas queremos mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad popular a todas las personas afectadas por la DANA. Van casi ya un centenar de personas fallecidas tras las inundaciones que han afectado a País Valencià, Castilla-La Mancha, Andalucía, Catalunya y Murcia, junto a decenas de personas que siguen desaparecidas y unos elevadísimos daños materiales. Esperamos que las personas desparecidas sean localizadas lo antes posible y las tareas de reconstrucción se ejecuten a la mayor brevedad. Sin embargo, no podemos dejar esto como una desafortunada tragedia.

Las catástrofes naturales no existen, no es el agua lo que los ha matado. Ninguna lluvia torrencial ocurre en el vacío, caen sobre una realidad social y política. Es ahí donde debemos buscar, señalar y combatir los responsables de este funesto episodio. Nosotras tenemos claro que los gobiernos, las empresas y el capital fósil tiene una clara responsabilidad.

Gobiernos. El gobierno autonómico de Carlos Mazón ha actuado con una negligencia sobre la que no solo deben exigirse responsabilidades políticas, sino también penales. En 2023 desmanteló la Unidad Valenciana de Emergencias, la cual consideraban un chiringuito y la dejaron en manos de una extrema derecha negacionista del cambio climático. Durante el pasado 29 de octubre, la Generalitat Valenciana no estableció el nivel de emergencia correspondiente ni envió alertas a la población hasta bien entrada la tarde, a pesar de los avisos emitidos por las agencias meteorológicas los días previos y esa misma mañana. Eso hizo que cientos de personas quedaran expuestas a un riesgo extremo del que se tenía plena constancia. No se puede denominar error a una serie de decisiones conscientes que han conducido a la muerte a decenas de personas. Al mismo tiempo, seguimos con preocupación las dificultades que están experimentado múltiples localidades en las que se ha interrumpido los suministros básicos de energía, agua y alimentos. Resolver cuanto antes esta situación es vital para que el impacto social no siga aumentando, y tanto gobierno autonómico como central son responsables de ello.

Empresas. Muchas de las personas muertas o desaparecidas no habrían estado en el lugar y en el momento inadecuado si no fuera por unas empresas que les obligarles a permanecer en su centro de trabajo, a pesar del riesgo extremo que eso suponía. La explotación y la extracción de beneficios es más importante que la vida de sus trabajadoras. Siempre lo ha sido, y siempre lo será. Aquí no cabe pedirle por favor a las empresas que no expongan a sus trabajadores. Cualquier legislación de prevención de riesgos laborales se queda en papel mojado si no existe un contrapoder sindical con capacidad de imponer su autoridad y confianza. Lo que corresponde es avanzar en la construcción de ese poder sindical que deje claro que la clase trabajadora no se volverá a quedar en su centro de trabajo mientras la avaricia de sus jefes pone su vida en riesgo. Por otro lado, debemos empezar a anticipar el impacto económico y laboral que va a sufrir la región en el futuro próximo. El Gobierno de España ha pedido ya a las empresas que soliciten ERTEs. Si extraemos lecciones de la pandemia hay una cosa que tiene que quedar clara: cualquier transferencia de dinero público debe tener una fuerte condicionalidad, tanto laboral como de transformación productiva. Si las decisiones de reconstrucción se mantienen en las manos de las mismas empresas que nos han conducido a esta situación, estamos condenadas a repetir trágicamente la historia.

Capital fósil. Al igual que ocurre con olas de calor o incendios, lluvias torrenciales e inundaciones como las que hemos visto se relacionan directamente con el caos climático al que nos ha condenado el capital fósil. Eventos que antes ocurrían cada 100 años ahora se suceden cada 10, cada 5, cada 3. La responsabilidad se encuentra el entramado económico y de poder que impone un sistema que quema compulsivamente ingentes cantidades de combustibles fósiles. Mientras Repsol se queja de los impuestos, registra un beneficio de 3.168 millones. Mientras el Gobierno de España se presenta como adalid de la transición ecológica, destina más de 10.500 millones de ayudas públicas a los combustibles fósiles. Este capital fósil goza de una excelente salud, y mientras sea así seremos la clase trabajadora quienes sigamos poniendo los muertos.

Quizás no podíamos evitar la lluvia. Quizás tampoco gran parte de los daños materiales. De hecho, eventos así nos los vamos a encontrar en el futuro con cada vez mayor frecuencia, con cada vez mayor intensidad. Por eso, lo fundamental está conseguir que sus consecuencias no sean tan trágicas ni funestas.

En el plano teórico se conoce perfectamente cómo conseguir eso. Sabemos que el boom urbanístico en el que unos pocos amasaron beneficios millonarios se hizo construyendo sobre zonas inundables. Son necesarias actuaciones urbanísticas que saquen las edificaciones de los cauces, construcción de barreras y medidas de renaturalización, así como fortalecer y multiplicar los recursos en las unidades de emergencias, aplicar todas las alertas, forzar a las empresas a paralizar la actividad ante un riesgo inminente. Al mismo tiempo, debemos escapar de la dependencia hacia los combustibles fósiles, realizar transformaciones drásticas sobre la estructura productiva que permitan una reducción del consumo energético y de las emisiones de CO₂. Sin embargo, vemos cómo nada de eso ocurre.

Se reconoce que la catástrofe es inminente, que se deben realizar grandes esfuerzos para evitarla. Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo reconoce. Pero no se toma ninguna medida.

Ni la adaptación climática ni la transformación productiva pueden esperar. Pero año tras año vemos cómo una transición ecológica guiada por el mercado, la competencia y la expectativa de beneficio es demasiado lenta, demasiado insuficiente y demasiado injusta. Por eso, ahora más que nunca, nos corresponde seguir avanzando en la construcción de una alternativa ecosocialista.