A simple vista, la política exterior estadounidense parece totalmente irracional. Estados Unidos se mete en una guerra desastrosa tras otra: Afganistán, Irak, Siria, Libia, Ucrania y Gaza. En los últimos días, Estados Unidos se ha quedado aislado a escala mundial en su apoyo al genocidio de Israel contra los palestinos al votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU, diseñada para alcanzar un alto el fuego en Gaza y respaldada por 153 países, que suponen el 89% de la población mundial, y a la que sólo se oponen Estados Unidos y nueve pequeños países que representan menos del 1% de la población mundial.

En los últimos veinte años, todos los grandes objetivos de la política exterior estadounidense han fracasado. Los talibanes volvieron al poder tras veinte años de ocupación estadounidense de Afganistán. El Irak posterior a Sadam pasó a depender de Irán. El presidente sirio Bashar al-Assad se mantuvo en el poder a pesar de los esfuerzos de la CIA por derrocarlo. Libia se sumió en una prolongada guerra civil después de que una misión de la OTAN dirigida por Estados Unidos derrocara a Muamar el Gadafi. En 2023, Rusia aplastó a Ucrania en el campo de batalla después de que, en 2022, Estados Unidos frustrara en secreto un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

A pesar de estas notables y costosas debacles, una tras otra, los mismos personajes han permanecido al timón de la política exterior estadounidense durante décadas, incluidos Joe Biden, Victoria Nuland, Jake Sullivan, Chuck Schumer, Mitch McConnell y Hillary Clinton.

¿Qué ocurre?

El rompecabezas se resuelve reconociendo que la política exterior estadounidense no defiende en absoluto los intereses del pueblo estadounidense. Defiende los intereses de las personas que pertenecen al exclusivo ámbito político de Washington, que persiguen aportaciones para sus campañas y puestos de trabajo lucrativos para sí mismos, su personal y sus familiares. En resumen, la política exterior estadounidense ha sido pirateada por el gran capital.

Por consiguiente, el pueblo estadounidense está perdiendo mucho. Las guerras fallidas desde 2000 les han costado unos cinco billones de dólares en desembolsos directos, o unos 40.000 dólares por hogar. En las próximas décadas se gastarán aproximadamente otros dos billones de dólares en la atención a los veteranos. Más allá de los costes que soportan directamente los estadounidenses, también debemos reconocer los costes tremendamente elevados sufridos en el extranjero en millones de vidas perdidas y billones de dólares por la destrucción de propiedades y naturaleza en las zonas de guerra.

Los costes siguen aumentando. En 2024, los desembolsos vinculados al ejército estadounidense ascenderán a alrededor de un billón y medio de dólares, o unos 12.000 dólares por hogar, si sumamos el gasto directo del Pentágono, los presupuestos de la CIA y otras agencias de inteligencia, el presupuesto de la Administración de Veteranos, el programa de armas nucleares del Departamento de Energía, la “ayuda exterior” (como la proporcionada a Israel) vinculada al ejército del Departamento de Estado y otras partidas presupuestarias relacionadas con la seguridad. Cientos de miles de millones de dólares son dinero tirado a la basura, despilfarrado en guerras inútiles, bases militares en el extranjero y una acumulación de armas totalmente innecesaria que sitúa al mundo más cerca de la Tercera Guerra Mundial.

Sin embargo, describir estos costes gigantescos es también explicar la retorcida “racionalidad” de la política exterior estadounidense. El gasto militar de un billón y medio de dólares es la estafa que no cesa de beneficiar a algunos –al complejo militar industrial y a las personas que pertenecen al exclusivo ámbito político de Washington–, incluso cuando empobrece y pone en peligro a Estados Unidos y al mundo.

Para entender la estafa de la política exterior, hay que pensar en el gobierno federal actual como un chanchullo dividido en múltiples sectores y controlado por los mejores postores. El sector de Wall Street depende del Tesoro. El sector de la industria sanitaria depende del Departamento de Salud y Servicios Sociales. El sector del petróleo y el carbón depende de los Departamentos de Energía e Interior. Y el sector de política exterior depende de la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA.

Cada uno de estos sectores utiliza el poder público para obtener beneficios privados mediante el manejo de información privilegiada, engrasada por las aportaciones de las empresas a las campañas electorales y los desembolsos de los grupos de presión. Curiosamente, el sector de la industria sanitaria rivaliza con el sector de política exterior como extraordinaria estafa financiera. Los gastos sanitarios de Estados Unidos en 2022 ascendieron a la asombrosa cifra de cuatro billones y medio de dólares, o unos 36.000 dólares por hogar: con diferencia los costes sanitarios más elevados del mundo, a pesar de que Estados Unidos ocupaba aproximadamente el puesto 40 de las naciones con mayor esperanza de vida. Una política sanitaria fallida que se traduce en grandes ganancias para la industria sanitaria, al igual que una política exterior fallida que se traduce en megaingresos para el complejo militar industrial.

El sector de política exterior está dirigido por una camarilla pequeña, secreta y muy unida, que incluye a los altos mandos de la Casa Blanca, la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono, los Comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado, y las principales empresas militares, como Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman y Raytheon. Quizás haya un millar de personas clave que participan en la formulación de políticas. El interés público desempeña un papel secundario.

Los principales responsables de la política exterior dirigen las operaciones de ochocientas bases militares estadounidenses en el extranjero, cientos de miles de millones de dólares en contratos militares y las operaciones bélicas en las que se despliega el material. Por supuesto, cuantas más guerras, más negocio. La privatización de la política exterior se ha visto enormemente amplificada por la privatización del propio negocio de la guerra, ya que cada vez se entregan más funciones militares “básicas” a los fabricantes de armas y a contratistas como Haliburton, Booz Allen Hamilton y CACI.

Además de los cientos de miles de millones de dólares en contratos militares, las repercusiones económicas para las empresas derivadas de las operaciones militares y de la CIA son importantes. Con bases militares en ochenta países de todo el mundo y operaciones de la CIA en muchos más, Estados Unidos desempeña un papel notable, aunque mayoritariamente encubierto, a la hora de determinar quién gobierna en esos países y, por tanto, en las políticas que configuran lucrativos acuerdos relacionados con minerales, hidrocarburos, oleoductos y terrenos agrícolas y forestales. Desde 1947, Estados Unidos ha intentado derrocar al menos a ochenta gobiernos, normalmente bajo la dirección de la CIA mediante la instigación de golpes de Estado, asesinatos, insurrecciones, disturbios civiles, manipulaciones electorales, sanciones económicas y guerras abiertas. (Para un excelente estudio sobre las operaciones estadounidenses de cambio de régimen desde 1947 hasta 1989, véase Covert Regime Change, de Lindsey O’Rourke, 2018).

Además de los intereses empresariales hay, por supuesto, ideólogos que verdaderamente creen en el derecho de Estados Unidos a gobernar el mundo. La siempre belicista familia Kagan es el caso más famoso, aunque sus intereses financieros también están profundamente entrelazados con la industria bélica. La cuestión sobre la ideología es la siguiente: los ideólogos se han equivocado en casi todas las ocasiones y hace mucho tiempo habrían perdido sus púlpitos en Washington de no ser por su utilidad como belicistas. Conscientemente o no, sirven como intérpretes a sueldo del complejo militar industrial.

Hay un inconveniente que persiste en esta estafa empresarial actual. En teoría, la política exterior se lleva a cabo en beneficio del pueblo estadounidense, aunque la verdad sea lo contrario. (Una contradicción similar se aplica, por supuesto, a la carísima asistencia sanitaria, los rescates del gobierno a Wall Street, las prebendas de la industria petrolera y otras estafas). El pueblo estadounidense rara vez apoya las maquinaciones de la política exterior estadounidense cuando de vez en cuando escucha la verdad. Las guerras de Estados Unidos no se libran por demanda popular, sino por decisiones que vienen de arriba. Se necesitan medidas especiales para mantener al pueblo alejado de la toma de decisiones.

La primera de estas medidas es la propaganda implacable. George Orwell lo clavó en 1984 cuando “el Partido” cambió repentinamente de enemigo extranjero, de Eurasia a Asia Oriental, sin una sola explicación. Estados Unidos hace esencialmente lo mismo. ¿Quién es el mayor enemigo de Estados Unidos? Elijan, según la temporada. Saddam Hussein, los talibanes, Hugo Chávez, Bashar al-Assad, ISIS, al-Qaeda, Gaddafi, Vladimir Putin, Hamás, todos han desempeñado el papel de “Hitler” en la propaganda estadounidense. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, hace propaganda con una sonrisa en la cara, lo que indica que él también sabe que lo que está diciendo es ridículo, aunque bastante entretenido.

La propaganda se amplifica a través de los grupos de expertos de Washington que viven de las donaciones de contratistas militares, y ocasionalmente de gobiernos extranjeros que forman parte de las operaciones de estafa de Estados Unidos. Pensemos en el Atlantic Council, el CSIS (Center for Strategic and International Studies) y, por supuesto, el siempre popular Instituto para el Estudio de la Guerra, patrocinado por los principales contratistas militares.

La segunda medida es ocultar los costes de las operaciones de política exterior. En la década de 1960, el gobierno de Estados Unidos cometió el error de obligar al pueblo estadounidense a asumir los costes del complejo militar industrial reclutando a jóvenes para luchar en Vietnam y subiendo los impuestos para pagar la guerra. La opinión pública estalló en su contra.

A partir de la década de 1970, el gobierno ha sido mucho más inteligente. Puso fin al reclutamiento e hizo del servicio militar un trabajo por cuenta ajena en lugar de un servicio público, respaldado por los desembolsos del Pentágono para reclutar soldados procedentes de los estratos económicos más bajos. También abandonó la pintoresca idea de que los gastos del gobierno debían financiarse con impuestos, y en su lugar desplazó el presupuesto militar hacia el gasto deficitario, que lo protege de la oposición popular que se desencadenaría si se financiara con impuestos.

También ha engañado a Estados clientes como Ucrania para que luchen sobre el terreno en las guerras de Estados Unidos, de modo que no haya ninguna bolsa de cadáveres estadounidense que estropee la máquina de propaganda de Estados Unidos. Ni que decir tiene que los señores de la guerra estadounidenses como Sullivan, Blinken, Nuland, Schumer y McConnell permanecen a miles de kilómetros de los frentes. La muerte está reservada a los ucranianos. El senador Richard Blumenthal (del Partido Demócrata de Connecticut) defendió la ayuda militar estadounidense a Ucrania como dinero bien gastado porque “no se ha herido ni perdido ni un solo soldado, hombre o mujer, estadounidense”, y de algún modo no se le ocurrió al buen senador respetar las vidas de los ucranianos, que han muerto por centenares de miles en una guerra provocada por Estados Unidos a causa de la ampliación de la OTAN.

Este sistema se sustenta en la completa subordinación del Congreso de Estados Unidos al negocio de la guerra, que evita cualquier cuestionamiento de los desmesurados presupuestos del Pentágono y de las guerras instigadas por el poder ejecutivo. La subordinación del Congreso funciona de la siguiente manera. En primer lugar, la supervisión de la guerra y la paz por parte del Congreso se asigna en gran medida a los Comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado, que en gran medida definen la política general del Congreso (y el presupuesto del Pentágono). En segundo lugar, la industria militar (Boeing, Raytheon y el resto) financia las campañas de los miembros del Comité de Servicios Armados de ambos partidos. Las industrias militares también gastan enormes sumas en grupos de presión para proporcionar lucrativos salarios a los miembros del Congreso que se jubilan, a su personal y a sus familias, ya sea directamente en empresas militares o en empresas de grupos de presión de Washington.

El pirateo de la política exterior del Congreso no sólo es obra del complejo militar industrial estadounidense. El lobby israelí dominó hace tiempo el arte de comprar al Congreso. La complicidad de Estados Unidos con el Estado de apartheid israelí y los crímenes de guerra en Gaza no tienen sentido para la seguridad nacional y la diplomacia estadounidenses, por no hablar de la decencia humana. Son los frutos de las inversiones del lobby israelí, que en 2022 alcanzaron los treinta millones de dólares en aportaciones de campaña, y que en 2024 superarán ampliamente esa cifra.

Cuando el Congreso vuelva a reunirse en enero, Biden, Kirby, Sullivan, Blinken, Nuland, Schumer, McConnell, Blumenthal y los de su calaña nos dirán que es absolutamente necesario financiar la guerra perdida, cruel y engañosa en Ucrania, así como la masacre y limpieza étnica que está teniendo lugar en Gaza, para evitar que nosotros y Europa y el mundo libre, y quizás el propio sistema solar, sucumbamos ante el oso ruso, los mulás iraníes y el Partido Comunista chino. Los promotores de los desastres de la política exterior no están siendo irracionales en este alarmismo. Están siendo deshonestos y extraordinariamente codiciosos al perseguir intereses particulares por encima de los del pueblo estadounidense.

El pueblo estadounidense tiene la tarea urgente de revisar una política exterior tan quebrada, corrompida y engañosa que está enterrando al gobierno en deudas mientras lleva al mundo hacia el Armagedón nuclear. Esta revisión debería comenzar en 2024 rechazando cualquier financiación adicional destinada a la desastrosa guerra de Ucrania y los crímenes de guerra de Israel en Gaza. El establecimiento de la paz y la diplomacia, no el gasto militar, es el camino hacia una política exterior estadounidense de interés público.