C

omo en otros lugares, la variante Delta se ha vuelto dominante en Filipinas, provocando una nueva ola de infecciones, más grave que la anterior. A pesar de ello, la presidencia de Duterte actúa como si la epidemia ya hubiera quedado atrás.

El proyecto de presupuesto, actualmente en discusión legislativa, no incluye ninguna medida financiera para los trabajadores sanitarios, que han pagado un alto precio en su lucha en primera línea contra el Covid-19. Muchos han muerto, enfermado y, agotados, han dimitido o emigrado. En muchas provincias, los cuidadores se han echado a la calle para exigir, entre otras cosas, una indemnización por riesgo y subsidios para cubrir sus gastos de viaje, alojamiento y transporte.

Me gustaría dar testimonio de lo que esto significa en el lugar donde vivo, la región de Mindanao Central, en el sur del archipiélago filipino. La administración es impotente, el ejército acosa a las asociaciones en lugar de ayudar a la población, no se aplica ninguna política sanitaria coherente. Aunque algunos hospitales funcionan con eficacia, el coste de los hospitales privados es prohibitivo. El sistema de sanidad pública está en crisis, a menudo en estado ruinoso. Hasta el punto de que las redes y las comunidades de base se ven obligadas con demasiada frecuencia a ocupar el lugar de las autoridades supuestamente competentes.

Vivimos en un territorio donde las crisis humanitarias son frecuentes: terremotos, huracanes e inundaciones devastadoras, múltiples conflictos armados que provocan interminables desplazamientos de población… Por ello, nuestras asociaciones están acostumbradas a intervenir en situaciones de crisis y tienen un verdadero know-how en este campo.

Desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, nos hemos informado e informamos sobre las medidas de protección que hay que tomar; y, sin embargo, nos hemos visto desbordados por la variante Delta debido a su alta contagiosidad. La tasa de vacunación aquí es muy baja. Varios de nosotros hemos sido infectados y, a pesar de las medidas de emergencia que hemos tomado, uno de nuestros compañeros acaba de morir. Esto es un gran golpe para todos nosotros.

¿Qué medidas hemos tomado, junto con nuestras comunidades de base? Estamos pidiendo a todo el mundo que se ponga a prueba. Estamos reforzando las medidas de protección. Estamos creando centros de aislamiento para las personas que den positivo en la prueba rt-pcr (estas pruebas se pagan). A los que dan negativo se les proporciona comida y medicamentos, y se les ayuda a mantenerse conectados.

Compramos suministros de oxígeno y los colocamos donde podamos. Para controlar su salud, también necesitamos oxímetros, tensiómetros y pruebas de azúcar en sangre. Enseñamos métodos de respiración previamente aprendidos para afrontar situaciones de gran estrés, como las crisis humanitarias. Rastreamos los contactos que puedan haber tenido las personas infectadas, pidiéndoles que se hagan pruebas y se aíslen. Seguimos vigilando a los que están hospitalizados.

Queremos seguir llevando a cabo nuestras actividades asociativas habituales, pero tenemos que protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades de la epidemia. Esto se ha convertido en un requisito previo.

Hemos creado un fondo regional de emergencia Covid, pero los costes son muy elevados. Para hacer frente a ellos, necesitamos ayuda financiera internacional.

Por supuesto, sabemos que no somos los únicos en una situación crítica, que en el sudeste asiático en particular la nueva ola de epidemias está causando estragos y queremos compartir la solidaridad internacional con nuestros vecinos. No se trata de una palabra vacía, sino de un compromiso activo.

En solidaridad,

Delia Matos

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