Un juez de Bejaïa acaba de decidir que el profesor Kamel Aïssat queda absuelto de todos los cargos en el caso de la mina de zinc y plomo de Tala Hamza, en la Wilaya de Bejaïa.

En un régimen de libertades democráticas, la ciudadanía -es decir, la participación de los ciudadanos en la construcción de la esfera pública, pero también su determinación para defender sus derechos- es el criterio esencial para que el sistema funcione. En un régimen de dictadura o autoritarismo, la ciudadanía encarna la subversión, un alborotador para los que detentan el poder.

¿Es éste el caso de nuestro país, dado el acoso sufrido por Kamel Aïssat, cuyo veredicto acaba de absolverle de cargos alucinantes e insensatos de «atentar contra el interés nacional» y «socavar la unidad nacional»? Era un patriota de todas las naciones y pueblos oprimidos.

¿Qué ha hecho? Ningún delito, ninguna falta, ningún crimen. Mejor aún, ha intentado cumplir con su deber de ciudadano, proclamado por la Constitución y las leyes del país.

Se acusa a Kamel Aïssat de haber expresado su opinión de experto sobre la calidad del «estudio de impacto» elaborado por la consultora ENVICONSULT (en 2020) para WMZ (la empresa explotadora). El profesor Aïssat expresó serias reservas en dos ámbitos clave (el medio ambiente y el derecho).

En cuanto al medio ambiente, criticó el estudio de impacto por ignorar los riesgos científica e históricamente probados de intoxicación inminente de la población por metales pesados. Criticó el estudio por ignorar los riesgos para la capa freática del Soummam, que sustenta la industria agroalimentaria de la región y abastece a todo el mercado nacional y más allá.

En el plano jurídico, criticó el estudio de impacto por ignorar las leyes de la República, a saber, la Ley de Medio Ambiente, uno de cuyos objetivos es prevenir cualquier forma de contaminación o daño al medio ambiente garantizando la protección de sus componentes; el decreto wali nº. 13/1000 de 06/05/2013, que confiere al valle del Soummam el estatus de humedal de importancia internacional protegido por el convenio RAMSAR, ratificado por Argelia (decreto 82/439 de 11 de septiembre de 1982); pero también, y sobre todo, la ley minera, cuyo artículo 3 «prohíbe toda actividad minera en los lugares protegidos por convenios internacionales y/o textos legales».

Dado que el presidente ha hecho del sector minero uno de los ejes clave del desarrollo económico, las autoridades responsables de la mina de Tala-Hamza/Amizour actúan como si estuvieran exentas de todo principio de prevención y de respeto de las leyes de la República. En el Consejo de Ministros del 24 de abril de 2022, el propio Jefe del Estado «insistió en la necesidad imperiosa de tener en cuenta las normas medioambientales exigidas»…

A modo de recordatorio, en 2012, el Ministro de Energía y Minas, Youcef Yousfi, en una visita a Béjaïa, indicó que «el estudio presentado por Terramin no era satisfactorio». Dos meses más tarde, en una entrevista a Le Quotidien d’Oran, dijo de Terramin que «pequeñas empresas han venido a intentar hacer un buen negocio, pero no tienen los recursos técnicos para desarrollar estas minas de forma racional y de manera que se garantice la seguridad de la población y se proteja el medio ambiente». En consecuencia, se rescindió el contrato. Dos años más tarde, se promulgó una nueva ley de minería «que prohíbe, en su artículo 3, toda actividad minera en lugares protegidos por convenios internacionales y/o por la legislación».

En el contexto actual, dada la mayor conciencia ecológica de la sociedad, es evidente que la lucha de Kamel Aïssat está recibiendo la atención que merece, gracias a la sentencia judicial que acaba de dictarse a su favor y a la lucha librada por los cientos de ciudadanos que han expresado su rechazo a este proyecto y han presentado peticiones contra el desarrollo de la mina.

Ha sido la movilización popular la que ha llevado a la absolución de Kamel Aïssat: ésta, con la participación de los vecinos, las organizaciones de movimientos sociales, las asociaciones, los sindicatos independientes y la UGTA, ha demostrado dónde está la legitimidad, a pesar de que el fiscal había pedido tres años de cárcel. Esto es un estímulo para la movilización contra la mina y para las luchas ecologistas y antiimperialistas. Para todas las víctimas de la represión, en particular desde el Hirak, es una prueba formidable de que la lucha, combinando acción legal y militante, puede alcanzar el éxito.

7 de enero de 2024