Publicado a principios de 2020, este libro hace balance de las cuestiones planteadas por el término «racismo de Estado» y de las polémicas que ha suscitado en la Francia contemporánea. Tomando como punto de partida los ataques de Jean-Michel Blanquer al curso sindical organizado por SUD-Education 93 en 2017, los autores estudian la circulación de la expresión «racismo de Estado» y, a continuación, se remontan a ciertas dimensiones históricas que pueden legitimar su uso. Por último, los autores se centran especialmente en tres dimensiones institucionales: la escuela, las políticas migratorias y la policía. El capítulo dedicado a la policía es el que reproducimos aquí, con la amable autorización de Le Bord de l’Eau.

Capítulo VII. El racismo y la institución policial

A principios de la década de 1980, las revueltas urbanas, las marchas por la igualdad y contra el racismo y otras iniciativas diversas^[1]Iniciativas y luchas que continúan hasta hoy. Véase, por ejemplo, la marcha por la dignidad y contra el racismo de octubre de 2015, la marcha por la justicia y la dignidad de marzo de 2017 y 2018, … Seguir leyendo contribuyeron a visibilizar y politizar la experiencia cotidiana del racismo policial. De hecho, fueron sobre todo las luchas sociales y políticas las que dieron origen a esta cuestión, antes de que las ciencias sociales hicieran su aportación al análisis del fenómeno. La cuestión del «racismo policial» es a la vez un lugar común más o menos negado y una cuestión crucial en el funcionamiento de esta institución represiva, y sin embargo es una cuestión que durante mucho tiempo ha recibido poca legitimidad y poco tratamiento por sí misma en la investigación francesa. Y, sin embargo, el problema persiste: individuos y grupos, en particular adolescentes y adultos jóvenes, experimentan regularmente el «tríptico de la violencia estatal, el racismo y la violencia sexual» [Gauthier, 2017]. La agresión policial y violación de Théodore Luhaka, conocido como Théo, en Aulnay-sous-Bois en 2017, acompañada de insultos como «Négro, bamboula, salope», es un recordatorio oportuno del grado de violencia que puede caracterizar las relaciones policiales con ciertos grupos minoritarios. Sin embargo, estos «casos» no son más que una parte pequeña y singular de un problema más amplio, y a veces más «policial», de racismo en y por parte de la policía francesa^[2]Para facilitar la lectura, en lo sucesivo nos referiremos a ello como «racismo policial», a pesar de los defectos de una expresión que puede sugerir una atribución sistemática y uniforme del … Seguir leyendo. El «racismo policial» es sistémico (que no quiere decir sistemático) y, por tanto, opera de forma más global y compleja de lo que este tipo de episodios y los comentarios que los acompañan nos hacen creer.

Por eso no se puede culpar del racismo en el seno de la policía únicamente a los policías que comulgan con las tesis de la extrema derecha. De hecho, todos los estudios de ciencias sociales convergen en demostrar que el racismo policial no es ante todo ideológico. Ciertamente, las encuestas norteamericanas, que se remontan a mucho tiempo atrás [Friedrich, 1977], indican que los policías que proclaman ideas racistas tienen más prácticas discriminatorias que los demàs. Pero el vínculo no es automático ni sistemático. En Francia, el 51% de los policías y militares votaron al Frente Nacional en las elecciones regionales de 2015 [Rouban, 2015] y el 51% de los gendarmes móviles afirmaron querer votar a este partido en las últimas elecciones presidenciales [Fourquet, 2017]. Esta realidad parece derivar, en particular, del hecho de que la extrema derecha mantiene un discurso cercano al de los cuerpos profesionales de policía cuando denuncia a «los que estropean las cosas», «invaden» o «se aprovechan» del Estado del bienestar. La ideología profesional policial -la adhesión al orden y a la ideología republicana, y la tendencia a pensar en la profesión como el último bastión moral de una «ciudadela sitiada»- puede encontrar en el discurso de la extrema derecha una representación política de su malestar. Pero la proximidad del discurso ideológico no hace que el racismo policial sea causal, sino probablemente todo lo contrario. En este capítulo se examinan algunas de las fuentes del racismo policial, antes de indicar cómo funciona sistémicamente y, a continuación, presentar algunas de sus formas.

En las Fuentes del racismo policial

Como institución regia por excelencia, la policía es el brazo armado del Estado, pero por otro lado también tiene su propia y singular historia institucional. Por lo tanto, los procesos racistas (y sexistas, u otros) deben considerarse en el contexto de la relación entre las dinámicas del grupo profesional, las de la Administración -ambas con un margen de maniobra considerable [Montjardet, 2002]- y las órdenes políticas dadas a la institución.

La parte del legado colonial

En virtud de su estatus y sus acciones, la policía es una de las instituciones más fuerte y directamente afectadas por los «efectos de retroalimentación [de la colonización] sobre los mecanismos de poder en Occidente» [Foucault, 1997, p. 89]. Esto arroja luz política e histórica sobre el análisis del racismo policial, que se dirige principalmente contra las personas descendientes de inmigrantes poscoloniales. A pesar de los grandes cambios que se han producido desde el régimen de Vichy o la colonización, existen efectos de continuidad en la organización de la institución [Lévy, s/f; Josepha, 2019] y en el tratamiento de las poblaciones [Rigouste, 2009; Blanchard, 2011]. Estos efectos no parecen deberse únicamente a la naturaleza del trabajo policial, ya que las comparaciones internacionales muestran que el «estilo policial», en particular la prevalencia de una lógica represiva con sus desviaciones, está vinculado a las historias nacionales. Por ejemplo, el racismo en prácticas como el trabajo policial parece ser más prominente en Francia que en otros países europeos [Gauthier, 2011; de Maillard et al., 2016]. En parte, puede que estemos ante una «reactivación de legados coloniales» y un reciclaje de conceptos, métodos y mecanismos construidos y probados en la empresa colonial, y ahora aplicados para tratar con los suburbios [Rigouste, 2012].

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este vínculo genealógico no se corresponde en absoluto con la identidad profesional de los policías, donde existen importantes efectos generacionales. La mayoría de los profesionales no han aprendido ni la historia de la colonización ni la de su institución. Salvo raras excepciones [Ben Hafessa, 2000], «los policías se definen mucho más en función de la situación en la que se encuentran, hic et nunc, que como herederos de un pasado, incluso reciente» [Wieviorka et al., 1992, p. 263].

En cualquier caso, esta herencia no basta para explicar el significado del racismo policial.

El efecto de la socialización policial

Los estudios sobre la socialización profesional de los policías muestran, por una parte, una «adhesión progresiva y masiva a una serie de estereotipos» [Montjardet, 1994, p. 399] y, por otra, el endurecimiento de un efecto de grupo y de solidaridad, concomitante con una polarización entre concepciones divergentes de la profesión sobre la cuestión de la relación con la ley y la relación con los demás [Montjardet, Gorgeon, 1999]. El racismo se encuentra en la encrucijada de los tres: forma parte de los estereotipos profesionales relativos a las representaciones de las poblaciones, pero divide al colectivo profesional en cuanto a la legitimidad y las formas de su expresión, al mismo tiempo que el efecto de cuerpo impide denunciarlo. En efecto, «todos los policías no pueden ser tachados de racistas […] el cuerpo de policía protege a los que lo son, aunque ellos mismos condenen estas actitudes. El esprit de corps pesa mucho y la presión de grupo se ejerce plenamente en este ámbito» [L’Huillier, 1987, pp. 119-120].

En definitiva, no se trata tanto del racismo como explicación primaria (ideología, intención, etc.) como de una dinámica -variable, conflictiva- del grupo y de las actuaciones policiales. En definitiva, el racismo ocupa su lugar como un «dato» del trabajo, que ciertamente no es uniforme ni sistemático, pero que sin embargo opera «de forma trivializada y racionalizada bajo el disfraz de la profesionalidad» [Gauthier, 2010].

El orden social reproducido por la policía

Si bien la acción de la policía goza de una gran autonomía, está sujeta ante todo a una lógica política e institucional: la policía hace lo que los gobernantes esperan que haga. Como tal, es la primera institución responsable de la gestión de los grupos minoritarios, donde su acción se dirige en gran medida a vigilarlos y contenerlos. En la práctica, a menudo es difícil distinguir la intervención policial en las «banlieues» de la discriminación situacional y de una representación generalmente degradada de determinados grupos, que da lugar a formas cotidianas y repetidas de racismo y estigmatización (microagresiones, insultos, humillaciones, etc.). Desde este punto de vista «el orden social creado por la policía en los barrios y entre las poblaciones consideradas sensibles se basa en relaciones de poder racializadas» [Gauthier, 2015, p. 122].

Esquemáticamente, el trabajo policial está organizado estructuralmente por la distinción entre los «ciudadanos honrados», que se benefician del orden social y de la intervención policial, y la «clientela» habitual, es decir, los grupos sociales que constituyen los objetivos. Además, los policías proyectan expectativas e ideales sobre su trabajo, al que llaman «el trabajo real», en relación con el cual la vida cotidiana suele ser frustrante o deprimente. Para hacer su trabajo,»los policías definen al ciudadano como dócil, a la víctima como transparente y al acusado como profesional» [Boussard, Loriol, Caroly, 2006, p. 214].

Transmiten sistemáticamente su frustración profesional a las personas con las que sus interacciones distan mucho de cumplir estas expectativas, reprochándoles que «no juegan el juego». Así pues, la violencia se concentra principalmente en los individuos y grupos que no se ajustan a los papeles esperados. Esto explica las variaciones en la intensidad del racismo policial. Por otra parte, por extensión, es en relación con las categorías asimiladas a los «malos clientes» -típicamente, personas consideradas como «jóvenes de barrio» o «gitanos»- donde la categorización racial y la interacción racista adquieren un aspecto familiar, y a veces habitual. En el trabajo de la policía y la gendarmería urbanas, hay dos grupos especialmente afectados por el racismo. Por un lado,«Negros» y «Rebeus» [moros], en su mayoría franceses, son los clientes más frecuentes y menos apreciados […]. De hecho, se les considera una molestia por su mera presencia, que incomoda a los residentes tanto como provoca a la policía» [Fassin, 2011, p. 236-237].

Por otro lado, «Manouches» y «Roumains»[rumanos] , «calificados de parásitos» [ibíd.] que «son objeto de un discurso de destrucción colectiva, […] desde la esperanza de una catástrofe natural hasta fantasías asesinas» [Zaubermann, 1998, p. 426].

 

Cómo funciona el racismo en la policía

La banalidad de las categorías etnorraciales en la mirada policial

Los modos en que la policía racializa varían en forma y prominencia según las dimensiones del trabajo, las circunstancias y la relación del policía con el trabajo. Sin embargo, en sus dimensiones más generales, el racismo está arraigado en la práctica cotidiana, que se dirige a determinados grupos, en particular como resultado de una combinación de factores y lógicas. Los profesionales forjan

«Del mismo modo que la edad -un joven es más sospechoso que una persona mayor-, el género -masculino- y la vestimenta, la pertenencia a una minoría visible se utiliza como criterio de selección». [Mouhanna, 2017, p. 29].

En el lugar de trabajo, por lo tanto, el uso de marcadores étnico-raciales socialmente construidos rara vez es separable de un conjunto de categorías utilizadas simultáneamente para aprehender situaciones. Como señaló el sociólogo René Lévy en su obra pionera

«[las categorizaciones raciales] son, en cierto sentido, las herramientas del oficio y forman parte del conjunto de conocimientos prácticos que constituyen el trasfondo, el punto de referencia del trabajo policial» [Lévy, 1987, p. 31].

 

Por ejemplo, la sospecha policial es una técnica de trabajo habitual y estructurante. Se basa en expectativas normativas poco explícitas, pero que incorporan esquemas racistas (raramente reconocidos como tales por los agentes de policía), en cuanto a los lugares y papeles que se supone que deben ocupar las personas. La sospecha policial actúa como una profecía autocumplida, es decir, ayuda a producir lo que se espera y, por tanto, confirma a la policía en su creencia en la relevancia de estas categorías.

Estas categorías adquieren relevancia en función del giro de los acontecimientos. Por ejemplo, en el equilibrio de poder que la policía establece con la población, el respeto por la sumisión esperada de los individuos a su autoridad ayuda a determinar si el resultado es directamente discriminatorio o no, o incluso abiertamente racista. Cuanto más familiar es la población, «conocida por la policía», y por tanto considerada como su objeto o propiedad, más violentamente se expresa el desprecio, al que contribuye y puede dar forma el racismo. Por consiguiente, el racismo policial no puede disociarse de la estructura del trabajo, lo que significa que tiende a ser una lógica compartida e instituida.

Políticas públicas y lógicas securitarias

La orientación de las políticas públicas puede favorecer el uso de categorías raciales y fomentar la expresión del racismo. Por ejemplo, el énfasis puesto en la «lucha contra la delincuencia», porque lleva a centrarse en los perfiles supuestamente habituales de la calle, incluidos los hombres jóvenes, «racializados» y aparentemente ociosos, ha «fomentado mecánicamente las intervenciones discrecionales de la policía» [Jobard, 2002, p. 201]. También ha legitimado la «elaboración de perfiles raciales» de la población:

«Cuando se trata de drogas, controlamos el pelo largo, y cuando se trata de seguridad, controlamos a los magrebíes y a los negros», explicaba un funcionario de aduanas entrevistado por Philippe Bataille [1997, p. 96]. Del mismo modo, el énfasis en la lucha contra la inmigración ilegal fomenta la atención a las minorías visibles (etiquetadas). Además, la presión para producir lleva a preferir una estrategia de «caza del pillo» (ilustrada por la actividad de brigadas especializadas, como las «brigadas antidelincuencia»), en la que «la capacidad de detener a personas en flagrante delito se considera fundamental para la definición de la eficacia policial, y los controles de identidad como el medio preferido para lograrlo» [Gauthier, 2017].

La lógica de los números «ha llevado a los jefes de policía a sacrificar muchos principios -y el rigor jurídico- en aras de los resultados. El síndrome es particularmente evidente en el caso de las infracciones contra las leyes de extranjería» [Mouhanna, 2017, p. 37; Wieviorka et al., 1992, p. 252]. En estas circunstancias, la Commission nationale de la déontologie de la sécurité (CNDS, 2005, p. 495) señala que el «uso sistemático» de la fuerza y de «técnicas especiales de contención con una dimensión humillante de facto» en el trabajo de la policía de fronteras se asemeja a una forma de «discriminación institucional».

Una lógica sistémica e institucional

Más allá de la dimensión situacional, que hace que el racismo sea más o menos marcado en función de las interacciones concretas, diversos elementos estructurales e institucionales apuntalan y organizan el fenómeno. Por ejemplo, la agresividad en el trato con determinados grupos de personas solo se mide por el aburrimiento y las expectativas que forman parte de la vida cotidiana [Fassin, 2011]. La banalización de la racialización dentro del grupo y en los espacios en los que trabajan los policías otorga credibilidad a un enfoque esencialista de la realidad. A nivel político e institucional, la negación del problema refuerza su peso y hace prácticamente imposible su regulación. En general, esta negación se traduce en una falta de reconocimiento político de la historia de la institución policial y, por ejemplo, de su responsabilidad directa en episodios históricos de represión racista abierta, como la masacre del 17 de octubre de 1961. Pero, más concretamente, la negación se basa en la negativa a contar las víctimas de la violencia policial^[3]Samuel Laurent, «En France, le grand flou des violences policières», Le Monde, 26 de noviembre de 2014. Una notable excepción reciente: Ismaël Halissat, «La police des polices révèle le … Seguir leyendo, en la negación del hecho de que la «elaboración de perfiles raciales» está estructuralmente anclada en las prácticas policiales ; Esto es cierto en Francia más que en ningún otro lugar [ECRI, 2010], y también en ignorar el hecho de que los episodios de los llamados «disturbios urbanos» son exclusivos de Francia en Europa, lo que tiene mucho que ver con el «estilo» de actuación policial y la omnipresencia del racismo en la sociedad francesa [Rea, 2006].

Esta «ceguera deliberada [tiene] como consecuencia la construcción de cada situación como un «caso» aislado sin causa sistémica» [Bouamama, 2015].

Diversas expresiones de racismo en y por la policía

La variedad de situaciones de racismo y el hecho de que sean habituales ilustran hasta qué punto los procesos de racistización están incorporados en la vida cotidiana de la institución, en las relaciones habituales con determinadas «clientelas» y en el considerable margen de maniobra que tienen los agentes para definir y llevar a cabo su trabajo. Gran parte de la discriminación policial tiene apariencia de legalidad porque se produce en el continente gris de las prácticas discrecionales y el poder de los agentes para decidir, en la intervención, lo que ocurre con las personas objeto de la misma. Sin embargo, podemos identificar algunas de las principales formas en que el racismo se manifiesta en y por la policía.

Negativa a presentar denuncias y disimulación de móviles racistas

Dado que los ciudadanos dependen en gran medida de los servicios de policía judicial para el reconocimiento de los agravios que han sufrido, el racismo puede expresarse indirectamente a través de la falta de actuación de la policía en este ámbito. La Commission nationale de déontologie de la sécurité (Comisión nacional de deontología de la seguridad) ha puesto de relieve una «gran complacencia ante las declaraciones [racistas] de los ciudadanos, que equivale a su validación, a lo que se añade una tendencia a incriminar a las víctimas» [Cnds, 2005, p. 504].

En un contexto político de fronteras cerradas, en particular, la policía puede legitimar el racismo de la población para justificar la represión. Basándose en los archivos de la policía y del Ministerio del Interior, Rachida Brahim ha puesto de relieve una estrategia histórica coherente y deliberada por parte de los agentes del Estado en diferentes niveles de la jerarquía para hacer desaparecer el problema del racismo e incriminar, a contrario, a las poblaciones que son sus objetivos.

«En el tratamiento de la violencia que tuvo lugar en la década de 1970, la práctica de centrarse en la actitud de los migrantes contribuyó a escenificar el problema que planteaba la presencia de migrantes poscoloniales» [Brahim, 2017, p. 18].

La negativa a presentar denuncias también contribuye a legitimar el racismo, cuando no es una forma directa de discriminación. En lugar de funcionar como un servicio de seguridad pública,»Los funcionarios del Estado o los que ocupan una posición similar utilizan entonces su posición profesional para debilitar la legitimidad de las demandas y peticiones formuladas por toda una parte de la población al Estado» [Bataille, 1997, p. 102].

 

Según el artículo 15-3 del Código de Procedimiento Penal: «La policía judicial está obligada a recibir las denuncias de las víctimas de infracciones penales y a transmitirlas, en su caso, al servicio o unidad de policía judicial territorialmente competente. Todas las denuncias se registran en un informe y se expide inmediatamente un recibo a la víctima. Sin embargo, en 2011, el 10 % de todos los casos remitidos al Défenseur des droits [2012, p. 129] fueron denuncias sobre la negativa a registrar denuncias por parte de agentes de policía o miembros de la gendarmería.

Provocación y violencia racistas

En el plano de las relaciones interpersonales, dos formas de racistización son especialmente visibles: la más conocida es la «familiaridad perversa» entre la policía y los jóvenes [Mohammed, Mucchielli, 2007], en la que el uso sistemático de lo familiar, los insultos racistas y las provocaciones forman parte estructural de las interacciones. El grado de utilización de la violencia depende en gran medida de cómo reaccionen los usuarios a la provocación. Una segunda lógica se refiere a la focalización en determinados grupos descalificados, objeto de un fuerte desprecio policial, como por ejemplo «los extranjeros que no dominan el francés, a menudo en situación irregular. Estas situaciones son generalmente aquellas en las que es más probable que se relajen las normas profesionales, en las que se puede expresar la humillación, la ironía o la falta de respeto» [De Maillard, Zagrodzki, 2017, p. 498].

En estos casos, el racismo puede adoptar una forma manifiesta en la que la violencia física va acompañada de insultos, especialmente durante las paradas o la detención policial.

El racismo también puede, en algunos casos, motivar prácticas colectivas deliberadas, como cuando los agentes de policía participan en «expediciones» al amparo de sus funciones. Este tipo de situación depende de la forma en que esté regulado el colectivo profesional, y parece darse sobre todo en las «brigadas» que operan en régimen de «caza» y reclutan por cooptación. El principio de «legítima defensa» se utiliza como coartada legal para muchas de estas prácticas, así como «el desacato o el delito de rebelión son utilizados sistemáticamente por los agentes de policía para enmascarar comportamientos discriminatorios» [Body-Gendrot, Wihtol de Wenden, 2003, p. 45].

Elaboración de perfiles raciales y controles faciales

En 2014, la prensa reveló un memorando interno de la comisaría del distrito 6 de París^[4]«Paris: la police veut «évincer» les Roms des beaux quartiers», Le Parisien, 15 de abril de 2014. en el que se instaba a los agentes a «localizar a las familias romaníes que viven en la calle y […] desalojarlas sistemáticamente». Posteriormente, la investigación del Defensor de los Derechos Humanos confirmó que la dirección había dado «órdenes e instrucciones discriminatorias para realizar controles de identidad […] a bandas de negros y magrebíes y desalojar sistemáticamente a las personas sin hogar y a los romaníes». Señaló que se trataba de «órdenes manifiestamente ilegales^[5]Aunque la práctica es ilegal, en 1985 el Tribunal de Casación la validó en el contexto de las políticas de expulsión de extranjeros indeseables, inventando la noción de «signos externos de … Seguir leyendo», basadas en «perfiles raciales y sociales contrarios a las normas que prohíben la discriminación y a la obligación ética de imparcialidad y no discriminación que incumbe a los funcionarios de policía^[6]Frédéric Ploquin, «Exclusiva. Le ‘J’accuse’ de Jacques Toubon au préfet de police à Paris», Le Journal du Dimanche, 13 de abril de 2019.».

El uso de un memorando interno deja claro que no se trata de una práctica propia de los policías «de base», sino del resultado de un orden político en el que se utiliza a la policía para gestionar a las poblaciones consideradas indeseables. Sin embargo, la visibilidad pública de estos rastros es escasa, mucho más que la práctica institucionalizada de los controles de reconocimiento facial.

Desde el punto de vista de las personas que sufren el racismo, especialmente los hombres jóvenes, los perfiles raciales son una de las experiencias más cotidianas de asignación y humillación. Una encuesta de observación de la Open Society Justice Initiative, realizada en París entre 2007 y 2009, muestra que, por término medio «en comparación con un hombre blanco, un hombre negro tiene 5,2 veces más probabilidades de ser parado por la policía, en igualdad de condiciones, y un hombre magrebí 9,9 veces más» [Jobard et al., 2012, p. 442].

Otra encuesta sobre las experiencias de los estudiantes con los controles policiales también muestra que los hombres racializados destacan sobre todo por la frecuencia con la que son parados: el 56 % de los estudiantes «no blancos» han sido parados varias veces en el último año, frente al 41 % de los estudiantes «blancos», y el 8,8 % han sido parados más de treinta veces en su vida (frente al 2,9 % de los estudiantes «blancos»). Y ello a pesar de que los «no blancos» tienen menos «prácticas que les exponen a controles de identidad», como frecuentar determinados espacios públicos [Jounin et al., 2015, p. 15-19]. Estas encuestas también muestran que los criterios raciales están estrechamente entrelazados con el género, la edad y la vestimenta, que convergen hacia «los varones de clase trabajadora y las minorías estigmatizadas» [ibíd., p. 11; Jobard et al., 2012]. Así pues, las categorías raciales ocupan su lugar en «un haz de sospechas estereotipadas», incorporadas a los mecanismos rutinarios de selección policial.

Todos los estudios coinciden en que existe una relación inversa entre el número de controles de identidad realizados y la eficacia de la labor policial: un control rara vez conduce a la constatación de una infracción [FRA, 2009; Jobard y Lévy, 2011; Défenseur des droits, 2016]. En realidad, los controles de identidad tienen una función principalmente política, aunque ésta no sea necesariamente la intención de las personas que llevan a cabo estas prácticas. Al dirigirse a quienes queremos ver y mantener como «extranjeros», la mirada policial actúa como un «marcador de alteridad» [Roux, Roché, 2016]. Es más, es una ceremonia de degradación [Garfinkel, 1955], una forma de denuncia pública de una farsa que redefine a las personas en términos de una identidad inferior. En efecto, «Exigir a alguien que cumpla un requerimiento discrecional^[7]«Los agentes no tienen que explicar por qué realizan un control de identidad» [Ferré, 2013]. Y una gran parte del colectivo profesional considera «que es normal que la policía mantenga en … Seguir leyendo y que justifique su identidad es una forma de negar la evidencia y la legitimidad de su presencia y condición» [Blanchard, 2014, p. 13].

Las agresiones físicas y las ofensas materiales y simbólicas evidencian una negación del reconocimiento [Honneth, 2000] y, por ejemplo, el uso masivo de cacheos «sin motivo válido […] constituye un atentado contra la dignidad humana» [Défenseur des droits, 2012, p. 130]. Estas prácticas sirven para confirmar, mediante la arbitrariedad y la repetición, el dominio del poder policial sobre las personas adscritas a grupos raciales.

Registros etnorraciales

El fichero policial de «antecedentes penales» «STIC» (système de traitement des infractions constatées) es uno de los mayores ficheros policiales informatizados. En 2009, registró más de 5 millones de sospechosos y más de 28 millones de víctimas. Creado oficialmente por decreto de 5 de julio de 2001, toma el relevo del antiguo fichero «Canonge»^[8]Lleva el nombre del inspector superior René Canonge, del servicio de seguridad urbana de Marsella., un fichero manual creado en 1950 e informatizado a partir de 1992, que funcionaba sin base jurídica. Finalmente se fusionó con el «judex» (sistema judicial de documentación y explotación) de la gendarmería en un nuevo fichero llamado «TAJ» (tratamiento de expedientes judiciales). Además de innumerables errores^[9]Según las investigaciones de la CNIL, en 2009, apenas el 17% de los expedientes de sospechosos no contenían errores…, con todas sus consecuencias para la vida de las personas afectadas, el fichero incluye la «señalización» de individuos por motivos raciales, según una tipología de apariencia en doce categorías: «blanco (caucásico); mediterráneo; gitano; de Oriente Próximo; norteafricano; asiático euroasiático; amerindio; indio (India); mestizo; negro; polinesio; melanesio-canadiense».

Esta tipología racial nunca se ha abolido, a pesar de las recomendaciones de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), el Défenseur des Droits y la Asamblea Nacional de «sustituir esta tipología por elementos objetivos de un perfil compuesto, como el color de los ojos, del cabello y de la piel» [Batho, Benisti, 2011, p. 63]. Aunque un informe público de 2006 propuso una «nueva clasificación» de diez «tipos»^[10]«Tipo europeo (nórdico, caucásico, mediterráneo); tipo africano/caribeño; tipo mestizo; tipo norteafricano; tipo de Oriente Medio; tipo asiático; tipo indopaquistaní; tipo latinoamericano; … Seguir leyendo, esta es igual de racial. Además, este cambio nunca llegó a aplicarse, debido a la resistencia del colectivo profesional. La utilización de este fichero, inicialmente dedicado a la policía judicial, también se ha extendido progresivamente a las investigaciones administrativas sobre el carácter (ley de 2001 sobre la «seguridad cotidiana»), al examen de las solicitudes de adquisición de nacionalidad (ley de 2003 sobre la «seguridad interior») y luego para el acceso a empleos públicos vinculados a las «misiones de soberanía del Estado» (decreto de 2005).

La creación en 2008 del fichero «EDVIGE» (exploitation documentaire et valorisation de l’information générale), sustituido bajo controversia por «EDVIRSP» (exploitation documentaire et valorisation de l’information relative à la sécurité publique), un fichero de los servicios de inteligencia sobre posibles «perturbaciones del orden público», incluye también un fichero sobre los supuestos «orígenes raciales o étnicos» y las «afiliaciones religiosas» de las personas. Su sustitución en 2009 por otros dos ficheros^[11]«Deux nouveaux fichiers de police créés» [Se crean dos nuevos ficheros policiales], Libération, 18 de octubre de 2009., sustituyendo el «origen étnico» por el «origen geográfico», no disimula el hecho de que «el objetivo de este término es, en efecto, identificar el origen étnico o racial de las personas» [Batho, Benisti, 2011, p. 62]. A pesar de controlar el vocabulario y suavizar las categorías, la existencia y el apego institucional a estos distintos ficheros atestiguan la creencia de la policía en una especie de autoevidencia esencial de las categorías raciales.

Reclutamiento y experiencia policial del racismo

También es importante destacar la «discriminación institucional» y el racismo que sufren los policías en el acceso a la profesión y dentro de la institución. En lo que respecta al reclutamiento, un análisis de los resultados de los exámenes a finales de los años 90 [Duprez, Pinet, 2002] demostró, en igualdad de condiciones, que en Marsella los candidatos «magrebíes» a las oposiciones a la policía tenían 2,9 veces más probabilidades de suspender que los demás. Sin embargo, el criterio racial se combina con el sexo (y también, obviamente, con el nivel de estudios), lo que en algunos casos puede favorecer^[12]Una ventaja relativa, ya que «si las chicas de origen magrebí tienen muchas más probabilidades de ser reclutadas que sus hermanos [sic], debido a los estereotipos que rodean a los jóvenes … Seguir leyendo

a las jóvenes magrebíes, en detrimento de sus homólogos masculinos. Una reciente encuesta sobre las pruebas también demostró que vivir en «una ciudad con una fuerte Zus [zona urbana sensible]» penalizaba a los candidatos en el examen oral para las oposiciones de comisario y policía en la región de Île-de-France [L’Horty, 2016, p. 67-68]. En concreto, a las personas categorizadas como procedentes de «suburbios» se les hacen preguntas que los demás no tienen que responder, sobre a qué «lado de la valla» pertenecen (policía frente a suburbio o familia). Estas preguntas, de carácter discriminatorio, reflejan una lógica de sospecha, al tiempo que ponen a prueba la disposición a tomar partido por la policía, en un modelo de oposición a la población.

Aparte de la selección, la racialización es una característica omnipresente de la experiencia profesional de los policías pertenecientes a minorías. Aceptar soportarla a diario, posiblemente en forma de «humor», parece ser la condición para ser aceptado en el grupo profesional [Bataille, 1997; Mouhanna, 2017]. El «compadreo» policial se estructura mediante el uso de categorías, en particular raciales, sociales y de género, que dividen y jerarquizan el cuerpo profesional y reflejan las normas implícitas del estatus policial: blancura y virilidad. A la inversa, la presencia habitual de estas categorías indica, al menos para una parte del colectivo profesional, el estatus implícito de sospechoso, extraño y subordinado de las personas pertenecientes a grupos minoritarios. Tienen que «demostrar su valía» más que los demás, oscilando entre la discreción y el exceso de adhesión a las normas del grupo. La lógica de la sospecha, que sin duda es menos prominente hoy que a finales de los años 90, cuando se contrató a los asistentes de seguridad, se ha reflejado en la distribución de tareas. A menudo se les ha asignado un papel minoritario, acorde con su condición de minoría. Se les ha etnificado,

«Se les margina, se les asignan tareas accesorias: la mujer ‘policía’ que trabaja en asuntos de moralidad y violencia doméstica, el joven de «barrios» minoritarios en misiones de acercamiento a los jóvenes de estas zonas urbanas, en grupos donde sirven de infiltrados, o en actividades de policía judicial en contacto con grupos de delincuentes del mismo origen que ellos» [Mouhanna, 2017, p. 30].

La presencia de estas lógicas en el entorno laboral «altera» las trayectorias de los policías pertenecientes a minorías [Gautier, 2011], tanto directamente, al alterarlas, como indirectamente, al pesar sobre las condiciones de trabajo y, en ocasiones, sobre la confianza entre compañeros. Sin embargo, esta realidad es ampliamente negada por la institución y la jerarquía, lo que obliga a las minorías y al colectivo profesional a asumirla, salvo en algunos casos de ruptura abierta, utilizando los medios de comunicación para denunciar una «omerta» [Souid, Montali, 2010].

 

Estos datos muestran claramente que el racismo policial no puede descartarse como actos individuales o como simple reflejo del racismo que circula en la sociedad en general. Mientras que una parte del colectivo profesional se adhiere sin duda al racismo político, otra se adhiere al antirracismo «republicano», y el estado de los conocimientos no apoya la idea de una cultura policial unitaria [Montjardet, 1994], ni siquiera predominantemente racista. Dicho esto, el racismo no se construye únicamente a nivel de las interacciones, ni únicamente a nivel del grupo profesional: ésta es una limitación de la noción de «racismo policial». La necesaria insistencia en el hecho de que las prácticas no son ni sistemáticas ni uniformes no debe ocultar que es «también el racismo institucional como práctica colectiva lo que hay que abordar» [Fassin, 2011, p. 251]. El análisis debe tener en cuenta «el impacto de las estructuras sociales, institucionales e ideológicas francesas», incluida «la profunda racialización de la sociedad francesa» [Rea, 2006, p. 465], así como su negación. Todo ello hace que la cuestión del racismo en y por la policía sea en gran medida estructural. A la luz de estos hechos, creemos que la hipótesis del racismo de Estado merece ser tomada en serio.