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espués de las grandes manifestaciones del 19 de enero, cuyo tamaño ya era comparable al de las grandes manifestaciones de 1995 y 2010 (las movilizaciones contra los anteriores ataques gubernamentales contra el sistema de pensiones), las manifestaciones del 31 de enero han sido excepcionales: más de 2 millones de mujeres y hombres en las calles según la Intersindical, la CGT anuncia la cifra de 2,8 millones, incluyendo 500.000 en París. En la capital, al tomar las principales avenidas, la manifestación tuvo que dividirse en dos cortejos para que no quedara bloqueada en su punto de partida, la Place d’Italie. En casi todas las ciudades -se celebraron 270 concentraciones en ciudades grandes, pequeñas y medianas- las manifestaciones fueron mayores que el 19 de enero. Incluso las cifras del Ministerio del Interior -1,27 millones- son las más altas para una jornada de movilización en los últimos 30 años. Una movilización masiva de las clases trabajadoras en la que la mayoría de las y los manifestantes procedía del sector privado, en su mayoría huelguistas. La masividad de esta jornada confirma todos los sondeos de opinión que reflejan una creciente desautorización del proyecto de contrarreforma del Gobierno -rechazado por más del 80% de las y los asalariados-, un apoyo mayoritario al movimiento huelguístico y el sentimiento generalizado de que será necesario ir más allá de las huelgas y bloquear la actividad económica del país para obligar a Macron y Borne a retirar su proyecto.

En la enseñanza, la juventud de secundaria y universitaria también se movilizó: 300 liceos movilizados, 200 de los cuales fueron bloqueados con la evidente voluntad de la policía de romper violentamente los bloqueos, decenas de universidades, 150.000 jóvenes movilizados según el recuento de las organizaciones juveniles, tres veces más que el 19 de enero.

«Estamos unidos y decididos a que se retire este proyecto de reforma de las pensiones», así termina la declaración de las 8 confederaciones que anuncia dos nuevas jornadas de movilizaciones, los días 7 y 11 de febrero. Esta declaración intersindical es importante a dos niveles. En primer lugar, se mantiene el frente sindical unido, lo que no se daba en los últimos años frente a los proyectos del Gobierno. En segundo lugar, y esto es un algo nuevo desde hace más de 10 años, las direcciones sindicales están de acuerdo en imponer una retirada pura y simple del proyecto del gobierno de dos medidas básicas del proyecto: el aplazamiento de la edad de jubilación de 62 a 64 años y la transición rápida a un mínimo de 43 años de trabajo para obtener una pensión completa.

Está claro que en las próximas semanas nos dirigimos hacia una gran confrontación política y social.

A pesar de los batallones de expertos y comentaristas que, en todos los medios de comunicación, tratan de apoyar y explicar los méritos de esta reforma, a pesar de los ministros y diputados macronistas y republicanos que ocupan las tribunas en esos medios, el rechazo a la reforma, lejos de debilitarse, no ha dejado de crecer en las últimas semanas. Sin embargo, Macron no dudó en invitar a 10 editorialistas de 10 medios de comunicación (Le Monde, Les Echos, Le Figaro, Les Echos, BFM, RTL, entre otros) para aleccionarles ofreciéndoles argumentos eficaces para propagar la reforma de las pensiones. Ahora bien, las razones son tan injustificadas que, cada explicación adicional no hace más que aumentar la hostilidad hacia la reforma.

Sobre todo, entre las mujeres, que han comprendido bien que con esta reforma sufrirán aún más. En Francia, de media, las mujeres asalariadas tienen un salario un 22% inferior al de los hombres y una pensión inferior en un 40%, sobre todo a causa de carreras profesionales fragmentadas e incompletas, ya que suelen tener que soportar jornadas parciales y dejar de trabajaar para ocuparse de los hijos e hijas y de las tareas domésticas, y porque constituyen la mayoría de las familias monoparentales. El efecto mecánico del retraso de la jubilación a 64 años de edad y a los 43 años de servicio para una pensión completa, sería dificultar aún más la obtención de ese derecho y eliminaría el beneficio de dos años de servicio con derecho a pensión (sólo uno en el sector público) por cada hijo, que les permite adelantar la edad de jubilación. Las personas con trabajos precarios y poco cualificados o muy fatigadas por trabajos penosos también saben que constituirán el grueso de quienes no podrán podránseguir trabajando entre los 62 y los 64 años.

Contrariamente a lo que explica la primera ministra, Elizabeth Borne, el rechazo masivo y creciente no procede de la falta de pedagogía [por parte del gobierno y de quienes la apoyan] para explicar la reforma, sino, justamente, porque la población comprende bien su contenido. Las mujeres, las carreras largas y los más precarios sufrirán más con esta reforma. Todo esto hace aún más insoportable la arrogancia de ministros como Darmanin [Interior] y Attal [ministro de acción y cuentas públicas], entre otros, políticos profesionales desde su graduación, que se atreven a fustigar a quienes no quieren trabajar más tiempo y se atreven a reivindicar, frente a los huelguistas, «la Francia que quiere trabajar».

Además, como ocurrió durante las grandes movilizaciones anteriores en defensa de las pensiones, los argumentos falaces del gobierno han sido ampliamente desmontados y combatidos por los activistas del movimiento sindical y del movimiento social con una gran aportación de argumentos procedentes de economistas antiliberales.

Así, cuando Macron y Borne continúan afirmando querer «salvar el sistema en peligro por la demografía», porque, según ellos, el aumento del número de pensionistas y la disminución del de trabajadoras activas pondría en peligro el sistema, irónicamente, son las cifras oficiales detalladas por el Conseil d’orientation des retraites (COR -organismo oficial-) y las intervenciones de su presidente Pierre-Louis Bras -antiguo director de la Seguridad Social e Inspector General de Asuntos Sociales- las que echan por tierra el argumento oficial: «El gasto en pensiones está globalmente estabilizado e incluso a muy largo plazo disminuye en tres de un total de cuatro hipótesis…. Así pues, el gasto en pensiones no se descontrola… y en la única hipótesis retenida por el Gobierno disminuye muy poco, pero un poco a largo plazo. El gasto en pensiones no se dispara, pero no es compatible con la política económica y los objetivos de las finanzas públicas del Gobierno», declaró el jueves 19 de enero ante la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

Esos objetivos son bien conocidos: respetar los criterios de convergencia de la Unión Europea y alcanzar un déficit público del 2,9% del PIB en 2027. Bruno Le Maire se comprometió a ello en la «propuesta presupuestaria» transmitida el pasado verano a la Comisión Europea, donde se compromete a aplicar la reforma del sistema de pensiones para reducir parte del gasto público. También hay que señalar que el verdadero problema que aparece en el informe de la COR sobre la evolución financiera del sistema de pensiones no procede de los gastos sino de los ingresos, y en particular de las cotizaciones de los 2,2 millones de agentes de la función pública, territoriales y hospitalarios, que representaron 22.000 millones de euros de ingresos en 2021. En las cifras sobre la masa salarial pública comunicadas al CDR por el Ministerio de Cuentas Públicas, sorprende constatar que el número global de efectivos de estas dos administraciones públicas se mantendrá prácticamente igual hasta 2027, con una práctica congelación de los salarios. Por tanto, no hay previsión de nuevas contrataciones (salvo para 15.000 hospitalarias) ni de aumento salarial para estos 2,2 millones de personal funcionario. Si estas cifras fueran reales, esto conllevaría a una caída del 11% en el salario real de los funcionarios de aquí a 2027. El déficit que estas cifras supondrían para el sistema de pensiones sería de unos 3.000 millones anuales, de los que dispondría el sistema si los salarios de los funcionarios siguieran las proyecciones utilizadas para todos los salarios^[1]Colectivo Nos services publics janvier 2023. Por tanto, las cifras comunicadas a la CDR por el Gobierno para justificar los desequilibrios financieros de aquí a 2027 son, pues, una subestimación deliberada de los recursos del fondo de pensiones.

El Estado escenifica las cuentas del régimen de pensiones para hacer pagar de nuevo a los asalariados y asalariadas la vuelta a los criterios de Maastricht en materia de gasto público, calificando de irresponsables a quienes están dispuestos a dejar crecer los llamados déficits. Por eso resulta interesante el informe de los investigadores del IRES, con sede en Lille^[2]Un capitalisme sous perfusion. Mesure, théorie et effet macroéconomiques des aides publiques aux entreprises françaises par Antoine Abdelsalam et ai, IRES 2022 cutt.ly/60Lw4HH, que cifran en 157.000 millones las ayudas otorgadas a las empresas en conceptos de gastos presupuestarios, rebaja de cotizaciones sociales, exenciones fiscales y otros nichos. Estos 157.000 millones de euros representan el 6,4% del PIB, más del 30% del presupuesto del Estado, cuando el conjunto de las ayudas a las empresas en 1979 representaba sólo el 2,4% del PIB. Así, si realmente existe una preocupación por el equilibrio del sistema de la seguridad social, que supuestamente se basa en las cotizaciones de empresarios y trabajadores, hay que señalar que en 1995 las empresas representaban el 65,2% de la financiación de la misma y que esa cuota ha bajado al 46,9% en 2020 gracias a los recortes de las cotizaciones empresariales destinados a abaratar el coste laboral. En el presupuesto de 2023, el importe de los regímenes de exención fiscal asciende a 85.000 millones^[3]Dossier d’Alternatives Economiques de febrero 2023.

Es evidente que el Gobierno se ha dado cuenta de que se enfrenta tanto a la hostilidad de todo el movimiento sindical, del 80% de los asalariados y de la población en general, y que no podrá convencer a nadie. A partir de ahí, quiere ir rápido, con dos objetivos: generar desánimo y gastar al movimiento proclamando que toda movilización es y será inútil («el aplazamiento a 64 años ya no es negociable» declaró Elizabeth Borne el lunes pasado), que la reforma va a ser votada rápidamente y sin ninguna modificación, que no habrá ningún modificaciones sobre los puntos fundamentales. Sin embargo, no quiere aparecer aislado en la Asamblea Nacional y el Senado.

El tramitar su reforma como una modificación Proyecto de Ley de Financiación de la Seguridad Social (PLFSS) a través del artículo 47-1 de la Constitución, en un ejercicio de manipulación institucional, permitirá que el trámite vaya rápido, al limitar los debates en la Asamblea a 20 días y el conjunto de los debates a 50 días. El Gobierno se arroga así el derecho, si la votación no tiene lugar en el plazo previsto, de legislar mediante ordenanzas y decretos, pasando por encima del Parlamento. También dispone, en caso necesario, del artículo 49-3 que le permite forzar la aprobación sin votación forzando un voto de confianza al Gobierno. Así que quiere ir rápido, al mismo tiempo que busca llegar a un acuerdo con la cúpula de Les Républicains [derecha tradicional], que le permitiría alcanzar la mayoría en las dos cámaras.

Pero incluso en este campo de la derecha macronista y republicana, las cosas aún no están decididas.  A día de hoy, 16 diputados republicanos y afines de un total de 62 se niegan a votar a favor del proyecto y los aliados de Macron en la Asamblea (Horizonte-29 escaños de Edouard Philippe y MODEM-51 escaños de François Bayroux) manifiestan varios desacuerdos, no queriendo dejar sólo en manos de Les Républicains la obtención de la mayoría parlamentaria (Renacimiento, el partido de Macron y Borne, solo tiene 169 escaños de 577 y necesita reunir 289 votos para obtener mayorías). Las negociaciones serán tanto más intensas cuanto que todos estos diputados están cada vez más enfrentados a una gran parte de su propia base electoral, también hostil a la reforma. Lo que está en juego para todos estos partidos y sus representantes electos es cómo situarse de cara a las próximas elecciones (presidenciales y legislativas) de 2027. En el Gobierno, Bruno Lemaire, ministro de Economía y Finanzas, se juega la credibilidad frente a Gérard Darmanin, ministro del Interior, como candidato a suceder a Macron en el partido presidencial. Hay demasiados cocodrilos en el pantano capitalista neoliberal. Cada corriente de la mayoría corre el riesgo de tocar su propia partitura en este proyecto de ley, debilitando la falsa postura de serenidad del gobierno, ya desestabilizada por la movilización popular. Además, el bando de Macron está desarrollando un juego peligroso al pregonar constantemente en las últimas semanas que su reforma está legitimada democráticamente porque el candidato ya la había anunciado durante la campaña presidencial de 2022. Este alarde es tanto más repugnante ante el movimiento sindical y entre los electores de izquierda, cuanto que Macron sólo ganó, a pesar de su programa, gracias a los partidos NUPES y al movimiento sindical, que llamaron a votar por Macron para bloquear a Marine Le Pen. Macron solo contaba con el 20% de los votantes inscritos en su programa político en la primera vuelta. Este desprecio a quienes le votaron en la segunda vuelta tendrá, sin duda, como consecuencia, si se produjera una configuración desastrosa idéntica en 2027, que el frente republicano detrás de un candidato de la derecha macronista contra Marine Le Pen ya no tendría ninguna eficacia.

A otro nivel, los dirigentes macronistas y sus monaguillos mediáticos se han tirado un farol afirmando desde hace semanas que el movimiento sindical está tan debilitado y dividido que será incapaz de unirse o actuar eficazmente a largo plazo, pensando que el movimiento social volverá a caer rápidamente en la resignación y la apatía. En el peor de los casos, prevén una repetición del escenario de 2010. En aquel momento, frente al proyecto de reforma de las pensiones de Sarkozy, que elevaba la edad de jubilación de 60 a 62 años, la protesta unitaria se agotó tras siete meses de manifestaciones y huelgas que no llegaron a paralizar la vida económica del país ni a impedir la aprobación de la reforma. Y para tratar de conjurar otro escenario más peligroso para ellos, agitan el fantasma de posibles  bloqueos en el transporte o el suministro de combustible, alegando que ello desacreditaría y paralizaría rápidamente las huelgas. Se trata de hacer olvidar el hecho de que, en 1995, millones de trabajadores bloqueados por tres semanas de huelgas dieron un notable apoyo a los huelguistas de la SNCF y la RATP. Es también querer borrar del escenario el hecho de que, en los últimos días, una mayoría de trabajadores y trabajadoras está convencida de que será necesario bloquear la vida económica para obtener la retirada del proyecto.

Es la convicción de que podemos ser lo suficientemente fuertes y decididos para ganar lo que puede ser el mejor elemento para alentar un gran apoyo popular a las huelgas que paralizan el transporte o la distribución de combustible. Además, a diferencia de hoy, en 1995, la huelga de transportes fue, sobre todo, una huelga por delegación, en la que las y los ferroviarios y los conductores de la RATP a la cabeza de la confrontación estaban un tanto solos; y, por otra parte, la dirección confederal de la CFDT se oponía a la huelga y apoyaba el plan del primer ministro Alain Juppé. Sin embargo, «con las botas puestas», tuvo que dar marcha atrás y retirar su plan. Por lo tanto, hoy hay dos factores más favorables: una amplia unidad sindical y un incremente de la fuerza de varios sectores profesionales; y también… un tercero, que es precisamente la , el balance, de 2010, compartida por muchos equipos sindicales.

Así que es posible hacerlo tan bien como en 1995 e incluso mejor, evitando los errores de 2010. En el tira y afloja que está empezando, es posible que se produzca un desmoronamiento marginal de la derecha en el Parlamento, pero, en el peor de los casos, el Gobierno conserva el arma del 49-3 y la aprobación de decretos y ordenanzas si, a finales de marzo, se acaba el tiempo de debate antes de la votación final. Así que, más allá de una posible crisis política por la presión sufrida en el seno de la derecha, el elemento decisivo para ganar, para obligar a Macron a retirar su proyecto, será el bloqueo económico y la convicción en la clase dirigente de que esta reforma no vale la vela de la parálisis industrial y comercial. El propio MEDEF no pensaba en otoño que esta reforma fuera indispensable hacerla ahora, estando más centrado en la reforma del Seguro de Desempleo que se traduce a partir de febrero en una reducción del 25% de la duración de la indemnización.

El calendario impuesto por Macron y Borne impone tanto organizar un movimiento masivo de manifestaciones como crear rápidamente una relación de fuerza de los huelguistas. El proceso parlamentario no concluirá a finales de marzo.

Así, el debate sobre la mejor manera de ir hacia una o varias huelgas renovables manteniendo la masividad y la unidad del movimiento está en el centro de muchas discusiones y el compromiso de las decisiones de la intersindical de la noche del 31 [tras la jornada de movilización] refleja estas contradicciones.

La dirección de la CFDT está decidida a mantener el frente sindical, pero concibe la acción como una batalla de opinión, para ganar a la mayoría de la población al rechazo de la reforma y obtener la retirada mediante la movilización popular, manifestaciones masivas… y persuadiendo a los diputados para que no voten el texto. En consecuencia, mantener un ritmo de movilizaciones sucesivas, un trabajo de convicción, para presionar a los representantes elegidos… sin lanzarnos a huelgas renovables, sobre todo en sectores que bloquearían la vida económica durante varios días o varias semanas. Sin embargo, esta estrategia conduciría al fracaso experimentado en 2010.

Por ello, un gran número de activistas y equipos combativos insisten en la necesidad de organizarse, de preparar una huelga renovable.  Esto es lo que guía el tempo dado por la federación química CGT con varias jornadas de huelga de duración creciente en la primera quincena de febrero, sobre todo en el sector petrolero. Es una táctica idéntica a la que encontramos en la CGT Energía, la CGT Puertos y Muelles, la CGT y Sud Rail en la SNCF. Todos estos sindicatos tienen previstas al menos dos jornadas de huelga entre el 6 y el 8 de febrero.

La decisión de la intersindical de hacer un día de huelga el 7 de febrero y un día de manifestación el sábado 11 de febrero es un compromiso entre estas dos posturas. Además, a pesar de la masividad de las dos últimas jornadas de huelga, existe una dificultad para acompasar el aumento de las huelgas en los servicios públicos, la energía y los transportes, dificultad que se refleja en un ligero descenso del número de huelguistas en estos sectores. Del mismo modo, incluso en la SNCF, las asambleas generales no son masivas, no reflejan un crecimiento dinámico de la huelga.  Pero precisamente, muchos activistas combativos piensan que una verdadera toma de poder en estos sectores requeriría no desgastar la movilización escalonando jornadas repetidas, sino un claro despliegue de calendario construyendo una confrontación interprofesional por la que merezca la pena hacer varios días de huelga. Todos estos parámetros son tanto más difíciles de gestionar de forma coherente cuanto que las diferentes tácticas traducen también divisiones en el movimiento sindical, incluso en el seno de la CGT en vísperas de su congreso confederal. Estos riesgos centrífugos refuerzan la necesidad de construir asambleas generales de huelguistas y estructuras de coordinación interprofesional e intersindical en las ciudades y zonas industriales para crear una dinámica local unitaria y combativa. Esto está empezando a ocurrir y a veces se extiende a otras estructuras del movimiento social, como la Confédération paysanne.

En varios sectores, se intentará continuar la huelga después del 7 de febrero, y las manifestaciones del 11 de febrero, en sábado, en todas las ciudades del país, serán seguramente masivas y populares, en particular con la participación de quienes no pudieron ir a la huelga y/o manifestarse el 19 y el 31 de enero. En cualquier caso, los días venideros deben servir para convencernos de que la victoria es posible y de que debemos poner todos los medios para conseguirla.

El reto político para este movimiento es importante por varias razones. Quienes se manifiestan y hacen huelga están motivados por el ataque a las pensiones, pero también por los ataques del Gobierno a las prestaciones por desempleo, a la formación profesional y, por supuesto, por la pérdida salarial que, tras los años de Covid, suponen la inflación y las pequeñas subidas salariales. Por tanto, es toda la política capitalista de Macron y su gobierno la que se pone en cuestión. Esto motiva aún más para ganar en pensiones y todos los motivos de enfado aparecen claramente en las pancartas, los eslóganes y las discusiones en las manifestaciones. Por importante que sea mantener un frente unido centrado en la retirada del proyecto Macron-Borne, los que están en el movimiento comprenden que el resultado de esta prueba de fuerza será una relación de fuerzas mejorada en caso de victoria, deteriorada en caso de fracaso, frente a la patronal y el gobierno. Es tanto más importante que emerja esta cuestión de clase, esta relación de fuerzas que hay que establecer para una distribución diferente de la riqueza, cuanto que está en juego hacer creíbles las reivindicaciones anticapitalistas de financiación de los bienes comunes, de la seguridad social, de la salud, de la vivienda y de los salarios. Esto ocurre en un momento en que, a lo largo de febrero, cada día se irán publicando de los beneficios anuales de las grandes empresas francesas, que prometen, en conjunto, superar los de 2021.

Por lo tanto, hay varias cuestiones en juego en esta movilización de la izquierda anticapitalista. El NPA intenta ocupar plenamente su lugar impulsando la unidad de acción con todas las fuerzas políticas del movimiento obrero opuestas a la reforma, al tiempo que busca construir iniciativas comunes de todo el movimiento obrero, sindical, asociativo y político, al igual que la LCR ocupó ese espacio en 2006 en la lucha contra el Tratado Constitucional Europeo.

En este movimiento se está librando otra batalla entre los anticapitalistas y la extrema derecha (Rassemblement National-RN) que intenta, una vez más, surfear sobre el descontento popular para aparecer, con la complaciente ayuda de los medios de comunicación, como la verdadera oposición a Macron y proclamar su oposición a la reforma de las pensiones. Pero la extrema derecha sabe que es persona non grata en las marchas sindicales (y además denuncia a los sindicatos que llamaron a votar contra Macron) y, en la Asamblea, RN se queda sin voz en la batalla de enmiendas para contrarrestar el proyecto, dejando este espacio a la NUPES. Hay que decir que, en el fondo, RN comparte la «necesidad de que los trabajadores hagan esfuerzos para financiar las pensiones». Después de que los economistas liberales que la rodean le aplicaran un correctivo, RN ha dado carpetazo a su programa de 2017: la vuelta a la jubilación a los 60 años con 40 años cotizados. Aparte de las carreras profesionales iniciadas antes de los 20 años, en las que su programa mantiene la vuelta a los 60 años, RN se pronuncia tranquilamente a favor de la jubilación total entre los 62 y los 67 años con 42 o 43 años cotizados. Básicamente, se encuentran de acuerdo con Macron, aunque anuncien en voz alta el rechazo del proyecto de Macron de retrasar la edad de jubilación a los 64 años. No tiene sentido buscar en su programa la más mínima reivindicación de justicia social, de reparto de la riqueza atacando a los capitalistas, de una política fiscal y presupuestaria que ponga fin a los regalos a las grandes empresas. Sus soluciones para las pensiones, aparte de un aplazamiento de la edad de jubilación de los asalariados, pasan por una política pronatalista y el fin de los regalos a… ¡las personas inmigrantes! Por tanto, impugnar el lugar de la RN en esta movilización no sólo se hace en la calle, sino también denunciando la duplicidad de su postura.