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l ascenso de la izquierda con Pedro Castillo y Perú Libre al gobierno constituye un hecho inédito en la historia nacional, que cristaliza los antagonismos de clase y étnico-regionales. La ultraderecha social y política se vuelca a las calles con sus desenfrenadas campañas macartistas impulsando la vacancia y la derecha liberal se suma subrepticiamente al golpismo mediante pedidos de renuncia presidencial o nuevas elecciones generales. Las movilizaciones populares adquieren mayor radicalización ante la derechización gubernamental, mientras tanto las izquierdas intentan rearticularse para enfrentar el asedio golpista y a la vez encarar el viraje del gobierno que se aleja cada vez más de las banderas transformadoras que explicaron su triunfo electoral.

Tensiones en la interna gubernamental

El 29 de julio del 2021 juramentó el primer gabinete ministerial presidido por Guido Bellido, parlamentario de Perú Libre, compuesto principalmente con otras fuerzas de izquierdas (Nuevo Perú, Juntos por el Perú, Frente Amplio), organizaciones populares del movimiento magisterial y campesino (FENATEP y FARTAC) e independientes allegados al núcleo regionalista que asesora al presidente Castillo en temas centrales.

Bellido y algunos ministros recibieron toda la embestida de los grandes medios de comunicación bajo el claro objetivo de desplazar a PL y los sectores más a la izquierda del ejecutivo. Se sumó en el frente interno la presión política por derecha del economista Pedro Francke, tecnócrata progresista de NP que juramentó como titular del Ministerio de Economía y Finanzas al día siguiente de lo previsto con clara intencionalidad política, y que durante la campaña de la segunda vuelta se encargó de calmar al capital internacional, ganar el apoyo de los sectores medios y profundizar la atenuación del programa de cambios.

PL acompañó las concesiones políticas a la derecha por lograr sobrevivencia política al solicitar la renuncia del canciller Héctor Béjar, ex insurgente del ELN en los 60´s y colaborador del gobierno militar de Velasco Alvarado, que fue reemplazado por el diplomático proimperialista Oscar Maurtua.  En esa coyuntura Bellido da un giro al centro en su discurso de investidura ante el congreso, que logró los votos de las bancadas más importantes de la derecha, Acción Popular y Alianza para el Progreso, y la oposición intransigente de las bancadas que votaron en contra de la confianza desde la triada ultraderechista (Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País) hasta la derecha liberal (Somos Perú-Partido Morado). Las bancadas de izquierda (PL y JP), votaron a favor de la confianza al primer gabinete en un congreso de mayoría opositora.

La nueva andanada mediática que centró sus fuegos en el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, que proviene del movimiento magisterial. Al igual que con Bellido, intentaron vincular a Maraví con la extinta organización Sendero Luminoso (PCP-SL) y aunque logró defenderse de todas las falsas acusaciones ante el Congreso en el proceso de interpelación, las tensiones en la interna gubernamental continuaron lo que significó la recomposición del gabinete ministerial.

La responsabilidad de PL en su desplazamiento del ejecutivo, radicó en su sectarismo ya que no tuvieron una política de frente único que les permita recuperar hegemonía y consolidar la alianza con la izquierda magisterial que integra la bancada oficialista en calidad de invitados y que viene impulsando la inscripción electoral del Partido Magisterial y Popular (PMP). Aunque PL no se sumó a la vacancia impulsada por la ultraderecha parlamentaria en diciembre del 2021, negaron el voto de confianza al Gabinete Vásquez.

La débil hegemonía centroizquierdista en el gobierno

El cambio de relación de fuerzas con el segundo gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez, exparlamentaria del FA y activista ecologista, cristalizó la orientación centroizquierdista del gobierno como producto de la serie de concesiones a la derecha y la oligarquía. Es decir, el impulso de políticas progresivas que sin romper con el modelo neoliberal favorezcan parcialmente a las clases populares. La asamblea nacional constituyente no fue impulsada por este gabinete y la renegociación del Gas de Camisea ya no apuntó a captar mayor renta o una posible nacionalización, buscando sólo la masificación del gas para abastecer el mercado interno.

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, pidió facultades legislativas en materia tributaria con el objetivo de gravar más impuestos a los sectores más pudientes de la sociedad peruana. Esta propuesta fue rechazada parcialmente por el congreso bloqueando lo fundamental de la reforma tributaria que consistía en gravar mayores impuestos a las corporaciones mineras. Lamentablemente, no hubo un apoyo decidido del presidente Castillo ante una de las medidas más progresivas del moderado Plan Bicentenario.

El núcleo regionalista articulado al grupo de asesores presidenciales, que tiene vínculos con la derecha emergente, ha logrado una considerable influencia política debido a la ausencia de un proyecto político propio hasta el punto que el presidente Castillo no respaldó al ministro de Interior, Avelino Guillén, ante la crisis en su sector que terminó renunciando el 30 de enero del 2022 y que en buena cuenta explica el ocaso del Gabinete Vásquez, en tan solo casi cuatro meses de su gestión, evidenciando la precaria cohesión política del gobierno.

Crisis gubernamental permanente ¿Capitulación y viraje neoliberal?

La proclamación del efímero tercer gabinete ministerial presidido por Héctor Valer, parlamentario tránsfuga y anticomunista, a seis meses del gobierno de Castillo tuvo como saldo político el desplazamiento de Nuevo Perú, el retorno de Perú Libre y el ingreso de más tecnócratas neoliberales al ejecutivo. Esta recomposición fue rechazada ampliamente por la opinión pública debido la marcada improvisación gubernamental que prioriza la lógica de cuoteo sobre los acuerdos programáticos. Las serias denuncias por violencia familiar contra Valer hicieron insostenibles su gestión y a los tres días se anunció un cuarto gabinete ahora dirigido por el exministro de Justicia, Aníbal Torres, abogado afín al presidente Castillo.

La rectificación parcial en el cuarto gabinete ministerial no significa una enmienda de fondo en la nueva orientación del gobierno que bajo una lógica de sobrevivencia política ante el asedio golpista decide no afectar los intereses de la oligarquía peruana y esto se evidencia en cuanto prevalecen los tecnócratas neoliberales como titulares en los ministerios de Cultura (Salas), y Economía y Finanzas (Graham), además de figuras cuestionables en las carteras de Defensa e Interior.

La derechización gradual tiene antecedentes claros en la atenuación del programa en la campaña electoral de cara al balotaje. La moderación pragmática bajo la conducción de Guido Bellido y la débil hegemonía centroizquierdista bajo la conducción de Mirtha Vásquez tan solo fueron peldaños en el proceso de derechización que habilitó la capitulación del gobierno de Castillo y que se materializa abiertamente con el Gabinete Torres-Graham y que imposibilita irreversiblemente una gestión progresista del capitalismo neoliberal peruano.

La irrupción de las movilizaciones populares y el asedio golpista en Lima

A fines de marzo del 2022 fue derrotada el segundo intento de vacancia presidencial en el congreso de la república y tan sólo unos días después irrumpieron las clases populares del sector transporte y agrario fundamentalmente en Junín, pero extendiéndose la lucha a Ica, Arequipa, Huánuco y Huancavelica. El detonante fue el alza del costo de los combustibles y los alimentos debido a la crisis económica internacional. Tras 4 días de paro regional en Junín las movilizaciones se volvían cada más masivas y radicales con acciones desde bloqueo de carreteras hasta saqueos y desmanes en las zonas urbanas.

La respuesta gubernamental fue represiva desde el inicio del conflicto social, ocasionando un saldo trágico de 1 muerto y la pérdida parcial de la vista de dos jóvenes en Junín, 1 muerto en Ica y 1 muerto en Huánuco. El presidente Castillo en un principio denunció que las acciones de lucha eran orquestadas o financiadas por la derecha, lo cual enfureció aún más a los manifestantes que no recibían solución a sus demandas más álgidas. Luego tuvo que retractarse y pedir disculpas al pueblo movilizado ante el grave error político cometido.

Una delegación del ejecutivo representada por los ministros Roberto Sánchez y Alejandro Salas arribaron a Huancayo, capital de Junín, el sexto día del paro regional logrando suscribir algunos acuerdos como la reducción al 90% del impuesto selectivo al consumo en combustibles. Los bloqueos de carretera no cesaron en algunos puntos a pesar la tregua acordada de 5 días, debido a que la estructura organizativa del sector transporte es bastante heterogénea y no cuenta con una dirección centralizada a nivel nacional lo cual además es tierra fértil para intentos de hegemonizar la lucha por derecha.

El paro transportista llegó a Lima el 4 de abril, pero se desarrolló de forma parcial mediante piquetes en Huaycán, Manchay, Pachacamac y algunos distritos de Lima Norte. Se difundieron alertas de saqueo en diferentes puntos de la capital pero que finalmente no se concretaron salvo algunos casos de robo a transeúntes. En ese contexto el gobierno decidió decretar estado de emergencia e inamovilidad ciudadana por casi 24 horas en Lima y Callao para el martes 5 de abril aduciendo que según un informe del servicio de inteligencia se desarrollarían saqueos en toda la ciudad ese día.

Esta medida desproporcionada del ejecutivo enfureció a vastos sectores de la clase media y la burguesía limeña que decidieron movilizarse bajo la conducción de la ultraderecha golpista con consignas como ¡Fuera Castillo!, ¡Nuevas elecciones! y ¡Que se vayan todos! La movilización de las clases medias, aunque pudo granjear el apoyo de algunos activistas liberales que se habían movilizado contra Merino en noviembre del 2020, el sentido regresivo de este movimiento es tan evidente que incluso durante el trascurso de la marcha las expresiones racistas contra el presidente Castillo constituía parte de la agitación.

La respuesta del gobierno y la fuerza policial hacia la movilización burguesa que desacató el decreto de inamovilidad ciudadana fue extremadamente tolerante y sólo buscaron la contención de los sectores lumpenes que de forma planificada generaron desmanes, saqueos y ataques a la oficina del Poder Judicial y casi logran el mismo objetivo con la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Confrontaron a la fuerza policial durante varias horas en el centro de Lima cerca al Congreso de la República y Palacio de Gobierno, pero finalmente se logró dispersar a los manifestantes sin el saldo trágico que esperaba la ultraderecha golpista.

El presidente Castillo arribó al Coliseo Wanka en Huancayo, epicentro del paro transportista y agrario, el 7 de abril para reunirse con los representantes de las organizaciones populares y poder suscribir acuerdos fundamentales. Inmediatamente recibió las críticas del pueblo que votó por él y que espera rectificación del gobierno ante los diversos problemas que afronta el país. Por lo pronto, el ejecutivo se ha comprometido en impulsar un proyecto de ley que prohíba los monopolios entre otras medidas progresivas pero que no dejan de ser paliativos ante la magnitud de la crisis económica internacional.

Claramente la composición de clase y la orientación de la lucha expresa dos dinámicas cualitativamente distintas entre la movilización burguesa en Lima y las movilizaciones populares en regiones. En Huancayo e Ica las consignas mayoritarias del campesinado y los transportistas iban contra los monopolios y la constitución del 93 que imposibilita aplicar políticas de control de precios. La ultraderecha ha intentado hegemonizar el proceso de lucha a través de los sindicatos de la CTP de filiación aprista y los activistas fujimoristas que tienen presencia en regiones y que se organizan en grupos de choque como La Resistencia. El asedio a la casa del secretario general de Perú Libre y los saqueos en centros comerciales de productos suntuosos hasta cierto punto guarda relación.

No obstante, la ultraderecha golpista no logró hegemonizar la justa lucha del campesinado y los transportistas que exigen al presidente Castillo honrar sus promesas de campaña. La izquierda no debe dudar en apoyar activamente las movilizaciones populares de este tipo que pueden ser el germen del proceso popular constituyente, y en esa medida canalizar hacia transformaciones mayores el descontento de las clases populares.

Momento de definiciones en la izquierda peruana

El abandono de las banderas transformadoras (renegociación de contratos con las industrias extractivas, nacionalización de sectores estratégicos de la economía, nueva constitución) por parte del oficialismo paradójicamente es acompañado tácitamente por Perú Libre y el Partido Magisterial y Popular, partidos que inicialmente representaron al sector ubicado más a la izquierda en el gobierno. Este oportunismo indudablemente no podría llevarse a cabo sin los incondicionales de siempre afines al presidente Castillo.

Sectores de la izquierda liberal (NP) y tradicional (PCP-PR) están en proceso de converger con la oposición burguesa que bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción plantea como solución a la crisis la convocatoria a nuevas elecciones generales. Este posicionamiento suele ser asumido de forma errática pero lo cierto es que fueron aliados de última hora y por lo tanto su compromiso con el gobierno de Castillo era frágil. En las condiciones actuales de polarización política estas propuestas solo pavimentarían el retorno de las fuerzas orgánicas del neoliberalismo, ya sea en su variante de ultraderecha o la derecha liberal.

La izquierda oficialista, PL y PMP, e intelectuales afines sostienen que la derechización gubernamental puede revertirse y que entonces corresponde a la izquierda luchar por la rectificación del proceso y a la vez derrotar a la ultraderecha golpista. En algunos casos el apoyo crítico al gobierno se desdibuja cuando defienden medidas erróneas como el decreto de inamovilidad ciudadana en Lima. En otros casos se obvia que los organismos estatales que regulan la economía peruana como la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva están dirigidos por tecnócratas neoliberales que funcionan como un dique para evitar cualquier giro a la izquierda.

A pesar de la capitulación del presidente Pedro Castillo, la oligarquía no tolera su origen popular y apuesta a recuperar el manejo directo del ejecutivo ante la tentativa plebeya frustrada. En esa medida el gobierno de Castillo no representa una fuerza orgánica del neoliberalismo y mantiene ciertos vínculos con algunas fuerzas de izquierda a diferencia de la capitulación del expresidente Ollanta Humala en el 2011. La independencia política de la izquierda y la lucha contra el golpismo con miras a construir una oposición de izquierda popular, delimitada de la oposición burguesa y que apunte a exigir al gobierno que cumpla sus compromisos electorales mínimos con las clases populares reconociendo que definitivamente el gobierno no retomara las propuestas más radicales de su programa y que solo mediante la lucha en las calles lograremos abrir un proceso popular constituyente en Perú.

Para esto es ineludible reconstruir un proyecto de izquierda útil a la lucha de clases y que se proponga en serio una ruptura con el neoliberalismo y el imperialismo bajo un horizonte ecosocialista y feminista. Sacar lecciones profundas de las experiencias frustradas nos permitirá recomenzar con mejores condiciones las tareas que se avecinan.