a semana pasada, en Managua, el régimen que encabezan Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo capturó con violencia y sin orden judicial a Óscar René Vargas, de 77 años, intelectual destacado, antiguo asesor político de Ortega y fundador, junto con Adolfo Gilly, de la revista Coyoacán. El sociólogo fue recluido en la cárcel de El Chipote, sin que a la fecha se haya dado a conocer el cargo por el que se le acusa; simplemente se dio a conocer su condición de “acusado” y como “ofendidos” se anotó “el Estado de Nicaragua” y “la seguridad pública”.

El caso ha generado una ola de protestas en instancias académicas y en organizaciones humanitarias, no sólo por el flagrante atropello a los derechos de Vargas sino también por el riesgo que entrañan las condiciones de su encarcelamiento, habida cuenta que padece de hipertensión, porta un marcapasos y requiere de atención médica permanente.

En el último artículo que publicó antes de su captura, Vargas, autor de más de 35 libros, criticó al Fondo Monetario Internacional (FMI) por su complacencia para con el régimen y alertó que éste se disponía a adoptar el año próximo “medidas mucho más fuertes que las que recomienda el FMI en sus programas de ajuste estructural. Se viene una situación peor a la actual: más desempleo, mayor migración, reducción del poder adquisitivo, incapacidad de poder comprar la canasta básica de alimentos, desnutrición, hambre y más descontento entre la ciudadanía”.

Este es sólo el más reciente episodio del férreo hostigamiento represivo aplicado desde hace 15 años por Ortega y Murillo contra el intelectual –quien en 1967 salvó al ahora hombre fuerte de Nicaragua de ser capturado por la Guardia Nacional del dictador Anastasio Somoza– y uno más de la implacable persecución política que el régimen ha desatado en contra de opositores y disidentes, varios de los cuales fueron destacados dirigentes y militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuyas siglas fueron apropiadas por la pareja gobernante.

Tal es el caso de la ex comandante guerrillera Dora María Téllez y del ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco; la primera, internadaen El Chipote y el segundo, sometido a régimen de prisión domiciliaria en razón de su avanzada edad; en febrero de este año murió en la cárcel el general en retiro Hugo Torres Jiménez, quien se destacó por su participación en operaciones contra la dictadura somocista.

Los tres formaban parte de la cuarentena de dirigentes opositores que fueron capturados por el régimen entre mayo y noviembre del año pasado, en vísperas de una elección presidencial repudiada y cuestionada porque diez posibles aspirantes fueron previamente encarcelados (Cristiana Chamorro Barrios, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz Sequeira, Medardo Medina, Félix Maradiaga, Miguel Moral y Noel Vidaurre), inhabilitados (George Henríquez y Óscar Sobalvarro) o exiliados (Luis Fley). También se encuentran en prisión Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona, dirigentes del partido Unamos, y los líderes empresariales Michael Healy y Álvaro Vargas, así como directivos, reporteros y fotógrafos de diversos medios, especialmente de La Prensa y El Confidencial.

Es difícil imaginar una involución más trágica y dolorosa que la que ha tenido lugar en Nicaragua, cuya revolución de 1979 generó la esperanza y la solidaridad de muchos pueblos, y en donde la dupla Ortega-Murillo ha terminado por revivir los grotescos rasgos represivos de la dictadura somocista.

El corporativismo, la corrupción, el patrimonialismo y el carácter dictatorial de la pareja gobernante deben ser denunciados por la opinión pública internacional, la cual debe exigir la liberación inmediata de los encarcelados y el cese de la brutal represión política que impera en la patria de Sandino.