Con las derrotas políticas sufridas por el gobierno en el parlamento y con los gobernadores se ha producido un punto de inflexión en la etapa inaugurada con la asunción de Javier Milei a la presidencia de la Nación.
Desde ese momento los tiempos han tomado una dinámica vertiginosa. La temporalidad de la crisis ha abierto el tiempo de las urgencias. Las del gobierno por avanzar en su programa lo más rápido posible y las del pueblo trabajador por poner límites a ese programa. Sino hacerlo directamente fracasar.
Dada la personalidad disruptiva del presidente de la Nación no es de extrañar que de este laberinto, creado por sus propias acciones y dichos, busque salir por arriba (1). Esto es no pisando el freno sino acelerando. Es lo que acaba de dejar en claro con su intervención en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del viernes pasado.

Ordenando el tablero

Tanto en la Conferencia de Acción Política en Washington como en el Foro Económico Mundial en Davos el presidente expuso en términos teóricos su proyecto económico político que tiene al equilibrio fiscal como piedra angular de su propuesta, el endiosamiento del mercado como medida de valor de todos los valores y a la propiedad privada como el derecho que está por encima de todos los derechos, mientras revaloriza el papel de los monopolios y rebaja el Estado a su mínima expresión. Lo que hizo en su reciente intervención en el Congreso fue bajar a tierra estos (sus) conceptos fundantes.

Fue un discurso ordenador –leído en un escenario cuidadosamente preparado- con un fuerte contenido de clase y un espíritu triunfalista profundamente deshumanizado con el que retoma la iniciativa, recupera centralidad y, como lo viene haciendo desde la campaña electoral, fija la agenda política en el país.

Construcción política

Lo hemos señalado en notas anteriores, el “experimento Milei” es seguido con atención por todas las derechas del mundo ya que es la primera vez que un anarco liberal asume la presidencia de un país. A este interés se ha agregado ahora otro: su método de construcción política, cuando tiene una mínima representación parlamentaria, nulo poder territorial y débil estructura partidaria. El “no se negocia” no está referido solo al déficit fiscal cero, a la motosierra o a la licuadora (2), lo ha instalado también en el plano político. El presidente se siente portador de un conjunto de concepciones (sus verdades) que no son negociables, ejerce una suerte de mesianismo-religioso que lo expone como un elegido que se encomienda a “las fuerzas del cielo”. Así no hay transacción posible, o se aceptan o se rechazan en totum.

La forma encontrada de consolidar y ampliar su “núcleo duro” no es otra que continuar en la construcción del enemigo (un abanico muy amplio que va desde la casta hasta el radicalismo, pasando por sindicalistas, dirigentes sociales, figuras de la cultura y lo que vaya apareciendo). Mientras va dejando cada vez más claro que su proyecto implica una transformación radical (por lo profunda) de la estructura socio-política del país.
Así lo indican los 10 puntos que propuso como un Pacto Fundacional (reminiscencia del Consenso de Washington de los años ’90) a los gobernadores -se suscribiría el próximo 25 de Mayo- condicionado a que le aprueben la ley ómnibus y el paquete fiscal. En recompensa habilitaría la transferencia de fondos recortados a las provincias (3). Cualquier imagen extorsiva no es simple coincidencia. Todo presidido por un liderazgo de nuevo tipo y la prefiguración de un sistema de poder cualitativamente distinto a lo conocido hasta ahora.
¿Puede funcionar?
El déficit cero no se negocia”, repite una y otra vez Milei mientras festejaba que en enero lograran superávit financiero (luego del pago de intereses). También celebró que el Banco Central continuara comprando dólares, que licuara los pasivos remunerados, que bajaran los tipos de cambio financieros y se achicara la brecha cambiaria.

Estos logros resultan de la aplicación de una política de shock extrema con tres objetivos: reducir a cero la emisión monetaria, lograr un nuevo equilibrio de los precios relativos de la economía (tipo de cambio, tarifas, precios, salarios) y mejorar el balance del Banco Central.

En este contexto comienza a crecer la idea que el programa de shock “funciona mejor de lo esperado”. Esperan fuerte recesión en el primer trimestre, con caída de la demanda y expectativas de menor tasa de inflación en febrero/marzo (15-17%). Comienzo de la recuperación avanzado el segundo trimestre de la mano del ingreso de dólares por la cosecha. El resultado sería una caída anual estimada que va del -2.6 al -4.4 % del PBI. Se trataría de un ordenamiento previo para levantar los controles cambiarios y unificar los tipos de cambio a mediados de año. La dolarización estaría entonces al alcance de la mano.

¿Festejos anticipados?

Frente a esta visión exitista es válido preguntarse: ¿el ajuste es sustentable en el tiempo ya que la licuadora no puede funcionar en forma permanente? Frente al alza de los precios ¿economía puede llegar sin una nueva devaluación o al menos sin incrementar el porcentual de devaluación diaria?; ¿la caída de la demanda no arrastrará también a los ingresos fiscales con lo que se necesitaría un segundo shock ajustador? Si bien el Central está comprando dólares las reservas siguen negativas ¿entonces cómo sumar no menos de 20.000 millones necesarios para dolarizar? Por algo Milei aclaró que “su” dolarización se trataría en realidad de un régimen de “competencia de monedas”, una suerte de convertibilidad. Sin embargo agita la dolarización porque le da réditos entre sus votantes.

Apoyos condicionados

El FMI y los EEUU, apoyan en general el programa pero exigen leyes que lo consoliden y contemplar a los más desfavorecidos. También apoya el bloque de clases dominantes -ven la oportunidad histórica de imponer una relación de fuerzas duraderas a favor del capital- pero se preocupan por si la recesión se transforma en depresión o que comience la disputa dolarizadores vs. devaluadores. También por quién ejerza la hegemonía en el comando del bloque de poder, hoy totalmente en manos del capital financiero. En su discurso en el Congreso Milei no hizo una sola referencia a la industria ni al comercio interno.

La gobernabilidad en cuestión

Unos y otros ponen el acento en cómo garantizar gobernabilidad, cuando ven que crecen las reacciones sociales y que nuevos actores salen a la calle (movimientos de la cultura, la reaparición de las asambleas barriales, numerosos paros sectoriales) precedidos e impulsados por una intensa actividad de la izquierda partidaria. Es que en menos de tres meses se registra caída en picada de la capacidad adquisitiva de los ingresos populares, fuerte impacto en la demanda interna y caída de la actividad, baja de la utilización de la capacidad instalada en el sector privado y comienzo de suspensiones y despidos. Todo se sintetiza en el impresionante salto de los niveles de pobreza e indigencia (57.4 y 14.2 respectivamente) que serían superados en febrero/marzo. No pocos ven riesgos de disgregación social.
Los tiempos corren aceleradamente tanto para el gobierno, que necesita llegar a mediados de año mostrando éxitos antes que la reacción social se generalice, como para el pueblo trabajador, que necesita articular rápidamente las resistencias para avanzar hacia un futuro distinto de la barbarie social que se avecina.

(1) “De los laberintos se sale por arriba”, es una metáfora acuñada por el novelista Leopoldo Marechal que refiere a la incógnita para resolver un conflicto. Para la RAE laberinto “es cosa confusa y enredada”.
(2) Al no haberse aprobado el proyecto de presupuesto 2024 se está trabajando con el presupuesto 2023 cuyos valores monetarios corresponden a octubre 2022. Por lo que con el fuerte proceso inflacionario el gasto público se ve reducido (licuado) en términos reales. A eso se le llama vulgarmente efecto licuadora, principal causa del superávit fiscal logrado en enero.
(3) En su embestida contra el gasto público para llegar al déficit fiscal cero el gobierno también recorto fondos a las provincias, especialmente a Chubut, una de las provincias petroleras, lo que llevó a su gobernador a amenazar con cerrar la válvula que permite el flujo de gas y petróleo al resto del país, a lo que se sumaron otras provincias. Una crisis política de final impredecible, que por el momento cerró la justicia que ordenó al gobierno nacional reponer los fondos recortados.