Actualidad Internacional: Latitudes. Asia

India. Movilizaciones campesinas en el marco de la crisis agraria

11/abril/2021

Sushovan Dhar

Activista y sindicalista, es simpatizante de la Cuarta Internacional en la India.

Traducción: Carlos Rojas

 

L

os proyectos de ley de agricultura del gobierno del Partido Bharatiya Janata (BJP) —la Ley de Promoción y Facilitación del Comercio de Productos Agrícolas, la Ley de Acuerdo de Garantía de Precios y Servicios Agrícolas, y la Ley de Productos Básicos (modificada)— aprobados en la sesión del monzón del Parlamento en 2020, han provocado una serie de acontecimientos: la dimisión de un ministro de la Unión del gabinete en septiembre de 2020, los suicidios de campesinos y las protestas a nivel nacional de varias organizaciones de agricultores desde noviembre. Las mayores concentraciones de protesta tuvieron lugar en los alrededores de Delhi. En los meses transcurridos desde el inicio de su protesta, los campesinos, procedentes principalmente de los estados indios de Punjab y Haryana, pero también de Uttar Pradesh, Rajastán y Gujarat, han acampado en los alrededores de la ciudad, dispuestos a permanecer durante meses hasta que se satisfagan sus demandas.

Una marcha de protesta en Delhi el 26 de enero, Día de la República de la India, tuvo un giro militante. Los campesinos asaltaron el histórico monumento del Fuerte Rojo y la policía tomó represalias con gases lacrimógenos y porras. La policía antidisturbios y los grupos paramilitares acudieron en masa a los campamentos e intentaron sofocar las protestas, instalando barreras de hormigón, pinchos y alambre de espino alrededor de los campamentos. Pero esta respuesta no hizo más que alimentar la determinación de los agricultores, y más tarde la Policía de Delhi retiró parcialmente a sus policías. Desde entonces, el gobierno ha intentado redoblar su retórica contra los campesinos, acusándolos de estar infiltrados por extranjeros y manifestantes profesionales, pero esto no ha conseguido reducir un ápice la determinación de los campesinos manifestantes. La actual lucha campesina en la India es la mayor movilización de masas en décadas y representa el mayor desafío para el gobierno de Modi desde que llegó al poder. El movimiento de protesta de los campesinos de la India —que constituyen más del 50% de la población trabajadora— ha sido el más sostenido y es también el primer movimiento que ha llevado a la mesa de negociaciones al gobernante Partido Bharatiya Janata, conocido por reprimir la disidencia civil.

Las tres leyes

Quizá sea importante recordar que el momento de las nuevas leyes —que según el Gobierno son reformistas y ayudarán a los agricultores a beneficiarse a largo plazo— puede no haber sido el más adecuado. La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, anunció la intención del Gobierno de sacar adelante las nuevas leyes en una rueda de prensa el 15 de mayo de 2020 —mientras seguía vigente el bloqueo por el Covid-19— como parte del paquete de estímulo financiero de algo más de 300.000 millones de dólares para aliviar la economía, que estaba sintiendo los efectos de la pandemia.

Lo que el sector agrícola (y todos los demás sectores, en realidad) necesitaba eran medidas de alivio inmediato que le ayudaran a superar el periodo de restricciones —impuestas por el gobierno o autoimpuestas debido a la naturaleza del virus— que, en ese momento, estaba claro que duraría varios meses.

La Ley de Promoción y Facilitación del Comercio de Productos Campesinos de 2020 permite a los campesinos vender sus productos fuera de los mandis (mercados) del Comité del Mercado de Productos Agrícolas (APMC) sin pagar impuestos. La Ley de Garantía de Precios y Servicios Agrícolas permite a los agricultores vender sus productos futuros a las empresas agrícolas a un precio predeterminado, y la Ley de Productos Básicos facilita el control del centro sobre la producción y venta de productos agrícolas.

El gobierno indio quiere hacernos creer que estos proyectos de ley son un momento decisivo para la agricultura india porque liberan a los agricultores de la influencia de los intermediarios. Pero las organizaciones de agricultores lo consideran una medida que aumenta el grado de participación de las empresas privadas. La preocupación por los proyectos de ley es doble. En primer lugar, el contenido de los proyectos de ley se considera una amenaza para los agricultores pequeños y marginales. En segundo lugar, la premura con la que se han aprobado los proyectos de ley en el parlamento es vista como una amenaza por los estados y los partidos regionales. Veamos las razones por las que los proyectos de ley han encontrado una fuerte oposición por parte de las asociaciones de agricultores, los partidos políticos de la oposición y los gobiernos estatales:

– La Ley de Promoción y Facilitación del Comercio Agrícola permite, por primera vez, el comercio de productos agrícolas fuera de los mandis regulados por el APMC. Se pueden crear mandis privados en todo el país, donde cualquiera puede comprar productos a los agricultores. Las licencias que los compradores deben tener en la APMC ya no son necesarias. Estos mandis también están exentos de pagar cualquier impuesto o tasa.

El gobierno afirma que esta medida es para dar a los agricultores más posibilidades de elegir a quién venden sus productos. La economía nos dice que más compradores significan un mejor precio para el vendedor. Pero el mundo real es un poco más complejo que la típica clase de economía. A los agricultores no les gusta este cambio. Dicen que en lugar de darles más opciones, y por tanto un mejor precio, les dejará a merced de unos pocos actores privados que se organizarán en cárteles y así fijarán el precio. Dicen que esto ocurrirá porque el mandi APMC seguirá estando sujeto a impuestos y regulaciones, lo que disuadirá a los comerciantes de comprar en el mandi y allanará el camino para el desmantelamiento de la estructura del APMC.

Se teme que los agricultores con escaso poder de negociación se vean obligados a vender fuera del mandi en una zona comercial no regulada, donde los compradores relativamente más poderosos puedan dictar los precios, convirtiendo a los agricultores de «formadores de precios» en teoría a «tomadores de precios» en realidad.

Ante las protestas de los agricultores, el gobierno indio presentó una propuesta el 9 de diciembre de 2020. Declaró que estaba dispuesto a modificar la ley para que los gobiernos estatales pudieran idear mecanismos de registro de los mandis. El gobierno también dijo que podría dejar en manos de los gobiernos estatales la imposición de un impuesto o derecho sobre los mandis privados al tipo aplicable a los mandis APMC. Esta propuesta fue rechazada con vehemencia por los agricultores, que dijeron que se conformarían con nada menos que la derogación de la ley.

– La Ley de Acuerdos de Garantía de Precios y Servicios Agrícolas establece un marco legislativo nacional para permitir la agricultura por contrato, en la que se puede llegar a un acuerdo entre el agricultor y el comprador antes de la siembra, por el que el agricultor se compromete a vender su producto al comprador a un precio predeterminado. El gobierno ha argumentado que esto ayudará a eliminar parte de la incertidumbre de los ingresos al proporcionar la seguridad de un comprador a un precio predeterminado antes de la siembra.

La oposición a esta medida se debe a las experiencias pasadas de la agricultura por contrato en la India, que no siempre ha sido beneficiosa para los agricultores. Según los informes, la agricultura por contrato en algunas partes de Maharashtra ha dejado a los «hogares participantes vulnerables a la deuda y a la pérdida de autonomía sobre la tierra y las decisiones de subsistencia». No hizo sino reforzar los patrones de desigualdad existentes, ya que la empresa contratante tenía relativamente más poder que el agricultor.

Ello se debe también a que la agricultura por contrato en la India conlleva muchas malas prácticas contra los agricultores, incluidos los acuerdos contractuales unilaterales (a favor de la agencia contratante), los retrasos en los pagos, los rechazos indebidos basados en la calidad y el engaño descarado, además de la escasa aplicación de las disposiciones sobre agricultura por contrato por parte del gobierno estatal.

El hecho de que los agricultores nunca hayan tenido la oportunidad de beneficiarse de la agricultura por contrato es lo que les hace temer. También temen que la agricultura por contrato permita a las grandes empresas apoderarse de sus tierras, ya que la ley no prevé mecanismos de recurso adecuados para los agricultores.

En virtud de esta legislación, los agricultores pueden contratar con las agroindustrias, las empresas privadas y los mayoristas la venta de futuros productos a un precio predeterminado. Dado que los agricultores carecen de recursos y capital para negociar en igualdad de condiciones con los compradores, este proyecto de ley beneficiará más a las grandes empresas que a los agricultores. Además, las empresas suscribirán acuerdos de agricultura por contrato no solo para los cereales alimentarios, sino también para la horticultura, la floricultura y una variedad de otros productos, incluidos los cultivos comerciales, que venderán no solo en el país sino también para la exportación. Una de las consecuencias de estos acuerdos de agricultura por contrato sería que, en su momento, provocarían una transferencia de la superficie dedicada a la producción de cereales alimentarios hacia la de cultivos no alimentarios. Esta transferencia de la superficie dedicada a la producción de cereales alimentarios hacia cultivos no alimentarios y orientados a la exportación podría acabar minando la seguridad alimentaria del país. Además, el proyecto de ley no aborda los problemas relacionados con los acuerdos contractuales informales de aparcería y arrendamiento.

– La Ley de Productos Esenciales es otra ley que se considera que beneficia a las grandes empresas. Pretende eliminar los límites arbitrarios y periódicos de almacenamiento de productos agrícolas que el gobierno imponía a los comerciantes.

En vez de activadores arbitrarios, la nueva ley introduce activadores de precios que sólo se utilizarán en «circunstancias excepcionales». A partir de ahora, solo se pueden imponer límites de almacenamiento cuando los precios de los productos perecederos aumenten más del 100% y los de los productos no perecederos más del 50% en el último año. Según un informe anterior, estos límites se han violado un total de 69 veces en los últimos diez años, lo que va en contra de la idea de la reforma. Recientemente, se impusieron límites de stocks apenas un mes después de la aprobación de la ley, cuando los precios de las cebollas empezaron a subir como cada temporada. Según la nueva ley, el precio debería haber aumentado más del 100%, lo que solo ocurrió en una de las cuatro grandes metrópolis, pero se impusieron límites de existencias en todo el país con la idea de mantener el precio de las cebollas bajo para los consumidores.

Esta ley flexibiliza la producción, el almacenamiento, la circulación y la venta de productos agrícolas, salvo en situaciones extraordinarias. Elimina los límites de la cantidad de grano alimentario que puede almacenarse, lo que permite a los grandes comerciantes tener grandes cantidades de existencias. La eliminación de los límites de existencias y la facilitación de la compra y el almacenamiento a granel mediante la modificación de la Ley de Productos Básicos podría atraer a las grandes empresas al sector y propiciar nuevas inversiones. Pero también podría provocar el acaparamiento de grandes cantidades de cosechas, creando una escasez artificial, para venderlas después a precios más altos.

La cuestión del precio mínimo

En el centro de estas protestas hay una cuestión que no se menciona directamente en las tres nuevas leyes. Se trata de la cuestión del Precio Mínimo de Apoyo (PMS) que se anuncia para 23 cultivos. En realidad, sin embargo, las compras grandes y sostenidas son solo de trigo y arroz [1]El paddy es un «arroz sin cáscara” conservando su cáscara después de la trilla. Por lo general, de 1 kg de arroz con cáscara se obtienen 750 g de arroz integral y 600 g de arroz blanco en Punjab y Haryana.

A los agricultores les preocupa que, con las tres nuevas leyes, el Gobierno esté señalando un alejamiento de los actuales modelos de adquisición de PSM. Este miedo es producto de múltiples factores.

Se propuso reducir la factura de las subvenciones alimentarias. Los economistas han argumentado que el régimen de PSM, tal y como existe actualmente, no es sostenible. Y también, o quizás más importante, los agricultores simplemente no confían en el gobierno después de una serie de promesas incumplidas en los últimos seis años. Por lo tanto, temen que el gobierno esté preparando el camino para su retirada de las adquisiciones del PSM al permitir el desmantelamiento de la APMC a través de la «Ley de Derivación de la APMC».

Quieren que el gobierno apruebe una nueva legislación que considere el PSM un derecho legal. La asamblea de Punjab ya ha aprobado dicha ley, pero aún necesita el visto bueno del presidente. Incluso si se obtiene el consentimiento, no está claro cómo se aplicará la ley.

Una demanda de esta legislación se remonta a 2018, cuando las agitaciones campesinas se habían extendido por todo el país: la larga marcha de campesinos en Mumbai, la marcha de protesta al parlamento en Delhi.

En agosto de 2018, por primera vez, se llevó al parlamento un proyecto de ley en este sentido por iniciativa del parlamentario Raju Shetty, pero este proyecto no se debatió en el este.

Fue redactado por el Comité de Coordinación de All India Kisan Sangharsh (AIKSCC), una estructura de coordinación de varios cientos de organizaciones de agricultores de todo el país, que se formó después de la agitación de Mandsaur en 2017, y que sigue estando al frente en la agitación actual.

Después de 2018, las protestas campesinas se apagaron y están resurgiendo ahora. La demanda de convertir el PSM en un derecho legal vuelve a estar sobre la mesa y los líderes campesinos han dicho que las protestas no terminarán hasta que se cumpla esta demanda.

Otra reivindicación que vuelve a estar sobre la mesa es que el PSM se fije en el coste más el 50%, como recomendó la comisión Swaminathan para los agricultores en 2007. Antes de 2014, el BJP había prometido aplicar esta medida en cuanto llegara al poder.

Desde 2018, el BJP ha afirmado que ha cumplido esta promesa. Pero no lo ha hecho. El Centro ha dicho que proporcionará una «garantía por escrito» de que se mantendrá el mecanismo de contratación existente. No ha especificado qué forma tendrá esta garantía escrita. Tampoco ha abordado la cuestión de la fijación del PSM según las recomendaciones de la comisión Swaminathan.

Otra ley que está en el origen de la controversia es el proyecto de ley de 2020 que contiene modificaciones de la ley sobre la electricidad. Los agricultores de varios estados disfrutan actualmente de tarifas eléctricas subvencionadas, en las que pagan una fracción de la tarifa total que consumen. Los gobiernos estatales respectivos pagan el saldo a las empresas de distribución (DISCOM). El pago suele retrasarse. Esto, junto con otros factores, ha llevado a una situación en la que los balances de las DISCOMs están en un estado de deterioro. La principal característica del nuevo proyecto de ley que irrita a los agricultores es que cambia la forma de pagar la subvención. Con la nueva ley, los agricultores tendrán que pagar la totalidad de los gastos de electricidad a DISCOM. El gobierno estatal transferirá una cantidad de subvención a las cuentas bancarias de los agricultores, pasando así a un mecanismo de transferencia directa de beneficios. Una vez más, los agricultores no están convencidos de que el mecanismo funcione como se pretende y les preocupa que la transferencia no sea suficiente para cubrir el aumento de sus costes de electricidad. El Gobierno ha dicho que el proyecto de ley, que aún está en fase de revisión, podría modificarse para garantizar que no haya cambios en la forma en que los agricultores pagan sus facturas.

La crisis agraria

Las actuales movilizaciones del campesinado indio contra las tres nuevas leyes agrícolas y el precio mínimo de apoyo son solo la punta del iceberg. Se trata más bien de una verdadera explosión contra la erosión progresiva de sus vidas y medios de subsistencia debido a la grave crisis agraria que sufre el país desde hace tres décadas. Una simple cifra podría bastar para explicar la magnitud de esta crisis. En poco más de un cuarto de siglo, 400.000 campesinos se han suicidado a causa de las fuertes deudas. Además, el número de suicidios no refleja la magnitud de los problemas, ya que categorías enteras de campesinos no figuran en la lista oficial porque no tienen títulos de propiedad. Se trata principalmente de mujeres, dalits e indígenas.

Un estudio realizado por el Instituto de Investigación Laboral Aplicada sobre la mano de obra (Nueva Delhi) ha revelado varios datos sobre las condiciones imperantes en el sector agrícola. Durante los 10 años de gobierno de la Alianza Progresista Unida (UPA) (de 2004 a 2014), unos 15 millones de trabajadores, incluidos los campesinos, se quedaron sin empleo o fueron expulsados del sector agrícola para convertirse en trabajadores eventuales/informales. India -que es la cuarta economía del mundo- no ha sido capaz de lograr un crecimiento significativo en el sector no agrícola ni de crear los puestos de trabajo necesarios para absorber el excedente de población en el sector agrícola. El estudio también señala que 15 millones de trabajadores han pasado del sector agrícola al sector manufacturero y de servicios, lo que ha provocado un descenso de la proporción de la agricultura en el empleo total del 57% al 53% durante el periodo 2005-2010, y que unos 18 millones de trabajadores se han sumado a la mano de obra ocasional y contratada en el sector de la construcción, ya que el gobierno ha realizado grandes inversiones en el desarrollo de infraestructuras. Del total de 44 millones de trabajadores de la construcción en India, 42 millones (casi el 95%) son trabajadores informales sin ninguna seguridad social. Así, el crecimiento del sector de la construcción va acompañado de la precarización y la informalización de la mano de obra, que en su mayoría ha sido expulsada del sector agrícola.

El sector de la construcción ha experimentado un fenomenal aumento del empleo, pasando de 16 a 50 millones de personas, a un ritmo del 17% anual. En las zonas rurales, los puestos de trabajo en la construcción han pasado de unos 9,4 millones en 1999-2000 a 37,2 millones en 2011-12, lo que supone un aumento de casi el 300% en un período de 13 años. Esto sugiere que los proyectos de construcción han proporcionado la segunda mayor oportunidad de empleo en las zonas rurales después de la agricultura. Sin embargo, esto no es en absoluto un efecto dominó del boom de la construcción en la India urbana. Más bien, son las obras públicas del gobierno central en el marco de la Ley de Garantía de Empleo o MGNREGA [2]La Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi (MGNREGA) es una ley laboral india y una medida de seguridad social aprobada en septiembre de 2005 bajo el gobierno del Primer Ministro … Seguir leyendo las que explican la mayor parte del crecimiento del trabajo de construcción en las zonas rurales. El otro aspecto del crecimiento es que los salarios reales han aumentado un 61%; sin embargo, la inflación de los precios ha tendido a neutralizar los aumentos salariales.

En el período comprendido entre 1997 y 2009 se produjeron suicidios de campesinos como nunca se habían visto en la India en el último siglo. En los estados de Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh y Maharashtra (cinco estados), se produjeron 240.000 suicidios de campesinos durante este periodo. Si se añaden las cifras de 2010-11, el número total de suicidios de campesinos es de 256.000 en el periodo de 13 años. Pero los primeros siete años representan el 53% de estos suicidios, mientras que en los seis años restantes se produjeron 118.000 suicidios. Esto significa que en la segunda mitad de este periodo, hasta 17.200 campesinos se suicidaron cada año. Solo en Maharashtra, entre 2001 y 2010, se registraron 47.670 suicidios de campesinos, tres veces más que en Bengala Occidental. Sin embargo, los gobiernos estatal y central han sido insensibles a la difícil situación de las familias de las víctimas. El entonces ministro de Agricultura Sharad Pawar no visitó a las familias de las víctimas como gesto de simpatía y ni siquiera hizo una declaración pública sobre los suicidios de campesinos.

La zona más afectada ha sido la región de Vidarbha, la mayor zona de cultivo de algodón de Maharashtra, donde se han producido la mayoría de estos suicidios. En 2006, el Primer Ministro de la India visitó el distrito de Yawatmal, en la región de Vidarbha, donde se registró el mayor número de suicidios de agricultores.

Por tanto, es perfectamente legítimo plantear una pregunta: ¿de qué lado está el Estado? ¿Protege el Estado los intereses de los campesinos y sus familias afectadas por los suicidios, o está del lado de los prestamistas usureros y los funcionarios corruptos (que a menudo están confabulados con los políticos locales), los bancos y las sociedades de crédito que obligan a los campesinos a suicidarse? En un impactante caso de suicidio de un agricultor en el distrito de Buldhana, en la región de Vidarbha (Maharashtra), la familia afectada presentó una denuncia contra el prestamista que había cobrado un interés excesivo y había cometido un fraude que obligó al agricultor a suicidarse. Sin embargo, el entonces Ministro Principal Vilasrao Deshmukh impidió que la policía registrara un Primer Informe de Información [3]El FIR (First Information Report) es un documento elaborado por las organizaciones policiales de los países del sur y el sudeste asiático que inicia el proceso de justicia penal. Solo después de … Seguir leyendo en un caso criminal de este tipo contra el prestamista que resultó ser el padre de un miembro de la asamblea legislativa en funciones. Pero cuando la familia de la víctima prosiguió con el caso, el ex ministro jefe fue censurado por el Tribunal Supremo por sus declaraciones y su actuación para impedir la detención del usurero en cuestión. Tras la censura, Deshmukh fue trasladado a la cartera de desarrollo rural en una remodelación del gabinete del centro.

¿Agricultura por contrato o servidumbre por deudas?

Un importante estudio titulado «Efectos de las prácticas de agricultura por contrato en los campesinos en general, y su eficacia para lograr la equidad en la región de Hoshiarpur, en el Punjab» ha puesto de manifiesto que una empresa multinacional, PepsiCo -que se dedica a la agricultura por contrato- y una gran cooperativa como la Federación de Comercialización (Markfed) trataron de maximizar sus beneficios imponiendo a los agricultores determinadas condiciones de funcionamiento en el proyecto de contrato, dejando muy poco margen de negociación a los agricultores para fijar los precios de los productos agrícolas. Asimismo, los agricultores no tienen derecho a decidir las condiciones del documento contractual que firman. El acuerdo contractual entre PepsiCo y Markfed, por un lado, y los agricultores, por otro, ha salvaguardado los intereses de las empresas, pero no ha protegido los derechos e intereses de los agricultores.

Este estudio empírico se centró en los agricultores de Punjab y Haryana que habían contratado a empresas para cultivar tomates, patatas y arroz Basmati. Los agricultores debían vender sus productos únicamente a sus respectivas empresas contratantes —PepsiCo y Markfed—, que estaban autorizadas a sancionar a los agricultores que no cumplieran el contrato.

Desde la fase de germinación de las semillas y las plantas tiernas, el cultivo se consideraba propiedad exclusiva de la empresa contratante; en caso de pérdida o mala cosecha, las empresas podían rescindir unilateralmente el contrato; los agricultores podían entonces vender sus productos en el mercado abierto.

Cuando la totalidad de la cosecha de Basmati fracasó en 2006 debido a las semillas infestadas suministradas por Markfed, el riesgo del contrato no fue compartido por las empresas. Ese mismo año, hubo que abandonar todo un proyecto de tomates porque el contrato no preveía el reparto de riesgos. A lo largo de los años, el enorme aumento del coste de las semillas, los fertilizantes y los plaguicidas se ha sumado a la carga financiera, los problemas y las miserias de los agricultores contratados. Además, las empresas contratantes han retrasado el pago de las compras en el pasado, lo que ha agravado las dificultades de subsistencia de los pequeños agricultores.

Las empresas de agricultura por contrato solían recurrir a intermediarios (sobre todo para la exportación y la importación), lo que no modificaba el sistema de comercialización existente, y el productor real quedaba al final de la cadena. La conclusión más importante del estudio de la agricultura por contrato en el Punjab es que ha fomentado las prácticas de alquiler de los propietarios de tierras agrícolas. Por ejemplo, los indios no residentes que poseían tierras o los que eran locales pero no podían gestionar el autocultivo, así como los que poseían pequeñas explotaciones pero no podían competir con las grandes empresas, se vieron tentados a alquilar sus tierras de cultivo a los agricultores ricos. Así, la agricultura por contrato inducía a la «tenencia inversa» (es decir, los pequeños agricultores arrendaban sus tierras a los agricultores ricos, que se convertían en arrendatarios de facto de los pequeños propietarios); dicha práctica acababa conduciendo a la desposesión irreversible de los pequeños propietarios (es decir, a la «descampesinización»). Así, la experiencia de Punjab con la agricultura de contrato ha demostrado que:

– La agricultura por contrato niega la igualdad de oportunidades a las distintas clases de campesinos;

– que la brecha entre los campesinos ricos y pobres es cada vez mayor;

– que los campesinos ricos también se enfrentan a relaciones asimétricas con las empresas contratantes.

No solo la agricultura por contrato, sino también los acuerdos de libre comercio (TLC) han sido los menos beneficiosos para los productores agrícolas indios. A medida que la economía india se integró en el mercado mundial tras la introducción de las reformas económicas neoliberales en la década de 1990, la política comercial de India cambió considerablemente en favor del comercio bilateral. El principal cambio se observa en la creciente participación de India en los acuerdos de libre comercio frente a la liberalización comercial unilateral de la OMC. Los ALC entre dos o más socios se han convertido en una herramienta más eficaz para promover la liberalización del comercio. Este cambio ha tenido un impacto significativo en el sector agrícola indio. Mientras que el gobierno indio ha sido más agresivo a la hora de liberalizar el comercio en otros sectores, se ha mostrado más cauto a la hora de intervenir en el comercio agrícola, aunque, irónicamente, reduciendo los tipos arancelarios (especialmente en las importaciones), y porque la mayoría de los pequeños y marginales agricultores, que no reciben precios remunerativos, tienen que competir con productos importados que se venden a precios razonables gracias a la reducción de los aranceles. En consecuencia, una parte importante de la mano de obra agrícola vive por debajo del umbral de la pobreza, ya que la reducción de los derechos de importación ha reducido los salarios. Paradójicamente, India ha logrado la autosuficiencia alimentaria, necesaria para garantizar la seguridad alimentaria de los grupos pobres y marginados, pero es un país exportador de cereales alimentarios, lo que no aporta ningún beneficio sustancial a los productores agrícolas, mientras que las industrias nacionales se abastecen de materias primas baratas importadas.

En otro ejemplo de la decreciente credibilidad del Estado indio : afirmó haber cancelado préstamos a los agricultores por valor de 23.760 millones de rupias en 2009-10. Sin embargo, el Gobierno rara vez menciona que canceló 8.000 millones de rupias en préstamos a las industrias en el mismo periodo, y que el total de préstamos industriales cancelados en 15 años (1995-2010) asciende a 5,7 billones de rupias. ¡Es irónico que el gobierno indio gobierne en nombre de la población rural, buscando la legitimidad principalmente del electorado rural, sacrificando sus intereses en el altar de los grupos industriales y las corporaciones empresariales que generosamente dan fondos electorales a la clase política!

Es cierto que los bancos nacionalizados de la India tienen instrucciones de garantizar que al menos la mitad de sus préstamos se destinen al sector agrícola. Sin embargo, los procedimientos de tramitación y aprobación de las solicitudes de préstamo, así como el desembolso real de los mismos, siguen siendo un misterio. La región de la capital nacional (RNC) -es decir, Delhi, una megaciudad metropolitana- está llena de una jungla de hormigón donde la agricultura tiene la menor presencia. Sin embargo, según los datos publicados por el Banco Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural (NABARD), la metrópoli de Delhi tiene más agricultores dedicados a la agricultura que Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Karnataka y Bengala Occidental. Los «campesinos» de Delhi recibieron 220.770 millones de rupias en préstamos agrícolas en 2009 a un tipo de interés de sólo el 5%, mientras que en la mayoría de los demás estados, los bancos cobran un tipo de interés anual de entre el 9% y el 13% por los préstamos agrícolas. El importe de los préstamos desembolsados en Delhi fue el segundo más alto del país, excepto en Punjab, donde los agricultores recibieron ese mismo año 270.000 millones de rupias en préstamos. Incluso los agricultores de Uttar Pradesh (210.000 millones de rupias), Madhya Pradesh (134.300 millones de rupias) y Haryana (149.150 millones de rupias) recibieron importes totales de préstamos mucho más bajos, a pesar de que el número de agricultores de estos estados supera con creces al de Delhi.

El alto nivel de desembolso de préstamos para fines agrícolas en Delhi es inexplicable, ya que la NCR sólo tiene 39.000 hectáreas de tierras agrícolas. Sin embargo, los registros muestran que sólo 26.785 ha cubren la superficie neta cultivada en la RNC de Delhi. Las cifras disponibles, por tanto, sugieren que NABARD ha estado concediendo préstamos por valor de 8,06 millones de rupias por hectárea a los agricultores de la región metropolitana de Delhi. Sin embargo, el NABARD ha concedido créditos agrícolas para la compra de insumos como fertilizantes y nuevas variedades de semillas, para la instalación de pozos o sistemas de riego por goteo para la horticultura, la acuicultura, la floricultura y la sericultura, y para la compra de equipos agrícolas. Los propietarios de granjas, que aparecen en la elitista Delhi haciéndose pasar por «campeinos», han obtenido a menudo préstamos a tipos más baratos, lo que constituye la peor estafa en Delhi, ya que algunos de ellos han obtenido préstamos a través de las tarjetas de crédito Kisan.

Cabe señalar aquí que se aplican tipos de interés discriminatorios a los agricultores que solicitan préstamos agrícolas, entre el 9 y el 13% de interés anual. En cambio, los bienes de lujo -como los coches importados- pueden comprarse obteniendo un préstamo bancario a un tipo de interés de sólo el 7%. En la región económicamente desfavorecida de Marathwada, en Maharashtra, se concedieron préstamos para la compra de 146 coches Mercedes con un coste de 630 millones de rupias, de los cuales 420 millones procedían de bancos nacionalizados, en particular del State Bank of India.

Una lección para los trabajadores

La forma en que los más de 40 sindicatos agrícolas y otras organizaciones han trabajado juntos es una lección para las federaciones laborales. Las nuevas leyes laborales son una sentencia de muerte para ellos, lo que debería ser suficiente para estimularlos a actuar. En este caso, las huelgas rituales de un día en toda la India, aunque útiles, no son la respuesta. Lo que se necesita son huelgas a gran escala que se repitan cada pocos días en diferentes industrias y estados. De este modo, se alivia la carga económica de los huelguistas, ya que estas acciones no son continuas, sino que se reparten en el tiempo y entre diferentes secciones, y se producen en distintos lugares y regiones.

Hoy tenemos la oportunidad de forjar con los campesinos el tipo de unidad de lucha que puede infligir el golpe más poderoso hasta ahora al proyecto neoliberal de Modi. Solo podemos esperar que lo logremos.

Incluso si se pierde esta oportunidad y el resultado es un compromiso, pero no una derogación total de las leyes, políticamente las cosas no serán iguales. La popularidad del régimen de Modi habrá sufrido un golpe duradero. Aunque sea solo por eso, esta lucha de los campesinos merece nuestra profunda admiración.

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Notas del artículo

1 El paddy es un «arroz sin cáscara” conservando su cáscara después de la trilla. Por lo general, de 1 kg de arroz con cáscara se obtienen 750 g de arroz integral y 600 g de arroz blanco
2 La Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi (MGNREGA) es una ley laboral india y una medida de seguridad social aprobada en septiembre de 2005 bajo el gobierno del Primer Ministro Manmohan Singh (Partido del Congreso). Su objetivo es ofrecer 100 días de trabajo al año (no cualificados, pagados con el salario mínimo) a personas voluntarias de hogares pobres de las zonas rurales.
3 El FIR (First Information Report) es un documento elaborado por las organizaciones policiales de los países del sur y el sudeste asiático que inicia el proceso de justicia penal. Solo después de registrar la denuncia, la policía emprende una investigación.
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