l largo invierno en la sanidad italiana, que comenzó en febrero de 2020, parece no terminar nunca, ya que enero de 2022 está a punto de terminar. Un invierno interminable que ha durado casi 24 meses.

Un invierno anunciado por décadas de recortes, no nos cansaremos de decir, pero que desde 2020 se ha puesto de manifiesto sin que el Gobierno se proponga remediarlo con medidas eficaces capaces de devolver el protagonismo a la sanidad pública.

Muchas personas están pagando un alto precio por estas decisiones. En el mes de enero, que se acerca a su fin, el personal sanitario (médicos, enfermeras, OSS) enfermó a un ritmo de 800, 1.000 al día. La retórica de los héroes de hace unos dos años está dando sus frutos. Es muy cómodo hablar de héroes y seguir dejando que las cosas sigan sin funcionar, con un gasto corriente en sanidad que vuelve a bajar en 2022 respecto al año anterior, como si no hubiera pasado nada, como si no siguiera pasando todo, como si no se pudiera aprender nada de la lección que la realidad de la pandemia ha puesto ante nuestros ojos.

Pero ¿qué ha pasado y qué sigue pasando?

Sigue ocurriendo que los turnos del personal sanitario no terminan nunca. Las horas de trabajo ordinarias se superan constantemente, las enfermeras pasan del triaje al servicio de urgencias y al servicio de ambulancias, de una sala a otra, mientras que las salas ordinarias vuelven a cerrarse y se convierten en salas de Covid. En este infierno de estrés, fatiga, urgencias interminables y exasperación a largo plazo, la gente renuncia al descanso, a las vacaciones, cae enferma y no puede ver el final de la pesadilla.

Sigue ocurriendo, como ya se ha mencionado, que se cierran salas ordinarias no de Covid, se cierran quirófanos para destinar espacio y personal a las urgencias, y se niega la atención, la salud y el futuro a pacientes que necesitan tratamiento para otras enfermedades.

Todo el mundo sufre en los hospitales: el personal fijo, los trabajadores temporales, el personal de limpieza contratado, los porteros, los limpiadores, los técnicos de mantenimiento.

Los ciudadanos sufren, al igual que los pacientes, aquellos que buscan un centro de salud y lo encuentran convertido en otra cosa. Cerrado por COVID, una vez más, dos años después.

No era aceptable en 2020 que esto pudiera ocurrir. Es inaceptable porque llega después de un proceso de desmantelamiento de la sanidad pública que ha durado casi tres décadas, con recortes de recursos, continuas privatizaciones, corporativizaciones, descentralizaciones egoístas e ineficientes, recortes de personal, cierres de centros de salud y ruptura de la universalidad y gratuidad de la atención.

Pero después de casi dos años es aún más inaceptable. En esos dos años se podría haber empezado a reparar el daño. Aumentar el número de camas en las salas ordinarias y en las unidades de cuidados intensivos. Aumentar el número y reforzar las unidades territoriales. Reconvertir todos los centros de atención intermedia al sector público, porque el beneficio sanitario resta recursos a la sanidad.

Reforzar progresivamente la red de médicos de cabecera, devolviéndola a una relación laboral con el Servicio Nacional de Salud, superando el sistema convencional, preparando la especialidad universitaria de posgrado de medicina general, superando el número de clases cerradas en las facultades de medicina.

Sobre todo, habría sido posible y necesario contratar y colocar en nómina a todos los trabajadores temporales del sector sanitario, así como contratar más personal médico, de enfermería y técnico sanitario, superando el daño de más de diez años causado por la congelación de la facturación. Porque la sanidad no es sólo una cuestión de estructuras, sino también y sobre todo de las personas que trabajan y cuidan a los que necesitan cuidados.

La misma gestión de la emergencia de la pandemia y la vacunación, con un gobierno que se centró en una medida parcial y discriminatoria con el pase verde, terminó por suspender al personal sanitario del servicio sin que fuera sustituido por nadie. Esta también fue una medida que, de hecho, provocó recortes de personal que, a modo de parche, crearon grandes problemas en muchos departamentos y centros de salud.

El debate nacional se centró en la absurda polarización entre el no-vax y el only-vax. Entre los que negaban la pertinencia de la vacunación masiva para hacer frente a una emergencia pandémica y los que negaban la necesidad de una respuesta compleja y global que devolviera la centralidad a la salud pública y al papel del Servicio Nacional de Salud.

No cabe duda de que hay muchos responsables de este declive en el debate. Sin duda, el sistema de información no ha ayudado, ya que ha caído en la tentación de trivializar las cuestiones en juego y de hacer una lectura sensacionalista de las noticias y de la realidad. De nada ha servido el instinto de protagonismo mediático de algunos «expertos», incluso de aquellos que, despreciando el ridículo, ya anunciaron en el verano de 2020 la muerte del virus y el fin de la pandemia.

Pero el principal culpable fue el gobierno de Draghi, los profundos lazos que este gobierno tiene con el mundo empresarial, con las grandes empresas nacionales y multinacionales, con aquellos que han obtenido más riquezas enormes de esta pandemia y piensan que pueden hacer aún más poniendo sus manos privadas en la sanidad.

Porque, incluso en el capítulo de la sanidad, esto es el PNR: las manos del sector privado sobre la sanidad pública, la confiscación del dinero de la comunidad en beneficio de unos pocos.

El PNR de Draghi afirma con rotundidad que la sanidad local del futuro tendrá menos médicos y no más. Que la relación médico-paciente estará mediada por superestructuras telemáticas en lugar de la proximidad que tanto éxito tuvo en los albores de la sanidad pública nacional. Las estructuras sanitarias territoriales se van a convertir en un campo de conquista para el beneficio privado y las llamadas organizaciones sin ánimo de lucro. El modelo lombardo, tan poderosa y dramáticamente avergonzado por la pandemia, se convierte en un modelo aún más dominante que antes.

Y por eso el gobierno, incapaz con estas medidas y con el nuevo recorte previsto para 2022 de hacer frente a la situación, se ha limitado a centrarse en las personas, en realidad pocas incluso en comparación internacional, que no se han vacunado. Ni siquiera ha asumido la plena responsabilidad de decidir sobre la vacunación obligatoria, perpetrando medidas parciales ineficaces, mientras que incluso la cuestión de la vacunación de toda la humanidad sigue siendo rehén de los voraces apetitos de lucro de las empresas capitalistas.

Por el contrario, pensamos que es urgente una transformación completa de la estructura de la sociedad.

Creemos que la salud y la atención a todas las situaciones de fragilidad deben estar en el centro de todos los recursos desplegados.

Pensamos que hay que construir relaciones sociales basadas en la sanidad, la escuela pública, la protección de las necesidades, la defensa de los bienes comunes, los derechos sociales, los servicios públicos gratuitos.

Sobre la defensa del medio ambiente, del ecosistema, del territorio.

Una alternativa ecosocialista, feminista y revolucionaria que combina igualdad y naturaleza. El comunismo del siglo 21.