Desde Chicomuselo, una localidad al sur de Chiapas a escasos kilómetros de la frontera con Guatemala, ha llegado una señora de la tercera edad al zócalo de la Ciudad de México. Acompaña una movilización que busca denunciar el estado de crisis que viven sus comunidades a causa de la violencia desatada por grupos armados. Camina a paso lento, levanta una pancarta escrita a mano con marcador y grita “¡Justicia para Chicomuselo!”

Nos pide por su seguridad no mencionar su nombre y narra que el pasado tres de septiembre llegaron a su casa integrantes de una agrupación que se hace llamar “Maíz”. Venían con arma en mano y en esta ocasión no sólo llegaron a “cobrar piso” por la cocinita económica que atiende la familia para sobrevivir. Fueron contundentes “¿Van a entrar al grupo o se van de su casa?”. Le dieron sólo un par de horas para desalojar. Lo mismo fue para varios vecinos de la comunidad que, ante la amenaza, prefirieron huir de sus hogares que integrarse a las filas del crimen organizado.
La señora N y su familia abandonaron su casa deprisa, dejando atrás la mayoría de sus pertenencias; junto a sus gallinas sólo lograron cargar lo indispensable. Sin dinero y bajo la lluvia, consiguieron alojo con vecinos que les abrieron sus puertas. Sin su cocinta económica, la familia perdió su único sustento.

A la conflictividad por intolerancia religiosa, las disputas agrarias y otros problemas sociales, se suma ahora en Chiapas el control territorial por parte de los cárteles y el actuar de grupos paramilitares que imponen la minería en la región. La frontera sur se ha convertido en un territorio de disputa para el crimen organizado y el gran capital por ser punto estratégico para el tráfico de drogas, armas y la trata de personas que se nutre gracias a la masiva migración que proviene de Centroamérica; así como por su riqueza en recursos naturales. Chiapas se paralizó las últimas semanas por los bloqueos perpetrados por el Cartel Jalisco Nueva Generación en guerra contra el Cartel de Sinaloa, quienes cortaron el suministro de energía eléctrica en varias localidades, provocando que la comida y el combustible escasearan, a tal grado que un kilo de frijol llegó a costar hasta cien pesos en la zona.

Los grupos armados han tenido como estrategia el reclutamiento forzado, en especial entre la juventud. Estos grupos han entrado a las comunidades disfrazados de organizaciones sociales benéficas como “el grupo Maíz” que menciona la señora N; llegan ofreciendo despensas e insumos, aprovechándose de la pobreza. Quienes caen en sus manos son “afiliados” a las organizaciones criminales y obligados a participar en los bloqueos, actos vandálicos y actividades delictivas. También llegan para extorsionar y amenazar a locatarios y comerciantes, quienes se ven orillados a cerrar de sus negocios y escapar de sus viviendas, los cuales pasan a ser habitadas por integrantes de los grupos delictivos.

El resultado ha sido el resquebrajamiento del tejido social y el desplazamiento forzado de miles de personas. A finales de septiembre, profesores de educación básica y media superior que atienden los municipios de las zonas sierra y fronteriza optaron por suspender clases para proteger a sus estudiantes, afectando a miles de alumnos. Los homicidios dolosos han tenido un aumento del 23 por ciento entre enero y septiembre según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); y el número de desapariciones es desconocido.
El poco respaldo que ha encontrado la señora N frente a la grave situación es gracias a que forma parte de una organización política con base social cuyo nombre se pidió fuera omitido por cuestiones de seguridad. Con integrantes de su organización fue que ella se trasladó a la Ciudad de México a exigir justicia y la intervención del Gobierno Federal. Pero ni la organización social ni comunitaria ha podido hacer frente a los niveles de violencia que se viven en Chiapas. Cuenta que semanas atrás, un integrante de su organización fue secuestrado, torturado y obligado a unirse a las filas de los cárteles por miedo a perder la vida.

Chicomuselo, al igual que muchas localidades en Chiapas, se han convertido en pueblos sin autoridad, donde los pobladores viven con miedo, en silencio, bajo el temor de la permanente vigilancia que pesa sobre ellos, pues el crimen organizado tiene gente grabando video y tomando fotos a quienes se reúnen, a quienes hablan. Ante la ausencia del Estado, los carteles de las drogas han penetrado en las comunidades, al grado de ser vitoreados -o peor aún, con la capacidad de hacer que una población entera les aplauda- como héroes por los pobladores por abrir un bloqueo del cártel opositor, como observamos en un video que se viralizó días atrás. No obstante, los pobladores afectados denuncian que los gobiernos locales y estatal intentan convencer de que el problema de seguridad en Chiapas es menor y no responden a sus demandas, a pesar de las movilizaciones y protestas masivas. Política mediática que ha tenido eco a nivel federal, pues el presidente ha reiterado en varias ocasiones que en Chiapas los índices de violencia son bajos y que la exacerbación de la situación es “propaganda de derecha”.

Sólo ante la inocultable gravedad de la situación viralizada fue que el Ejército y la Guardia Nacional intervinieron para levantar los bloqueos y restablecer el servicio de energía eléctrica; “Ya todo normal”, describió el Ejecutivo después de la incursión de las fuerzas militares. Sin embargo, no se ha garantizado el retorno a las áreas de trabajo de centenares de trabajadores y comerciantes. Es por ello por lo que, con los pocos recursos con los que pueden contar, integrantes de la agrupación a la cual pertenece la señora N, junto a otras, se han movilizado a la Ciudad de México el pasado 17 de octubre, para visibilizar esta situación, exigir la participación del gobierno federal para solucionar el problema y hacer una propuesta de retorno seguro de todas aquellas personas que han sido desplazadas o, por lo menos, ejecutar un plan que garantice la alimentación de las familias desplazadas. Las organizaciones de Chiapas fueron abrazadas por diversas agrupaciones de la Ciudad
Una comitiva de esta movilización fue recibida en Gobernación por un funcionario de la Subdirección de Conciliación. Frente a las demandas y propuestas, el funcionario se limitó a responder: «esa situación nos rebasa; es responsabilidad del gobierno estatal. Los remitiré hacia la instancia correspondiente en Chiapas». Hacia la misma autoridad estatal que ya ignorado a los pobladores del sur de Chiapas. Mientras tanto, el 21 de octubre fue torturado y asesinado en su hogar, frente a su familia, el profesor Artemio López Aguilar, líder magisterial y militante de MORENA -partido en el poder- quien coordinó la marcha por la paz el pasado 12 de octubre en Chicomuselo.