El pasado 28 de mayo, el Partido Popular (PP) obtuvo un gran avance en términos de poder institucional territorial en las elecciones municipales y en algunos de los de los parlamentos regionales de las denominadas Comunidades Autónomas, en detrimento del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ello desembocó en la formación de gobiernos locales y autonómicos de alianza del partido derechista con la extrema derecha de Vox. El miedo a una repetición de esa situación a nivel de todo el Estado español movilizó parcialmente el desorientado voto de izquierdas en apoyo al PSOE en las elecciones del 23 de julio para el parlamento español. Dicho de otro modo, fue el miedo y no la ilusión en torno a un proyecto político el que posibilitó poner freno al avance derechista.

Tras estos comicios de ámbito estatal se pudo constatar la existencia de un precario y catastrófico empate institucional entre el bloque reaccionario de la derecha ultranacionalista española y el bloque autodenominado “progresista” compuesto por la alianza del PSOE con Sumar, nombre bajo el que se agrupa un conglomerado de personajes y grupos políticos diversos situados levemente a la izquierda del partido socialista. Conviene señalar que, sin embargo, la balanza del peso institucional se ha inclinado a favor del reaccionario Partido Popular (PP) que obtuvo mayoría absoluta en el Senado y fue la lista más votada en el Congreso, pero sin votos suficientes en esta cámara de diputados para poder formar gobierno por lo que su líder Alberto Núñez Feijóo fracasó en su intento de ser nombrado presidente del gobierno por el parlamento pese al apoyo del partido ultraderechista Vox.

Ambas elecciones muestran que, de alguna manera, se está volviendo a la fórmula bipartidista (eso sí incompleta) que ha presidido el sistema político español desde el comienzo de la transición posfranquista y los años del régimen de la reforma surgido tras los pactos sociales y constitucionales en 1978. Los comicios se han dado en el marco de una profunda desmovilización y pasividad del movimiento de masas, particularmente del sindical, y de una “satelización” de muchas organizaciones de los movimientos sociales en torno al gobierno de Sánchez sin independencia real frente a la política de neoliberalismo compasivo y opción por el “crecimiento verde” del PSOE. La izquierda política, en su mayoría, únicamente está pendiente de su posicionamiento institucional y ha renunciado a impulsar la organización y movilización popular.

En un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora y de beneficios récord en las empresas del sector textil (por el incremento de sus negocios transnacionales) y de los bancos (gracias a la subida de los tipos de interés) y de enormes ganancias de las empresas energéticas (pese a la crisis asociada a la guerra de Ucrania) la izquierda reformista cuyo peso es determinante no está organizando la resistencia social frente a la carestía de la vida y por el aumento salarial y la anticapitalista es muy débil para hacerlo. Situación social que se ve acompañada del endémico problema del acceso a la vivienda (en propiedad o en régimen de alquiler) y por el progresivo deterioro de la salud y en enseñanza públicas en beneficio de la expansión del sector privado en ambos casos. Por otro lado, no olvidemos que todavía se arrastran los efectos del fracaso y represión del movimiento democrático nacionalista catalán. Fracaso que se muestra en la casi total ausencia de movilizaciones a favor de la amnistía en Catalunya.

Todo ello ha generado un aumento del malestar social pero la izquierda a la izquierda del PSOE ha dejado el vacío de la calle y de la impugnación. Malestar y ocupación de la calle que de forma creciente lo están encauzando opciones derechistas y ultraderechistas populistas, neoliberales y reaccionarias que han lanzado un órdago desde el nacionalismo español cercano al discurso antidemocrático neofranquista. No es casual que las juventudes de Vox se denominen Revuelta.

El bloque “facha”

El bloque reaccionario ya había practicado en la legislatura anterior un discurso crecientemente trumpista contra el gobierno de coalición de Sánchez, al que calificaba de ilegal e ilegítimo. De forma absolutamente hiperbólica, lo tildaban de anticonstitucional, cuando es un hecho que la Constitución de 1978 -producto del pacto entre franquistas y partidos de izquierda mayoritarios- ha tenido como principal valedor precisamente al partido socialista, garante del régimen y de la estabilidad de la monarquía.

Actualmente el gran tema de confrontación de la derecha española es -al igual que en el pasado reciente fue la “cuestión vasca”- la “cuestión catalana”. Especialmente tras las jornadas del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Los componentes del tándem Vox-PP representan tonos diferentes del neoliberalismo autoritario y en ambos casos su gran seña de identidad es la defensa de un nacionalismo español excluyente, homogeneizador y punitivista.

El discurso no es nuevo, pues lo heredó de sus orígenes franquistas, lo nuevo es que la derecha extrema y la extrema derecha compiten entre sí por hegemonizar ese campo electoral y ambas han alimentado una polarización social que cala en amplios sectores de la sociedad de forma transversal llegando a afectar a partes importantes del pueblo trabajador. En ese camino han encontrado eco y apoyos en una parte importante de la vieja guardia y del electorado tradicional socialista. La identidad del PP y Vox se construye -a la vez que ocultan la agenda de sus propuestas económicas y sociales- en torno a la identidad e imaginario de “lo español” en contraposición a Catalunya y Euskalherria.

Esa es la razón que explica que cuando Pedro Sánchez (secretario general del PSOE), tras el fracaso del dirigente del PP, presentó su candidatura a formar y presidir un gobierno de coalición y para ello además de un edulcorado catálogo de propuestas sociales anteriormente incumplidas, acordó con los partidos nacionalistas catalanes Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts la amnistía para presos y encausados en los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 y luego en 2019.

La amnistía es inadmisible para la derecha españolista que ha lanzado una movilización general y continuada contra la medida. Ofensiva que cuenta con la colaboración activa del sistema judicial heredado del franquismo (escuela de lawfare) y otros cuerpos de funcionarios absolutamente ajenos a la cuestión, así como pronunciamientos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Y lo que también es peligroso cuentan con la simpatía de amplios sectores en el ejército, las fuerzas policiales y los medios de comunicación.

La argumentación de estos sectores es tan exagerada como falaz al enjuiciar las “cesiones” hechas por el PSOE a los partidos nacionalistas que califican como un “golpe de Estado” similar al 23F, “dictadura”, “abolición del Estado de derecho” o “conjura destituyente”. En su revestimiento ideológico de sus críticas asimilan la amnistía u otras medidas de relación entre el Estado y las Comunidades como un atentado a la “igualdad de todos los españoles” obviando que sus políticas liberticidas y austericidas allí dónde se aplican son las que están reforzando la desigualdad real preexistente en la sociedad de clases capitalista.  Sus argumentos vienen a abonar dos ideas previas: “España se rompe” y “gobierno ilegítimo”.

No responden a la verdad son mera fake news.  ni se corresponden con el contenido real de los acuerdos del partido socialista con los partidos nacionalistas, pero han generado una verdad paralela que impulsa un clima político “guerra civilista”. Pero atención los argumentos de la derecha esconden propósitos menos “patrióticos”: preparan un nuevo ciclo reaccionario contra los derechos de la clase trabajadora, los derechos políticos y civiles de las clases populares y nuevos ataques contra el feminismo, las personas migrantes y LGTBI, como ya hemos podido comprobar en una de las regiones que gobiernan: Madrid.

El PP ha impulsado importantes movilizaciones de masas y parte de su gente, pero sobre todo los dirigentes de Vox han apoyado formas de lucha callejera radical con la presencia activa de organizaciones nazis y fascistas frente a las sedes del partido socialista. Acciones perfectamente preparadas y organizadas que han contado con llamadas del líder de Vox, Santiago Abascal, a la desobediencia de la policía para que no actúen contra los manifestantes. Y la izquierda institucional ausente en las calles, llamando al orden y paz ciudadanos: el peor de los escenarios.

¿Cómo caracterizar esta situación generada por el PP y Vox? Tal como plantea la declaración de Anticapitalistas “Ante la investidura viejos y nuevos problemas” del pasado 14 de noviembre:” Pese a la retórica inflamada de la derecha, no está encima de la mesa un cambio de régimen ni un golpe fascista, como parecen insinuar ciertos sectores. Más bien, la derecha asume una estrategia de erosión basada en marcar la agenda en torno a un españolismo exacerbado, que oculte los problemas reales que sufre la clase trabajadora, mientras el partido judicial-policial radicaliza el giro autoritario de los aparatos estatales”.

Fin de ciclo y el nuevo gobierno

Del lado del bloque “progresista” se puede constatar el retroceso electoral tanto en las elecciones generales como en las locales y regionales de las organizaciones políticas surgidas tras el movimiento de los insumisos del 15 M, como es el caso de Podemos. Y cada vez es más claro que Sánchez ha logrado un renovado fortalecimiento del polo social liberal en el contexto de la izquierda española.

Podemos e Izquierda Unida (IU) están experimentando un proceso de crisis interna y de pérdida de afiliación muy importantes. Es palpable su irrelevancia política tras el cambio de ciclo, como también es un hecho el fracaso de su opción de gobernar a toda costa pese a la hegemonía manifiesta del PSOE en el anterior gobierno de coalición. Este partido impuso su agenda tanto en los temas políticos internos como es el caso del fin de la legislación represiva del movimiento social y la libertad de expresión (Ley “Mordaza”) o la política inhumana contra la migración, como en la mayor parte de las cuestiones sociales (no se ha derogado la anti obrera reforma laboral de los gobiernos anteriores) y en política exterior (abandono del pueblo saharaui, excolonia española cuyo territorio se anexionó Marruecos).

La nueva fórmula de reagrupamiento a la izquierda del PSOE, Sumar, encabezada por Yolanda Díaz no va a detener sino a agravar la crisis por su carácter de acompañante oportunista del partido socialista y de momento no está suponiendo una “resurrección” del espacio de izquierdas, sino bien al contrario es expresión de su debilidad y de su incapacidad para organizar partidos democráticos con programas transformadores. Sumar es un conglomerado de partidos e individualidades en el que finalmente -y dado que no hay una dirección elegida por quienes le apoyan- las decisiones se adoptan de forma caudillista por su lideresa y un pequeño equipo nombrado por ella, tanto se trate de cuestiones programáticas como de la confección de listas electorales o el nombramiento de su “cuota” de ministros.

Estamos ante un gobierno de continuidad. De los 22 ministros, 5 corresponden a Sumar y el resto al partido socialista. Del mismo han desalojado a las representantes de Podemos. O sea, estamos ante una reedición de un gobierno basado en el neoliberalismo compasivo y nada apunta a que rompa con la política económica de la Unión Europea cuando se restablezcan las reglas de austeridad.

Las cuestiones sociales que afectan directamente a las condiciones de vida de la clase trabajadora han estado totalmente ausentes en este debate de investidura. Sumar ha regalado su apoyo al PSOE, poniendo encima de la mesa una serie de cuestiones genéricas vinculadas al diálogo social con la patronal. Lo importante para Sumar es seguir manteniendo su presencia en los ministerios, aún a costa de mentir con el alcance de la “reforma laboral” realizada desde el Ministerio de Trabajo en manos de Yolanda Díaz o la no derogación de la Ley Mordaza, cuestiones de las que fueron cómplices todos y cada uno de los que formaron parte del primer gobierno de coalición. Por parte del gran ausente en el segundo gobierno de coalición, Podemos, no ha hecho un balance autocrítico de su paso por el anterior gabinete ejecutivo y hemos podido comprobar que su enfrentamiento con Sumar no radica en las diferencias de proyecto o programa tanto como con su pérdida de liderazgo en el campo de la izquierda post 15 M.

Este gobierno ha contado con el apoyo para la investidura de Sánchez como presidente de otras fuerzas de izquierda, concretamente las nacionalistas Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Bildu, organización independista vasca. Ambas formaciones inmersas en una política de moderantismo programático y homologación como posibles partidos de gobierno en las siguientes elecciones autonómicas en Galicia y Comunidad Vasca, muy posiblemente se mantengan como aliadas fieles al gobierno en las principales decisiones, particularmente las presupuestarias.

Además, Sánchez ha contado con el apoyo de los dos partidos independentistas catalanes ERC y Junts fuerzas ambas que compiten por un mismo electorado en Catalunya. El primero una formación ligada a los intereses de la pequeña burguesía catalana, la segunda directamente un partido tras el cual se esconden los intereses de una parte de la burguesía catalana tradicional. Esta última formación, Junts, está conociendo una importante crisis interna y con parte de su base social por el documento firmado el 9 de noviembre como partido con el partido socialista en el que expresan acuerdos y diferencias, pero escasa traslación práctica en la política real inmediata que superen los acuerdos ya alcanzados unos días antes por ERC que sustancian cuestiones concretas: amnistía, traspaso de competencias, medidas fiscales, etc.

Asimismo, ha contado con el apoyo para la investidura del Partido Nacionalista Vasco (PNV) fuerza ligada a los intereses del empresariado industrial de Euskadi. Asimismo, la única diputada de un partido regionalista muy oportunista, Coalición Canaria, ha votado a favor de la investidura. En estos casos Sánchez ha hecho diversas promesas de actuaciones gubernamentales en favor de los territorios en los que actúan esos partidos o de traspaso de competencias del Estado central a las Comunidades Autónomas en la gestión de infraestructuras o de naturaleza fiscal.

Pero la diferencia de votos en el parlamento entre el bloque que apoya la investidura de Sánchez y los del bloque reaccionario es muy estrecha. Por otra parte, los apoyos a la investidura no implican apoyos asegurados para el conjunto de decisiones gubernamentales, leyes o proyectos de Presupuestos del Estado. Por lo que se inaugura una etapa institucional de alta inestabilidad tanto en el Senado (de mayoría reaccionaria) como en el Parlamento, así como en las relaciones entre el gobierno central y varios de los gobiernos autonómicos y de muchos de los ayuntamientos del país. Lo que unido a la actuación seguramente hostil a Sánchez de gran parte de la magistratura judicial y otros poderes del estado y la segura movilización y actividad callejera de la derecha, diseñan un horizonte complicado para la gobernabilidad.

En el centro del pacto de investidura está la amnistía para todos los represaliados en torno a las movilizaciones y proclamaciones del 1 de octubre de 2017 las de 2019 en Catalunya que alcanza a 50 procesos judiciales, 3.500 represaliados, 44 encarcelados y 6 exiliados. De momento no sabemos si se aplicará la amnistía a otros represaliados por motivos políticos diferentes a los del proceso catalán, me temo que no. Por otra parte, y pese a la propaganda derechista no se asegura la realización de una nueva consulta de autodeterminación nacional en Catalunya. Bien al contrario, se vincula cualquier movimiento en ese sentido al estricto cumplimiento de la Constitución de 1978 que es lo mismo que renunciar a realizar un referéndum.

Una vez más en el laberinto español se entrecruzan las contradicciones de clase y las posiciones e identidades en torno a la cuestión nacional.

La mejor forma de hacer frente a la derecha reaccionaria y al progresismo proempresarial es generar una dinámica de movilización autónoma, que siente las bases para una reconstrucción de un campo político independiente desde la clase trabajadora y las oprimidas. La experiencia en curso de la solidaridad con Palestina muestra la utilidad de “hacer sin esperar” que ha conectado con una parte importante de la mayoría del pueblo de izquierdas y ha obligado a Sánchez a ir más allá de lo que pensaba hacer.