omingo, 4 de septiembre de 2022, Santiago de Chile: Activistas de la Coordinadora de Movimientos Sociales por el «sí» (apruebo) a la nueva Constitución (Comando de los movimientos sociales para el Apruebo) reunidos en la sede del sindicato Bata en del centro de la capital, a pocos pasos de la emblemática Plaza Dignidad, centro neurálgico de la gran rebelión popular de octubre de 2019. Los resultados del referéndum sobre el nuevo texto constitucional, elaborado a lo largo de un año por la Convención Constituyente, órgano elegido por sufragio universal en mayo de 2021, comenzó a caer a las 18.00 horas.

Entonces comprendemos rápidamente que el rechazo iba a prevalecer, pero nadie había previsto el alcance de la derrota. Luego de meses de movilización, era necesario enfrentar y aceptar la victoria de los sectores conservadores opuestos a la propuesta constitucional, que buscaba nada menos que poner fin a la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura de Pinochet e instaurar una de las más constituciones democráticas en el planeta.

Un rechazo rotundo

El resultado fue contundente: 61,88% a favor del rechazo (rechazo) y 38,12% a favor del apruebo (aprobación), con una participación de más de 13 millones de votantes (85,81% de los votantes registrados), es decir, 4,5 millones más que en la segunda ronda de las elecciones presidenciales de diciembre de 2021, incremento determinado principalmente por la instalación de un sistema de voto obligatorio con registro automático.

En la región de Magallanes, en el extremo sur, donde vive la familia del presidente Gabriel Boric, el rechazo ha llegado al 60%: una derrota personal para el joven líder de izquierda. En el Norte, el apruebo no llegó al 35% y en la región de la Araucanía, donde vive la mayoría de las comunidades mapuches, el rechazo llegó al 74%. Incluso en el Gran Santiago o Valparaíso, áreas urbanas tradicionalmente más propensas a los cambios y donde recientemente se eligieron varios alcaldes de izquierda (incluidos los comunistas), no hubo mayoría a favor de la nueva Constitución: la aprobación solo logró una mayoría en 8 de los 346 municipios del país!

Voceros de la derecha y del “centro” (incluidos miembros de la Democracia Cristiana), opuestos al texto, aparecieron de inmediato en los medios para celebrar su éxito en ciertas calles y plazas de las zonas acomodadas de Santiago. La extrema derecha también se alegró por el resultado. Varios líderes conservadores se maravillaron ante la magnitud de su victoria, un escenario improbable hace dos años, cuando Chile -“oasis” y “escaparate” del neoliberalismo- parecía tomar un nuevo rumbo histórico marcado por la rebelión de octubre de 2019.

Las élites neoliberales han tratado reiteradamente de tapar “desde arriba” las profundas grietas del modelo y la profunda crisis de legitimidad (y representatividad) del sistema político, que casi lleva a la destitución del multimillonario presidente Sebastián Piñera, en octubre. Así, el 15 de noviembre de 2019, la práctica totalidad de los partidos presentes en el Parlamento (desde la izquierda hasta la extrema derecha) firmaron el “Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución”. Este acuerdo dividió al Frente Amplio (coalición parlamentaria de izquierda, en parte fruto del movimiento estudiantil, creada en 2017) entre quienes apoyaban el acuerdo y una canalización «necesaria» de las luchas en curso y quienes veían -con razón- en este acuerdo una forma de desactivar el fuerza de la rebelión popular al imponer una salida institucional. Las franjas más movilizadas del movimiento han calificado y denunciado así el acuerdo como producto de una nueva «cocina» entre los partidos políticos del sistema, un pacto concluido «a puerta cerrada» mientras el movimiento popular enfrentaba una violenta represión criminal por parte de el Estado chileno (con miles de heridos, pero también el encarcelamiento de cientos de “presos políticos” de la revuelta social).

En concreto, el 19 de diciembre de 2021, uno de los mentores del Acuerdo, Gabriel Boric , fue elegido Presidente de Chile al frente de una alianza (Apruebo Dignidad ) formado por su coalición, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Esta elección del exdirigente estudiantil parecía confirmar, indirectamente y en las urnas, una fuerte voluntad de cambio social, aunque sobre la base de un programa de centroizquierda muy moderado y enfrentándose a Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha que reflejó una demanda de «orden» con acentos racistas, antifeministas y xenófobos de gran parte de la población. Las alarmas ya estaban encendidas, pero la mayoría de las fuerzas de la izquierda parecían no verlas. Previamente, las cifras del plebiscito de 2020 habían indicado ciertamente amplias posibilidades de transformación sociopolítica (el 78% de las votantes aprobaron la idea de una nueva Carta Fundamental para enterrar la Constitución de 1980), a pesar de las limitaciones propias de una Convención Constituyente en parte “regulada” por los antiguos partidos del Congreso (imponiendo en particular una mayoría calificada de 2/3 para cualquier adopción de un nuevo artículo). Sin embargo, en ese momento también se encendieron otras alarmas: casi la mitad de los chilenos no se movilizaron en las urnas, especialmente en los barrios populares, para esta histórica votación que iba a cerrar la puerta al legado institucional de Pinochet.

Pero la fuerza impulsora de Octubre aún parecía lo suficientemente fuerte como para poder imponerse parcialmente durante la conformación de la Convención, en una elección directa por sufragio universal, con paridad, con escaños reservados a los pueblos indígenas, con listas de candidatos independientes (fuera de los partidos ) y la destacada presencia de activistas del movimiento feminista y social. El pie del muro de la derecha y de los sectores más conservadores minoritarios dentro de la Convención permitió obtener un texto constitucional progresista y en muchos aspectos muy avanzado: se proponía acabar con el Estado neoliberal subsidiario y construir un Estado “de derecho, social y democrático”, solidario e igualitario, reconociendo múltiples derechos fundamentales y sociales (salud, educación, jubilación), incluyendo formas de democracia participativa, con un espacio real de bienes comunes y formas de enfrentar el clima crisis. Con también una fuerte presencia de demandas feministas -como el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados remunerado y no remunerado-, el texto también validó el establecimiento de un sistema público de seguridad social, la desprivatización parcial del agua, el fin del senado para crear una cámara de regiones y la creación (por fin) de un estado plurinacional, integrando parte de las reivindicaciones históricas y territoriales del pueblo mapuche, incluyendo su sistema de justicia. Ciertamente muchos otros puntos han quedado en letra muerta, particularmente la posibilidad de que la minería (cobre, litio) regrese al control público, límite considerable para cualquier afán bastante reformista en un país como Chile.

El derecho laboral también ha experimentado un notable avance en la propuesta constitucional con la negociación colectiva por ramas, el derecho efectivo a la huelga y el fortalecimiento de la representatividad sindical, es decir un giro copernicano en relación a la regulación del actual capitalismo chileno, provocando el descontento de las grandes empresas locales y transnacionales. Por supuesto, la nueva Constitución no iba a desmantelar por sí sola al neoliberalismo, pero ciertamente creó mejores condiciones para seguir luchando en el país andino. ¿Cómo explicar entonces que una gran mayoría de chilenos le haya dado la espalda a esta propuesta, considerada por muchas organizaciones sociales como un avance histórico?

Razones de una pérdida

En primer lugar, debemos subrayar la capacidad de las clases neoliberales dominantes para concentrar su fuerza en el área donde las luchas sociales parecían capaces de avanzar: los derechos sociales consagrados en el proyecto de nueva Constitución en áreas como salud, vivienda, acceso al agua, educación y trabajar. Para ello, las fuerzas de Rechazo han establecido una estrategia de comunicación poblada de fake news. A través de una campaña que movilizó varios millones de dólares en las redes sociales y utilizando su cuasimonopolio de los medios de comunicación masiva, los opositores al texto adelantaron disparates del siguiente tenor: si se aprobara el texto constitucional » habrá que tratar a los ciudadanos de manera colapsada del sistema de salud pública» , «se suprimirá la libertad de enseñanza» , «se crearán subsidios y bonos estatales para que los trabajadores opten por el paro en lugar del trabajo» , «se expropiarán algunas viviendas y se limitará la propiedad privada», » se abolirá el principio de igualdad ante la ley favoreciendo a los nativos y a los homosexuales entre otras ‘minorías’, «se abolirá la libertad de culto y se perseguirá a las comunidades evangélicas» , «se autorizará el aborto en cualquier momento de la gestación», «la migración se levantarán los controles en las fronteras”, “los delincuentes serán protegidos judicialmente en perjuicio de las víctimas”, “se confiscarán los ahorros de las cajas de retiro de los trabajadores, impidiendo su herencia , “se cambiará el nombre del país y los escudos patrios” … por mencionar solo algunas de las afirmaciones que han aparecido en el tiempo de emisión obligatorio de TV durante la campaña. Más que la variedad de fakes de la campaña de Rechazo, es importante subrayar la capacidad real de planificación estratégica de la derecha. Estos líderes también optaron hábilmente por una campaña que se decía favorable al cambio constitucional pero no a esta nueva Constitución, encontrando así aliados en el centro del espectro político y entre los partidarios de la anterior Concertación (social-liberales que gobernaron el país durante 20 años) .

En este punto, pudimos ver una diferencia importante con las fuerzas políticas de Apruebo: si bien la izquierda parlamentaria y los movimientos sociales antineoliberales obtuvieron la mayoría de los escaños en la Convención Constituyente, desde el momento inaugural de la elección del cargo ejecutivo, mostraron sus diferencias y débil capacidad estratégica; algunos electores en su mayoría parecían seguir los hábitos y costumbres del desacreditado Congreso chileno, alimentando una imagen desastrosa en la opinión pública. Las listas de independientes también sufrieron varios reveses y un escándalo que resultó en la renuncia de un miembro electo de la “lista del pueblo”. Al mismo tiempo, las fuerzas de centroizquierda se han mostrado reacias a seguir las propuestas refundadoras de los electos vinculados a las movilizaciones, prefiriendo garantizar la estabilidad del Estado y los acuerdos con los social liberales. De hecho, a pesar de las numerosas iniciativas de consulta y participación, la Convención parecía demasiado alejada de las preocupaciones inmediatas del mundo popular y sus intereses, y esta tendencia no ha podido revertirse en las últimas semanas. Al mismo tiempo, cabe señalar que las asambleas territoriales múltiples y el cabildo, así como los intentos de concertación de jóvenes y colectivos de trabajo vecinal -que habían surgido con fuerza durante octubre de 2019- se han ido desmantelando y han perdido fuerza, tanto a través de el efecto de las políticas institucionales y electorales ya través de la continua represión estatal. En un segundo tiempo, la pandemia, el toque de queda y la crisis económica han arrojado una regla de plomo, además, sobre la dinámica de las luchas.

Además, el gobierno de Boric , a pesar de las promesas de reformas progresistas de la campaña, rápidamente se vio envuelto en el mismo juicio ciudadano de rechazo y desaprobación. Si bien se necesitaba una decisión política para poner agua en el molino del cambio constitucional, el gobierno inauguró un mandato vacilante, débil políticamente, en la búsqueda permanente de alianzas “pragmáticas” con la ex Concertación en el Congreso -donde es minoría- para poder gobernar. En muchos momentos, sentimos claramente el peso del verdadero jefe de gabinete del gobierno, el ministro de Hacienda Mario Marcel, expresidente del Banco Central y exmilitante del bloque social-liberal que dirige el país desde 1990. El Ministro del Interior, Izkia Siches, también ha estado en el centro de las críticas por haber iniciado su proceso buscando brevemente el diálogo con las comunidades mapuche en conflicto para terminar avalando la militarización de la zona y el encarcelamiento del líder de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco- Malleco, (CAM), Héctor Llaitul. Lo mismo ocurre con la cuestión de los presos políticos de la «Rebelión de Octubre», varios de los cuales han permanecido en prisión preventiva durante meses, incluso años, mientras que el Ejecutivo no ha mostrado en ningún momento la voluntad de proceder con un indulto general. Ciertamente se han logrado avances concretos en el acceso a la salud pública, pero la falta de avances en temas centrales de la economía, y en el proyecto de una –tímida– reforma tributaria, terminó por destruir la imagen de “gobierno reformista” del ejecutivo. Gabriel Boric no está dispuesto a enfrentarse a los habituales poderes económicos y de facto, ni a movilizar a su base social para ello. Desde esta posición de clase, una parte importante de los que habían votado por él comenzaron a desaprobarlo abiertamente. Al mismo tiempo, la derecha ha aprovechado su bien engrasada maquinaria mediática para confundir la creciente impopularidad del gobierno con el texto de la nueva Constitución, un texto también extenso (388 artículos) y considerado “maximalista” en varios puntos. por sectores sociales muy diversos, que van desde católicos opuestos a la inclusión del derecho al aborto en la Constitución, hasta ciudadanos “patriotas” atemorizados por la noción de plurinacionalidad . Al mismo tiempo, el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, muchas veces asociado por la prensa con las dramáticas situaciones de los migrantes en el norte del país y la explosión de la inflación y el trabajo informal, han alimentado un clima de temor y reacción. El nuevo electorado de más de 4 millones de personas convocadas a las urnas por el nuevo sistema de sufragio obligatorio (en particular los adultos mayores), se vinculó directamente a la franja popular desilusionada o con ganas de expresar su enfado: el amplio triunfo de Rechazo se consumaba así . , sin que el significado político de este voto pueda ser considerado mecánica y unánimemente como un voto a favor de la derecha, pero muchas veces más en contra de una situación social y política degradada.

Como señala el historiador Igor Goicovich, el divorcio entre el mundo popular, el gobierno y el proceso constituyente es evidente al analizar los resultados del 4 de septiembre. Los múltiples cuestionamientos planteados durante la Convención por los movimientos sociales sobre feminismo, ecologismo o plurinacionalidad no despertaron gran apoyo del electorado popular e incluso despertaron incomprensión en el país «de fondo» : «En todos los municipios que los ecologistas llaman «zonas de sacrificio». «, la opción de Rechazo se ha impuesto en gran medida (…). Los municipios de la Región del Biobío y La Araucanía ( Macrozona Sur ) han experimentado una evolución similar. Orientado en gran medida hacia la explotación maderera, el conflicto entre las empresas madereras y las comunidades indígenas ha alcanzado dimensiones cada vez más radicales. (…) Si observamos el comportamiento electoral de los municipios de la región metropolitana, vemos una tendencia histórica: los municipios de mayores ingresos (Las Condes , Lo Barnechea y Vitacura ) votan masivamente por la opción Rechazo . Los municipios que reúnen preferentemente a los sectores medios de la población, como La Reina, Providencia, Macul, Peñalolén y La Florida, también votan por esta opción, con excepción de los municipios de Maipú y Ñuñoa. Al mismo tiempo, prácticamente todos los municipios obreros, incluidos Recoleta, El Bosque, La Pintan , La Granja, Lo Espejo , Cerro Navia , Renca e Independencia , que han sido bastiones históricos de la izquierda, también optaron por Rechazo. La dimensión de rechazo de clase de este voto es masiva y debería ser una lección de humildad y autocrítica para los izquierdistas sociales y políticos, ya sean reformistas o revolucionarios.

Y ahora ?

La franja del mundo popular que, a pesar de todo, votó por Apruebo tanto en el plebiscito del domingo pasado como en el de 2020, se enfrenta hoy a un sentimiento de fracaso y de impasse, que podría convertirse en un compromiso profundamente antagónico al modelo neoliberal chileno si emergen alternativas políticas concretas, independientes de la izquierda parlamentaria, y capaces de proponer respuestas a las demandas sociales no resueltas desde octubre de 2019. Porque es claro que tal proyecto no puede contar con el apoyo del actual gobierno. En su discurso plebiscitario del domingo, Gabriel Boric llamó a la «unidad nacional» y a abandonar el «maximalismo, la violencia y la intolerancia», al tiempo que anunció una rápida remodelación del gabinete. La posterior remodelación del gabinete confirma la trayectoria social-liberal del gobierno «hacia el centro», abriendo aún más el palacio de La Moneda a las fuerzas de la ex Concertación, lo que podría dañar aún más a su aliado, el Partido Comunista. Este gabinete estará listo para cerrar la reforma fiscal en forma de pacto con la derecha, que previsiblemente atenderá las prioridades inmediatas de supervivencia del gobierno de atraer capitales dando la bienvenida a las empresas de pago rápido y pidiendo anticipos para cubrir el gasto público con el fin de contener nuevas movilizaciones, particularmente de jóvenes, que ya están surgiendo.

En cuanto a la Constitución, el Presidente y el conjunto de los partidos han afirmado que seguirán trabajando en una nueva ruta constituyente, pero que ahora estará centrada en el actual Congreso, insinuando así el retorno de la “política de consenso” aún rechazado desde 2019, sepultando la impronta transformadora de la nueva Constitución. Un proceso “descafeinado” controlado por la derecha y el centro podría acabar finalmente con la Constitución de Pinochet, al tiempo que garantizaría la continuidad neoliberal a las clases dominantes. Pero el juego sigue abierto ya que la fuerza latente de la rebeldía popular podría seguir corriendo por los sótanos de la sociedad chilena. El 4 de septiembre, ante el resultado del plebiscito, la Coordinación de Movimientos Sociales por el «Sí» concluyó su pronunciamiento de la siguiente manera: «Es imperativo que los sectores que se han organizado para hacer posible este proceso también asuman la tarea nos incumbe hoy. No hay vuelta atrás. Nuestro pueblo ha tomado una decisión indiscutible y la tarea de derrocar la Constitución de Pinochet y el modelo neoliberal sigue en la agenda. En este proceso, las lecciones que hemos aprendido serán fundamentales, porque los movimientos sociales ya no somos lo que éramos antes de redactar esta Constitución. »