¡Es necesario detener la masacre que el gobierno de Duque viene realizando en contra del pueblo colombiano!

Tras los espectaculares levantamientos de Ecuador y Chile en 2019, estamos asistiendo a una enorme rebelión del pueblo colombiano, que, tras la victoria parcial del domingo pasado —con la retirada por el gobierno de su proyecto de contrarreforma fiscal—, sigue luchando por revertir el plan de ajuste del gobierno Duque y por acabar con la naturaleza represiva y corrupta del régimen.

Antecedentes

En medio de la crisis brutal de la pandemia, el gobierno de Iván Duque lanzó una Reforma Tributaria que, en su parte fundamental, tiene el objetivo de incrementar los impuestos a la población en beneficio de los más ricos. El gobierno aprovechó la coyuntura sanitaria para lanzar este proyecto de ley, a espaldas a los 500 muertos diarios y a los 70.000 muertos en total, a más del empobrecimiento enorme de los colombianos.

Desarrollo del movimiento

Frente a esta situación, las organizaciones sociales convocaron al Paro Nacional del 28 de abril para frenar esta reforma tributaria. Las movilizaciones masivas se desencadenaron en todo el país incluyendo a las ciudades intermedias, y que convocaron no solo a los trabajadores formales, sino a los informales, a jóvenes desempleados, a las mujeres, a los pobladores. Ante esto el gobierno respondió con el mismo recurso de siempre: la violencia salvaje contra el pueblo.

La amplitud y la fuerza de la movilización popular se debió a que, entre otros factores, la Reforma Tributaria no es una cosa aislada; es la culminación de la política neoliberal del actual y los anteriores gobiernos que finalmente choca con la resistencia del pueblo colombiano. Es una lucha legítima que se venía acumulando contra todos los abusos del poder y la postergación histórica de los derechos más elementales.

Ofensiva antisocial

Colombia lleva varias décadas con gobiernos cuya política económica se ha reducido en lo fundamental a una transferencia del dinero público a los grupos económicos que controlan la banca privada y las grandes empresas y a aceptar las inversiones de industrias extractivas que desplazan poblaciones, destruyen territorios, contaminan aguas y biodiversidad. Las consecuencias sociales de esta política han sido devastadoras: el desempleo se encuentra en niveles históricos y la amenaza de echar a la calle a un segmento importante de trabajadores públicos como parte del plan de ajuste es inminente. El endeudamiento de las familias como consecuencia de una especulación financiera con autorización gubernamental es evidente.  Y la lista podría seguir interminablemente.

 Incumplimiento de los acuerdos de paz

A ello debemos sumarle el asesinato cotidiano de líderes sociales, la matanza de poblaciones campesinas e indígenas —dispuestas a implementar un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, conforme lo que se había acordado en los acuerdos de paz firmados en La Habana en el 2016— por parte de las mafias del narcotráfico. Crímenes que cuentan con la entera complicidad del ejército, que no hace nada por detenerlos, mientras el gobierno, por el contrario, ha decidido fumigar los territorios en los que habitan con glifosato.

Gestión catastrófica de la pandemia

El manejo de la pandemia no ha podido ser más desastroso.

• Apoyo incondicional a las grandes empresas farmacéuticas incluyendo las discusiones internacionales en la Organización Mundial de la Salud cuando se ha  planteado la eliminación transitoria de las patentes, incluyendo el pago en secreto del monto de las vacunas y el reconocer que en caso de enfermedades resultado de la vacunación los damnificados no pueden ejercer acciones jurídicas de reparación.
• Cumplimiento incondicional de las condiciones de pago de la deuda pública al FMI y a las calificadoras de riesgo hasta el punto de abrir la posibilidad del canje de deuda por naturaleza.
• Falta de recursos públicos para resolver la situación de los millones de colombianos que han sido arrastrados al desempleo y aquellos que viven en la informalidad, lo que los obliga a salir a la calle en medio de la pandemia y con un sistema de salud privatizado que los abandona a su propia suerte —solo se han vacunado 4 millones de personas en una población de 46 millones de habitantes—.
• El aumento de la pobreza es alarmante. Las propias estadísticas oficiales reconocen que ésta ya llega al 60% de la población, lo que tiene consecuencias: del total de número de muertos a causa del Covid-19 en una cifra superior a las dos terceras partes pertenecen a las franjas pobres de la población.

Una gran victoria, pero la lucha continua

Tras cuatro días de enormes protestas y más de treinta muertes y 100 desaparecidos a manos de las fuerzas  militares, el domingo 2 de mayo el movimiento popular logró un triunfo muy importante cuando el presidente del gobierno, el derechista Duque, se vio obligado a comparecer ante la televisión y anunciar la retirada de su proyecto de reforma tributaria regresiva con el fin de detener las movilizaciones.

La ofensiva capitalista no se detiene, pero la resistencia popular tampoco

El pueblo colombiano ha resistido y sigue haciéndolo alentado por esta gran victoria. Lo que se plantea ahora es frenar el “paquetazo” de Duque, que además de la tributaria incluye una reforma aún más privatizadora a la salud, una reforma laboral y otra de las pensiones… Todo ello para recortar aún más los derechos de los trabajadores, lo que ha sido exigido por el capital financiero transnacional a través del FMI y las calificadoras de riesgo. Por ello, estas justas reivindicaciones deben asociarse a la consigna de la suspensión inmediata del pago de la deuda pública como medida inaplazable para encontrar recursos presupuestarios que resuelvan la tragedia humanitaria que vive el país.

La resistencia está tomando la forma de asambleas territoriales, lo cual  es una oportunidad magnífica para ampliar la base social de las luchas, coordinarlas de mejor manera, democratizarlas y, especialmente, elaborar una plataforma amplia, un gran pliego nacional que recoja las principales reivindicaciones de todos los sectores sociales: las luchas de las mujeres contra el feminicidio desafortunadamente recurrente en el país, el cumplimiento de los acuerdos de paz comenzando por la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, las reivindicaciones por el derecho a la tierra y al trabajo digno, la defensa de la naturaleza desde e una perspectiva ecosocialista.

Detener la masacre de las fuerzas represivas, acabar con la militarización de la sociedad

En lo inmediato la acción urgente y solidaria pasa por detener la masacre que la policía nacional y su cuerpo elite, el Escuadrón Antidisturbios –ESMAD—, vienen ejercitando en contra de una población inerme por orden directa del comando general de las Fuerzas Armadas y el Presidente  Duque. Están llegando a los sitios de concentración disparando sobre los cuerpos de los manifestantes y los barrios cercanos con armas largas, granadas y gases, violando los propios convenios del Derecho Internacional Humanitario. Igualmente, retienen población mayoritariamente joven en vehículos oficiales o sin distintivos oficiales que luego desaparecen. El pasado de 3 de mayo durante la noche, en barrios de Cali —la ciudad en la que se han presentado mayores protestas—, tras sitiar la ciudad, incluso llegaron a ametrallar y lanzar bombas incendiarias desde los helicópteros oficiales contra las residencias.

El coste humano de la violencia armada

Este tratamiento de guerra a la protesta legítima es injustificable. El coste humano que está soportando el pueblo colombiano por ejercerla es enorme. Las cifras de muertos, desaparecidos, heridos y judicializados aumentan diariamente. Esta violación sistemática de los derechos humanos ha sido reconocida por la oficina delegada de Naciones Unidas en Colombia, por Michelle Bachelet a nombre de la OEA y por Human Rights Watch, entre otros. El momento exige y por ello la acompañamos, una salida humanitaria a esta militarización desenfrenada de la protesta social. Por ello, acompañamos la propuesta de una Misión Internacional de Observación de urgencia que ya ha sido planteada por sectores democráticos y progresistas en el país. Al mismo tiempo, acompañaremos la exigencia de condena internacional del gobierno de Duque por su carácter genocida y represor.

Es de sobras conocida, además, la simbiosis del gobierno reaccionario de Colombia con los EEUU, que ha facilitado desde hace años la instalación de bases militares norteamericanas en el país. Desde allí se planifican operaciones militares en otros países, como en el sur de Chile contra las legítimas exigencias el pueblo mapuche y fundamentalmente en la frontera con Venezuela desde donde se están implementando ataques armados a dicho país que faciliten una invasión militar. Duque rechaza cualquier iniciativa de paz en la región y está subordinado a los dictados del amo del norte.

Ante los acontecimientos en curso, la Cuarta Internacional llama a los movimientos sociales y a las organizaciones revolucionarias, progresistas y democráticas a organizar la solidaridad y a pronunciarse con carácter de urgencia por una salida humanitaria que detenga la masacre que el gobierno de Duque viene realizando contra el pueblo colombiano.

Por el reparto de la riqueza y del trabajo,

Por la transición ecosocialista,

Por una democracia anticapitalista,

¡Abajo el gobierno criminal y genocida de Duque!