E l 80% de los cuencanos y cuencanas le dijeron Sí al agua en una muy trascendente consulta popular que se llevó a cabo de forma paralela con las elecciones generales del domingo, 7 de febrero de 2021, en el cantón azuayo. Cuenca decidió sobre la minería en su territorio, un precedente histórico para las comunidades que desde hace más de 20 años combaten la arremetida de las empresas mineras en el país.

Luego de tres intentos fallidos, propuestos por el exprefecto del Azuay, hoy candidato a la Presidencia del República (Pachacutik), Yaku Pérez Guartambel, la Corte Constitucional (CC) autorizó la realización de la consulta en Cuenca sobre los proyectos de explotación a mediana y gran escala que afectan a las zonas de recarga hídrica. Fallo en el que se resumen las luchas sociales y se imponen los derechos de los pueblos y la naturaleza.

Luego de un intenso trabajo en el que participaron expertos de diversas disciplinas: ambientalistas, biólogos, juristas…, las organizaciones sociales y la sociedad civil representadas por varios colectivos, Yasunidos Guapondélig, el Cabildo por el Agua de Cuenca y el Foro Autónomo por el Bicentenario de Independencia de Cuenca lograron la aprobación del Concejo Cantonal cuya propuesta, impulsada por el concejal Christian Zamora (Participa) fue aprobada por 14 de 15 ediles para que sea la Municipalidad, a través del alcalde Pedro Palacios quien interponga la petición de consulta a la CC.

Al ser una iniciativa del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) no se requería la recolección previa de firmas que, en un contexto de pandemia hubiese resultado un proceso difícil que tomaría tiempo. Además, con el antecedente del año 2014 cuando Yasunidos presentó 750 mil firmas para convocar a una consulta popular sobre la explotación del campo petrolero Yasuní ITT, en la Amazonía ecuatoriana y el Consejo Nacional Electoral en 15 días anuló alrededor de 400 mil, no había la confianza suficiente para tomar este camino.

La Corte dio paso a cinco preguntas correspondientes a las zonas de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay.

Dentro de las condiciones, la CC dispuso que en la consulta se incluya el mapa de coordenadas de las zonas de recarga hídrica elaborado por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado de Cuenca (ETAPA EP) como información referencial, la delimitación definitiva deberá efectuarse por la Autoridad Única responsable de la rectoría, planificación y gestión del recurso hídrico, hoy en manos del Ministerio del Ambiente luego de la fusión con la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).

Las preguntas

Pregunta 1.

Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP?

Pregunta 2.

¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Yanuncay, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP?

Pregunta 3.

¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tomebamba, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP?

Pregunta 4.

¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Machángara, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP?

Pregunta 5.

¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a mediana escala en la zona de recarga hídrica del río Norcay, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP?

 

Antecedentes

El Sí en la Consulta es el resultado de un largo proceso de resistencia, que aunque se fortalece en la segunda mitad de la década de los 90, se remonta al siglo XVI. Las Crónicas del Cabildo de Cuenca de esa época nos permiten saber de la lucha entre el oro y el agua. “Se debatía ya si debían prevalecer los intereses económicos alrededor del oro o la vida alrededor del agua” nos cuenta David Fajardo, miembro del Colectivo Yasunidos Guapondélig.

Pero, en la época moderna, el interés por los recursos minerales, metálicos, en Ecuador surge luego de la firma de la paz con el Perú, en 1998, así lo ratifica Enrique Serrano, exdirector del Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA), miembro del Cabildo por el Agua de Cuenca. Comenta que esto acelera las investigaciones al norte de Perú y al sur de Ecuador, especialmente en la provincia de Zamora Chinchipe. Avanzan, en aquella época, los estudios de las provincias geológicas del sur del Perú y se incorpora a las provincias de Loja, Azuay y Cañar de nuestro país.

En el año 2000, en el régimen del expresidente Gustavo Noboa, se otorgan las primeras concesiones, en la amazonia y en la sierra centro. Entre los años 2003 y 2004 empieza a haber presencia de este tipo de actividad en la provincia del Azuay, en el cantón Girón y las parroquias Tarqui y Victoria del Porterte lo que genera reacciones en las juntas administradoras de sistemas de agua potable y riego.

En el 2008 con motivo de la Asamblea Constituyente de Montecristi los grupos organizados, particularmente de las zonas rurales plantean la supresión de todas las concesiones mineras y la inauguración de nuevos procesos que incluyan el Consentimiento Libre, Previo e Informado como derecho de los pueblos ancestrales para decidir sobre la instalación de proyectos extractivos en sus territorios.

Con este antecedente se aprueba el “Mandato Minero”, el Mandato Constituyente N°8 con el que “quedan suspendidas las actividades de todas las concesiones mineras metálicas… hasta que se apruebe el nuevo marco legal que regule la actividad y se redefinan las condiciones de su operación”.

El Mandato jamás se cumple, contrario a aquello, el presidente Rafael Correa insiste en una política extractivista, llega a afirmar que “solo por el extractivismo nos salvaremos del extractivismo”, insiste en las concesiones y formula una Ley de Minería que otorga poder al Gobierno Central sobre las decisiones en territorio de los GAD y avanza en la entrega de concesiones.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) interpone una demanda de inconstitucionalidad de esta Ley alegando que afecta los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas considerando que las concesiones y las áreas por concesionar están ubicadas en sus territorios. La demanda nunca recibió una respuesta, deberíamos entender que está vigente.

Esta insistencia del gobierno de Correa genera una reacción de las juntas y las organizaciones de las parroquias de Cumbe, Tarqui y el cantón Girón. Emerge, en este sector del país, la figura de Yaku Pérez como promotor y defensor de las juntas administradoras de agua, además habitaba en Victoria del Portete, conocía bien la situación y empieza a sensibilizar sobre el tema de la defensa del agua y los efectos de la minería.

La organización y fortaleza de los pobladores provoca que el presidente Correa viste la zona en dos ocasiones. En octubre de 2011 el Mandatario recorre Quimsacocha, donde se emplaza uno de los dos proyectos considerados estratégicos, Loma Larga, cuya concesión está en manos de la empresa canadiense INV Metals, lo que genera protestas que concluyen en la detención del dirigente Leonardo López en la comunidad de San Gerardo, Girón.

Previo a esta vista, a inicios del mes de octubre, el Sistema Comunitario de Agua Potable de Victoria del Portete convoca a una consulta popular comunitaria, no vinculante al no estar avalada por el organismo electoral, asistieron más de mil votantes alcanzando un resultado avasallador de un 92,38% en contra de la minería en el sector de Quimsacocha.

En el año 2012, Cuenca es el centro de una gran marcha contra la minería, la caminata “Por la defensa del agua, la vida y la dignidad del pueblo del Azuay” estuvo liderada por el prefecto provincial Paúl Carrasco. Miles de personas asistieron y se expresaron en contra del Gobierno y de la explotación minera.

En el 2016, con Paúl Carrasco como prefecto, la Cámara Provincial del Azuay declara a la provincia como “territorio libre de minería metálica en los páramos”. La sesión que convocó a más de 500 personas se realizó precisamente en los páramos de Quimsacocha.

En esta misma línea, en el 2017, bajo la alcaldía de Marcelo Cabrera, el Concejo Cantonal aprueba también una declaratoria en contra de la minería. De 12 resoluciones, la principal fue la de declarar libre de minería metálica al cantón Cuenca, sus páramos y ecosistemas que se encuentran dentro del área de biosfera del macizo del Cajas y a las áreas de protección y conservación ambiental y de fuentes hídricas.

Otra consulta, esta vez oficial, es decir vinculante, se lleva a cabo en Girón en el 2019. El Consejo Nacional Electoral consultó a los pobladores de este cantón azuayo: ¿Está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha?, el No arrasó con el 86,79% de la votación.

En el 2016, el Gobierno pone en marcha el proyecto Río Blanco en la parroquia Molleturo, el segundo proyecto estratégico emplazado en la zona, cuya inauguración estuvo presidida por el vicepresidente de la República de ese momento, Jorge Glas Espinel. El proyecto se encontraba en fase de construcción de la mina y explotación anticipada. Un fallo histórico lo mantiene suspendido.

El juez cuencano Paúl Serrano acogió la demanda de las comunidades de San Felipe de Molleturo en el sentido de que se “vulneraron los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada en las comunidades cercanas al proyecto”.

El Estado apeló dicha resolución, no obstante el Tribunal de la Corte de Justicia del Azuay negó este recurso, la minera china Ecuagoldmining South America, dueña de la concesión mantiene sus trabajos suspendidos desde mayo de 2018.

Para Fajardo, quien también es miembro del Cabildo este fue uno de los logros más importantes para avanzar hacia la consulta de Cuenca, porque “esto demostró que dentro de la institucionalidad del Estado sí existe la posibilidad de enfrentar a los proyectos que son promovidos por el mismo Gobierno”.

 

El expediente

Miembros de las organizaciones sociales, agrupadas en el Cabildo por el Agua de Cuenca, con el objetivo de demostrar que la defensa del agua no era solo un capricho de unas cuantas juntas y que la minería en las parroquias afectaba a Cuenca en su conjunto empiezan a recopilar importante material e información sobre el tema minero en el cantón. Para Serrano, era necesario que la zona urbana se empodere de la lucha contra una realidad que terminaría afectando a todos, que la dotación de agua podía verse seriamente afectada, que los efectos nocivos de la actividad minera llegaría a sus hogares.

En este proceso se descubrió que el Gobierno Central no solo tenía otorgadas una o dos concesiones sino que toda el área alrededor del Parque Nacional Cajas, es decir en el área de Reserva de Biosfera del Ecuador en el Macizo del Cajas, miles de hectáreas habían sido concesionadas y que el proyecto gubernamental era crear un “Distrito Minero” en toda el área montañosa del Macizo desde Santa Isabel por Loma larga, la Ruta del Cobre en Chaucha, saliendo hacia el Cañar sobre la cuenca del Machángara.

En el 2018, uno delos mejores hidrólogos de Cuenca, ingeniero Galo Ordóñez es solicitado por la empresa municipal ETAPA EP para la realización de un informe sobre la “Vulnerabilidad de las fuentes de agua del páramo frente a la minería en el cantón Cuenca” que entre sus conclusiones señala: “El agua que se contaminaría con metales tóxicos especialmente arsénico y mercurio, representa un riesgo altamente potencial de contaminar las fuentes de agua para consumo humano y riego, ya que cualquier contaminación llegaría rápidamente a los pequeños cursos de agua, que confluyen a quebradas y ríos principales, drenando cuencas pequeñas de alta pendiente y flujos rápidos, lo cual demuestra una vez más la fragilidad de los ríos de páramo, que deben ser preservados frente a la minería.…Por todo lo expuesto, el riesgo potencial de contaminación en la calidad y cantidad, sobre las únicas fuentes de abastecimiento de agua potable y riego, recurso más importante para los cuencanos, es elevado, ya que las concesiones mineras se ubican agua arriba de los puntos de captación y en áreas de páramo, ecosistema estratégico altamente lesionable, que ha sido protegido desde décadas anteriores por su invaluable servicio ambiental como zona de provisión y regulación de agua, y por otros grandes servicios ecológicos que prestan a la colectividad cuencana”.

Pero no es sino hasta el 2019 que, con este informe, el Directorio de ETAPA EP resuelve, entre otros puntos: “1. Declarar que la minería metálica en los páramos y bosques del Macizo del Cajas, es incompatible con el objetivo de conservación y protección de las cuencas hídricas y de la calidad del agua del cantón Cuenca. 2. Exigir al señor Presidente de la República, que a través de las instancias competentes garantice el pleno derecho humano al agua de los habitantes del cantón Cuenca, preservando las áreas de recarga hídrica en páramos y bosques, a través de la suspensión definitiva de los proyectos de minería metálica en cualquiera de sus fases, dentro del cantón Cuenca”.

Es este “esclarecedor” informe el que otorga los argumentos racionales para exigir el cese de toda actividad minera en los páramos. Surge entonces la necesidad de ampliar la difusión y fortalecer procesos de sensibilización ante esta realidad y es a través del programa radial Derechos Urbanos de Ondas Azuayas que se empieza a construir una estrategia para difundir el tema.

Llega Yaku Pérez a la Prefectura del Azuay y promueve una consulta popular que es negada por la Corte Constitucional en tres ocasiones. Las observaciones del órgano de control constitucional fueron otro elemento que contribuyó para el diseño correcto de las preguntas para la consulta de Cuenca.

El interés ciudadano crece, se efectúan dos asambleas ciudadanas, una de ellas promovida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cuyo titular, Julio césar Trujillo participa de la sesión, acompañado de Margarita Arias, representante del Consejo en el Azuay. Cuenta además con la intervención de autoridades locales, organizaciones sociales, técnicos, ambientalistas, constitucionalistas, que se suman para aportar.

El Cabildo por el Agua se fortalece, sus integrantes acuden a las asambleístas por el Azuay, se reúnen con Doris Solís y Lourdes Cuesta. La reunión, para Serrano, no cumplió con las expectativas, pero se logró que se solicite formalmente al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables información oficial, la misma que llegó mucho más completa con la intervención de una tercera asambleísta, Gloria Astudillo que consiguió que el Ministro entregue información sobre las concesiones.

Con este informe se descubre que 46 mil hectáreas del cantón Cuenca, según el catastro minero, han sido concesionadas en Baños, Victoria del Portete, Sayausí, Chaucha y Molleturo, es decir todo el Parque Nacional Cajas estaría rodeado de actividad de este tipo.

El Cabildo consiguió también el “Estudio de factibilidad económica” presentado por INV Metals en la bolsa de Toronto, que da cuenta de que los recursos que este generaría, ni de lejos se compadecen con el daño que se ocasionaría.

En definitiva, piezas que permitieron fundamentar y formular el expediente que se presentó a la Corte Constitucional. Un documento de alrededor de 50 páginas redactadas por el jurista Carlos Castro que contó con Antecedentes, Fundamentación Jurídica, Petición y más de 60 considerandos.

La problemática legal

Muchos han cuestionado que la Consulta se dirija únicamente a la minería metálica a mediana y gran escalas, cuando consideran que se debió apelar a todo tipo de minería y en todos sus niveles, incluso fue uno de los elementos en los que el sector minero se basó para “denunciar” que se trataba de una persecución a cierto grupo económico.

Hay que aclarar entonces que la estructura y contenido de las preguntas respondió a las exigencias de la Corte Constitucional para que puedan ser aprobadas y eso implicaba determinar con exactitud el tipo de minería, a qué escala y en qué lugar específicamente.

Pero hay otros elementos que han sido motivo de preocupación de los defensores del agua, porque precisamente han sido acogidos por el sector minero para defender la permanencia de los proyectos existentes y quitarle valor a la Consulta.

De acuerdo al dictamen constitucional, la Consulta no puede aplicarse mientras no estén establecidas las zonas de recarga hídrica por parte de la Autoridad Única del Agua, antes la Secretaría Nacional del Agua, hoy el Ministerio del Ambiente. Estas zonas, de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, promulgada en el año 2014 y de acuerdo a su Disposición Transitoria Décima debieron identificarse y delimitarse en un plazo de dos años a partir de la vigencia de la Ley, disposición que hasta la fecha no se ha cumplido.

Ante dicha negligencia, la empresa ETAPA EP asumiendo las competencias y acatando la responsabilidad señalada por la Ley de Recursos Hídricos que establece que los GAD procurarán la protección, recuperación y administración de las fuentes de agua que se hallen en sus tierras, procedió a la delimitación técnica de las zonas de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Machángara, Tarqui y Norcay que sirvió como referencia de los territorios en los cuales la minería debe prohibirse. Además, ETAPA, en convenio con la Secretaría Nacional del Agua y el Ministerio del Ambiente, firmado en el año 2018, procedió con la delimitación de las zonas de protección de las aguas y de los ecosistemas asociados a las zonas de protección hídrica.

El otro tema tiene relación con la eficacia de la Consulta, la aplicación retroactiva de la voluntad popular, es decir se plantea que la prohibición de las concesiones sea a futuro, a partir de la aprobación de la Consulta, lo que significaría que la amplia negativa a los proyectos mineros no tendría validez para las concesiones que ya han sido otorgadas, no incidiría en los proyectos de mayor trascendencia como son Loma Larga y Río Blanco.

En este aspecto, el jurista Carlos Castro Riera ha sido muy claro. “La CC constitucional no quería ninguna consulta, es una Corte conservadora en el tema minero, es un tema político y de relaciones con sectores poderosos” asevera, de ahí los estándares tan altos para su aprobación y las condiciones establecidas en el dictamen. “Sabían que existiría un pronunciamiento mayoritario a favor del agua” indica.

Para Castro, si los efectos de la Consulta son a futuro, entra en juego la validez de este importante mecanismo de democracia directa y se estaría sentando un precedente nefasto sobre la participación colectiva en la toma de decisiones, no solo en el ámbito minero sino en cualquier otro.

Desde el punto de vista jurídico formal, la ley no es retroactiva, pero hay excepciones, explica el experto. Cuando una ley o en este caso una consulta se refieren a materia de orden público “claro que rige para atrás, los efectos son precisamente esos”, y Cuenca se ha pronunciado en un tema de orden público, sus habitantes no quieren minería en las zonas de recarga hídrica, es el pronunciamiento de la voluntad soberana de los cuencanos y cuencanas.

Los derechos conferidos por una ley se regirán siempre por la nueva normativa. El derecho a la explotación minera existe, pero si hay un pronunciamiento de la voluntad ciudadana, la ley no es sino una expresión de esta voluntad, y en este caso dice no a la explotación minera, entonces el derecho está limitado, así lo establece el Código Civil.

En definitiva en Cuenca hay una nueva voluntad establecida que tiene una dimensión sociológica, una jurídica formal, una ética y sobretodo una política que es la de respetar la decisión soberana de un pueblo.

 

El Sí en la Consulta, un nuevo grito de independencia

Cuenca ha sido víctima del centralismo político-administrativo que distribuye en forma inequitativa y desproporcionada los ingresos del Estado y asume decisiones a espaldas de los gobiernos descentralizados y del pueblo atentando a los intereses del desarrollo local.

Es por ello que esta consulta representa un paso fundamental para que los habitantes del cantón decidan sobre su territorio. Los miembros del Cabildo por el Agua y del Foro Autónomo por el Bicentenario de Independencia de Cuenca, entre ellos Enrique Serrano y Carlos Castro coinciden en que se trata de un “nuevo grito de independencia” que traerá cola en todo el territorio nacional. La Consulta expone la potencialidad de la voluntad de los pueblos, el esfuerzo de Cuenca es definitivo.

Ahora, uno de los primeros pasos para avanzar, luego de la votación del 7 de febrero será el de redactar una ordenanza que establezca las áreas de incidencia estratégica para el desarrollo del cantón Cuenca y norme el uso y ocupación del suelo y las políticas públicas para las comunidades de altura que viven en esas áreas.

La propuesta contempla la delimitación de cinco áreas de incidencia estratégica: Quimsacocha-Cancan-Irquis, Yanuncay, Gallo Cantana-Mazán-Tomebamba-Culebrillas, Chanlud-Machángara-Tomebamba, Miguir-Chorro-Rio Blanco-Molleturo-Mollepongo, Quitahuayco-Patul-Balao Grande.

A esto se suman otros procesos como reformas a la Ley de Recursos Hídricos y Uso Sostenible del Agua que incorpora la figura de “impacto a perpetuidad” de la actividad minera. El proyecto de reformas, promovido por la asambleísta Gloria Astudillo fue presentado a la Asamblea Nacional para su debate.

Está también la creación de Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) por la Municipalidad de Cuenca con el objetivo de prohibir actividades mineras en zonas donde haya fuentes hídricas. Esto se fundamenta en la Ordenanza para la Protección de Fuentes Hídricas, Aire Puro y Biodiversidad. Las tres primeras ACUS en crearse serán Mazán, Curiquingue-Gallocantana y Machángara.

En definitiva la legitimidad que le otorga la voz de los cuencanos y cuencanas a la defensa del agua y de la vida fortalece cada paso. La fuerza ética y política que Cuenca ha mostrado significa colocarse además como un polo de conciencia ambiental con lo que recobra su presencia en el contexto nacional e internacional.