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Actualidad Internacional: Opinion

11/08/2024

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1. Cualquier análisis de la grave situación de Venezuela que ignore la condición histórica del país en los sistemas colonial y semicolonial está condenado, en el mejor de los casos, a la superficialidad y, en el peor, a la vulgar repetición, especialmente hipócrita cuando se hace en nombre de la democracia, de los cansados clichés del imperialismo, la realidad fundamental de nuestra era. Veamos las líneas históricas generales de esta condición. En la época colonial ibérica, el virreinato venezolano experimentó un fuerte desarrollo de sus exportaciones (en la segunda mitad del siglo XVIII ya era el mayor exportador mundial de cacao) y una prosperidad económica que benefició sólo a una pequeña parte de su población de aproximadamente un millones de habitantes, la gran mayoría compuestos por esclavos negros, zambos, mulatos e indios que se mantienen en extrema pobreza. La rebelión negra de Coro en 1796 proyectó peligrosamente, para las clases dominantes de la colonia, la sombra de la revolución de los esclavos en el vecino Haití. Cuando Simón Bolívar comenzó a desarrollar el proyecto de una confederación americana para reemplazar la dominación colonial española, llegó a la conclusión de que, para lograr la independencia, los españoles debían ser totalmente derrotados (para impedir sus intentos de reconquista), unificando los esfuerzos dispersos de los caudillos regionales y crear una república para poder enfrentar a cualquier potencia imperial. Y simultáneamente, contra los españoles, planteó el espectro de la “revolución de colores”, la “anarquía bárbara” que provocaría una revolución con dirección y beneficio de las clases desposeídas de la sociedad. En una famosa y controvertida entrada de diccionario, Karl Marx criticó al líder de Venezuela por sus limitaciones en la lucha por la independencia nacional (“separatista sí, demócrata no”), pero nunca se colocó en una posición neutral o dudosa respecto del progresismo. y legitimidad de esta lucha. Destacó la libertad de los esclavos negros como uno de los motores del ascenso de las fuerzas independentistas, aunque reconoció la paternidad de la iniciativa en el presidente de Haití, Alexandre Pétion (1770-1818), no en Simón Bolívar.[i] En la Gran Colombia, las clases dominantes no aceptaron la decisión de Simón Bolívar de mantener unificada la región en un solo país, promoviendo un golpe de estado para sacarlo del poder. Tras la victoria militar contra España, exiliaron a los militares y acordaron dividir el territorio del antiguo virreinato de Nueva Granada en tres países: Venezuela, Colombia y Ecuador. En América Latina, en general, desde el punto de vista económico, hubo continuidad entre el período colonial ibérico y la fase independiente. A la extracción de metales le siguió la exploración agrícola y ganadera a través de la cual cada país, articulando con el sistema económico internacional, se identificaba con un producto a escala comercial. Centroamérica se especializó en el suministro de frutas tropicales; Ecuador, plátanos; Brasil y Colombia, azúcar y café; Cuba y el Caribe, azúcar; Venezuela, cacao; Argentina y Uruguay, carne y lana; Bolivia se convirtió en proveedor de estaño y Perú de pescado. En la segunda mitad del siglo XIX, el Congreso norteamericano declaró su oposición a las demandas territoriales británicas en Venezuela: mediante un tratado celebrado con los Países Bajos en 1814, Gran Bretaña había adquirido el territorio de Guyana y durante medio siglo mantuvo una disputa con Venezuela en su frontera occidental, aspirando a una porción cada vez mayor de su territorio. Venezuela había apelado varias veces a los Estados Unidos, que en 1887 ofrecieron sus servicios a Gran Bretaña, proponiendo someter la diferencia a arbitraje. Los británicos rechazaron la propuesta. Entre las aspiraciones territoriales de Gran Bretaña, la que más preocupaba era el control de la desembocadura del río Orinoco. Los venezolanos alimentaron los temores al subrayar en una nota oficial que no sólo estaba en juego la “Doctrina Monroe” (“América para los americanos”), sino que “el control inglés sobre la desembocadura de nuestra gran arteria fluvial, y sobre algunos de sus afluentes”. , será la causa de un peligro permanente para la industria y el comercio de una gran parte del Nuevo Mundo”. Se firmó un tratado que otorgaba gran parte del territorio reclamado a los británicos. A cambio, Gran Bretaña reconoció la Doctrina Monroe y la hegemonía estadounidense en el hemisferio sur. Venezuela conoció el contenido del acuerdo sólo cuando fue publicado. El gobierno de Caracas ratificó el acuerdo luego de impedir manifestaciones callejeras en la ciudad. En Brasil, el parlamento aprobó resoluciones apoyando la actitud norteamericana. La animosidad suscitada entre los venezolanos, como consecuencia del trato humillante que recibieron, los llevó a tomar una postura contra Estados Unidos en la guerra hispanoamericana. En Estados Unidos, la plataforma electoral republicana de 1896 proponía un “monroísmo” agresivo, explotando el orgullo nacionalista ya agitado en la crisis venezolana, proponiendo el control norteamericano de las islas hawaianas y del proyectado canal interoceánico en Panamá.[ii] En 1899 (febrero-octubre) se produjo la revolución restauradora que combinó la crisis del liberalismo amarillo, el malestar por el mal gobierno de Andrade con las demandas de protagonismo de los ricos en el interior de la zona montañosa (Andes venezolanos) de la frontera. estado de Táchira. La revolución inauguró una larga hegemonía de presidentes andinos que expresarían la transición del modelo agrario de acumulación al modelo rentista petrolero. Poco después, Venezuela fue objeto de un ataque militar por parte de las potencias europeas. Cuando la flota anglo-alemana ingresó al puerto de La Guayra imponiendo un bloqueo marítimo para cobrar por la fuerza la deuda del país, EE.UU. fue previamente consultado y dio su consentimiento, lo que significó “la transición del intervencionismo europeo a la tutela norteamericana… La nota del ministro argentino [Luis María] Drago al Departamento de Estado, afirmando que la deuda pública no se podía recuperar con una intervención militar armada, fue la única manifestación oficial en América Latina a favor de Venezuela”.[iii] Las relaciones geopolíticas mundiales estaban cambiando con el surgimiento de una nueva potencia, Estados Unidos, con costas en los océanos Atlántico y Pacífico, y con intereses económicos cada vez más globales. En la crisis venezolana de 1902-1903, el bloqueo naval fue impuesto contra Venezuela por Gran Bretaña, Alemania e Italia, luego de que el presidente Cipriano Castro se negara a pagar las deudas externas y los daños sufridos por los ciudadanos europeos en las guerras civiles del país. Castro asumió que la Doctrina Monroe obligaría a Washington a intervenir para impedir la intervención militar europea. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y el Departamento de Estado consideraron que la doctrina se aplicaba únicamente a la toma de territorio. Estados Unidos fue oficialmente neutral en el conflicto y permitió que se llevara a cabo la acción militar europea sin objeciones. El bloqueo vio rápidamente derrotada a la pequeña armada de Venezuela; Aun así, Castro se negó a ceder, pero aceptó someter algunas de las reclamaciones a arbitraje internacional, lo que había rechazado previamente. Las naciones bloqueadoras acordaron un compromiso pero mantuvieron el bloqueo naval durante las negociaciones. Según el acuerdo, Venezuela comprometió el 30% de sus derechos aduaneros para resolver quejas externas. La Corte de Arbitraje otorgó un trato preferencial a las potencias bloqueadoras frente a las reclamaciones de otras naciones. El papel de Estados Unidos, como aparente mediador, fue parte de la estrategia para consolidar una relación neocolonial con Venezuela. El episodio contribuyó a la formulación del “Corolario Roosevelt” de la Doctrina Monroe, afirmando el derecho de Estados Unidos a intervenir en los asuntos de los pequeños estados caribeños y centroamericanos si no podían pagar sus deudas internacionales. Así, Venezuela y el complejo Caribe-Centroamérica estuvieron en el centro de la configuración del “patio trasero” del imperialismo norteamericano. La victoria estadounidense sobre el debilitado Imperio español en la Guerra Hispano-Cubano-Estadounidense (1898) les dio nuevas posesiones en el Caribe (Puerto Rico) y el Pacífico (Filipinas, Guam y Hawaii), sobre las que podían proyectar su poder en el Sudeste. Asia y en Centroamérica. Al mismo tiempo, inauguró una nueva forma de imperialismo en la que no era necesaria la anexión política de territorios: si bien Cuba logró la independencia política en 1901, EE.UU. restringió su soberanía política a través de la Enmienda Platt incorporada a la constitución de la isla caribeña, lo que permitió la intervención en sus asuntos internos, el establecimiento de bases militares en su territorio y su capacidad para celebrar tratados políticos.[iv] El nuevo imperialismo yanqui se basó en un intervencionismo sistemático en América Latina: 1901 – 1914 – Panamá – La Marina estadounidense apoya la secesión del territorio de Colombia; Las tropas estadounidenses han ocupado la zona del canal desde 1901, cuando comenzó la construcción. 1903 – Honduras – Los marines estadounidenses desembarcan e intervienen en la guerra civil. 1903 – 1904 – República Dominicana – Las tropas estadounidenses invaden el país para “proteger los intereses estadounidenses”. 1904 – 1905 – Corea – Desembarcan los marines durante la guerra ruso-japonesa. 1906 – 1909 – Cuba – Las tropas estadounidenses desembarcan durante el período electoral. 1907 – Nicaragua – Tropas norteamericanas invaden el país e imponen un protectorado de facto. 1907 – Honduras – Los marines desembarcan durante la guerra de Honduras contra Nicaragua. 1908 – Panamá – Envío de marines durante el período electoral. 1910 – Nicaragua – Los marines estadounidenses desembarcan nuevamente en Bluefields y Corinto. 1911 – Honduras – Se envían tropas para “proteger los intereses estadounidenses” durante la guerra civil. 1912 – Cuba – Tropas estadounidenses enviadas para “proteger los intereses estadounidenses” en La Habana. 1912 – Panamá – Los marines ocupan el país durante las elecciones. 1912 – Honduras – Se envían tropas al país para “proteger los intereses estadounidenses”. 1912 – 1933 – Nicaragua – Las tropas estadounidenses ocupan el país para luchar contra los insurgentes de Sandino durante la guerra civil de veinte años.

2. Estados Unidos aprovechó la “Guerra de los Mil Días”, que devastó la República de Colombia (incluido Panamá, que era un departamento/provincia de Colombia), entre 1899 y 1902. En 1903, Estados Unidos impuso, mediante sobornos a los colombianos, parlamentarios, e intervención militar directa, el Tratado Hay-Bunau Varilla por el que sacaron del país la provincia de Panamá, que proclamó su independencia. Los EE.UU. conquistaron así la zona donde ya había comenzado la construcción del Canal de Panamá. Con la secesión de Panamá se definió un nuevo hito de la expansión imperial. El canal interoceánico planteó la perspectiva de una hegemonía naval norteamericana en el Atlántico y el Pacífico. Estados Unidos aprovechó la quiebra de la antigua empresa canalera francesa, cuya construcción ya había consumido 250 millones de dólares, y compró sus acciones por 40 millones de dólares. La independencia del país fue proclamada en 1903, con el apoyo de Estados Unidos. En 1904, durante el gobierno de “Teddy” Roosevelt, se reanudó la reconstrucción del canal, inaugurado en 1914, luego de gastar 360 millones de dólares, a través de una empresa estatal creada para tal fin. Por el derecho a poseer el Canal de Panamá, Estados Unidos pagó 10 millones de dólares y acordó pagar 25.000 dólares al año, monto que se incrementó a 430.000 en 1933 y a 1.930.000 en 1955. La interferencia imperialista, por tanto, jugó un papel central en el desarrollo político y geopolítico de Venezuela en el siglo XX. León Trotsky señaló, exiliado en México, que los gobiernos latinoamericanos tendían al autoritarismo bonapartista debido a la debilidad de la burguesía nacional, “una enana entre dos gigantes”, ante el peso del capital externo (imperialista) y el movimiento de los explotados ( obreros y campesinos).[V] En la primera mitad del siglo XX, Juan Vicente Gómez (1857-1935), un militar de alto rango, gobernó Venezuela bajo una dictadura represiva desde 1908 hasta su muerte en 1935. Durante sus 27 años de gobierno, hubo un final a las guerras civiles crónicas, la modernización del Estado y la transformación de Venezuela en una nación petrolera. Su dictadura intentó mantener una fachada constitucional y democrática, empleando presidentes como Victorino Márquez y Juan Bautista Pérez, subordinados a Gómez, quien ocupaba el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Gómez ayudó a consolidar el Estado venezolano y modernizar el país, al permitir que inversores nacionales y extranjeros exploraran los depósitos petroleros recién descubiertos. Venezuela experimentó un crecimiento económico sustancial y se convirtió en uno de los países más prósperos de América Latina en la década de 1950, una prosperidad reservada para las clases dominantes, con la mayoría popular reducida a la pobreza, incluida la pobreza extrema, en contraste con la creciente riqueza de las oligarquías y las altas esferas. burocracia estatal. El comienzo de la exploración petrolera también significó la formación del modo “rentista” de acumulación burguesa. Las importaciones –con la progresiva sustitución de la producción nacional– se convirtieron en el mecanismo de captura burguesa de las ganancias derivadas de la exploración petrolera. Incentivos económicos a las importaciones, exención de impuestos y otros derechos de importación, créditos a la importación con dólares preferenciales (calculados a un precio inferior al del mercado de divisas), incentivos a la industria ensambladora de piezas importadas, condonación de deudas contraídas por la burguesía a través de créditos públicos. estaban configurando una forma “parásita” de formación de la burguesía como clase social en Venezuela. Esta forma de constitución de la burguesía venezolana es fundamental para comprender, décadas después, el fenómeno de la “boliburguesía”. En 1928, la juventud venezolana encabezó una serie de protestas que tuvieron como eje central la democratización del país. Los líderes de esta revuelta serían quienes años más tarde organizarían la creación de los partidos venezolanos modernos, especialmente Acción Democrática (AD), socialdemócrata liderado por Rómulo Betancourt y otros miembros de esa generación, el Partido Social Cristiano (COPEI) liderado por Rafael Caldera, el liberal Partido Unión Democrática Republicana (URD), encabezado por Jóvito Villalba, y el Partido Comunista de Venezuela, de orientación marxista. Muchos miembros de esta generación participaron en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de abril de 1928, que envió a prisión a una parte importante de la llamada “generación del 28”. Años más tarde, tras la muerte de Gómez y bajo el gobierno de López Contreras (quien había derrotado el intento de golpe de Estado de 1928), el 27 de febrero de 1936 se creó el primer sindicato de la industria petrolera en el estado Zulia, que entre diciembre de ese año y enero del año siguiente encabezaría el primer paro petrolero en Venezuela, con el que la clase obrera organizada irrumpió en la escena nacional. En este paro, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) jugó un papel especial en su dirección. Manuel Taborda, Rodolfo Quintero, Jesús Faría, Olga Luzardo, entre otros comunistas, participaron en la organización y desarrollo de esta protesta, que combinó demandas salariales y laborales con denuncias sobre las condiciones laborales a las que los sometían las empresas trasnacionales, así como protestas políticas. demandas como la libertad de protesta, el cese de la persecución política y la libertad total de los presos políticos del régimen de Gómez. En el marco de una cadena de experiencias democráticas interrumpidas por regímenes dictatoriales, los partidos políticos venezolanos construyeron su verdadera identidad política entre 1936 y 1958. Durante el período de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1953-1958), Rómulo Betancourt, líder histórico del gobierno venezolano socialdemocracia, escribió Política y petróleo en Venezuela (1956), libro en el que justifica su posición en la Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1948), y considera al petróleo como el articulador económico de la economía venezolana, eje del modelo de acumulación burgués, en una relación neocolonial de dependencia basada sobre el comercio de este primo material. Durante la dictadura de Pérez Jiménez, la tríada AD, COPEI y URD consolidaron su relación con Estados Unidos y diferencias con el bloque soviético, construyendo relaciones de confianza con Estados Unidos para iniciar el período democrático que comenzó en 1958 y no fue interrumpido. hasta el presente. El petróleo se convirtió en la columna vertebral del régimen político nacional y el factor determinante en la relación con Estados Unidos. En 1958, el “Pacto de Punto Fijo” se celebró entre los tres principales partidos políticos: Acción Democrática (AD), socialdemócrata, el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), de centroderecha democristiana, y la Unión Republicana Demócrata (URD), “social-liberal” y proimperialista. El acuerdo buscaba la estabilidad política en el país tras el colapso del gobierno dictatorial del general Marcos Pérez Jiménez antes de las elecciones, previstas para diciembre de ese año. Sus efectos se sintieron hasta principios de los años 1990. El pacto obligaba a los partidos firmantes a respetar los resultados de las elecciones y respetar la alternancia en el poder, excluyendo al Partido Comunista de Venezuela (PCV), que estaba proscrito; Era evidente que para la burguesía y para el modelo de acumulación desarrollado en el país, el PCV era un estorbo. En 1962, la URD abandonó el pacto, al no estar de acuerdo con la política adoptada en relación con la revolución cubana. La prosperidad económica permitió neutralizar y derrotar los intentos de organizar grupos guerrilleros en apoyo de la Revolución Cubana, el principal de los cuales estaba encabezado por el legendario Douglas Bravo, sin cambiar el régimen político, en un período en el que América del Sur experimentó una ola de Golpes militares (Brasil, Argentina, Bolivia) que tomaron como pretexto “el peligro del comunismo”, y Estados Unidos como principal punto de apoyo. En 1965, los marines estadounidenses invadieron la República Dominicana para impedir la toma de posesión de Juan Bosch, elegido democráticamente tras la larga dictadura de Rafael Trujillo, conocido como comunista.

3. En el último cuarto del siglo XX llegó a Venezuela la ola expansiva de la crisis económica global, en la recesión de 1974/1975. La disminución de la producción de petróleo estuvo estrechamente controlada por la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Su creación, en 1960, con un papel central para Venezuela con Pérez Alfonzo, inició un enfrentamiento por una nueva distribución global de la renta de la tierra. Creada por los gobiernos de los países exportadores, la OPEP elevó el precio del crudo, imponiendo límites a la competencia entre los países productores, que mantenían unos ingresos elevados, utilizados principalmente en importaciones. Sin embargo, los exploradores directos de las minas de petróleo, en la mayoría de los casos, no eran los Estados propietarios, sino las grandes empresas multinacionales que tenían su tecnología contratada por los Estados o les pagaban por la exploración de los yacimientos. No fueron los países productores los que más ganaron. El precio fijado en el Golfo Pérsico fluctuó, entre 1953 y 1973, entre 1,60 y 2,75 dólares el barril; Sin embargo, con impuestos, en el mercado llegaría a $10,00. La crisis de 1973 cuadruplicó los precios. El cambio en la relación entre capital y propiedad agraria estuvo en el centro de la crisis del petróleo. La disputa sobre los precios del petróleo crudo fue una lucha por la apropiación de “ingresos diferenciales” (originados en diferencias naturales en la fertilidad o riqueza del medio ambiente natural). También implicó una disputa monopólica, ya que la “factura del petróleo” debía ser pagada, en primer lugar, por los países consumidores de energía y las empresas que dependían de las importaciones (la mayoría de los países europeos y Japón), lo que fortaleció a la burguesía norteamericana y, dentro de Estados Unidos, por parte del sector empresarial que se encontraba en la misma situación. Por lo tanto, la “crisis del petróleo” fue parte de la intensificación de las disputas entre monopolios y países imperialistas. Las grandes refinerías y comerciantes de petróleo (las “siete hermanas”) fueron, en diversos grados, las más beneficiadas por el aumento de las facturas del petróleo. Con el aumento de los precios del petróleo entre 1974 y 1983, Venezuela experimentó la ola más importante de prosperidad económica y expansión de la clase media, lo que creó la ilusión de que era posible construir un fuerte Estado de bienestar en el país. Esta burbuja estalló con la nueva caída de los precios del petróleo a principios de los años 1980, la crisis de la deuda externa y la llegada de la globalización neoliberal, que requirió una mayor y nueva integración del capital transnacional y local. El 18 de febrero de 1983 (fecha conocida como Viernes Negro), el presidente socialcristiano Luis Herrera Campins interrumpió durante diez días la venta de dólares estadounidenses, lo que daría lugar al establecimiento de un rígido mecanismo de control de cambios (y por ende, a la disputa por el petróleo). ingreso). El Black Friday es el inicio del largo ciclo de crisis económica, política, social, cultural y tecnológica que atraviesa Venezuela. La crisis iniciada en 1983 tuvo picos (caracazo 1989, rebeliones militares bolivarianas 1992, Agenda Venezuela 1994-1999, triunfo de Chávez 1999, proceso constituyente 1999, golpe de Estado 2002, llamado al socialismo del siglo XXI en 2005, formación de la “boliburguesía” 2002-2024, muerte de Chávez 2013, inicio del proceso de restauración y acuerdo burgués 2013-2024) pero no logró cerrarse, porque en realidad se trata de un reacomodo de las burguesías en torno al rentismo petrolero en una fase de financiarización de la economía mundial. En Venezuela, el aumento de la renta petrolera favoreció la concentración del capital y de la renta, provocando una intensificación de la lucha de clases y provocando un aumento de la movilización popular contra el actual régimen político, que alcanzó su punto crítico en 1989 (caracazo). A medio siglo del inicio de la crisis económica global, Venezuela comenzó a vivir una crisis estructural que comenzó con el “Viernes Negro” de 1983 y que aún permanece abierta. Esta crisis es propia de los límites del modelo de acumulación burguesa en torno a la industria petrolera y la hegemonía del régimen político instalado en 1958. El surgimiento de la crisis “interna” coincidió con la llegada del neoliberalismo, la turbulencia de la deuda externa y la financiarización de la economía mundial, que impulsó una nueva dinámica económica local, abierta al capital transnacional. El Viernes Negro del 18 de febrero de 1983, el país sufrió una abrupta suspensión de la venta de dólares estadounidenses durante diez días, lo que desencadenó el establecimiento de un control de cambios, imponiendo una restricción a la salida de divisas, medida duramente cuestionada por el presidente del Banco Central de Venezuela. El Viernes Negro estuvo precedido por varios acontecimientos, como la salida de Venezuela del patrón oro, la nacionalización del petróleo, así como el inicio de un período de desajuste entre el gasto público y los ingresos del Estado. Esta situación se agravó y se hizo evidente con la caída de los precios del petróleo, que llevó las exportaciones petroleras de 19,3 millones de dólares en 1981 a apenas 13,5 millones de dólares en 1983 (una caída del 30%, al inicio de la crisis de deuda en América Latina). Estos hechos produjeron una fuga de capitales de casi ocho mil millones de dólares y la correspondiente disminución de las reservas internacionales, factores que hicieron inminente una devaluación monetaria. Hasta el Black Friday se mantenía la estabilidad de la moneda y la confiabilidad que caracterizaban a un mercado de libre convertibilidad; El episodio provocó una pérdida de confianza en la economía del país. Se produjo una fuerte caída de las reservas internacionales y la adopción de un régimen de tipo de cambio diferencial de tres tipos, que sobrevivió hasta febrero de 1989, en medio de graves casos de corrupción estatal, empobrecimiento popular y el fin de la estabilidad de la moneda venezolana.

4. La mayoría de los análisis de la situación en Venezuela tienden a centrarse en marcos temporales cortos, lo que impide una comprensión integral de lo que está sucediendo en la situación actual. Los picos de tensión en el período de crisis de 1983-2024 a menudo se confunden como fases separadas. En realidad, la rebelión popular y estudiantil de 1987, la caracazo de 1989, los levantamientos militares de 1992, la destitución y procesamiento de Carlos Andrés Pérez, la candidatura y victoria electoral de Chávez, el proceso constituyente, el fallido golpe de Estado de 2002, el llamado al “socialismo del siglo XXI”, las contradicciones entre la nueva burguesía y el poder popular, la enfermedad y muerte de Hugo Chávez, la candidatura y triunfo de Nicolás Maduro, el inicio del bloqueo norteamericano y las naciones imperialistas, las rebeliones callejeras de derecha en los años 2014 a 2017 con la la muerte de un centenar de jóvenes, la segunda asamblea constituyente, el decreto 2792, el giro autoritario de Nicolás Maduro, la pérdida de libertades democráticas, la judicialización de los partidos políticos, las negociaciones con Estados Unidos y otros acontecimientos, son sólo picos de tensión al interior del marco de la larga crisis burguesa en Venezuela de 1983-2024. Los intentos de superar esta crisis han sido infructuosos, tanto desde la derecha (construcción de un nuevo modelo de acumulación, Agenda Venezuela, involución en la agenda social, reducción del marco de libertades democráticas) como desde la izquierda institucional (el chavismo y su proyecto de recuperación). de la agenda social, con destrucción de la vieja burguesía y sus representaciones, creación de una nueva burguesía y destrucción del sistema liberal de libertades democráticas para imponer un régimen bonapartista de consenso entre las clases dominantes). La izquierda anticapitalista y socialista, contraria al proyecto de conciliación de clases, fue incapaz durante este largo período de construir un polo alternativo para superar estructuralmente la crisis de hegemonía y acumulación capitalista en Venezuela. El surgimiento de Hugo Chávez y los militares bolivarianos (en 1992) como actores políticos permitió la construcción de un precario centro político en el período 1995-1998 –con apoyos de izquierda, centro y derecha– que intentó resolver esta crisis a partir de una “nuevo consenso”, la apertura dio paso a iniciativas que buscaban una nueva hegemonía (proceso constituyente, nuevo marco legal e institucional, nuevo paradigma democrático) y un nuevo modelo de acumulación (la Agenda Alternativa Bolivariana – AAB). O chiripero de Rafael Caldera (nombre que recibió una coalición política que levantó la candidatura de Caldera a la presidencia en las elecciones de 1993: presentó oficialmente el nombre de Convergencia) había abierto el camino a esta táctica de disputa hegemónica. Este “centro político”, en el que participaban sectores empresariales que se sentían marginados por el sector mayoritario de la burguesía y temían los efectos del surgimiento del capital transnacional, vio en la propuesta de la AAB una oportunidad para construir una nueva arquitectura en el país. Durante este período, Hugo Chávez habló de la “tercera vía” y del “capitalismo humano”. La izquierda valoró esta agrupación como un salvavidas en medio del desastre que vivía el pensamiento socialista en los años noventa, mientras que sectores de la izquierda radical vieron en los intentos de destruir el viejo modelo la oportunidad de abrir el camino a nuevas correlaciones de fuerzas que apoyaría el cambio estructural en el país. El capital transnacional y Estados Unidos estaban a favor de cualquier intento de superar el modelo de acumulación de capital que dio paso al proceso de internacionalización y financiarización, por lo que ofrecieron precaria resistencia a la idea de cambio que se lanzaba. Desde la llegada de Hugo Chávez al gobierno (1999), han surgido tres caras de la política chavista, que expresan las contradicciones internas del inestable “centro político”. El primero, consistente con el programa acordado, lanzó el proceso constituyente y un nuevo marco legal –leyes facilitadoras, leyes sectoriales- para el surgimiento de un nuevo Estado burgués, que requería la construcción de hegemonía para el sector burgués que lo acompañaba. El segundo fue resultado de la inconclusa identidad nacional popular de Chávez y el chavismo, que buscó conectarse con las narrativas e imaginarios de la corriente histórico-social de cambio. El tercero se expresó en el camino a tientas hacia un discurso político ideológico radical, en el que abordó experiencias como la de Gadafi en Libia, el cooperativismo yugoslavo, el socialismo utópico comunal, los “marxismos malditos”, hasta llegar al “socialismo del siglo XXI”. siglo” (2004-2005), que en su fase final se asimiló más al viejo socialismo del siglo XX. Estas tres caras se fueron integrando progresivamente y constituyeron la razón social e ideológica del liderazgo de Hugo Chávez en el período 2002-2013. El golpe de Estado de 2002 rompió los vínculos del chavismo con los sectores burgueses “nacionalistas” o “progresistas” que se habían agrupado en torno al chavismo en el período 1994-2001. En un país con un modelo de acumulación rentista, basado en gran medida en las importaciones, los recargos, las exenciones fiscales y arancelarias, el acceso a monedas preferenciales y los diferentes mecanismos de corrupción que requiere una clase burguesa comercial (en torno a las importaciones), financiera (legitimación del capital y expansión de la usura). ) y montaje (importación de piezas e insumos), esta ruptura con sectores de la “burguesía tradicional” dejó un vacío que debía ser llenado rápidamente. Esto generó la necesidad de constituir una nueva burguesía que estuviera estructuralmente ligada al proyecto político de la Quinta República, asumiendo para sí el modelo de acumulación de la vieja burguesía. Este fue el comienzo del declive del radicalismo del proyecto bolivariano. Este proceso, conocido como proyecto económico de la revolución, generó, entre 2002 y 2013, una nueva burguesía, la “boliburguesía”, enfrentada a la vieja clase dominante. En 2004, Hugo Chávez y el chavismo ya habían consolidado su identidad política, un nuevo policlasismo que renovaba elementos de una revolución popular nacional y la vinculaba al discurso socialista. Al mismo tiempo que creó las condiciones materiales, políticas e institucionales para el surgimiento de una nueva burguesía, el proceso bolivariano construyó las condiciones para el surgimiento de formas de poder popular y comunal, que supuestamente construirían una base social para la disputa hegemónica. con la vieja burguesía. Las iniciativas para construir una base social arraigada en el nuevo proyecto hegemónico fueron presentadas como “socialismo del siglo XXI”. La aparente dualidad estratégica no era esquizofrenia política, sino que en realidad contenía un nuevo proyecto político “multiclasista” emergente, que requería una ruptura con el viejo tejido institucional y social, con narrativas, imaginarios y correlaciones de fuerza diferentes a lo que había sido la democracia clásica. burgués. La democracia representativa pasó a ser democracia participativa, la Constitución contenía un nuevo pacto social multiclasista. Una parte importante de la izquierda se centró en cuestionar que el programa de Chávez no fuera auténticamente revolucionario, cuando en sus orígenes era mucho más reformista y ahora se inclinaba hacia un radicalismo controlado. Esto equivalía a pedirle a Chávez lo que ellos no habían podido hacer y construir en una situación de ascenso del movimiento de masas. Chávez ciertamente navegó por la dualidad estratégica, entre un nuevo proyecto burgués y las contradicciones generadas por la posibilidad de un “socialismo del siglo XXI”, porque era el camino para construir una nueva hegemonía que no trascendió –y quizás nunca tuvo la intención de trascender- los límites. del orden burgués. Aunque hay quienes sostienen que su apuesta final sería por el poder popular, su desaparición física impidió que esta hipótesis se concretara. Lo concreto es que la revolución bolivariana se convirtió en un proyecto de conciliación de clases. Chávez cumplió un papel bonapartista sui generis al arbitrar el equilibrio de la transición hacia una nueva institucionalidad y nuevos mecanismos de relaciones de poder.

5. La muerte de Hugo Chávez, cuyo liderazgo fue fundamental en la construcción y mantenimiento de estos equilibrios –que a su vez se convirtieron en la única posibilidad para políticas de reforma o revolución– dio paso a un proceso de pérdida de fuerza transformadora y de restauración progresiva, de capitulación y abandono de la parte popular y radical del nuevo proyecto hegemónico. Esta capitulación se generó más por el espíritu conservador de la nueva burguesía ante la idea de poder popular, que por la ruptura con la idea policlasista del proyecto bolivariano. El temprano abandono de la radicalidad del poder popular debilitó el proyecto mismo de una nueva hegemonía burguesa, por lo que no es descabellado pensar que Maduro y los herederos del chavismo no entendieron del todo el proyecto de disputa hegemónica que lideraba Chávez. Esto significó, a partir de 2013, la destrucción sostenida del tejido social e institucional no alineado con la lógica del capital, que había optado ingenuamente por la existencia de un horizonte socialista. La orientación política de los gobiernos de Nicolás Maduro tuvo dos momentos: 2013-2017 y 2017-2024. En el primero, su compromiso se centró en el fortalecimiento de la nueva clase burguesa, en la subordinación definitiva de las precarias semillas del poder popular y comunal a los intereses de la nueva burguesía, y en el enfrentamiento e intento de aniquilación de la vieja burguesía. La caracterización de Venezuela como un peligro para los intereses estratégicos de Estados Unidos y el inicio de las Medidas Coercitivas Unilaterales estadounidenses fortalecieron el enfrentamiento entre la vieja burguesía (fuera del aparato gubernamental) y la nueva burguesía (que era parte constituyente del gobierno). ). Los enfrentamientos entre 2014 y 2017 pueden entenderse como la tensión de las contradicciones interburguesas. El gobierno y la nueva burguesía “bolivariana” lograron aplastar las revueltas policiales-militares de 2017, imponiendo así una derrota sin precedentes a la lógica insurreccional de la vieja burguesía, evento del que este sector aún no ha logrado recuperarse. Esta derrota de la vieja burguesía y sus representaciones políticas abre una nueva etapa en el gobierno de Nicolás Maduro y en el horizonte estratégico de gobernabilidad de la nueva burguesía. En el segundo momento (2017-2024), el gobierno de Nicolás Maduro fortaleció y amplió los procesos de diálogo con la derecha política y la vieja burguesía, pero también, como ahora sabemos, se abrió una línea de negociación con Estados Unidos, en el al mismo tiempo que genera un conjunto de medidas que restringen las posibilidades de influencia de la clase trabajadora y clases subordinadas en las correlaciones de fuerza. Decreto 2792, de 2018, que elimina la negociación colectiva y el derecho de huelga, instrucciones de la ONAPRE que desconocen los derechos adquiridos de una parte importante de los empleados públicos, trabajadores de la educación, la salud y otros sectores, son parte de medidas naturales de contención del trabajo movimiento y manifestación de coincidencias entre la nueva y la vieja burguesía, para promover acuerdos con amplios sectores del capital nacional y sus representaciones políticas. María Corina Machado y el sector burgués que representa parecían ser el electrón libre, el sector del viejo orden que no logró encajar en las negociaciones 2018-2024. 2024 es el año de las elecciones presidenciales más disputadas de la historia reciente. Se habló y se habla mucho de transición, cambio de gobierno o mantenimiento del actual equipo de gobierno liderado por Nicolás Maduro. Los más ingenuos hablan de garantizar las condiciones para una transición, eliminar recompensas norteamericanas para eliminar a Nicolás Maduro, firmar un pacto nacional de no agresión ni persecución. Otros hablan de establecer un marco de garantías para que la nueva burguesía pueda utilizar su riqueza acumulada sin persecución ni límites. Lo cierto es que las elecciones se desarrollan en el marco de una negociación interna dentro de la burguesía y con los estadounidenses, cuyos avances, estancamientos o retrocesos serán cruciales para las consecuencias prácticas de los resultados electorales. La opacidad con la que se llevan a cabo las negociaciones con los extranjeros impide una mayor precisión sobre las posibilidades reales de transición o avance en la nueva hegemonía. El acuerdo interburgués aparece en el horizonte como una posibilidad, que deberá decidir entre las opciones de un gobierno de coalición nacional, un gobierno de emergencia o una vuelta a la alternancia. Estados Unidos, desde una perspectiva neocolonial, se ve favorecido por el enfrentamiento de baja intensidad entre sectores burgueses nacionales y entiende un acuerdo entre ellos en el marco de la profundización de la dependencia venezolana y la tutela imperial sobre éste.

6. Los candidatos que se presentaron con el rótulo opositor fueron Daniel Ceballos (Arepas Digitales) involucrado en la insurrección de 2014 e indultado por Maduro en 2018, Claudio Fermín (Soluciones para Venezuela), ex activista de Acción Democrática, quien recientemente ha trabajado con una línea política asociada a intereses gubernamentales, Benjamín Rauseo Rodríguez (Confederación Democrática Nacional — CONDE), comediante, que plantea un programa de libertad de mercado, Luis Eduardo Martínez Hidalgo (AD, Bandera Roja —exmaoístas—, Movimiento Republicano e Unión Electoral Nacional), Enrique Octavio Márquez Pérez (Centrado en las Personas, REDES, PCV) es un conocido opositor del chavismo, vinculado a la MUD, Javier Bertucci (El cambio) pastor evangélico que expresa las nuevas relaciones de Maduro con los cristianos protestantes, Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz) quien propuso un programa de ajuste y reconciliación nacional y sostuvo reuniones en Miraflores con Maduro, José Brito (Primera Venezuela, Primera Justicia — sometido a intervención —, Unidad de Visión Venezuela e Unidad Venezuela) quien aparece como opositor funcional al gobierno, Edmundo González Urrutia (PUD —sin tarjeta electoral—, MUD y Nuevo tiempo) es el candidato que apoyó expresamente María Corina Machado. El candidato oficial del gobierno fue Nicolás Maduro Moros (PSUV, PPT –intervenido, MEP –intervenido, PCV –intervenido, Tupamaros, entre otros), quien aspira a un tercer mandato que ampliaría su permanencia en el palacio de Miraflores. de 12 a 18 años. Ocho de los diez candidatos expresaron los avances de las negociaciones de Maduro con la oposición que se llevaron a cabo entre 2017 y 2024; Son partidarios de una transición pacífica, en busca de un nuevo modelo de alternancia democrática y muchos de ellos cuestionan el bloqueo norteamericano contra Venezuela. La novena candidatura fue la de Edmundo González Urrutia (apoyado por el MCM) quien expresa el sector que no alcanzó un mínimo entendimiento con el gobierno y está por un cambio radical en la lógica del encuentro entre la vieja burguesía y el capital transnacional. Los resultados proclamados fueron: Nicolás Maduro, 6.408.834 (51,95%); Edmundo González, 5.326.104 (43,18%); Luis Eduardo Martínez, 116.021 (0,94%); Benjamín Rauseo, 92.903 (0,75%); José Brito, 84.231 (0,68%); Javier Bertuchi, 64.452 (0,52%); Claudio Fermín, 40.902 (0,33%), Enrique Márquez, 29.611 (0,24%); Daniel Ceballos, 20.056 (0,16%). Un total de casi doce millones de votos. En cuanto al número de migrantes venezolanos, que votaron muy poco y en gran medida se les impidió hacerlo: la oposición insiste en que son más de siete millones, mientras el gobierno habla de 1.700.000; investigadores como Víctor Álvarez cifran su número en poco más de cuatro millones. De los supuestos ocho millones de votantes fuera del país, sólo 65 lograron registrarse. Los resultados proyectados por la oposición MCM-Eduardo González son radicalmente diferentes, hablan de una enorme diferencia de votos a su favor. Todas las expresiones de izquierda en Venezuela, desde el autonomismo, pasando por el trotskismo, el PCV (auténtico), los Tupamaros (auténticos), el PPT (auténtico), incluso las expresiones más de centroizquierda, han señalado que no defienden un resultado o otra, pero defienden el derecho democrático del pueblo venezolano a conocer los resultados detallados, las sumatorias locales de votos que sustentan el total nacional, y poder contar con las actas de escrutinio para la auditoría ciudadana. El gobierno de Nicolás Maduro decidió interponer un Recurso Contencioso Electoral ante la Corte Suprema de Justicia que quita al poder judicial la posibilidad de revisión y recursos jerárquicos, limitando el acceso público al estado de escrutinio, lo que incrementó la crisis de legitimidad internacional y nacional. del gobierno de Maduro. Todo indica que en el corto y mediano plazo habrá dificultades para acceder al registro de votantes, lo que inaugura una nueva fase de crisis política en Venezuela. ¿Cuál es la situación social actual en Venezuela? El salario mínimo es inferior a cinco dólares mensuales y el salario promedio con bonificaciones apenas supera los 100 dólares mensuales; ningún candidato propuso un plan de ajuste salarial que al menos lo acercara al promedio regional. Algunos se refugian en la necesidad de garantizar la productividad empresarial (lo que implica continuar el asalto burgués a los ingresos petroleros) para iniciar un proceso de recuperación salarial, mientras que otros, para no permitir el proceso de ajuste salarial, se escudan en los efectos de la crisis externa. cerrar con llave. Por otro lado, en los últimos ocho años se ha producido una progresiva, sistemática y contundente reducción, hasta la eliminación, de las libertades democráticas mínimas que, aunque cada vez más disminuidas en las últimas décadas, eran consideradas un logro de la sociedad (derecho a huelga, libertad de organización (sindicatos y partidos de izquierda, libertad de opinión y crítica). Ningún candidato propuso la recuperación de las libertades democráticas para las clases subalternas y explotadas, sino “libertades de mercado”. Todas las candidaturas, del gobierno y de la oposición, con diferentes matices, representaron un proyecto para poner fin a la crisis política que ignora los intereses de la clase trabajadora y del pueblo. Ninguno propuso un programa para recuperar el derecho de huelga, contratos colectivos, salarios suficientes, pero llamaron al sacrificio de la clase trabajadora para recuperar el país, al mismo tiempo que defendieron la eliminación de impuestos al gran capital y hablaron de la Liberación de las fuerzas del mercado, el espíritu empresarial y la productividad. La candidatura de Edmundo González representa el programa de ajuste estructural, privatización y destrucción de la agenda social que hoy encarnan libertarios como Javier Milei y compañía; mientras que los programas de los restantes candidatos de la oposición expresaron matices de programas gubernamentales que colocan los intereses del capital por encima de los intereses de los trabajadores. Nicolás Maduro representa la continuidad del programa de ajuste estructural aplicado entre 2017-2024, en un contexto de bloqueo de Estados Unidos y naciones imperialistas europeas a Venezuela, que depositó el peso de la crisis económica sobre la clase trabajadora, mientras la burguesía (vieja y nuevo ) se hizo más rico. Todos los candidatos buscan mejorar las relaciones con Estados Unidos, mientras Nicolás Maduro desarrolla simultáneamente una estrategia de acercamiento con China, Rusia y Turquía (países donde las libertades democráticas están restringidas y donde la orientación es el capitalismo competitivo). El sector liderado por MCM-Edmundo González abandonó el discurso ideologizado para sintonizar y apropiarse de los deseos más básicos de la población venezolana actual: (a) el retorno de los migrantes, porque cada familia tiene al menos uno de sus miembros en esta condición (padres , abuelos, hijos, nietos, sobrinos, hermanos), (b) la reunificación familiar basada en la mejora de las condiciones económicas, especialmente el aumento de la productividad (cuidado de no aclarar cómo mejorar la cuestión salarial), (c) la privatización de los asuntos públicos como camino hacia la prosperidad, algo que la historia nacional y la experiencia regional niegan. El cambio de estrategia de la oposición funcionó para la candidatura de MCM-González, al punto que el gobierno de Nicolás Maduro intentó poner en marcha planes para el retorno de migrantes y enfatizó la disminución de la inflación como una señal de reactivación económica para el futuro. El gobierno de Nicolás Maduro centró su discurso en su supervivencia en el poder como garantía de bienestar social, que ha ido desapareciendo progresivamente en los últimos diez años. El discurso de las sanciones estadounidenses, reales y objetivas, perdió efectividad política ante la ostentación material de un sector del liderazgo y el mega caso de corrupción conocido como cripto-PDVSA (petrolera estatal). Sin embargo, la candidatura oficial mantuvo una importante base social, en gran medida como herencia heredada del periodo Chávez y por la red de apoyo material (programa de canasta básica, bonos, ayudas) que se vería amenazada con la llegada al poder de un candidato de derecha. o la extrema derecha, que propone privatizarlo todo. La lógica de la supervivencia y el miedo a los efectos del cambio le permitieron reunir una importante base social de apoyo a su candidatura, pero basada en la resignación y no en la esperanza. La candidatura de la oposición central creció exponencialmente en apoyo el año pasado. El gobierno, en su desesperación ante este fenómeno, ha tratado de recuperar el vínculo con las mayorías a través de diferentes medios: (a) resaltando el efecto del bloqueo norteamericano y de las naciones imperialistas europeas sobre la economía y el mundo del trabajo, (b ) apelar al legado de los logros del período Chávez, (c) mostrar las candidaturas de la oposición como parte de la ola neofascista y ultraconservadora que recorre el mundo, (d) profundizar el autoritarismo, a través de la persecución selectiva de los sectores medios -clasistas y líderes populares de la oposición y candidaturas de campos de trabajo, (e) utilizar la descalificación personal para intentar llevar el debate electoral al terreno más favorable.

7. Las elecciones presidenciales de 2024 estuvieron precedidas por la desaparición de algunos partidos de izquierda, que no alcanzaron el voto mínimo para su permanencia legal, y por la judicialización del resto. Actualmente no existe ningún partido de izquierda legal en Venezuela que pueda montar de manera autónoma una candidatura presidencial y el apoyo que aparece en la tarjeta electoral de Nicolás Maduro es resultado de esta situación de intervención de instrumentos políticos que eran de izquierda. El PSUV nunca fue un partido en términos clásicos, deliberativo y autónomo del gobierno, sino más bien un instrumento político para construir la viabilidad social de los planes de gobierno. Los sectores que respondieron exclusivamente al liderazgo de Hugo Chávez fueron separados de la estructura partidaria tras la muerte del líder histórico del proceso bolivariano y muchos de ellos se encuentran en distintas formas de oposición al gobierno de Nicolás Maduro. El PSUV es hoy un partido policlasista monolítico, sin fisuras significativas; sin embargo, la profundización de la crisis salarial y económica erosionó sus cimientos. El PSUV está amenazado por el mismo fenómeno que afectó a Acción Democrática (AD) en los años 1990: la posibilidad de colapso por pérdida de efectividad política. Maduro está limpiando el PSUV de cuadros políticos independientes que apostaban a la radicalización del proceso bolivariano. La izquierda no pudo llegar a un acuerdo sobre tácticas electorales en este momento. Por el contrario, había al menos cinco opciones visibles. Los primeros, quizás la mayoría, decidieron votar por el candidato que tenía más opciones contra Maduro. Para este sector lo más relevante es salir del régimen de Maduro y luego proponer una recomposición de las relaciones de poder que permita recuperar libertades democráticas, como el derecho de huelga, la negociación colectiva, salarios justos y la posibilidad de organización autónoma. ¡Dejemos que gobierne la extrema derecha para recuperar la democracia! Otra opción ha pedido el voto nulo o la abstención, alternativa que incluye a los líderes históricos del PPT, Marea Socialista, PSL y LTS, entre otros. Otro sector, crítico con algunas políticas gubernamentales, cree que debemos seguir apoyando a Maduro. Entre otras, las expresiones de Bruno Sanarde y la revista Bolívar Vive representar esta opción. Finalmente, la opción agrupada en torno Otra campaña define que su candidato son las luchas sociales, que ningún candidato representa los intereses de la clase trabajadora y que lo que hay que hacer es una campaña que denuncie la pérdida de las libertades democráticas y que abra la posibilidad del reagrupamiento de clases. En este último sector participan el CMI, Izquierda Revolucionaria, Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos, Bloco Histórico Popular, LUCHAS, entre otros. Todos los candidatos presidenciales en las elecciones del 28J se esforzaron por demostrar que eran la mejor opción para Estados Unidos. Mientras el dúo Machado-González renovaba los votos de lealtad construidos en el pasado, especialmente durante la administración Bush, el gobierno de Maduro aceleró las negociaciones con Estados Unidos e incluso mostró sus simpatías por el presidente Joe Biden, al tiempo que aseguraba el flujo de petróleo hacia el Norte. bajo condiciones de negociación neocoloniales. Un acuerdo interburgués local es inútil si no se logra la aprobación de Washington y del Departamento de Estado. Toda especulación sobre un acuerdo estratégico entre el gobierno de Maduro y China o Rusia no es más que fanfarria, porque cuando regresó el comercio petrolero de Estados Unidos con Venezuela, China decidió distanciarse para permitir un acuerdo entre América del Norte y Venezuela, especialmente a medida que cada vez más acuerdos se están produciendo en el marco del comercio estratégico entre el gigante asiático y Estados Unidos. Rusia, por su parte, está más interesada en consolidar sus intereses en África que en aventuras latinoamericanas. Estados Unidos es el árbitro de una situación neocolonial en Venezuela y juega sus cartas con la calma de quien intenta asegurarse de que el final les favorezca lo más posible. Vale recordar que las recientes elecciones fueron resultado de un pacto entre Nicolás Maduro y Joe Biden –el acuerdo de Barbados–, y no un logro de la lucha de las masas. Otro hecho relevante son los cambios en los discursos y posiciones del progresismo y la izquierda. Si bien Pepe Mujica se ha distanciado del gobierno de Nicolás Maduro desde hace algún tiempo, voces calificadas como Lula y Gustavo Petro han marcado sus diferencias respecto al progresivo deterioro de las libertades democráticas en Venezuela y han mostrado preocupación por la tendencia autoritaria en el discurso de Nicolás Maduro. Intelectuales como Atilio Borón y Emir Sader, antaño muy activos en la defensa de Venezuela, han sido muy discretos, dejando el liderazgo de su defensa internacional a Monedero, uno de los líderes históricos del debilitado Podemos de España. Es claro que Cuba y sus organizaciones aliadas mantuvieron una línea de apoyo a Nicolás Maduro, pero cada vez con menos ímpetu y contundencia. Esta decantación del progresismo evidencia también divergencias entre muchos de sus componentes, que pasaron desapercibidas en el contexto de la ola creciente, pero que ahora se revelan en toda su magnitud. La crisis interna ha aumentado el aislamiento del gobierno venezolano. Por ello, el gobierno de Maduro optó por resaltar que su salida del poder podría generar un baño de sangre en el país, como un gesto desesperado para que EE.UU. piense en la estabilidad de sus intereses estratégicos. Si en algo coinciden la derecha y la izquierda política que se oponen a Nicolás Maduro es en subestimar su capacidad política. Ciertamente, Nicolás Maduro no sólo no es un hombre educado, sino que siente un profundo desprecio por quienes tienen formación académica y producción intelectual. Nicolás Maduro heredó de Hugo Chávez el encanto de rodearse de algunas estrellas de la política crítica internacional, al tiempo que despreciaba el pensamiento crítico nacional. Pero Maduro compensa esta debilidad con una enorme habilidad política para mantenerse en el poder, haciendo del pragmatismo su auténtica ideología. Nicolás Maduro piensa y actúa como un burócrata sindical que ve en todos los discursos factores políticos, sociales y económicos, deseos de poder y realización personal, que identifica como necesidades a cubrir, a partir de las cuales negocia con sus opositores. Promotor del grupo de Boston, creó muy pronto –en los primeros años del proceso bolivariano y con la aprobación de Hugo Chávez– una vestíbulo Americano que le serviría de interlocutor. Hoy estos esfuerzos se atribuyen a su política de diálogo con la nación más poderosa del planeta. Cuando surgieron contradicciones en los proyectos inmersos en el proceso bolivariano (nueva burguesía versus poder popular), Nicolás Maduro vio los esfuerzos por construir una central sindical autónoma (UNETE), entre 2004 y 2008, como un peligro estratégico para los nuevos equilibrios de poder. . Fue el artífice de las derrotas que impidieron la construcción de una central autónoma de trabajadores y el forjador de la Central Bolivariana Socialista dos Trabalhadores (CBST), que en ningún momento se planteó presidir, colocando a su cabeza a un dirigente de poca importancia, un militante de la ex Central dos Trabajadores de Venezuela (CTV), liderada por la socialdemocracia. De esta manera, garantizó un aparato para cooptar y dispersar las luchas de la clase trabajadora. Desde su cargo de canciller consolidó la relación con Cuba, China, Rusia, Turquía, Irán y gobiernos opuestos a Estados Unidos, con una parte importante de los partidos comunistas de tradición soviética y china, rechazando cualquier iniciativa para atraer al Bolivariano. proceso los sectores más críticos de la izquierda global, pues sabían que en algún momento criticarían la deriva autoritaria y el rumbo que tomaría el proceso. Nicolás Maduro pasó de ser un militante maoísta radical, con una cultura política antirreligiosa, a convertirse en un admirador de Sai Baba. En el poder, no sólo se casó según rituales católicos, sino que cultivó una relación estable y creciente con grupos cristianos y sectas religiosas, especialmente sectores pentecostales, vinculados a Estados Unidos y la extrema derecha latinoamericana. Los partidarios de izquierda perdidos por Nicolás Maduro debido a su política de conciliación de clases los recuperó en términos numéricos e incluso aumentaron, en interés de la fe. Avanzó en una línea de trabajo en la que Hugo Chávez había sido tímido: acuerdos y pactos con la derecha. Fortaleció la división de la derecha y creó puertas de diálogo con cada sector de la misma, al mismo tiempo que impulsó la devolución de tierras confiscadas por Chávez a sus antiguos dueños, suspendió políticas de impulso a las fábricas recuperadas y creó garantías para el capital financiero. como una forma de garantizar la seguridad del capital, como preludio de un intento de unificar las diferentes facciones burguesas en disputa. Nicolás Maduro privilegió el diálogo con la derecha, llevando progresivamente a la izquierda electoral a su mínima expresión, despojándola de sus instrumentos políticos y reduciendo su capacidad de influencia. Congeló y anuló los preceptos progresistas de la Ley Orgánica del Trabajo aprobada por Chávez, como una forma de mostrar a la burguesía y a Estados Unidos que podía lograr, en términos de política laboral, lo que la derecha clásica no podía garantizar.

8. El caso es que la oposición de derecha ha recuperado una parte importante de su capacidad de convocatoria, que había perdido en 2017 y que Guaidó nunca obtuvo. Serán ahora seis meses de negociaciones para alcanzar un consenso entre la vieja y la nueva burguesía con la intención de crear gobernabilidad y la aprobación de un paquete contra la clase trabajadora con el menor número de protestas posible. Desde la perspectiva de la clase trabajadora, enfrentamos el peor escenario desde 1983 hasta el presente. La izquierda de clase anticapitalista venezolana debe prepararse para una lucha por las libertades democráticas y la organización de los trabajadores, por el logro de condiciones básicas de supervivencia, llevada a cabo con los métodos del frente único, que es la base de una estructura política independiente de el chavismo de las clases explotadas, para intervenir con programa y perspectiva propios en el proceso político. La situación venezolana ha desencadenado una crisis internacional, que involucra a todos los actores políticos globales. Los defensores de la oposición de derecha y su supuesta victoria electoral incluyen a la derecha global, encabezada por Donald Trump, con el apoyo de regímenes latinoamericanos de derecha, en primer lugar el gobierno argentino de Javier Milei. Bolivia, Nicaragua, Cuba y Honduras, en América Latina, con el apoyo de Rusia, China e Irán, defienden la victoria de Nicolás Maduro. La novedad es que algunos regímenes “progresistas”, más o menos aliados con la Venezuela chavista en el pasado reciente (Brasil, Colombia, México), se distanciaron de Maduro, exigieron la publicación de actas electorales (como si alguna vez se hubiera hecho tal demanda). en las victorias electorales de partidos conservadores o de derecha), aliándose con los regímenes que, con los EE.UU. de Joe Biden a la cabeza, se mueven a favor de una salida “institucional y pacífica” (no golpista) de Nicolás Maduro y el Chavismo. El frente imperialista está dividido entre los partidarios de esta solución (Biden) y los golpistas (Trump, Milei y sus cómplices). Las divisiones internacionales afectan por igual a ambas partes en disputa en Venezuela. El progresismo internacional y la derecha reaccionaria coinciden en omitir el proceso de intervención y judicialización de los partidos de izquierda que impulsó Maduro; como en la creación de Pacto de Punto Fijo, las dos facciones burguesas en disputa en Venezuela (vieja burguesía versus boliburguesía) coinciden en que el peligro para el acuerdo interburgués es la izquierda que exige el programa social progresista de Chávez y, a partir de la experiencia chavista, plantea un programa socialista para el país. A nivel ideológico, las dos facciones burguesas coinciden, pero no logran llegar a un acuerdo sobre cómo distribuir el botín de los ingresos del petróleo. La crisis de Venezuela, país con las mayores reservas de petróleo del mundo, uno de los centros de disputas empresariales y geopolíticas, es una crisis internacional, como lo demuestra el revuelo global por las elecciones. Sin embargo, vemos un cambio en la posición de Estados Unidos tras la publicación de los resultados de las elecciones del 28 de julio. A diferencia de otras oportunidades, la administración de Joe Biden le dio a Nicolás Maduro “tres días de gracia” para intentar resolver los problemas de legitimidad del proceso electoral. Esta “pausa” se debe a los acuerdos alcanzados desde la guerra en Ucrania para suministrar petróleo en condiciones neocoloniales (sin regalías ni pago de impuestos), situación que tiende a reconstruir la relación energética entre Estados Unidos y Venezuela. Sólo tres días después de las elecciones intervino el Departamento de Estado, reconociendo el triunfo de González Urrutia, pero sin la beligerancia de situaciones electorales anteriores. El apoyo de Estados Unidos a la mediación “progresista” de Lula, Gustavo Petro y López Obrador (en gran medida también Gabriel Boric) es parte del esfuerzo por promover un acuerdo entre las facciones burguesas en disputa, basado en la situación electoral del 28J. Las reservas venezolanas, que suman 300 mil millones de barriles, ya están siendo exploradas por empresas de Francia, Italia, España, además de Rusia, China, India y Estados Unidos (Chevron). Las Fuerzas Armadas venezolanas intentan ser colocadas en un estado de deliberación política, ignorando que jugaron un papel central en el equilibrio del período Chávez-Nicolás Maduro para el surgimiento y consolidación de una nueva burguesía. La ofensiva imperialista contra Venezuela es una pieza central de la búsqueda por vincular todo el continente, especialmente sus riquezas naturales (en el caso de Venezuela, con acuerdo interburgués o no), a las cadenas productivas y al capital financiero internacional, en el contexto de una crisis mundial que ya ha entrado en una fase bélica (Ucrania, Oriente Medio y Asia Central, amenazas militares en el Mar de China), de la que no nos libramos (véase la reactivación de la IV Flota de la Armada estadounidense en el Atlántico Sur, por no hablar de la transformación de las Islas Malvinas en una importante plataforma militar de la OTAN). Como bien escribió Roberto Amaral, “Washington se ha otorgado poderes de junta electoral en el país que alberga las mayores reservas de petróleo del mundo, se asoma sobre el Atlántico y el Pacífico y es la puerta de entrada al Amazonas”. Un frente único antiimperialista latinoamericano contra la interferencia imperialista en Venezuela puede y debe incluirse en la agenda política de la izquierda y del movimiento de todas las clases trabajadoras de América Latina. La cuestión venezolana es el primer punto de debate en la agenda política de la izquierda brasileña y latinoamericana. Una parte importante de la izquierda latinoamericana, sin embargo, está prisionera del discurso de la “geopolítica del poder”, según el cual si “Venezuela cae” esto afectará las posibilidades de progreso de los gobiernos progresistas o de izquierda en la región. Los defensores del enfoque geopolítico no parten de la situación material de la clase trabajadora venezolana y del marco de libertades políticas limitadas durante el período de Nicolás Maduro. Lejos de centrar sus análisis en la defensa de la clase trabajadora venezolana, piden su sacrificio para que puedan mantenerse o avanzar en sus países, manteniendo un silencio bochornoso sobre el congelamiento del derecho de huelga, la pérdida de las libertades sindicales y la Imposibilidad de la clase obrera de legalizar instrumentos políticos autónomos que la representen. Los resultados electorales del 28 de julio, anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron la victoria a Maduro, generaron una crisis abierta porque no estuvieron acompañados de actas de escrutinio por lugar de votación, ni de la totalización por centro electoral, ciudad y estado. Los resultados se anunciaron con el 80% de los votos emitidos; Aún faltaban por contar 2.500.000 votos, cuando la diferencia entre Maduro y González Urrutia era inferior a 800.000. Esto generó un fuerte descontento y movilizaciones espontáneas en los dos primeros días después de las elecciones. La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro fue aumentar el control y la represión de las protestas, lo que llevó a más de dos mil arrestos, más de una docena de muertes y la creación de dos cárceles para albergar a los detenidos, promoviendo aún más el clima de protesta. La exigencia de resultados electorales de la izquierda venezolana no es un “fetichismo democrático”, sino un esfuerzo por restaurar las libertades democráticas perdidas en la última década. Si no se garantiza un marco político transparente, será mucho más difícil reabrir caminos para las cuestiones de la clase trabajadora. La lucha por las libertades democráticas es la lucha por la libertad de acción de la clase trabajadora, especialmente el derecho de huelga, la contratación colectiva con autonomía, las escalas salariales ajustadas a los niveles de inflación, la organización y funcionamiento de los partidos políticos de izquierda, porque todo esto ha sido procesado y judicializado en la última etapa política por el régimen de Nicolás Maduro.

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