por Ana Cristina Carvalhaes

Bogotá – Después de apoyar al candidato a la sucesión de Gustavo Petro, la mayoría de los latinoamericanos de izquierda y demócratas no debe haberse sorprendido precisamente por el ascenso meteórico, en las últimas semanas de la campaña presidencial, de un candidato al estilo Milei en Colombia. El abogado libertario Abelardo de Espriella creció vertiginosamente y llegó a la segunda vuelta por delante de Iván Cepeda, el profesor universitario de filosofía, comedido y meticuloso, defensor de los derechos humanos, elegido por el Pacto Histórico de Petro para un segundo mandato del progresismo local. Abelardo, apodado El Tigre, obtuvo el 43,72 % de los votos frente al 40,92 % de Cepeda (una diferencia de 600 000 votos).  Paloma Valencia, aristócrata, nieta de un expresidente y seguidora de Uribe, obtuvo el 6,9 %, frente al 15 % que indicaban las primeras encuestas; es decir, el CD fue arrollado por el tanque de El Tigre.

Al fin y al cabo, ni Colombia ni ningún otro de los 35 países de América Latina y el Caribe son inmunes a la ola de la extrema derecha neofascista internacional. Aunque la historia del país demuestre que existe un espacio político real para la derecha, ocupado hasta ayer por el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe (que nunca tuvo nada de centroderecha), la hazaña de Abelardo se explica por el nuevo momento regional y global. El Tigre ganó gran apoyo de las fracciones burguesas-oligárquicas (agroindustria, mercado financiero, gran comercio y plataformas) que sustituyeron rápidamente a la candidata del CD, Paloma Valencia, por Espriella como su favorito. Al “Milei colombiano” le ayudaron por supuesto el apoyo de Trump y de toda la ultraderecha en el poder en la región; los torrentes de noticias falsas —en gran parte originadas en EE. UU. y en el Estado español —; mentiras descaradas sobre Petro y Cepeda y sus vínculos con la guerrilla y la criminalidad, en un país donde la regulación de las redes sociales es casi inexistente. Completan la tormenta perfecta de Abelardo la contratación de una empresa de marketing político que es la misma que trabajó para Pablo Marçal, el coach misógino que casi se eligió alcalde de São paulo el 2024, y la manipulación planificada del (por lo menos) frágil sistema electoral colombiano.

Para comprender la gravedad de la guerra de versiones y mentiras en Colombia, hay que recordar que el país vivió seis décadas de guerra civil , con 450 mil muertos, 121 mil desaparecidos y 7,7 millones de desplazados internos, innumerables atentados con bombas en ciudades, contra autoridades y civiles, secuestros y asesinatos de políticos. En 2016 se firmó un acuerdo entre el gobierno y las FARC para el desarme y la reinserción de los guerrilleros en la vida civil. El gobierno de Petro y el Pacto Histórico defienden la política de la «Paz Total», con la que buscan el diálogo con la guerrilla remanente, el ENL, e incluso con grupos armados criminales que quieran deponer las armas. A esta política se opone con uñas y dientes la derecha tradicional del CD, el sector agrícola y la clase media urbana. Espriella supo manipular a estos sectores, acusando a Petro y Cepeda de ser guerrilleros sanguinarios, marginales y amigos de los narcotraficantes, además de decir a electores de Valencia que ella ser´[ia la extremista de derecha. 

Un sistema electoral semiprivado

El sistema electoral colombiano se sustenta en un trípode. No hay una Justicia Electoral, sino un Consejo Nacional Electoral compuesto por nueve miembros designados por el parlamento, con cuotas que se llenan mediante complicadas matemáticas, lo que le da siempre la mayoría en el CNE a quien tiene mayoría en el Legislativo. El CNE está vinculado a una «Registraduría», que funciona como una gran oficina del registro civil y electoral: solo vota quien está registrado. La forma de contabilizar los votos constituye la tercera y más cuestionable de las patas del trípode: el recuento de las cerca de 120 mil urnas se realiza manualmente, urna por urna, con derecho a la presencia de fiscales de los partidos. Pero, a partir del momento en que los resultados de las urnas deben procesarse por distrito, departamento y a nivel nacional, quien realiza el recuento es una empresa privada colombiana de seguridad, Thomas Greg & Sons (sic), que no divulga el código fuente del recuento, por lo que no permite su verificación.

No es de extrañar, por lo tanto, que Gustavo Petro cuestionara los resultados ese mismo 31 de mayo y que vaya a presentar una denuncia por irregularidades esta noche, martes 2 de junio. Ante las noticias de cooptación, por parte de Espriella, de funcionarios de la empresa, de la Registraduría (además de miembros de la policía y las Fuerzas Armadas). Según las publicaciones del presidente, habría 800 mil votos sin comprobación del candidato neofascista. Cepeda y la coordinación de campaña, sin embargo, decidieron el lunes 1º de junio avalar el resultado, para no llevar el proceso a la parálisis, según explicaron dirigentes del Pacto. La dualidad política, que puede ser una disonancia entre Petro y Cepeda o una división de tareas a propósito, mantiene en suspenso el panorama de la segunda vuelta.

Un progresismo joven, con base de lucha

A pesar de la sorpresa (ya que la campaña de Cepeda hablaba de ganar en la primera vuelta), el Pacto Histórico y sus aliados de la Alianza por la Vida (véase más abajo la composición) registraron el mejor resultado electoral de la izquierda en la historia de Colombia, un porcentaje mayor que el de Gustavo Petro en 2022 (figura 1). La fuerza de esta coalición de agrupaciones y figuras de izquierda, centroizquierda y movimientos sociales se explica por haber cobrado impulso y avanzado hacia la unidad debido a la presión de los levantamientos sociales de 2019 y 2021 , cuando el país, en paralelo con el estallido chileno, se rebeló contra las políticas fiscales de ajuste del gobierno de Iván Duque (CD), su gestión equivocada de los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN, contra los asesinatos de líderes sociales y contra la represión de quienes protestaban. El movimiento resistió a la pandemia y continuó tras el confinamiento, fortaleciendo a figuras y organizaciones políticas identificadas con los manifestantes.

Gustavo Petro, líder de Colombia Humana, una de las fuerzas constituyentes del Pacto Histórico, ganó las elecciones presidenciales en esa ola y marcó su gobierno, como todo progresismo, por la acción estrictamente constitucional —es decir, en el marco del régimen democrático-burgués— al mismo tiempo que se diferenció, respecto a los gobiernos homólogos de Lula, Boric y el Frente Amplio uruguayo, de convocar a la movilización popular para la aprobación de agendas consideradas centrales. Este fue el caso del aumento del 23 % en el salario mínimo para finales de 2025. 

A pesar de los avances en el terreno social, Petro gobernó con una minoría parlamentaria, a la que sorteó en gran medida distribuyendo partes importantes del presupuesto nacional a través de proyectos presentados por las Juntas Vecinales y sus federaciones regionales (para leer sobre el asociacionismo colombiano, véanse los artículos-reportaje del historiador Tamis Parrón ). La campaña de Cepeda, por su parte, decidió apostar por esta tradición asociativa, por una campaña programática propositiva (sin centrarse en atacar a los adversarios), por la movilización desde la base y por la idea de la victoria en la primera vuelta (opción discutible). 

Queda la impresión, compartida por observadores internacionales de partidos de izquierda de todas las tendencias, de que la campaña le dio una importancia inferior a la necesaria a las redes sociales y a las altísimas posibilidades de uso agresivo y generalizado de noticias falsas y desinformación, la mayor parte generada fuera del país en un contexto continental de la Doctrina Monroe y el «escudo Trump». En la campaña faltó un polo de defensa mediática del candidato y del programa de la alianza contra las falsedades de Espriella —algo perfectamente posible incluso con el apoyo de científicos y activistas digitales de toda la región—. Dentro del pacto hay muchas quejas, incluso de dirigentes, sobre la falta de abogados y observadores en las 120 mil urnas.

El Pacto Histórico se convierte en partido

En diciembre de 2024, el Pacto decidió registrarse como partido político y obtuvo la legalización a mediados de 2025, con la unificación de las personas jurídicas del Polo Democrático Alternativo (de Cepeda) de la Unión Patriótica-Partido Comunista y de Colombia Humana (de Petro  y de la senadora Gloria Flores). También forman parte del Pacto la corriente surgida dentro de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), antes llamada Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), la Unidad Democrática (ecosocialista), el Partido del Trabajo de Colombia (maoísta) y Todos Somos Colombia (miembro de la Internacional Progresista), además de fuerzas del feminismo, del ecologismo —muy consensuado en la izquierda local— y del importante movimiento negro palanquero (nombre local para los quilombolas).

El progresismo colombiano es, por lo tanto, una fuerza nueva en el país, con solo un mandato presidencial y en pleno proceso de consolidación de un partido político unificado que pueda dar estructura al proyecto político. De esta «juventud», con menos experiencia incluso que la de Morena en México, su homólogo del «progresismo tardío», por no mencionar a Lula y el PT, Frente Amplio y el peronismo argentino, surge cierta reticencia al enfrentamiento directo —que Cepeda promete superar al convocar a Espriella a un debate al día siguiente de la primera vuelta— y lo que parece un exceso de confianza en las instituciones de la Constitución de 1993, como queda evidente en la ausencia de cuestionamiento, antes de los resultados, del sistema electoral extremadamente frágil.

Panorama para la segunda vuelta

La alianza de Cepeda estaba formada por fuerzas más allá del Pacto Histórico: por el movimiento indígena, representado por la candidata a la vicepresidencia, Aída Cilcuyé (del pueblo Nasca), por la Alianza Verde, una especie de Partido Verde; por En Marcha, un partido formado en 2018 por disidentes liberales, por Claudia López (exalcaldesa de Bogotá), por liberales disidentes independientes, e incluso, según la insospechada (porque muy reaccionaria) prensa local, por sectores de los conservadores del CD y d , descontentos con Paloma Valencia. Todos tienen en común el compromiso con la pacificación del país tras décadas de conflicto armado.

La batalla por la victoria de la izquierda en la segunda vuelta no será un camino de rosas, aunque los más experimentados de la base y de la dirección del Pacto saben que es posible llevar a Cepeda al primer lugar, siempre y cuando (1) se corrijan los problemas en la vigilancia del voto y se refuerce el trabajo de comunicación y jurídico en redes sociales y plataformas; (2) como dijo Cepeda la misma noche del domingo de la primera vuelta, es necesario volver a movilizar a los jóvenes para que no dejen de votar, reduciendo el abstencionismo —esto es una verdadera movilización—; y (3) se negocien nuevos apoyos clave. Cepeda tendrá que obtener nuevos votos de los electores tradicionales del centrista Sergio Fajardo (exgobernador de la rica Antioquia, que obtuvo un millón de votos en la consulta sobre candidaturas para 2025), negociar oficialmente con el Partido Liberal e incluso tener una estrategia política para sectores del CD. Sí, el candidato a la vicepresidencia de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, ya ha declarado que no apoya ni votará por Espriella.

El partido está en marcha. Queda toda la segunda y emocionante parte del encuentro. En lugar de caracterizaciones catastrofistas, que dan a los trabajadores y al pueblo colombiano base del Pacto como derrotados de antemano, la izquierda del continente y de todo el mundo bien podría disponerse a ayudar de alguna forma, con presencia física o trabajo virtual, para garantizar que se dé la vuelta al partido. Los jóvenes de Bogotá ya han comenzado a salir a las calles.

1—La legislación colombiana prohíbe la reelección.
2— Según una investigación de la campaña del Pacto Histórico
3— Las cifras provienen de la Comisión de la Verdad y se refieren al conflicto armado iniciado en 1964 con la guerrilla de las FARC. Hubo otras dos guerras civiles en la historia de Colombia: diecinueve conflictos entre liberales y conservadores entre 1812 y 1886; y la famosa «La Violencia», inmortalizada en las páginas de Cien años de soledad, de García Márquez, entre 1948 y 1958.
4— Ver todos los reportajes sobre la Colombia profunda, de Tamis Perron en la Revista Rosa: www.revistarosa.com.

Habiendo pasado más de cuatro semanas de conflicto social y crisis política intensa en el país andino y apenas seis meses desde su investidura, el gobierno del presidente derechista Rodrigo Paz ya se encuentra en la defensiva y dividido. Un gran levantamiento de mineros (asalariados y cooperativistas), comunidades campesinas, trabajadores y trabajadoras de transporte, salud, educación y juntas vecinales, que llegaron a exigir la renuncia del mandatario mientras bloqueaban a cerca de 80 rutas del país, además de huelgas y protestas violentamente reprimidas pero permanentes en La Paz, sede del gobierno. La prensa burguesa y analistas de todos los matices resaltan que buena parte de las y los movilizados son los mismos que, después de 16 años apoyando al Movimiento al Socialismo (MAS- Instrumento Político, partido-movimiento de los expresidentes Morales y Luís Arce), habían votado por Paz.

Este el segundo enfrentamiento del movimiento obrero y popular, en su abrumadora mayoría de las culturas quichua y aimara, en contra de la alianza política elegida en noviembre de 2025: el primero se dio en abril, después que el Ejecutivo anunciara dos decretos provocativos. El 5503, en enero, declaró situación de emergencia para justificar el fin de subsidios a los precios de combustibles – que resultó en un alza de 86% en la gasolina y de 160% en el diésel – además de abrir el camino para contrarreformas ultraliberales en la minería, agroindustria e infraestructura. 

El segundo decreto, el 10 de abril pasado, reclasificaba las propiedades rurales (la ley 1720), para favorecer la apropiación de extensión de tierras (consideradas medianas) por grandes empresarios agroindustriales e inversores, lo que llevaría al despojo de las tierras de las comunidades tradicionales indígenas campesinas y a la deforestación con el cambio del uso del suelo – según ambientalistas y las federaciones y confederaciones de campesinos de Bolivia. En otras palabras, buscaba algo que ningún gobierno neoliberal local había siquiera osado intentar: revertir la reforma agraria de 1953, una conquista de la revolución del 52. Este decreto, que ya había sido rechazado por la Asamblea Plurinacional (cámara baja legislativa), provocó la furia de las comunidades campesinas de diferentes rincones del país (incluso sectores de Santa Cruz), llevándolas a organizar marchas hacia La Paz. Al descontento en las zonas rurales ya se sumaba la bronca de los sectores urbanos en contra del alza de los combustibles.

Este mes, frente a la negativa de Paz de negociar con la Central Obrera Boliviana (COB) un aumento salarial de 20% y la brutal represión de las protestas del 16 de mayo, que dejó cuatro muertos, la ira obrera, campesina y popular explotó. La sede de gobierno y el municipio de El Alto, la segunda ciudad del país, de tradición aimara y de mayor tradición de lucha en los últimos 20 años, quedaron movilizadas pero aisladas de las demás regiones del país. Los bloqueos de carreteras y caminos vecinales (más de 80), que habían retrocedido con la represión, volvieron a crecer los últimos días. Una marcha de miles trabajadores dirigidos por la COB y la central campesina Tupac Katari (El Alto), con el apoyo de Bartolinas, la organización femenina del MAS, y las comunidades campesinas de toda la región andina, con participación de la base social del expresidente Evo Morales (del Chapare, Cochabamba), completaron el rechazo creciente al gobierno y pasaron a exigir la renuncia de Paz. Este desapareció de la escena política por más de una semana, postergó la aplicación de los decretos, sobre combustibles y tierras, pero, presionado por las oligarquías y los neofascistas en el poder de la provincia más industrializada de Santa Cruz, se niega negociar con la COB el alza de los sueldos.

La combinación de la lucha campesina con la lucha urbana repitió las características de los grandes levantamientos populares de los últimos 74 años — desde la revolución obrera del 52 hasta la guerra del agua y del gas, de 2000 y 2003 respectivamente,  pasando por las asambleas populares de 1970-71, las luchas contra las dictaduras de los años 80, el doble poder gobierno-COB de los años de Siles Suazo (1982 a 1985), la insurrección minera de 1985 y las luchas para defender la Constituyente que estableció el Estado Plurinacional – que reconoció a Bolivia como un estado de variadas naciones o etnias, en los primeros años de Evo Morales. 

El imperialismo y la burguesía local conocen esta historia y por eso les preocupa la amplitud y la radicalidad del movimiento. La reacción no se hizo esperar: el secretario de Estado estadunidense Marco Rubio habló de un “golpe contra Paz”, la derecha de Santa Cruz convocó una Marcha Cívica reaccionaria y presionó a la OEA para que emitiera una nota en defensa del Estado democrático de derecho (léase el gobierno conservador de Paz). El gobierno rompió relaciones con la Colombia de Petro, que se había propuesto mediar en el conflicto. El desenlace del proceso está en marcha, con una represión violenta contra los líderes buscando una salida reaccionaria a costa de sangre. 

En este momento, sigue la represión a los cortes de caminos y a las marchas que intentan llegar al Palacio Quemado, además de prisiones y persecución de dirigentes de la COB y amenazas de detención a líderes de la COB, de Bartolinas y de Evo Morales. Aun así, el gobierno muestra debilidad: el vicepresidente Lara rompió con Paz, tras haber declarado su apoyo a la negociación para el alza de los sueldos. Paz ya tuvo que volver atrás en los decretos de enero y abril. Y ahora campesinos de Valle Grande del llano de Santa Cruz – de origen aimara, quechua y guaraní – intentan ingresar a la lucha y marchar hacia el Occidente andino. 

Una Comisión de diálogo conformada por la Defensoría Pública, un ministro de gobierno, la Iglesia Católica y jefes de bancadas parlamentarias llaman a que el gobierno suspenda represión y órdenes de detención a dirigentes, y que el movimiento suspenda los bloqueos. Sin embargo, ni la COB, ni Bartolinas ni los campesinos decidieron todavía si participan de la negociación. Mientras el gobierno sigue reprimiendo, amenazando y negociando con DEA (el órgano estadunidense de combate al narcotráfico), nueva ola de represión al cultivo de coca.

La IV Internacional declara su más amplio apoyo a la lucha de los trabajadores, pueblos indígenas y campesinos y todo el pueblo boliviano en contra de los planes de ajuste ultraliberales de Rodrigo Paz; denuncia la represión en curso, el acercamiento de Paz a la extrema derecha cruceña y a Estados Unidos de Trump, y rechaza vehementemente las maniobras para declarar estado de sitio.

Mayo 2026

¡Viva la lucha del pueblo boliviano por mejores condiciones de vida y trabajo! 

¡No a las contra reformas ultraliberales que buscan arrancar derechos históricamente conquistados!

¡Ningún retroceso en la reforma agraria! ¡Alza inmediata de los sueldos! ¡Que se archiven en definitivo los proyectos-ley 5530 y 1720!

¡Viva la COB, las centrales campesinas y las juntas vecinales!

¡Abajo la represión del gobierno Paz! ¡Inmediata liberación de los dirigentes y manifestantes detenidos!

¡Fuera Marco Rubio, Trump y la OEA de los asuntos interno de Bolivia!

¡No al estado de sitio! 

Imperialismo

18/2/2026

Entre la unidad contra la extrema derecha y el riesgo de subordinación estratégica al PT, el PSOL se enfrenta a un debate decisivo sobre su futuro y el lugar que ocupa Guilherme Boulos

El PSOL vive un momento muy importante, que puede ser determinante para el futuro del partido. Hay dos procesos en curso que han dado un salto, han alcanzado otro nivel en el año que comienza: el debate sobre la federación partidaria del PSOL con el PT y la posibilidad cada vez más visible de la salida del actual ministro Guilherme Boulos del partido. (Federación es una posibilidad legal que existe en Brasil de una unidad de  por lo menos cuatro años, entre dos o más partidos con afinidad programática, que pasan a actuar nacionalmente como se fueran una única sigla. Según el Superior Tribunal Electoral, “eso hace con que, en la práctica, las federaciones funcionen como un teste para una posible fusión o incorporación entre las organizaciones que la integran”.)

Lo primero expone una profunda encrucijada: independencia de clase o disolución en el campo de la conciliación, con la integración completa del partido en el régimen político. La propuesta de federación presentada por el PT al PSOL, que se concretará en 2026, ha sido defendida en el PSOL solo por la Revolución Solidaria, sector liderado por Guilherme Boulos, ministro de la Secretaria General de la Presidencia. 

Afortunadamente, todas las tendencias políticas del PSOL, entre ellas Primavera y Resistencia, aliadas de Boulos y miembros del llamado PTL, campo que ha sostenido el liderazgo de Boulos en el partido, discrepan de la propuesta de federación y se muestran firmes en mantener la independencia del PSOL. Incluso sectores de Revolución Solidaria no se sienten cómodos con la política del ministro. Por lo tanto, las posibilidades de que esta propuesta sea aprobada son mínimas. Si se aprobara, significaría, a mediano plazo, el fin del PSOL o su transformación en un pequeño satélite del PT, lo que significa lo mismo. Es lo que vamos a demostrar en este texto.

Es esencial que la militancia comprenda la dimensión de lo que está en juego. El PSOL es hoy un instrumento político necesario en un escenario de avance de la extrema derecha y de agotamiento de las fórmulas tradicionales de la centroizquierda. Defender su existencia con independencia no es un detalle organizativo, es una tarea histórica. La federación, en este sentido, es solo la expresión institucional de un debate más profundo: ¿queremos un partido con independencia de clase y estrategia socialista o aceptaremos ser absorbidos por el proyecto de centroizquierda que gobierna en el marco del capitalismo brasileño?

La federación no es unidad, es subordinación estratégica

Formar una federación de partidos no es lo mismo que participar en un frente electoral. No se trata de una alianza táctica para afrontar unas elecciones concretas. La federación implica la constitución de una estructura común durante varios años, con un programa unificado, una dirección compartida y una disciplina política obligatoria.

En la práctica, esto significaría renunciar a la autonomía estratégica que permite al PSOL afirmar sus diferencias frente a un partido que gobierna dentro de la lógica de la conciliación con el gran capital, con la agroindustria y con el sistema financiero.

El PSOL nació precisamente de la crítica a esta lógica. La tradición socialista —de Marx, Rosa Luxemburgo, Gramsci— siempre ha defendido que la clase trabajadora necesita organizaciones políticas independientes para disputar la hegemonía y presentar un proyecto propio de sociedad. Cuando se abandona esta autonomía, el riesgo es claro: la izquierda deja de tensionar los límites del sistema y pasa a administrarlo.

La historia demuestra que los gobiernos de colaboración de clases pueden promover avances puntuales, pero no enfrentan el núcleo estructural de la desigualdad. Las ganancias son precarias y se pierden ante la primera crisis económica. Y cuando las expectativas creadas no encuentran respuestas consistentes, crece la frustración popular. Es en este terreno donde la extrema derecha se reorganiza y avanza.

El escenario brasileño lo demuestra claramente. Las demandas surgidas en las movilizaciones de junio de 2013 —transporte digno, salud, educación, lucha contra la corrupción— no obtuvieron respuesta por parte del entonces gobierno de Dilma. El resultado fue la captura del descontento por parte de la extrema derecha, el impeachment y la victoria de Bolsonaro en las elecciones de 2018.

Unidad contra la extrema derecha es necesaria. La subordinación estratégica, no.

Las lecciones del ascenso del nazismo mostraron la necesidad de un frente único entre los comunistas y la socialdemocracia. León Trotsky denunció la línea de Stalin por negarse a defender la unidad al adoptar la orientación que denunciaba a la socialdemocracia como social-fascismo. A pesar de que la socialdemocracia sostenía el régimen político alemán e incluso aplicaba y apoyaba muchos planes de ajuste llevados a cabo por los gobiernos de la República de Weimar, Trotsky insistía en la necesidad de un llamamiento a la unidad contra el fascismo. Trotsky, sin embargo, nunca aceptó la dilución y la ausencia de críticas. Y precisamente esta posición acrítica es la que ha caracterizado al PSOL en los últimos años. 

Desde 2018 hasta hoy, se ha fortalecido en el PSOL una orientación que defiende la adaptación estratégica al PT y al lulismo. Guilherme Boulos se ha convertido en la principal referencia de esta línea. Pero, afortunadamente, esta orientación nunca ha dejado de encontrar resistencia interna. Por eso mismo, el grupo parlamentario votó en contra del marco fiscal, por ejemplo.

Pero Boulos quiere ahora doblar la apuesta. No se trata solo de divergencias retóricas. Su orientación se ha expresado en decisiones políticas concretas. A pesar de que el partido había decidido que no participaría formalmente en el gobierno, Boulos aceptó asumir un ministerio. También renunció a presentarse a diputado y a ayudar al PSOL en la batalla contra la cláusula de barrera (dispositivo legal que va obligar al partido o la federación, este anõ, elegir 11 diputados federales y obtener 3% de los votos en por lo menos 10 estados). Todo ello sin ningún debate interno al partido. En este caso, por cierto, no se trata del abandono de pretensiones electorales. Al contrario. No ser candidato a diputado fue una condición del acuerdo para que asumiera el ministerio con sus cargos de confianza y proximidad a Lula. Así, cree tener más posibilidades de convertirse en el heredero del presidente. Sin embargo, esa búsqueda de atajos nunca podrá tener éxito porque a Boulos le falta el trabajo de base, la fuerza de la clase trabajadora que hizo de Lula el líder que es. Los líderes no se improvisan y, en este caso, los atajos no conducen a buenos caminos. 

Tanto es así que Boulos ya ha adoptado posiciones que chocan con las luchas históricas de los movimientos indígenas y ecosocialistas, como en el caso de los pueblos del Bajo Tapajós y las movilizaciones contra el decreto 12.600/2025, de privatización de los ríos Madeira, Tocantins y Tapajós, en las que prevaleció una postura de conciliación con las grandes corporaciones en lugar de la defensa de las posiciones del propio partido. Hecho que culminó en la combativa y legítima ocupación de la terminal de Cargill por parte del movimiento indígena.

Además, este sector pasó a sostener que la defensa de un programa anticapitalista sería incompatible con la lucha por mejoras inmediatas. Esta oposición es artificial. La tradición socialista siempre ha combinado la lucha por reformas concretas con la construcción de un horizonte de transformación estructural. A principios del siglo XX, Rosa Luxemburgo entabló este debate en el seno del partido socialdemócrata alemán, enfrentándose a Eduard Bernstein con su brillante texto «¿Reforma o revolución?». Rosa y su política revolucionaria acabaron derrotadas dentro del partido, y el resultado fue el auge del nazismo. Esta experiencia histórica es analizada con mayor profundidad por Luciana Genro en el libro Alemania, de la revolución al nazismo: reflexiones para la actualidad (Ed. Movimento, 2024).

La experiencia internacional contemporánea también ofrece importantes advertencias. La socialdemocracia europea, al abandonar la perspectiva socialista, se convirtió en gestora del neoliberalismo y perdió una parte significativa de su base social, allanando el camino para el crecimiento de alternativas neofascistas. Syriza, en Grecia, al someterse a las imposiciones e s del capital financiero internacional, aplicó políticas de austeridad que contradecían su programa original y abrió espacio para el fortalecimiento de la derecha. En Brasil, el lulismo amplió políticas sociales relevantes, pero no enfrentó los fundamentos de la estructura de poder del capital, y el vacío dejado por esta limitación fue ocupado por el bolsonarismo.

Sin un polo político independiente de la clase trabajadora, la política tiende a reducirse a la gestión de lo posible. Y la frustración que se deriva de esta limitación es terreno fértil para proyectos autoritarios.

Las consecuencias prácticas de la federación

Una federación tendría impactos inmediatos. El PSOL pasaría a estar vinculado a alianzas y candidaturas que contradicen nuestra identidad política, lo que imposibilitaría su afirmación como alternativa de izquierda consecuente. La federación tendría consecuencias políticas nefastas.

1) Alianza con Eduardo Paes en Río de Janeiro. El PT apoya a Eduardo Paes (PSD) en Río, un político vinculado a las grandes empresas, a las constructoras, a la lógica de las APP y a la privatización de los servicios urbanos. Paes representa un modelo de gestión urbana neoliberal, con una fuerte relación con el mercado inmobiliario y las políticas de desalojo y gentrificación, exactamente lo contrario de la tradición del PSOL en Río, que siempre se ha posicionado del lado de las favelas, los movimientos de vivienda y en contra de la privatización de la ciudad. En una federación, el PSOL se vería obligado a asociarse formalmente a este proyecto.

2) Alianzas con el “centrão” en el Congreso: Pacheco, Lira, Alcolumbre, Hugo Motta y compañía. El PT gobierna hoy en alianza con Alcolumbre (União Brasil) en el Senado y ya ha gobernado con Arthur Lira (PP) en la Cámara de Diputados. Estos son representantes clásicos del centrismo fisiológico, con vínculos con oligarquías regionales, grandes empresarios, terratenientes y, en varios casos, con agendas conservadoras en materia de costumbres y economía. Para el PSOL, que nació luchando contra el centrismo y el presidencialismo de coalición, esta alianza es estructuralmente contradictoria.

3) Alianzas con partidos conservadores en los estados: El PT gobierna hoy y forma alianzas con partidos como: con el MDB (oligarquías regionales, agronegocios, caciques políticos); con el PSD (base empresarial y municipalista conservadora); PP y Republicanos (base bolsonarista en varios estados). En varios estados, el PT se alía con sectores vinculados al agronegocio depredador, la minería y las privatizaciones, incluso con antecedentes de conflicto con pueblos indígenas y quilombolas. Cuando existe una federación, ante las divergencias, es el partido mayor el que impone su orientación. La federación convertiría al PSOL en un apéndice real y oficial del PT.

Ante estas cuestiones, nuestra expectativa es que la dirección del partido rechace la federación. Tal rechazo mostrará el enorme vigor del PSOL. Será una victoria de la unidad del partido. Boulos y su sector serán la excepción. Desde que ingresó al partido el 2018, Boulos se movió por proyectos individuales o de su propio grupo. Siempre se ha negado a la construcción colectiva de las instancias del PSOL. Como hemos dicho, el salto de calidad fue su entrada en el ministerio, que tuvo como contrapartida, al parecer, la promesa de su afiliación al PT a corto o medio plazo. Por lo tanto, no será ninguna sorpresa para nosotros, que hemos señalado esta dinámica desde el inicio del gobierno.

Unidad para enfrentar a la extrema derecha, sí. Pero con un proyecto propio

El PSOL debe actuar por la unidad en la lucha contra la extrema derecha. La convocatoria de la I Conferencia Antifascista en Porto Alegre, realizada conjuntamente con el PT, el PCdoB, sindicatos y organizaciones populares como el MST, es un ejemplo de cómo construir la unidad en la práctica. Pero, dentro de esa unidad, es necesario que exista un polo de izquierda con independencia de clase, capaz de presentar un programa de transición que dialogue con las necesidades del pueblo y apunte a una estrategia de movilización y de enfrentamiento al capital.

Sin un proyecto propio, los gobiernos de conciliación seguirán generando expectativas que no pueden cumplir íntegramente, y la extrema derecha seguirá explotando este desajuste. Defender al PSOL hoy es defender la existencia de una izquierda anticapitalista arraigada en las luchas populares. Este debate va más allá de la federación. Concierne al futuro de un instrumento político construido con un enorme esfuerzo militante y que, ante el panorama actual, es más necesario que nunca.

Imperialismo

13/2/2026

La intención del neofascista de la Casa Blanca es poner de rodillas a la isla caribeña y a su gobierno, estrangulándolos económicamente de una vez por todas, matando a su pueblo con oscuridad y escasez. Pero no se trata «solo» de una guerra contra Cuba y su tradición revolucionaria. Es la continuación de la guerra contra la soberanía de todos los países latinoamericanos y los pueblos latinos dentro de los Estados Unidos. Scheinbaum, Lula, Petro, Orsi y los gobiernos de la socialdemocracia deben oponerse enfáticamente a este crimen en todos los foros y organismos internacionales.

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Tras la «toma» de facto de Venezuela por parte de Estados Unidos, con el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, el objetivo principal de los estrategas de la extrema derecha en torno a Trump es la isla del Caribe, que ha sido escenario de resistencias contra dos imperios desde el siglo XIX y escenario de la última revolución anticapitalista victoriosa del mundo, entre 1959 y 1961, liderada por el Movimiento 26 de Julio (el movimiento de Fidel Castro) y las masas trabajadoras de los cañaverales y las fábricas.

Desde Washington y desde una Caracas transformada – a fuerza de armas y sanciones –, en una especie de capital de un virreinato en pleno siglo XXI, los halcones yanquis le han declarado la guerra a Cuba, un país pequeño, aislado por la naturaleza y la geopolítica, cuyo desarrollo se ha visto limitado por décadas de bloqueo estadounidense y dependencia energética y alimentaria del exterior. (Muchos dirán, como nosotros, combinado con los errores de sus propios gobiernos).

El primer paso del ataque en curso fue el corte del suministro de petróleo venezolano, que desde el primer gobierno de Hugo Chávez (1998) garantizaba el funcionamiento de la economía de la isla. (Orden cumplida rápidamente por Delcy Rodríguez). Cuba necesita 100 000 barriles diarios de petróleo y produce 40 000. El momento actual de ataque es de intensa presión para que, el que fue el último e histórico proveedor de petróleo a Cuba, es decir México, no suministre una gota más. En febrero, acosada por Trump y Rubio, Claudia Shienbaum sustituyó el petróleo que enviaba por ayuda humanitaria, básicamente alimentos. Es una tragedia que lo haya hecho, aunque se comprenda el fortísimo chantaje militar que son las Fuerzas Armadas de EU desplegadas en el Caribe y las amenazas de invasión del suelo mexicanos, además de las amenazas de nuevos aranceles al país que envíe petróleo a Cuba.

Al mismo tiempo, en un festival de provocaciones mediáticas típico de un showman genocida, Trump llama al líder cubano Díaz-Canel para «negociar» nada menos que el fin de la soberanía del país. Dice que Cuba se rendirá, gracias a que está matando de hambre a los cubanos y cubanas, tal y como hizo, apoyando a Israel y sus bombardeos, con los habitantes de Gaza. (Por ahora no hay proporción entre uno y otro, pero el método inhumano es el mismo). Todo indica que el gobierno yanqui espera con ello una de dos cosas: la capitulación de La Habana o una rebelión popular interna.

Díaz-Canel, en una rueda de prensa internacional el 6 de febrero, describió el sufrimiento de su población y denunció lo que está ocurriendo como un intento de genocidio. Lamentablemente, aunque hayan emitido notas protocolarias críticas a Washington, China y Rusia, consideradas por muchos como «potencias alternativas», hasta ahora no han contribuido ni siquiera con un galón de gasolina para evitar lo peor en Cuba. El corte del suministro de petróleo a Cuba por parte de Delcy Rodríguez también debería hacer reflexionar aquellos que siguen con el «mantra» de que el gobierno venezolano todavía tiene algo que ver con la «revolución», cuando en realidad se ha convertido en administrador del protectorado. En cuanto a Lula y al PT, es lamentable que no ordenen a la riquísima Petrobras que rompa el bloqueo energético a Cuba, tal y como exige acertadamente la Federación Nacional de Petroleros (FNP).

Revanchismo fascista

¿Por qué un David debilitado como la pequeña y valiente Cuba es objeto de tanto odio por parte del Goliat neofascista? Después de todo, a diferencia de lo que se observó correctamente sobre Venezuela, donde el objetivo inmediato era garantizar el petróleo —hasta el punto de que el imperialismo descartó a su amiga de larga data María Corina Machado y mantuvo un madurismo sin Maduro en el poder—, en el caso cubano la explicación es pura geopolítica neofascista, con una sobredosis de revanchismo ideológico y de clase. Trump y su secretario de Estado, descendiente de contrarrevolucionarios cubanos, Marco Rubio, necesitan derrotar al país que osó, en el pasado, combatir el capitalismo, y que fue símbolo e inspiración para generaciones de luchadores por la soberanía nacional y, en las primeras décadas posteriores a 1961, por la transformación social.

Cuba fue el único país latinoamericano en el que se expropió a la burguesía, más concretamente con la proclamación por parte de Fidel del carácter socialista de la revolución, en 1961. Vale recordar que en los primeros años de la revolución sandinista en Nicaragua, en algunos momentos de los gobiernos de Hugo Chávez (en particular tras la derrota del golpe pro-Estados Unidos de 2002), en el primer gobierno de Rafael Correa en Ecuador y en los primeros mandatos del MAS en Bolivia (2006-2010) los capitalistas locales e internacionales fueron desplazados del poder, constituyéndose gobiernos momentáneamente sin burguesía. En otra etapa del imperialismo, aquellos gobiernos progresistas sudamericanos fueron igualmente blanco del odio imperial – en particular Nicaragua, que enfrenó la violencia de los contras, financiados por Washington. Pero la radicalidad de la revolución cubana nunca fue imitada por completo.

La situación actual de Cuba debe ser enfrentada como la de una crisis humanitaria sin precedentes y la amenaza de una nueva operación militar del imperialismo de Trump contra otra nación latinoamericana, soberana. Estos dos elementos son más que suficientes para desarrollar una fuerte campaña unitaria -nacional e internacional- en defensa de Cuba. En un momento en el que el gobierno de Estados Unidos se enfrenta internamente a una oposición cada vez mayor, a amplias movilizaciones contra el ICE y a un sentimiento de solidaridad con los inmigrantes, en particular con los latinos, es necesario impedir que Trump gane otra vez, como en Venezuela.

Independientemente del balance que se tenga sobre la revolución cubana, lo que está en juego es la soberanía e independencia de un país latinoamericano históricamente oprimido. Es urgentemente necesario presionar para que se vuelva a suministrar petróleo a Cuba y se puedan enviar alimentos y medicamentos a la isla.

¡Todos los que apoyan la idea de la soberanía, el principio de no injerencia y el derecho de los pueblos a decidir su destino deben ser llamados a pronunciarse, a tomar posición y a movilizarse contra el cerco!

¡Trump y Rubio, saquen sus manos de Cuba!

¡Por el fin inmediato del bloqueo energético y alimentario contra la isla!

Lula, Petro, Orsi, movilicen con fuerza. ¡Que el gobierno de México vuelva a suministrar petróleo! Que todos trabajen por un frente de gobiernos contrarios al bloqueo y al cerco a Cuba.

Por una campaña global humanitaria de solidaridad con el pueblo cubano.

¡Todo nuestro apoyo a las flotillas que van a llevar alimentos y solidaridad al pueblo de Cuba!

(*) Ana Carvalhaes, Israel Dutra, João Machado y Manuel Rodríguez Banchs son miembros del Bureau Ejecutivo de la IV Internacional; Luis Bonilla-Molina es profesor universitario venezolano, y militante de la corriente COMUNES de Venezuela.

Imperialismo

14/2/2026

Este texto fue escrito originalmente para Imprecor, Francia. Por los límites de extensión permitidos, en este artículo, solo pudimos abordar los hitos más representativos en la conformación de la nueva burguesía en el periodo 2002-2026, pero haría falta complementar este trabajo con un análisis de las tensiones que esto fue generando con el campo popular en cada uno de estos momentos, como evidencia de los distintos derroteros que asume la lucha de clases en cada situación y momento histórico. Seguramente habrá tiempo y espacio para acometer esta tarea de análisis en el futuro.

Capitalismo rentista

Desde comienzos del siglo XX la explotación petrolera en Venezuela fue determinando particularidades en el desarrollo capitalista, la constitución de clases sociales y sus representaciones políticas, el modelo de enriquecimiento burgués y las formas de control social. El economista brasileño Celso Furtado, definía el caso venezolano como “subdesarrollo con abundancia de divisas”, expresado en desindustrialización, corrupción, rápida concentración de riqueza en pocas manos y severas crisis de pobreza.

El término Estado Rentista fue popularizado por Hossein Mahdavy en 1970 para describir a los Estados que reciben ingresos masivos resultantes de rentas externas (regalías petroleras), los cuales desarrollan patrones económicos y políticos singulares, con dependencia exacerbada de la explotación petrolera, redistribución clientelar y precario incentivo para diversificar la producción. Asdrubal Baptista desarrollaría el concepto de capitalismo rentista (1997) para describir el modo de acumulación y atesoramiento burgués que ocurre en Venezuela, basado en la renta externa más que en la producción interna, con todo lo que significan las fluctuaciones de precios del crudo a nivel internacional en la economía local.

Como la burguesía venezolana es el resultado de un proceso de enriquecimiento rentista, propio del desarrollo desigual y específico del capitalismo en el país, esto hace imposible estudiar y entender el atesoramiento y la acumulación burguesa venezolana, en el estricto marco de patrones globales o regionales. Por eso, usamos el término atesoramiento para describir la captura y concentración del capital, sin que eso niegue la necesidad que tiene la burguesía de seguir ampliando su riqueza, usando parte de este dinero para impulsar otros mecanismos de acumulación por desposesión, como ocurre con la importación o la especulación financiera.

La arquitectura de la relación economía-poder-política-sociedad del rentismo venezolano se fue estructurando desde la década de los veinte del siglo pasado, con tensiones permanentes entre dictadura y democracia, partidos políticos y otros instrumentos de intermediación social, papel del Estado y economía social, haciendo del rentismo un fenómeno no solo económico, sino también político, cultural y social. La propia forma de entender la ciencia, innovación, desarrollo tecnológico y educación fue altamente influenciada por el rentismo, que además imponía un cosmopolitismo consumista en todas las esferas.

Orígenes de la actual crisis venezolana

El rentismo petrolero vivió un auge excepcional a partir de los llamados booms petroleros de 1973-1974 y 1979-1981, haciendo que el PIB creciera fuertemente hasta mediados de los setenta, con rasgos de estabilidad macroeconómica (inflación baja, tipo de cambio fijo en 4,30 bolívares por dólar desde 1964, deuda externa moderada), pero este modelo resultaba insostenible a largo plazo por su dependencia extrema de los ingresos petroleros, con gasto público expansivo, sobrevaluación del bolívar y carencia de diversificación productiva. Una parte importante de la renta fluía en los mecanismos de intermediación política y control social, los esquemas de consumo, hasta las formas de entender el llamado ascenso social basado en distorsiones en la forma de obtener y ostentar bienes.

A finales del gobierno de Carlos Andrés Pérez (1978) y durante el mandato de Luis Herrera Campins (1979-1984) aparecen indicios de colapso del modelo, con la contracción del PIB real per cápita en algunos trimestres o años, la caída de la tasa de acumulación del capital, inflación que sube de niveles moderados (7% en 1978) hacia niveles más altos afectando de manera acelerada la calidad de vida de la población, incremento de la deuda externa, déficit fiscal y comercial incipientes. El intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri, acostumbraba a señalar que Venezuela había dilapidado en ese periodo, el equivalente a veinte planes Marshall.

1979-1983 es un periodo de aceleración en la crisis del modelo como resultado de la caída de los precios del petróleo (1981-1982) que producen una baja de las exportaciones de hasta el 30%, se genera una fuga masiva de capitales que algunos economistas estiman en 8.000 millones de dólares, añadiéndose la crisis de la deuda externa latinoamericana que afecta la posibilidad de refinanciamiento, y la mermaabrupta de las reservas internacionales (19.000 millones en 1981 a 4.000 millones en 1983), dando inicio a lo que el destacado analista Malfred Gerig denomina la larga depresión venezolana. Esta crisis se acelera y potencia con la llegada de la globalización neoliberal y sus presiones sobre el Estado-nación, el desmontaje de lo que se relacionaba al Estado de Bienestar y el inicio del ciclo posfordista.

Lo que ocurre a partir de las medidas gubernamentales tomadas en febrero de 1983, no es solo la suspensión temporal de la venta libre de divisas, la devaluación efectiva del bolívar, el inicio de la pérdida de poder adquisitivo de la población (70-75% en solo horas para ahorros y salarios en bolívares), imposición de restricciones a la salida de divisas, sino que el modelo de atesoramiento rentista colapsa. Es el inicio de la actual crisis sistémica que vive Venezuela, que lleva cuarenta y tres años sin resolverse, y en cuyo curso la llamada revolución bolivariana, fue un intento de superación, que lamentablemente no logró superar el modelo rentista, mucho menos consolidar una salida anticapitalista. A esta eclosión se le han añadido otras crisis complementarias^[1]Estas crisis complementarias ocurren a partir del cisma del Estado popular-nacional por efecto del Caracazo de 1989 (se disuelve la noción de pueblo como consenso para el control estatal), la vuelta … Seguir leyendo que hacen más compleja la salida desde una perspectiva del mundo del trabajo.

La revolución bolivariana entre dos corrientes de aguas turbulentas

Al producirse el golpe de Estado de 2002, que separó por horas del poder a Chávez, y colocó al frente del llamado gobierno de Salvación Nacional al líder de la federación empresarial Fedecamaras, Carmona Estanga (con el apoyo de María Corina Machado), se produce un quiebre sin precedentes entre la burguesía y el poder político. Esto reconfigura la forma como el liderazgo de la revolución bolivariana se venía relacionando con la burguesía.

Como lo hemos explicado en otros escritos, a partir de 2002 Chávez impulsa dos proyectos paralelos (de hecho, aunque no de manera explícita), por una parte, la construcción de poder popular y socialismo del siglo XXI, y por la otra, la conformación del proyecto económico de la revolución, constituir una nueva burguesía. Esta dualidad expresaba una de las formas que tomaba la lucha de clases en Venezuela en este periodo.

Esta situación generó -y lo sigue haciendo- todo un debate en la izquierda radical respecto a si se debió apoyar o no a la revolución bolivariana, especialmente ante este giro (que es necesario señalar no resultaba evidente en ese momento). Una parte importante de la izquierda apostamos por apoyar, como progresiva, la llamada a construir poder popular y luego el socialismo del siglo XXI, en el marco de la lucha de clases. Otro debate que difícilmente se podrá cerrar con consenso es respecto hasta que momento fue correcto seguir apoyándole, pero esa es una discusión para otro artículo.

Como mencionamos, el modelo de acumulación y atesoramiento rentista de Venezuela es una especie de anomalía, que no responde a los modelos fordista del capitalismo industrial, pero tampoco encaja en el posfordismo de la producción de subjetividades, sino que parecería una especie de híbrido, con identidad propia en el marco de la acumulación burguesa y el capitalismo del siglo XXI.

El entramado bancario

En economías rentistas como la venezolana, el sistema bancario no siempre funciona como un motor de crédito para la producción capitalista, sino como un puente o intermediario de la renta. El enriquecimiento a través de la banca ocurre mediante la manipulación de variables financieras que solo el Estado controla.

Entre 2002-2009 una parte sustantiva del atesoramiento ocurre por varias vías. La primera la del arbitraje con títulos de la deuda (notas estructuradas), proceso en el cuál el gobierno emitía bonos de la República o de la industria petrolera (PDVSA) denominados en dólares, pero permitía que los bancos nacionales los compraran en bolívares, a un valor de la tasa de dólar subsidiada ^[2]En Venezuela el dólar era subsidiado, colocándole un valor oficial por debajo de su valor real en el mercado, diferencial que operaba como un mecanismo de captura de la renta petrolera.. Los bancos, y sus clientes VIP (en su mayoría vinculados a las jerarquías gubernamentales) adquirían estos títulos y luego los vendían a su precio real en el mercado internacional de dólares.

La segunda, por intermedio del “float” o manejo de fondos públicos, cuyo mecanismo permitía que los ministerios y empresas estatales depositaran sus presupuestos en la banca privada, no en el banco central. Los bancos utilizaban estos depósitos al colocarlos en título valores del propio Estado que devengaban intereses (como si fueran letras del tesoro). Es decir, el banco gana intereses “prestándole” al Estado con su propio dinero, generando ganancias financieras de bajo riesgo.

Tercera, el crédito indexado a la inflación y la devaluación, mediante el cuál los bancos otorgan créditos en bolívares a tasas de interés que quedan por debajo de la inflación (tasas reales negativas), que hacen que quien tenga acceso al crédito bancario en esas condiciones (por lo general sectores vinculados a la élite política) utilicen ese dinero para comprar activos (inmuebles) o dólares en el mercado negro en permanente ascenso, lo cual hace que al final del plazo del préstamo devuelvan al banco bolívares que no tienen valor comparado con los bienes que adquirieron. Esto operó como una acumulación por desposesión, al transferir la riqueza de los ahorristas (cuyo dinero perdía valor) hacia los grandes deudores con conexiones políticas.

Cuarta, las comisiones por intermediación bancaria, que se concretaba bajo el esquema de controles de cambio como CADIVI, SICAD o SIMADI, en los cuales los bancos actuaban como operadores. Al ser el banco el filtro para que una empresa acceda a las divisas subsidiadas, estas entidades financieras cobraban “comisiones de intermediación” o exigían la apertura de cuentas en bancos del exterior de los cuales eran propietarios o socios los gerentes locales, haciendo que la renta petrolera fluyera a paraísos fiscales o cuentas privadas bajo la forma de operaciones legales de importación.

Quinta, la llamada “banca de maletín”, instituciones financieras que se crearon con el único propósito de poner en marcha el esquema mencionado en los cuatro puntos anteriores. No eran bancos en el sentido acostumbrado, es decir no contaban con sucursales o red de agencias para el público, sino que eran oficinas de gestión financiera, que además servían para legitimar la renta petrolera obtenida por sobrefacturación, contratos públicos o corrupción directa, moviéndolas a través del sistema Swift internacional antes que los controles oficiales pudieran detectarlas.

En síntesis, una parte del sistema bancario operó como mecanismo de concentración de capital para la conformación de la nueva burguesía, al atraer depósitos estatales, transformar bolívares en dólares mediante arbitraje, capturar el diferencial por subsidio del dólar oficial y facilitar la fuga de capitales hacia el sistema financiero global. La nueva burguesía, desde sus orígenes no tiene rasgos nacionalistas, por el contrario, se inserta rápidamente en la lógica del sistema-mundo.

En este periodo (2004) se crea el ministerio de alimentación, que como veremos más adelante, sería fundamental para diversificar el modelo de acumulación y atesoramiento burgués.

La nueva burguesía aparece en escena pública

La crisis bancaria de 2009 pone en evidencia esta forma de concentración de capital por parte de la nueva burguesía. El detonante lo constituye el esquema de las notas estructuradas, que había avanzado a la compra de deuda soberana de otros países (especialmente Argentina y Ecuador) y bonos de la República por parte del Estado, que luego eran revendidos a la banca local, especialmente al sector donde estaban los operadores de la nueva burguesía. Los bancos compraban estos papeles del Estado a precio de bolívares en tasa oficial, que al ser instrumentos denominados en dólares los volvían a vender en divisas norteamericanas en el mercado paralelo, que aumentaba el diferencial de ganancia, generando una liquidez masiva instantánea, que hizo que bancos pequeños, creados o adquiridos en el periodo 2002-2009, pasaran de ser entidades modestas, a manejar fortunas en solo siete años.

Esto dejó en evidencia la perversión que significaba la compra de bancos con el dinero del propio Estado, o la llamada “auto compra”. Nuevos (y viejos) empresarios, con conexiones políticas recibían depósitos masivos de entes estatales (como los ministerios de finanzas o PDVSA), con cuya liquidez compraban otros bancos o empresas de seguros (el Estado fue adquiriendo seguros privados para sus empleados, lo que operaba como mecanismo adicional de atesoramiento). La nueva burguesía se convirtió en propietaria de bancos, con los dineros que debían custodiar, no con capital propio. Esto se hizo evidente con la crisis financiera de 2009, en la cuál familiares y allegados de altos funcionarios aparecieron como propietarios de bancos y seguros que se habían constituido con estos esquemas.

El mecanismo de concentración de capital no se detenía ahí, por el contrario, se ampliaba con el ciclo de paso de depósitos públicos al otorgamiento de créditos a empresas propias. Contrario al discurso político de confrontación, la vieja burguesía no quedó ajena a este esquema de concentración de riqueza, por el contrario, actuó como dinamizador al fungir como corresponsales y operadores de las grandes emisiones de bonos de la deuda que alimentaban el mercado financiero especulativo, además, que al ver el riesgo al país que la aceleración predatoria de esta dinámica imponía, optaron por vender sus entidades bancarias a la nueva burguesía, muchas veces a precios inflados.

Al final, ante esta crisis bancaria que tenía rostros de nueva burguesía, el Estado actuó como de costumbre, lanzando salvamento estatal y socializando entre el común las pérdidas. Cuando el esquema de las notas estructuradas se agotó, los bancos empezaron a presentar huecos patrimoniales por el desvío de fondos a empresas personales, lo que hizo que el modelo de atesoramiento burgués colapsara. A partir de noviembre de 2009, el Estado intervino a una serie de bancos (Banco Canarias de Venezuela, Banco Confederado, Bolívar Banco, Banpro o Banco Provivienda, Banco Real, Central Banco Universal, Baninvest y Banorte). Si bien la crisis bancaria de Venezuela sufre los coletazos de la crisis mundial de 2008, es necesario analizarla en sus complementariedades, pero también en sus singularidades.

Esta intervención bancaria y los señalamientos al llamado Zar de la red de alimentos populares MERCAL, puso en evidencia cómo los programas sociales estaban siendo usados para este modelo de acumulación por desposesión, haciendo que para la nueva burguesía la pobreza fuera funcional a su origen, desarrollo y crecimiento. Un elemento a destacar, es el hecho que se puso en evidencia la participación de la Tesorería Pública en el direccionamiento de los depósitos públicos y las asignaciones de las notas estructuradas.

Esta crisis culminó con la creación del Banco Bicentenario (quien absorbió y administró el salvataje de la crisis), lo cual se hizo a partir de un banco estatal considerado eficiente, como lo era Banfoandes. El Estado usó la renta petrolera para devolver el dinero a los ahorristas. 2009 fue el año que se hizo evidente e inocultable la existencia de dos proyectos paralelos en la llamada revolución bolivariana, el popular-socialista-comunal y el de creación de una nueva burguesía, que pretendían ser juntados en un nuevo modelo policlasista de gobernabilidad.

Las Casas de Bolsa y Sociedades de Corretaje en los esquemas de atesoramiento

Después de la crisis bancaria, el grueso del modelo de concentración de capital y enriquecimiento burgués (2008-2010) se trasladó a las operaciones en las Casas de Bolsa y Sociedades de Corretaje, periodo conocido como la era del dólar permuta. En este periodo la acumulación se hizo además mediante el arbitraje de títulos. Debido a que el acceso a dólares oficiales a través de CADIVI (agencia estatal de control cambiario) era muy lento (y preferencial), las Casas de Bolsa crearon el mercado paralelo legalizado basado en la compraventa de títulos valores, denominado en dólares, pero adquirido en bolívares. En esta triangulación las Casas de Bolsa transferían el título a una cuenta en el exterior (Panamá, Suiza, Miami), vendiéndolo al dólar normal (no subsidiado), haciendo que el propietario de estos títulos obtuviera dólares (fuga de capitales) en el exterior y las Bolsas ganaran por la intermediación. Esto hizo que comenzará a existir una creciente brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Por su parte, el arbitraje de títulos hacía que, algunas Casas de Bolsa recibieran adjudicaciones directas de bonos por parte de la Tesorería Nacional, los cuales eran vendidos a otros actores económicos del mercado con sobreprecio quedándose las Bolsas con el diferencial; algunos analistas estiman que en un solo día una Casa de Bolsa podía ganar millones de dólares. En ese esquema la relación, operadores de bolsa, funcionarios y nuevos burgueses desarrollaban un modelo de atesoramiento muy particular.

Esto fue creando entre 2008 y mayo de 2010 una burbuja de las Casas de Bolsa, que operaban en oficinas lujosas sin tener una cartera real de clientes minoritarios, entidades que eran usadas para obtener ganancias a partir de sobrefacturación de contratos estatales y sacar capitales del país. Este esquema explotó con el llamado Casazo, que llevó al Banco Central de Venezuela (BCV) a prohibir que las Casas de Bolsa operaran títulos valores en dólares, creando el SITME (Sistema de Transacciones con Títulos de Monedas Extranjeras) que centralizó el negocio de los bonos en el BCV. Esto mostraba que la dinámica de captura de capitales por parte de la burguesía se movía hacia donde el Estado estuviera colocando el excedente de la renta petrolera.

Control cambiario, importaciones y atesoramiento

A partir de ese momento (2010 – ) un eje de la apropiación burguesa del capital rentista paso a ser la importación de alimentos para los sectores populares, ya fueran otorgados a precios subsidiados o mediante entrega directa a cero costos. Este esquema se construye a partir del arbitraje de importaciones (la era CADIVI/CENCOEX), mediante la terciarización internacional y el control de la logística, usando la experiencia del arbitraje bancario para el arbitraje alimentario, y la colocación de la renta en cajas de alimentos.

De hecho, al cancelarse el mercado bursátil, el mecanismo ideal para obtener dólares baratos (subsidiados por el petróleo/captura de renta) era pedirlos al Estado con el propósito de traer comida. Esto creaba un mecanismo muy perverso, pues al importador se le podían otorgar 1.000.000 de dólares, el dejaba 500.000 en una cuenta suya en el exterior y solo destinaba la mitad para traer alimentos al país; al adquirirlos el Estado, a precios del mercado calculado con dólar real, se liquidaba lo prestado. En ese periodo se habló de contenedores vacíos, otros llenos de piedras que se declaraban como de carga alimenticia, y los escándalos de productos vencidos que habían sido adquiridos así para maximizar la ganancia. Para que se entienda mejor el mecanismo de atesoramiento, tenemos que conocer que mientras el valor real de un dólar era de 100 bolívares, al importador se les otorgaba a 6,30 bolívares por dólar, solo el diferencial cambiario era de por si una fortuna que se acumulaba de inmediato.

La muerte de Chávez (2013), permite el surgimiento del Madurismo expresión política de un nuevo momento de voracidad acumuladora de la nueva burguesía y respuesta a la caída de los precios petroleros, que llevó a este sector a liquidar la parte del proyecto nacional-popular-socialista impulsado por Chávez, para concentrarse en la consolidación del proceso de atesoramiento de los nuevos ricos. Delcy Rodríguez (actual presidenta encargada), Jorge Rodríguez (presidente del parlamento (ministro de Relaciones interiores) y Vladimir Padrino (devaluado ministro de la Defensa), fueron parte estructural del Madurismo, y hoy están en proceso de mutación y acomodo al rol de junta de administración colonial que le ha asignado los Estados Unidos.

La solución del problema de alimentación y el modelo de acumulación por desposesión

A partir de la conformación y estatización de los Consejos Locales de Alimentación y Planificación (CLAP), en 2016, se pasó de empresas privadas de maletín para la importación que servían como aspiradoras de la renta, a redes de intermediarios trasnacionales con conexiones directas en las altas esferas del poder. Esto permitía no solo acumular, sino construir relaciones políticas que le habían sido adversas con sectores empresariales vinculados internacionalmente a la socialdemocracia o incluso de ultraderecha (caso de empresarios colombianos asociados a sectores acusados de vínculos con el paramilitarismo. Estas empresas compraban productos de baja calidad en el mercado mundial y los vendían como si fueran de primera en el país, cuatriplicando las ganancias. El control de la logística (donde estaban muchas empresas vinculadas a figuras militares) operaba como otro mecanismo de captura de la renta a través del flete y los procesos de distribución en los territorios (la entrega a los consejos comunales o los CLAP). La pobreza, el desabastecimiento, la inflación y la falta de poder adquisitivo contribuían al enriquecimiento burgués, y al sostenimiento del andamiaje no ideológico del poder.

Es decir, de las notas estructuradas y los bonos se pasó a las cajas de comida, del diferencial bancario del BCV a la ampliación de este diferencial más los sobreprecios, de la soberanía financiera a la soberanía alimentaria, especialmente después de las sanciones o medidas coercitivas unilaterales aplicadas por los Estados Unidos y las naciones europeas. Las sanciones fueron funcionales al modelo de captura de la renta, concentración del capital y enriquecimiento de la nueva burguesía. En esta fase el atesoramiento norequería la intermediación bancaria, sino la existencia de una empresa asociada en países con controles flexibles, contactos de alto nivel gubernamental que otorgara las licencias de importación y acceso a las divisas subsidiadas por el Estado.

El arco minero, oro, tierras raras y economía digital en la consolidación de una nueva burguesía

Al colocarse en vigor las sanciones norteamericanas y salir Venezuela del sistema Swift los mecanismos tuvieron que desmaterializarse (criptomonedas) y volver a valores físicos (explotación y apropiación del oro). Al congelar Estados Unidos las cuentas en el exterior del BCV y PDVSA, se activó con toda fuerza el proyecto del Arco Minero, que, al no tener un control público, ni rendirse cuenta de ellos, hizo que la producción de oro se convirtiera en la caja chica de la nueva burguesía y el gobierno, creándose un nuevo mecanismo de atesoramiento. La opacidad al respecto es total, no se sabe cuantas son las reservas actuales de oro, como se vendió y almacenó el metal precioso proveniente del arco minero. Además, alrededor del Orinoco se comenzaron a explotar tierras raras, o las llamadas “arenas negras”, a través de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), especialmente alrededor de la casiteria, el níquel, el rodio, el titanio y otros minerales, cuya explotación, comercialización e ingresos de recursos altamente flexibilizados contribuye a la acumulación de riqueza para la nueva clase social burguesa.

Por su parte, las criptomonedas, especialmente promovidas por el gobierno desde 2016-2017, con granjas de minería, constituyeron otro modelo de acumulación por desposesión, mediante mecanismos financieros especulativos, que le permitieron a la burguesía criolla “aprender” a generar ganancias en entorno tan volátiles como estos. Con la creación del Petro (2017), la criptomoneda criolla, esta moneda digital operó como un mecanismo de negociación internacional que saltaba los controles de los países que aplicaban las sanciones. El uso de Stablecoins (USDT) permitía vender petróleo y comerciar, sin tener que pedir permiso al sistema bancario global. Este esquema colapsóal desaparecer 23.000 millones de dólares de las finanzas públicas, cuando quedó en evidencia que estaban registradas deudas como cuentas por cobrar por parte de PDVSA, a pesar qué, las mismas habían sido canceladas, pero los recursos por estos conceptos habían sido convertidos en monedas digitales por parte de nuevos ricos en altos cargos de gobierno, especialmente de la estatal petrolera.

La circulación de dólares provenientes del oro, el arbitraje de criptomonedas y la sobre facturación generaron lo que los economistas llaman “el espejismo de la recuperación”, o la burbuja de consumo, localizado y segmentado al radio de acción de quienes gravitan en esta subeconomía. Eso llevó al surgimiento de los llamados Bodegones, donde había de todo tipo de mercancía importada,empresas que fungían como mecanismos de captura de la renta, en su mayoría en manos de familiares de políticos y militares. Así mismo, la apertura de concesionarios de vehículos de alta gama y de lujo operaba como otra dinámica de captura de este tipo de renta. Otras salidas a este flujo de capitales se expresaron en la activación del mercado inmobiliario, la construcción de grandes edificios y centros comerciales.

Cuando el fiscal general de la República informó del encarcelamiento de los responsables de la corrida de las cripto monedas, detalló que las monedas digitales y los dineros de PDVSA, habían sido usados por el sector acusado de corrupción, para incrementar la devaluación del bolívar, y la elevación del precio del dólar, como otro mecanismo de apropiación de la renta.Es decir, la tragedia que estaba viviendo la clase trabajadora venezolana, producto de la devaluación del poder adquisitivo del bolívar y de la inflación, no solo era el resultado de las sanciones norteamericanas, sino del esquema de atesoramiento que operaba mediante la corrida constante y ascendente del precio del dólar por parte de la nueva burguesía y de altos funcionarios que controlaban las criptomonedas y los ingresos petroleros.

En cada una de estas etapas, los dineros de la corrupción se legitimaban en estos mecanismos de captura ampliada de la renta, siendo el presupuesto público otra de las fuentes de enriquecimiento burgués, lo cual explica como Venezuela a pesar de haber recibido ingresos equivalentes a 10 planes Marshall en los últimos 25 años, vio destruir su infraestructura de manera acelerada, así como las condiciones materiales de vida de la población. El binomio corrupción-pobreza operaba como un sistema de acumulación por desposesión.

La necesidad interburguesa de acordarse

La búsqueda de acuerdos inter burgueses para sostenerse en el poder, es parte de la naturaleza de la burguesía como clase social. Por eso, desde 2018 la nueva burguesía venezolana trabajó intensamente para acordarse con la vieja burguesía y conformar una sola clase sin separaciones confrontacionales. Para este propósito era necesario recomponer la relación con los Estados Unidos, mostrando que lo que quedaba de revolución bolivariana había perdido toda capacidad y voluntad de radicalidad; las negociaciones se hacen públicas desde 2019, cuando Maduro confirma que se habían iniciado diálogos con la primera administración Trump, que continuarían con Biden (reconocido el 8 de marzo de 2022) retornando Venezuela a su rol de surtidor seguro de petróleo a Estados Unidos en el marco de la guerra de Ucrania.

Entre 2018-2026 se produjo un acelerado acercamiento entre las dos burguesías (cuarto republicana y quinto republicana),a tal punto que hoy muchos pensamos que ambas están prácticamente integradas en sus intereses y, cuya cara visible de esa fusión es Delcy Rodríguez, la actual presidenta interina. Desde 2021 Delcy Rodríguez es invitada de honor a las asambleas anuales de la empresarial FEDECAMARAS, y después de los eventos del 3 de enero de 2026, es quien convoca a la flexibilización jurídica para el fomento de la inversión privada, nacional e internacional con el aplauso consensuado, ya no solo de toda la burguesía nacional sino internacional.

Para lograr este consenso burgués, entre 2018-2026 no solo ilegalizaron e intervinieron a todos los partidos de izquierda, sino aplicaron un paquete de liberalización de la economía, restricción de las libertades sindicales y el derecho a huelga, limitaron la libertad de opinión y confiscaron la soberanía popular. La ley Antibloqueo (eufemismo para imponer un nuevo ajuste neoliberal a la economía venezolana) y la Ley de Zonas Económicas Especiales son solo expresiones de este reacomodo.

La burguesía venezolana (cuarto y quinto republicana) acepta la relación colonial

En el marco del surgimiento de un nuevo orden mundial, que Estados Unidos aspira liderar, resultaba insuficiente la concesión de derechos de petróleo y en la economía que había impulsado Maduro; la administración Trump quiere un acceso total a la energía y las riquezas venezolanas. Se inicia en agosto de 2025 la ofensiva militar norteamericana en el Caribe sur, que encuentra a la burguesía venezolana unificada, intentando mantener el estatus quo de atesoramiento. Para la burguesía unificada la clausura democrática ocurrida desde julio de 2024 no es el centro de sus preocupaciones, como tampoco lo es para Estados Unidos después de los acontecimientos del 3 de enero de 2026.

En los 30 días siguientes al ataque imperialista contra Venezuela, la captura y secuestro de Maduro, y la imposición de una situación de protectorado, vigilado directamente en el territorio por la encargada norteamericana de negocios en el país, Laura Dogu, la Junta de Administración Colonial (Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino) ha iniciado un conjunto de reformas legislativas estructurales,que buscan garantizar que en la nueva situación de dominación, la burguesía criolla reciba una parte del atesoramiento rentista. Se modificaron y simplificaron las leyes de comercio, se produjo una reforma de la Ley de Hidrocarburos que rompe incluso con el tipo de nacionalismo limitado que impulsó la socialdemocracia venezolana en 1943 y 1976, retrotrayendo al país al momento en el que las transnacionales petroleras dictaban la relación con el fisco nacional. La disminución del porcentaje de regalías (30% a 15%), la concesión a las trasnacionales para que vendan directamente el petróleo y la aceptación de la capacidad de Estados Unidos para la decisión sobre la administración de los recursos provenientes del comercio petrolero, son el intento vergonzoso de la burguesía unificada y la junta de administración colonial, de mantener algún nivel de control sobre la acumulación. Ahora se anuncia la reforma de la ley del trabajo para terminar con el ajuste estructural, dictado por la administración Trump.

La burguesía unificada del presente ha llegado más lejos de lo que había hecho la vieja burguesía en la cuarta república, perdiendo todo rasgo nacionalista, aceptando la situación de protectorado colonial que pretende imponer EEUU. Pero la última palabra la tendrán los acontecimientos de la lucha de clases por venir.