Ya se van cuatro semanas de conflicto social y crisis política intensa en el país andino. Apenas seis meses desde su, el gobierno del presidente derechista Rodrigo Paz se encuentra en la defensiva y dividido frente a un gran levante de mineros (empleados y cooperativistas), comunidades campesinas, trabajadores de transporte, salud, educación y juntas vecinales, que llegaron a exigir la renuncia del mandatario mientras bloqueaban a cerca de 80 rutas del país, además de huelgas y protestas violentamente reprimidas pero permanentes en La Paz, sede del gobierno. La prensa burguesa y analistas de todos los matices resaltan que buena parte de los movilizados son los mismos que, después de 16 años apoyando al Movimiento al Socialismo (MAS, de los expresidentes Morales y Luís Arce), habían votado por Paz.
Este el segundo enfrentamiento del movimiento obrero y popular con la alianza elegida en noviembre de 2025: el primero se dio en abril, después que el Ejecutivo anunció dos decretos provocativos. El 5503, de enero, declaró situación de emergencia para justificar el fin de subsidios a los precios de combustibles – que resultó en un alza de 86% en la gasolina y de 160% en el diesel – además de abrir el camino para contrarreformas ultraliberales en la minería, agroindustria e infraestructura. El segundo decreto, de 10 de abril, reclasificaba las propiedades rurales (la ley 1720), para favorecer la toma de pequeñas porciones de tierra (consideradas medianas) por grandes empresarios agroindustriales e inversores, lo que llevaría a la deforestación con el cambio del uso del suelo – según ambientalistas y las federaciones y confederaciones de campesinos de Bolivia. Este decreto, que ya había sido rechazado por la Asamblea Plurinacional (cámara baja del parlamento), provocó la furia de las comunidades campesinas de diferentes rincones del país, llevándolas a hacer marchas a La Paz. Al descontento en las zonas rurales ya se sumaba la bronca de los sectores urbanos con el alza de los combustibles.
Este mes, frente a la negativa de Paz en negociar con la Central Obrera Boliviana (COB) un aumento salarial de 20% y la brutal represión de las protestas del 16 de mayo, que dejó cuatro muertos, la ira obrera y popular explotó. La sede de gobierno y su vecina a El Alto, la segunda ciudad del país y de mayor tradición de lucha en los últimos 20 años, quedaron movilizadas pero aisladas de las demás regiones del país. Los bloqueos, aue habían retrocedido con la represión, volvieron a crecer los últimos días. Una marcha de miles trabajadores dirigidos por la COB y la central campesina Tupak Katari, con el apoyo de los cocaleros y otros campesinos del valle de Cochabamba, base social del expresidente Evo Morales, completaron el rechazo creciente al gobierno – del cual pasaron a exigir la renuncia. Paz desapareció de la escena política por más de una semana, postergó la aplicación de los decretos, sobre combustibles y sobre las tierras, pero, presionado por las oligarquías y los neofascistas en el poder de la provincia más industrializada de Santa Cruz, se niega negociar con la COB el alza de los sueldos.
La combinación de la lucha campesina con la lucha urbana repitió las características de los grandes levantamientos de los últimos 74 años — desde la revolución obrera del 52 hasta el levantamiento del gas a principios de la década de 2000, pasando por las asambleas populares de 1970-71, las luchas contra las dictaduras de los años 80, el doble poder gobierno-COB de los años de Siles Suazo (1982 a 1985), la insurrección minera de 1985 y las luchas para defender la Constituyente que estableció el Estado Plurinacional, en los primeros años de Evo.
El imperialismo y la burguesía local conocen esta historia y por eso les preocupa la amplitud y la radicalidad del movimiento. La reacción no se hizo esperar: el secretario de Estado estadunidense Marco Rubio habló de un “golpe contra Paz”, la derecha de Santa Cruz convocó una Marcha Cívica reaccionaria y presionó a la OEA para que emitiera una nota en defensa del Estado democrático de derecho (léase el gobierno de Paz). El gobierno rompió relaciones con la Colombia de Petro, que se había propuesto mediar en el conflicto. El desenlace del proceso está en marcha, con una represión violenta contra los líderes en la búsqueda de una salida reaccionaria a costa de sangre.
En este momento, sigue la represión a los cortes de caminos y a las marchas que intentan llegar al Palacio Quemado, además de prisiones y persecución de dirigentes de la COB. Aun así, el gobierno muestra debilidad: el vicepresidente Lara rompió con Paz, tras haber declarado apoyo a la negociación para el alza de los sueldos. Paz ya tuvo que volver atrás en los decretos de enero y abril. Y ahora campesinos de Valle Grande de Santa Cruz intentan ingresar a la lucha y marchar al Occidente. Mientras tanto, el parlamento de mayoría reaccionaria se apura para revocar una ley que dificulta la aplicación del estado de sitio.
La IV Internacional declara su más amplio apoyo a la lucha de los trabajadores, campesinos y todo el pueblo boliviano en contra los planes de ajuste ultraliberales de Rodrigo Paz. Denuncia la represión en curso, el acercamiento de Paz a la extrema derecha cruceña y a Estados Unidos de Trump, y rechaza vehementemente las maniobras para declarar estado de sitio.
¡Viva la lucha del pueblo boliviano por mejores condiciones de vida y trabajo! ¡No a las contra reformas ultraliberales que buscan arrancar derechos históricamente conquistados!
¡Ningún retroceso en la reforma agraria! ¡Alza inmediata de los sueldos! ¡Que se archiven en definitivo los proyectos 5530 y 1720!
¡Viva la COB, las centrales campesinas y las juntas vecinales!
¡Abajo la represión del gobierno Paz! ¡Inmediata liberación de los dirigentes y manifestantes detenidos!
¡Fuera Marco Rubio, Trump y la OEA de los asuntos interno de Bolivia!
¡No al estado de sitio!
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