Autor: Nicolás Salas

  • El régimen capitalista y autoritario de Nicaragua “prohíbe” elecciones

    El régimen capitalista y autoritario de Nicaragua “prohíbe” elecciones

    La dinastía Ortega-Murillo hace un favor a la extrema derecha y al imperialismo. Declaración del Bureau Ejecutivo de la Cuarta Internacional sobre Nicaragua

    El anuncio del dictador Daniel Ortega, el pasado 19 de julio, de que «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder», es la más cínica confesión de que su gobierno se encamina a establecer un régimen de estilo monárquico, en asociación con su esposa Rosario Murillo.

    Desde su regreso al poder, en el año 2007, el gobierno Ortega-Murillo ha desmantelado el aparato judicial e institucional para ponerlo a su servicio. Se ha apropiado de sectores estratégicos de la economía, ha establecido un poder capitalista absoluto mediante la represión criminal de la protesta social, los ataques a los derechos humanos, persecución a las que han denunciado a Daniel Ortega de violación o acoso sexual y criminalización del aborto terapéutico en casos de violaciones. Además del fraude electoral, la criminalización de los candidatos opositores y la purga de las filas sandinistas, al más puro estilo totalitario, a dirigentes históricos de la revolución como Mónica Baltodano, Dora María Téllez, Herty Lewites, Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal, Víctor Hugo Tinoco, Gioconda Belli o Carlos Mejía Godoy, entre muchos otros.

    Nada más distante de la Nicaragua y el gobierno autoritario de hoy que la gran revolución armada de 1979, dirigida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que derrocó al dictador Anastasio Somoza e implantó a un gobierno popular en el país, enfrentando a los intereses del imperialismo estadunidense y realizando importantes reformas democráticas, sociales y de género.

    Contrario a lo que arguyen los defensores de las barbaridades de Ortega-Murillo, las medidas anti electorales no están hechas para blindar, ante la reacción burguesa y el imperialismo, a instituciones de poder popular basadas en la autoorganización de los trabajadores y el pueblo. Sirven meramente para afianzan un poder oligárquico, al servicio del mercado. Contra ese poder, desde hace años, es legitima toda forma de resistencia popular, y a él es necesario oponer una fuerza social independiente para luchar hasta por los derechos democráticos más elementales.

    Más grave aún: el decreto del fin de las elecciones le hace un enorme favor al imperialismo estadunidense bajo Trump, al darle al neofascista pretexto supuestamente “democrático” para atacar a Nicaragua, la región y toda América Latina. Este nuevo paso en la deriva autoritaria del régimen del país erosiona las condiciones políticas y sociales, locales y regionales, para encarar una nueva intervención militar estadunidense sobre territorio latinoamericano, como eventualmente podría darse contra el propio gobierno de Ortega-Murillo, en el marco del “Escudo de las Américas” y de la anunciada cruzada del gobierno de Trump contra todo lo que considera como “extrema izquierda”. 

    La Cuarta Internacional se suma a los diversos pronunciamientos de sectores de la izquierda y el progresismo latinoamericano y caribeño, que ahora se han puesto en contra del régimen dictatorial de la pareja Ortega-Murillo y expresan su apoyo al pueblo nicaragüense en resistencia. Una posible agresión imperialista no puede ser utilizada como pretexto para justificar a ninguna dictadura. Al contrario: el camino para el combate antiimperialista efectivo es la más democrática participación y organización obrera, campesina, femenina, indígena y popular. La lucha por las soberanías nacionales y el socialismo no se puede llevar adelante y llegar a la victoria de otro modo que no sea articulada a la más amplia autoorganización democrática de las y los que resisten.

    ¡Viva la resistencia del pueblo nicaragüense en contra de la dictadura Ortega-Murillo!

    ¡Ninguna intervención imperialista en América Latina!

    24 de julio de 2026

  • Venezuela: tragedia, colonia y metamorfosis política

    Venezuela: tragedia, colonia y metamorfosis política

    Nota de Luis Bonilla-Molina1 para Punto de Vista Internacional.

    Venezuela vive una tragedia histórica. El mundial de fútbol había logrado desplazar de los grandes medios de comunicación internacional la situación colonial que le ha impuesto Estados Unidos desde el 3 de enero, mientras una parte importante de la izquierda continental y mundial agradecía esta salida del foco mediático, porque ya no encontraban argumentos para justificar la entrega que hace la junta de administración colonial del país a los designios de Trump. Esta Junta es liderada por los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge) y Diosdado Cabelllo.

    El 1 de mayo de 2026 será recordado como el momento en el cual comenzó a diluirse la ilusión que tenían amplias capas de la población trabajadora, respecto a que el “nuevo momento político” anunciado por la dupla Delcy-Trump, permitiera mejorar sus condiciones salariales y materiales de vida. El salario mínimo siguió anclado en menos de 0,4 de dólar mensual y la bonificación de los ingresos -sin incidencia salarial- no alcanzó los 200 dólares mensuales, además que estos bonos no les llegan a todos los trabajadores. Mientras esto ocurría, la divisa estadounidense se volvía a disparar (actualmente superior a los 745 bolívares), incentivando la inflación en un país donde cada producto de la cesta básica puede llegar a costar dos o tres veces más que la media regional.

    Venezuela, de la mano de Marco Rubio, volvió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial; aunque el delcinato pretenda justificarlo como la única posibilidad de recuperar los 5.000 millones de dólares retenidos por el FMI y que corresponden a Venezuela, la realidad es que esto implica un nuevo ajuste estructural de la economía. El antecedente más reciente de un paquete de medidas económicas y políticas contra la clase trabajadora, que no tenía nada que envidiar de las recetas neoliberales, lo aplicó Maduro, entre 2018-2025. Pero lo peor, es que los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, guardan absoluto silencio sobre el sostenimiento de las sanciones y el bloqueo de las cuentas internacionales de Venezuela, que ha aplicado Estados Unidos desde el primer gobierno de quien ahora definen como socio, Donald Trump.

    El 13 de mayo de este año, el gobierno venezolano daba a conocer el inicio de la reestructuración de la deuda venezolana en diálogo con el FMI, estimada para ese momento en 170.000 millones de dólares, cifra que contrasta con los 82.000 millones de dólares de ingresos que tendrá el país en 2026, según estimaciones del propio organismo multilateral. El 26 de mayo Delcy Rodríguez anunciaba la creación de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, para hacerlo más eficaz, es decir, una reforma del Estado al estilo de las recomendaciones del FMI, centrada en achicar el Estado con el pretexto de hacer más eficiente el gasto público. 

    El 24 de junio, horas antes de desencadenarse la tragedia telúrica, el Financial Times anunciaba que el gobierno venezolano daría a conocer el monto de la deuda externa del país, reestimada en unos 240.000 millones de dólares, cifra que compite con la que originó la crisis de la deuda en Grecia, el país más endeudado de la Eurozona. Esta cifra explica la prisa de la junta de administración colonial por reestructurar el gobierno y hace presumir despidos, cierre de instituciones públicas y la intensificación del “corralito” sobre el salario de la clase trabajadora local.

    En Venezuela la relación trabajo-salario ha llegado a lo que algunos expertos del tema consideran como nueva esclavitud o la desaparición del salario real y su sustitución por el concepto de ingresos (bonificaciones), como parte de la estructura económica local, causando la pérdida de derechos adquiridos, la precariedad de los montos por vacaciones, aguinaldos (treceavo mes) o la imposibilidad de contar con una pensión de jubilación que permita comprar por lo menos un remedio en las farmacias. 

    Con una nueva ley de Hidrocarburos, aprobada en modo fast track por el parlamento colonial de los hermanos Rodríguez y compañía, se reducen los ingresos petroleros venezolanos por barril, de 10 a 1,7 dólares, algo que hace añorar la ley del sector aprobada por la socialdemocracia en la década de los cuarenta del siglo XX. Todo parece indicar que se abre paso, en el corto plazo, a una profundización trágica del ya conocido colapso de todos los servicios públicos. En solo una década (2014-2024) Venezuela perdió los elementos más palpables de la modernidad institucional burguesa, entrando a una fase de retorno a la pre-modernidad, a tal punto que la oferta electoral de 2024 se centró en la posibilidad de garantizar agua potable, electricidad, transporte público, seguridad policial, horario semanal en las escuelas y universidades que solo abrían sus puertas durante dos días.

    Aunque parezca increíble, la diáspora migratoria calculada en unos seis millones de venezolanos, ha logrado, con sus remesas, ayudar a solventar una parte de los ingresos, pero no hay dinero que logre mantener el poder adquisitivo ante el avance desenfrenado de la inflación.

    Un elemento importante, solo explicable como parte de la derrota histórica de la revolución bolivariana, es la simpatía que tuvo en la mayoría de la población la captura, secuestro y encarcelamiento en Estados Unidos de la pareja presidencial Maduro-Flores. A diferencia de 2002 cuando la población se volcó a las calles y derrotó el golpe de Estado contra Hugo Chávez Frias, en esta oportunidad solo se observaron menguadas concentraciones administradas por la cada vez más reducida base social del madurismo, que en su liderazgo mutó rápidamente al delcinato colonial. Las simpatías por la operación militar gringa tenían que ver con la situación material de vida de la clase trabajadora y el silogismo interpretativo que hacían: “si la desaparición del salario y la precariedad de la situación material de vida como efecto de las sanciones norteamericanas, tiene un origen en la rivalidad entre Maduro y Trump, si Maduro ya no está eso va a cambiar para mejor”. El común de la población pensó que se levantarían las sanciones, Venezuela podría vender libremente el petróleo y los ingresos permitirían mejorar su situación económica. Pero lo que ha ocurrido es el mantenimiento de esa precariedad e incluso su empeoramiento, lo que está convirtiendo las simpatías en desencanto y molestia con los gringos, aunque ello todavía no se torna en un movimiento antiimperialista con influencia de masas. El panorama resulta por lo menos desolador.

    La junta de administración colonial: Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabelllo.

    Terremotos

    Pero cuando se pensaba que las cosas no podían empeorar más, la realidad terminó por demostrar lo contrario. Dos terremotos, de 7.2 y 7.5 en la escala de Ritcher, sacudieron Caracas y el litoral de La Guaira el 24 de junio, un evento sísmico que los expertos califican como un “doblete”. Decenas de edificios colapsaron, otros quedaron inhabitables o con severos daños, siendo La Guaira ubicada frente al mar, la zona más afectada. Miles de muertos y cifras aún no estimadas de desaparecidos revelan la magnitud de la catástrofe.

    Como en una película de horror, las primeras horas no contaron con la presencia del ejército y los altos funcionarios en el escenario de los terremotos. Solo bomberos locales, defensa civil y un numero cada vez más creciente de ciudadanos asumió por su cuenta la atención a las víctimas. Junto a la infraestructura colapsada por el terremoto, quedó sepultado el discurso de la alianza cívico-militar como motor del cambio en Venezuela.

    Pero en política no hay vacío que se sostenga, por ello, un mar de manos y cuerpos solidarios construyó una cadena humana de auxilio, haciendo llegar desde todos los rincones del país medicinas, alimentos, ropas, enseres y herramientas rústicas para ayudar a rescatar a las personas atrapadas. Los equipos pesados de salvamento tardaron más de 36 horas en llegar, al tiempo que lo comenzaban a hacer las brigadas internacionales de ayuda, quienes fueron el motor de la labor humanitaria técnicamente calificada y testigos de lo que ocurría allí. 

    Casi todo el litoral de La Guaira quedó reducido a escombros, cayendo por igual urbanismos construidos por el sector privado como por el gobierno. Las denuncias de los afectados, quienes habitaban en apartamentos y casas de interés social entregadas por el gobierno nacional, muestran imágenes de errores estructurales de fabricación que demandan una investigación pública para determinar su certeza y eventuales responsabilidades.

    Ante el abandono gubernamental continuado, que siguió a las horas y días de acontecido el terremoto, la respuesta fue contundente de parte de la gente sencilla. Inmediatamente ocurrida la tragedia -lo cual contrasta con la inoperancia gubernamental- se generó una marea de solidaridad ciudadana, que se negaba a entregar los víveres y medicinas al gobierno porque desconfiaba de que llegarían a las víctimas. Caravanas, tras caravanas de motorizados voluntarios y autoorganizados conformaron un puente permanente de auxilio. La tardía respuesta oficial fue además torpe, pretendiendo detener esta marea solidaria, pero los retenes, alcabalas y piquetes policiales-militares de contención fueron superados, traspasados e ignorados por los ciudadanos. Esta situación de rebeldía popular también expresaba profunda desconfianza en todas las formas institucionales e incluso en las organizaciones políticas, confiando solo en lo que hacían y entregaban directamente, de sus manos a los afectados. La consigna de “solo el pueblo salva al pueblo” comenzó a ser repetida por ciudadanos de distintas inclinaciones ideológicas.  

    Muy pocos políticos se atrevieron a estar directamente en el lugar del desastre, desalentados quizá por el rechazo captado en cámaras para las redes sociales, que generó la visita de Jorge Arreaza (excanciller e integrante de la dirección del PSUV) y Nicolas Maduro Guerra (hijo de Maduro) a quienes la ciudadanía abucheó e increparon por la inoperancia del gobierno y los problemas de las viviendas sociales que cedieron ante los terremotos.

    Al final, el gobierno estableció refugios y albergues para los afectados, ubicados en distintos lugares de Caracas, con la promesa de reubicarlos en viviendas en los próximos meses. Pero aún, centenares de familiares buscan en solitario a sus seres queridos atrapados entre los escombros, contando básicamente con la ayuda de voluntarios, vecinos y movimientos sociales. La colonización no solo viola la soberanía territorial y democrática, sino que está diluyendo los remanentes de un proceso revolucionario que prometió romper con la lógica neoliberal y colocar la institucionalidad al servicio de la gente.

    Foto: Reuters

    Cronología de la colonización

    La burguesía es enemiga del socialismo, independientemente del discurso ideológico que asuma para acumular riqueza. Por eso, en la medida que se consolida la nueva burguesía bolivariana (2002-2017), bajo la dirección de Maduro procura recuperar la relación con los Estados Unidos y reconciliarse con la vieja burguesía existente antes del proceso Bolivariano, con quienes se habían quebrantado los lazos a partir del golpe de Estado de 2002. Entre 2018-2023 Maduro fue el artífice de este reencuentro por partida doble, y sus operadores políticos fueron Delcy Rodríguez (diálogo y reconciliación con la patronal FEDECAMARAS), y Jorge Rodríguez (negociaciones con la oposición con una agenda permanentemente guiada por los EEUU que evidenció las limitaciones del sector de María Corina Machado). Diosdado Cabello operó -y lo sigue haciendo- como la garantía de control interno, intervención de los instrumentos políticos y represión a las organizaciones de la clase trabajadora.

    Ahí comenzó el proceso de colonización, en la claudicación madurista, en la derrota histórica del movimiento contradictorio que se denominó revolución bolivariana. Maduro construyó el camino para lo que luce como una traición para facilitar la colonización abierta a partir del 3 de enero. Incluso los poscoloniales, como Ramón Grosfoguel y sus colegas, quienes habían cerrado filas en la defensa del presidente secuestrado, hoy han roto abiertamente con el liderato Delcy-Jorge Rodríguez y Diosdado por la grosera y espantosa entrega que se está haciendo del país a los gringos y el sionismo.  El 3 de enero y los hechos posteriores, son el desenlace de la traición a la revolución bolivariana que inició Maduro.

    Los sucesos en cascada que han conformado la situación colonial son:

    Enero: Intervención, Captura y Control Inicial de Activos

    • 2 de enero de 2026. Anuncio militar: El presidente Donald Trump anuncia públicamente que las Fuerzas Armadas de EE. UU. llevarán a cabo operaciones en territorio venezolano.
    • 3 de enero de 2026. Operación militar e incursión: Tropas estadounidenses ejecutan un despliegue militar sobre Caracas. Ataque militar de los Estados Unidos a Venezuela, con absoluta inoperancia de las fuerzas armadas, policiales y el liderazgo político local. Captura, secuestro y encarcelamiento de Maduro y Cilia Flores en los Estados Unidos. Trump anuncia que EEUU dirigirá temporalmente a Venezuela, precisando que ha hecho un acuerdo con la línea de sucesión en el mando en Caracas, quienes le han prometido “que no cometerán los mismos errores de Maduro”. La legitimidad de origen del gobierno venezolano comienza a residir en la bota militar gringa.
    • 3 de enero (por la tarde); Anuncio de tutela: La Casa Blanca anuncia que EE. UU. «administrará» de manera directa los asuntos de Venezuela y la gestión de sus recursos naturales mientras se establece la transición con la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez.
    • 4 de enero. Consolidación del nuevo esquema colonial. Reuniones conjuntas del departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Guerra
    • 5 de enero. Juramentación de la presidenta interina Delcy Rodríguez por intermedio de una norma extra constitucional. Su encargaduría excede los límites constitucionales por falta absoluta (30 días) o temporal (máximo 6 meses). El marco jurídico sobre la forma y tiempo de la presidencia en Venezuela, ahora lo determina la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la Secretarías de Guerra y Energía y la Central de Inteligencia Americana. Maduro y Cilia Flores aparecen en la corte de Nueva York
    • Delcy Rodríguez abandona públicamente el antiimperialismo y lo sustituye por la llamada “Diplomacia de paz”.
    • Estados Unidos confirma que tendrá una política extraordinaria para la protección de los activos de Venezuela, conforme a los intereses de la potencia agresora.
    • 6 de enero de 2026. Plan de gobernanza interina: Sectores del Departamento de Estado y de la CIA establecen la coordinación estratégica con sectores de la administración local (Plan de tres fases) bajo supervisión de Washington. Comienzan reuniones con sectores empresariales norteamericanos que puedan vincularse a la explotación del petróleo venezolano en la nueva condición.
    • 7 de enero. Estados Unidos comienza conversaciones para la reapertura de su Embajada en Caracas.
    • 9 de enero de 2026. Orden Ejecutiva de Control de Activos: Trump firma la Executive Order titulada «Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People». La administración estadounidense crea la figura de los Foreign Government Deposit Funds en el Departamento del Tesoro, canalizando allí todos los ingresos derivados de la venta de petróleo y recursos naturales venezolanos para protegerlos de acreedores e intervenir en su distribución. Se informa que EE.UU se quedará con un porcentaje de las ventas petroleras para resarcir los supuestos daños causados por Venezuela.
    • Cumbre petrolera en la Casa Blanca: Trump se reúne con ejecutivos de 17 grandes empresas energéticas (Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Valero, entre otras) para coordinar inversiones de más de $100.000 millones bajo protección federal y control estadounidense de las ventas petroleras.
    • Primera visita diplomática: Arriba a Caracas una delegación técnica y de seguridad del Departamento de Estado de EE. UU. para iniciar la evaluación previa a la reapertura de la embajada estadounidense.
    • 15 de enero. Visita del director de la CIA, John Ratcliffe, quien es recibido y acompañado por el General González López, quien semanas después sustituiría a Padrino López al frente del Ministerio de la Defensa de Venezuela.
    • 28 de enero de 2026. Mecanismo de Control Presupuestario: El secretario de Estado, Marco Rubio, comparece ante el Senado de EE. UU. y detalla que la administración interina de Delcy Rodríguez debe someter su presupuesto mensual a la aprobación de Washington. Se confirma la implementación de un bloqueo/cuarentena naval para controlar la comercialización internacional del crudo venezolano directamente por EE. UU.
    • 29 de enero. Se publica en Gaceta oficial extraordinaria la ley de Hidrocarburos, que había sido aprobada en primera discusión el 22 de enero y en segunda discusión el 29 de enero.
    • 31 de enero. Llegada de Laura Dogu, primera encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas desde los eventos del 3 de enero. Ella sería sustituida en abril por John Barrett, actualmente en funciones.

    Febrero: Reestructuración Energética y Visitas del Gabinete

    • 10 de febrero. Estados Unidos emite una licencia general que autoriza nuevamente actividades de exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela.
    • 11 y 12 de febrero de 2026. Visita de Alto Nivel: El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, realiza una visita oficial a Venezuela, reuniéndose en el Palacio de Miraflores con Delcy Rodríguez. Inspecciona campos petroleros y las instalaciones operadas por Chevron en el país (estuvieron presentes ejecutivos de Chevron y Repsol). El 12 de febrero se produce visita a la Faja Petrolífera del Orinoco.
    • Se difunde la Reforma del Marco Legal Petrolero: Coincidiendo con la visita, se reforma la la legislación hidrocarburífera venezolana que elimina el monopolio estatal de PDVSA, cediendo el control operativo y la comercialización al sector privado e inversionistas estadounidenses e internacionales. Se suprimen impuestos, se disminuyen las regalías que recibirá Venezuela y se crean condiciones de explotación petrolera prácticamente similares a las mineras durante la colonia española.
    • 14 de febrero. Equipos estadounidenses realizan evaluaciones sobre puertos petroleros, logística de exportación y terminales marítimos.
    • 18 de febrero. Visita del general Francis Denovan (comando sur) y del subsecretario Josph Humire, quienes son recibidos por la presidenta interina y el “alto mando militar venezolano”. Los puntos de agenda fueron narcotráfico, terrorismo, seguridad regional, migración, cooperación militar, implementación del denominado “plan de tres fases”. El 19 de febrero el gobierno venezolano anuncia la firma de acuerdos en estas materias.
    • 20 al 23 de febrero. Equipos técnicos comenzaron la implementación de los acuerdos alcanzados el 18 y 19 de febrero en materia de cooperación policial, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y coordinación migratoria.

    Marzo: Restablecimiento Diplomático y Normalización Institucional

    • 4 de marzo. Visita del secretario del interior Doug Burgum
    • 13 de marzo – 19 de marzo. Publicación de las licencias generales 49A, 52 y 5V. La licencia 52 se considera uno de los documentos más importantes emitidos respecto a Venezuela en 2026, mediante la cual autoriza transacciones financieras y comerciales que antes estaban prohibidas con PDVSA y con cualquier empresa donde esta tiene una participación del 50% o más.
    • 19 de marzo de 2026: Reapertura de la Embajada de EE. UU.: Se reanudan formalmente las operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas (Unidad de Asuntos Venezolanos). El Departamento de Estado flexibiliza las advertencias de viaje (Travel Advisory pasa a Nivel 3) para personal autorizado y contratistas.
    • Estados Unidos realizó un traslado de 100 millones de dólares en oro de Venezuela a este país.

    Mayo:

    • 23 de mayo. Estados Unidos, con autorización de la Junta de administración colonial dirigida por Delcy Rodríguez permite un ejercicio militar norteamericano de evacuación de su embajada, que es en realidad una muestra de poderío e intimidación a la colectividad. Este ejercicio con aviones, helicópteros y tropas en la ciudad de Caracas fue realizado por el Comando Sur, el cuerpo de Marines de los EEUU y organismos de emergencia local bajo su mando.

    Junio: Supervisión Militar y Evaluación Estratégica

    • 3 de junio de 2026. Visita de Alto Nivel – jefe del Estado Mayor Conjunto: El General Dan Caine, máxima autoridad militar de las Fuerzas Armadas de EE. UU., quien viaja a Caracas en visita oficial, mantiene reuniones con mandos militares e integrantes del gobierno interino para revisar los planes de estabilidad regional, seguridad de infraestructuras críticas y el avance del plan de tres fases dispuesto por la Casa Blanca. Visita la sede reabierta de la Embajada de EE. UU. en Caracas.
    • 11 de junio. Tropas norteamericanas, con la utilización de drones y misiles, realiza un ataque cinético puntual dentro del territorio venezolano, dirigido por el Comando Sur, en el cual se destruye una vivienda y se produce la ejecución extrajudicial de Héctor Guerrero, sindicado de ser el líder del llamado Tren de Aragua. Esta operación se realizó con el conocimiento de la Junta de administración colonial.
    • 25 de junio de 2026. Marco Rubio, después de los terremotos, mantiene contactos de seguimiento directo con la administración en Caracas para coordinar asistencia de emergencia y supervisión continua de las relaciones bilaterales.

    Julio: Consolidación de la Gestión y Balance de Políticas

    • 23 de julio de 2026. Designación y declaración de Tutela Energética: En un acto público, Donald Trump reafirma de forma explícita que el secretario de Energía, Chris Wright, encabeza la ejecución directa de la política energética y económica sobre Venezuela.
    • Trump subraya que EE. UU. ejerce el derecho sobre la gestión económica y los rendimientos petroleros del país tras la intervención.
    • 24 de julio de 2026. Donald Trump declara que “Venezuela no está lista para elecciones y dice que Delcy Rodríguez está haciendo un trabajo fantástico”.

    Bases estadounidenses–israelíes

    Los terremotos que sacudieron a Venezuela han resultado ser el pretexto ideal para que Estados Unidos decidiera desplegar fuerzas de élite, tropas y más de 3.000 funcionarios militares en el país con el pretexto de “conducir” la reconstrucción económica y material post terremotos. Se trata en realidad de nuevas formas de presentar el establecimiento de bases militares en el país, en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional anunciada por Trump en noviembre de 2025. Esto se complementa con los enfoques y las estrategias acordadas en la reunión del Comando Sur, la Secretaría de Guerra, el Departamento de Estado y ministros de la defensa de la región, en la llamada Cumbre del “Escudo de las Américas” en marzo de este año. Para rematar, el 20 de julio de 2026, Marco Rubio presentó el documento titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, que de conjunto renuevan los peores aires del marcartismo.

    Como siempre, la estrategia gringa va de la mano de las iniciativas israelíes, por ello, también en los días siguientes a los terremotos, la junta de administración colonial presidida por Delcy Rodríguez suscribió acuerdos de cooperación militar, técnica y financiera con integrantes del estado mayor sionista.  En la firma de los acuerdos estaba presente el uruguayo israelí Roni Kaplan, con rango de capitán, portavoz de las fuerzas de defensa de dicho país para la prensa internacional hispanohablante y asiática, desde junio de 2012, quien vive en Jerusalén.

    Esta presencia estadounidense-israelí pareciera presagiar la intención de extender en el tiempo la situación colonial que vive Venezuela desde el 3 de enero.

    El mundo al revés

    En Venezuela todo puede ocurrir, y el realismo mágico de Gabriel García Márquez hace de las suyas. Después del 3 de enero pareciera que toda la realidad política hubiese entrado a otra dimensión.  María Corina Machado promotora de la invasión norteamericana a Venezuela, ha sido descartada por Trump como relevo presidencial en el corto plazo, y ahora permanece “estacionada” en Panamá, anunciando que en cualquier momento podría volver al país, mientras el mandatario norteamericano le advierte que no cuenta con su autorización.

    A estas alturas, nadie parece acordarse del llamado “Cartel de los Soles”, excusa que usó la administración Trump para realizar la operación militar contra la soberanía venezolana. Las acusaciones de narcotráfico no recaían solo sobre Maduro y Cilia Flores, sino también sobre otras figuras que hoy permanecen en el poder con la habilitación gringa. Otro de los acusados de pertenecer a este “cartel” -y por quien Estados Unidos ofrece veinticinco millones de dólares de recompensa- se reúne en Caracas a cada rato con el director de la CIA, el encargado de negocios o el jefe del comando Sur. Y como si lo inusitado no tuviera límites en el folclore político venezolano, ahora Diosdado Cabello se muestra defensor del inquilino de la Casa Blanca, atacando a los influencers que cuestionan a Trump. Los argumentos formales y las fronteras esperadas de la política  se diluyen, ante el peso de la economía colonial del petróleo.

    Por otra parte, la otrora radical antiimperialista en los escenarios de Mercosur, Delcy Rodríguez, ahora como presidenta interina invita a los israelíes a contribuir con la reconstrucción económica de Venezuela. Estos, expertos en demoliciones, son convocados ahora para reconstruir la infraestructura y economía del país, para lo cuál una delegación de oficiales militares de alto rango se instaló en Caracas y al sur del país, donde están localizados los yacimientos de oro.

    Cuando el surrealismo político pareciera llegar a su fin, el eterno ministro de defensa de la administración de Maduro, Vladimir Padrino López, declara que él se dio cuenta de la operación militar del 3 de enero, pero ante la superioridad militar y tecnológica desplegada por los gringos le ordenó a los pilotos y militares venezolanos que no actuaran para evitar pérdidas humanas, desacatando las órdenes de su superior (Maduro) quien lo había colocado al frente de la defensa de la soberanía nacional. En cualquier país decente eso ameritaría un juicio por traición a la patria, pero lo que recibió fue una mudanza de cartera y ahora es el flamante ministro encargado de la agricultura de la colonia en la que él contribuyó a convertir a Venezuela.

    Y como si estuviéramos frente al mundo fantástico de Alicia en el país de las maravillas, el actual ministro de la Defensa de Venezuela, el general Gustavo González López, sigue pronunciando ante sus subalternos el saludo de “Chávez vive, patria socialismo o muerte” mientras coordina agendas de trabajo con el director de la CIA o generales gringos, quienes ahora se pasean por el territorio venezolano como si fueran criollos.

    Los antiestadounidenses son ahora amigos del imperio, y los pro-invasión sufren sus rigores porque “el diablo paga mal a quien bien le sirve”. Desde afuera esto no se ve nítidamente y desde adentro se vive como comedia griega trágica. Como si se tratara de una obra de Kafka, comenzamos a ver sin disfraces a los “Undgeziefer” o bichos monstruosos caminando por las paredes de la política, con el valor humano  reducido a la utilidad y el peso de la deshumanización burocrática.

    Panamá: La reunión de la oposición liderada por María Corina Machado

    En mayo de este año, la dirigente opositora María Corina Machado -con la participación del presidente Mulino- realizó una reunión con el conjunto de las oposiciones que la acompañan, especialmente con la Plataforma Unitaria Democrática, pero también con sectores de izquierda que se le han sumado. El resultado fue un documento que confirma lo que venimos señalando desde el 2024, la estrategia de Estados Unidos y la que ella encarna se distancian, porque mientras la administración Trump quiere fomentar una convivencia entre todos los factores políticos proestadounidenses, incluido el delcinato colonial, la líder derechista quiere un gobierno de reseteo que expulse a quienes hoy le han garantizado a los Estados Unidos construir una situación colonial en Venezuela. Los términos resolutivos del encuentro en Panamá parecieran indicar que la oposición que ella lidera quiere “ir por todo”, sin medir las turbulencias que ello puede generar. Este error de cálculo y estrategia política la mantiene al margen del poder en Venezuela, a pesar de ser la ficha ideológicamente más afín a los intereses imperiales. Hasta que no se concrete un acuerdo de élites y Machado acepte una reconciliación de la vieja y nueva burguesía, los caminos al palacio de Miraflores parecieran estarle bloqueados.

    Si ella persiste en esta línea de acción, el único camino que le quedaría es enfrentar a los Estados Unidos e intentar liderar un polo nacionalista burgués, algo que parece altamente improbable. Lo más seguro es que termine aceptando una “cumbre” con Delcy Rodríguez que allane el camino a un pacto de élites de carácter pronorteamericano. Pero es a ella a quien le corresponde desojar la margarita.

    Dinorah la enviada del Pentágono

    Como lo advertimos, después de la reunión de Panamá, el Departamento de Estado, confirmando la línea colonial, designó sin eufemismos ni disimulos a la señora Dinorah Figueroa como vocera de los intereses norteamericanos en una transición pactada con el delcinato. Figueroa viene de ser la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 de mayoría opositora, pero en sus tiempos de universidad compartió banderas con Jorge Rodríguez. Ahora vuelven a reencontrase, el actual parlamento y el opositor de 2015, para avanzar en la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y elecciones tuteladas, que expresan el modelo colonial de transición tutelada, que además podría convertir la participación de María Corina Machado en una nueva carrera de obstáculos, esta vez no fomentada por Maduro sino por Trump.

    El 1 de agosto nace el sietemesino. El trabajo de esta nueva instancia colonial se inicia en dicha fecha, con la misión de construir la arquitectura jurídica, institucional y política para sostener y mantener en el tiempo la situación colonial en Venezuela. Ya prácticamente nadie duda de ello, cualquier convocatoria a elecciones será para garantizar gobernabilidad de la colonia. Solo los venezolanos organizados podrán revertir esa situación.

    La izquierda persiste

    En los últimos meses ha resurgido el tejido social de la izquierda que estaba roto en torno a las polémicas sobre chavismo o madurismo. Pero aún siegue siendo débil. Mientras un sector -el minoritario- seguimos apostando por la preservación de nuestra identidad y la construcción de un instrumento político amplio e incluyente, otros sectores siguen en la disyuntiva de qué hacer en torno a María Corina Machado y su coalición. Incluso, factores que en 2024 apoyaron abiertamente a Edmundo González Urrutia, ahora señalan que el propósito es evitar que llegue María Corina Machado al poder, mientras otros -que parecieran ser mayoría aún- hablan de la necesidad de garantizar que la líder opositora participe en elecciones, eso sí con matices. Muchos señalan que no votarían por ella pero que se le debe garantizar su participación. En lo que sí parece coincidir toda la izquierda no madurista, ni afín a la junta de administración colonial, es en que el rescate de la soberanía electoral pasa necesariamente por la recuperación de la soberanía territorial.   

    ¿Qué hacer? La táctica para salir de la situación colonial

    Hay quienes hablan de protectorado y no de colonia, a pesar de que Venezuela ha perdido su capacidad de vender su petróleo y riquezas, no controla el flujo del dinero del comercio exterior ni tiene autonomía para determinar con quien negocia, y la legitimidad de su gobierno depende de una fuerza de ocupación extranjera, en este caso del imperialismo. Pero este no es un debate académico ni intelectual.  Esto tiene que ver con las correlaciones de fuerza y la táctica. ¿Hasta dónde se puede ampliar el abanico de alianzas sin perder la independencia de clase en función de recuperar la República? ¿Cuáles son las formas de lucha e instrumentos de organización de la clase trabajadora para lograr la liberación nacional? ¿Cómo combinar la lucha por una nueva independencia de la República con la perspectiva socialista y democrática? Todos estos interrogantes están atravesados por la necesidad de explicar de forma paciente y didáctica a los trabajadores y el pueblo en general que el desastre en el que se convirtió la revolución bolivariana no es el socialismo por el que luchamos como horizonte histórico, y qué el socialismo es bienestar, justicia social y salarial, ampliación de las libertades de opinión, organización y protagonismo ciudadano. Una tarea nada fácil para los y las revolucionarias venezolanas del presente. En consecuencia, debemos entrar al debate sobre la situación de Venezuela no como una abstracción, sino en asociación directa con la táctica de resistencia que conlleva la caracterización que se haga.

    En este momento, estamos sumados a la campaña de recolección de fondos que impulsa la Corriente COMUNES para asistir a una comunidad de La Guaira y al radio FM comunitaria Voces antimperialistas. La recomposición de la izquierda venezolana deberá ocurrir a partir de lo territorial y las luchas concretas, estando convencidos que como dijo Voltaire, todo cambio comienza desde un centro.     

    Conclusión

    Desde nuestra perspectiva, la revolución Bolivariana excede ampliamente los tiempos chavista- madurista, porque en realidad esos periodos fueron solo momentos convergentes de décadas de resistencias antisistema acumuladas, y que siguen en la actualidad intentando reorganizarse más allá de la debacle colonial. La expropiación de los símbolos y discursos de la izquierda, para colocarlos al servicio de un proceso policlasista ambiguo, que terminó en derrota, con el agravante de confusión para la población sobre el sentido y orientación real de una estrategia anticapitalista, obligará a la izquierda venezolana a repensarse, renovarse y construir nuevos códigos, imágenes y formas de articular instrumentos políticos con lucha social cotidiana. Si no lo logra quedará atrapada en el espejo roto del fracaso de la revolución bolivariana.  

    Venezuela no es un callejón sin salida sino un lugar donde todo es posible. Hasta ahora Estados Unidos ha logrado una situación privilegiada, en la cual tiene marcadas casi todas las cartas del juego político. La oposición de derecha liderada por María Corina Machado, la derecha que ha pactado desde hace años con el madurismo (“alacranato”), y la junta de administración colonial (los Rodriguez & Cabello) están alineados con los intereses de los Estados Unidos. Pero la antipatía antinorteamericana comienza a crecer, subterránea y lentamente, aunque aún no se exprese en formas organizativas clásicas, sino como el murmullo que anuncia la crecida del río. Todo pareciera avizorar un incremento de la tensión que pondrá a la hora del día no la premisa rosaluxemburguista de “socialismo o barbarie”, sino la de “democracia o dictadura”. La nueva izquierda comienza a reorganizarse, saliendo de su laberinto, ojalá los tiempos le permitan ser factor determinante en la salida democrática y popular a esta crisis.  

    1. Cientista social venezolano. Militante de la corriente COMUNES. Profesor de pedagogía en la Universidad Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA), actualmente profesor visitante en la UFABC de Sao Paulo, Brasil. ↩︎

  • Algunas reflexiones sobre la crisis del agua en Puerto Rico

    Algunas reflexiones sobre la crisis del agua en Puerto Rico

    Hace treinta años, el Taller de Formación Política [TFP]1 publicó el libro «Agua en Puerto Rico: ¿Crisis de la naturaleza o crisis social?». Muchos de los problemas señalados en ese texto se han agravado y siguen amenazando a nuestra sociedad. Muchas de las críticas, quejas y advertencias formuladas se han confirmado. Desafortunadamente para el país, todo lo que se señaló sobre el proyecto del superacueducto también se ha materializado. Asimismo, las alternativas propuestas siguen siendo válidas. Una nueva lectura del texto, con la perspectiva que da el tiempo, ha motivado las siguientes reflexiones. Nota de Manuel Rodríguez Banchs2.

    La crisis hídrica en Puerto Rico era predecible y sus efectos se repiten. Cada vez que la situación del agua empeoraba, surgían propuestas y se presentaban soluciones a través de proyectos a gran escala que implicaban la construcción de nueva infraestructura, incluyendo diversas formas de privatización y la desviación de fondos públicos a empresas privadas. Un claro ejemplo es el superacueducto, un proyecto innecesario, perjudicial para el medio ambiente y fuente de corrupción. Además, se advirtió que una tubería de seis pies de diámetro y más de 50 kilómetros de longitud causaría rupturas y averías difíciles de reparar y presentaría problemas de acceso. Las soluciones propuestas generalmente han surgido como reacciones a situaciones críticas y no han sido producto de la necesaria reflexión sobre las causas profundas de los problemas que pretenden resolver. La planificación y el mantenimiento han estado ausentes de la gestión del agua como recurso vital y de la administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Si bien la privatización de la AAA fue un fracaso, esta política ha persistido a través de la subcontratación.

    Las políticas gubernamentales de los últimos 50 años se han orientado a crear las condiciones para la obtención y captura de beneficios privados. Si bien promovieron una reducción del tamaño del gobierno, contrariamente al objetivo declarado de dicha reducción, los ahorros anunciados no se han logrado y el gasto público no se ha reducido. En cambio, se han adoptado programas neoliberales que han facilitado el desvío de fondos públicos a bolsillos privados.

    Crisis social

    Cada día, amplias zonas del país se enfrentan al problema de la escasez de agua potable. Decenas de miles de personas se ven privadas diariamente de este recurso vital. Según datos oficiales, la crisis más reciente dejó sin agua a más de 110.000 usuarios, lo que, según cifras censales, afectó a más de 250.000 personas. Esta situación no se resolvió adecuadamente debido a la profunda fragmentación, las divisiones y las luchas de poder dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP). Estas luchas se han extendido a todos los poderes del Estado.

    La respuesta inadecuada a esta crisis también se relaciona con la ineptitud de las personas que el PNP coloca en puestos directivos en agencias y departamentos gubernamentales. Según el reciente escándalo de corrupción revelado por Sebastián Negrón Reichard, exsecretario de Desarrollo Económico, esta situación es consecuencia del único criterio utilizado para la selección de estas personas: su afiliación y activismo en campañas del PNP, independientemente de su ineptitud. Según mensajes difundidos por Negrón Reichard, enviados por Francisco Domenech, secretario del gobernador, el criterio para estos nombramientos es que se trate de personas que «cometieron errores» en la campaña de primarias y en las elecciones generales del gobernador. Según algunos de estos mensajes, el secretario del gobernador —quien también funge como su portavoz— no tolera el nombramiento de personas «que no pertenezcan al Partido Nuevo Progresista para cargos de confianza».

    Sin embargo, los problemas de abastecimiento de agua del país son anteriores a las averías más recientes en el superacueducto y tienen dos causas principales. Por un lado, se deben al deterioro de la infraestructura, la falta de planificación y mantenimiento, el desconocimiento del sistema por parte de los gestores y contratistas, y la reducción de la capacidad de los embalses y los problemas en las plantas de filtración. Se estima que la AAA pierde aproximadamente el 65% del agua producida debido a fugas, averías y desbordamientos. El deterioro de la infraestructura puede mitigarse mediante la planificación y programas de mantenimiento preventivo y correctivo. El desconocimiento del sistema se limita a la alta dirección y a los contratistas de la AAA, ya que los trabajadores de la AAA están muy familiarizados con la complejidad del sistema. Tienen la experiencia, el conocimiento y la capacidad para identificar tuberías, fugas y otros problemas. Sin embargo, ni la dirección de la AAA ni el gobierno los tienen en cuenta ni les permiten la participación necesaria para abordar los graves problemas que enfrentamos.

    Por otro lado, los problemas de suministro de agua también se deben a la reducción de la capacidad de almacenamiento. La sedimentación de los embalses afecta seriamente su capacidad de almacenamiento y limita la disponibilidad de agua, según el borrador final del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático para Puerto Rico3 del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC), revisado en 20244. La reducción de la capacidad de los embalses y los problemas en las plantas de filtración son consecuencia de la acumulación de sedimentos tanto en los embalses como en los filtros. Esta sedimentación, que reduce la capacidad de almacenamiento y perjudica la filtración, se origina en dos fuentes principales: a) la erosión y b) la materia particulada de los proyectos de construcción. La deforestación de los bosques que protegen las cuencas hidrográficas que alimentan los embalses provoca erosión del suelo. Esta erosión aumenta la sedimentación en los lagos a través de la escorrentía de agua de lluvia, lo que contribuye a la meteorización, arrastra material en descomposición y transporta rocas y suelo erosionados de la superficie hacia los embalses. Actualmente, la destrucción ambiental —que incluye casos de deforestación— se debe principalmente a proyectos de construcción que afectan a los bosques y a las zonas cercanas a ríos y arroyos, muchos de los cuales desembocan en lagos que almacenan agua. Esta situación se agrava por los residuos generados por estos mismos proyectos de construcción, que son arrastrados por el agua y contribuyen al aumento de la sedimentación.

    Crisis de la naturaleza

    Puerto Rico es uno de los 10 países del mundo más afectados por la crisis climática, según el Índice de Riesgo Climático (IRC) publicado en febrero de 2025 por el organismo internacional Germanwatch5. La situación de sedimentación empeoró con el huracán María, que azotó Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, exacerbando la acumulación de sedimentos. El aumento de las temperaturas, la alteración de los patrones de lluvia y la intensificación de fenómenos como huracanes y sequías impactan directamente en los ecosistemas y la infraestructura y, como hemos experimentado en los últimos años, perturban la vida cotidiana.

    La crisis climática está acelerando la crisis de abastecimiento de agua en Puerto Rico. Algunos pronósticos indican cambios en los patrones de lluvia6. Entre 1950 y 1980, se produjeron sequías severas que obligaron al racionamiento cada 20 a 25 años. Es importante señalar que, en condiciones normales, Puerto Rico recibe suficiente lluvia para cubrir sus necesidades si contara con la capacidad de almacenamiento necesaria. Sin embargo, es fundamental reconocer que la crisis climática ha provocado cambios en la intensidad y frecuencia de las sequías, que ahora ocurren cada cinco años. Esto significa que enfrentaremos más sequías que requerirán racionamiento, lo cual exige planificación y preparación.

    El Plan Integral de Recursos Hídricos de Puerto Rico —que no se ha actualizado desde 2016— del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales indica que, históricamente, las sequías comienzan con una reducción de las precipitaciones en abril y mayo, y cuando son severas, los embalses no se llenan lo suficiente7. Según el documento, los períodos de precipitaciones inferiores a lo normal en la región del Caribe coinciden con variaciones en el fenómeno de El Niño, lo que a su vez reduce el número y la intensidad de los huracanes. Los expertos han confirmado que este fenómeno meteorológico ya está presente, por lo que se pueden esperar condiciones de sequía en el Caribe8. La sequía extrema de 2015 requirió severas restricciones que afectaron a más de un millón de personas y resultaron en millones de dólares en pérdidas agrícolas, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Otra sequía, en 2020, obligó a implementar medidas de racionamiento de agua y llevó a la declaración de una emergencia por sequía para todo Puerto Rico. En 2024, la categoría de sequía más severa observada en Puerto Rico fue la de «sequía moderada», que se presentó en los extremos suroeste y noroeste de la isla, así como en el interior oriental, cubriendo entre el 40% y el 55% del territorio entre enero y marzo, según el informe anual del Servicio Meteorológico Nacional publicado en enero de 2025.

    Otro factor que afecta la disponibilidad de agua en la isla es el aumento del nivel del mar. Este aumento incrementa la intrusión de agua de mar en los acuíferos. A medida que el nivel del mar siga subiendo, esta intrusión se incrementará, reduciendo la disponibilidad de agua subterránea. Es fundamental considerar todos estos factores al planificar y prepararse para mitigar el impacto en este recurso vital.

    Una nueva amenaza

    Además de los problemas que plantea el modelo de desarrollo adoptado en el país, que prioriza los intereses del capital e impulsa la construcción de proyectos ambientalmente destructivos como Esencia en Cabo Rojo, existe una nueva amenaza con consecuencias irreversibles para los recursos hídricos. Me refiero a los centros de datos promovidos por las grandes tecnológicas. En concreto, hablo de la demanda de un nuevo tipo de estas estructuras que surge como consecuencia del uso masivo de la inteligencia artificial generativa.

    Los centros de datos no son nuevos9.Estos edificios existen desde hace décadas y albergan los servidores y demás hardware necesario para el funcionamiento de internet. Sin embargo, desde el lanzamiento público de ChatGPT a finales de 2022, la inteligencia artificial generativa ha experimentado un auge espectacular, que requiere una gran cantidad de equipos nuevos y mucho más intensivos en energía. Según un informe de Consumer Reports (CR)10, para satisfacer la creciente demanda energética de estos centros de datos, las compañías eléctricas están invirtiendo miles de millones de dólares en la construcción de nuevas líneas de transmisión y nuevas centrales eléctricas11. Esta es una de las principales razones por las que los nuevos centros de datos pueden aumentar las facturas de electricidad. Los costes de la electricidad residencial también están aumentando debido a la proliferación de nuevos centros de datos a gran escala que obtienen energía de las mismas redes residenciales, lo que incrementa la demanda. En los lugares donde la generación y la transmisión de electricidad son de propiedad privada y, por lo tanto, están sujetas a las fuerzas del mercado, este aumento de la demanda también conlleva precios de la electricidad más altos.

    El auge de la inteligencia artificial generativa exige que estos grandes centros de datos operen las 24 horas del día, generando mucho calor y provocando un sobrecalentamiento considerable. Para evitarlo, estas instalaciones utilizan sistemas de circulación constante de agua para refrigerar sus equipos. Según estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), un centro de datos puede consumir hasta 5 millones de galones de agua al día12. Esto solo incluye el consumo directo para la refrigeración del centro. Generar la electricidad necesaria para el funcionamiento de los centros de datos requiere millones de galones adicionales de agua, incluso más de los necesarios para la refrigeración.

    El uso cada vez mayor y más extendido de la inteligencia artificial generativa conlleva un coste ambiental creciente. Además de la energía que consumen las empresas tecnológicas para operar sus centros de datos, también utilizan enormes cantidades de agua para la refrigeración debido al calor excesivo que generan. Un informe publicado por el Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas advierte que, para 2030, el consumo de agua para el funcionamiento de la inteligencia artificial equivaldrá a las necesidades anuales de 1300 millones de personas13. Por lo tanto, es necesario ser conscientes de las amenazas que las nuevas tecnologías representan para el agua a fin de organizar una resistencia eficaz.

    La alternativa ecosocialista

    El gobierno de Puerto Rico sirve al capitalismo colonial, que a su vez está supeditado al capital extranjero. Responde a intereses que priorizan el beneficio privado a corto plazo sobre el bienestar del país y la supervivencia de la humanidad. Esto se confirma con la aprobación de la Ley 82-2026, que eliminó la prohibición absoluta de construir en zonas rurales especialmente protegidas. Esta legislación autoriza la aprobación de permisos de construcción en estos terrenos si el gobierno central, los municipios o la Junta de Control Fiscal determinan que el proyecto es estratégico. También se han presentado otros dos proyectos de ley para desregular aún más la concesión de permisos de construcción, acelerando así el vandalismo ambiental. El modelo de desarrollo actual del país es insostenible. Abordar la crisis que enfrentamos y evitar la catástrofe climática solo será posible si abandonamos el concepto de desarrollo imperante. En lugar de facilitar el vandalismo ambiental, debemos tomar medidas para proteger el medio ambiente.

    Se estima que los huracanes Irma y María causaron la pérdida de aproximadamente el 10% de la cubierta forestal del país. Esto no incluye la deforestación diaria provocada por proyectos de construcción en áreas que deberían protegerse. Por lo tanto, es urgente reforestar el país, especialmente las áreas que rodean las cuencas hidrográficas. Es necesario prohibir la construcción en las costas y, al mismo tiempo, plantar dunas y manglares. El dragado de embalses para aumentar la capacidad de almacenamiento es fundamental. Esto debe combinarse con un programa coherente de conservación del agua y reducción del consumo. Es esencial adoptar un plan permanente de mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura de la Autoridad de Aguas y Alcantarillado. Necesitamos acelerar la transición a fuentes de energía renovables.

    Para lograr estos avances, es fundamental una reforma del servicio público —que incluya la recuperación de los servicios privatizados— mediante un proceso democrático con la participación de los trabajadores, quienes conocen de primera mano los problemas y necesidades del sistema y cómo solucionarlos, y con la participación de los usuarios que sufren directamente las consecuencias de la mala gestión gubernamental. Debemos adoptar todas las medidas urgentes y necesarias para mitigar los problemas sociales y ambientales que nos aquejan y los efectos de la crisis climática.

    Superar los problemas sociales y ambientales que nos aquejan y revertir los efectos reversibles de la crisis climática es imposible bajo las reglas de este sistema económico. La crisis climática es quizás el ejemplo más dramático. No es posible abordar la crisis climática sin convertir el sector energético —así como la gestión del agua— en patrimonio público y administrarlo democráticamente con el doble objetivo de satisfacer nuestras necesidades y reducir el impacto ambiental. También debemos reducir la producción innecesaria, no esencial o perjudicial. Pero esto, a su vez, requiere someter amplios sectores de la actividad productiva al mismo control social y democrático. Esto exige superar el capitalismo. Por lo tanto, apoyamos todas las luchas por reivindicaciones inmediatas que nos permitan mejorar nuestra situación dentro del capitalismo, al tiempo que destacamos la necesidad de cambiar este sistema y seguimos luchando por una sociedad verdaderamente democrática, solidaria y ecológica.

    1.  El TFP se fundó en agosto de 1977. Fue un proyecto de investigación histórica y una organización política. Estudió momentos del pasado e intervino en las luchas sociales y políticas más importantes de Puerto Rico entre 1977 y 2008. Exmiembros del Taller, junto con militantes de otras organizaciones revolucionarias y activistas de diversas luchas, fundaron el Movimiento al Socialismo (MAS) y posteriormente fundaron la organización Democracia Socialista (DS, dentro de la cual se organizan los partidarios de la Cuarta Internacional). ↩︎
    2. Manuel Rodríguez Banchs, abogado, activista por la justicia social y defensor de los derechos humanos. Dirigió la Clínica contra la Discriminación por Orientación Sexual en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Fue profesor asistente en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez. Codirigió la campaña del Partido del Pueblo Trabajador para las elecciones de 2016. Ha representado a manifestantes de desobediencia civil en Vieques, a personas privadas de libertad en instituciones penitenciarias y de salud mental, a comunidades y a organizaciones ambientalistas. También fue investigador del Proyecto de Litigios de Expedientes del Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles y, en 2005, comenzó a ejercer la abogacía en un bufete de interés público. ↩︎
    3. https://www.drna.pr.gov/ceacc/publicaciones/borrador-final-plan-ceacc-2024/ ↩︎
    4. La Ley 33-2019, que encomendó al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) la elaboración del plan para abordar las implicaciones del cambio climático, estipula que el Comité Conjunto del Senado y la Cámara de Representantes, tras recibir formalmente el borrador, “tendrá a más tardar al concluir el próximo período ordinario de sesiones para presentar el Plan simultáneamente a ambos cuerpos de la Asamblea Legislativa”. Sin embargo, la legislatura no ha actuado sobre el Plan. ↩︎
    5. https://www.germanwatch.org/sites/default/files/2025-02/Climate%20Risk%20Index%202025.pdf ↩︎
    6. https://caribbeanclimatehub.org/wp-content/uploads/2024/05/Guia-Practica-WEB-1.pdf }] Por un lado, se anticipa una reducción en comparación con el promedio, junto con un aumento en eventos de lluvias fuertes y torrenciales. Esto presenta una situación grave para todo nuestro medio ambiente en el Caribe. Un informe de CEACC publicado en 2022 destaca que los efectos del cambio climático tienen matices distintos, incluyendo sedimentación en la mayoría de los embalses, altas temperaturas y sequía. Según estas proyecciones, la disponibilidad de agua en Puerto Rico disminuirá aún más. La reducción de las precipitaciones podría llevar a sequías más frecuentes y prolongadas.
      El Monitor de Sequía de Estados Unidos señaló recientemente que el 4,6% de Puerto Rico se encuentra actualmente bajo sequía moderada y el 36,3% bajo condiciones anormalmente secas, según datos validados hasta el 9 de junio de este año.[https://www.drought.gov ↩︎
    7. https://drna.pr.gov/wp-content/uploads/formidable/PIRA-2016.pdf ↩︎
    8. https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.shtml }] Según el Sistema Nacional Integrado de Información sobre Sequías de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Puerto Rico ha enfrentado sequías significativas desde 1950.[[Los municipios más propensos a la sequía en Puerto Rico son principalmente: Santa Isabel, Salinas, Juana Díaz, Guayama y Coamo (sur); Lajas, Cabo Rojo, Sabana Grande y Guánica (suroeste); Moca e Isabela (noroeste); y Las Piedras y Juncos (interior este). ↩︎
    9.  El mapa de centros de datos indica que hay ocho centros de datos en Puerto Rico, ninguno de la magnitud de los que están desarrollando las grandes empresas tecnológicas en otros países. 
      https://www.datacentermap.com/puerto-rico/ ↩︎
    10. Consumer Reports es una organización estadounidense sin fines de lucro, fundada en 1936, dedicada a realizar pruebas, investigaciones y análisis independientes de productos y servicios. Su objetivo principal es ayudar a los consumidores a tomar decisiones de compra informadas, justas y seguras. ↩︎
    11. https://www.consumerreports.org/data-centers/ai-data-centers-impact-on-electric-bills-water-and-more-a1040338678/ ↩︎
    12. https://www.wsj.com/pro/sustainable-business/epa-wants-companies-to-reuse-water-to-cool-data-centers-1893b6ad ↩︎
    13. https://unu-edu.translate.goog/inweh/collection/environmental-cost-of-AIs-Enrgy-Use-Carbon-water-and-land-footprints?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc ↩︎

  • El acuerdo marco Líbano-Israel, una capitulación ante múltiples amenazas.

    El acuerdo marco Líbano-Israel, una capitulación ante múltiples amenazas.

    Tras el frágil memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, el 26 de junio de 2026 los gobiernos libanés e israelí firmaron, con el patrocinio de Estados Unidos, un «acuerdo marco». Además de representar una capitulación ante los intereses políticos estadounidenses e israelíes, este «acuerdo», en su conclusión, amenaza con convertir al Estado libanés en un subcontratista de seguridad de Tel Aviv y, por lo tanto, profundizar las tensiones políticas y sectarias en el país.

    La sumisión del Estado libanés

    El acuerdo marco entre Beirut y Tel Aviv surge de negociaciones directas entre ambos gobiernos, bajo el patrocinio de Washington. Criticados por entablar negociaciones directas con funcionarios israelíes, percibidas como una concesión gratuita y sin una estrategia real para obtener una contraprestación por parte de Israel, los funcionarios libaneses justificaron esta decisión como la única forma de detener la guerra israelí contra el Líbano. Sin embargo, esto dista mucho de ser cierto, ya que el ejército israelí continúa su ocupación y sus acciones militares en el Líbano, violando por completo el alto el fuego, con víctimas mortales, heridos y destrucción.

    Además de tener como objetivo “una paz completa y duradera que brinde seguridad, estabilidad y prosperidad a los pueblos de Israel y Líbano”, el contenido del acuerdo marco y su anexo de seguridad —mencionado tres veces en el texto— se centra en el desarme de Hezbolá. Asimismo, las acciones militares del ejército de ocupación israelí en Líbano se describen como resultado “exclusivamente de ataques, amenazas e intenciones hostiles provenientes de grupos armados no estatales, en particular Hezbolá”, en total contradicción con la dinámica histórica de las repetidas guerras de Tel Aviv contra Líbano y las ocupaciones de territorio libanés con destrucción generalizada.

    En este sentido, se afirma que el “despliegue gradual” del ejército de ocupación israelí del sur del Líbano depende del “desarme de Hezbolá y de todos los demás grupos armados no estatales” por parte del ejército libanés. El anexo de seguridad también enumera el mecanismo para las denominadas “zonas piloto” al sur del río Litani, donde el ejército libanés sustituirá gradualmente al ejército de ocupación israelí1.  [En este contexto, se prevé que los gobiernos israelí y libanés establezcan “un grupo de coordinación militar, con el apoyo y la participación de Estados Unidos, para garantizar la plena aplicación de este Marco”2.  

    En este contexto, no existe un plazo para la retirada de las fuerzas de ocupación israelíes de los territorios libaneses ocupados, dejando al gobierno israelí la facultad de evaluar, según sus propios criterios, si Hezbolá —o cualquier otro grupo armado no estatal en el Líbano— constituye una amenaza que deba ser erradicada en la zona elegida. Además, durante una gira por una «zona de seguridad» delimitada por la «línea amarilla» y equivalente a más de 600 km² ocupada en el sur del Líbano, que se extiende hasta diez kilómetros de profundidad en el territorio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó ante sus tropas que «no abandonaremos el sur del Líbano hasta que se elimine la amenaza. Mientras Hezbolá, armado, esté presente y nos amenace, nos quedaremos»3.  El día anterior, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también había recalcado que las fuerzas de ocupación israelíes no se retirarían «ni un milímetro» del sur del Líbano hasta que Hezbolá entregara sus armas. Añadió que no creía que el ejército libanés “se convertiría repentinamente en leones que cargan contra Hezbolá”, y que la ocupación israelí del sur sería “por lo tanto a largo plazo”, y que las aldeas “chiíes” en la franja fronteriza “deben desaparecer”4.  

    Anteriormente, el 15 de junio, el mismo ministro había declarado, tras el anuncio de que Estados Unidos e Irán habían alcanzado un alto el fuego que abarcaba el Líbano, que las fuerzas de ocupación israelíes permanecerían “en las zonas seguras del Líbano, Siria y Gaza por un período indefinido” y que estas áreas serían “desocupadas y que toda la infraestructura terrorista […] incluidas las casas de las aldeas en la línea de contacto que se utilizaban como bastiones terroristas, serían destruidas”5

    Además, cualquier proceso de reconstrucción futuro en el Líbano debe llevarse a cabo bajo el control total del Estado libanés y, sobre todo, tener como objetivo impedir el desembolso de fondos a cualquier entidad, organización o persona afiliada a grupos armados no estatales, así como adoptar las medidas legales disponibles para prohibir las actividades de cualquier entidad, organización o persona de ese tipo. Esta disposición evidencia la voluntad de continuar los ataques contra organizaciones civiles vinculadas a Hezbolá, como la institución Qard al-Hassan u otras como la constructora del partido Jihad al-Binaa , y va mucho más allá del componente militar. Asimismo, el 30 de junio, los Estados miembros del Centro para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (TFTC), fundado en 2017 e integrado por Estados Unidos y los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Omán, Catar y Kuwait), anunciaron una serie de sanciones dirigidas a varias infraestructuras clave de Hezbolá. como al-Qard al-Hassan y Bayt al-Mal (que ya estaban bajo sanciones estadounidenses desde 2007 y 2006 respectivamente)6. Nuevamente, como sucedió después de la guerra israelí de 2024 contra el Líbano, un posible proceso de reconstrucción futura y una afluencia de ayuda financiera al Líbano están vinculados al desarme de Hezbolá y la normalización con Israel.

    Finalmente, el acuerdo estipula que ambas partes “se comprometen a adoptar medidas de buena fe que demuestren una intención positiva, incluyendo el cese de cualquier acción hostil o perjudicial dentro de los organismos políticos o jurídicos internacionales”. En otras palabras, equivale a la renuncia del Estado libanés —pero no de sus ciudadanos o asociaciones— a demandar al gobierno israelí por los crímenes de guerra cometidos en el Líbano, que costaron la vida a miles de civiles entre las guerras de 2024 y 2026 (más de 4.000 muertos en la guerra de 2024 y, desde principios de marzo de 2026, más de 4.200 personas han muerto y más de un millón se han visto obligadas a abandonar sus hogares), y han causado la destrucción de decenas de miles de viviendas y decenas de localidades. Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Nacional de Investigación Científica (CNRS) publicado en junio de 2026, el sur del Líbano ha sufrido daños estimados en más de 1.000 millones de dólares hasta el 29 de abril de 2026, con más de 11.000 edificios totalmente destruidos por un costo total de aproximadamente 1.380 millones de dólares.12 Mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha publicado una evaluación de los daños a los edificios en Beirut y el Monte Líbano, que abarca el período del 1 de febrero al 14 de abril de 2026, que asciende a 146 edificios destruidos y 264 parcialmente dañados, con un costo estimado de 365 millones de dólares.13 Esto se suma a las múltiples destrucciones de la guerra de 2024, estimadas en más de 7.000 millones de dólares en daños directos, sin incluir las pérdidas económicas estimadas en 13.000 millones de dólares.

    El objetivo de este acuerdo marco es claro: garantizar que el ejército libanés, bajo el liderazgo de su gobierno, lidere el desarme de Hezbolá y margine al partido libanés en cualquier proceso de reconstrucción futuro, todo ello en beneficio de los intereses políticos y de seguridad de Estados Unidos e Israel.

    Sumisión a los intereses estadounidenses e israelíes

    El contenido del acuerdo marco refleja la profundización de la orientación política de una facción de la clase dirigente libanesa, representada por el presidente Joseph Aoun, su primer ministro Nawaf Salam y algunos otros partidos de la derecha maronita tradicional, a favor de la normalización de relaciones con el Estado de Israel. Entre ellos, las Fuerzas Libanesas y Kataeb . Esta orientación consiste en aliarse con potencias occidentales y regionales para consolidar su poder y reducir la influencia de Hezbolá y su aliado iraní en el Líbano, buscando desarmarlo, combatir sus circuitos y redes financieras informales e incluso debilitar su red de organizaciones civiles.

    Apoyando esta orientación, el jefe de las Fuerzas Libanesas (FL), Samir Geagea, aclamó “la iniciativa política más importante del Estado libanés en medio siglo”, considerando que el acuerdo permitirá la retirada israelí del sur y “eliminará la existencia de organizaciones armadas fuera del Estado, principalmente Hezbolá”7

    La orientación política de esta facción de la clase dirigente libanesa, encabezada por el presidente y el primer ministro, se fortaleció tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la reciente guerra israelí contra el Líbano, con la esperanza, en particular, de debilitar a estos dos actores o incluso de lograr una derrota para Teherán. Sin embargo, la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán ha frustrado estas esperanzas. Este protocolo estipulaba, entre otras cosas, el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, entre ambos países y sus aliados, así como la creación de una célula de desescalada para consolidar el llamado alto el fuego en el país.

    En lugar de buscar una posible coordinación táctica y temporal con Irán y otros estados de la región, como Qatar, Arabia Saudita, Pakistán y Turquía, para fortalecer la posición libanesa en sus negociaciones con Israel bajo el patrocinio del gobierno estadounidense, el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, y la inclusión del Líbano en él, fueron percibidos como una amenaza por el presidente y el primer ministro libaneses, en su afán por consolidar su poder frente a Hezbolá y su aliado iraní. Durante la última guerra israelí contra el Líbano y las negociaciones entre ambos actores, el gobierno libanés se ha esforzado por romper todo vínculo con las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

    En efecto, esta facción de la clase dirigente libanesa prefirió apostar por un acuerdo político y de seguridad con Israel, patrocinado por Estados Unidos, que buscaba desarmar a Hezbolá sin contrapartes ni garantías israelíes reales, salvo meras declaraciones simbólicas sobre la soberanía libanesa. Todo ello para impedir que Irán incluyera a Líbano en estas negociaciones, con el objetivo de proteger a su principal aliado y agente de influencia en el país, Hezbolá, incluso sin tener en cuenta los derechos del Estado libanés y su soberanía, como se explicó anteriormente. Aprovechando esta situación, Estados Unidos presionó a las autoridades libanesas para obtener aún más concesiones para su aliado israelí y para servir a sus intereses políticos.

    Así, si bien desde que asumieron el cargo en enero de 2025 afirmaron querer lograr y garantizar la “soberanía” del Líbano, y a pesar de las limitaciones para alcanzar tal objetivo¹⁶, el presidente libanés y sus aliados gobernantes han reforzado su dependencia política de Estados Unidos. Cabe mencionar que esta estrategia ignora el hecho de que Washington no es un intermediario neutral entre el Líbano e Israel, sino todo lo contrario. Las ocupaciones y guerras del ejército de ocupación israelí contra el Líbano solo son posibles con el apoyo de Washington, al igual que el genocidio que se está produciendo en la Franja de Gaza. El gobierno estadounidense, por ejemplo, no presionó a Israel durante el anterior alto el fuego en noviembre de 2024. El ejército de ocupación israelí ha continuado con ataques casi diarios contra el Líbano, que han provocado cientos de muertos, decenas de secuestros, miles de heridos y más de 15 000 violaciones del alto el fuego por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, tanto por tierra como por mar. Además, Tel Aviv, con el apoyo de Estados Unidos, ha bloqueado cualquier reconstrucción en el sur, incluyendo la de varias aldeas fronterizas arrasadas.

    Es más, ocurre lo contrario: fue el presidente de Estados Unidos quien impuso el alto el fuego con Irán, por frágil que fuera, y la reducción de la violencia israelí en Líbano, a la que Netanyahu tuvo que someterse, no sin reticencia. Esto se refleja en las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien lamentó el «vínculo establecido entre los frentes libanés e iraní por Trump», tras el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos anunciado a mediados de junio y firmado el 17 de junio, que prevé en su primer artículo un alto el fuego en Líbano. Añadió que «cuando el presidente Trump vinculó los asuntos iraní y libanés, dejamos de destruir edificios en Beirut. El vínculo entre ambos frentes responde a un interés estadounidense y es una de las limitaciones de nuestra alianza con Estados Unidos»8.  

    Además, el gobierno libanés enfrenta numerosos obstáculos y desafíos para implementar los puntos del acuerdo marco. Más allá de las limitaciones de las capacidades e infraestructura del ejército libanés, muchos oficiales militares no ven con buenos ojos este acuerdo ni el proceso de desarme de Hezbolá en las actuales condiciones políticas, caracterizadas por las guerras y ocupaciones en curso contra el Líbano. El ejército libanés no se ha librado de los bombardeos y ataques del ejército de ocupación israelí, que han causado la muerte de algunos de sus miembros. Asimismo, un proceso de este tipo contra Hezbolá pondría en riesgo la unidad del ejército, compuesto por más de un tercio de chiítas, y generaría tensiones sectarias y violencia en el país. Su comandante en jefe, Rodolphe Haykal, ya se ha manifestado en el pasado oponiéndose al uso de la fuerza contra Hezbolá, temiendo un baño de sangre y la división del ejército.

    De igual modo, para que un acuerdo de este tipo se convirtiera en un verdadero acuerdo de paz, como se menciona en el texto, requeriría la aprobación del parlamento, lo que encontraría la oposición de Hezbolá y Amal, pero probablemente también la de otros grupos preocupados por las importantes concesiones hechas a Israel. De hecho, este acuerdo marco también encuentra oposición dentro de la sociedad libanesa, más allá de Hezbolá y su aliado Amal.

    La oposición al acuerdo va más allá de Hezbolá.

    Hezbolá denunció el acuerdo, calificándolo de «grave error», y su secretario general, Naim Kassem, consideró «extremadamente peligrosa» la condición del desarme completo del partido en todo el territorio libanés antes de cualquier retirada israelí del Líbano. «Traspasa todas las líneas rojas y convierte al Líbano en un títere en manos del enemigo israelí». Añadió que este acuerdo era «nulo y sin efecto»9. El vicepresidente del Buró Político de Hezbolá, Mahmoud Comati, aseguró que el partido «no permitirá su implementación» y que lo combatirá «por todos los medios y métodos posibles»10

    El presidente del Parlamento libanés y líder del movimiento Amal, Nabih Berry, afirmó que el acuerdo entre Líbano e Israel era «contradictorio e imposible de implementar» porque, en su opinión, era contrario a toda lógica y estaba desfasado con las posiciones árabes e internacionales, además de no cumplir ninguna de las condiciones necesarias para su éxito o implementación11.  Añadió que «lo principal ahora es restablecer la unidad del frente interno y alcanzar un consenso entre los libaneses para impedir que Israel logre sus objetivos, ya sea mediante la guerra, la división o la confrontación interna».

    Ambas partes acogieron con satisfacción el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, así como el alto el fuego logrado por Irán en Líbano, que, si bien redujo la intensidad de los ataques de Tel Aviv, fue violado con frecuencia por el ejército de ocupación israelí en el sur del país. Los representantes de Hezbolá insisten en que Teherán tiene «instrumentos de presión» sobre Washington, lo que a su vez podría presionar a Israel para que se retire de Líbano.

    Sin embargo, el acuerdo no solo cuenta con la oposición de Hezbolá y su aliado Amal, sino también de otros sectores políticos libaneses. El líder druso y exlíder del PSP, Walid Jumblatt, calificó el acuerdo de «una capitulación ante Israel» y lamentó la «omisión total» del armisticio de 1949 entre Líbano e Israel en el texto del acuerdo marco, así como el uso del término «ocupación». Concluyó haciendo un llamamiento a la formación de «un frente de oposición política a este acuerdo»12
    No obstante, días después matizó estas declaraciones al afirmar: «No vamos a formar parte de una coalición política para derrocar el texto. Tampoco lo vamos a apoyar»13. Otros actores políticos ya han expresado críticas al acuerdo, como el Movimiento Patriótico Libre –y su líder Gebran Bassil ya ha hablado con Nabih Berri–, el partido armenio Tashnag y diputados de la comunidad sunita, incluidos familiares del ex primer ministro Saad Hariri y otros identificados con las protestas populares de 2019.

    La facción de la clase dirigente libanesa que se opone a este acuerdo marco espera contar con el apoyo de varios actores regionales, como el Reino de Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Turquía, quienes no desean una extensión de la hegemonía estadounidense, basada principalmente en la alianza con Israel y los Emiratos Árabes Unidos, en el Líbano y en otras partes de la región, en detrimento de sus intereses. Algunos de estos países desempeñaron un papel significativo en las negociaciones para la firma del memorando de entendimiento, o lo apoyaron, porque sus líderes comprendieron que una derrota total de Irán y un fortalecimiento de la influencia israelí en la región no convenían a sus intereses. Estos líderes, que también son aliados cercanos de Estados Unidos y no buscan desafiar la hegemonía estadounidense en la región ni oponerse a una normalización regional del Estado de Israel, con el que mantienen relaciones oficiales o no oficiales, perciben las políticas bélicas y expansionistas de Israel como una fuente de inestabilidad y una amenaza para sus propios intereses nacionales e influencia regional. Ante la falta de comunicación sobre el tema, la postura de Arabia Saudita respecto al acuerdo marco y su intención de abordarlo siguen sin estar claras, a diferencia de la de los Emiratos Árabes Unidos, que lo han acogido con beneplácito. Asimismo, el Consejo de Cooperación del Golfo, del que Riad es el actor más importante, emitió un comunicado el día anterior a la firma del acuerdo, en el que celebraba la continuación de las negociaciones entre Beirut y Tel Aviv y la posibilidad de un acuerdo de paz.

    Por su parte, el Partido Comunista Libanés declaró en un comunicado titulado «Uniendo esfuerzos para derrocar el vergonzoso acuerdo libanés-israelí» que «el acuerdo firmado en Washington entre la delegación del gobierno libanés e Israel constituye un peligroso precedente de sumisión y capitulación, dadas las importantes concesiones realizadas por la delegación libanesa. Este acuerdo, en la práctica, avala la continuación de la ocupación sionista de gran parte del sur del Líbano, sin mencionar una retirada ni siquiera un calendario». Además, el partido añade que el acuerdo marco «transforma al enemigo sionista en un aliado con el que cooperar, y a Hezbolá en un enemigo al que atacar», lo que podría conducir a «un conflicto interno inaceptable que solo beneficia los intereses del enemigo sionista»14

    Discordia interna

    Tras la firma del acuerdo marco, se manifestaron algunas tensiones políticas, como una modesta protesta en Beirut por parte de simpatizantes de Hezbolá y Amal que rechazaban el acuerdo, o la quema en la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Beirut de carteles que apoyaban la postura del gobierno, con los lemas «Líbano Primero» y «Líbano nos une», sobre una bandera libanesa de fondo rojo, que habían sustituido a los carteles de agradecimiento a Irán. Estas tensiones se ven agravadas por las acumuladas durante la última guerra, especialmente entre la población chiíta contra el gobierno libanés.

    En los días siguientes, las distintas facciones de la clase dirigente libanesa hicieron un llamamiento para que no se pusiera en peligro la paz civil en el Líbano. Nawaf Salam y Nabih Berry reafirmaron su rechazo a «cualquier forma de discordia» entre los libaneses y a cualquier «intento de división nacional».

    Estas declaraciones fueron seguidas por las del vicepresidente del buró político de Hezbolá, Mahmoud Comati, quien consideró que el acuerdo no “justificaba” una movilización en las calles por parte de los simpatizantes de Hezbolá. Añadió además que el partido no preveía, “en un futuro próximo”, la dimisión de sus dos ministros del gobierno de Nawaf Salam. Según él, esta decisión busca preservar “un hilo conductor” de comunicación y demostrar que Hezbolá “no desea una ruptura ni una separación total”15.  

    Sin embargo, estos llamamientos no pueden ocultar las persistentes tensiones en el país que podrían estallar en el futuro. El vicepresidente del buró político de Hezbolá, Comati, advirtió: «Seguimos dándoles una oportunidad e intentando que reconsideren su error… Si persisten en este camino, como parece ser el caso, y si quieren llevar al país hacia la discordia, la destrucción y la inestabilidad, sabemos cómo afrontarlo», sin dar más detalles16.

    Esta tensión política y sectaria en el país, por supuesto, sirve a los intereses de Israel, que tiene una larga historia de explotar estas tensiones y no le importaría que estallaran enfrentamientos sectarios.

    Conclusión

    Muchos políticos libaneses mencionaron que este acuerdo marco les recordaba al acuerdo del 17 de mayo de 1983, firmado entre el gobierno libanés presidido por Amine Gemayel e Israel, que supuestamente pondría fin oficialmente al estado de beligerancia entre ambos países tras la invasión israelí del Líbano en 1982, y sobre todo, que afianzaría al Líbano en el bando proestadounidense e israelí. Sin embargo, este acuerdo nunca se implementó y fue cancelado en febrero de 1984, cuando la ocupación israelí aún no había terminado.

    Pero, aún más peligroso, el contenido de este acuerdo marco recuerda en muchos sentidos la relación que rige al Estado israelí, responsable de genocidio, y a la Autoridad Palestina (AP). Tras los Acuerdos de Oslo de 1993, la AP actuó gradualmente como una especie de policía al servicio de Washington y Tel Aviv. Así, en lugar de conducir a la liberación palestina, este acuerdo representó una verdadera capitulación y avaló el colonialismo israelí en la Palestina histórica, traicionando el derecho de los refugiados palestinos a regresar a su tierra. Por otro lado, esto ha permitido a las autoridades de ocupación mantener el control sobre la totalidad de los Territorios Palestinos Ocupados y desarrollar asentamientos. Además, las divisiones palestinas están vinculadas, en particular, a las consecuencias de los Acuerdos de Oslo y las políticas de la AP.

    Con cada avance de las políticas coloniales expansionistas israelíes, apoyadas por Estados Unidos y otras potencias occidentales, Tel Aviv intensifica su violencia asesina contra las poblaciones regionales y extiende su ocupación de los territorios palestinos libaneses y sirios, acompañada de políticas de limpieza étnica que transforman sus territorios en «tierra de nadie». Por ejemplo, poco después de la firma del acuerdo marco libanés-israelí, Tel Aviv intensificó sus ataques en el sur de Siria, específicamente en la provincia de Daraa y la cuenca del Yarmuk, mediante operaciones de incursión y la expansión de su ocupación del territorio sirio. En Gaza, el genocidio continúa y las fuerzas de ocupación israelíes han extendido su ocupación dentro del territorio palestino, del 53% al 60% a finales de mayo, tras la llamada tregua alcanzada en octubre de 2025, mientras que en el resto del territorio, el 90% de los habitantes vive en campamentos de desplazados internos superpoblados y en condiciones de extrema pobreza. El 28 de mayo de 2026, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró haber ordenado al ejército de ocupación israelí que tomara el control del 70% del enclave. Al día siguiente, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmó que Israel estaba dispuesto a establecer tres asentamientos en el norte de Gaza y que debía tomar el control del resto de la Franja. Todo esto ocurre con total impunidad, amparada por Estados Unidos y las principales potencias occidentales.

    En conclusión, ni en Líbano, ni en Palestina, ni en Siria, ni en Irán, ni en ningún otro lugar, Estados Unidos y su aliado israelí buscan la democracia ni el bienestar de la población local. Su objetivo es imponer, principalmente mediante la violencia, un orden regional dominado por Washington y Tel Aviv.

    Nota de Joseph Daher publicada en International Viewpoint – 1 de julio de 2026

    1. Es interesante observar que la mayoría de las “zonas piloto” de las que se retirará el ejército de ocupación israelí nunca han sido conquistadas. Asimismo, según el Canal 11 de Israel y otros medios de comunicación, la retirada de las tropas de ocupación israelíes de dos “zonas piloto” en el sur del Líbano, prevista en el acuerdo marco, se pospondría hasta que se alcanzara un acuerdo sobre un “mecanismo de supervisión conjunta” para los ejércitos libanés e israelí. ↩︎
    2.  Este grupo de coordinación militar será responsable de garantizar el funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para gestionar la resolución de conflictos, la verificación y la implementación general del marco. Se espera que esto reemplace al comité de supervisión, creado después del acuerdo de alto el fuego del 27 de noviembre de 2024, para “fortalecer la cooperación” entre Líbano e Israel “que operará conjuntamente, presumiblemente dentro de un centro de mando conjunto virtual, bajo la coordinación estadounidense”. Además, y a diferencia del “Mecanismo” de 2024, esta comisión de supervisión también será responsable de coordinar el desmantelamiento de la infraestructura de Hezbolá, y ya no solo informar sobre violaciones del alto el fuego. “Le retrait des zones pilotes retardé jusqu’à la mise en place d’un nouveau mécanisme de supervision, selon un média israélien”, 29 de junio de 2026, 
      L’Orient le Jour . ↩︎
    3. Tan solo tres días después del anuncio del alto el fuego el 17 de abril de 2026, el ejército de ocupación israelí publicó un nuevo mapa que mostraba un área ampliada que cubría el 6% del territorio libanés, designada como una “línea de defensa avanzada”, y pidió a la población que no regresara a una larga lista de pueblos ubicados en el interior, localidades donde vivían decenas de miles de personas. ↩︎
    4. “Katz: Israel restera au Liban-Sud jusqu’au désarmement du Hezbollah, les villages frontaliers “devaient disparaître”, 29 de junio de 2026, 
      L’Orient le Jour . ↩︎
    5. «Liban. Israel intensifie son recours aux ordres illégaux d’évacuation Massive et se rend responsable de transfert illégal depoblation, un crime de guerre», Amnistía Internacional, 17 de junio de 2026. ↩︎
    6. El comunicado agregó que “estas medidas coordinadas subrayan el compromiso compartido de los miembros de TFTC para interrumpir la capacidad de Hezbolá de explotar el sistema financiero internacional. Todas las personas y entidades señaladas hoy ya habían sido designadas por los Estados Unidos”. “Sanciones: varias infraestructuras clave de Hezbolá destruidas por los Estados Unidos y los países del Golfo, 30 de junio de 2026”, 
      L’Orient le Jour . ↩︎
    7. “C’est la discorde!, Grave error, Réussite: réactions diamétralement opposées autour de l’accord-cadre entre le Liban et Israël”, 27 de junio de 2026, 
      L’Orient le Jour . ↩︎
    8. “Katz: Israel restera au Liban-Sud jusqu’au désarmement du Hezbollah, les villages frontaliers “devaient disparaître”” 29 de junio de 2026, 
      L’Orient le Jour. ↩︎
    9. “Naïm Kassem rejette l’accord Liban–Israël et le proclame “nul et non avenu””, 
      L’Orient le Jour , 27 de junio de 2026. ↩︎
    10. “Accord-cadre: le Hezbollah ne prévoit pas à ce stade de contestation populaire; Salam et Berry rejettent “toute forme de discorde””, 
      L’Orient le Jour , 29 de junio de 2026. ↩︎
    11. “Nabih Berry à L’OLJ: L’accord entre le Liban et Israël ne passera pas”, Mounir Rabih, L’Orient le jour 28 de junio de 2026. ↩︎
    12. “Guerre au Liban: L’accord est une capitulation face à Israël, lamenta Walid Joumblatt, chef historique de la communauté druze”, Pierre Barbancey, 
      l’Humanité , 28 de junio de 2026. ↩︎
    13. “Joumblatt à L’OLJ: Je ne ferai pas partie d’une coalición pour faire tomber l’accord-cadre entre le Liban et Israël”, Yara Abi Akl, 2 de julio de 2026, 
      L’Orient le Jour . ↩︎
    14. “Unir les choses pour faire tomber l’accord honteux libano-israélien”, Partido Comunista Libanés, 29 de junio de 2026. ↩︎
    15.  “Accord-cadre: le Hezbollah ne prévoit pas à ce stade de contestation populaire; Salam et Berry rejettent “toute forme de discorde””, L’Orient le Jour , 29 de junio de 2026. ↩︎
    16. ibíd. ↩︎

  • Jorgelina Matusevicius: “Necesitamos revitalizar los movimientos populares superando y ampliando los límites de la política institucional”

    Jorgelina Matusevicius: “Necesitamos revitalizar los movimientos populares superando y ampliando los límites de la política institucional”

    Desde Punto de Vista Internacional venimos publicando parte de las disertaciones y ponencias que se llevaron a cabo durante la I Conferencia Internacional Antifascista realizada en Porto Alegre durante marzo. 

    En esta oportunidad, y como parte del panel inaugural “Ofensiva de la ultraderecha en el mundo, causas, consecuencias y desafíos”, presentamos la intervención de Jorgelina Matusevicius, integrante de Marabunta y miembro de la IV Internacional. 

    Jorgelina Matusevicius durante la I Conferencia Internacional Antifascista.


    Darnos la bienvenida al panel y a estos días de deliberación, intercambio y encuentro con la enorme tarea de derrotar a la extrema derecha en el mundo.

    Y lo hacemos en un contexto de incertidumbre e inestabilidad. Parece que las reglas del juego están cambiando y las claves para la intervención política tienen más que ver con los códigos de la guerra.

    Recuerdo que Warren Buffet, un conocido empresario de las finanzas y uno de los hombres más ricos del mundo decía: «Hay una guerra de clases, pero es mi clase la clase rica, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando»

    Bueno, esta Conferencia, estos debates, estos encuentros nos tienen que servir para empezar a cambiar esta historia, dejar de perder. Pertrecharse con las armas de la crítica y acumular fuerza para las batallas que tenemos por delante. Pero sobre todo asumiendo esa disputa, esa guerra, que tiene de fondo un antagonismo de clase.

    Hacia fines de los 90 combatíamos contra el neoliberalismo en ascenso, hoy lo hacemos contra su versión decadente que pone en riesgo la reproducción de la vida misma. Por eso, si en Porto Alegre en 2001 decíamos que otro mundo es posible hoy decimos que, además de posible, es urgente si queremos evitar la crueldad como política, la barbarie como horizonte y la deshumanización como proyecto

    Y buscan derrotarnos

    Empiezo con esta mención a la frase de Buffet porque lo que mejor caracteriza a las extremas derechas en sus diferentes variantes es que nos declararon la guerra.

    Desde la ofensiva imperialista en América Latina con los bombardeos del caribe, la intervención en Venezuela, el asedio a Cuba, hasta las intervenciones en procesos electorales como en Argentina y la doctrina Donroe.

    Guerra y genocidio para apropiarse de bienes comunes y controlar rutas y flujos comerciales. Y guerra, también contra el pueblo desmontando conquistas históricas, atacando los sistemas de salud y educación públicas, realizando verdaderas contrarreformas laborales y previsionales. Todo esto acompañado de un aumento en la represión abierta, como la que se descarga contra la población migrante en EEUU con las políticas criminales del ICE y también contra pueblos originarios en nuestra región y en general al pueblo que se moviliza de la mano de la criminalización de la protesta.

    Lo que buscan es quebrar nuestra capacidad de organización, y generar un disciplinamiento social generalizado, buscan que nos resignemos, que ni nos atrevamos a pensar otra realidad, que aceptemos esta vida como la única posible.

    Pero, ¿cuáles son las causas de este ataque? No son desquiciados, ni loquitos, son las formas políticas que necesita el capitalismo en este tiempo histórico.  Buscan romper las reglas que, según ellos, impiden la expansión del capital y el crecimiento de las ganancias empresarias. Porque la guerra, en definitiva, es para eso, la guerra rompe las reglas del juego político, para hacer otras reglas.

    Es decir, que ante la crisis de la globalización, y que a nivel mundial no se verifica un nuevo ciclo de expansión que recupere los niveles previos a la crisis del 2008; estamos transitando un proceso de reestructuración del capitalismo a nivel mundial y estas ultraderechas son ensayos para esa reestructuración, que tiene por objetivos:

    • Disputar en el terreno geopolítico los espacios para la acumulación de capital y en ese sentido frenar el ascenso económico de China y su influencia en el mercado mundial.
    • Desmontar derechos de trabajadorxs para disciplinarles agravando la explotación
    • Profundizar el saqueo extractivista y el modelo de acumulación por despojo
    • Romper con los consensos democráticos y en muchos casos con la propia institucionalidad de la democracia representativa en formatos de gobierno autoritarios
    • Generar una contraofensiva patriarcal ante las conquistas del feminismo para seguir utilizando nuestros cuerpos, y nuestro trabajo no remunerado de reproducción.

    Pero su fortaleza en parte tiene que ver con nuestras propias debilidades, con la crisis de alternativa, con la ausencia de otro modelo de sociedad posible.

    Y eso nos lleva a mirar algunos límites que se plantearon en las experiencias de los proyectos políticos antineoliberales que llegaron al gobierno. Entendiendo que se trata de experiencias muy diferentes entre sí, quería señalar cuatro aspectos:

    1. En relación al mundo del trabajo se registró una continuidad con las diferentes formas de precarización laboral que se abrieron paso con las reformas neoliberales. Del mismo modo persistieron algunos trazos estructurales de las reformas en educación y en materia de salud que favorecían procesos de remercantilización.
    2. En materia de modelo económico creció una lógica extractivista, para hacerse de recursos provenientes de commodities lo que generó una apertura mayor y un avance de las inversiones del agronegocio, la megaminería, el fracking
    3. Al incorporar algunas demandas de los movimientos populares, se generó un proceso de institucionalización que les restó potencia transformadora. La apuesta al diálogo con los movimientos en lucha se tradujo, en ocasiones, en una instrumentalización de su capacidad de movilización y una subordinación a la lógica estatal, que terminó generando una pasivización de esos movimientos
    4. Por último, en ocasiones, la apuesta a la pequeña política, a la política restringida a la esfera estatal supuso una gestión de la crisis capitalista lo que se tradujo en permanentes concesiones a las derechas, lo que, por su parte, implicó una pérdida de radicalidad de los proyectos de transformación y un retroceso en el terreno de la batalla cultural.

    Y menciono estos límites porque a su vez tuvieron impacto en la subjetividad y en los procesos de politización de los sectores populares y de algún modo brindaron base material para el avance de las derechas.

    Entonces, ¿qué desafíos tenemos por delante?

    Encuentros como estos nos tienen que permitir generar la mayor unidad para enfrentar la ofensiva de las ultraderechas.

    Construir canales de debate y deliberación sobre la base de una cultura del debate respetuoso y fraterno, ubicando acuerdos, tensiones y divergencias para actuar sobre aquellos puntos en común. Si el fascismo está organizado internacionalmente es necesario generar nuestros espacios para coordinar acciones y estructurar una resistencia a nivel global.

    Construir acciones de lucha unitarias en cada país, como lo hacen en EEUU contra las políticas del ICE, como en Bolivia, como venimos de hacerlo en Argentina en el 50 aniversario del golpe militar, denunciando los ataques a los derechos humanos de ayer y de hoy y donde gritamos que son 30000 desaparecidos, que no olvidamos, que no perdonamos que no nos reconciliamos y que seguimos exigiendo “Memoria, Verdad y Justicia”.

    Unidad también en la solidaridad internacionalista, como lo hicimos con la denuncia del genocidio en Palestina, como lo hicimos con las movilizaciones contra la ofensiva imperialista de Trump en América Latina y abrazando a Cuba contra el bloqueo, buscando trascender las declaraciones y llevando solidaridad efectiva, de ahí la importancia de asegurar apoyo material, para romper el asedio.

    Refundar un proyecto político superando límites de las experiencias pasadas.

    En nuestra mirada existen algunas pistas en las luchas del presente y está ligado al subtítulo de esta Conferencia “POR LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS”

    Soberanía es recuperar la capacidad de decidir sobre nuestra tierra, sobre nuestros cuerpos y sobre cómo queremos cuidar la vida

    Como lo hace la comunidad de Minnesota luchando contra las políticas del ICE, organizándose para proteger a la población migrante.

    Como lo hacen las comunidades originarias acá en Brasil, protegiendo los ríos contra la explotación privada de empresas como Cargill.

    Como hacemos en nuestro país organizando coordinadoras regionales para luchar contra la reforma laboral y apoyando a los trabajadores contra el cierre de empresas como en la fábrica de neumáticos FATE.

    Y también como nos muestran los trabajadores y trabajadoras campesinas, ocupando tierras y mostrando que se puede producir para la vida y no para el agronegocio, disputando soberanía alimentaria.

    El pueblo puede decidir cuando se moviliza, cuando se organiza con sus propias herramientas y en sus propios organismos, cuando construye su propio poder.

    Necesitamos revitalizar los movimientos populares superando y ampliando los límites de la política institucional, fortalecer espacios de autoactividad de masas que generen comunidad, generen colectivo.

    Si la derecha busca derrotarnos, busca, disciplinarnos, para que aceptemos pasivamente esta barbarie capitalista, hagamos uso del legítimo derecho de desobediencia e insubordinación y recuperemos la esperanza de que es posible construir una sociedad socialista, transfeminista, construida democráticamente desde las bases.

    Muchas gracias!

    Movilización inaugural de la I Conferencia Internacional Antifascista de Porto Alegre.

  • Cuba: abandonada por sus posibles aliados

    Cuba: abandonada por sus posibles aliados

    El título está tomado del importante artículo de Josué Veloz Serrade1 publicado por la web cubana La Tizza titulado «Cuba en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita», escrito en marzo de 2026. Me lo envió Aurelio Tejeda desde La Habana. Al enviarme el artículo de Josué Veloz Serrade, al que no conocía, Aurelio escribía: «Es lo mejor que he leído en estos últimos meses». Esta valoración, viniendo de Aurelio, me convenció para leer el artículo.

    Aurelio Alonso Tejada, nacido en La Habana en 1939, es uno de los intelectuales marxistas y analistas sociales más destacados de Cuba desde la Revolución de 1959. Sociólogo, filósofo y ensayista marxista, es conocido por sus trabajos sobre el socialismo cubano, la religión, la geopolítica y las transformaciones de la sociedad cubana contemporánea. Lo conozco personalmente desde hace más de 30 años. A menudo ha expresado su opinión crítica sobre la situación en Cuba y en algunos momentos esto no ha sido bien recibido por las autoridades, pero siempre se ha mantenido fiel a su compromiso revolucionario y ha permanecido en Cuba, donde su valía es ampliamente reconocida. Aurelio es una de las figuras del pensamiento crítico cubano contemporáneo. Lo conocí al mismo tiempo que a Fernando Martínez Heredia (1939-2017)2 , Juan Valdés Paz (1938-2021), Rafael Hernández (1946-…) y Luis Suárez (1950-…).

    El artículo de Josué Veloz Serrade parte de una idea fundamental: la crisis actual que atraviesa Cuba, en particular la crisis energética, no es principalmente el resultado de fallos internos —aunque los haya—, sino la consecuencia de más de seis décadas de bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Según el autor, el objetivo de esta política no es solo sancionar al Gobierno cubano, sino provocar progresivamente una implosión económica y social con el fin de provocar un cambio de régimen. Cabría añadir que Washington busca una rendición como la que obtuvo de las autoridades de Venezuela en enero de 2026.

    Uno de los temas centrales del artículo es la crítica a lo que el autor denomina el «multilateralismo hipócrita». Considera que las grandes potencias que se presentan como defensoras de un mundo multipolar, en particular Rusia y China, se limitan a declaraciones de solidaridad. Condenan el bloqueo en los foros internacionales pero se niegan a adoptar medidas concretas lo suficientemente contundentes que permitan eludirlo, por ejemplo, suministrando más petróleo, creando mecanismos financieros alternativos realmente eficaces o garantizando la protección de los suministros destinados a la isla. Para el autor, esta actitud revela que buscan ante todo mejorar su posición dentro del orden mundial existente, en lugar de transformarlo.

    El propio autor destaca: «Cuba no solo enfrenta la hostilidad del imperio, sino el abandono silencioso de aquellos que, en teoría, debieran disputar el orden unipolar»

    El artículo también critica a los gobiernos progresistas de América Latina, en particular a los de Brasil y Colombia. Aunque manifiestan su apoyo a Cuba en el plano retórico, no estarían dispuestos a entablar una verdadera confrontación con la política estadounidense. El autor considera que esta cautela es un error estratégico, ya que el abandono de Cuba debilita, en realidad, al conjunto de las fuerzas que pretenden defender la soberanía de los países del Sur. El autor resume:

    Al permitir que un proyecto soberano sea destruido por el imperio sin consecuencias, envían un mensaje a sus propias poblaciones y a otros actores secundarios: la solidaridad es un lujo que no podemos permitirnos; cuando llegue tu turno, estarás solo.

    Otra idea importante es el rechazo del mito de la autosuficiencia. Según el autor, ningún país del mundo es verdaderamente autosuficiente, ni siquiera Estados Unidos, China o Rusia. Exigir a Cuba que pueda desarrollarse de forma autónoma a pesar del bloqueo constituye, por tanto, una exigencia injusta y poco realista. Esta exigencia sirve sobre todo para trasladar la responsabilidad de la crisis a las autoridades cubanas y minimizar el papel de las sanciones.

    El autor también critica el discurso que presenta a Cuba como un Estado fallido. En su opinión, esta calificación invierte las causas y las consecuencias. Las dificultades económicas, la escasez y la emigración se interpretan como pruebas del fracaso del sistema cubano, cuando, según él, serían en gran medida el resultado de la agresión económica exterior. El relato del Estado fallido tendría así la función política de justificar el abandono de Cuba, o incluso de preparar el terreno para una futura intervención.

    Para respaldar su argumentación, el artículo establece varios paralelismos históricos. En particular, compara la situación de Cuba con la de la República Española, abandonada por las democracias occidentales frente al franquismo, mientras que Hitler y Mussolini intervinieron militarmente para asegurar la victoria de Franco. El artículo también hace referencia a las experiencias de Vietnam e Irán, que ilustrarían la capacidad de resistir agresiones externas. Estos ejemplos pretenden mostrar que el abandono de un país atacado puede tener consecuencias geopolíticas mucho más amplias que su mero destino nacional.

    Josué Veloz Serrade presenta a Cuba como un símbolo político. El autor considera que la isla representa la prueba de que es posible resistir durante décadas a la primera potencia mundial, al tiempo que se preservan importantes logros sociales, especialmente en los ámbitos de la sanidad, la educación y la cultura. Es precisamente esta capacidad de resistencia lo que convierte a Cuba en un ejemplo incómodo para el orden internacional dominante.

    El autor también analiza los cambios que se han producido en la diáspora cubana, especialmente en la de Miami. Según él, la comunidad cubana afincada en Estados Unidos ya no es la misma que la de los años sesenta. En aquella época, el exilio estaba compuesto en gran parte por miembros de las antiguas élites cubanas —terratenientes, empresarios, profesionales liberales y opositores políticos que habían abandonado la isla tras la Revolución de 1959—. Esta primera generación constituía el núcleo duro del anticastrismo y desempeñó un papel central en la constitución del poderoso lobby cubano-estadounidense favorable al mantenimiento del bloqueo.

    El autor afirma que, en la actualidad, la composición sociológica de la diáspora ha cambiado profundamente. La mayoría de los cubanos que viven en Estados Unidos serían ahora migrantes económicos llegados en las últimas décadas. Por lo general, han conservado vínculos familiares, afectivos y culturales muy estrechos con Cuba: padres, hijos, hermanos y hermanas siguen viviendo en la isla y muchos envían regularmente remesas a sus familias.

    A partir de esta evolución demográfica, Josué Veloz Serrade desarrolla una tesis política: en caso de una escalada importante o incluso de una hipotética intervención militar estadounidense contra Cuba, Washington ya no podría contar con el apoyo unánime de la comunidad cubano-estadounidense, como habría podido ser el caso en la década de 1960. Bombardear o atacar Cuba equivaldría, para muchos cubanoamericanos, a poner en peligro a sus propias familias, a sus seres queridos y a sus lugares de origen.

    El autor va incluso más allá al hablar de una especie de «quinta columna inversa»: mientras que antes Miami se percibía como una base de retaguardia de la oposición a la Revolución cubana, hoy podría convertirse, en determinadas circunstancias extremas, en un foco de contestación a la política estadounidense hacia Cuba. Los lazos afectivos y familiares prevalecerían entonces sobre las divisiones ideológicas.

    Por último, el artículo concluye con un llamamiento a la acción. Las declaraciones de solidaridad se consideran insuficientes. El autor pide que los Estados que afirman apoyar a Cuba adopten medidas concretas: suministro de petróleo, creación de mecanismos financieros alternativos, protección de los abastecimientos y presiones diplomáticas reales contra el bloqueo. También insta a los movimientos de solidaridad internacionales a ejercer presión sobre sus gobiernos para que el apoyo a Cuba deje de ser meramente simbólico y se convierta en una política efectiva.

    Comparto en gran medida el análisis y la opinión que expresa Josué Veloz Serrade. Añado las siguientes observaciones.

    1. El abandono de Cuba por parte de Rusia y China

    La actitud de Rusia y China es, efectivamente, tal y como la describe el autor. Las consecuencias de su inacción podrían ser dramáticas. La Rusia dirigida por Putin abandona a Cuba frente a Washington y se sirve de ello en las negociaciones con Trump para que este le deje el máximo margen de maniobra en Ucrania3 .

    Putin ha hecho lo mismo con Venezuela, Irán, el Líbano y el pueblo palestino. Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump ha conseguido que Vladimir Putin, más allá de las protestas verbales, no reaccione ante los actos de agresión y de guerra perpetrados por Washington contra aliados de Moscú, ya sea Venezuela o Irán, o incluso ante el bloqueo total de Cuba aplicado desde finales de enero de 2026. Trump ha dado un giro con respecto a la política adoptada durante su primer mandato, en el que situaba a China y a Rusia en el mismo plano, considerándolas adversarias que pretendían cuestionar el orden internacional dominado por Washington. Donald Trump envía a Putin el mensaje de que está dispuesto a aceptar que Moscú utilice y abuse de la fuerza en su entorno geográfico, especialmente en Ucrania, al igual que lo hace Washington en las Américas, en Oriente Próximo y en otros lugares. Trump reafirma su derecho a hacer uso de la fuerza en cualquier parte del mundo y reconoce, de hecho, el derecho de Putin a hacer lo mismo en un perímetro más limitado que corresponde a una parte del territorio del antiguo imperio ruso de la época de los zares y de la antigua Unión Soviética. Esto se ajusta a una lógica clásica de reparto implícito de las zonas de influencia entre las grandes potencias imperialistas. Putin ha señalado que el documento de estrategia internacional publicado por Trump en diciembre de 2025 coincide en gran medida con la visión de Moscú4. [Durante el largo discurso que pronunció en San Petersburgo a principios de junio de 2026 con motivo del Foro Económico Internacional ante una audiencia de personalidades internacionales (representantes de Estados y directivos de empresas), Putin no hizo ninguna referencia a Cuba, Irán, Venezuela ni Gaza5. Y solo mencionó una vez lo que denominó el «conflicto en Ucrania». La totalidad de su discurso confirma la crítica expresada por Josué Veloz.

    En cuanto a China, aunque Trump ha lanzado una ofensiva contra ella, decide no reaccionar y no acudir en ayuda de Cuba con el fin de limitar la agresividad económica, arancelaria y militar de Washington y mantener el máximo margen de maniobra en su entorno, incluso con respecto a Taiwán.

    Durante la cumbre del G7 celebrada en Évian-les-Bains (junio de 2026), Donald Trump ha declarado públicamente que agradecía al presidente chino Xi Jinping y al presidente ruso Vladimir Putin su «neutralidad» en la guerra con Irán6; podría haber añadido a Cuba y Palestina a la lista.

    La falta de ayuda al pueblo cubano en peligro sirve a Rusia y a China como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos.Rusia y China podrían, juntas o por separado, desafiar el bloqueo total decretado por Washington contra Cuba sin correr riesgos insuperables.

    2. Los gobiernos de Lula en Brasil y de Claudia Sheinbaum en México

    En cuanto a los gobiernos progresistas de América Latina, estoy de acuerdo con la firme crítica que se les dirige: su falta de acción decidida frente al bloqueo de Washington contra Cuba es perjudicial. La crítica de Josué hacia Brasil está totalmente justificada. Me parece exagerado poner la actitud de la Colombia de Petro en la misma categoría que la de Brasil. El Gobierno colombiano no tiene el mismo poder ni un margen de maniobra comparable al de Brasil.

    Aunque Josué no lo hace en su artículo, también es legítimo dirigir una crítica al Gobierno de Claudia Sheinbaum. No obstante, hay que precisar los hechos. Hasta finales de 2025, el principal proveedor de petróleo de Cuba seguía siendo Venezuela. Reuters indicaba en enero de 2026 que en 2025 Venezuela había suministrado a la isla unos 26 500 barriles al día, frente a los aproximadamente 5000 barriles al día de México, que entonces ocupaba el segundo lugar7. No fue hasta la interrupción de los envíos venezolanos a finales de 2025 y principios de 2026 que los suministros mexicanos se convirtieron en un apoyo energético especialmente importante para Cuba8. La propia Claudia Sheinbaum reconoció entonces que, en este nuevo contexto, México se había convertido en un «importante proveedor» para la isla, al tiempo que precisaba que anteriormente ese papel lo desempeñaba Venezuela9. Ante las amenazas arancelarias y financieras esgrimidas por Donald Trump, México suspendió posteriormente sus envíos directos de crudo y reorientó su ayuda hacia los suministros humanitarios y las gestiones diplomáticas10. La crítica que se le puede hacer a la presidencia de México es haber interrumpido, bajo presión estadounidense, un suministro que se había vuelto crucial tras la ruptura con Venezuela. Paralelamente, Claudia Sheinbaum negocia activamente con Washington para obtener exenciones especiales que permitan a Cuba volver a recibir energía.

    Como países productores y exportadores de petróleo, con gobiernos progresistas al frente, Brasil y México deberían enviar petróleo a Cuba, aunque la presión, las represalias arancelarias y las amenazas de Trump sean fuertes. Cabe destacar que las exportaciones de crudo de Brasil suelen alcanzar entre 1,5 y 2 millones de barriles al día. Las exportaciones de petróleo de México oscilan entre 0,5 y 0,8 millones de barriles diarios, pero Cuba solo necesita importar entre 80 000 y 100 000 barriles. Por lo tanto, abastecer a Cuba de petróleo es factible.

    La mejor opción sería un acuerdo entre el Gobierno de Lula en Brasil y el de Sheinbaum para desafiar conjuntamente el bloqueo y suministrar regularmente el petróleo que Cuba necesita, además de la ayuda humanitaria en forma de alimentos, medicamentos, etc., que actualmente proporcionan estos dos Gobiernos. Los barcos que transporten el petróleo y el resto de la ayuda a Cuba deberían estar protegidos conjuntamente por las marinas de guerra de México y Brasil.

    Recuadro : La ayuda humanitaria prestada por el Brasil de Lula y el México de Sheinbaum

    Entre febrero y junio de 2026 México fletó seis convoyes oficiales de ayuda humanitaria con destino a Cuba. El primer envío de gran envergadura (febrero de 2026): Por orden directa de la presidenta, dos buques de apoyo logístico de la Armada mexicana (el Papaloapan y el Isla Holbox) transportaron más de 814 toneladas de provisiones (entre ellas 536 toneladas de alimentos básicos y artículos de higiene, así como 277 toneladas de leche en polvo). El segundo envío importante (finales de febrero de 2026): Los buques de la Armada transportaron 1 193 toneladas de alimentos, entre los que destacaban las alubias y la leche de fórmula. Continuación de los envíos en mayo – junio de 2026: Otros buques de carga, como el Asian Katra, que llegó al puerto de La Habana el 7 de junio de 2026, siguen abasteciendo a la isla con productos básicos para paliar la escasez de alimentos.

    La ayuda humanitaria prestada por Brasil. En febrero de 2026, Brasil envió de urgencia 2,5 toneladas de medicamentos de primera necesidad por vía aérea a La Habana. A lo largo del mes de marzo Brasil envió un nuevo cargamento de emergencia que incluía 80 toneladas de medicamentos.

    La ayuda humanitaria de México a Cuba es, en general, más importante, más frecuente y directa que la que presta Brasil.

    México despliega su propio ejército: la presidenta Claudia Sheinbaum utiliza directamente los buques de guerra de la Armada mexicana (como el Papaloapan, el Isla Holbox y el Huasteco) para romper el bloqueo marítimo de Cuba. Estos buques militares del Gobierno transportan la carga de puerto a puerto.

    Brasil, para evitar un conflicto más con Trump, recurre a la ONU: La ayuda brasileña consiste en una promesa de alimentos que transita por los canales multilaterales del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Brasil suministra la mercancía, pero su distribución depende de la logística de terceros o de la capacidad de los buques cubanos para ir a recogerla.

    Brasil se protege jurídicamente: para evitar que sus empresas (como Petrobras) sean objeto de sanciones estadounidenses, Brasil califica estrictamente sus envíos como «donaciones humanitarias» multilaterales.
    México hace entrar sus buques militares directamente en la bahía de La Habana. Brasil, por el contrario, delega totalmente la gestión material a la ONU y al Programa Mundial de Alimentos (PMA). Se trata de una ayuda esencial pero «neutral», que no conlleva la misma carga de confrontación política.

    3. El trío formado por España, Brasil y México se ha limitado hasta ahora a las protestas verbales, mientras que Cuba necesita un apoyo práctico urgente

    A mediados de abril de 2026 se celebró en Barcelona una cumbre denominada Global Progressive Mobilisation (GPM). La figura más destacada fue el jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. También estuvieron presentes Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y el presidente uruguayo Yamandú Orsi, así como Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica.

    Los Gobiernos de México, España y Brasil adoptaron una declaración conjunta para defender a Cuba frente a la política de Trump, pero no decidieron enviar de forma conjunta el petróleo que Cuba tanto necesita.

    Un frente de solidaridad con Cuba liderado por el trío España, Brasil y México para suministrar conjuntamente petróleo a Cuba dificultaría mucho más una reacción dura por parte de Trump. Como deja claro Josué Veloz en su artículo, limitarse a declaraciones de apoyo a Cuba no está en absoluto a la altura de lo que está en juego ni de las amenazas muy concretas que ponen en peligro la supervivencia de la experiencia única que representa hoy Cuba a los ojos del mundo.

    Sería necesaria una campaña de movilización en estos tres países para presionar a sus gobiernos para que, por separado o conjuntamente, suministren el petróleo que Cuba necesita, además de la ayuda humanitaria (alimentos, medicamentos) y de equipamiento como paneles solares.

    4. La solidaridad de los pueblos

    Josué Véloz tiene razón al escribir: «Cuba cuenta con algo que ningún bloqueo puede estrangular del todo: cuenta con los pueblos del mundo más que con los Estados. Con los movimientos de solidaridad que en cada país se reúnen, organizan y preparan envíos de ayuda«.

    Las campañas de solidaridad con Cuba tienen una larga historia y están arraigadas en las prácticas de una amplia gama de movimientos. Poco después de que Trump anunciara a finales de enero de 2026 el endurecimiento del bloqueo contra Cuba, surgió la iniciativa de una flotilla de barcos hacia Cuba, algo similar a la flotilla Sumud para Gaza, que llegó a Cuba en marzo. Se han celebrado en varias ocasiones manifestaciones frente a las embajadas de Estados Unidos en distintos países. En México se han puesto en marcha varias iniciativas, en particular por parte de cooperativas de pescadores, sindicatos y partidos políticos. En Brasil, sindicalistas del sector petrolero piden al Gobierno que suministre petróleo a Cuba, al igual que los partidos de izquierda y el Movimiento de los Sin Tierra (MST). En mayo de 2026 un sindicato de trabajadores petroleros se manifestó ante la sede de la empresa estatal Petrobras para exigir que Brasil rompa directamente el bloqueo petrolero enviando combustible a Cuba.

    En España se puso en marcha a partir de marzo de 2026 la campaña Rumbo a Cuba. Reúne a más de 20 organizaciones sociales y políticas para enviar material energético de emergencia a la isla. Se trata de organizaciones situadas a la izquierda del Partido Socialista (PSOE), que dirige el Gobierno, pero que no toma ninguna iniciativa concreta. La misión tiene como objetivo suministrar e instalar paneles solares fotovoltaicos en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana. Esta acción garantiza la autonomía eléctrica de la unidad de cuidados intensivos, del laboratorio y de la terapia intermedia ante los repetidos cortes de la red eléctrica cubana.

    La operación se basa en el fletamento del buque Astral, propiedad de la ONG de rescate marítimo Open Arms. El buque zarpó del puerto de Barcelona en mayo de 2026 y realizó escalas solidarias y de carga en Valencia, Málaga, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote. Se dirige a Cancún, en México, y se espera que llegue a La Habana a mediados de julio de 2026. Se han recaudado 150 000 euros para la compra del material que se transporta a Cuba.

    Cabe destacar también que más de 40 municipios españoles han reactivado la cooperación con Cuba. Añadamos que existen numerosas iniciativas de ayuda organizadas por diversos movimientos en el País Vasco y Canarias.

    Pero hay que reconocer que, hasta ahora, el movimiento de solidaridad de los movimientos sociales y las organizaciones políticas con el pueblo cubano es demasiado débil, mientras que la situación humanitaria se deteriora en la isla. Lamentablemente, hasta el momento no se ha producido ningún gran movimiento de protesta en Estados Unidos contra la política criminal de Trump hacia Cuba.

    Bajo la presión y las amenazas de Trump, grandes empresas españolas del sector turístico, como el grupo hotelero Meliá, han anunciado que abandonan la isla. El flujo de turistas ha disminuido considerablemente, lo que ha reducido aún más los ingresos en divisas. Ante la inacción de Rusia, China, los gobiernos progresistas latinoamericanos, el Gobierno español y la izquierda tradicional, las autoridades de La Habana se encuentran en un callejón sin salida. La Presidencia cubana ha anunciado medidas económicas en respuesta al chantaje de Trump 11. Habrá que analizarlas rigurosamente.

    Es urgente reforzar las iniciativas unitarias de solidaridad con Cuba frente al bloqueo. Se ha iniciado una carrera contra reloj.

    El autor agradece a Christian Dubucq y a Fernanda Gadea por la revisión del texto.

    Nota publicada en Viento Sur

    1. Josué Veloz Serrade es un psicólogo, ensayista e investigador cubano afincado en Argentina. Licenciado en Psicología por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río y con un máster en Psicología Clínica por la Universidad de La Habana, actualmente realiza investigaciones de doctorado en Ciencias Sociales y Psicología en Argentina. Es miembro del comité editorial de La Tizza, revista cubana de pensamiento crítico, así como de la Cátedra Gramsci del Instituto Juan Marinello. ↩︎
    2. Fernando Martínez Heredia entrevistado por Éric Toussaint, «Cuba de 1959 a 1999 desde una perspectiva histórica» https://www.cadtm.org/Cuba-de-1959-a-1999-desde-una ↩︎
    3. Rusia envió un petrolero a Cuba que llegó al puerto de Matanzas a finales de marzo de 2026 con un cargamento de petróleo suficiente para cubrir las necesidades del país durante unos quince días. Es el primer petrolero que llegó a Cuba desde enero de 2026. Trump lo permitió a pesar del embargo total decretado sobre los suministros de petróleo a las autoridades de la isla. Probablemente se trate de un gesto de Trump hacia Moscú en relación con la guerra en curso en Oriente Próximo. Entre abril y mayo de 2006 Rusia no envió ningún petrolero a Cuba. ↩︎
    4. Dmitri Peskov, portavoz del presidente ruso, comentó el documento de estrategia de seguridad nacional durante una entrevista concedida el 7 de diciembre de 2025 al periodista estatal ruso Pavel Zarubin para el canal Rossiya 1, ampliamente difundida por medios de comunicación rusos como Interfax, Fontanka o TASS: «Los ajustes introducidos en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos se corresponden en gran medida con nuestra visión». Fuente: fontanka.ru https://www.fontanka.ru/2025/12/07/76159504/ ↩︎
    5. El discurso de Putin fue traducido y publicado en español por Le Grand Continent, que añadió sus comentarios: «El nuevo orden multipolar según Vladimir Putin», Le Grand Continent, 6 de junio de 2026. ↩︎
    6. Reuters, Steve Holland y Trevor Hunnicutt, «Trump agradece a Xi, de China, y a Putin, de Rusia, su “neutralidad” en la guerra de Irán«, 17 de junio de 2026, ↩︎
    7. Reuters, «El tiempo corre en Cuba mientras Trump corta el suministro de petróleo venezolano«, 13 de enero de 2026. ↩︎
    8. Reuters, «Sheinbaum, de México, no niega haber suspendido el envío de petróleo a Cuba«, 27 de enero de 2026. ↩︎
    9. Reuters, «Sheinbaum afirma que México no ha aumentado los envíos de petróleo a Cuba ante la situación de Venezuela«, 7 de enero de 2026. ↩︎
    10. Reuters, «Barcos mexicanos con ayuda humanitaria entran en el puerto de La Habana«, 12 de febrero de 2026. ↩︎

  • ¿Algo que celebrar este 5 de julio?

    ¿Algo que celebrar este 5 de julio?

    No se puede celebrar lo que no se tiene. Desde el 3 de enero de 2026 Venezuela se convirtió en protectorado/colonia de facto de EE. UU. Washington controla el negocio petrolero venezolano, se apropia de recursos públicos, decide sobre el presupuesto, define la política exterior, ordena la reforma de leyes en función de sus intereses, dejando un pequeño margen de decisión a un gobierno local, sumiso y complaciente, que es producto de un fraude electoral.

    Trump , como él mismo acaba de declarar, “derrotó a Venezuela” e impuso su voluntad colonial sobre toda la nación. Delcy Rodríguez prefiere llamar a eso, “colaboración” y “camino diplomático correcto”, mientras que María Corina Machado muestra un sostenido “agradecimiento” por su aporte a la “libertad”. Ambas son la expresión de élites económicas y políticas rastreras,  dispuestas al servilismo y a la renuncia abierta a la independencia, a cambio de migajas de poder político.

    La historia ponderará los múltiples factores y la cadena de responsabilidades que las élites que representan Machado y Rodríguez/Maduro tienen en la perdida de nuestra condición de República independiente. Pero sin duda, la permanente facilitación de la invasión realizada por la primera, sumado al fraude electoral, la represión, la corrupción y el desprecio a los derechos sociales, de los segundos, se ubican entre los factores más importantes.

    Hoy, 5 de julio de 2026, a 215 años de la firma del Acta de la Declaración de Independencia, en medio del dolor profundo y masivo por la muerte y el daño que trajo el terremoto, no tenemos nada que celebrar. De los escombros de La Guaira y otras ciudades afectadas, debemos sacar fuerzas para reconstruir material y espiritualmente nuestros pueblos; así como reflexionar, debatir y hacer, para reconstruir la democracia, la justicia social y el derecho a autodeterminarnos.

    Desde la Corriente popular COMUNES, consideramos que el momento actual nos obliga a sumar voluntades y movilizarnos junto a otras fuerzas sociales y políticas, diversas, en función de los siguientes objetivos prioritarios:

    1. Recuperar la democracia y la constitucionalidad. Para hablar de soberanía popular hay que hablar de soberanía política y territorial, por lo que cualquier avance en este terreno debe estar acompañado por el retiro de las fuerzas de ocupación colonial de Estados Unidos de territorio venezolano. Resulta fundamental realizar elecciones presidenciales con las características, mecanismos y tiempos (ya vencidos, según los artículos 233 y 234) previstos en la Constitución. Someterse al “Plan trifásico” de Rubio es postergar el gobierno de facto y ratificar la docilidad ante el gobierno colonial. Desde el campo democrático, popular y nacionalista, debemos presionar, en la calle, por condiciones y un cronograma, sin dilaciones, para unas elecciones presidenciales libres, justas y sin tutelaje.

    2. Recuperar la vigencia de los derechos sociales. La política neoliberal del gobierno y el empresariado (que es la misma que propone Machado), solo puede ser revertida a través de luchas de calle y el fortalecimiento organizativo de quienes sufren la violación de sus derechos sociales. Acompañar y cualificar esas luchas y procesos es la única posibilidad de cuestionar el consenso entre las élites económicas y presionar hacia una justa distribución de la riqueza.

    3. Acumular fuerza democrática, popular y nacionalista.  Son diversos, y a veces enfrentados, los actores sociales y políticos que reclaman democracia, soberanía o justicia social. Es fundamental promover, desde el pluralismo, acuerdos y articulaciones para alinear estas agendas de cara a la recuperación de la República.

    4. Recuperar la soberanía nacional. A los daños que nos viene ocasionando el gobierno colonial hay que sumarle su pretensión de aprovechar la catástrofe para dejar presencia militar permanente en nuestro país (solo el 15% de los 2000 militares estadounidenses son rescatistas) y tutelar la reconstrucción, en función de sus intereses económicos. Revertir nuestra actual condición de protectorado/colonia no será un logro inmediato. La suma de los objetivos anteriores facilitará esta lucha, que debe incorporar: a) la denuncia permanente del modo en el que el gobierno colonial lesiona los interesas nacionales y populares y, b) la restitución de los derechos y garantías de autodeterminación consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

    ¡A 215 años de 1811, la emancipación sigue siendo nuestra tarea!

    ¡Frente al pacto de las élites, organicemos desde abajo la rebeldía!

    Nota publicada en Inprecor Brasil – 5 de julio de 2026

  • Solidaridad internacionalista con el pueblo venezolano

    Solidaridad internacionalista con el pueblo venezolano

    Venezuela fue golpeada por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 el pasado 24 de junio. Los daños son inmensos y el número de víctimas sigue creciendo (más de 1,500 personas fallecidas y 50,000 desaparecidas). Del Buró Ejecutivo de la IV Internacional.

    Cientos de réplicas siguen sucediendo en días recientes y les sobrevivientes se encuentran en una situación de extrema precariedad: durmiendo en carpas para no volver a edificios agrietados, mientras los servicios básicos están paralizados en las regiones afectadas (agua, luz, transporte, conexión telefónica…) y los hospitales colapsados. 

    Ante esta situación tan terrible, la Cuarta Internacional expresa su solidaridad internacionalista con el pueblo venezolano. Acompañamos a todas las víctimas, heridas y desaparecidas, a sus familiares, amigues y compañeres en sus sentimientos y deseos de pronta recuperación. 

    También queremos expresar nuestro apoyo a todos aquellos y aquellas que se movilizan para ayudar a sus comunidades, para buscar sobrevivientes, para recoger y distribuir ayuda (agua, comida, medicamentos…) y para evaluar los daños en las zonas afectadas. 

    La movilización popular es decisiva en un país que ha vivido repetidas crisis, bloqueo, y deterioro de los servicios públicos en los últimos años, y da todo su sentido a la expresión “Solo el pueblo salva al pueblo”. 

    El imperialismo estadounidense se aprovecha de la situación para fortalecer su control sobre Venezuela, después del secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero pasado. El Comando Sur del ejército de Estados Unidos ha tomado el control de la distribución de la ayuda internacional, aumentando así su presencia en el país. 

    Llamamos a apoyar todas las iniciativas de ayuda directa al pueblo venezolano

    Por eso, frente a esta situación llamamos a apoyar todas las iniciativas de ayuda directa al pueblo venezolano. En particular, la Cuarta International se moviliza para recaudar fondos para la iniciativa conjunta de la corriente política Comunes y de la ONG No One Out.1

    Esta iniciativa está apoyando la supervivencia de al menos 150 familias refugiadas a la intemperie en Caribe, Macuto y Playa Verde. Lo han perdido todo. No tienen servicio eléctrico, alimentos, insumos médicos ni techo. La iniciativa está apoyando tres centros de refugiades en las zonas más afectadas. Recogen, compran, organizan y llevan suministros.

    Desde fuera de Venezuela, se pueden hacer donaciones a esta cuenta:

    Banco: BCC di Brescia
    a nombre de: NO ONE OUT – ETS
    IBAN: IT82T0869211202017000171010
    Asunto: Emergencia Venezuela

    En Venezuela se pueden hacer donaciones a esta cuenta: 

    Banco Venezolano de Crédito
    Cta cte: Asociación de Empleados Administrativos UCV
    No: 01040008210080301278
    Rif: J-302406943

    La situación requiere la ayuda internacional más amplia para hacerle frente a una tragedia de esta magnitud. Esto implica que todo el dinero sea destinado a superar la situación actual y en la medida de lo posible a la futura reconstrucción. 

    Por eso hacemos nuestro el llamado de la corriente Comunes, considerando que “un paso en esa dirección es suspender el proceso de negociación de la deuda externa venezolana, solicitada por la banca internacional y auspiciada por el gobierno norteamericano, [exigir su cancelación] y concentrar todos los esfuerzos en la atención a la tragedia y la reconstrucción nacional. Todo el dinero debe ser destinado a la superación de esta tragedia de dimensiones insospechadas aún”. 

    Declaración del Secretariado del Buró ejecutivo la IV Internacional 
    1 de julio 2026

  • Movimiento piquetero argentino: treinta años de persistencia y lucha

    Movimiento piquetero argentino: treinta años de persistencia y lucha

    En tres décadas de existencia, las organizaciones piqueteras1 han mostrado avances y retrocesos. Ha variado su amalgama conceptual, programática y hasta organizativa. Más allá de los momentos de reflujo, esas metamorfosis se han desarrollado sobre una dinámica de intervención única que pone en movimiento constante a las construcciones territoriales y las ubica en un lugar de centralidad en la disputa política nacional. No es un lugar cómodo. La presencia de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras pobres que se organizan desde la periferia irrita y exaspera a los dueños de todo. Molesta el piquete, pero más molesta la irrupción de quienes trastocan el “equilibrio” de la decadente sociedad neoliberal. De Nicolás Salas2 para Punto de Vista Internacional.

    En junio último se cumplieron treinta años de la pueblada ocurrida en Cutral-Co y Plaza Huincul que dio nacimiento a lo que, con el pasar de los años, se conoció como el movimiento piquetero argentino.

    En un pequeño pueblo ubicado en el corazón de la Patagonia argentina, miles de trabajadores y trabajadoras se levantaron ante la cancelación de la instalación de una empresa petroquímica que prometía recuperar las fuentes laborales que se habían evaporado años atrás con la privatización de YPF, la petrolera estatal.  

    La profundización del modelo neoliberal, inaugurado por la dictadura militar en 1976, había generado un nivel de desocupación estructural en el país que en el caso de las mencionadas ciudades había alcanzado a unas 5000 personas, lo que representaba casi el 20% de la población económicamente activa en dicha región. No era para menos, en pocos años la multinacional española Repsol había desguazado la planta de YPF radicada en la zona, la cual pasó de tener 4000 operarios a 400. Del total de cesantías y retiros voluntarios, unas 1700 personas definieron iniciar micro emprendimientos que, en la mayoría de los casos, se volvieron obsoletos o fracasaron al poco tiempo.

    El 20 de junio de 1996, luego de que el gobernador neuquino, Felipe Sapag, confirmase la suspensión de la construcción de la petroquímica, se congregó una asamblea multisectorial que decidió bloquear la ruta nacional 22, obstruyendo la circulación de los camiones que transportaban el petróleo y visibilizaron su reclamo de trabajo inmediato para las familias desocupadas.

    Luego de resistir el embate de la Gendarmería y las fuerzas represivas, la pueblada se consolidó en su carácter masivo logrando romper el cerco informativo e instalándose en los grandes medios de comunicación. Luego de horas de tensión, la Justicia decidió retirar las tropas del lugar, generando la algarabía de las treinta mil personas presentes que, sin saberlo, lograban un triunfo histórico que daba inicio al movimiento piquetero.

    Un año después, las puebladas se volvieron a dar en la misma zona3 y se extendieron hacia otras provincias como Salta y Jujuy. En todos los casos, se repitió una escena: ante la imposibilidad de imponer la represión, el Estado otorgaba planes sociales4 para menguar el reclamo de las miles de personas que, si bien los aceptaban, mantenían firme su reclamo por recuperar los puestos de empleo genuinos.

    Este fenómeno fue seguido de cerca por una camada militante dispersa a lo largo y ancho del país que empezó a replicar la acción del corte de ruta y la asamblea demandando al Estado los trabajos perdidos y poniendo en funcionamiento la organización movimientista y comunitaria en barrios populares, villas o asentamientos.

    Milei y una ofensiva histórica

    La ola de ultraderecha y llegada de Javier Milei al gobierno planteó a las clases dominantes un objetivo histórico: desarticular definitivamente a las organizaciones piqueteras, territoriales o de la economía popular.

    La iniciativa gubernamental se sustentó sobre una estrategia de cuatro patas. La primera sostenida sobre el vaciamiento de las políticas públicas estatales que se expresó en el congelamiento salarial de los planes sociales, la suspensión de envíos de alimentos a los comedores comunitarios y la quita del financiamiento para cooperativas y planes de obra en barrios populares. En simultáneo (la segunda pata) se reforzaron los ataques mediáticos que paradójicamente ya venían llevando algunos sectores del peronismo durante el gobierno de Alberto Fernández. La tercera pata fue la represiva y tuvo su inicio con la implantación del protocolo antipiquetes y las represiones focalizadas en cada marcha y protesta. La cuarta y última pata, implicó la judicialización de gran parte de las direcciones de las organizaciones, sean éstas de izquierda o peronistas.

    En las antípodas del gobierno se plantaron los movimientos sociales que con dificultades debieron procesar el golpe inicial. Estos ataques desde el Estado disminuyeron considerablemente la capacidad de movilización pero no lograron el objetivo de la desarticulación. 

    La ofensiva gubernamental generó un frente único sectorial que se ordenó a partir de una alianza reivindicativa entre la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Frente de Lucha Piquetero y Territorios en Lucha. Esta unidad logró frenar, a partir de acciones directas y presentaciones judiciales, la baja definitiva del “Volver al Trabajo”, principal plan social que perciben 900 mil personas desempleadas, precarizadas o afectadas por el pluriempleo. 

    Hasta el momento, las organizaciones soportaron la peor embestida de todas las recibidas en tres décadas de vida. Si bien se encuentran en un proceso de transición en lo que hace a la forma de acumulación de poder, todavía mantienen niveles organizativos importantes en los territorios y continúan aportando directamente a las luchas y la resistencia que se forja ante el gobierno de Javier Milei.

    La suerte de los movimientos sociales depende, en alguna medida, de la capacidad para construir una respuesta unificada por abajo desde la clase trabajadora, de elaborar nuevas y creativas coordenadas de acumulación de fuerza y de los éxitos o fracasos que logre el modelo económico y político libertario. 

    De frente y de pie

    En todo el mundo existe la desocupación, pero no en todo el mundo existe el movimiento piquetero tal como se lo concibe en la Argentina. Sobre condiciones objetivas de empobrecimiento y desempleo, al sur de ese mundo, grupos de activistas lograron organizarse, darse métodos con sentido de lucha, e instalarse en la escena pública y política argentina. Lo hicieron, no casualmente, durante el consenso neoliberal de los 90. De las más diversas procedencias ideológicas, una militancia casi aislada encontró allí una grieta, donde emergió la raíz de un movimiento que continúa hasta nuestros días.

    El árbol genealógico piquetero posee una ramificación extensa y variopinta en tendencias: desde las consideradas institucionalistas hasta las revolucionarias, las provenientes del peronismo y las del marxismo, todas tienen en común el nivel de contradicciones y debates hacia su interior, así como la creciente dependencia del Estado al que se oponen. La existencia de los movimientos se da en sincronía directa con la expulsión de trabajadores y trabajadoras expulsados del trabajo formal o de fábrica, ese sector que Marx calificaba como el sector “estancado” de la población sobrante que se genera en el corazón mismo del sistema capitalista.

    Durante estos treinta años, analistas de toda estirpe auguraron la extinción del movimiento piquetero, algunos justificándose en que los ciclos de recuperación económica quitarían las condiciones objetivas para su existencia. Otros, entendían que a fuerza de balas y garrotes se podía llegar al mismo objetivo. En ambos casos, han fracasado.

    En un país con una vasta tradición obrera de lucha, la pobreza siempre será algo que irrite y que moleste, ya sea a quienes desde lo más alto de la cúspide del poder niegan la organización de la clase trabajadora, como para quienes detenten una conciencia revolucionaria y se nieguen a aceptar las condiciones inhumanas de esta vida. Cómo suprimir su existencia o cómo dotarla de una estrategia revolucionaria y anticapitalista. En principio, y a riesgo de caer en una modesta aseveración, puede decirse que nadie pierde de vista que en Argentina la desocupación se organiza y eso no es poca cosa.

    Junio del 2026.

    1. Con el paso de los años, los movimientos piqueteros entraron en un proceso de transformación programática y política que fue modificando su identidad, por lo cual muchos espacios pasaron a conocerse también como movimientos sociales, territoriales o de la economía popular. Más allá de cómo se las nombre, la existencia de estas organizaciones sigue teniendo su principal motivación en la crisis del empleo y, en la vigencia y desarrollo de los distintos estamentos de la población sobrante, tal cual la concebía Marx en El Capital.   ↩︎
    2. Nicolás Salas es periodista, militante social e integrante de la corriente Marabunta, parte de la IV Internacional en Argentina. ↩︎
    3.  En 1997 se dio el segundo “cutralcazo”, donde la represión gubernamental se cobró la vida de Teresa Rodríguez, mujer y madre trabajadora que pasó a ser un símbolo ineludible para las organizaciones de la época. ↩︎
    4.  Los planes sociales en Argentina son un ingreso por trabajador o trabajadora que, en sus inicios, exigían una contraprestación laboral que de todas formas no tenían el reconocimiento de derechos laborales que poseen los trabajadores y trabajadoras que se encuentran bajo convenios colectivos en la Industria u organismos estatales. En definitiva, se trata de una forma de contratación precarizada, originada y financiada, en la mayoría de los casos, con fondos y ejecución del Estado. En el caso de los movimientos, aceptaron los planes sociales pero bajo control y supervisión de las asambleas y cooperativas que se conformaban en los procesos de lucha, marcando importantes niveles de autonomía con los gobiernos municipales, provinciales o nacionales.  ↩︎
  • Crece la revuelta popular en Bolivia

    Crece la revuelta popular en Bolivia

    Bolivia ha sido testigo de un poderoso movimiento social contra las medidas de austeridad del presidente Rodrigo Paz desde la primavera de 2026. Liderada por organizaciones sindicales, campesinas e indígenas, la movilización enfrenta una creciente represión mientras mantiene sus demandas contra el alto costo de vida y el dominio de las multinacionales. De Patrick Guillaudat.

    Elegida con el apoyo de algunos ex votantes del Movimiento al Socialismo (MAS), en torno a un programa de «modernización» y «eficiencia», Paz, en el cargo desde el 8 de noviembre de 2025, adoptó rápidamente medidas de austeridad, apostando por la lentitud del movimiento social tras el colapso de la izquierda en las elecciones.

    Un plan de medidas antisociales

    El 17 de diciembre de 2025, un decreto abolió los subsidios a la gasolina y el diésel, lo que provocó un aumento de las tarifas del 86 % y el 160 %, respectivamente, con la consiguiente subida inmediata de todos los precios al consumidor. Este texto también facilitó el establecimiento de multinacionales en la explotación de recursos minerales, agroindustria e infraestructuras. Una primera movilización permitió un retroceso parcial. Posteriormente, el 10 de abril de 2026 se aprobó la ley que, al revertir la reforma agraria de 1953, incentivó la apropiación de tierras de pequeños agricultores por parte de grandes terratenientes.

    El mayor movimiento social del siglo XXI

    La federación sindical COB, junto con la federación Túpac Katari y la organización de mujeres indígenas Bartolina Sisa, retomaron la movilización a finales de abril y convocaron al bloqueo de carreteras, aislando así las principales ciudades del país, y multiplicaron los llamados a huelga. Ante el ímpetu de este segundo movimiento, Paz recurrió a la retórica tradicional, criminalizando a las organizaciones sociales, calificándolas de terroristas, denunciando una supuesta conspiración instigada por Evo Morales y emitiendo órdenes de arresto contra sus principales dirigentes.
    Este movimiento social, ininterrumpido desde finales de abril, exige aumentos salariales para compensar el alza de los precios y el fin de la apertura del país a las multinacionales, bajo el lema “Bolivia no está en venta”. A pesar de la represión, con al menos siete muertos y numerosos arrestos, el movimiento se mantiene firme. Sin embargo, se aprobó una ley que establece el estado de emergencia, garantizando la impunidad total de las fuerzas armadas y represivas.

    Un resultado incierto

    La COB está dividida entre un secretario ejecutivo que pidió la renuncia de Paz y varias COD (departamentos departamentales de la COB) que rechazaron esta consigna (como la de Santa Cruz). Sin embargo, desde hace algunos días, la COB ha presentado un plan de ocho puntos al gobierno como parte de la apertura del “diálogo”. En cuanto a la federación Túpac Katari, muy influyente en El Alto, y la organización Bartolina Sisa, han tomado la delantera en la movilización de los pueblos indígenas y campesinos.

    El gobierno de La Paz, dividido sobre qué hacer y con un vicepresidente que ha condenado las medidas adoptadas, utiliza la zanahoria para presionar, exigiendo negociar mientras reprime y encarcela a manifestantes y fuerza el levantamiento de los bloqueos viales. Para dividir al movimiento, ha logrado firmar varios acuerdos aislados con algunos sindicatos locales, como el 18 de junio con el sindicato minero de Colquiri, o con empresas de transporte en La Paz dos días antes.

    La derecha tradicional, aprovechando la crisis, está subiendo la apuesta. El expresidente Jorge Quiroga pidió la detención de los líderes y activistas del movimiento, a quienes describió como terroristas e incluso narcotraficantes, y exigió el establecimiento efectivo e inmediato del estado de emergencia para “liberar al pueblo boliviano secuestrado”.

    La solidaridad es urgente

    Si el gobierno está apostando su supervivencia a esta lucha social, se beneficia de un entorno internacional favorable, respaldado por Trump y los líderes de extrema derecha del continente, quienes presionan a Paz para sofocar la revuelta y así dejar atrás los años del MAS. Además, como muestra de la injerencia de Estados Unidos, el 16 de abril se firmó un acuerdo entre Bolivia y Estados Unidos para combatir la delincuencia juvenil y el narcotráfico.

    Nuestra solidaridad es aún más importante porque una victoria social en Bolivia sería un estímulo para la lucha de los pueblos y trabajadores de los estados latinoamericanos, especialmente de los vecinos, sumidos en la noche «libertaria».

    23 de junio de 2026

    Nota traducida y publicada por  International Viewpoint de l’Anticapitaliste