Autor: Nicolás Salas

  • ¿Algo que celebrar este 5 de julio?

    ¿Algo que celebrar este 5 de julio?

    No se puede celebrar lo que no se tiene. Desde el 3 de enero de 2026 Venezuela se convirtió en protectorado/colonia de facto de EE. UU. Washington controla el negocio petrolero venezolano, se apropia de recursos públicos, decide sobre el presupuesto, define la política exterior, ordena la reforma de leyes en función de sus intereses, dejando un pequeño margen de decisión a un gobierno local, sumiso y complaciente, que es producto de un fraude electoral.

    Trump , como él mismo acaba de declarar, “derrotó a Venezuela” e impuso su voluntad colonial sobre toda la nación. Delcy Rodríguez prefiere llamar a eso, “colaboración” y “camino diplomático correcto”, mientras que María Corina Machado muestra un sostenido “agradecimiento” por su aporte a la “libertad”. Ambas son la expresión de élites económicas y políticas rastreras,  dispuestas al servilismo y a la renuncia abierta a la independencia, a cambio de migajas de poder político.

    La historia ponderará los múltiples factores y la cadena de responsabilidades que las élites que representan Machado y Rodríguez/Maduro tienen en la perdida de nuestra condición de República independiente. Pero sin duda, la permanente facilitación de la invasión realizada por la primera, sumado al fraude electoral, la represión, la corrupción y el desprecio a los derechos sociales, de los segundos, se ubican entre los factores más importantes.

    Hoy, 5 de julio de 2026, a 215 años de la firma del Acta de la Declaración de Independencia, en medio del dolor profundo y masivo por la muerte y el daño que trajo el terremoto, no tenemos nada que celebrar. De los escombros de La Guaira y otras ciudades afectadas, debemos sacar fuerzas para reconstruir material y espiritualmente nuestros pueblos; así como reflexionar, debatir y hacer, para reconstruir la democracia, la justicia social y el derecho a autodeterminarnos.

    Desde la Corriente popular COMUNES, consideramos que el momento actual nos obliga a sumar voluntades y movilizarnos junto a otras fuerzas sociales y políticas, diversas, en función de los siguientes objetivos prioritarios:

    1. Recuperar la democracia y la constitucionalidad. Para hablar de soberanía popular hay que hablar de soberanía política y territorial, por lo que cualquier avance en este terreno debe estar acompañado por el retiro de las fuerzas de ocupación colonial de Estados Unidos de territorio venezolano. Resulta fundamental realizar elecciones presidenciales con las características, mecanismos y tiempos (ya vencidos, según los artículos 233 y 234) previstos en la Constitución. Someterse al “Plan trifásico” de Rubio es postergar el gobierno de facto y ratificar la docilidad ante el gobierno colonial. Desde el campo democrático, popular y nacionalista, debemos presionar, en la calle, por condiciones y un cronograma, sin dilaciones, para unas elecciones presidenciales libres, justas y sin tutelaje.

    2. Recuperar la vigencia de los derechos sociales. La política neoliberal del gobierno y el empresariado (que es la misma que propone Machado), solo puede ser revertida a través de luchas de calle y el fortalecimiento organizativo de quienes sufren la violación de sus derechos sociales. Acompañar y cualificar esas luchas y procesos es la única posibilidad de cuestionar el consenso entre las élites económicas y presionar hacia una justa distribución de la riqueza.

    3. Acumular fuerza democrática, popular y nacionalista.  Son diversos, y a veces enfrentados, los actores sociales y políticos que reclaman democracia, soberanía o justicia social. Es fundamental promover, desde el pluralismo, acuerdos y articulaciones para alinear estas agendas de cara a la recuperación de la República.

    4. Recuperar la soberanía nacional. A los daños que nos viene ocasionando el gobierno colonial hay que sumarle su pretensión de aprovechar la catástrofe para dejar presencia militar permanente en nuestro país (solo el 15% de los 2000 militares estadounidenses son rescatistas) y tutelar la reconstrucción, en función de sus intereses económicos. Revertir nuestra actual condición de protectorado/colonia no será un logro inmediato. La suma de los objetivos anteriores facilitará esta lucha, que debe incorporar: a) la denuncia permanente del modo en el que el gobierno colonial lesiona los interesas nacionales y populares y, b) la restitución de los derechos y garantías de autodeterminación consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

    ¡A 215 años de 1811, la emancipación sigue siendo nuestra tarea!

    ¡Frente al pacto de las élites, organicemos desde abajo la rebeldía!

    Nota publicada en Inprecor Brasil – 5 de julio de 2026

  • Solidaridad internacionalista con el pueblo venezolano

    Solidaridad internacionalista con el pueblo venezolano

    Venezuela fue golpeada por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 el pasado 24 de junio. Los daños son inmensos y el número de víctimas sigue creciendo (más de 1,500 personas fallecidas y 50,000 desaparecidas). Del Buró Ejecutivo de la IV Internacional.

    Cientos de réplicas siguen sucediendo en días recientes y les sobrevivientes se encuentran en una situación de extrema precariedad: durmiendo en carpas para no volver a edificios agrietados, mientras los servicios básicos están paralizados en las regiones afectadas (agua, luz, transporte, conexión telefónica…) y los hospitales colapsados. 

    Ante esta situación tan terrible, la Cuarta Internacional expresa su solidaridad internacionalista con el pueblo venezolano. Acompañamos a todas las víctimas, heridas y desaparecidas, a sus familiares, amigues y compañeres en sus sentimientos y deseos de pronta recuperación. 

    También queremos expresar nuestro apoyo a todos aquellos y aquellas que se movilizan para ayudar a sus comunidades, para buscar sobrevivientes, para recoger y distribuir ayuda (agua, comida, medicamentos…) y para evaluar los daños en las zonas afectadas. 

    La movilización popular es decisiva en un país que ha vivido repetidas crisis, bloqueo, y deterioro de los servicios públicos en los últimos años, y da todo su sentido a la expresión “Solo el pueblo salva al pueblo”. 

    El imperialismo estadounidense se aprovecha de la situación para fortalecer su control sobre Venezuela, después del secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero pasado. El Comando Sur del ejército de Estados Unidos ha tomado el control de la distribución de la ayuda internacional, aumentando así su presencia en el país. 

    Llamamos a apoyar todas las iniciativas de ayuda directa al pueblo venezolano

    Por eso, frente a esta situación llamamos a apoyar todas las iniciativas de ayuda directa al pueblo venezolano. En particular, la Cuarta International se moviliza para recaudar fondos para la iniciativa conjunta de la corriente política Comunes y de la ONG No One Out.1

    Esta iniciativa está apoyando la supervivencia de al menos 150 familias refugiadas a la intemperie en Caribe, Macuto y Playa Verde. Lo han perdido todo. No tienen servicio eléctrico, alimentos, insumos médicos ni techo. La iniciativa está apoyando tres centros de refugiades en las zonas más afectadas. Recogen, compran, organizan y llevan suministros.

    Desde fuera de Venezuela, se pueden hacer donaciones a esta cuenta:

    Banco: BCC di Brescia
    a nombre de: NO ONE OUT – ETS
    IBAN: IT82T0869211202017000171010
    Asunto: Emergencia Venezuela

    En Venezuela se pueden hacer donaciones a esta cuenta: 

    Banco Venezolano de Crédito
    Cta cte: Asociación de Empleados Administrativos UCV
    No: 01040008210080301278
    Rif: J-302406943

    La situación requiere la ayuda internacional más amplia para hacerle frente a una tragedia de esta magnitud. Esto implica que todo el dinero sea destinado a superar la situación actual y en la medida de lo posible a la futura reconstrucción. 

    Por eso hacemos nuestro el llamado de la corriente Comunes, considerando que “un paso en esa dirección es suspender el proceso de negociación de la deuda externa venezolana, solicitada por la banca internacional y auspiciada por el gobierno norteamericano, [exigir su cancelación] y concentrar todos los esfuerzos en la atención a la tragedia y la reconstrucción nacional. Todo el dinero debe ser destinado a la superación de esta tragedia de dimensiones insospechadas aún”. 

    Declaración del Secretariado del Buró ejecutivo la IV Internacional 
    1 de julio 2026

  • Movimiento piquetero argentino: treinta años de persistencia y lucha

    Movimiento piquetero argentino: treinta años de persistencia y lucha

    En tres décadas de existencia, las organizaciones piqueteras1 han mostrado avances y retrocesos. Ha variado su amalgama conceptual, programática y hasta organizativa. Más allá de los momentos de reflujo, esas metamorfosis se han desarrollado sobre una dinámica de intervención única que pone en movimiento constante a las construcciones territoriales y las ubica en un lugar de centralidad en la disputa política nacional. No es un lugar cómodo. La presencia de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras pobres que se organizan desde la periferia irrita y exaspera a los dueños de todo. Molesta el piquete, pero más molesta la irrupción de quienes trastocan el “equilibrio” de la decadente sociedad neoliberal. De Nicolás Salas2 para Punto de Vista Internacional.

    En junio último se cumplieron treinta años de la pueblada ocurrida en Cutral-Co y Plaza Huincul que dio nacimiento a lo que, con el pasar de los años, se conoció como el movimiento piquetero argentino.

    En un pequeño pueblo ubicado en el corazón de la Patagonia argentina, miles de trabajadores y trabajadoras se levantaron ante la cancelación de la instalación de una empresa petroquímica que prometía recuperar las fuentes laborales que se habían evaporado años atrás con la privatización de YPF, la petrolera estatal.  

    La profundización del modelo neoliberal, inaugurado por la dictadura militar en 1976, había generado un nivel de desocupación estructural en el país que en el caso de las mencionadas ciudades había alcanzado a unas 5000 personas, lo que representaba casi el 20% de la población económicamente activa en dicha región. No era para menos, en pocos años la multinacional española Repsol había desguazado la planta de YPF radicada en la zona, la cual pasó de tener 4000 operarios a 400. Del total de cesantías y retiros voluntarios, unas 1700 personas definieron iniciar micro emprendimientos que, en la mayoría de los casos, se volvieron obsoletos o fracasaron al poco tiempo.

    El 20 de junio de 1996, luego de que el gobernador neuquino, Felipe Sapag, confirmase la suspensión de la construcción de la petroquímica, se congregó una asamblea multisectorial que decidió bloquear la ruta nacional 22, obstruyendo la circulación de los camiones que transportaban el petróleo y visibilizaron su reclamo de trabajo inmediato para las familias desocupadas.

    Luego de resistir el embate de la Gendarmería y las fuerzas represivas, la pueblada se consolidó en su carácter masivo logrando romper el cerco informativo e instalándose en los grandes medios de comunicación. Luego de horas de tensión, la Justicia decidió retirar las tropas del lugar, generando la algarabía de las treinta mil personas presentes que, sin saberlo, lograban un triunfo histórico que daba inicio al movimiento piquetero.

    Un año después, las puebladas se volvieron a dar en la misma zona3 y se extendieron hacia otras provincias como Salta y Jujuy. En todos los casos, se repitió una escena: ante la imposibilidad de imponer la represión, el Estado otorgaba planes sociales4 para menguar el reclamo de las miles de personas que, si bien los aceptaban, mantenían firme su reclamo por recuperar los puestos de empleo genuinos.

    Este fenómeno fue seguido de cerca por una camada militante dispersa a lo largo y ancho del país que empezó a replicar la acción del corte de ruta y la asamblea demandando al Estado los trabajos perdidos y poniendo en funcionamiento la organización movimientista y comunitaria en barrios populares, villas o asentamientos.

    Milei y una ofensiva histórica

    La ola de ultraderecha y llegada de Javier Milei al gobierno planteó a las clases dominantes un objetivo histórico: desarticular definitivamente a las organizaciones piqueteras, territoriales o de la economía popular.

    La iniciativa gubernamental se sustentó sobre una estrategia de cuatro patas. La primera sostenida sobre el vaciamiento de las políticas públicas estatales que se expresó en el congelamiento salarial de los planes sociales, la suspensión de envíos de alimentos a los comedores comunitarios y la quita del financiamiento para cooperativas y planes de obra en barrios populares. En simultáneo (la segunda pata) se reforzaron los ataques mediáticos que paradójicamente ya venían llevando algunos sectores del peronismo durante el gobierno de Alberto Fernández. La tercera pata fue la represiva y tuvo su inicio con la implantación del protocolo antipiquetes y las represiones focalizadas en cada marcha y protesta. La cuarta y última pata, implicó la judicialización de gran parte de las direcciones de las organizaciones, sean éstas de izquierda o peronistas.

    En las antípodas del gobierno se plantaron los movimientos sociales que con dificultades debieron procesar el golpe inicial. Estos ataques desde el Estado disminuyeron considerablemente la capacidad de movilización pero no lograron el objetivo de la desarticulación. 

    La ofensiva gubernamental generó un frente único sectorial que se ordenó a partir de una alianza reivindicativa entre la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Frente de Lucha Piquetero y Territorios en Lucha. Esta unidad logró frenar, a partir de acciones directas y presentaciones judiciales, la baja definitiva del “Volver al Trabajo”, principal plan social que perciben 900 mil personas desempleadas, precarizadas o afectadas por el pluriempleo. 

    Hasta el momento, las organizaciones soportaron la peor embestida de todas las recibidas en tres décadas de vida. Si bien se encuentran en un proceso de transición en lo que hace a la forma de acumulación de poder, todavía mantienen niveles organizativos importantes en los territorios y continúan aportando directamente a las luchas y la resistencia que se forja ante el gobierno de Javier Milei.

    La suerte de los movimientos sociales depende, en alguna medida, de la capacidad para construir una respuesta unificada por abajo desde la clase trabajadora, de elaborar nuevas y creativas coordenadas de acumulación de fuerza y de los éxitos o fracasos que logre el modelo económico y político libertario. 

    De frente y de pie

    En todo el mundo existe la desocupación, pero no en todo el mundo existe el movimiento piquetero tal como se lo concibe en la Argentina. Sobre condiciones objetivas de empobrecimiento y desempleo, al sur de ese mundo, grupos de activistas lograron organizarse, darse métodos con sentido de lucha, e instalarse en la escena pública y política argentina. Lo hicieron, no casualmente, durante el consenso neoliberal de los 90. De las más diversas procedencias ideológicas, una militancia casi aislada encontró allí una grieta, donde emergió la raíz de un movimiento que continúa hasta nuestros días.

    El árbol genealógico piquetero posee una ramificación extensa y variopinta en tendencias: desde las consideradas institucionalistas hasta las revolucionarias, las provenientes del peronismo y las del marxismo, todas tienen en común el nivel de contradicciones y debates hacia su interior, así como la creciente dependencia del Estado al que se oponen. La existencia de los movimientos se da en sincronía directa con la expulsión de trabajadores y trabajadoras expulsados del trabajo formal o de fábrica, ese sector que Marx calificaba como el sector “estancado” de la población sobrante que se genera en el corazón mismo del sistema capitalista.

    Durante estos treinta años, analistas de toda estirpe auguraron la extinción del movimiento piquetero, algunos justificándose en que los ciclos de recuperación económica quitarían las condiciones objetivas para su existencia. Otros, entendían que a fuerza de balas y garrotes se podía llegar al mismo objetivo. En ambos casos, han fracasado.

    En un país con una vasta tradición obrera de lucha, la pobreza siempre será algo que irrite y que moleste, ya sea a quienes desde lo más alto de la cúspide del poder niegan la organización de la clase trabajadora, como para quienes detenten una conciencia revolucionaria y se nieguen a aceptar las condiciones inhumanas de esta vida. Cómo suprimir su existencia o cómo dotarla de una estrategia revolucionaria y anticapitalista. En principio, y a riesgo de caer en una modesta aseveración, puede decirse que nadie pierde de vista que en Argentina la desocupación se organiza y eso no es poca cosa.

    Junio del 2026.

    1. Con el paso de los años, los movimientos piqueteros entraron en un proceso de transformación programática y política que fue modificando su identidad, por lo cual muchos espacios pasaron a conocerse también como movimientos sociales, territoriales o de la economía popular. Más allá de cómo se las nombre, la existencia de estas organizaciones sigue teniendo su principal motivación en la crisis del empleo y, en la vigencia y desarrollo de los distintos estamentos de la población sobrante, tal cual la concebía Marx en El Capital.   ↩︎
    2. Nicolás Salas es periodista, militante social e integrante de la corriente Marabunta, parte de la IV Internacional en Argentina. ↩︎
    3.  En 1997 se dio el segundo “cutralcazo”, donde la represión gubernamental se cobró la vida de Teresa Rodríguez, mujer y madre trabajadora que pasó a ser un símbolo ineludible para las organizaciones de la época. ↩︎
    4.  Los planes sociales en Argentina son un ingreso por trabajador o trabajadora que, en sus inicios, exigían una contraprestación laboral que de todas formas no tenían el reconocimiento de derechos laborales que poseen los trabajadores y trabajadoras que se encuentran bajo convenios colectivos en la Industria u organismos estatales. En definitiva, se trata de una forma de contratación precarizada, originada y financiada, en la mayoría de los casos, con fondos y ejecución del Estado. En el caso de los movimientos, aceptaron los planes sociales pero bajo control y supervisión de las asambleas y cooperativas que se conformaban en los procesos de lucha, marcando importantes niveles de autonomía con los gobiernos municipales, provinciales o nacionales.  ↩︎
  • El acuerdo marco Líbano-Israel, una capitulación ante múltiples amenazas.

    El acuerdo marco Líbano-Israel, una capitulación ante múltiples amenazas.

    Tras el frágil memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, el 26 de junio de 2026 los gobiernos libanés e israelí firmaron, con el patrocinio de Estados Unidos, un «acuerdo marco». Además de representar una capitulación ante los intereses políticos estadounidenses e israelíes, este «acuerdo», en su conclusión, amenaza con convertir al Estado libanés en un subcontratista de seguridad de Tel Aviv y, por lo tanto, profundizar las tensiones políticas y sectarias en el país.

    La sumisión del Estado libanés

    El acuerdo marco entre Beirut y Tel Aviv surge de negociaciones directas entre ambos gobiernos, bajo el patrocinio de Washington. Criticados por entablar negociaciones directas con funcionarios israelíes, percibidas como una concesión gratuita y sin una estrategia real para obtener una contraprestación por parte de Israel, los funcionarios libaneses justificaron esta decisión como la única forma de detener la guerra israelí contra el Líbano. Sin embargo, esto dista mucho de ser cierto, ya que el ejército israelí continúa su ocupación y sus acciones militares en el Líbano, violando por completo el alto el fuego, con víctimas mortales, heridos y destrucción.

    Además de tener como objetivo “una paz completa y duradera que brinde seguridad, estabilidad y prosperidad a los pueblos de Israel y Líbano”, el contenido del acuerdo marco y su anexo de seguridad —mencionado tres veces en el texto— se centra en el desarme de Hezbolá. Asimismo, las acciones militares del ejército de ocupación israelí en Líbano se describen como resultado “exclusivamente de ataques, amenazas e intenciones hostiles provenientes de grupos armados no estatales, en particular Hezbolá”, en total contradicción con la dinámica histórica de las repetidas guerras de Tel Aviv contra Líbano y las ocupaciones de territorio libanés con destrucción generalizada.

    En este sentido, se afirma que el “despliegue gradual” del ejército de ocupación israelí del sur del Líbano depende del “desarme de Hezbolá y de todos los demás grupos armados no estatales” por parte del ejército libanés. El anexo de seguridad también enumera el mecanismo para las denominadas “zonas piloto” al sur del río Litani, donde el ejército libanés sustituirá gradualmente al ejército de ocupación israelí1.  [En este contexto, se prevé que los gobiernos israelí y libanés establezcan “un grupo de coordinación militar, con el apoyo y la participación de Estados Unidos, para garantizar la plena aplicación de este Marco”2.  

    En este contexto, no existe un plazo para la retirada de las fuerzas de ocupación israelíes de los territorios libaneses ocupados, dejando al gobierno israelí la facultad de evaluar, según sus propios criterios, si Hezbolá —o cualquier otro grupo armado no estatal en el Líbano— constituye una amenaza que deba ser erradicada en la zona elegida. Además, durante una gira por una «zona de seguridad» delimitada por la «línea amarilla» y equivalente a más de 600 km² ocupada en el sur del Líbano, que se extiende hasta diez kilómetros de profundidad en el territorio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó ante sus tropas que «no abandonaremos el sur del Líbano hasta que se elimine la amenaza. Mientras Hezbolá, armado, esté presente y nos amenace, nos quedaremos»3.  El día anterior, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también había recalcado que las fuerzas de ocupación israelíes no se retirarían «ni un milímetro» del sur del Líbano hasta que Hezbolá entregara sus armas. Añadió que no creía que el ejército libanés “se convertiría repentinamente en leones que cargan contra Hezbolá”, y que la ocupación israelí del sur sería “por lo tanto a largo plazo”, y que las aldeas “chiíes” en la franja fronteriza “deben desaparecer”4.  

    Anteriormente, el 15 de junio, el mismo ministro había declarado, tras el anuncio de que Estados Unidos e Irán habían alcanzado un alto el fuego que abarcaba el Líbano, que las fuerzas de ocupación israelíes permanecerían “en las zonas seguras del Líbano, Siria y Gaza por un período indefinido” y que estas áreas serían “desocupadas y que toda la infraestructura terrorista […] incluidas las casas de las aldeas en la línea de contacto que se utilizaban como bastiones terroristas, serían destruidas”5. 

    Además, cualquier proceso de reconstrucción futuro en el Líbano debe llevarse a cabo bajo el control total del Estado libanés y, sobre todo, tener como objetivo impedir el desembolso de fondos a cualquier entidad, organización o persona afiliada a grupos armados no estatales, así como adoptar las medidas legales disponibles para prohibir las actividades de cualquier entidad, organización o persona de ese tipo. Esta disposición evidencia la voluntad de continuar los ataques contra organizaciones civiles vinculadas a Hezbolá, como la institución Qard al-Hassan u otras como la constructora del partido Jihad al-Binaa , y va mucho más allá del componente militar. Asimismo, el 30 de junio, los Estados miembros del Centro para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (TFTC), fundado en 2017 e integrado por Estados Unidos y los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Omán, Catar y Kuwait), anunciaron una serie de sanciones dirigidas a varias infraestructuras clave de Hezbolá. como al-Qard al-Hassan y Bayt al-Mal (que ya estaban bajo sanciones estadounidenses desde 2007 y 2006 respectivamente)6. Nuevamente, como sucedió después de la guerra israelí de 2024 contra el Líbano, un posible proceso de reconstrucción futura y una afluencia de ayuda financiera al Líbano están vinculados al desarme de Hezbolá y la normalización con Israel.

    Finalmente, el acuerdo estipula que ambas partes “se comprometen a adoptar medidas de buena fe que demuestren una intención positiva, incluyendo el cese de cualquier acción hostil o perjudicial dentro de los organismos políticos o jurídicos internacionales”. En otras palabras, equivale a la renuncia del Estado libanés —pero no de sus ciudadanos o asociaciones— a demandar al gobierno israelí por los crímenes de guerra cometidos en el Líbano, que costaron la vida a miles de civiles entre las guerras de 2024 y 2026 (más de 4.000 muertos en la guerra de 2024 y, desde principios de marzo de 2026, más de 4.200 personas han muerto y más de un millón se han visto obligadas a abandonar sus hogares), y han causado la destrucción de decenas de miles de viviendas y decenas de localidades. Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Nacional de Investigación Científica (CNRS) publicado en junio de 2026, el sur del Líbano ha sufrido daños estimados en más de 1.000 millones de dólares hasta el 29 de abril de 2026, con más de 11.000 edificios totalmente destruidos por un costo total de aproximadamente 1.380 millones de dólares.12 Mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha publicado una evaluación de los daños a los edificios en Beirut y el Monte Líbano, que abarca el período del 1 de febrero al 14 de abril de 2026, que asciende a 146 edificios destruidos y 264 parcialmente dañados, con un costo estimado de 365 millones de dólares.13 Esto se suma a las múltiples destrucciones de la guerra de 2024, estimadas en más de 7.000 millones de dólares en daños directos, sin incluir las pérdidas económicas estimadas en 13.000 millones de dólares.

    El objetivo de este acuerdo marco es claro: garantizar que el ejército libanés, bajo el liderazgo de su gobierno, lidere el desarme de Hezbolá y margine al partido libanés en cualquier proceso de reconstrucción futuro, todo ello en beneficio de los intereses políticos y de seguridad de Estados Unidos e Israel.

    Sumisión a los intereses estadounidenses e israelíes

    El contenido del acuerdo marco refleja la profundización de la orientación política de una facción de la clase dirigente libanesa, representada por el presidente Joseph Aoun, su primer ministro Nawaf Salam y algunos otros partidos de la derecha maronita tradicional, a favor de la normalización de relaciones con el Estado de Israel. Entre ellos, las Fuerzas Libanesas y Kataeb . Esta orientación consiste en aliarse con potencias occidentales y regionales para consolidar su poder y reducir la influencia de Hezbolá y su aliado iraní en el Líbano, buscando desarmarlo, combatir sus circuitos y redes financieras informales e incluso debilitar su red de organizaciones civiles.

    Apoyando esta orientación, el jefe de las Fuerzas Libanesas (FL), Samir Geagea, aclamó “la iniciativa política más importante del Estado libanés en medio siglo”, considerando que el acuerdo permitirá la retirada israelí del sur y “eliminará la existencia de organizaciones armadas fuera del Estado, principalmente Hezbolá”7. 

    La orientación política de esta facción de la clase dirigente libanesa, encabezada por el presidente y el primer ministro, se fortaleció tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la reciente guerra israelí contra el Líbano, con la esperanza, en particular, de debilitar a estos dos actores o incluso de lograr una derrota para Teherán. Sin embargo, la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán ha frustrado estas esperanzas. Este protocolo estipulaba, entre otras cosas, el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, entre ambos países y sus aliados, así como la creación de una célula de desescalada para consolidar el llamado alto el fuego en el país.

    En lugar de buscar una posible coordinación táctica y temporal con Irán y otros estados de la región, como Qatar, Arabia Saudita, Pakistán y Turquía, para fortalecer la posición libanesa en sus negociaciones con Israel bajo el patrocinio del gobierno estadounidense, el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, y la inclusión del Líbano en él, fueron percibidos como una amenaza por el presidente y el primer ministro libaneses, en su afán por consolidar su poder frente a Hezbolá y su aliado iraní. Durante la última guerra israelí contra el Líbano y las negociaciones entre ambos actores, el gobierno libanés se ha esforzado por romper todo vínculo con las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

    En efecto, esta facción de la clase dirigente libanesa prefirió apostar por un acuerdo político y de seguridad con Israel, patrocinado por Estados Unidos, que buscaba desarmar a Hezbolá sin contrapartes ni garantías israelíes reales, salvo meras declaraciones simbólicas sobre la soberanía libanesa. Todo ello para impedir que Irán incluyera a Líbano en estas negociaciones, con el objetivo de proteger a su principal aliado y agente de influencia en el país, Hezbolá, incluso sin tener en cuenta los derechos del Estado libanés y su soberanía, como se explicó anteriormente. Aprovechando esta situación, Estados Unidos presionó a las autoridades libanesas para obtener aún más concesiones para su aliado israelí y para servir a sus intereses políticos.

    Así, si bien desde que asumieron el cargo en enero de 2025 afirmaron querer lograr y garantizar la “soberanía” del Líbano, y a pesar de las limitaciones para alcanzar tal objetivo¹⁶, el presidente libanés y sus aliados gobernantes han reforzado su dependencia política de Estados Unidos. Cabe mencionar que esta estrategia ignora el hecho de que Washington no es un intermediario neutral entre el Líbano e Israel, sino todo lo contrario. Las ocupaciones y guerras del ejército de ocupación israelí contra el Líbano solo son posibles con el apoyo de Washington, al igual que el genocidio que se está produciendo en la Franja de Gaza. El gobierno estadounidense, por ejemplo, no presionó a Israel durante el anterior alto el fuego en noviembre de 2024. El ejército de ocupación israelí ha continuado con ataques casi diarios contra el Líbano, que han provocado cientos de muertos, decenas de secuestros, miles de heridos y más de 15 000 violaciones del alto el fuego por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, tanto por tierra como por mar. Además, Tel Aviv, con el apoyo de Estados Unidos, ha bloqueado cualquier reconstrucción en el sur, incluyendo la de varias aldeas fronterizas arrasadas.

    Es más, ocurre lo contrario: fue el presidente de Estados Unidos quien impuso el alto el fuego con Irán, por frágil que fuera, y la reducción de la violencia israelí en Líbano, a la que Netanyahu tuvo que someterse, no sin reticencia. Esto se refleja en las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien lamentó el «vínculo establecido entre los frentes libanés e iraní por Trump», tras el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos anunciado a mediados de junio y firmado el 17 de junio, que prevé en su primer artículo un alto el fuego en Líbano. Añadió que «cuando el presidente Trump vinculó los asuntos iraní y libanés, dejamos de destruir edificios en Beirut. El vínculo entre ambos frentes responde a un interés estadounidense y es una de las limitaciones de nuestra alianza con Estados Unidos»8.  

    Además, el gobierno libanés enfrenta numerosos obstáculos y desafíos para implementar los puntos del acuerdo marco. Más allá de las limitaciones de las capacidades e infraestructura del ejército libanés, muchos oficiales militares no ven con buenos ojos este acuerdo ni el proceso de desarme de Hezbolá en las actuales condiciones políticas, caracterizadas por las guerras y ocupaciones en curso contra el Líbano. El ejército libanés no se ha librado de los bombardeos y ataques del ejército de ocupación israelí, que han causado la muerte de algunos de sus miembros. Asimismo, un proceso de este tipo contra Hezbolá pondría en riesgo la unidad del ejército, compuesto por más de un tercio de chiítas, y generaría tensiones sectarias y violencia en el país. Su comandante en jefe, Rodolphe Haykal, ya se ha manifestado en el pasado oponiéndose al uso de la fuerza contra Hezbolá, temiendo un baño de sangre y la división del ejército.

    De igual modo, para que un acuerdo de este tipo se convirtiera en un verdadero acuerdo de paz, como se menciona en el texto, requeriría la aprobación del parlamento, lo que encontraría la oposición de Hezbolá y Amal, pero probablemente también la de otros grupos preocupados por las importantes concesiones hechas a Israel. De hecho, este acuerdo marco también encuentra oposición dentro de la sociedad libanesa, más allá de Hezbolá y su aliado Amal.

    La oposición al acuerdo va más allá de Hezbolá.

    Hezbolá denunció el acuerdo, calificándolo de «grave error», y su secretario general, Naim Kassem, consideró «extremadamente peligrosa» la condición del desarme completo del partido en todo el territorio libanés antes de cualquier retirada israelí del Líbano. «Traspasa todas las líneas rojas y convierte al Líbano en un títere en manos del enemigo israelí». Añadió que este acuerdo era «nulo y sin efecto»9. El vicepresidente del Buró Político de Hezbolá, Mahmoud Comati, aseguró que el partido «no permitirá su implementación» y que lo combatirá «por todos los medios y métodos posibles»10. 

    El presidente del Parlamento libanés y líder del movimiento Amal, Nabih Berry, afirmó que el acuerdo entre Líbano e Israel era «contradictorio e imposible de implementar» porque, en su opinión, era contrario a toda lógica y estaba desfasado con las posiciones árabes e internacionales, además de no cumplir ninguna de las condiciones necesarias para su éxito o implementación11.  Añadió que «lo principal ahora es restablecer la unidad del frente interno y alcanzar un consenso entre los libaneses para impedir que Israel logre sus objetivos, ya sea mediante la guerra, la división o la confrontación interna».

    Ambas partes acogieron con satisfacción el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, así como el alto el fuego logrado por Irán en Líbano, que, si bien redujo la intensidad de los ataques de Tel Aviv, fue violado con frecuencia por el ejército de ocupación israelí en el sur del país. Los representantes de Hezbolá insisten en que Teherán tiene «instrumentos de presión» sobre Washington, lo que a su vez podría presionar a Israel para que se retire de Líbano.

    Sin embargo, el acuerdo no solo cuenta con la oposición de Hezbolá y su aliado Amal, sino también de otros sectores políticos libaneses. El líder druso y exlíder del PSP, Walid Jumblatt, calificó el acuerdo de «una capitulación ante Israel» y lamentó la «omisión total» del armisticio de 1949 entre Líbano e Israel en el texto del acuerdo marco, así como el uso del término «ocupación». Concluyó haciendo un llamamiento a la formación de «un frente de oposición política a este acuerdo»12. 
    No obstante, días después matizó estas declaraciones al afirmar: «No vamos a formar parte de una coalición política para derrocar el texto. Tampoco lo vamos a apoyar»13. Otros actores políticos ya han expresado críticas al acuerdo, como el Movimiento Patriótico Libre –y su líder Gebran Bassil ya ha hablado con Nabih Berri–, el partido armenio Tashnag y diputados de la comunidad sunita, incluidos familiares del ex primer ministro Saad Hariri y otros identificados con las protestas populares de 2019.

    La facción de la clase dirigente libanesa que se opone a este acuerdo marco espera contar con el apoyo de varios actores regionales, como el Reino de Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Turquía, quienes no desean una extensión de la hegemonía estadounidense, basada principalmente en la alianza con Israel y los Emiratos Árabes Unidos, en el Líbano y en otras partes de la región, en detrimento de sus intereses. Algunos de estos países desempeñaron un papel significativo en las negociaciones para la firma del memorando de entendimiento, o lo apoyaron, porque sus líderes comprendieron que una derrota total de Irán y un fortalecimiento de la influencia israelí en la región no convenían a sus intereses. Estos líderes, que también son aliados cercanos de Estados Unidos y no buscan desafiar la hegemonía estadounidense en la región ni oponerse a una normalización regional del Estado de Israel, con el que mantienen relaciones oficiales o no oficiales, perciben las políticas bélicas y expansionistas de Israel como una fuente de inestabilidad y una amenaza para sus propios intereses nacionales e influencia regional. Ante la falta de comunicación sobre el tema, la postura de Arabia Saudita respecto al acuerdo marco y su intención de abordarlo siguen sin estar claras, a diferencia de la de los Emiratos Árabes Unidos, que lo han acogido con beneplácito. Asimismo, el Consejo de Cooperación del Golfo, del que Riad es el actor más importante, emitió un comunicado el día anterior a la firma del acuerdo, en el que celebraba la continuación de las negociaciones entre Beirut y Tel Aviv y la posibilidad de un acuerdo de paz.

    Por su parte, el Partido Comunista Libanés declaró en un comunicado titulado «Uniendo esfuerzos para derrocar el vergonzoso acuerdo libanés-israelí» que «el acuerdo firmado en Washington entre la delegación del gobierno libanés e Israel constituye un peligroso precedente de sumisión y capitulación, dadas las importantes concesiones realizadas por la delegación libanesa. Este acuerdo, en la práctica, avala la continuación de la ocupación sionista de gran parte del sur del Líbano, sin mencionar una retirada ni siquiera un calendario». Además, el partido añade que el acuerdo marco «transforma al enemigo sionista en un aliado con el que cooperar, y a Hezbolá en un enemigo al que atacar», lo que podría conducir a «un conflicto interno inaceptable que solo beneficia los intereses del enemigo sionista»14. 

    Discordia interna

    Tras la firma del acuerdo marco, se manifestaron algunas tensiones políticas, como una modesta protesta en Beirut por parte de simpatizantes de Hezbolá y Amal que rechazaban el acuerdo, o la quema en la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Beirut de carteles que apoyaban la postura del gobierno, con los lemas «Líbano Primero» y «Líbano nos une», sobre una bandera libanesa de fondo rojo, que habían sustituido a los carteles de agradecimiento a Irán. Estas tensiones se ven agravadas por las acumuladas durante la última guerra, especialmente entre la población chiíta contra el gobierno libanés.

    En los días siguientes, las distintas facciones de la clase dirigente libanesa hicieron un llamamiento para que no se pusiera en peligro la paz civil en el Líbano. Nawaf Salam y Nabih Berry reafirmaron su rechazo a «cualquier forma de discordia» entre los libaneses y a cualquier «intento de división nacional».

    Estas declaraciones fueron seguidas por las del vicepresidente del buró político de Hezbolá, Mahmoud Comati, quien consideró que el acuerdo no “justificaba” una movilización en las calles por parte de los simpatizantes de Hezbolá. Añadió además que el partido no preveía, “en un futuro próximo”, la dimisión de sus dos ministros del gobierno de Nawaf Salam. Según él, esta decisión busca preservar “un hilo conductor” de comunicación y demostrar que Hezbolá “no desea una ruptura ni una separación total”15.  

    Sin embargo, estos llamamientos no pueden ocultar las persistentes tensiones en el país que podrían estallar en el futuro. El vicepresidente del buró político de Hezbolá, Comati, advirtió: «Seguimos dándoles una oportunidad e intentando que reconsideren su error… Si persisten en este camino, como parece ser el caso, y si quieren llevar al país hacia la discordia, la destrucción y la inestabilidad, sabemos cómo afrontarlo», sin dar más detalles16.

    Esta tensión política y sectaria en el país, por supuesto, sirve a los intereses de Israel, que tiene una larga historia de explotar estas tensiones y no le importaría que estallaran enfrentamientos sectarios.

    Conclusión

    Muchos políticos libaneses mencionaron que este acuerdo marco les recordaba al acuerdo del 17 de mayo de 1983, firmado entre el gobierno libanés presidido por Amine Gemayel e Israel, que supuestamente pondría fin oficialmente al estado de beligerancia entre ambos países tras la invasión israelí del Líbano en 1982, y sobre todo, que afianzaría al Líbano en el bando proestadounidense e israelí. Sin embargo, este acuerdo nunca se implementó y fue cancelado en febrero de 1984, cuando la ocupación israelí aún no había terminado.

    Pero, aún más peligroso, el contenido de este acuerdo marco recuerda en muchos sentidos la relación que rige al Estado israelí, responsable de genocidio, y a la Autoridad Palestina (AP). Tras los Acuerdos de Oslo de 1993, la AP actuó gradualmente como una especie de policía al servicio de Washington y Tel Aviv. Así, en lugar de conducir a la liberación palestina, este acuerdo representó una verdadera capitulación y avaló el colonialismo israelí en la Palestina histórica, traicionando el derecho de los refugiados palestinos a regresar a su tierra. Por otro lado, esto ha permitido a las autoridades de ocupación mantener el control sobre la totalidad de los Territorios Palestinos Ocupados y desarrollar asentamientos. Además, las divisiones palestinas están vinculadas, en particular, a las consecuencias de los Acuerdos de Oslo y las políticas de la AP.

    Con cada avance de las políticas coloniales expansionistas israelíes, apoyadas por Estados Unidos y otras potencias occidentales, Tel Aviv intensifica su violencia asesina contra las poblaciones regionales y extiende su ocupación de los territorios palestinos libaneses y sirios, acompañada de políticas de limpieza étnica que transforman sus territorios en «tierra de nadie». Por ejemplo, poco después de la firma del acuerdo marco libanés-israelí, Tel Aviv intensificó sus ataques en el sur de Siria, específicamente en la provincia de Daraa y la cuenca del Yarmuk, mediante operaciones de incursión y la expansión de su ocupación del territorio sirio. En Gaza, el genocidio continúa y las fuerzas de ocupación israelíes han extendido su ocupación dentro del territorio palestino, del 53% al 60% a finales de mayo, tras la llamada tregua alcanzada en octubre de 2025, mientras que en el resto del territorio, el 90% de los habitantes vive en campamentos de desplazados internos superpoblados y en condiciones de extrema pobreza. El 28 de mayo de 2026, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró haber ordenado al ejército de ocupación israelí que tomara el control del 70% del enclave. Al día siguiente, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmó que Israel estaba dispuesto a establecer tres asentamientos en el norte de Gaza y que debía tomar el control del resto de la Franja. Todo esto ocurre con total impunidad, amparada por Estados Unidos y las principales potencias occidentales.

    En conclusión, ni en Líbano, ni en Palestina, ni en Siria, ni en Irán, ni en ningún otro lugar, Estados Unidos y su aliado israelí buscan la democracia ni el bienestar de la población local. Su objetivo es imponer, principalmente mediante la violencia, un orden regional dominado por Washington y Tel Aviv.

    Nota de Joseph Daher publicada en International Viewpoint – 1 de julio de 2026

    1. Es interesante observar que la mayoría de las “zonas piloto” de las que se retirará el ejército de ocupación israelí nunca han sido conquistadas. Asimismo, según el Canal 11 de Israel y otros medios de comunicación, la retirada de las tropas de ocupación israelíes de dos “zonas piloto” en el sur del Líbano, prevista en el acuerdo marco, se pospondría hasta que se alcanzara un acuerdo sobre un “mecanismo de supervisión conjunta” para los ejércitos libanés e israelí. ↩︎
    2.  Este grupo de coordinación militar será responsable de garantizar el funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para gestionar la resolución de conflictos, la verificación y la implementación general del marco. Se espera que esto reemplace al comité de supervisión, creado después del acuerdo de alto el fuego del 27 de noviembre de 2024, para “fortalecer la cooperación” entre Líbano e Israel “que operará conjuntamente, presumiblemente dentro de un centro de mando conjunto virtual, bajo la coordinación estadounidense”. Además, y a diferencia del “Mecanismo” de 2024, esta comisión de supervisión también será responsable de coordinar el desmantelamiento de la infraestructura de Hezbolá, y ya no solo informar sobre violaciones del alto el fuego. “Le retrait des zones pilotes retardé jusqu’à la mise en place d’un nouveau mécanisme de supervision, selon un média israélien”, 29 de junio de 2026, 
      L’Orient le Jour . ↩︎
    3. Tan solo tres días después del anuncio del alto el fuego el 17 de abril de 2026, el ejército de ocupación israelí publicó un nuevo mapa que mostraba un área ampliada que cubría el 6% del territorio libanés, designada como una “línea de defensa avanzada”, y pidió a la población que no regresara a una larga lista de pueblos ubicados en el interior, localidades donde vivían decenas de miles de personas. ↩︎
    4. “Katz: Israel restera au Liban-Sud jusqu’au désarmement du Hezbollah, les villages frontaliers “devaient disparaître”, 29 de junio de 2026, 
      L’Orient le Jour . ↩︎
    5. «Liban. Israel intensifie son recours aux ordres illégaux d’évacuation Massive et se rend responsable de transfert illégal depoblation, un crime de guerre», Amnistía Internacional, 17 de junio de 2026. ↩︎
    6. El comunicado agregó que “estas medidas coordinadas subrayan el compromiso compartido de los miembros de TFTC para interrumpir la capacidad de Hezbolá de explotar el sistema financiero internacional. Todas las personas y entidades señaladas hoy ya habían sido designadas por los Estados Unidos”. “Sanciones: varias infraestructuras clave de Hezbolá destruidas por los Estados Unidos y los países del Golfo, 30 de junio de 2026”, 
      L’Orient le Jour . ↩︎
    7. “C’est la discorde!, Grave error, Réussite: réactions diamétralement opposées autour de l’accord-cadre entre le Liban et Israël”, 27 de junio de 2026, 
      L’Orient le Jour . ↩︎
    8. “Katz: Israel restera au Liban-Sud jusqu’au désarmement du Hezbollah, les villages frontaliers “devaient disparaître”” 29 de junio de 2026, 
      L’Orient le Jour. ↩︎
    9. “Naïm Kassem rejette l’accord Liban–Israël et le proclame “nul et non avenu””, 
      L’Orient le Jour , 27 de junio de 2026. ↩︎
    10. “Accord-cadre: le Hezbollah ne prévoit pas à ce stade de contestation populaire; Salam et Berry rejettent “toute forme de discorde””, 
      L’Orient le Jour , 29 de junio de 2026. ↩︎
    11. “Nabih Berry à L’OLJ: L’accord entre le Liban et Israël ne passera pas”, Mounir Rabih, L’Orient le jour 28 de junio de 2026. ↩︎
    12. “Guerre au Liban: L’accord est une capitulation face à Israël, lamenta Walid Joumblatt, chef historique de la communauté druze”, Pierre Barbancey, 
      l’Humanité , 28 de junio de 2026. ↩︎
    13. “Joumblatt à L’OLJ: Je ne ferai pas partie d’une coalición pour faire tomber l’accord-cadre entre le Liban et Israël”, Yara Abi Akl, 2 de julio de 2026, 
      L’Orient le Jour . ↩︎
    14. “Unir les choses pour faire tomber l’accord honteux libano-israélien”, Partido Comunista Libanés, 29 de junio de 2026. ↩︎
    15.  “Accord-cadre: le Hezbollah ne prévoit pas à ce stade de contestation populaire; Salam et Berry rejettent “toute forme de discorde””, L’Orient le Jour , 29 de junio de 2026. ↩︎
    16. ibíd. ↩︎

  • Cuba: abandonada por sus posibles aliados

    Cuba: abandonada por sus posibles aliados

    El título está tomado del importante artículo de Josué Veloz Serrade1 publicado por la web cubana La Tizza titulado «Cuba en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita», escrito en marzo de 2026. Me lo envió Aurelio Tejeda desde La Habana. Al enviarme el artículo de Josué Veloz Serrade, al que no conocía, Aurelio escribía: «Es lo mejor que he leído en estos últimos meses». Esta valoración, viniendo de Aurelio, me convenció para leer el artículo.

    Aurelio Alonso Tejada, nacido en La Habana en 1939, es uno de los intelectuales marxistas y analistas sociales más destacados de Cuba desde la Revolución de 1959. Sociólogo, filósofo y ensayista marxista, es conocido por sus trabajos sobre el socialismo cubano, la religión, la geopolítica y las transformaciones de la sociedad cubana contemporánea. Lo conozco personalmente desde hace más de 30 años. A menudo ha expresado su opinión crítica sobre la situación en Cuba y en algunos momentos esto no ha sido bien recibido por las autoridades, pero siempre se ha mantenido fiel a su compromiso revolucionario y ha permanecido en Cuba, donde su valía es ampliamente reconocida. Aurelio es una de las figuras del pensamiento crítico cubano contemporáneo. Lo conocí al mismo tiempo que a Fernando Martínez Heredia (1939-2017)2 , Juan Valdés Paz (1938-2021), Rafael Hernández (1946-…) y Luis Suárez (1950-…).

    El artículo de Josué Veloz Serrade parte de una idea fundamental: la crisis actual que atraviesa Cuba, en particular la crisis energética, no es principalmente el resultado de fallos internos —aunque los haya—, sino la consecuencia de más de seis décadas de bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Según el autor, el objetivo de esta política no es solo sancionar al Gobierno cubano, sino provocar progresivamente una implosión económica y social con el fin de provocar un cambio de régimen. Cabría añadir que Washington busca una rendición como la que obtuvo de las autoridades de Venezuela en enero de 2026.

    Uno de los temas centrales del artículo es la crítica a lo que el autor denomina el «multilateralismo hipócrita». Considera que las grandes potencias que se presentan como defensoras de un mundo multipolar, en particular Rusia y China, se limitan a declaraciones de solidaridad. Condenan el bloqueo en los foros internacionales pero se niegan a adoptar medidas concretas lo suficientemente contundentes que permitan eludirlo, por ejemplo, suministrando más petróleo, creando mecanismos financieros alternativos realmente eficaces o garantizando la protección de los suministros destinados a la isla. Para el autor, esta actitud revela que buscan ante todo mejorar su posición dentro del orden mundial existente, en lugar de transformarlo.

    El propio autor destaca: «Cuba no solo enfrenta la hostilidad del imperio, sino el abandono silencioso de aquellos que, en teoría, debieran disputar el orden unipolar»

    El artículo también critica a los gobiernos progresistas de América Latina, en particular a los de Brasil y Colombia. Aunque manifiestan su apoyo a Cuba en el plano retórico, no estarían dispuestos a entablar una verdadera confrontación con la política estadounidense. El autor considera que esta cautela es un error estratégico, ya que el abandono de Cuba debilita, en realidad, al conjunto de las fuerzas que pretenden defender la soberanía de los países del Sur. El autor resume:

    Al permitir que un proyecto soberano sea destruido por el imperio sin consecuencias, envían un mensaje a sus propias poblaciones y a otros actores secundarios: la solidaridad es un lujo que no podemos permitirnos; cuando llegue tu turno, estarás solo.

    Otra idea importante es el rechazo del mito de la autosuficiencia. Según el autor, ningún país del mundo es verdaderamente autosuficiente, ni siquiera Estados Unidos, China o Rusia. Exigir a Cuba que pueda desarrollarse de forma autónoma a pesar del bloqueo constituye, por tanto, una exigencia injusta y poco realista. Esta exigencia sirve sobre todo para trasladar la responsabilidad de la crisis a las autoridades cubanas y minimizar el papel de las sanciones.

    El autor también critica el discurso que presenta a Cuba como un Estado fallido. En su opinión, esta calificación invierte las causas y las consecuencias. Las dificultades económicas, la escasez y la emigración se interpretan como pruebas del fracaso del sistema cubano, cuando, según él, serían en gran medida el resultado de la agresión económica exterior. El relato del Estado fallido tendría así la función política de justificar el abandono de Cuba, o incluso de preparar el terreno para una futura intervención.

    Para respaldar su argumentación, el artículo establece varios paralelismos históricos. En particular, compara la situación de Cuba con la de la República Española, abandonada por las democracias occidentales frente al franquismo, mientras que Hitler y Mussolini intervinieron militarmente para asegurar la victoria de Franco. El artículo también hace referencia a las experiencias de Vietnam e Irán, que ilustrarían la capacidad de resistir agresiones externas. Estos ejemplos pretenden mostrar que el abandono de un país atacado puede tener consecuencias geopolíticas mucho más amplias que su mero destino nacional.

    Josué Veloz Serrade presenta a Cuba como un símbolo político. El autor considera que la isla representa la prueba de que es posible resistir durante décadas a la primera potencia mundial, al tiempo que se preservan importantes logros sociales, especialmente en los ámbitos de la sanidad, la educación y la cultura. Es precisamente esta capacidad de resistencia lo que convierte a Cuba en un ejemplo incómodo para el orden internacional dominante.

    El autor también analiza los cambios que se han producido en la diáspora cubana, especialmente en la de Miami. Según él, la comunidad cubana afincada en Estados Unidos ya no es la misma que la de los años sesenta. En aquella época, el exilio estaba compuesto en gran parte por miembros de las antiguas élites cubanas —terratenientes, empresarios, profesionales liberales y opositores políticos que habían abandonado la isla tras la Revolución de 1959—. Esta primera generación constituía el núcleo duro del anticastrismo y desempeñó un papel central en la constitución del poderoso lobby cubano-estadounidense favorable al mantenimiento del bloqueo.

    El autor afirma que, en la actualidad, la composición sociológica de la diáspora ha cambiado profundamente. La mayoría de los cubanos que viven en Estados Unidos serían ahora migrantes económicos llegados en las últimas décadas. Por lo general, han conservado vínculos familiares, afectivos y culturales muy estrechos con Cuba: padres, hijos, hermanos y hermanas siguen viviendo en la isla y muchos envían regularmente remesas a sus familias.

    A partir de esta evolución demográfica, Josué Veloz Serrade desarrolla una tesis política: en caso de una escalada importante o incluso de una hipotética intervención militar estadounidense contra Cuba, Washington ya no podría contar con el apoyo unánime de la comunidad cubano-estadounidense, como habría podido ser el caso en la década de 1960. Bombardear o atacar Cuba equivaldría, para muchos cubanoamericanos, a poner en peligro a sus propias familias, a sus seres queridos y a sus lugares de origen.

    El autor va incluso más allá al hablar de una especie de «quinta columna inversa»: mientras que antes Miami se percibía como una base de retaguardia de la oposición a la Revolución cubana, hoy podría convertirse, en determinadas circunstancias extremas, en un foco de contestación a la política estadounidense hacia Cuba. Los lazos afectivos y familiares prevalecerían entonces sobre las divisiones ideológicas.

    Por último, el artículo concluye con un llamamiento a la acción. Las declaraciones de solidaridad se consideran insuficientes. El autor pide que los Estados que afirman apoyar a Cuba adopten medidas concretas: suministro de petróleo, creación de mecanismos financieros alternativos, protección de los abastecimientos y presiones diplomáticas reales contra el bloqueo. También insta a los movimientos de solidaridad internacionales a ejercer presión sobre sus gobiernos para que el apoyo a Cuba deje de ser meramente simbólico y se convierta en una política efectiva.

    Comparto en gran medida el análisis y la opinión que expresa Josué Veloz Serrade. Añado las siguientes observaciones.

    1. El abandono de Cuba por parte de Rusia y China

    La actitud de Rusia y China es, efectivamente, tal y como la describe el autor. Las consecuencias de su inacción podrían ser dramáticas. La Rusia dirigida por Putin abandona a Cuba frente a Washington y se sirve de ello en las negociaciones con Trump para que este le deje el máximo margen de maniobra en Ucrania3 .

    Putin ha hecho lo mismo con Venezuela, Irán, el Líbano y el pueblo palestino. Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump ha conseguido que Vladimir Putin, más allá de las protestas verbales, no reaccione ante los actos de agresión y de guerra perpetrados por Washington contra aliados de Moscú, ya sea Venezuela o Irán, o incluso ante el bloqueo total de Cuba aplicado desde finales de enero de 2026. Trump ha dado un giro con respecto a la política adoptada durante su primer mandato, en el que situaba a China y a Rusia en el mismo plano, considerándolas adversarias que pretendían cuestionar el orden internacional dominado por Washington. Donald Trump envía a Putin el mensaje de que está dispuesto a aceptar que Moscú utilice y abuse de la fuerza en su entorno geográfico, especialmente en Ucrania, al igual que lo hace Washington en las Américas, en Oriente Próximo y en otros lugares. Trump reafirma su derecho a hacer uso de la fuerza en cualquier parte del mundo y reconoce, de hecho, el derecho de Putin a hacer lo mismo en un perímetro más limitado que corresponde a una parte del territorio del antiguo imperio ruso de la época de los zares y de la antigua Unión Soviética. Esto se ajusta a una lógica clásica de reparto implícito de las zonas de influencia entre las grandes potencias imperialistas. Putin ha señalado que el documento de estrategia internacional publicado por Trump en diciembre de 2025 coincide en gran medida con la visión de Moscú4. [Durante el largo discurso que pronunció en San Petersburgo a principios de junio de 2026 con motivo del Foro Económico Internacional ante una audiencia de personalidades internacionales (representantes de Estados y directivos de empresas), Putin no hizo ninguna referencia a Cuba, Irán, Venezuela ni Gaza5. Y solo mencionó una vez lo que denominó el «conflicto en Ucrania». La totalidad de su discurso confirma la crítica expresada por Josué Veloz.

    En cuanto a China, aunque Trump ha lanzado una ofensiva contra ella, decide no reaccionar y no acudir en ayuda de Cuba con el fin de limitar la agresividad económica, arancelaria y militar de Washington y mantener el máximo margen de maniobra en su entorno, incluso con respecto a Taiwán.

    Durante la cumbre del G7 celebrada en Évian-les-Bains (junio de 2026), Donald Trump ha declarado públicamente que agradecía al presidente chino Xi Jinping y al presidente ruso Vladimir Putin su «neutralidad» en la guerra con Irán6; podría haber añadido a Cuba y Palestina a la lista.

    La falta de ayuda al pueblo cubano en peligro sirve a Rusia y a China como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos.Rusia y China podrían, juntas o por separado, desafiar el bloqueo total decretado por Washington contra Cuba sin correr riesgos insuperables.

    2. Los gobiernos de Lula en Brasil y de Claudia Sheinbaum en México

    En cuanto a los gobiernos progresistas de América Latina, estoy de acuerdo con la firme crítica que se les dirige: su falta de acción decidida frente al bloqueo de Washington contra Cuba es perjudicial. La crítica de Josué hacia Brasil está totalmente justificada. Me parece exagerado poner la actitud de la Colombia de Petro en la misma categoría que la de Brasil. El Gobierno colombiano no tiene el mismo poder ni un margen de maniobra comparable al de Brasil.

    Aunque Josué no lo hace en su artículo, también es legítimo dirigir una crítica al Gobierno de Claudia Sheinbaum. No obstante, hay que precisar los hechos. Hasta finales de 2025, el principal proveedor de petróleo de Cuba seguía siendo Venezuela. Reuters indicaba en enero de 2026 que en 2025 Venezuela había suministrado a la isla unos 26 500 barriles al día, frente a los aproximadamente 5000 barriles al día de México, que entonces ocupaba el segundo lugar7. No fue hasta la interrupción de los envíos venezolanos a finales de 2025 y principios de 2026 que los suministros mexicanos se convirtieron en un apoyo energético especialmente importante para Cuba8. La propia Claudia Sheinbaum reconoció entonces que, en este nuevo contexto, México se había convertido en un «importante proveedor» para la isla, al tiempo que precisaba que anteriormente ese papel lo desempeñaba Venezuela9. Ante las amenazas arancelarias y financieras esgrimidas por Donald Trump, México suspendió posteriormente sus envíos directos de crudo y reorientó su ayuda hacia los suministros humanitarios y las gestiones diplomáticas10. La crítica que se le puede hacer a la presidencia de México es haber interrumpido, bajo presión estadounidense, un suministro que se había vuelto crucial tras la ruptura con Venezuela. Paralelamente, Claudia Sheinbaum negocia activamente con Washington para obtener exenciones especiales que permitan a Cuba volver a recibir energía.

    Como países productores y exportadores de petróleo, con gobiernos progresistas al frente, Brasil y México deberían enviar petróleo a Cuba, aunque la presión, las represalias arancelarias y las amenazas de Trump sean fuertes. Cabe destacar que las exportaciones de crudo de Brasil suelen alcanzar entre 1,5 y 2 millones de barriles al día. Las exportaciones de petróleo de México oscilan entre 0,5 y 0,8 millones de barriles diarios, pero Cuba solo necesita importar entre 80 000 y 100 000 barriles. Por lo tanto, abastecer a Cuba de petróleo es factible.

    La mejor opción sería un acuerdo entre el Gobierno de Lula en Brasil y el de Sheinbaum para desafiar conjuntamente el bloqueo y suministrar regularmente el petróleo que Cuba necesita, además de la ayuda humanitaria en forma de alimentos, medicamentos, etc., que actualmente proporcionan estos dos Gobiernos. Los barcos que transporten el petróleo y el resto de la ayuda a Cuba deberían estar protegidos conjuntamente por las marinas de guerra de México y Brasil.

    Recuadro : La ayuda humanitaria prestada por el Brasil de Lula y el México de Sheinbaum

    Entre febrero y junio de 2026 México fletó seis convoyes oficiales de ayuda humanitaria con destino a Cuba. El primer envío de gran envergadura (febrero de 2026): Por orden directa de la presidenta, dos buques de apoyo logístico de la Armada mexicana (el Papaloapan y el Isla Holbox) transportaron más de 814 toneladas de provisiones (entre ellas 536 toneladas de alimentos básicos y artículos de higiene, así como 277 toneladas de leche en polvo). El segundo envío importante (finales de febrero de 2026): Los buques de la Armada transportaron 1 193 toneladas de alimentos, entre los que destacaban las alubias y la leche de fórmula. Continuación de los envíos en mayo – junio de 2026: Otros buques de carga, como el Asian Katra, que llegó al puerto de La Habana el 7 de junio de 2026, siguen abasteciendo a la isla con productos básicos para paliar la escasez de alimentos.

    La ayuda humanitaria prestada por Brasil. En febrero de 2026, Brasil envió de urgencia 2,5 toneladas de medicamentos de primera necesidad por vía aérea a La Habana. A lo largo del mes de marzo Brasil envió un nuevo cargamento de emergencia que incluía 80 toneladas de medicamentos.

    La ayuda humanitaria de México a Cuba es, en general, más importante, más frecuente y directa que la que presta Brasil.

    México despliega su propio ejército: la presidenta Claudia Sheinbaum utiliza directamente los buques de guerra de la Armada mexicana (como el Papaloapan, el Isla Holbox y el Huasteco) para romper el bloqueo marítimo de Cuba. Estos buques militares del Gobierno transportan la carga de puerto a puerto.

    Brasil, para evitar un conflicto más con Trump, recurre a la ONU: La ayuda brasileña consiste en una promesa de alimentos que transita por los canales multilaterales del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Brasil suministra la mercancía, pero su distribución depende de la logística de terceros o de la capacidad de los buques cubanos para ir a recogerla.

    Brasil se protege jurídicamente: para evitar que sus empresas (como Petrobras) sean objeto de sanciones estadounidenses, Brasil califica estrictamente sus envíos como «donaciones humanitarias» multilaterales.
    México hace entrar sus buques militares directamente en la bahía de La Habana. Brasil, por el contrario, delega totalmente la gestión material a la ONU y al Programa Mundial de Alimentos (PMA). Se trata de una ayuda esencial pero «neutral», que no conlleva la misma carga de confrontación política.

    3. El trío formado por España, Brasil y México se ha limitado hasta ahora a las protestas verbales, mientras que Cuba necesita un apoyo práctico urgente

    A mediados de abril de 2026 se celebró en Barcelona una cumbre denominada Global Progressive Mobilisation (GPM). La figura más destacada fue el jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. También estuvieron presentes Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y el presidente uruguayo Yamandú Orsi, así como Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica.

    Los Gobiernos de México, España y Brasil adoptaron una declaración conjunta para defender a Cuba frente a la política de Trump, pero no decidieron enviar de forma conjunta el petróleo que Cuba tanto necesita.

    Un frente de solidaridad con Cuba liderado por el trío España, Brasil y México para suministrar conjuntamente petróleo a Cuba dificultaría mucho más una reacción dura por parte de Trump. Como deja claro Josué Veloz en su artículo, limitarse a declaraciones de apoyo a Cuba no está en absoluto a la altura de lo que está en juego ni de las amenazas muy concretas que ponen en peligro la supervivencia de la experiencia única que representa hoy Cuba a los ojos del mundo.

    Sería necesaria una campaña de movilización en estos tres países para presionar a sus gobiernos para que, por separado o conjuntamente, suministren el petróleo que Cuba necesita, además de la ayuda humanitaria (alimentos, medicamentos) y de equipamiento como paneles solares.

    4. La solidaridad de los pueblos

    Josué Véloz tiene razón al escribir: «Cuba cuenta con algo que ningún bloqueo puede estrangular del todo: cuenta con los pueblos del mundo más que con los Estados. Con los movimientos de solidaridad que en cada país se reúnen, organizan y preparan envíos de ayuda«.

    Las campañas de solidaridad con Cuba tienen una larga historia y están arraigadas en las prácticas de una amplia gama de movimientos. Poco después de que Trump anunciara a finales de enero de 2026 el endurecimiento del bloqueo contra Cuba, surgió la iniciativa de una flotilla de barcos hacia Cuba, algo similar a la flotilla Sumud para Gaza, que llegó a Cuba en marzo. Se han celebrado en varias ocasiones manifestaciones frente a las embajadas de Estados Unidos en distintos países. En México se han puesto en marcha varias iniciativas, en particular por parte de cooperativas de pescadores, sindicatos y partidos políticos. En Brasil, sindicalistas del sector petrolero piden al Gobierno que suministre petróleo a Cuba, al igual que los partidos de izquierda y el Movimiento de los Sin Tierra (MST). En mayo de 2026 un sindicato de trabajadores petroleros se manifestó ante la sede de la empresa estatal Petrobras para exigir que Brasil rompa directamente el bloqueo petrolero enviando combustible a Cuba.

    En España se puso en marcha a partir de marzo de 2026 la campaña Rumbo a Cuba. Reúne a más de 20 organizaciones sociales y políticas para enviar material energético de emergencia a la isla. Se trata de organizaciones situadas a la izquierda del Partido Socialista (PSOE), que dirige el Gobierno, pero que no toma ninguna iniciativa concreta. La misión tiene como objetivo suministrar e instalar paneles solares fotovoltaicos en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana. Esta acción garantiza la autonomía eléctrica de la unidad de cuidados intensivos, del laboratorio y de la terapia intermedia ante los repetidos cortes de la red eléctrica cubana.

    La operación se basa en el fletamento del buque Astral, propiedad de la ONG de rescate marítimo Open Arms. El buque zarpó del puerto de Barcelona en mayo de 2026 y realizó escalas solidarias y de carga en Valencia, Málaga, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote. Se dirige a Cancún, en México, y se espera que llegue a La Habana a mediados de julio de 2026. Se han recaudado 150 000 euros para la compra del material que se transporta a Cuba.

    Cabe destacar también que más de 40 municipios españoles han reactivado la cooperación con Cuba. Añadamos que existen numerosas iniciativas de ayuda organizadas por diversos movimientos en el País Vasco y Canarias.

    Pero hay que reconocer que, hasta ahora, el movimiento de solidaridad de los movimientos sociales y las organizaciones políticas con el pueblo cubano es demasiado débil, mientras que la situación humanitaria se deteriora en la isla. Lamentablemente, hasta el momento no se ha producido ningún gran movimiento de protesta en Estados Unidos contra la política criminal de Trump hacia Cuba.

    Bajo la presión y las amenazas de Trump, grandes empresas españolas del sector turístico, como el grupo hotelero Meliá, han anunciado que abandonan la isla. El flujo de turistas ha disminuido considerablemente, lo que ha reducido aún más los ingresos en divisas. Ante la inacción de Rusia, China, los gobiernos progresistas latinoamericanos, el Gobierno español y la izquierda tradicional, las autoridades de La Habana se encuentran en un callejón sin salida. La Presidencia cubana ha anunciado medidas económicas en respuesta al chantaje de Trump 11. Habrá que analizarlas rigurosamente.

    Es urgente reforzar las iniciativas unitarias de solidaridad con Cuba frente al bloqueo. Se ha iniciado una carrera contra reloj.

    El autor agradece a Christian Dubucq y a Fernanda Gadea por la revisión del texto.

    Nota publicada en Viento Sur

    1. Josué Veloz Serrade es un psicólogo, ensayista e investigador cubano afincado en Argentina. Licenciado en Psicología por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río y con un máster en Psicología Clínica por la Universidad de La Habana, actualmente realiza investigaciones de doctorado en Ciencias Sociales y Psicología en Argentina. Es miembro del comité editorial de La Tizza, revista cubana de pensamiento crítico, así como de la Cátedra Gramsci del Instituto Juan Marinello. ↩︎
    2. Fernando Martínez Heredia entrevistado por Éric Toussaint, «Cuba de 1959 a 1999 desde una perspectiva histórica» https://www.cadtm.org/Cuba-de-1959-a-1999-desde-una ↩︎
    3. Rusia envió un petrolero a Cuba que llegó al puerto de Matanzas a finales de marzo de 2026 con un cargamento de petróleo suficiente para cubrir las necesidades del país durante unos quince días. Es el primer petrolero que llegó a Cuba desde enero de 2026. Trump lo permitió a pesar del embargo total decretado sobre los suministros de petróleo a las autoridades de la isla. Probablemente se trate de un gesto de Trump hacia Moscú en relación con la guerra en curso en Oriente Próximo. Entre abril y mayo de 2006 Rusia no envió ningún petrolero a Cuba. ↩︎
    4. Dmitri Peskov, portavoz del presidente ruso, comentó el documento de estrategia de seguridad nacional durante una entrevista concedida el 7 de diciembre de 2025 al periodista estatal ruso Pavel Zarubin para el canal Rossiya 1, ampliamente difundida por medios de comunicación rusos como Interfax, Fontanka o TASS: «Los ajustes introducidos en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos se corresponden en gran medida con nuestra visión». Fuente: fontanka.ru https://www.fontanka.ru/2025/12/07/76159504/ ↩︎
    5. El discurso de Putin fue traducido y publicado en español por Le Grand Continent, que añadió sus comentarios: «El nuevo orden multipolar según Vladimir Putin», Le Grand Continent, 6 de junio de 2026. ↩︎
    6. Reuters, Steve Holland y Trevor Hunnicutt, «Trump agradece a Xi, de China, y a Putin, de Rusia, su “neutralidad” en la guerra de Irán«, 17 de junio de 2026, ↩︎
    7. Reuters, «El tiempo corre en Cuba mientras Trump corta el suministro de petróleo venezolano«, 13 de enero de 2026. ↩︎
    8. Reuters, «Sheinbaum, de México, no niega haber suspendido el envío de petróleo a Cuba«, 27 de enero de 2026. ↩︎
    9. Reuters, «Sheinbaum afirma que México no ha aumentado los envíos de petróleo a Cuba ante la situación de Venezuela«, 7 de enero de 2026. ↩︎
    10. Reuters, «Barcos mexicanos con ayuda humanitaria entran en el puerto de La Habana«, 12 de febrero de 2026. ↩︎

  • Crece la revuelta popular en Bolivia

    Crece la revuelta popular en Bolivia

    Bolivia ha sido testigo de un poderoso movimiento social contra las medidas de austeridad del presidente Rodrigo Paz desde la primavera de 2026. Liderada por organizaciones sindicales, campesinas e indígenas, la movilización enfrenta una creciente represión mientras mantiene sus demandas contra el alto costo de vida y el dominio de las multinacionales. De Patrick Guillaudat.

    Elegida con el apoyo de algunos ex votantes del Movimiento al Socialismo (MAS), en torno a un programa de «modernización» y «eficiencia», Paz, en el cargo desde el 8 de noviembre de 2025, adoptó rápidamente medidas de austeridad, apostando por la lentitud del movimiento social tras el colapso de la izquierda en las elecciones.

    Un plan de medidas antisociales

    El 17 de diciembre de 2025, un decreto abolió los subsidios a la gasolina y el diésel, lo que provocó un aumento de las tarifas del 86 % y el 160 %, respectivamente, con la consiguiente subida inmediata de todos los precios al consumidor. Este texto también facilitó el establecimiento de multinacionales en la explotación de recursos minerales, agroindustria e infraestructuras. Una primera movilización permitió un retroceso parcial. Posteriormente, el 10 de abril de 2026 se aprobó la ley que, al revertir la reforma agraria de 1953, incentivó la apropiación de tierras de pequeños agricultores por parte de grandes terratenientes.

    El mayor movimiento social del siglo XXI

    La federación sindical COB, junto con la federación Túpac Katari y la organización de mujeres indígenas Bartolina Sisa, retomaron la movilización a finales de abril y convocaron al bloqueo de carreteras, aislando así las principales ciudades del país, y multiplicaron los llamados a huelga. Ante el ímpetu de este segundo movimiento, Paz recurrió a la retórica tradicional, criminalizando a las organizaciones sociales, calificándolas de terroristas, denunciando una supuesta conspiración instigada por Evo Morales y emitiendo órdenes de arresto contra sus principales dirigentes.
    Este movimiento social, ininterrumpido desde finales de abril, exige aumentos salariales para compensar el alza de los precios y el fin de la apertura del país a las multinacionales, bajo el lema “Bolivia no está en venta”. A pesar de la represión, con al menos siete muertos y numerosos arrestos, el movimiento se mantiene firme. Sin embargo, se aprobó una ley que establece el estado de emergencia, garantizando la impunidad total de las fuerzas armadas y represivas.

    Un resultado incierto

    La COB está dividida entre un secretario ejecutivo que pidió la renuncia de Paz y varias COD (departamentos departamentales de la COB) que rechazaron esta consigna (como la de Santa Cruz). Sin embargo, desde hace algunos días, la COB ha presentado un plan de ocho puntos al gobierno como parte de la apertura del “diálogo”. En cuanto a la federación Túpac Katari, muy influyente en El Alto, y la organización Bartolina Sisa, han tomado la delantera en la movilización de los pueblos indígenas y campesinos.

    El gobierno de La Paz, dividido sobre qué hacer y con un vicepresidente que ha condenado las medidas adoptadas, utiliza la zanahoria para presionar, exigiendo negociar mientras reprime y encarcela a manifestantes y fuerza el levantamiento de los bloqueos viales. Para dividir al movimiento, ha logrado firmar varios acuerdos aislados con algunos sindicatos locales, como el 18 de junio con el sindicato minero de Colquiri, o con empresas de transporte en La Paz dos días antes.

    La derecha tradicional, aprovechando la crisis, está subiendo la apuesta. El expresidente Jorge Quiroga pidió la detención de los líderes y activistas del movimiento, a quienes describió como terroristas e incluso narcotraficantes, y exigió el establecimiento efectivo e inmediato del estado de emergencia para “liberar al pueblo boliviano secuestrado”.

    La solidaridad es urgente

    Si el gobierno está apostando su supervivencia a esta lucha social, se beneficia de un entorno internacional favorable, respaldado por Trump y los líderes de extrema derecha del continente, quienes presionan a Paz para sofocar la revuelta y así dejar atrás los años del MAS. Además, como muestra de la injerencia de Estados Unidos, el 16 de abril se firmó un acuerdo entre Bolivia y Estados Unidos para combatir la delincuencia juvenil y el narcotráfico.

    Nuestra solidaridad es aún más importante porque una victoria social en Bolivia sería un estímulo para la lucha de los pueblos y trabajadores de los estados latinoamericanos, especialmente de los vecinos, sumidos en la noche «libertaria».

    23 de junio de 2026

    Nota traducida y publicada por  International Viewpoint de l’Anticapitaliste

  • 50 aniversario del levantamiento de Soweto

    50 aniversario del levantamiento de Soweto

    El levantamiento de Soweto de 1976 provocó un resurgimiento de la militancia y ayudó a socavar el apartheid en Sudáfrica1.  

    Soweto, abreviatura de South Western Townships (Municipios del Sudoeste), es conocido por los disturbios de junio de 1976, inmortalizados por la fotografía de Sam Nzima que muestra a un hombre cargando el cuerpo de Hector Pieterson, un niño de 12 años asesinado por la policía. Junto a él camina una niña, su hermana, con el rostro marcado por el dolor. Esta imagen se ha convertido en el símbolo de la brutal represión ejercida contra los manifestantes pacíficos.

    Educación bantú

    Las protestas se desencadenaron por una circular que hacía obligatorio el uso del afrikáans en las escuelas, una lengua asociada con opresores racistas. Pero más allá de esta medida, la juventud negra de Sudáfrica se enfrentaba a un sistema educativo profundamente desigual. El gobierno asignaba 644 rands a cada alumno blanco, en comparación con tan solo 42 rands por alumno negro.

    Tal desigualdad no se justificaba únicamente por razones económicas. El Dr. Verwoerd, defensor de la educación bantú, explicó su política en estos términos: «Los nativos (los negros) deben aprender desde temprana edad que la igualdad con los europeos (los blancos) no es para ellos». La educación era, por lo tanto, un instrumento diseñado para reforzar el apartheid.

    El escaso progreso observado a lo largo de los años en la escolarización de los jóvenes negros se debió principalmente a la presión ejercida por los empleadores, que necesitaban una mano de obra más cualificada.

    La revuelta

    En las escuelas secundarias existía una organización, los Movimientos Estudiantiles Cristianos (SCM), que oficialmente era apolítica pero que estaba ampliamente infiltrada por activistas del Movimiento Estudiantil Sudafricano (SASM), vinculado al movimiento de la Conciencia Negra. Estos activistas llevaron a cabo una importante labor organizativa y de sensibilización.

    Primero crearon un Comité de Acción, que más tarde se convirtió en el Consejo Representativo Estudiantil de Soweto (SSRC). Estos activistas desempeñaron un papel decisivo en el inicio de las protestas.

    Cientos de jóvenes abandonaron sus escuelas para unirse a una manifestación. Sin previo aviso, la policía abrió fuego. Numerosos testigos presenciales informan que varios adolescentes murieron a tiros mientras huían.

    El levantamiento de Soweto se extendió por todo el país, involucrando a amplios sectores de la población. En todas partes, las autoridades respondieron con una represión implacable. Se desplegó el ejército y la policía no dudó en disparar contra los residentes de los barrios marginales para sembrar el terror.

    El punto de inflexión

    El levantamiento de Soweto marcó un verdadero punto de inflexión en la lucha contra el apartheid. Tras la masacre de Sharpeville en 1960, los líderes de las principales organizaciones nacionalistas, el ANC y el Congreso Panafricanista (PAC), habían sido encarcelados o forzados al exilio. En aquel momento, el régimen parecía inamovible.

    Sin embargo, las autoridades se vieron obligadas a dar marcha atrás y abandonar su reforma que imponía el uso del afrikáans en las escuelas. Sobre todo, había surgido una nueva generación de activistas que fortalecería considerablemente las organizaciones antiapartheid, tanto sindicales como políticas.

    En el ámbito internacional, la brutalidad del régimen sudafricano desencadenó importantes movimientos de solidaridad que contribuyeron a modificar el equilibrio de poder en el país. Tras los disturbios de Soweto, cada vez más sudafricanos se convencieron de que el apartheid ya no era inevitable y que, con el tiempo, llegaría a su fin.

    23 de junio de 2026

    *Paul Martial es corresponsal de International Viewpoint. Es editor de Afriques en Lutte y miembro de la Cuarta Internacional en Francia.

    1. Para una cobertura más extensa, consulte el número especial de 
      Amandla! . IVP republicará algunos artículos. ↩︎

  • “Puerto Rico ha sido utilizado como laboratorio del capital, nos toca convertirlo en laboratorio de resistencia”

    “Puerto Rico ha sido utilizado como laboratorio del capital, nos toca convertirlo en laboratorio de resistencia”

    Desde Punto de Vista Internacional vamos a ir publicando parte de las intervenciones y ponencias que se llevaron a cabo durante la I Conferencia Internacional Antifascista realizada en Porto Alegre durante el mes de marzo. 

    En esta oportunidad, presentamos la intervención de Gabriela Flores, integrante de Democracia Socialista y miembro de la IV Internacional. 

    Gabriela Flores durante la I Conferencia Internacional Antifascista en Porto Alegre.

    Puerto Rico es la colonia más antigua del mundo. Y como colonia, funciona como laboratorio.

    Eso es una descripción material de nuestra realidad. En Puerto Rico se prueban políticas, mecanismos y formas de gobierno que luego se quieren normalizar en otros lugares. Aquí se ensaya hasta dónde se puede vaciar la democracia. Aquí se mide hasta dónde puede avanzar el capital sobre lo público sin encontrar una resistencia capaz de detenerlo. Aquí se experimenta con la vida de un pueblo entero. En cuanto a la Junta de Control Fiscal1 no es solamente una imposición sobre Puerto Rico. Es un modelo de gobierno para tiempos de crisis capitalista: una estructura no electa, impuesta desde afuera, que decide sobre el presupuesto, sobre los servicios esenciales, sobre la universidad, sobre las pensiones, sobre la infraestructura, sobre la vida. La Junta no viene a resolver nada. Viene a garantizar que la crisis la pague el pueblo y no quienes se enriquecieron con ella.

    Lo mismo ocurre con la privatización acelerada de servicios esenciales. Lo que aquí se presenta como modernización, eficiencia o reestructuración, en realidad responde a un proceso más profundo: transferir riqueza pública a manos privadas, desmontar derechos conquistados, convertir necesidades humanas en oportunidades de negocio. Lo que nos están haciendo a nosotros no se queda aquí. Se perfecciona aquí para hacérselo a otros pueblos. Por eso Puerto Rico no es solo víctima. Puerto Rico también es advertencia.

    Advertencia de lo que ocurre cuando un país es gobernado contra su gente. Advertencia de lo que ocurre cuando el capital financiero, los bonistas, las corporaciones privadas y los aparatos imperiales deciden que la democracia es un obstáculo y no un principio. Advertencia de lo que ocurre cuando la colonia sirve no solo para explotar, sino para ensayar y luego reproducir. Y entonces la pregunta central de hoy es: ¿cómo conectamos esa historia larga de extracción colonial capitalista con la ola de derecha que está redefiniendo la política global en este momento?

    Porque no estamos hablando de dos cosas distintas. No estamos hablando, por un lado, de la colonia, y por otro, del auge de la extrema derecha. No. Estamos hablando del mismo proyecto histórico, adaptado a distintas coyunturas, con distintos lenguajes, pero con una misma lógica: concentrar poder, debilitar lo público, dividir al pueblo y gobernar cada vez más con menos democracia.

    II. La coyuntura: ¿dónde estamos parados?

    Puerto Rico llega a esta coyuntura con una economía devastada por décadas de austeridad, dependencia y saqueo. No estamos frente a una crisis nueva. Estamos frente a una crisis prolongada, administrada políticamente, utilizada para reorganizar el país a favor del capital. Primero bajo las condiciones estructurales del régimen colonial; luego, con todavía menos disimulo, bajo PROMESA y la Junta. Más de 400,000 personas han tenido que irse del país desde 2006. Esa cifra no se puede decir livianamente. No estamos hablando de una tendencia demográfica abstracta. Estamos hablando del vaciamiento de comunidades, de familias fragmentadas, de generaciones obligadas a buscar fuera lo que aquí se les negó. Estamos hablando de una emigración forzada por las condiciones materiales. Y quienes se quedan lo hacen cargando una deuda que no contrajeron, obedeciendo a una junta que no eligieron y sobreviviendo en un país donde cada vez cuesta más estudiar, vivir, enfermarse, transportarse o simplemente quedarse.

    En contestación a esa crisis, se está dando un reordenamiento político. Los partidos coloniales hegemónicos, el PNP y el PPD, están en crisis. Y no es casualidad. Son los partidos que administraron el país mientras se profundiza la desigualdad, la corrupción, el endeudamiento, la privatización y la expulsión de nuestra gente. Son los partidos que prepararon el terreno para la Junta. Son los partidos que se turnaron el poder mientras el país se hundía. Desde por lo menos el 2012 se ha hecho evidente el declive electoral de ambos y el crecimiento de partidos emergentes y minoritarios como el MVC y el PIP. Eso demuestra que existe hambre de alternativa. Existe cansancio con el bipartidismo. Existe una ruptura en el consenso colonial tradicional. Existe una parte importante del país que sabe que no puede seguir gobernándonos la misma gente que ha administrado nuestra ruina.

    Pero aquí hay que hablar con honestidad. El desgaste del bipartidismo no significa, por sí solo, la victoria de un proyecto transformador. No basta con que los de arriba entren en crisis. Hace falta que los de abajo logremos articular fuerza, dirección y horizonte. Y ahí es donde está uno de nuestros retos mayores: mientras la izquierda sigue muchas veces dispersa y fragmentada, la derecha se está reorganizando, consolidando y aprendiendo a hablarle al malestar social. Eso no lo podemos ignorar. Porque la crisis del centro político no siempre abre paso a la izquierda. A veces abre paso a salidas todavía más violentas, más reaccionarias y más peligrosas. Por eso esta coyuntura exige claridad. Exige lectura de momento. Exige organización. Exige entender que estamos parados en un punto de disputa real.

    III. Neoliberalismo y la ola de derecha

    Uno de los errores que a veces cometemos en la izquierda es pensar el neoliberalismo como si fuera solamente un programa económico, separado de la derecha política, cultural y social. Pero la realidad demuestra lo contrario: son inseparables. El neoliberalismo necesita de la derecha para sostenerse. Necesita del miedo. Necesita del odio. Necesita de la fragmentación social. Necesita de la despolitización de las causas reales de la crisis.

    ¿Por qué? Porque sus políticas no sobreviven el escrutinio democrático.

    Nadie vota con entusiasmo por el cierre de escuelas, por el aumento de la matrícula, por tarifas más caras de luz y peor servicio, por el desmantelamiento de hospitales, por el recorte a pensiones, por la destrucción de la universidad pública. Nadie vota con entusiasmo por entregar el país a inversionistas. Entonces, ¿cómo se sostiene ese proyecto? Se sostiene desplazando la discusión. Se sostiene fabricando enemigos. Se sostiene atacando derechos, sembrando pánico moral y canalizando la frustración popular contra los sectores más vulnerables.

    Ese es el patrón global. Milei en Argentina. MAGA en Estados Unidos. Vox en España. Y en Puerto Rico, con nuestras particularidades coloniales, el Partido Nuevo Progresista y los sectores que buscan profundizar esta reorganización autoritaria del país. Todos siguen, con variaciones, un mismo libreto: atacan las instituciones que aún conservan alguna función pública o algún potencial democratizador, aceleran la privatización, vacían derechos, desacreditan la solidaridad y difunden narrativas de odio para dividir y distraer. Y esas narrativas sirven para impedir que el pueblo identifique correctamente al responsable de su precariedad. En vez de señalar al capital, a los bonistas, a las aseguradoras, a las corporaciones, al imperialismo, se culpa a inmigrantes, a empleados públicos, a estudiantes, a docentes, a sectores marginados, a quienes protestan, a quienes organizan, a quienes resisten.

    En Puerto Rico nos venden la privatización como eficiencia. Nos venden la entrega del país como inversión. Nos venden la subordinación como progreso. Nos venden la destrucción de lo público como inevitabilidad técnica. Nos dicen que hay que atraer capital, cuando lo que realmente hacen es abrirle la puerta a formas más agresivas de saqueo. Ahí están los decretos que permiten evasión contributiva y convierten al país en paraíso para cripto-millonarios y acaparadores. Ahí está la retórica de que el problema de la educación pública son los maestros, y no los recortes, ni la corrupción, ni el abandono. Ahí está la criminalización de quienes dependen de servicios públicos, mientras se protege a quienes viven de extraer riqueza sin producir nada socialmente útil.

    Por eso no podemos pensar la ola de derecha como un fenómeno ajeno o importado sin más. La derecha global y el neoliberalismo son parte de una misma ofensiva. Y en Puerto Rico esa ofensiva se monta sobre una estructura colonial que la hace todavía más peligrosa.

    IV. Los ataques a los servicios públicos

    Los ataques a los servicios públicos no son errores administrativos ni decisiones desafortunadas. Son una estrategia de clase. Son una forma de reorganizar la sociedad a favor del capital, debilitando los espacios donde todavía existe alguna noción de derecho, redistribución o responsabilidad colectiva. Cuando atacan los servicios públicos, no están atacando solamente unas agencias o unas instituciones. Están atacando la idea misma de que lo que necesitamos para vivir debe estar garantizado socialmente y no subordinado a la lógica de ganancia.

    Energía

    La privatización de Puerto Rico Electric and Power Authority (PREPA) mediante LUMA y Genera PR ha sido un desastre. Y eso ya lo sabe el pueblo porque lo vive. Lo vive cada vez que se va la luz. Lo vive cada vez que llega una factura absurda. Lo vive cada vez que se hace evidente que el servicio empeora mientras el costo sube. Lo vive cada vez que tiene que escuchar a estas empresas burlarse, antagonizar o responder con arrogancia a la gente que se supone que sirven. Nos tomaron un sistema público, con problemas reales, sí, pero público, y lo entregaron a corporaciones privadas que no le rinden cuentas al pueblo, que operan blindadas políticamente y que siguen lucrándose mientras el país entero carga con las consecuencias. Y lo más indignante es que aún con el fracaso evidente, el gobierno sigue protegiendo los contratos. Se quejan cada cierto tiempo para descargar presión, pero no rompen con el modelo. Porque el problema no era nunca arreglar el sistema. El problema era abrir otro espacio de acumulación privada.

    Salud

    En salud, el deterioro también lleva décadas. Cerraron hospitales municipales. Se redujo la capacidad pública. El acceso a atención primaria en el interior del país se ha vuelto cada vez más difícil. El modelo del Plan de Salud del Gobierno, administrado por aseguradoras privadas, ha permitido que fondos públicos terminen en manos privadas mientras miles de personas siguen enfrentando barreras reales para recibir atención adecuada. La pandemia hizo visible esa crisis, pero no la creó. La pandemia lo que hizo fue rasgar el velo. Dejó claro que no se puede sostener la vida con un sistema diseñado para extraer y no para cuidar. Dejó claro que la salud bajo lógicas de mercado significa exclusión, espera, deterioro, desigualdad y muerte.

    Educación

    En educación el ataque ha sido directo. Cientos de escuelas cerradas desde 2017. Y cada cierre se trató de justificar como si fuera una medida técnica, racional, inevitable. Pero una escuela que cierra no es solo un edificio menos. Es la destrucción del tejido de una comunidad. Es la pérdida de un punto de encuentro, de organización, de arraigo, de reproducción social, de acceso a la educación. Es otra manera de vaciar territorios, de debilitar vínculos, de hacer más difícil la vida. Y detrás de eso ya conocemos lo que viene: escuelas chárter, vouchers, más privatización, más negocio con la necesidad ajena. El Departamento de Educación ha sido durante años botín de la corrupción y laboratorio del neoliberalismo. Lo que no han podido destruir de un golpe, lo intentan desangrar poco a poco.

    Por eso defender los servicios públicos, es defender condiciones mínimas de dignidad. Es defender espacios de vida frente a una ofensiva que quiere mercantilizar todo.

    V. La UPR: el ataque a la producción del conocimiento

    El ataque a la Universidad de Puerto Rico (UPR) no es un accidente, ni un daño colateral de la crisis fiscal. Es una ofensiva deliberada. Y hay que nombrarla como lo que es: un ataque a la producción del conocimiento, a la capacidad del país de pensarse a sí mismo, de formar sus propios cuadros, de producir su propia clase profesional, de imaginar y construir futuro con alguna autonomía.

    Antes de la Junta, la UPR contaba con una fórmula presupuestaria que le daba prioridad dentro de las finanzas del país. Esa fórmula no era un privilegio. Era el reconocimiento de que una universidad pública fuerte es una necesidad estratégica para cualquier sociedad que aspire a desarrollarse de manera digna. Pero eso precisamente es lo que el proyecto neoliberal y colonial no puede tolerar: una institución pública capaz de producir pensamiento crítico, investigación, organización y formación al servicio del país y no del mercado.

    Los recortes sufridos por la UPR durante la última década no son solamente una reducción de números en un presupuesto. Son la imposición de una visión. Una visión autoritaria y mercantil. Una visión que quiere una universidad más pequeña, más precaria, más inaccesible y más subordinada a las exigencias del mercado. Una universidad técnica, despojada de su potencia crítica y de su carácter nacional. Lo que hemos visto es aumento en matrícula, cierre o amenaza de cierre de programas, deterioro de infraestructura, residencias estudiantiles clausuradas en medio de una crisis de vivienda, reducción de servicios, precarización laboral y exclusión progresiva de estudiantes de sectores empobrecidos. Y mientras todo eso ocurre, la administración universitaria y las estructuras de gobierno antidemocráticas intentan presentar esta destrucción como una gestión responsable. Pero la universidad pública no puede subordinarse al mercado. La creación de conocimiento, el desarrollo de las ciencias, el fomento de la creatividad y la educación accesible a las mayorías no pueden reducirse a criterios de costo-efectividad. La universidad no existe para obedecer la dictadura de la rentabilidad. Existe, o debería existir, para responder a las necesidades del país y de su pueblo trabajador.

    Por eso el ataque a la UPR es también un ataque a la democracia. Porque un país sin universidad pública fuerte es un país más dependiente, más vulnerable, menos capaz de articular su propio proyecto histórico. Y por eso también la respuesta del estudiantado ha sido tan importante. Las huelgas y movilizaciones históricas que se han dado en la UPR son parte de la misma lucha que hoy estamos nombrando aquí. Son parte de la resistencia antifascista. Porque defender la universidad pública es defender la posibilidad de un pueblo que piense, cuestione, organice y transforme.

    VI. Remilitarización

    A pesar de las luchas y victorias importantes de nuestro pueblo, como la salida de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de Vieques, Puerto Rico sigue siendo un territorio estratégico para los intereses militares de Estados Unidos. Eso no ha desaparecido. Solo se ha reconfigurado.

    La remilitarización de Puerto Rico forma parte de la ofensiva imperial de esta etapa. Y es importante decirlo con claridad: la derecha fascista a nivel global no es solamente un proyecto económico y cultural. Es también un proyecto imperial. Necesita control territorial. Necesita capacidad de intervención. Necesita infraestructura militar. Necesita convertir regiones enteras en piezas de una estrategia geopolítica al servicio de los intereses de las potencias y de sus clases dominantes.

    La expansión de actividad en instalaciones militares que permanecen en el archipiélago, los acuerdos impuestos sin consulta pública y el uso del territorio puertorriqueño como plataforma estratégica responden a esa lógica. Puerto Rico, por nuestra condición colonial, queda atrapado en el centro de esa estructura sin tener soberanía para decidir sobre asuntos que comprometen directamente nuestro presente y nuestro futuro. Y cada intensificación de esa presencia militar significa más subordinación. Significa que el territorio se utiliza contra la voluntad del pueblo. Significa que nuestra geografía se integra más profundamente a proyectos de dominación regional e internacional. Significa que la colonia no solo sirve para la extracción económica, sino también para la proyección militar del imperio.

    La historia de las intervenciones imperialistas es suficientemente clara. Nunca se trata realmente de democracia, ni de seguridad, ni de paz. Se trata de dominación, de recursos, de control político, de asegurar que otros pueblos no puedan decidir libremente su destino. Y Puerto Rico, como colonia, no está al margen de esa historia. Está en el centro de ella. Las movilizaciones contra la remilitarización han sido consistentes, aunque no siempre visibles en el discurso público dominante. Pero forman parte de una misma resistencia. Porque no hay lucha antifascista consecuente que no sea también antiimperialista. No hay lucha por la democracia que pueda divorciarse de la lucha contra la militarización colonial.

    VII. Cierre: la tarea que tenemos

    Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos?

    La primera tarea es comprender el momento con claridad. Entender que lo que enfrentamos no son crisis separadas. No es, por un lado, una crisis económica; por otro, una crisis política; por otro, una crisis cultural; por otro, una crisis colonial. Lo que enfrentamos es una reorganización profunda del poder en tiempos de crisis capitalista, y esa reorganización adopta formas neoliberales, autoritarias, coloniales e imperiales al mismo tiempo.

    La segunda tarea es no subestimar a la derecha. La derecha se está organizando. Se está consolidando. Está aprendiendo a usar el lenguaje del descontento para ponerlo al servicio del capital. Está tratando de transformar el malestar social en odio, el cansancio en resignación y la crisis en oportunidad para profundizar la dominación. Eso exige de nosotras mucho más que denunciar. Exige organización, lectura estratégica y voluntad de construir poder.

    La tercera tarea es romper la fragmentación. Porque mientras nosotras seguimos a veces separadas por siglas, sectores, nichos o agendas inconexas, el proyecto que enfrentamos avanza con bastante coherencia. Y aquí hay una lección importante: la unidad no se decreta, pero sí se construye en la acción. En la defensa de la universidad pública. En la defensa de los servicios esenciales. En la lucha contra la Junta. En la solidaridad con las personas migrantes. En la oposición a la remilitarización. En cada espacio donde el pueblo enfrenta la ofensiva del capital y del colonialismo.

    La cuarta tarea es afirmar un horizonte. No basta con resistir. No basta con oponernos al desastre. Hace falta sostener una visión de país, de democracia y de justicia social que sea capaz de disputar sentido común. Porque lo que está en juego es si la vida colectiva se organiza para responder a las necesidades de las mayorías o para seguir garantizando la ganancia de unos pocos.

    La democracia socialista significa planificación democrática frente al caos del mercado. Significa servicios públicos fuertes frente a la mercantilización de la vida. Significa universidad pública frente a la subordinación del conocimiento al capital. Significa solidaridad de clase frente a las narrativas de odio. Significa poder del pueblo frente a la tecnocracia colonial y frente al autoritarismo.

    Y si Puerto Rico ha sido utilizado como laboratorio del capital, entonces nos toca convertir a Puerto Rico en laboratorio de resistencia. En laboratorio de organización. En laboratorio de lucha. En laboratorio del futuro.

    Porque el momento de organizarse y actuar es ahora.

    Porque ninguna estructura de dominación se desmonta sola.

    Y porque si queremos un país para vivir, para estudiar, para sanar, para pensar, para quedarnos, para criar, para decidir, y para vivir entonces nos toca construirlo luchando.

    Movilización de la I Conferencia Internacional Antifascista realizada en Porto Alegre.

    1. Formalmente referida como Junta de Supervisión y Administración Financiera es una entidad creada a partir de una ley federal estadounidense conocida como “Ley Promesa” aprobada en 2016 con el objetivo de entrometerse en las decisiones presupuestarias y fiscales del gobierno de Puerto Rico, volviéndose un nuevo avasallamiento imperialista contra el país latinoamericano. Dicha injerencia colonialista busca garantizar el pago a los acreedores de la deuda pública a partir de la reducción del gasto público, reformas laborales regresivas, recortes al presupuesto universitario, reducción de pensiones, privatización de servicios esenciales (como energía y transporte), entre otras medidas de ajuste.  ↩︎

  • Jorgelina Matusevicius: “Necesitamos revitalizar los movimientos populares superando y ampliando los límites de la política institucional”

    Jorgelina Matusevicius: “Necesitamos revitalizar los movimientos populares superando y ampliando los límites de la política institucional”

    Desde Punto de Vista Internacional venimos publicando parte de las disertaciones y ponencias que se llevaron a cabo durante la I Conferencia Internacional Antifascista realizada en Porto Alegre durante marzo. 

    En esta oportunidad, y como parte del panel inaugural “Ofensiva de la ultraderecha en el mundo, causas, consecuencias y desafíos”, presentamos la intervención de Jorgelina Matusevicius, integrante de Marabunta y miembro de la IV Internacional. 

    Jorgelina Matusevicius durante la I Conferencia Internacional Antifascista.

    Darnos la bienvenida al panel y a estos días de deliberación, intercambio y encuentro con la enorme tarea de derrotar a la extrema derecha en el mundo.

    Y lo hacemos en un contexto de incertidumbre e inestabilidad. Parece que las reglas del juego están cambiando y las claves para la intervención política tienen más que ver con los códigos de la guerra.

    Recuerdo que Warren Buffet, un conocido empresario de las finanzas y uno de los hombres más ricos del mundo decía: «Hay una guerra de clases, pero es mi clase la clase rica, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando»

    Bueno, esta Conferencia, estos debates, estos encuentros nos tienen que servir para empezar a cambiar esta historia, dejar de perder. Pertrecharse con las armas de la crítica y acumular fuerza para las batallas que tenemos por delante. Pero sobre todo asumiendo esa disputa, esa guerra, que tiene de fondo un antagonismo de clase.

    Hacia fines de los 90 combatíamos contra el neoliberalismo en ascenso, hoy lo hacemos contra su versión decadente que pone en riesgo la reproducción de la vida misma. Por eso, si en Porto Alegre en 2001 decíamos que otro mundo es posible hoy decimos que, además de posible, es urgente si queremos evitar la crueldad como política, la barbarie como horizonte y la deshumanización como proyecto

    Y buscan derrotarnos

    Empiezo con esta mención a la frase de Buffet porque lo que mejor caracteriza a las extremas derechas en sus diferentes variantes es que nos declararon la guerra.

    Desde la ofensiva imperialista en América Latina con los bombardeos del caribe, la intervención en Venezuela, el asedio a Cuba, hasta las intervenciones en procesos electorales como en Argentina y la doctrina Donroe.

    Guerra y genocidio para apropiarse de bienes comunes y controlar rutas y flujos comerciales. Y guerra, también contra el pueblo desmontando conquistas históricas, atacando los sistemas de salud y educación públicas, realizando verdaderas contrarreformas laborales y previsionales. Todo esto acompañado de un aumento en la represión abierta, como la que se descarga contra la población migrante en EEUU con las políticas criminales del ICE y también contra pueblos originarios en nuestra región y en general al pueblo que se moviliza de la mano de la criminalización de la protesta.

    Lo que buscan es quebrar nuestra capacidad de organización, y generar un disciplinamiento social generalizado, buscan que nos resignemos, que ni nos atrevamos a pensar otra realidad, que aceptemos esta vida como la única posible.

    Pero, ¿cuáles son las causas de este ataque? No son desquiciados, ni loquitos, son las formas políticas que necesita el capitalismo en este tiempo histórico.  Buscan romper las reglas que, según ellos, impiden la expansión del capital y el crecimiento de las ganancias empresarias. Porque la guerra, en definitiva, es para eso, la guerra rompe las reglas del juego político, para hacer otras reglas.

    Es decir, que ante la crisis de la globalización, y que a nivel mundial no se verifica un nuevo ciclo de expansión que recupere los niveles previos a la crisis del 2008; estamos transitando un proceso de reestructuración del capitalismo a nivel mundial y estas ultraderechas son ensayos para esa reestructuración, que tiene por objetivos:

    • Disputar en el terreno geopolítico los espacios para la acumulación de capital y en ese sentido frenar el ascenso económico de China y su influencia en el mercado mundial.
    • Desmontar derechos de trabajadorxs para disciplinarles agravando la explotación
    • Profundizar el saqueo extractivista y el modelo de acumulación por despojo
    • Romper con los consensos democráticos y en muchos casos con la propia institucionalidad de la democracia representativa en formatos de gobierno autoritarios
    • Generar una contraofensiva patriarcal ante las conquistas del feminismo para seguir utilizando nuestros cuerpos, y nuestro trabajo no remunerado de reproducción.

    Pero su fortaleza en parte tiene que ver con nuestras propias debilidades, con la crisis de alternativa, con la ausencia de otro modelo de sociedad posible.

    Y eso nos lleva a mirar algunos límites que se plantearon en las experiencias de los proyectos políticos antineoliberales que llegaron al gobierno. Entendiendo que se trata de experiencias muy diferentes entre sí, quería señalar cuatro aspectos:

    1. En relación al mundo del trabajo se registró una continuidad con las diferentes formas de precarización laboral que se abrieron paso con las reformas neoliberales. Del mismo modo persistieron algunos trazos estructurales de las reformas en educación y en materia de salud que favorecían procesos de remercantilización.
    2. En materia de modelo económico creció una lógica extractivista, para hacerse de recursos provenientes de commodities lo que generó una apertura mayor y un avance de las inversiones del agronegocio, la megaminería, el fracking
    3. Al incorporar algunas demandas de los movimientos populares, se generó un proceso de institucionalización que les restó potencia transformadora. La apuesta al diálogo con los movimientos en lucha se tradujo, en ocasiones, en una instrumentalización de su capacidad de movilización y una subordinación a la lógica estatal, que terminó generando una pasivización de esos movimientos
    4. Por último, en ocasiones, la apuesta a la pequeña política, a la política restringida a la esfera estatal supuso una gestión de la crisis capitalista lo que se tradujo en permanentes concesiones a las derechas, lo que, por su parte, implicó una pérdida de radicalidad de los proyectos de transformación y un retroceso en el terreno de la batalla cultural.

    Y menciono estos límites porque a su vez tuvieron impacto en la subjetividad y en los procesos de politización de los sectores populares y de algún modo brindaron base material para el avance de las derechas.

    Entonces, ¿qué desafíos tenemos por delante?

    Encuentros como estos nos tienen que permitir generar la mayor unidad para enfrentar la ofensiva de las ultraderechas.

    Construir canales de debate y deliberación sobre la base de una cultura del debate respetuoso y fraterno, ubicando acuerdos, tensiones y divergencias para actuar sobre aquellos puntos en común. Si el fascismo está organizado internacionalmente es necesario generar nuestros espacios para coordinar acciones y estructurar una resistencia a nivel global.

    Construir acciones de lucha unitarias en cada país, como lo hacen en EEUU contra las políticas del ICE, como en Bolivia, como venimos de hacerlo en Argentina en el 50 aniversario del golpe militar, denunciando los ataques a los derechos humanos de ayer y de hoy y donde gritamos que son 30000 desaparecidos, que no olvidamos, que no perdonamos que no nos reconciliamos y que seguimos exigiendo “Memoria, Verdad y Justicia”.

    Unidad también en la solidaridad internacionalista, como lo hicimos con la denuncia del genocidio en Palestina, como lo hicimos con las movilizaciones contra la ofensiva imperialista de Trump en América Latina y abrazando a Cuba contra el bloqueo, buscando trascender las declaraciones y llevando solidaridad efectiva, de ahí la importancia de asegurar apoyo material, para romper el asedio.

    Refundar un proyecto político superando límites de las experiencias pasadas.

    En nuestra mirada existen algunas pistas en las luchas del presente y está ligado al subtítulo de esta Conferencia “POR LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS”

    Soberanía es recuperar la capacidad de decidir sobre nuestra tierra, sobre nuestros cuerpos y sobre cómo queremos cuidar la vida

    Como lo hace la comunidad de Minnesota luchando contra las políticas del ICE, organizándose para proteger a la población migrante.

    Como lo hacen las comunidades originarias acá en Brasil, protegiendo los ríos contra la explotación privada de empresas como Cargill.

    Como hacemos en nuestro país organizando coordinadoras regionales para luchar contra la reforma laboral y apoyando a los trabajadores contra el cierre de empresas como en la fábrica de neumáticos FATE.

    Y también como nos muestran los trabajadores y trabajadoras campesinas, ocupando tierras y mostrando que se puede producir para la vida y no para el agronegocio, disputando soberanía alimentaria.

    El pueblo puede decidir cuando se moviliza, cuando se organiza con sus propias herramientas y en sus propios organismos, cuando construye su propio poder.

    Necesitamos revitalizar los movimientos populares superando y ampliando los límites de la política institucional, fortalecer espacios de autoactividad de masas que generen comunidad, generen colectivo.

    Si la derecha busca derrotarnos, busca, disciplinarnos, para que aceptemos pasivamente esta barbarie capitalista, hagamos uso del legítimo derecho de desobediencia e insubordinación y recuperemos la esperanza de que es posible construir una sociedad socialista, transfeminista, construida democráticamente desde las bases.

    Muchas gracias!

    Movilización inaugural de la I Conferencia Internacional Antifascista de Porto Alegre.

  • Trump impone nuevas dinámicas de guerra al planeta

    Trump impone nuevas dinámicas de guerra al planeta

    Palestina, Irán, Siria, Nigeria, Sudán, Ucrania, Congo, Venezuela… las zonas de guerra se multiplican a un ritmo vertiginoso. El ataque militar contra Venezuela marcó un salto cualitativo en el intervencionismo estadounidense, que no se distingue de la ofensiva policial y racista llevada a cabo internamente en el país a través del ICE.

    La ofensiva de Trump es global. Es la reacción imperial ante la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, sobre todo económica, y ante la crisis global del sistema. Esta última se debe fundamentalmente a la imposibilidad actual del capitalismo neoliberal de elevar las tasas de ganancia y de acumulación tras las recesiones iniciadas en 2008 y 2020. Las grandes empresas de tecnología quieren, al igual que Trump, apropiarse de las materias primas y se rebelan contra cualquier regulación. El saqueo, la expoliación y el atropello de las soberanías nacionales son el camino más corto hacia mayores ganancias. Se trata de un imperialismo (neo)colonialista y de expropiación.

    Un salto cualitativo en la ofensiva imperialista

    La destitución de Maduro y el acuerdo de EE. UU. con la mayor parte del antiguo gobierno «madurista», para reintegrar a Venezuela a la zona de dominio estadounidense, constituyen un salto cualitativo en el colonialismo y en la agresividad político-militar. Se trata de una intervención sin precedentes en las últimas décadas en la política interna de un país independiente. Forman parte de este nuevo momento del imperialismo los bombardeos en Nigeria, el intervencionismo en Argentina en apoyo a Milei, el alineamiento de todos los regímenes árabes —en particular del nuevo poder en Siria— con Israel y Estados Unidos, el papel de Estados Unidos en la República Democrática del Congo, el voto de Argelia a favor del plan de Trump. Y el descarte despiadado de todas las instituciones internacionales que han administrado el orden mundial desde la Segunda Guerra Mundial.

    Estados Unidos reconstruye su esfera de influencia mediante el apoyo a regímenes autoritarios y liberales en materia económica. La función de estos gobiernos es imponer a las clases populares la transferencia de materias primas (especialmente para los sectores de la energía y la informática) a precios bajos hacia Estados Unidos. En el mismo sentido, el gobierno de Trump impone cambios sin precedentes, como los aranceles aduaneros. La alianza entre Trump y las extremas derechas mundiales no es principalmente ideológica; es producto de necesidades económicas y de control.

    El proceso es comparable a las relaciones coloniales y semicoloniales que siempre han existido, a lo que Francia hizo en África durante décadas al mantener en el poder a dictaduras sanguinarias, y a lo que Rusia hace en Bielorrusia, así como lo que hizo anteriormente en Siria.

    Un imperialismo belicoso y autoritario

    El intervencionismo imperialista de Estados Unidos es comparable, en muchos aspectos, a la guerra que libra Rusia en Ucrania y a las grandes maniobras comerciales llevadas a cabo por China: se trata, para cada uno de estos imperialismos, de consolidar y ampliar sus esferas de influencia.

    Durante un período relativamente largo, las clases dominantes de los países imperialistas evitaron conscientemente los enfrentamientos directos entre sí, pues saben cuán destructivos son. Serguéi Karaganov, asesor de Putin, lo expresa explícitamente: «La situación más ventajosa sería llegar a una configuración en la que cuatro grandes potencias trabajaran conjuntamente para definir las reglas de conducta en el mundo que está por venir. Esas cuatro grandes potencias son China, Rusia, Estados Unidos e India»1. No es imposible imaginar que esto pueda cambiar: una respuesta lógica a la ofensiva estadounidense contra Venezuela sería la invasión de Taiwán por parte de China. ¿Cuál sería entonces la reacción de Trump?

    El declive del «viejo continente»

    Europa es, en este contexto, un actor relativamente pasivo. Carece de homogeneidad política. Abunda la debilidad en su liderazgo político. Sus dificultades económicas le impiden reaccionar con la misma intensidad que potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Francia está paralizada por su crisis política y económica y por la pérdida de su esfera de influencia en África. Al igual que en Bélgica e Italia, la burguesía francesa da prioridad a una sucesión de batallas antipopulares en el ámbito social —especialmente la privatización de toda la esfera de la reproducción social y el desmantelamiento de los servicios públicos—, con el objetivo de mantener con vida un capital cada vez menos competitivo. Alemania intenta jugar su propio juego, o al menos obtener ventaja sobre Francia, con su plan de 1 billón de euros en inversiones militares (un plan que sin duda será difícil de mantener debido a las dificultades económicas del país y de la Unión Europea). Una desintegración, coherente con las visiones nacionalistas de la extrema derecha, ya no es inimaginable.

    Algunas reflexiones

    En este contexto, los pueblos y la clase trabajadora se encuentran desorientados, aunque existen elementos de respuesta, semiespontáneos, en los que podemos apoyarnos. El nacionalismo sin contenido de clase no genera la dinámica suficiente, tanto en el plano interno como en las relaciones de poder internacionales, para hacer frente a la reorganización en curso: el nacionalismo de los regímenes venezolano y argelino no ha permitido trazar un camino alternativo, sobre todo porque son incapaces de construir una alternativa en términos de intercambios comerciales internacionales. Al igual que Lula en Brasil, su política no es antiimperialista; se trata, más bien, de un intento de negociar un espacio mayor en las nuevas relaciones interimperialistas.

    Debemos apoyar incondicionalmente las iniciativas de resistencia al imperialismo, por limitadas que sean, por parte de México, Brasil, Colombia y Cuba, con el fin de debilitar a las grandes potencias y fortalecer las dinámicas populares. La lista es corta, pues la caída de la URSS y la reorganización neoliberal destruyeron todas las capacidades de resistencia en el contexto de una economía mundial fuertemente integrada. Palestina y el movimiento mundial de solidaridad con ella constituyen uno de los símbolos de la resistencia antiimperialista. Las resistencias en Ucrania y en Rojava pueden desempeñar un papel similar. El apoyo incondicional a la resistencia de los pueblos oprimidos sigue siendo nuestra brújula, pero no es acrítico. En particular, hay que cuestionar el papel del Estado y de la propiedad privada en este contexto: cualquier iniciativa que se concentre en cambios que vengan de arriba, en detrimento de la actividad autoorganizada de las clases populares, especialmente de la clase trabajadora, está condenada al fracaso.

    En todo el mundo —y particularmente en los países imperialistas occidentales—, las clases populares enfrentan la ofensiva burguesa: las clases dominantes buscan aplastar al movimiento obrero, utilizan a la extrema derecha y acentúan las divisiones raciales para defender proyectos nacionales hostiles hacia el resto del mundo y para sobreexplotar a las personas racializadas. Las respuestas colectivas contra el ICE en Estados Unidos y las huelgas masivas que ocurren regularmente en Europa son la mejor respuesta a esta ofensiva.

    Discutir y poner a prueba consignas antiimperialistas

    Para combinar nuestra comprensión antiimperialista con la lucha de clases, debemos trabajar en la formulación de un programa de transición que responda al mayor número posible de cuestiones en un número limitado de puntos. Ese es el sentido del Manifiesto por una Revolución Ecosocialista de la IV Internacional. Este debe, sin embargo, adaptarse y ponerse a prueba a medida que la situación evoluciona. Entre los elementos que deben ponerse a prueba, destacamos:

    • El rechazo a cualquier injerencia imperialista en los asuntos de un país dominado, ya sea por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, etc. El derecho de los pueblos a la autodeterminación. El fin de las guerras y de la carrera armamentista.

    • La solidaridad entre los pueblos contra la competencia capitalista en materia de precios, el saqueo de materias primas y la organización ecocida de la circulación de mercancías y la gestión de la energía. Esto implica luchar por el monopolio del comercio e o exterior, por el rechazo a la sumisión nacional al sector privado y por relaciones entre las naciones equilibradas y supervisadas democráticamente, en particular mediante el fin del secreto bancario.

    • La abolición de las deudas ilegítimas, a fin de permitir que los Estados financien su desarrollo y sus servicios sociales, y la indemnización por los actos de violencia colonial, desde la esclavitud hasta el genocidio en Gaza.

    • La libertad de organización de los partidos, los sindicatos y la prensa, con la liberación de todas las presas políticas.

    • El fin de las desigualdades de género, en particular el derecho de las mujeres a disponer de sus cuerpos, la libertad sexual y el rechazo de cualquier medida transfóbica.

    • La socialización, especialmente en el contexto de la crisis ecológica, de las empresas de energía, de transporte y de los bancos.

    Prepararse para los próximos enfrentamientos

    No es posible saber cuáles serán las próximas grandes crisis políticas, o incluso revolucionarias. Las masas no se quedarán de brazos cruzados ante la actual ofensiva generalizada que busca intensificar la explotación, saquear las materias primas nacionales, destruir la democracia burguesa y reprimir violentamente. Especialmente en el contexto de una crisis ecológica creciente que acelera todas las demás.

    El período actual es muy complejo. Las organizaciones reformistas, vinculadas por múltiples lazos al aparato del Estado y a sus burguesías, desarrollan orientaciones muy alejadas de los desafíos del momento. Estas encarnan, de manera distorsionada, el estado de conciencia de las clases populares. Por lo tanto, es más necesario que nunca combinar una orientación de frente único en algunos puntos clave —que varían según las situaciones— para movilizar a las masas, con explicaciones muy radicales que permitan dar confianza a los sectores conscientes para que no se pierdan en el izquierdismo, el sectarismo y el partidismo que ciertas corrientes estalinistas o de extrema izquierda intentan fomentar.

    Nos corresponde a nosotros hacer todo lo posible para que se desarrolle y se consolide una conciencia internacionalista, capaz de unir los intereses de los pueblos y, en particular, de las clases trabajadoras, para implementar un programa de ruptura anticapitalista internacionalista.

    Nota escrita el 26 de enero de 2026

    1. «Un allegado a Putin afirma que Estados Unidos no intervendrá si Rusia ataca a Europa», Kyiv Independent, 31 de diciembre de 2025, traducido por Le Grand Continent. ↩︎