E
n las próximas semanas se escuchará mucho sobre la «fuerza y resistencia de las instituciones constitucionales democráticas de Estados Unidos» ante la insistencia del presidente derrotado en anular las elecciones de noviembre, y un intento de «insurrección» incitado por Donald Trump. Es razonablemente seguro predecir que el caos que rodea la ratificación formal del Congreso de la victoria del Colegio Electoral de Biden/Harris no se repetirá en la toma de posesión del 20 de enero, tanto porque Trump está tan aislado y desacreditado ahora, como porque la presencia policial y de seguridad entonces será absolutamente masiva en contraste con la debacle del 6 de enero.

La realidad es mucho más complicada, y mucho menos elogiosa. Esas sagradas «instituciones» son en realidad bastante vulnerables a la manipulación antidemocrática, en parte porque nunca fueron diseñadas para ser democráticas en primer lugar. El juego de Trump de «Grand Theft Election» (un gran fraude electoral) se desmoronó por una serie de razones, pero bajo circunstancias diferentes, pero totalmente concebibles podría haber sido mucho más amenazante.

Veamos algunos hechos de importancia central:

1. La democracia estadounidense, tal como es, se salvó gracias a la participación masiva de los votantes negros –, en los estados decisivos, de los latinos y los indígenas– que derrotaron a Trump por márgenes demasiado grandes como para negarlos de forma creíble. En lugares como Georgia, en particular, esto es un tributo a muchos años de organización de base que superó las medidas sistemáticas de supresión de votantes por parte de las legislaturas estatales de la derecha. Aunque podríamos argumentar que estos esfuerzos heroicos son dignos de una causa mejor que el miserable Partido Demócrata dirigido por los neoliberales, sin duda han marcado una diferencia histórica en la política estadounidense.

2. Esta lucha a largo plazo no ha terminado en absoluto. A medida que las figuras republicanas abandonen el barco hundido de Trump –muchos de ellos han sido sus más notorios facilitadores– su partido se dividirá sobre el «legado» de Trump y sobre si coexistir y cooperar con la administración centrista-neoliberal de Biden, o continuar con el obstruccionismo de sabotaje que han seguido desde la elección de Barack Obama. Lo que unirá a los republicanos, especialmente a nivel estatal, es la supresión de votantes, la única forma en que este partido puede mantener el poder a medida que la proporción de blancos en el electorado estadounidense envejece y disminuye.

No es una amenaza vana. Cuando el humo se disipó por la noche, si se prestó atención a algunos de los discursos de los republicanos que pretendían defender el resultado de las elecciones, dijeron que no correspondía al Congreso «intervenir en el derecho de los estados a celebrar sus elecciones». Uno de esos oradores fue el senador Rand Paul, que antes de la segunda vuelta de Georgia había opinado que animar a más gente a votar «podría alterar el resultado de las elecciones». ¡No es broma!

Lo que se necesita, de hecho, es una fuerte legislación federal sobre el derecho al voto, precisamente para intervenir allí donde las legislaturas o administraciones estatales –no sólo en el Sur conservador– llevan a cabo purgas del censo electoral, obstruyen el registro, restringen el voto anticipado y por correo que ayudó a que la participación de noviembre fuera históricamente grande en medio de la crisis del coronavirus, reducen descaradamente los lugares de votación para las comunidades negras, y el gerrymandering (manipulación geográfica de distritos electorales) partidista racista. La cuestión de si la administración Biden/Harris luchará por el derecho al voto, y no sólo hablará de ello, será una cuestión muy importante. (Más allá de esto, está la cuestión constitucional más importante de eliminar la «institución sagrada» del Colegio Electoral, que resta poder al voto popular nacional y permite fraudes en estados muy disputados).

3. Los políticos y los medios de comunicación califican lo ocurrido el 6 de enero de «insurrección». Esto es una tontería que ensucia el buen nombre de la insurrección.

Como acción premeditada y potencialmente asesina de la turba, el ataque al Capitolio es, en efecto, muy grave, y una amenaza ominosa del terrorismo de derechas que puede estar por venir. A nadie se le escapa el contraste entre la brutal respuesta a las numerosas protestas de Black Lives Matter y el hecho de que, aparentemente, pocos invasores, si es que alguno, fueron detenidos dentro del edificio el 6 de enero. (Las detenciones posteriores fueron por violaciones del toque de queda, después de los acontecimientos del día).

En su mitin del miércoles por la mañana, repitiendo mentiras sobre su victoria «aplastante», Trump llamó a la multitud a «marchar al Capitolio», indicando que estaría con ellos. Por supuesto, luego se retiró a su búnker de la Casa Blanca, decorado con televisores. Cuando llamó a la gente a acudir a Washington el 6 de enero, había dicho que el día sería «salvaje». Aparte del hecho de que todos estos eran eventos de superdifusión de virus, era una incitación de la multitud, sin duda.

¿Pero una «insurrección», es decir, un intento de tomar el poder? Ese tipo de cosas requiere algo más que ataques semi-espontáneos a las oficinas del gobierno. Desde la izquierda, las insurrecciones contra regímenes represivos requieren movimientos populares masivos capaces de llevar a cabo huelgas generales y forzar divisiones en el aparato militar. Desde la derecha, los golpes de Estado pueden emplear la violencia de las turbas como auxiliar, pero la verdadera acción son los tanques en las calles, las redadas y las detenciones selectivas, y el terror organizado contra las poblaciones disidentes. Nada de eso estaba ni remotamente presente en Washington DC el 6 de enero, por no hablar del país en su conjunto. Esto no es para subestimar la amenaza real que supone la extrema derecha supremacista blanca y la legión de votantes de Trump que viven en un universo ideológico sin realidad y que piensan que su elección fue «robada.»

4. La amenaza del Gran Robo Electoral de Trump/Republicanos, entendida y ampliamente discutida con antelación por el Proyecto de Integridad de la Transición y muchos autores, no era una broma. La forma caótica en que se ha derrumbado no debería engañarnos.

Si las elecciones de noviembre hubieran estado más reñidas, si los movimientos postelectorales de la banda de Trump hubieran estado más competentemente organizados y coordinados, si las maniobras legales no hubieran estado en manos del cadáver apenas tibio de Rudy Giuliani, si unos cuantos jueces estatales y federales hubieran sido tan corruptos como el propio Trump -y quizás si las gobernaciones de Michigan, Pensilvania y Wisconsin hubieran permanecido en manos republicanas después de 2018, Estados Unidos podría haber enfrentado realmente una amenaza existencial a las instituciones constitucionales que han servido tan bien a sus élites durante más de dos siglos.

El desordenado estado de la democracia estadounidense es tan vulnerable a la destrucción desde dentro como, resulta, lo son sus sistemas informáticos gubernamentales y corporativos al hackeo ruso. Si se lleva a sus extremos, otro escenario de un gran fraude electora podría posiblemente romper el país, no ahora sino en algún momento más adelante. Sí, podría ocurrir aquí.

5. La violenta debacle del 6 de enero ha destrozado lo que quedaba de la presidencia de Trump, y probablemente (aunque nunca se puede estar seguro) ha destruido sus propias perspectivas políticas y las de su familia criminal. El locutor derechista, ya fallecido, Rush Limbaugh lo expresó con precisión: «Si quieres tener una vida en Washington DC hoy, tienes que denunciar a Trump ahora» (emisión de radio, 7 de enero). No hacia falta ser un fan de Limbaugh para apreciar la hipocresía de estas repentinas conversiones republicanas.

Sí podría ocurrir aquí

Por fin, los principales círculos de la clase dominante corporativa pesaron cuando Twitter y Facebook suspendieron el acceso de Trump a sus seguidores de culto, la Asociación Nacional de Fabricantes pidió su destitución por la 25ª Enmienda, los líderes de la industria financiera como el CEO David Solomon de Goldman Sachs, Jamie Dimon y otros obscenamente enriquecidos por las políticas de Trump se tornaron contra él. Ya no les es útil.

Que Trump se presente a las presidenciales en 2024 podría destruir el Partido Republicano para siempre. Eso no significa el fin de lo que se llama trumpismo, aunque ahora tenga que seguir adelante sin Trump.

En este sentido, el análisis de Samuel Farber publicado el 3 de enero en Jacobin, “Trumpism Will Endure” (El Trumpismo Permanecerá), es muy recomendable. Aunque lo escribió antes de la autoimplosión de Trump del 6 de enero, Farber clava el punto crítico: «Tal vez la forma más útil de entender el trumpismo es como una respuesta de la derecha a las condiciones objetivas de la decadencia económica y una decadencia moral percibida».

En este contexto, la «decadencia moral percibida» se centra en el resentimiento de la derecha por el hecho de que la posición y los privilegios que demasiados hombres blancos han asumido como dados están ahora en entredicho. Esto requiere una discusión más profunda de lo que es posible aquí, pero llega al corazón de una realidad de la sociedad estadounidense y, en particular, al problema central al que nos enfrentamos los de la izquierda socialista: Un gran sector de la clase obrera, entre los trabajadores blancos en particular, ha sido reclutado por la política autoritaria y racista de la derecha.

Queda por ver si su lealtad puede ser transferida del culto a Trump a un nuevo abanderado. Pero eso es secundario respecto al hecho de que el «trumpismo» de la clase trabajadora seguirá siendo un obstáculo importante para las luchas por conseguir reformas serias que se puedan ganar y mantener.

Para entender por qué y cómo ha sucedido eso, hay que enfrentarse a la segunda realidad de nuestra condición: la inmensidad objetiva de las crisis que le esperan a Biden y a las cámaras del Congreso, estrechamente controladas por los demócratas. La catástrofe del COVID, el colapso del sistema médico y el lío de las vacunas; las decenas de millones de familias trabajadoras y de clase media que se enfrentan al desahucio, al desempleo permanente, a la bancarrota, a la ruina por las deudas y los gastos médicos; los gobiernos estatales y locales irremediablemente bajo el agua; y por encima de todo, el continuo cambio climático y los desastres ambientales agravados por cuatro años de Trump.

La situación exige absolutamente grandes medidas: estímulo y ayuda económica a gran escala, una movilización de recursos de salud pública y posiblemente militares para hacer que las vacunas se lleven a cabo, una transición a «velocidad de la luz» de la industria de los combustibles fósiles, un verdadero New Deal Verde y Medicare para todos, y el cierre inmediato de los obscenos centros de detención de inmigrantes con fines de lucro, entre otras cosas. ¿Qué se puede esperar entonces de las aclamadas fuerzas «moderadas» de ambos partidos, mientras los demócratas reflexionan sobre cómo utilizar el poder que se les ha otorgado y los del lado republicano se plantean si ser «bipartidistas» u obstruccionistas?

Para la izquierda y los movimientos sociales, tanto más importante es mantenerse activos y movilizados para luchar por lo que necesitamos, no por unas migajas. Celebrar la autodestrucción de Trump está ciertamente en orden; una luna de miel de la izquierda para Biden ciertamente no lo está.