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  • Crece la revuelta popular en Bolivia

    Crece la revuelta popular en Bolivia

    Bolivia ha sido testigo de un poderoso movimiento social contra las medidas de austeridad del presidente Rodrigo Paz desde la primavera de 2026. Liderada por organizaciones sindicales, campesinas e indígenas, la movilización enfrenta una creciente represión mientras mantiene sus demandas contra el alto costo de vida y el dominio de las multinacionales. De Patrick Guillaudat.

    Elegida con el apoyo de algunos ex votantes del Movimiento al Socialismo (MAS), en torno a un programa de «modernización» y «eficiencia», Paz, en el cargo desde el 8 de noviembre de 2025, adoptó rápidamente medidas de austeridad, apostando por la lentitud del movimiento social tras el colapso de la izquierda en las elecciones.

    Un plan de medidas antisociales

    El 17 de diciembre de 2025, un decreto abolió los subsidios a la gasolina y el diésel, lo que provocó un aumento de las tarifas del 86 % y el 160 %, respectivamente, con la consiguiente subida inmediata de todos los precios al consumidor. Este texto también facilitó el establecimiento de multinacionales en la explotación de recursos minerales, agroindustria e infraestructuras. Una primera movilización permitió un retroceso parcial. Posteriormente, el 10 de abril de 2026 se aprobó la ley que, al revertir la reforma agraria de 1953, incentivó la apropiación de tierras de pequeños agricultores por parte de grandes terratenientes.

    El mayor movimiento social del siglo XXI

    La federación sindical COB, junto con la federación Túpac Katari y la organización de mujeres indígenas Bartolina Sisa, retomaron la movilización a finales de abril y convocaron al bloqueo de carreteras, aislando así las principales ciudades del país, y multiplicaron los llamados a huelga. Ante el ímpetu de este segundo movimiento, Paz recurrió a la retórica tradicional, criminalizando a las organizaciones sociales, calificándolas de terroristas, denunciando una supuesta conspiración instigada por Evo Morales y emitiendo órdenes de arresto contra sus principales dirigentes.
    Este movimiento social, ininterrumpido desde finales de abril, exige aumentos salariales para compensar el alza de los precios y el fin de la apertura del país a las multinacionales, bajo el lema “Bolivia no está en venta”. A pesar de la represión, con al menos siete muertos y numerosos arrestos, el movimiento se mantiene firme. Sin embargo, se aprobó una ley que establece el estado de emergencia, garantizando la impunidad total de las fuerzas armadas y represivas.

    Un resultado incierto

    La COB está dividida entre un secretario ejecutivo que pidió la renuncia de Paz y varias COD (departamentos departamentales de la COB) que rechazaron esta consigna (como la de Santa Cruz). Sin embargo, desde hace algunos días, la COB ha presentado un plan de ocho puntos al gobierno como parte de la apertura del “diálogo”. En cuanto a la federación Túpac Katari, muy influyente en El Alto, y la organización Bartolina Sisa, han tomado la delantera en la movilización de los pueblos indígenas y campesinos.

    El gobierno de La Paz, dividido sobre qué hacer y con un vicepresidente que ha condenado las medidas adoptadas, utiliza la zanahoria para presionar, exigiendo negociar mientras reprime y encarcela a manifestantes y fuerza el levantamiento de los bloqueos viales. Para dividir al movimiento, ha logrado firmar varios acuerdos aislados con algunos sindicatos locales, como el 18 de junio con el sindicato minero de Colquiri, o con empresas de transporte en La Paz dos días antes.

    La derecha tradicional, aprovechando la crisis, está subiendo la apuesta. El expresidente Jorge Quiroga pidió la detención de los líderes y activistas del movimiento, a quienes describió como terroristas e incluso narcotraficantes, y exigió el establecimiento efectivo e inmediato del estado de emergencia para “liberar al pueblo boliviano secuestrado”.

    La solidaridad es urgente

    Si el gobierno está apostando su supervivencia a esta lucha social, se beneficia de un entorno internacional favorable, respaldado por Trump y los líderes de extrema derecha del continente, quienes presionan a Paz para sofocar la revuelta y así dejar atrás los años del MAS. Además, como muestra de la injerencia de Estados Unidos, el 16 de abril se firmó un acuerdo entre Bolivia y Estados Unidos para combatir la delincuencia juvenil y el narcotráfico.

    Nuestra solidaridad es aún más importante porque una victoria social en Bolivia sería un estímulo para la lucha de los pueblos y trabajadores de los estados latinoamericanos, especialmente de los vecinos, sumidos en la noche «libertaria».

    23 de junio de 2026

    Nota traducida y publicada por  International Viewpoint de l’Anticapitaliste

  • Es la hora de la Paz para Chiapas

    Es la hora de la Paz para Chiapas

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    Movimiento Socialista del Poder Popular-Chiapas

    Actualidad Internacional: Latitudes. América Latina

    27/09/2023

    Copyright: Autora/or de la foto. Si no queremos mostrarlo lo ocultamos.

    La presencia del crimen organizado en Chiapas y las escenas de violencia, agresiones y confrontación se multiplican. Algunos hechos se magnifican y otros quedan ocultos.
    Pero la conflictividad no solo se relaciona al crimen organizado, sino a múltiples choques con motivos religiosos, agrarios, sociales, de género, de falta de justicia, que forman parte de situaciones de ingobernabilidad.

    En el análisis recuperamos que las armas, el tráfico de drogas, los secuestros, el cobro de derecho piso, la existencia de fuerzas irregulares armados o de poblaciones civiles que son obligadas a incorporarse a los bloqueos, los desplazados, despojados de casas y pertenencias tienen su origen en la lógica del capital, y más precisamente de las lógicas impuestas desde los centros de poder imperiales de EE.UU, pero no solo.

    Relacionado al crimen organizado se encuentran intereses económicos, como las mineras que es sabido se hacen acompañar de cuerpos irregulares, o los intereses en los campos petroleros, o el agua o los recursos naturales. Se trata del despojo por medio del control del territorio.

    Desde luego sabemos que el gran mercado de las armas, de las drogas, de los migrantes ilegales se centra en la metrópolis imperiales que han sometido a las políticas neoliberales, golpes de Estado, dictaduras, al propio pueblo norteamericano y de América Latina, así como el mundo entero.

    Esta lógica y política imperial desde luego socaba los avances y puntos de resistencia que desde la 4T se han implementado en México.

    Esto es evidente en los medios de comunicación que magnifican ciertos hechos pero silencian ampliamente que en el origen de esta violencia está todo el entramado neoliberal impuesto por más de 30 años por el PRIANRD, mismos que han sido, precisa y subrayadamente, operadores principales de los grupos delincuenciales.

    Incluso, los llamados desde la derecha de “balazos y no abrazos” esto es, el uso de la fuerza lisa y llana significa el ataque contra vecinos, familiares, pobladores que han sido obligados a participar en acciones del crimen organizado. En Chiapas es visible que esta violencia empujar a la selección de candidatos de “mano dura” y más abiertamente derechistas y precisamente relacionados al crimen organizado. Evidentemente este elemento también es puesto en juego a nivel nacional.

    Por otra parte, sin duda, la estrategia actual por parte del gobierno federal y estatal ha quedado ampliamente rebasada.

    Desde el punto de vista Constitucional la seguridad pública en la entidad está a cargo del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Mismo que no está en condiciones –aunque quisiera sinceramente- de enfrentar los poderes multinacionales que significa el crimen organizado.

    Asimismo se suma la corrupción de todo el poder judicial en todos los niveles, en todas las entidades y sin duda, los intereses propios e incapacidad manifiesta del legislativo local.
    Y la corrupción a todos los niveles, en mayor o menor medida en municipios, ejidos y localidades.

    Corre en peligro de la vida de nuestros militantes en las diversas regiones. Tenemos familias desplazadas, sin comer, vecinos desaparecidos, amenazas de secuestro y levantones contra nuestros militantes, además de estar inmersos en diversos puntos de conflicto políticos, territoriales y/o agrarios.

    Sin embargo, para nosotros se debe poner en el centro de la acción política un plan de Paz para Chiapas
    Esto es:
    1.- La creación de un espacio interinstitucional federal y local –ejecutivo y legislativo incluidos-, con presencia de organismos defensores de derechos, personalidades emblemáticas, luchadores sociales, iglesias que den respuesta puntual, explícita y urgente a las denuncias que se presentan en los diversos puntos de la entidad.
    2.- Dicho espacio interinstitucional y social para la Paz en Chiapas debe tener acompañamiento internacional que incluya a organismos como la Cruz Roja, Naciones Unidas así como grupos independientes defensores de derechos en el plano internacional.
    3.- Las acciones de este espacio deben ser públicas, explicitas y expeditas para dar atención a las graves necesidades que se tienen en las distintas regiones de la entidad.
    4.-La instalación de dicha instancia debe ser acompañada desde luego de la movilización social y política de las fuerzas democráticas.
    Medidas
    Conforme a lo expresado por nuestra militancia en las regiones y en general diversos sectores de la población:
    1.- Que las fuerzas de seguridad del Estado hagan presencia en las zonas conflictivas y que su estancia ocurra el tiempo que sea necesario hasta restablecer las condiciones de ejercicio de derechos y libertades.
    2.- La estancia de las fuerzas de seguridad debe ser monitoreada por la sociedad y los organismos defensores de derechos para impedir excesos, injusticias o faltas al cumplimiento de su deber con la seguridad pública.
    3.- Programa y acciones inmediatas para la atención emergente de las víctimas que están desplazadas, sin alimentos, techo y salud elementales. Que incluya estancias de emergencia y programas temporales de empleo. Así como brigadas médicas y cocinas comunitarias.
    4.- Búsqueda y localización de desaparecidos en todas las regiones.
    5.- Restitución de los terrenos, tiendas y otros bienes incautados e invadidos por las acciones del crimen organizado.
    6.- Generar condiciones de seguridad para el retorno de los desplazados.
    7.- Implementar medidas cautelares para todos los luchadores sociales, activistas y pobladores amenazados por el crimen organizado o en el contexto de los conflictos.
    8.- Atender los conflictos agrarios, territoriales, de posesiones, de abusos de autoridad y conculcación de derechos que se correlacionan y refuerzan las confrontaciones en el contexto de las acciones del crimen organizado y que forman parte de la ingobernabilidad en los distintos municipios y regiones.
    9.- Construir vías cabales para el ejercicio de la justicia a cargo del poder Judicial así como el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y que no se cumplen.
    Todo lo antes expuesto será expresado en un formato y lenguaje más propio del ámbito de la defensa de los derechos y libertades democráticas.
    Pediremos la adhesión a este plan a todos los sectores sencillamente democráticos y defensores de derechos.

    Llamamos a la movilización y expresión pública para hacer posible este espacio de atención real a la grave situación en que nos encontramos.

    Finalmente, decimos que es necesario articular acciones internacionalistas con grupos y organizaciones de los distitnos países, para protestar contra la circulación de armas que son usadas por la delincuencia organizada en nuestros pueblos, en favor que se levante el secreto bancario y se tomen todas las medidas financieras contra las redes de delincuencia organizada y de corruptos de toda laya.
    La acción internacionalista que señalamos debe estar enmarcada en la defensa de los derechos democráticos de todos los pueblos.

    Centrar nuestros esfuerzos, medios de comunicación, análisis para construir una salida de paz a la violencia que azota nuestras personas y los pueblos de Chiapas.
    Con esperanza y determinación

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