En tres décadas de existencia, las organizaciones piqueteras¹ han mostrado avances y retrocesos. Ha variado su amalgama conceptual, programática y hasta organizativa. Más allá de los momentos de reflujo, esas metamorfosis se han desarrollado sobre una dinámica de intervención única que pone en movimiento constante a las construcciones territoriales y las ubica en un lugar de centralidad en la disputa política nacional. No es un lugar cómodo. La presencia de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras pobres que se organizan desde la periferia irrita y exaspera a los dueños de todo. Molesta el piquete, pero más molesta la irrupción de quienes trastocan el “equilibrio” de la decadente sociedad neoliberal. De Nicolás Salas² para Punto de Vista Internacional.

En junio último se cumplieron treinta años de la pueblada ocurrida en Cutral-Co y Plaza Huincul que dio nacimiento a lo que, con el pasar de los años, se conoció como el movimiento piquetero argentino.

En un pequeño pueblo ubicado en el corazón de la Patagonia argentina, miles de trabajadores y trabajadoras se levantaron ante la cancelación de la instalación de una empresa petroquímica que prometía recuperar las fuentes laborales que se habían evaporado años atrás con la privatización de YPF, la petrolera estatal.  

La profundización del modelo neoliberal, inaugurado por la dictadura militar en 1976, había generado un nivel de desocupación estructural en el país que en el caso de las mencionadas ciudades había alcanzado a unas 5000 personas, lo que representaba casi el 20% de la población económicamente activa en dicha región. No era para menos, en pocos años la multinacional española Repsol había desguazado la planta de YPF radicada en la zona, la cual pasó de tener 4000 operarios a 400. Del total de cesantías y retiros voluntarios, unas 1700 personas definieron iniciar micro emprendimientos que, en la mayoría de los casos, se volvieron obsoletos o fracasaron al poco tiempo.

El 20 de junio de 1996, luego de que el gobernador neuquino, Felipe Sapag, confirmase la suspensión de la construcción de la petroquímica, se congregó una asamblea multisectorial que decidió bloquear la ruta nacional 22, obstruyendo la circulación de los camiones que transportaban el petróleo y visibilizaron su reclamo de trabajo inmediato para las familias desocupadas.

Luego de resistir el embate de la Gendarmería y las fuerzas represivas, la pueblada se consolidó en su carácter masivo logrando romper el cerco informativo e instalándose en los grandes medios de comunicación. Luego de horas de tensión, la Justicia decidió retirar las tropas del lugar, generando la algarabía de las treinta mil personas presentes que, sin saberlo, lograban un triunfo histórico que daba inicio al movimiento piquetero.

Un año después, las puebladas se volvieron a dar en la misma zona³ y se extendieron hacia otras provincias como Salta y Jujuy. En todos los casos, se repitió una escena: ante la imposibilidad de imponer la represión, el Estado otorgaba planes sociales⁴ para menguar el reclamo de las miles de personas que, si bien los aceptaban, mantenían firme su reclamo por recuperar los puestos de empleo genuinos.

Este fenómeno fue seguido de cerca por una camada militante dispersa a lo largo y ancho del país que empezó a replicar la acción del corte de ruta y la asamblea demandando al Estado los trabajos perdidos y poniendo en funcionamiento la organización movimientista y comunitaria en barrios populares, villas o asentamientos.

Milei y una ofensiva histórica

La ola de ultraderecha y llegada de Javier Milei al gobierno planteó a las clases dominantes un objetivo histórico: desarticular definitivamente a las organizaciones piqueteras, territoriales o de la economía popular.

La iniciativa gubernamental se sustentó sobre una estrategia de cuatro patas. La primera sostenida sobre el vaciamiento de las políticas públicas estatales que se expresó en el congelamiento salarial de los planes sociales, la suspensión de envíos de alimentos a los comedores comunitarios y la quita del financiamiento para cooperativas y planes de obra en barrios populares. En simultáneo (la segunda pata) se reforzaron los ataques mediáticos que paradójicamente ya venían llevando algunos sectores del peronismo durante el gobierno de Alberto Fernández. La tercera pata fue la represiva y tuvo su inicio con la implantación del protocolo antipiquetes y las represiones focalizadas en cada marcha y protesta. La cuarta y última pata, implicó la judicialización de gran parte de las direcciones de las organizaciones, sean éstas de izquierda o peronistas.

En las antípodas del gobierno se plantaron los movimientos sociales que con dificultades debieron procesar el golpe inicial. Estos ataques desde el Estado disminuyeron considerablemente la capacidad de movilización pero no lograron el objetivo de la desarticulación. 

La ofensiva gubernamental generó un frente único sectorial que se ordenó a partir de una alianza reivindicativa entre la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Frente de Lucha Piquetero y Territorios en Lucha. Esta unidad logró frenar, a partir de acciones directas y presentaciones judiciales, la baja definitiva del “Volver al Trabajo”, principal plan social que perciben 900 mil personas desempleadas, precarizadas o afectadas por el pluriempleo. 

Hasta el momento, las organizaciones soportaron la peor embestida de todas las recibidas en tres décadas de vida. Si bien se encuentran en un proceso de transición en lo que hace a la forma de acumulación de poder, todavía mantienen niveles organizativos importantes en los territorios y continúan aportando directamente a las luchas y la resistencia que se forja ante el gobierno de Javier Milei.

La suerte de los movimientos sociales depende, en alguna medida, de la capacidad para construir una respuesta unificada por abajo desde la clase trabajadora, de elaborar nuevas y creativas coordenadas de acumulación de fuerza y de los éxitos o fracasos que logre el modelo económico y político libertario. 

De frente y de pie

En todo el mundo existe la desocupación, pero no en todo el mundo existe el movimiento piquetero tal como se lo concibe en la Argentina. Sobre condiciones objetivas de empobrecimiento y desempleo, al sur de ese mundo, grupos de activistas lograron organizarse, darse métodos con sentido de lucha, e instalarse en la escena pública y política argentina. Lo hicieron, no casualmente, durante el consenso neoliberal de los 90. De las más diversas procedencias ideológicas, una militancia casi aislada encontró allí una grieta, donde emergió la raíz de un movimiento que continúa hasta nuestros días.

El árbol genealógico piquetero posee una ramificación extensa y variopinta en tendencias: desde las consideradas institucionalistas hasta las revolucionarias, las provenientes del peronismo y las del marxismo, todas tienen en común el nivel de contradicciones y debates hacia su interior, así como la creciente dependencia del Estado al que se oponen. La existencia de los movimientos se da en sincronía directa con la expulsión de trabajadores y trabajadoras expulsados del trabajo formal o de fábrica, ese sector que Marx calificaba como el sector “estancado” de la población sobrante que se genera en el corazón mismo del sistema capitalista.

Durante estos treinta años, analistas de toda estirpe auguraron la extinción del movimiento piquetero, algunos justificándose en que los ciclos de recuperación económica quitarían las condiciones objetivas para su existencia. Otros, entendían que a fuerza de balas y garrotes se podía llegar al mismo objetivo. En ambos casos, han fracasado.

En un país con una vasta tradición obrera de lucha, la pobreza siempre será algo que irrite y que moleste, ya sea a quienes desde lo más alto de la cúspide del poder niegan la organización de la clase trabajadora, como para quienes detenten una conciencia revolucionaria y se nieguen a aceptar las condiciones inhumanas de esta vida. Cómo suprimir su existencia o cómo dotarla de una estrategia revolucionaria y anticapitalista. En principio, y a riesgo de caer en una modesta aseveración, puede decirse que nadie pierde de vista que en Argentina la desocupación se organiza y eso no es poca cosa.

Junio del 2026.

1. Con el paso de los años, los movimientos piqueteros entraron en un proceso de transformación programática y política que fue modificando su identidad, por lo cual muchos espacios pasaron a conocerse también como movimientos sociales, territoriales o de la economía popular. Más allá de cómo se las nombre, la existencia de estas organizaciones sigue teniendo su principal motivación en la crisis del empleo y, en la vigencia y desarrollo de los distintos estamentos de la población sobrante, tal cual la concebía Marx en El Capital.   ↩︎
2. Nicolás Salas es periodista, militante social e integrante de la corriente Marabunta, parte de la IV Internacional en Argentina. ↩︎
3.  En 1997 se dio el segundo “cutralcazo”, donde la represión gubernamental se cobró la vida de Teresa Rodríguez, mujer y madre trabajadora que pasó a ser un símbolo ineludible para las organizaciones de la época. ↩︎
4.  Los planes sociales en Argentina son un ingreso por trabajador o trabajadora que, en sus inicios, exigían una contraprestación laboral que de todas formas no tenían el reconocimiento de derechos laborales que poseen los trabajadores y trabajadoras que se encuentran bajo convenios colectivos en la Industria u organismos estatales. En definitiva, se trata de una forma de contratación precarizada, originada y financiada, en la mayoría de los casos, con fondos y ejecución del Estado. En el caso de los movimientos, aceptaron los planes sociales pero bajo control y supervisión de las asambleas y cooperativas que se conformaban en los procesos de lucha, marcando importantes niveles de autonomía con los gobiernos municipales, provinciales o nacionales.  ↩︎