Brais Fernández 18/05/2023 Tras una década de enormes movilizaciones sociales y políticas, la situación política española se encuentra en un impase. Visto en retrospectiva, el proceso muestra una serie de cambios y evoluciones en torno a las cuales el régimen político ha construido un nuevo equilibrio temporal e inestable.
Brais Fernández
Militante de Anticapitalistas y parte de la redacción de Viento Sur
Fuente: Jacobin América Latina
Actualidad Internacional: Latitudes. Europa
18/05/2023
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Hace una década, el parlamentarismo español se sostenía sobre un bipartidismo en el cual dos grandes maquinarias —el PP (derecha) y el PSOE (centroizquierda)— dominaban el terreno electoral de forma abrumadora, oscilando entre mayorías absolutas y cuasi mayorías, sostenidas puntualmente por partidos nacionalistas catalanes y vascos de derechas. Hoy ese panorama se ha reconfigurado, con el PP y el PSOE por debajo del 30% de los votos y necesitando siempre para gobernar a partidos situados, al menos en el terreno discusivo, a su derecha y a su izquierda, configurando una política de bloques estable y definida pero sometida a tensiones internas.
En la derecha, el PP —partido heredero del sector conservador del franquismo lo suficientemente inteligente para adaptarse a la «modernización democrática»— ha perdido el monopolio de la representación exclusiva de la derecha. Primero surgió Ciudadanos, un partido liberal con pretensiones centristas que acabó devorado por sus propios errores tácticos pero también por la tendencia global a la polarización política, que liquida estos espacios políticos y los sustituye por partidos de extrema derecha. El surgimiento de VOX responde a este fenómeno, aunque adaptado a la idiosincrasia española: más ultraconservador que populista, más nacional-católico que rupturista, consigue agrupar el descontento de sectores duros del electorado derechista frente al auge del feminismo, el ecologismo y el independentismo catalán, agitando los pánicos morales de las viejas clases medias.
El PSOE sigue siendo el partido hegemónico en la izquierda, pero se ve obligado a gobernar en coalición con Unidas Podemos, apoyado por el nacionalismo vasco de derechas (PNV) y centroizquierda (BILDU), así como ERC, el partido independentista de centroizquierda que gobierna actualmente Catalunya. Todos estos partidos que hoy ejercen de muleta del PSOE (exceptuando el PNV) habían jugado un rol de catalizador del descontento «por la izquierda» con el régimen monárquico español y su democracia liberal de baja intensidad, pero han terminado aceptado el marco constitucional, convirtiéndose en pilares de la gobernabilidad del nuevo progresismo modernizador que actualmente gestiona el capitalismo español.
Las grandes movilizaciones del 15M y del independentismo catalán fueron el sustrato social que impulsó la reorganización del sistema de partidos español. El feminismo y el ecologismo, los grandes movimientos ciudadanos globales de nuestro tiempo, tomaron el relevo. Ya no queda nada (o muy poco) por debajo de aquel impulso y la renovación de las organizaciones sociales ha sido cortocircutada por la entrada en la gestión gubernamental de los partidos de izquierda, que han cooptado buena parte de aquel impulso mediante la generación de un nuevo «estado ampliado», a medio camino entre el lobby, la asesoría y la reclamación dentro de los cauces oficiales.
Este «estado ampliado» es frágil, ya que no se sostiene en la organicidad de las masas, pero es funcional para difundir un estado de abulia política y pasividad a través de salarios y prebendas que convierten a una capa de aspirantes a «intelectuales orgánicos» de clase media, en una red de «intelectuales tradicionales», eso sí, progresistas. Esto puede provocar un desplazamiento de los conflictos y de sus formas, algo que comentaremos brevemente más adelante.
La sociedad pospandémica española es una sociedad en donde las propensiones a la despolitización conviven con tendencias contradictorias. Hay un giro molecular hacia la derecha de amplias capas de la población junto con la consolidación de nuevas identidades sexuales y de género entre un sector de la juventud. La integración de una capa de activistas en la gobernabilidad capitalista va acompañada —y esta es la principal característica del gobierno progresista— de la vuelta a la concertación social y a un renovado papel político, en clave conservadora, de los sindicatos.
La política internacional, en un mundo donde el internacionalismo parece vivir una crisis terminal, condiciona la política nacional hasta límites insospechados. La guerra de Ucrania y el cambio climático provocan reacciones aparentemente contradictorias, como el miedo a los cambios, la incertidumbre y cierto hedonismo vacacional en las cada vez más menguadas capas de la población que pueden permitírselo. La inflación se come buena parte del salario de la clase trabajadora, vivir en las grandes ciudades de alquiler se ha vuelto una tortura, los servicios públicos han entrado en una fase de degradación sin freno, pero las cifras del paro (eterno drama estructural del mercado de trabajo español) se mantienen a niveles aceptables para una parte importante de la población.
Amplios sectores de la población se proletarizan, como por ejemplo, el personal sanitario. Una capa importante de la población, que se amplía año tras año, vive fuera de la representación de la sociedad oficial: migrantes que se hacen evangélicos, proletarios que rotan laboralmente, trabajadores del sector industrial que no existen ni para la izquierda de Madrid y Barcelona. El Estado busca construir nuevos nichos de estabilidad: toda una nueva generación de posuniversidad opta a opositar para ser funcionario. ¿Estabilidad ficticia, preludio del desastre o una nueva oportunidad para las izquierdas?
El gobierno progresista formado entre PSOE y Unidas Podemos marcó un hito en la historia del parlamentarismo español, al ser el primer gobierno de coalición desde el periodo republicano de los años 30. Pero más allá de la retórica épica, el gobierno progresista ha sido muy pobre en el terreno de las transformaciones sociales y políticas, dedicando sus esfuerzos a «pacificar» y estabilizar el orden constitucional en vez de buscar algún tipo de confrontación con las clases dominantes que permitiese generar una situación en clave ofensiva para la clase trabajadora.
Hay, sin duda, razones de fondo que explican este «reformismo sin reformas». El contexto económico del centro capitalista ya no es un contexto de crecimiento, y la tendencia a la caída de la rentabilidad, que no encuentra salida en una gran crisis purificadora, impide grandes operaciones redistributivas dentro del modo de acumulación capitalista. Siendo eso cierto, el gobierno del PSOE-UP ha sido incapaz de tomar ninguna medida profunda que palíe la caída general del poder adquisitivo de la clase trabajadora, cuyo salario se ve reducido mes a mes por una inflación que el año pasado alcanzó picos del 10%, mientras que la media de los aumentos salariales se situaba por encima del 2%.
La famosa reforma laboral de Yolanda Díaz (ministra de Trabajo y futura candidata presidencial) no derogó las medidas más lesivas impulsadas por los gobiernos anteriores, en concreto, la protección en caso de despido. El gobierno ha aumentado un 25% el presupuesto militar por orden de la OTAN, alineándose completamente con la política exterior del imperialismo norteamericano y abandonando reivindicaciones históricas de la izquierda, como el derecho de autodeterminación del pueblo saharahui. También ha mantenido una política extremadamente racista en las fronteras, con varios escándalos en la frontera con Marruecos y casos graves de violencia contra los migrantes provenientes de África. En un ejemplo de cinismo, Pedro Sánchez mostró su complicidad explicita con Meloni en este terreno.
El gobierno ha mantenido la edad de jubilación en 67 años, lo cual, en uno de esos casos en donde política y cinismo se entrecruzan sin ningún tipo de vergüenza, no fue obstáculo para que los ministros de izquierdas aplaudiesen las movilizaciones francesas que la clase obrera se oponía al aumento de la edad de jubilación a los 64 años. Los Fondos Europeos y el famoso keynesianismo verde, que iban a cambiar Europa para siempre porque presuntamente se habían aprendido las lecciones de la pandemia, solo han servido para maquillar y engordar las cuentas de las grandes empresas eléctricas. Los millones de euros del rescate bancario de 2008 no se han devuelto.
Los logros que puede exhibir el gobierno se pueden reducir a la ley trans y a la mejora de los permisos de paternidad: no son, por supuesto, cuestiones menores, pero el hecho de que sean más bien excepciones revela el carácter conservador y pasivizante del «gobierno más progresista de la historia», como ya es un dicho irónico común.
Así podríamos seguir, y la única respuesta de un partidario del gobierno progresista sería «¡cuidado, que viene la derecha!». En resumidas cuentas, no se ha transformado nada: la izquierda española empezó su proyecto de gobierno en donde lo acabó SYRIZA. Toda la épica del progresismo recuerda a aquella anécdota de la zarina a la que llevaron a recorrer los pueblos de Rusia y solo le mostraban, desde fuera, un montón de fachadas pintadas expresamente para la ocasión y que solo servían para esconder la realidad de los hechos.
Para una pequeña minoría, era evidente que la apuesta por entrar en un gobierno dirigido por un partido socioliberal como el PSOE iba a desarrollarse de esta forma. Podemos e Izquierda Unida también lo intuían (son cínicos, pero no tontos…) y han combinado una rebaja de expectativas con una aburrida sobreactuación discursiva que da lugar a una situación paradójica: ¿estamos ante logros históricos? ¿Debemos resignarnos porque no se puede avanzar más? ¿En que quedamos? Esta bipolaridad en la que vive la izquierda gubernamental daría para un buen estudio psicoanalitico, pero explica en parte las causas de la crisis que se ha desarrollado en el seno de la izquierda del gobierno.
Cuando Pablo Iglesias, Secretario General de Podemos, dimitió de su cargo de Vicepresidente del Gobierno y nombró a Yolanda Díaz como su sucesora, no se esperaba que ella se emancipase de su tutela y decidiera recomponer la izquierda sin contar con Podemos. Yolanda Díaz, política de veterano currículo y afiliada al Partido Comunista, había empezado su trayectoria en política municipal para dar el salto a la política nacional gallega de la mano de AGE (Alternativa Galega de Esquerdas), una alianza entre Izquierda Unida y un sector del nacionalismo gallego. En aquellos momentos, en los cuales el auge de Syriza operaba como faro de una ascendente radicalización política de ciertos sectores de la izquierda, Yolanda Díaz defendía con vehemencia la necesidad de una ruptura con las instituciones capitalistas.
Posteriormente surfeó todo el proceso de configuración de la nueva izquierda liderada por Podemos, convirtiéndose en una figura que, a pesar de estar afiliada a Izquierda Unida, era más cercana a Pablo Iglesias que a cualquier otra persona. Su evolución ideológica, ejemplifica bien la deriva del proyecto transformista de la izquierda en la última década. Firme aliada del PSOE, principal valedora de la concertación entre sindicatos y patronal, su aval a la OTAN durante estos meses de guerra en Ucrania es un ejemplo más de cómo siempre busca ubicarse dentro de los limites del establishment progresista europeo.
El conflicto entre Sumar (la nueva plataforma impulsada por Yolanda Díaz, que agrupa además a más de una decena de formaciones territoriales diferentes a Podemos) y Podemos solo puede ser comprendido desde aquella advertencia de Gramsci que decía que «No se considera lo suficiente el hecho de que muchos actos políticos se deben a necesidades internas de carácter organizativo».
Ambos espacios políticos mantienen la misma orientación de gestión gubernamental dentro del marco capitalista y aceptan el liderazgo del PSOE: ninguno se planea ni de lejos pasar a construir una fuerza de oposición independiente al régimen político español. Votan lo mismo en todas las cuestiones y su práctica política no ofrece ninguna diferencia sustantiva. Tienen diferencias tácticas en algunos terrenos: Podemos apuesta por un conflicto discursivo de mayor intensidad y por una lógica de diferenciación del PSOE en este terreno, así como una política de alianzas más abierta hacia el independentismo de centroizquierda catalán y vasco, mientras que Sumar plantea una táctica de mimetización más próxima al discurso socialista.
El conflicto desencadenado tiene más que ver con la disputa por la hegemonía de uno u otro aparato en el seno de la izquierda que con un debate estratégico real. Las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo fijarán la relación de fuerzas para una negociación entre ambos espacios: un terreno más favorable para el bloque de Yolanda Díaz, que no compite directamente y que puede verse beneficiada del previsible batacazo de un Podemos sin fuerza territorial y atrincherado en torno al férreo liderazgo de Iglesias, secundado por Irene Montero y Ione Belarra, las dos ministras que tienen en el gobierno.
Si bien la lógica racional indica que un pacto es fundamental para que el gobierno progresista tenga alguna opción de repetir mayoría parlamentaria en las próximas elecciones, el nivel de alto nivel de conflicto y la psicología de aparatos acostumbrados a peleas en las cuales el adversario debe ser aniquilado operan como contratendencias irracionales. Los próximos meses resolverán la incógnita; no así la perspectiva política de la izquierda, que seguirá encerrada en la lógica de formar parte de la gobernanza sistémica.
El momento de reconfiguración sistémica está relacionado con los resultados políticos de la evolución del ciclo anterior, y afecta a las fuerzas que se reclaman antisistémicas en un sentido amplio. Su debilidad y el hecho de que no haya surgido un nuevo polo que proponga una dinámica diferente reflejan una dialéctica entre lo político y lo social fundamental: en última instancia, es a nivel político, en sus evoluciones y desarrollos, como se resuelven los ciclos de movilización social. El proceso transformista de la izquierda pos-15M se ha traducido en un momento de pasividad social y giro a la derecha, pero las fracturas y contradicciones sociales persisten, pese al triunfo momentáneo por parte de las políticas capitalistas basadas en el «keynesianismo militar, sin crecimiento ni redistribución» (Brenner) a la hora de detener un estallido abierto de una nueva crisis.
La evolución de la sociedad española y de su estructuración produce que se generen amplias bolsas de precariedad y empobrecimiento. Las posiciones sociales y de clase son siempre relativas: es decir, en «relación» a otras, a procesos políticos e ideológicos de carácter histórico. Eso significa que existe una creciente masa empobrecida excluida de la sociedad oficial y de las estructuras de la izquierda y de la derecha que se dotan de formas de socialización propias, aunque sean inducidas por arriba, como ocurre en la relación entre iglesias evangélicas y sectores del proletariado migrante. Este fenómeno (nos referimos, obviamente, a la ampliación y consolidación de bolsas de obreros marginados por la sociedad oficial) se amplia también a trabajadores nativos, sobre todo en zonas que sufren la desindustrialización y el abandono territorial (algunas zonas de Andalucia, Extremadura y el olvidado mezzogiorno español son un buen ejemplo de ello).
En paralelo, otros sectores de la clase trabajadora ven empeorar sus condiciones de vida: ni los títulos universitarios dan para que todo el mundo adquiera su plaza de funcionario (principal garantía hoy de la estabilidad laboral), ni tener un trabajo garantiza buenos salarios. En ese sentido, la inflación ha actuado como disociador social, entre una fracción cada vez mas reducida (pero todavía significativa) de las clases medias que mantiene un alto nivel de vida y una amplia capa de trabajadores, pero también de autónomos o falsos autónomos, muchos de ellos de origen migrante, en la industria, logística y el sector servicios, que ve progresivamente empeorar sus condiciones de vida pese a vivir en sociedades opulentas. Este sector conforma la «moda» de la clase obrera (en el sentido de ser la situación que más se repite), pero está muy atomizado en el terreno organizativo: la clase obrera posee cierta capacidad sindical en la industria, pero es débil en servicios, por poner un ejemplo.
En mi opinión, los primeros sectores que hemos mencionado tenderán a largo plazo a expresarse políticamente mediante formas similares a los chalecos amarillos. Despreciados o ignorados por la política oficial, el estallido es su forma predilecta de acción política. La izquierda política no debe en ningún momento despreciarlos y debe siempre estar atenta a participar en formas híbridas de protesta política, así como buscar una orientación permanente hacia estos sectores, como por ejemplo, en campañas en defensa de la sanidad pública, cuestión particularmente sensible en los barrios obreros.
Lo fundamental en esta fase para recomponer una izquierda anticapitalista dinámica y con un mínimo de credibilidad entre la clase trabajadora pasa por partir de que hay una vuelta parcial y momentánea a la «estabilidad» por abajo, pero que es posible romperla en el medio plazo. Eso pasa por conseguir organizar a núcleos de trabajadores que sirvan como «palanca» orgánica, es decir, que por su cohesión y capacidad política asumen un rol de pivote en la lucha de clases.
No basta con discursos genéricos: la política requiere de capacidad estratégica y la política contrahegemónica solo puede partir de la concreción organizativa: necesitamos encontrar a los mineros del siglo XXI. Ahí la lucha en el terreno sindical y social pone al día la táctica: es necesario mover y remover en clave de conflicto a los sectores agrupados o influidos por los grandes sindicatos, baluarte central a día de hoy de la paz social.
Si la izquierda anticapitalista no asume una política de frente único que priorice la lucha conjunta de masas, desde una independencia política que se fundamente en núcleos de clase que ejerzan de «palanca orgánica», mientras gana influencia real entre la clase trabajadora a través de la experiencia compartida, se convertirá en un nicho contracultural para jóvenes universitarios, en un circuito endogámico y aislará a las bolsas de obreros del resto de la clase en el nicho sindical combativo. El peligro, sin duda, es real.
En los movimientos sociales, el reto pasa por conformar una corriente militante estratégica que rompa con la estructuración propia de la política liberal, que subordina lo social a lo político-institucional, reduciendo a la lucha contra las opresiones a una lucha de lobbys, presiones y subvenciones. Para ello, las corrientes anticapitalistas deberían evitar el aislamiento, pero también perder demasiado tiempo en peleas organizativas: lo importante es estimular una discusión política, que vuelva a poner en el centro la necesidad de una perspectiva integral y no compartimentada para luchar contra el sistema.
En el terreno programático, mi opinión es que la izquierda revolucionaria debe refundarse en torno a un proyecto ecosocialista, que ponga en el centro el cambio climático, la necesidad de una planificación democrática de la economía, en el marco de un nuevo tipo de Estado (en el caso español, basado en la plurinacionalidad confederal y el derecho a la autodeterminación), algo que el capitalismo es incapaz de ofrecer y que solo puede ser impulsado por la clase trabajadora y su autoorganización.
Esto debe entenderse en un sentido profundo, es decir, también como formulas de recomposición amplia del tejido social, pero poniendo en el centro la tarea de formar una organización política amplia de trabajadores, que no se reduzca a la reproducción de un «ismo» determinado como identidad submarxista, sino que busque avanzar sobre acuerdos programáticos y estratégicos fuertes. Estas ideas pueden parecer simples, pero un problema político real para las corrientes anticapitalistas es su tendencia a la dispersión en momentos de debilidad subjetiva en medio del caos objetivo: se trata de buscar un pivote programático a través del cual abordar el reto de crear una referencia política en la lucha contra el capitalismo.
La situación de impase en la política española responde a dos razones de fondo, ambas parte de una tendencia global. Por una parte, la crisis y a la vez pervivencia transformista del nuevo progresismo surgido al calor del ciclo 2008, cuyo declive ideológico no se traduce todavía en el surgimiento de nuevos fenómenos políticos masivos, sino que opera hasta cierto punto de freno.
Decir esto no significa que los nuevos fenómenos políticos masivos vayan a ser automáticamente acaparados por la izquierda revolucionaria: quien piense eso, posiblemente sea un chiflado. Lo que tratamos de decir es que esa supervivencia agónica (es decir, que lucha por no morir, pero no por la vida, por versionar una idea de Mariategui) está ligada a la frágil estabilidad y a prologar el inquietante impase generado por el «keynesianismo militar sin crecimiento ni redistribución» al que aludíamos más arriba. Si surgen movimientos antisistémicos de masas en España —que surgirán— lo harán en claro conflicto con el progresismo transformista, que eligió ser gestor del sistema en vez de plantear, pese a citar mucho a Gramsci, una guerra de posiciones contra él.