La Corte Suprema de Panamá ha dictaminado que el contrato firmado entre el Estado y Minera Panamá para operar la mina Cobre Panamá es inconstitucional, tras semanas de protestas masivas sostenidas exigiendo su cierre.

Minera Panamá, una subsidiaria de la transnacional First Quantum Minerals (FQM), había estado explotando la gran mina a cielo abierto de cobre y oro en el Corredor Biológico Mesoamericano, una zona ecológicamente sensible, durante los últimos 20 años.

Sin embargo, bajo un nuevo contrato aprobado por el Congreso en octubre, Minera Panamá estaba a punto de extender sus operaciones por otros 20 años, con mayores poderes para expropiar tierras cercanas fuera de su concesión existente y desviar ríos enteros para uso privado.

Para obtener más información sobre el levantamiento ambiental masivo que desalojó a una empresa minera transnacional, Federico Fuentes de Green Left y Antonio Neto de Revista Movimento hablaron con José Cambra, activista socialista y miembro de la Asociación de Profesores de Panamá (ASOPROF).

¿Puede explicar el desencadenante de estas protestas?

La constitución panameña prohíbe la administración de los recursos naturales de Panamá por parte de estados extranjeros. FQM es propiedad de capitales de Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur y China. No es solo una empresa privada extranjera, sino que también es en parte propiedad de capitales de estos estados extranjeros.

A pesar de esto, la empresa había estado explotando cobre y otros minerales en la mina sin pagar impuestos entre 2017 y 2023. Según los informes financieros de FQM, la mina Cobre Panamá representaba el 48% de las ganancias globales de FQM.

El problema llegó a su punto culminante en agosto, cuando el gobierno presentó un nuevo contrato a la Asamblea de Diputados. Sindicatos, abogados y ambientalistas respondieron diciendo que el contrato tenía el mismo defecto que los anteriores y que la Corte Suprema debería declarar al gobierno en desacato porque el contrato era inconstitucional.

En cambio, el Congreso aprobó el contrato el 21 de octubre después de solo tres días de discusión. Esto provocó una explosión social en un país que ya estaba cansado del precio inasequible de los medicamentos, la falta de seguridad social y el alto costo de vida.

Panamá había experimentado movilizaciones el año pasado que obligaron al gobierno a llegar a un acuerdo sobre algunos de estos problemas. Pero el gobierno no los cumplió. Entonces, la gente salió nuevamente a las calles.

¿Puede contarnos un poco más sobre las movilizaciones del año pasado?

La intensidad de estas protestas más recientes se explica en gran parte por el incumplimiento del acuerdo del año pasado.

En 2022, vimos las mayores movilizaciones que este país había visto hasta ese momento. En todo el país, hubo manifestaciones, marchas y enfrentamientos con la policía exigiendo una reducción en el costo de los medicamentos y los alimentos.

Todo esto resultó en negociaciones públicas entre el gobierno y las organizaciones que lideraron la lucha. Exigimos que las negociaciones se transmitieran por televisión, lo cual fue espectacular.

Al final, la cámara empresarial le pidió al presidente que cerrara la transmisión porque todo el país estaba escuchando el debate, en el cual la oligarquía estaba siendo denunciada públicamente.

Una gran parte de la población siguió las negociaciones, algo que rara vez se ve. De repente, la gente en las calles nos decía: «Oye, estoy de acuerdo con lo que estaban hablando ayer, estoy de acuerdo en que debería ser así».

Las movilizaciones tuvieron lugar todos los días durante un mes. Aunque no fueron tan grandes como las recientes, hubo grandes marchas en la Ciudad de Panamá, la ciudad más grande de Panamá, lideradas principalmente por el sindicato de maestros, ASOPROF, y el sindicato de trabajadores de la construcción, SUNTRAC.

ASOPROF y SUNTRAC también jugaron un papel importante en las últimas luchas. ¿Puede explicar por qué?

Sí, es cierto. Comenzamos a construir una alianza juntos de organizaciones populares a principios del año pasado. Desafortunadamente, no logramos involucrar a todos en esta alianza, pero sí logramos involucrar a muchas otras organizaciones.

Esta alianza se llama Alianza Pueblo Unido por la Vida (APUV). Involucra a SUNTRACS, ASOPROF, movimientos comunitarios, movimientos juveniles. Es una alianza muy fuerte, pero no es la única alianza.

También está la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO) y la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP).

Es importante destacar que los pueblos indígenas desempeñaron un papel muy importante en estas protestas recientes, especialmente los Ngäbe, que bloquearon enérgicamente la Carretera Interamericana que se dirige hacia Costa Rica, cerrando con éxito una de las carreteras más importantes de Panamá.

En cuanto a mi sindicato, ASOPROF, realizamos asambleas de maestros en cada región después de la votación del 21 de octubre, en las cuales los miembros votaron a favor de realizar una huelga de 48 horas. Esta huelga se extendió luego por otras 48 horas y el 30 de octubre declaramos una huelga indefinida.

Para el 3 de noviembre, estaba claro que las protestas habían alcanzado un nuevo nivel. Había bloqueos de carreteras en todo el país, mucho más allá de lo que vimos en 2022. Personas que nunca habíamos visto en protestas, pero que estaban hartas de la situación actual, salieron a bloquear calles en sus vecindarios.

También hubo llamados espontáneos en las redes sociales para marchas a lo largo del Cinturón Costero en la Ciudad de Panamá, que en un momento movilizó a 250 mil personas contra la minería.

También hubo protestas importantes de comunidades que viven en las áreas circundantes a la mina. Cuando fueron consultados por los diputados del Congreso, dijeron que estaban totalmente en contra del proyecto.

Tanto es así que los pescadores comenzaron a sabotear la mina impidiendo que los barcos salieran de la mina con mineral o entraran con suministros de carbón necesarios para producir electricidad para la mina. Básicamente forzaron el cierre de la mina.

En algunos casos, esto significó enfrentarse a la Fuerza Naval Panameña. Por esto, la población los considera héroes.

En tierra, las comunidades locales y los camioneros bloquearon carreteras que iban a las minas, saboteando con éxito su operación. Todo esto fue una increíble expresión de fuerza.

Por supuesto, detrás de esta erupción de protestas había un descontento por la escasez de agua, los cortes de electricidad, la falta de empleo para los jóvenes y la corrupción y privilegios de los políticos proempresarios.

Esto creó un terreno fértil para las mayores movilizaciones que hemos visto en este país, con un estimado de 1 millón de personas en las calles de todo el país el 22 de noviembre.

Lo que vimos fue un movimiento verdaderamente autogestionado, donde diferentes sectores, como los pescadores, tomaban decisiones basadas en su conocimiento local y las llevaban a cabo con el apoyo del resto del movimiento. Vimos a jóvenes organizando acciones directas y formando guardias de autodefensa.

Hubo una ruptura entre la sociedad civil y la sociedad política. El nivel de desafección política fue tan alto que no sería injusto caracterizarlo como una situación prerrevolucionaria. No hubo un vacío de poder ni se crearon cuerpos permanentes de doble poder. Pero las movilizaciones fueron tan fuertes que actuaron como un poder independiente.

Como resultado de todo esto, la Corte Suprema declaró el contrato de la mina como inconstitucional el 28 de noviembre. Las protestas también forzaron la renuncia del ministro de Comercio, quien firmó el contrato, y la aprobación a principios de noviembre de una ley de moratoria minera que detiene las futuras concesiones.

¿Cuál es el próximo paso para la lucha?

Si bien la lucha era por el cierre de la mina, reconocemos que aún hay alrededor de 5000 trabajadores empleados en la mina. Nuestra propuesta es que esos mismos trabajadores presidan el cierre gradual de la mina.

Entendemos que la mina no puede cerrarse de inmediato, que se requieren medidas para una reconversión segura y ecológica del sitio. Creemos que los trabajadores deberían quedarse para ese proceso.

También hemos propuesto que se forme una comisión que incluya a trabajadores y organizaciones populares, así como a ambientalistas con experiencia técnica, para presidir este proceso. No estamos a favor de nacionalizar la mina, ya que esto significaría que el estado pagaría por el proceso de reconversión.

En cambio, la empresa minera, que fue responsable de contaminar el medio ambiente y que sacó tanto beneficio del país, debería asumir los costos. Nuestro lema es: que paguen los contaminadores.