Una inmensa ola de violencia se ha desatado en todo el país: más de diez muertos, hasta el momento; policías secuestrados; 329 detenidos; autos incendiados, tiroteos en centros comerciales, bombas en distintas ciudades, toma del Canal 10 de televisión, asaltos en las carreteras. Las principales cárceles del país permanecen tomadas por los delincuentes que tienen como rehenes a 142 guardias penitenciarios, a empleados y funcionarios. Dos de los principales líderes de los grupos mafiosos escaparon de la prisión. En todo el sistema educativo las clases presenciales han sido suspendidas. Casi todos los locales comerciales cerraron sus puertas. El tráfico en las ciudades caotizado, la gente saliendo de sus trabajos y corriendo a refugiarse en sus casas. Las noticias falsas proliferaron en las redes sociales sin que la comunicación, ni pública ni privada, señalará con claridad qué había sucedido. El Ecuador atraviesa un momento de crisis muy profunda, quizá entre las más graves de su historia.

Los antecedentes inmediatos de esta situación son:
1.El develamiento de la penetración del narcotráfico y la delincuencia organizada en los organismos del Estado: administración de justicia, Policía, Fuerzas Armadas y partidos políticos. Las investigaciones han puesto en conocimiento y audios y documentos que revelan con claridad la forma de actuar de las mafias organizadas y la manera cómo fueron corrompiendo a funcionarios y a políticos para ponerles al servicio del narcotráfico.
2. Los cambios en las cúpulas de la Policía y de las Fuerzas Armadas, y la decisión de trasladar a jefes mafiosos, de unas cárceles en donde tienen todo el control, a otras en donde no tendrían el mismo poder para operar y para enfrentar a otros grupos delincuenciales. Junto con esto, el anuncio de la extradición, la construcción de cárceles de máxima seguridad, y la decisión del gobierno de retomar el control de las cárceles.
3.El anuncio del gobierno que declaraba que la guerra contra las mafias y que el ejército entraría de lleno en la batalla. De hecho, el eje central de las posibles preguntas para la Consulta Popular está en la participación del ejército en la lucha contra la delincuencia organizada.

La primera reacción del gobierno fue decretar el Estado de Excepción, que implica el toque de queda y la movilización de la Policía y de las Fuerzas Armadas, y luego el Estado de Guerra Interna contra 22 grupos del crimen organizado, a los que ha calificado como terroristas. De esta manera intenta retomar el control. Pero, no es posible saber el curso que tendrá este enfrentamiento. Las cárceles continúan en manos de la delincuencia organizada, el país no logra volver a funcionar, en varias ciudades el comercio ha abierto parcialmente y las clases siguen en modalidad virtual. El gobierno de Noboa adoptó desde el inicio el discurso no solo del conflicto interno contra una fuerza que rompió el monopolio de la fuerza del Estado, ha subido de tono declarando que estamos en un estado de guerra interna, diríamos, de guerra civil, y habla de que su objetivo es la extinción de los 22 grupos criminales. Pero estos grupos cuentan con decenas de miles de combatientes, están fuertemente armados, controlan las cárceles y barrios en las principales ciudades del país y han construido, por la fuerza y con el dinero, bases sociales de apoyo y mantienen como rehenes a importantes sectores de la población sometidos al terror y a la extorsión.

Se puede afirmar que las mafias lograron el resultado que esperaban y pusieron contra las cuerdas al Estado y a la población, incluso más allá de la magnitud efectiva de los atentados y acciones delincuenciales. Desde luego, estamos ante una población sin ninguna experiencia en este tipo de agresiones violentas. Nadie sabe qué hacer, nadie sabe cómo reaccionar, nadie sabe qué proponer.

Los primeros efectos de la situación son negativos para el pueblo ecuatoriano: una oleada de miedo recorre el país, los comercios cierran, el transporte se paraliza, el perjuicio económico es enorme, la desesperanza crece, la gente vuelve su rostro, una vez más, hacia la migración, todo el mundo quiere huir. Asoman los líderes de la ultraderecha tratando de pescar a río revuelto, mientras que las organizaciones sociales están acorraladas e impedidas de actuar y manifestarse contra las políticas neoliberales.

Ahora, la cuestión fundamental es qué proponer y cómo actuar desde el campo popular y las organizaciones sociales. Estos momentos son los más peligrosos, se fortalece un discurso de ultraderecha, a la Bukele, porque la conciencia de la población puede ser manipulada con facilidad en momentos de tanta zozobra y miedo, en donde no se ve un futuro viable y cunde el pesimismo. De igual manera, también es la oportunidad que aprovechará la derecha para pasar sus leyes más represivas e implementar su proyecto neoliberal contra los trabajadores. La derrota del campo popular puede llegar a ser profunda.

Frente a esto, es indispensable que las organizaciones sociales, especialmente el FUT y la CONAIE, junto con las organizaciones feministas, ecologistas y barriales, den la cara y propongan salidas populares para la crisis. He aquí algunos elementos que proponemos:Apenas pase el estado de excepción convocar a una gran manifestación por la paz y contra la violencia de la delincuencia organizada, para mostrar que el pueblo ecuatoriano resistirá el embate de la delincuencia y que las ciudades, las calles, las carreteras le pertenecen al pueblo y no a la delincuencia.

Esta movilización, además, exigirá que el gobierno tome acciones, no solo inmediatas, sino de fondo, que ataquen las causas estructurales del problema que vivimos, porque la intervención militar nunca será suficiente; y que no se permitirá que a pretexto de estos trágicos sucesos se aproveche para lanzar medidas contra los pobres que son los que pagan las consecuencias de la crisis económica y de la inseguridad.

Exigir la derogatoria inmediata de los decretos que perdonaron las deudas a los empresarios, obligarles a pagar y señalar con claridad que ésta también es una forma de corrupción, en este caso del sector privado. Este dinero de los impuestos no pagados deberá destinarse de manera inmediata a programas sociales orientados sobre todo a los jóvenes de los sectores populares más empobrecidos.
Suspender de manera inmediata el pago de la deuda externa, para frenar la crisis económica y tener recursos para enfrentar a la delincuencia organizada y atender las necesidades urgentes de la población, pagar la deuda del estado con el IESS, resolver la crisis energética, pagar las deudas a los municipios y gobiernos provinciales, y para mejorar la calidad de la atención de salud.
En el campo popular es indispensable fortalecer las organizaciones comunitarias, campesinas, barriales, de pequeños productores, feministas, ecologistas, de las y los trabajadores del campo y la ciudad, como la mejor manera para resistir la penetración de las mafias de la delincuencia y el narcotráfico. Es urgente elaborar un plan nacional para que estas organizaciones participen de lleno en la resistencia autoorganizada contra la delincuencia. Sin la participación activa de la población nada se resolverá, por eso hay que diseñar estrategias desde abajo. Solo de esta manera le disputaremos nuestros jóvenes a la delincuencia organizada.

Lanzar una campaña en contra de todas las formas de violencia, que finalmente alimentan la macroviolencia de la delincuencia organizada. Es decir, combatir la violencia de género, la que se genera en las redes que es lugar en donde se incuba el odio y las noticias falsas, rechazar la violencia simbólica que está presente a cada paso en las luchas políticas.
En la medida en que las causas de la inseguridad no son solo nacionales sino internacionales, el gobierno deberá solicitar la conformación de una comisión de las Naciones Unidas para la solidaridad y apoyo a nuestro país. De igual manera, se tendrá que constituir una comisión latinoamericana con la misma finalidad.

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