No permitiremos otro octubre del 19… ha sido desde la mañana del lunes 13 de junioel mensaje del Ministro del Interior Patricio Carrillo, quien es junto a Fausto Cobo, jefe de inteligencia, una pieza clave del esquema represivo del gobierno.
Aunque en tono más velado, es el mismo mensaje del ministro de Gobierno Francisco Jiménez. Es también el clamor de los gremios empresariales, de la banca y de la gran prensa. Luego de varios días de silencio Guillermo Lasso habló de diálogo el jueves 16 y el sábado 18 decretó el estado de excepción en las provincias de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, donde las movilizaciones indígenas y populares han sido las más fuertes en esta semana.
Desde hace varios días en Quito crece la movilización social y en la tarde del viernes alcanzó los niveles más altos. El mapa de la movilización en Quito pone al desnudo la situación: son los barrios periféricos más pobres del sur de la ciudad y la periferia social del norte y los valles, junto con el centro de la ciudad, donde las movilizaciones indígenas y la presencia de los pobres urbanos ha sido más fuerte; como en octubre del 2019. No han habido movilizaciones hacia la Asamblea Nacional, el objetivo de la protesta es claramente el Poder Ejecutivo y la figura del banquero Guillermo Lasso.
La declaratoria del Estado de Excepción sube el nivel de la confrontación desde el Gobierno, y es la respuesta al anuncio de la CONAIE: diálogo sí, sin dejar de lado la movilización y con resultados.

“LA CONSPIRACIÓN NARCO INDÍGENA”

Para el Gobierno, los empresarios, la derecha mediática en coro, la derecha política que incluye a amplios sectores de unas capas medias cada vez más reaccionarias y racistas, y ese Estado profundo y oscuro de los servicios de seguridad, las movilizaciones indígenas y populares son vistas en el marco de una macro conspiración: son el correismo, en conjunción con el crimen organizado, quienes tratan de derribar a Lasso; el movimiento indígena es la herramienta en este propósito. Ese es el sentido de las declaraciones dadas el viernes 17 desde Bogotá al noticiero de Teleamazonas por María Paula Romo, ex ministra de Gobierno de Lenin Moreno, quien fue señalada en el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como la principal responsable de la dura represión de octubre del 2019. En este marco explicativo, repica el mensaje que necesitamos trabajar para salir de la crisis económica, y la descalificación de la lucha social como vandalismo y barbarie.

LAS DOS OPCIONES DEL BANQUERO

Hay dos caminos. El primero es elevar la represión. En esa línea su primer gran error fue la detención del Presidente de la CONAIE en la noche del lunes 13, que en el mejor estilo de cómo ha sido la actuación de Lasso como Presidente, fue como dispararse en el pie pues solo sirvió para acelerar la incorporación a las movilizaciones de nuevos sectores indígenas, de organizaciones sociales y de sectores populares. Una segunda medida ha sido la incorporación inmediata del Ejército contra las movilizaciones, aunque todavía en segunda fila detrás de las tropas de élite de la policía.
Como muchos cuerpos similares en América Latina la policía ecuatoriana ha sido asesorada por el gobierno de Israel, y desde el inicio de las movilizaciones ha utilizado la caballería motorizada de desplazamiento rápido y balas de goma contra los manifestantes. La tercera medida es la imposición del Estado de Excepción y el anuncio de la utilización progresiva, incluso letal, de la fuerza.
El Estado de Excepción implica la declaración del Distrito Metropolitano de Quito como área de seguridad, bajo el control de las Fuerzas Armadas, el toque de queda desde las 22 a las 5 horas, la supresión de la inviolabilidad del domicilio y la prohibición de concentraciones y movilizaciones. Guillermo Lasso se refugia así en el aparato de Estado.
El segundo camino es la adopción de medidas inmediatas, ya no repetir el diálogo sin resultados para ganar tiempo y diluir al descontento social. Solo una medida ha sido anunciada por el Gobierno: el control de precios de productos de primera necesidad, acusando de la especulación solo a los intermediarios. Pero no se ha dicho cuales productos serán controlados, pues entre los que más han subido, además de la harina, está el aceite de cocina a precio de fabricante, no de intermediario. Y el sector aceitero, tanto de los cultivadores de palma como de los refinadores, como el agro negocio en su conjunto, son de los que más se han beneficiado de las políticas liberales de Lasso.
Esas medidas inmediatas tienen que ver con el precio de los combustibles;las ganancias extraordinarias del capital financiero que se mantuvieron durante la pandemia, ahogando a los pequeños y medianos deudores de la banca; el avance de la minería sobre los territorios indígenas, que se incrementó durante la pandemia; las demandas de precios justos por parte de los productores de maíz, banano y arroz, ahogados también por la banca y el gran capital; el abastecimiento de medicinas para los hospitales públicos; el aumento de los presupuestos para la educación que vienen siendo reducidos desde el final del correato; una línea de crédito favorable e inmediata para la economía popular y campesina.
Ese programa no es el de Guillermo Lasso; recoge las demandas de la mayoría de la población. Son muchas las voces que desde hace tiempo señalan que esto es posible, podría realizarse con un cambio en la política de sumisión al FMI, y reduciendo las enormes tasas de ganancia del gran agro negocio, de las grandes telefónicas y del capital financiero.
Significa cambiar de rumbo, abandonar el dogma neoliberal y apostar a otro plan económico, y negarse a sí mismo como representante del capital financiero.

DOS PROYECTOS DE PAÍS

Las teorías conspirativas sobre lo que ocurre en el Ecuador se estrellan contra la realidad. Ninguno de los grandes problemas que estuvieron presentes en el gran estallido social de octubre del 19, en el cual se movilizaron amplísimos sectores populares que no eran parte del movimiento indígena, luego de dos años de pandemia y uno de gobierno neoliberal se han agravado.
Hay un proyecto de país de las mayorías, que de diversas formas se organiza, se expresa y resiste. Hay un proyecto de país de las grandes élites empresariales, recurrente en la expoliación a los demás y recurrente en el fracaso. Es el de la sucretización de la deuda de los empresarios en 1982 y el de los paquetazos; el del Consenso de Washington y del feriado bancario; el del extractivismo y la dictadura del capital financiero.
Los datos presentados por instituciones académicas, organismos oficiales y organizaciones sociales, están a la vista y evidencian la confrontación de dos proyectos de país: el país de la acumulación de capital a través del despojo de territorios comunitarios, de los bienes de los pequeños propietarios, y de los salarios de los trabajadores, el país del orden del capitalismo salvaje; el otro, un proyecto de país basado en el interés de las mayorías, en la justicia social y ambiental, en la ampliación y profundización de la democracia, en la redistribución de la riqueza, un Ecuador Plurinacional e Intercultural.
De un lado está la defensa de la salud de los indicadores macro económicos, el cumplimiento de los acuerdos con el FMI y la banca internacional, y el incremento de las tasas de ganancia como un mandato casi religioso; el despilfarro y el lujo. Del otro lado, una inmensa y creciente pobreza urbana y rural, el crecimiento del desamparo, la desnutrición, la angustia y la migración.
Un Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador del 14 de junio pasado coloca las dimensiones de la grave situación que atravesamos.
Allí se dice: “La recuperación de los indicadores macro económicos, no se ha reflejado en el mejoramiento del empleo ni en el nivel de vida de los ecuatorianos, en especial en el área rural. A diciembre de 2021, según el INEC, 4 de cada l0 ecuatorianos del área rural son pobres y 2 de cada 1O ecuatorianos están en extrema pobreza. Situación que podría agravarse por el contexto internacional y la falta de una política de gobierno apropiada”. Sobre la situación de la Educación Superior y de la salud pública, se añade: “La educación pública en todos sus niveles ha sido afectada por una sostenida reducción del presupuesto, especialmente desde el año 2019. La educación pública básica y media sufrió recorte presupuestario de 911 millones de dólares entre los años 2019 y 2020 (fuente Ministerio de Finanzas). La educación superior pública acumuló en estos años una reducción de 326 millones de dólares. En la salud la reducción en el año 2020 fue de 227 millones (fuente Ministerio de Finanzas). La tendencia no se ha corregido en el actual gobierno”. Se cuestiona a una política gubernamental que privilegia los recursos obtenidos por el incremento de los ingresos petroleros y la recaudación de impuestos, para reducir el déficit fiscal y fortalecer a la reserva monetaria internacional.
La declaratoria del estado de excepción como preámbulo de un posible diálogo agrava la situación. Con ello Guillermo Lasso ha trazado una línea divisoria con las organizaciones sociales y el gobierno, tensa aún más la situación, y ha emplazado a la propia clase política que, en forma generalizada, ha sido muy dura en sus cuestionamientos a la acción presidencial: o están conmigo, o están conmigo… Es una apuesta muy alta para un gobierno tan débil.
El Estado de Excepción y el aumento de la represión podrían hasta contener la lucha social, pero solo de momento. Mientras las organizaciones sociales no sufran una derrota política estratégica que las desestructuren, y mientras se mantengan vivas las causas del descontento social, la lucha persistirá. El programa neoliberal, en marcha desde el retorno a la democracia, solo podría imponerse a través de un régimen abiertamente autoritario y de derecha.