Respeto a la autonomía política y organizativa del Partido Comunista de Venezuela

D

esde la Cuarta Internacional hemos seguido con especial atención y preocupación la evolución de la situación política en Venezuela. Ciertamente Venezuela es un país asediado por el imperialismo norteamericano y las naciones imperialistas europeas, cuya economía ha sido severamente afectada por esta ofensiva y eso ha traído consecuencias directas en las condiciones de vida de la clase trabajadora; es muy importante denunciar los criminales efectos de las medidas coercitivas unilaterales (MCU) sobre la población y en esa orientación siempre estaremos acompañando.

Pero, no solo las MCU deterioran la situación material y salarial de la clase trabajadora, sino que al drama diario de quienes viven del trabajo con un salario mínimo mensual de 4,5 dólares y salario profesionales por debajo de los 20 dólares mensuales, se le debe agregar la insensibilidad gubernamental al respecto. Con los ingresos actuales de Venezuela, se podrían pagar mejores salarios, es decir, estamos ante un problema de injusta distribución de la riqueza nacional, justificadas con los clásicos argumentos monetaristas y neoliberales, que elevar los salarios dispararía nuevamente la inflación.

En los últimos años se ha evidenciado un fenómeno de abandono por parte del gobierno de Nicolás Maduro de los ejes centrales de la agenda social y un giro autoritario en su administración. La judicialización de los partidos políticos de izquierdas (MEP, PPT, Tupamaros, entre otros) se fue haciendo una práctica común, así como la criminalización de la protesta social y el enjuiciamiento a trabajadores que luchan por condiciones dignas de trabajo y salario.

Por primera vez en la historia de Venezuela se crea un apartado del presupuesto público del 4% para la promoción de la fe, mientras el de ciencia apenas alcanza el 2%, en un país donde las escuelas públicas solo atienden 2 ó 3 días a los hijos de la clase trabajadora y los hospitales del sistema público de salud carecen de los más elementales insumos, como resultado de la desinversión en mantenimiento y salarial, lo cual fomenta el crecimiento de la educación y la salud gestionadas por el sector privado. El drama de la migración masiva y el envío de remesas al país es lo que ha evitado un desastre social mayor. Paradójicamente, la corrupción a los más altos niveles de la administración pública opera como proceso de reconfiguración burguesa; recientemente el propio presidente Maduro denunciaba la “evaporación” de tres mil millones de dólares de las finanzas públicas, cifra que ha venido creciendo hasta hablarse de 23 mil millones de dólares, hecho por el cuál han sido apresados integrantes de la dirección del PSUV, gobernadores y diputados de la bancada oficial, además de un centenar de altos funcionarios.

En ese contexto ha surgido una oposición plural a la izquierda del Madurismo, que estaba construyendo una ruta unitaria para participar en las elecciones presidenciales del 2024 con la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela (PCV), organización partidista cuyo Congreso Ordinario realizado hace solo unos meses, ratificó su línea de ruptura con el gobierno al que acusa de neoliberal con discurso de izquierda. Eso generó una campaña de desprestigio al PCV auspiciada por el gobierno, en la cual se involucró a sectores que habían militado en ese partido con la clara intención que esta organización fuera intervenida judicialmente. Esta nefasta iniciativa se concretó con la solicitud de un recurso judicial para que se sustituyera a la actual directiva en pleno del PCV por una directiva Ad hoc. Este pasado 11 de agosto de 2023 el Tribunal Supremo de Justicia de

Venezuela consumó este despropósito y se intervino al PCV, despojando a sus legitimas autoridades de la representación jurídica, bienes y tarjeta electoral. Esta situación, de judicializar a las izquierdas que se le oponen se configura como rasgo de autoritarismo del gobierno de Maduro y se constituye en un ataque a las elementales libertades democráticas en el país, en este caso expresada con la intervención de una organización política con 92 años de funcionamiento.

Lo grave de esta situación, es que las disidencias por la izquierda al Madurismo quedan ahora sin capacidad política real de presentar de manera autónoma una candidatura alternativa para los comicios presidenciales del año 2024.

El ataque al PCV es el evento más reciente de una larga lista de incidentes que parecieran confirmar las críticas sobre el abandono definitivo por parte del gobierno de Maduro al proceso iniciado por Chávez.

Desde la Cuarta Internacional expresamos nuestro repudio a este giro gubernamental y las medidas anti populares tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro, solidarizándonos con el PCV legítimo, haciendo un llamado a permitir su funcionamiento autónomo, lo cual pasa por anular el exabrupto judicial contra ese partido. Así mismo, reiteramos la solicitud que recogemos de la clase trabajadora venezolana para que el gobierno retome el camino emprendido por Chávez.