Este texto es fruto de una necesidad militante. La necesidad de rearmar el análisis y el programa feminista tras el último episodio de la crisis capitalista. Nos urge pensar los estragos de la pandemia, la crisis inflacionaria, las medidas políticas aplicadas y una probable recesión en el horizonte. Nos urge pensar todo ello desde una perspectiva feminista y desde los aportes de la teoría de la reproducción social y del marxismo, y los aprendizajes de las últimas huelgas feministas, porque estamos convencidas que las formas de discriminación en el terreno económico y social se están reproduciendo y agudizando. Desafortunadamente, no existen hoy por hoy demasiadas reflexiones en este terreno. Por ello, este texto no busca ser más que unas notas con la esperanza de que aparezcan otros textos que lo superen.

Partimos de una constatación: las condiciones para asegurar la reproducción social se han encarecido de manera sustancial con la crisis inflacionaria. El precio de la alimentación, de la energía (agua, gas, electricidad), de los productos de higiene y sanitarios de primera necesidad, así como de la vivienda (aunque responda a otra dinámica especulativa) se han disparado. Cada día es más privativo acceder a una serie de productos de primera necesidad para asegurar la reproducción social que exige el capitalismo. Las mujeres y personas disidentes a quienes se nos impone la provisión de cuidados vemos empobrecidas nuestras posibilidades para asegurar estos cuidados. La crisis inflacionaria se ha solapado con la crisis anterior y en particular, con la depauperación de los servicios públicos. La sanidad, la educación, los servicios sociales y demás mimbres institucionales para absorber parte de la reproducción social arrastran graves problemas. Esta situación insostenible en el terreno público impacta directamente en mayores cargas hacia las familias y además permite la proliferación de un mercado de cuidados cada vez mayor y con condiciones de explotación brutales.

En resumen, podemos valorar que la crisis inflacionaria tiene una faceta fundamental en la crisis reproductiva. La inflación alimenta la contradicción entre, por un lado, los intereses capitalistas de acaparamiento y máximo beneficio – verdadero objetivo de la inflación de precios tal y como ha señalado Intermón Oxfam^[1]Intermón Oxfam. La ley del más rico (16/01/2023). Disponible en: https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/davos-2023-ley-mas-rico?hsLang=es#– y, por otro lado, la austeridad impuesta para reproducir la fuerza de trabajo y las personas que la encarnan.

Sin embargo, no sería justo terminar en este punto. Si el objetivo es señalar algunas reflexiones que nos permitan rearmar un programa feminista, es de recibo abordar los intentos políticos y sindicales para contener la crisis reproductiva. Estos esfuerzos se han concentrado en la vía del salario, tanto las distintas políticas entorno al SMI, como la iniciativa sindical alrededor de las actualizaciones del IPC, ambas merecen una reflexión.

El ultimo año y medio hemos asistido a una serie de conflictos sindicales – incluyendo huelgas importantes– que tenían como objetivo una actualización del IPC en el salario lo más ventajosa posible. Mientras la inflación hacía subir el IPC una media anual de 8,4%, las actualizaciones por convenio no han incrementado más de un 2,8% de media este 2022. Ahora bien, estas actualizaciones han sido desiguales: en Catalunya el 70% de las personas con menores subidas salariales – inferiores a 3 puntos – fueron mujeres^[2]Ubieto, Gabriel. “El 70% de los trabajadores con menores subidas salariales son mujeres”. El Periódico, 16/01/2023. Disponible … Seguir leyendo. La pelea sindical por los incrementos es una pelea necesaria, sin embargo, abordar la pelea convenio a convenio reproduce una brecha de género que no podemos ignorar y que debe suscitar una reflexión táctica y programática para un sindicalismo feminista. Además, hay que escuchar a las protagonistas de la última oleada de luchas sindicales en sectores feminizados y denunciar las dificultades añadidas que sufren las trabajadoras de estos sectores en las negociaciones laborales. Como han denunciado las trabajadoras de residencias de Bizkaia, la patronal utiliza formas humillantes, las infantiliza y desoye sus demandas, y las administraciones públicas en vez de mediar como hacen en otros sectores como el metal, imponen servicios mínimos altísimos, no hacen las inspecciones necesarias y no cumplen con sus responsabilidades.

Además, cabe señalar que el grueso de personas que trabajan fuera de convenios colectivos y que por lo tanto quedan fuera de estos datos son también mayoritariamente mujeres, personas disidentes y personas de origen migrante. A raíz de ello la política de subidas del SMI sí habría impactado en parte de estos sectores. Ahora bien, la no derogación de las reformas laborales del PP y del PSOE y las modificaciones insuficientes que realizó el gobierno actual, sin olvidar la ley de extranjería que excluye de facto a cientos de miles de personas, hace que se siga reproduciendo una brecha de género en la capacidad de compra.

La dinámica de aumentar los ingresos particulares sin cortocircuitar las posibilidades de escalada de precios son pan para hoy, hambre para mañana. Una política entorno al salario que no vaya acompañada de un combate contra el acaparamiento capitalista propio de la inflación, esta destinado a una devaluación progresiva de los salarios. Hoy aumento el salario y mañana nada impide a las empresas agroalimentarias, a los rentistas de vivienda o al oligopolio energético escalar los precios. En resumen, el salario y sus incrementos son un vector clave en la reproducción, sin embargo, una política que no aborde todos los aspectos de la reproducción está condenada a devaluar su propia política salarial.

Para abordar todos los aspectos de la reproducción no podemos pensar la crisis inflacionaria de forma aislada, es fundamental insertarla dentro de los estragos de la pandemia y más de una década de recortes en los servicios públicos. El ajuste estructural que se ha impuesto en el terreno sanitario y educativo, en los servicios sociales y demás resortes institucionales ha impactado de forma brutal en las cargas domésticas y ha abierto la puerta a la proliferación de un mercado privado de los cuidados, ya sea a través de la mercantilización de los cuidados en los hogares o a través del avance de la privatización en los servicios públicos

Las políticas de privatización y de colaboraciones público-privadas, que son la norma para la mayoría de gobiernos autonómicos, han sido un mecanismo parade transferir dinero público hacia empresas privadas para que estas construyan un negocio a gran escala con la reproducción social: por ejemplo, la externalización de servicios sanitarios hacia centros de atención privados, laboratorios o directamente a empresas de gestión privada. Lo mismo acontece con las residencias y la atención a la gente mayor; los servicios sociales y comunitarios transferidos a entidades lucrativas del tercer sector; la implantación de lógicas de mercadotecnia en la educación pública; o la proliferación de sistemas privados de pensiones.

Además, a pesar de que la pandemia evidenció los enormes riesgos que genera la inexistencia de unos servicios sanitarios y de cuidados fuertes, los fondos de recuperación postpandemia, canalizados a través de los Next Generation, solo destinan 982 millones para sanidad y 808 para la Economía Social y de Cuidados (de un total de 32.293 millones de €). Unos fondos mínimos (comparados con los que se destinan al vehículo eléctrico por ejemplo) que además –como denuncian varias organizaciones– no están pensados para aumentar el personal o mejorar la calidad de los servicios, sino que se centran en la digitalización, como nuevo nicho de negocio para las colaboraciones público-privadas.

El gran ajuste en el terreno del ámbito público no es algo exógeno al género o la clase. El gran ajuste en el terreno público es un ajuste hacia las condiciones de reproducción de la clase trabajadora, que somos quienes realmente usamos y necesitamos una infraestructura de acceso público. Pero además, cuánto más retrocede el terreno público, más avanzan las cargas privadas-domésticas. Si las listas de espera en la salud pública se eternizan, la provisión de cuidados doméstica-privada también se eterniza. Si las pensiones son pírricas y amenazan con convertirlas en un bien de mercado, toda la economía familiar se compromete para asegurar la reproducción de nuestra gente mayor. En general, vemos una serie de vasos comunicantes donde hay una transferencia de las cargas de trabajo derivadas de la reproducción social. Una transferencia hacia aquellas que nos vemos obligadas a proveer de cuidados en el marco doméstico de la familia; cuando la situación no nos obliga también a una inserción laboral precaria en el mercado privado de los cuidados.

En definitiva, los estragos de la pandemia y la crisis inflacionaria ahondan en una profunda crisis de la reproducción social que se está saldando en contra de la clase trabajadora en general y de las mujeres, migrantes y disidencias en particular. ¿Es politizable esta situación? ¿Cómo podemos hacer madurar una conciencia política de esta situación insostenible? Las crisis por inflación han sido históricamente momentos de estallidos y revueltas sociales. En febrero de 1917 las mujeres de Rusia hartas de la inflación y la carestía, la falta de pan y el encarecimiento del cabrón hacían insostenible la paz social, estallaron siendo el chispazo que iniciaría la Revolución de Febrero^[3]Ubieto, Gabriel. “El 70% de los trabajadores con menores subidas salariales son mujeres”. El Periódico, 16/01/2023. Disponible … Seguir leyendo. Un año más tarde en Barcelona la usura inflacionaria encarecía el carbón en un invierno particularmente frío, las mujeres de las colas del carbón estallaron y saquearon los almacenes, llamaron a la huelga a las obreras y protagonizaron motines durante dos semanas^[4]Facet, Laia. “Cien años de la huelga de mujeres de Barcelona”. Poder Popular, 26/04/2018. https://poderpopular.info/2018/04/26/cien-anos-de-la-huelga-de-mujeres-de-barcelona/. Lo mismo aconteció el mismo año en Málaga con las Faeneras, quienes también ante las subidas de precios en el pan, carbón, alquileres, pescado y la miseria de la guerra estallarían en la ciudad. Al otro lado del Atlántico, unos años antes, en 1902 en el Lower East Side de Nueva York las mujeres judías de clase trabajadora organizaron boicots contra el monopolio de la carne ante la inflación de precios, se amotinaron, organizaron piquetes, se coordinaron con sindicatos obreros y planearon cooperativas. Sus luchas inspirarían las huelgas de alquileres de 1907-1908. Las revueltas en Washington, Boston, Filadelfia o Brooklyn serían constantes durante toda la década siguiente^[5]Mohandesi, Salar; Teitelman, Emma. “Sense reserves”. En: Bhattacharya, Tithi (ed.) Teoria de la reproducció social (2019). Manresa: Tigre de paper..

Pero no tenemos necesidad de ir tan atrás en el tiempo: en la crisis del 2008, fueron las mujeres quienes protagonizaron y llevaron a cabo la mayor parte de ocupaciones de vivienda ante los desahucios hipotecarios. Fueron las mujeres las que llenaron las asambleas de la PAH y las que llenan las asambleas de los Sindicatos de Inquilinas. Los motines, los boicots y saqueos ante la carestía son parte de la genealogía del movimiento obrero y del feminismo que debemos poner al servicio de imaginar las luchas contra la carestía del presente. Este texto se iniciaba confesando la necesidad militante de rearmar un programa feminista ante una fase política nueva, reorientarnos ante el desarrollo de la crisis capitalista y su incisiva crisis reproductiva. Que estas notas sirvan para alimentar esta incesante tarea.