Si bien la Cámara de Senadores terminó aprobando una ley enviada por el gobierno nacional, la misma terminó recortada en dos de sus principales ejes. El repudio y rechazo popular fueron claves en una derrota que no fue total pero sí importante. Por Nicolás Salas para Punto de Vista Internacional.

El escritor argentino, Jorge Luis Borges, aseguraba que el fútbol era una “estupidez” y no expresaba más que “once jugadores contra otros once corriendo detrás de una pelota”. Pese a su destacada pluma e intelectualidad, sus consideraciones negaban un fenómeno cultural y hasta político con capacidad de influir en los procesos de masas. Un ejemplo de ello tuvo lugar durante el último mundial de fútbol, más precisamente a partir del partido que la selección Argentina disputó con Inglaterra. Finalizado el encuentro, algunos jugadores argentinos levantaron una bandera improvisada a partir de una sábana blanca, que les habían arrojado desde la tribuna, y que decía: “Las Malvinas son Argentinas”. Cuatro palabras que dispararon la subjetividad de las masas en un sentido progresivo de defensa de los intereses nacionales, rompiendo con una indiferencia social que venía aletargando respuestas de este tipo. Ya no había lugar para reivindicaciones públicas de Margaret Thatcher o de los kelpers como había osado hacer el presidente Milei en varias ocasiones.  

Desde los hechos suscitados en aquel emblemático partido, el debate sobre la soberanía tomó un sentido popular y se instaló en la agenda nacional, habilitando lugar a expresiones antiimperialistas, y poniendo al gobierno en una posición defensiva ante su intento (frustrado) de prohibir las manifestaciones políticas durante el mundial. El lanzamiento de una campaña estatal de “defensa nacional”, basada en decretos¹ y declaraciones xenófobas, no lograron correr al oficialismo de ese lugar cipayo que tan obstinadamente ha sabido construir. En ese tambaleo y contradicciones, se presentó para “La Libertad Avanza” una afronta legislativa que, semanas atrás, suponía tener ganada.

De la “inviolabilidad de la propiedad privada” a la extranjerización de la tierra

El bloque “libertario” presentó meses atrás el proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, por el cual se buscaba modificar siete normas vigentes apuntando a profundizar la lógica extractivista y entreguista de los recursos naturales a partir de tres ejes estructurantes: 

1. Extranjerización de las tierras² (capítulo 3 del expediente original). Se planteaba liberar totalmente la venta de tierras para “las personas físicas, el resto de las personas jurídicas con mayoría extranjera, los fondos de inversión, las asociaciones o sociedades de hecho, los contratos de fondos fiduciarios” (entre otros). Para lograr su aprobación, y en medio de la discusión, se modificó el porcentaje de tierras a vender a un 25% del total³. 
2. Ley de Manejo del Fuego. Se proponía dar de baja la prohibición de venta de tierras afectadas por incendios, al tiempo que se desprotegía humedales, áreas naturales, vegetación viva o muerta en general.  A su vez, se buscaba dar vía libre a la realización de  emprendimientos inmobiliarios en estas zonas quemadas, así como proyectos empresariales de carácter extractivista vinculados a la ganadería y la explotación agropecuaria⁴. 
3. Desalojos. Se planteaba un aceleramiento de desalojos a inquilinos u ocupantes de tierras en cuestión de días, sin considerar la crisis habitacional, ni el aumento de la desocupación y del endeudamiento de millones de familias producto de la crisis económica y social⁵. 

Avanzado el debate, el primer y principal obstáculo que encontró el proyecto fue un humor social que, desde el mundial, se mantuvo firme en la defensa de los intereses nacionales, impliquen estos a las Islas Malvinas, la patagonia o los recursos naturales de diferentes zonas y regiones.

A diferencia de otras leyes, en esta oportunidad el interés de clase detrás de la iniciativa quedó al descubierto ante grandes porciones de la población. Artistas, deportistas y referentes de la cultura no solo salieron a rechazar esta potencial norma sino que además convocaron a movilizarse en contra de la misma. El golpe se sintió y desplegó un amplio condicionamiento contra los bloques de senadores, principalmente aquellos aliados al ejecutivo nacional, que sintieron la presión por abajo en sus provincias y vieron acotada la posibilidad de negociar con el oficialismo. Las 18 modificaciones que se le hizo al dictamen original no pudo modificar la tendencia, y el gobierno quedó entrampado en una primera derrota, viéndose obligado a retirar el capítulo entero de la extranjerización de la tierra a tan solo horas de iniciarse la sesión legislativa. 

Presión por abajo y un nuevo traspié

El temporal y las intensas lluvias no evitaron que el 6 de agosto se desarrollaran una serie de concentraciones y movilizaciones en todo el país, con epicentro en el Congreso de la Nación que se aprestaba a tratar el proyecto en cuestión. Organizaciones ambientalistas, rurales, sindicales, territoriales, colectivos artísticos y miles de autoconvocados se hicieron presentes desde la mañana para repudiar y presionar contra los artículos que aún quedaban en pie. Si bien con muchas falencias y debilidades, en la calle se estableció una unidad de acción de tendencias ideológicas variopintas que iban desde las peronistas más burocráticas y conservadoras hasta las de la izquierda anticapitalista pasando por progresismos varios, construcciones autonomistas y expresiones basistas de todo tipo. 

Con el objetivo de correr de eje la agenda mediática, el gobierno desató una represión contra la manifestación, deteniendo a varias personas e hiriendo gravemente a una fotógrafa que cubría la avanzada policial. 

Mientras las fuerzas de (in)seguridad disparaban gases y salían a la “caza” de la protesta, los senadores y senadoras continuaron con el debate legislativo que concluyó alrededor de la 01 de la madrugada. Al borde del naufragio total, el bloque oficialista decidió a último momento, y antes de votar, retirar el segundo eje central de su propuesta: el capítulo concerniente a las modificaciones del Manejo del Fuego. Una nueva derrota que a esa altura era indisimulable. 

Finalmente se votó un proyecto desvencijado que solo pudo mantener, entre sus puntos importantes, las reformas que hacen a los desalojos y expropiaciones de inmuebles⁶, disputa que de todas formas continúa abierta de cara al debate en la Cámara de Diputados y a una posible judicialización en caso de que el proyecto logre la media sanción restante y se convierta en ley. 

Crece la deslegitimación del gobierno 

A mitad de su mandato, la gobernabilidad mileista se ha desarrollado no sin problemas. Si bien logró avanzar en algunas políticas centrales como la Ley Bases, el Rigi y la Reforma Laboral. Lo cierto es que de no haber mediado la intervención del Tesoro de los Estados Unidos difícilmente hubiera podido imponerse en la elección intermedia de 2025  y mantener cierta estabilidad institucional. 

En lo que va del año, la imagen de Milei cayó un 25%⁷, empezando a fisurarse su influencia en los sectores juveniles, donde vienen mostrando caídas importantes⁸. El grueso de las encuestas muestran que una mayoría de la población desaprueba la situación económica actual y responsabiliza al gobierno por ello⁹. 

Ahora bien, la diferencia entre los sondeos de opinión y la disputa por la “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” es que en este último caso, el retroceso gubernamental se dio a partir de la movilización popular. Si bien la gestión de ultraderecha ha tenido sus traspiés en estos más de dos años al frente del Estado, los derroteros no tienen el mismo significado cuando ocurren a partir de pujas interburguesas y superestructurales (sean estas de tipo político o económico) que cuando ocurren luego de una disputa abierta con mayorías populares que se encolumnan detrás de un interés común.

En este caso, y a partir de aquel mítico partido contra Inglaterra, se instaló, al menos por un tiempo, un imaginario social polarizado donde de un lado quedó un gobierno dispuesto a profundizar el saqueo y la entrega, y del otro lado una mayoría popular dispuesta a resistir en la calle y en los lugares que haga falta. Si bien esto no representa una tendencia general ni consolidada, es un dato relevante no solo para las aspiraciones de Milei y sus séquitos libertarios sino principalmente para los escépticos que sólo ven salida a la situación actual a través de las elecciones presidenciales de 2027. Hasta que llegue esa fecha, todavía hay mucho por andar y por luchar. 

Fotos: Damián Rico (@elpibedelapalmera) – Agosto de 2026

1. A partir de la polémica mundial en torno al racismo en la selección de fútbol de Argentina, el gobierno nacional emitió el decreto 681/2026, por el cual se autoriza la expulsión de extranjeros que hablasen mal de la Argentina o de sus ciudadanos. ↩︎
2.  La venta de tierra a empresas y magnates extranjeros viene creciendo en el país pese al tope actual que estipula un máximo de transacción que hace al 15% de las tierras rurales totales. De hecho, desde el 2018, la superficie rural en manos extranjeras creció 6,25% (unas 781 mil hectáreas), pasando de 12,5 a 13,3 millones, según el Registro Nacional de Tierras Rurales. Por su parte, durante el gobierno de Milei ya se dio curso a 111 expedientes para que empresas de otros países adquieran territorio nacional.  ↩︎
3.  El observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA), denunció que en varias zonas estratégicas del país ya se superó el 15% de tierras en manos de corporaciones extranjeras. ↩︎
4.  La normativa actual intenta frenar los incendios intencionales con objetivos inmobiliarios y especulativos. Esta situación ha generado grandes afecciones en provincias patagónicas y del norte del país.  ↩︎
5.  Según los bloques legislativos opositores, esta iniciativa solo afectaría a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el resto de las provincias se rigen por sus propios códigos procesales.  ↩︎
6.  Este aspecto impone al Estado un pago mayor e inmediato de las expropiaciones que lleva a cabo. ↩︎
7. Evaluación realizada por el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), confeccionado por la Universidad Torcuato Di Tella ↩︎
8. Ibidem ↩︎
9.  El último informe Latam Pulse Argentina, elaborado por Atlas Intel y Bloomberg, señala que el 62,4% de los encuestados desaprueba el desempeño de Milei, mientras que el 37,1% lo aprueba. El 54,7% considera que el gobierno es «malo o muy malo», al tiempo que el 30,1% lo califica como «excelente o bueno» y un 15,1% lo define como «regular». ↩︎