El pasado 17 de diciembre Chile votó en contra de la propuesta de nueva Constitución redactada por las fuerzas conservadoras de derecha y de ultraderecha. Con ello, por segunda vez en catorce meses, naufragan dos alternativas opuestas de reemplazar la Constitución vigente en el país y que tiene su origen en la dictadura de Pinochet.

Cabe recordar que entre octubre de 2020 y septiembre de 2022 tuvo lugar el primer proceso constitucional, cuyo origen se remonta al acuerdo suscrito en noviembre del 2019 por los partidos políticos con representación parlamentaria -con excepción del Partido Comunista-, como una salida institucional pactada como respuesta a la gigantesca revuelta social que en ese momento tenía lugar en Chile y cuya impugnación puso en riesgo al conjunto del sistema político y a las representaciones partidarias de las últimas tres décadas.

En ese primer proceso, hubo un primer plebiscito para consultar a la población si quería o no una nueva Constitución y, en caso afirmativo, qué tipo de órgano debía redactarla. Con cerca del 80% de los votos, se impuso el “Apruebo” (una nueva Constitución) y un órgano 100% electo para escribirla. Dicho órgano, electo pocos meses después, fue integrado de manera paritaria, plurinacional y con participación de representantes populares de sectores sociales históricamente excluidos; quienes por primera vez participaron de la redacción de una propuesta de Constitución, impregnándole una marcada orientación antineoliberal. Esta propuesta fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, con una aplastante votación del 62% en contra.

En un contexto de derrota electoral, de postpandemia pandemia y de desmoralización de los contingentes sociales organizados, el presidente del país, Gabriel Boric, decidió convocar a un nuevo proceso constitucional, esta vez de carácter mixto: la propuesta de nueva Constitución sería redactada por un pequeño comité de expertos designados por el Congreso, y un órgano electo podría hacerle modificaciones y sancionarla. Este segundo proceso, fue, en todos los sentidos posibles, una negación y un castigo al proceso anterior. El órgano electo fue integrado mayoritariamente por los partidos de derecha, con hegemonía de la derecha extrema, quienes hicieron de la propuesta una suerte de retorno a la versión original de la Constitución de Pinochet de 1980, despojándola de diversas modificaciones que ha vivido desde 1990 a la fecha, durante la denominada transición democrática.

El proceso se desarrolló en un clima de desafección general por parte de la población, reforzado tanto por una saturación temática -que diversos analistas han denominado “fatiga constitucional”-, como por un fuerte sentimiento de descrédito respecto de “los políticos” en general. Este estado de ánimo fue tanto o más decisivo que el contenido mismo de la propuesta de nueva Constitución. No obstante, el contenido por supuesto hizo también lo suyo. Si bien el texto contenía un sinfín de normas alarmantemente regresivas, como otorgar jerarquía infra constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, el debate social se centró en algunas normas más o menos acotadas, de las cuales aquellas relacionadas con las demandas feministas ocuparon un lugar central.

Entre ellas, la norma que consagraba la protección de la vida de quien está por nacer, y la norma que consagraba la inexpropiabilidad del ahorro previsional individual por parte del Estado, se difundieron con especial sentido de alarma. De aprobarse la propuesta de Constitución, la primera de esas normas suponía el riesgo cierto de que se declarara inconstitucional el aborto en tres causales, derogado en 1989 por la dictadura de Pinochet y reconquistado apenas en 2017 en Chile. La aprobación de la segunda de esas normas suponía el riesgo cierto de que resultara inconstitucional la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos –que entró en vigencia el 2022-, que habilita a los tribunales de familia ordenar el pago de las pensiones adeudadas desde el ahorro individual de pensiones del deudor.

Ambas normas, profundamente patriarcales, que constituían un ataque frontal a la autonomía económica, corporal y de proyectos de vida de las mujeres y personas gestantes, fueron decisivas para el fracaso de la propuesta de la extrema derecha. En efecto, el “En Contra” a la nueva Constitución, que se impuso por un 55,7% de los votos, alcanzó el 70% de los votos entre las votantes mujeres menores de 34 años. Se trata de un segmento social cuya experiencia de politización se producido al calor del ciclo feminista de masas que ha tenido lugar con fuerza desde el 2016 en Chile y cuya potencia sigue irradiando en estas coyunturas.

Las fuerzas institucionales han expuesto por estos días sus propias interpretaciones del resultado. Por una parte, el presidente Gabriel Boric dio por cerrado cualquier nuevo intento de cambio constitucional en los dos años que le restan de mandato, deslizando que, con el fracaso de las dos propuestas constitucionales –una antineoliberal y una neo pinochetista-, la ciudadanía ha rechazado la polarización y la división. Una lectura peligrosa, que tiende a equiparar ambas propuestas constitucionales como expresiones de “dos extremos”, en circunstancias que una de ellas se ajustaba al parámetro elemental del marco internacional de derechos humanos, mientras la otra prescindía derechamente de él. De paso, una lectura que suprime la naturaleza de clase que diferenció fundamentalmente a ambos procesos y ambas propuestas constitucionales, en nombre de una pretendida y falaz imparcialidad.

Por otra parte, los partidos de la derecha y de la extrema derecha fueron los grandes derrotados. La extrema derecha porque se trataba de su propuesta, redactada por su mayoría. La derecha tradicional, porque la hizo suya y se puso una vez más detrás de la extrema derecha. Juntos, contaban con todos los recursos económicos y con toda la hegemonía comunicacional para vencer. Corrieron solos y llegaron segundos. En su intento por disimular la derrota, han esbozado el relato de que, en este último plebiscito, la ciudadanía ha ratificado por segunda vez la Constitución de Pinochet, omitiendo groseramente el hecho de que Chile ya votó en contra de la Constitución actual, renovando con ello su ilegitimidad de origen como de adhesión popular. Este resultado les resiente. En lo inmediato los cálculos de alianzas electorales se tensan en su interior y las posibilidades presidenciales hasta ahora invictas con que contaba el líder de la ultra derecha, José Antonio Kast, conocen una mella.

En la elección del 17 de diciembre, los sectores populares no tenían un proyecto que defender, pero sí tenían la tarea de resistir la arremetida derechista en un plano institucional que comprometía magnitudes duraderas y estructurales. Era necesario hacerles perder y se logró. Dentro del campo social, el feminismo una vez más jugó un rol clave. Este solo hecho sirve para tapar la boca a aquellos sectores que, por izquierda y por derecha, intentaron atribuir la derrota del plebiscito del 4 de septiembre de 2022 a los supuestos “excesos identitarios” del feminismo por normas como la constitucionalización del aborto sin causales. Por derecha, temerosos, todos los sectores tuvieron que mentir públicamente y declarar que su propuesta de Constitución no pretendía derogar el aborto en tres causales. Por izquierda, salvo las organizaciones feministas y de disidencias sexuales y de género, muy pocos sectores sociales tuvieron la capacidad de desplegar y sostener una campaña con temas que impactara a segmentos más o menos amplio.

Con todo, el cierre del ciclo constitucional decretado por el gobierno no cierra en modo alguno el ciclo de crisis política abierto con la revuelta social de 2019. Ninguna de las demandas urgentes y sentidas por diversas y amplias capas de la población ha sido al presente resuelta y atendida. El escenario de estable inestabilidad continúa abierto.